El Apra contra el movimiento sindical

Para enfrentar a los sindicatos radicales se crearon organizaciones antisindicales, como la Manpower del Perú, subsidiaria de una empresa norteamericana de seguridad, «una de cuyas funciones era proporcionar personal a los patronos que se proponían quebrar las huelgas de sus obreros y empleados» (Malpica 1976: 70). Esto violaba convenios internacionales sobre regímenes laborales suscritos por el gobierno, pero su funcionamiento era tolerado y amparado.

Una demostración del aval de la dirección del Apra a esta política fue la incorporación de Luis Alberto sánchez a la junta directiva de la AFL-CIo, en 1957: «la CIo (no la CIA) y la American Federation of Labor, me habían designado miembro del “Board of Trustees” del Instituto de Educación de los Trabajadores, con sede en la capital norteamericana. Tendría que viajar una vez al año para asistir a sus reuniones decisorias» (sánchez 1987: 117; las cursivas son originales del autor). En adelante, los cuadros sindicales apristas fueron enviados a Estados Unidos para formarse en el «sindicalismo libre». No solo se modelaba los cuadros según los intereses norteamericanos, sino que la expectativa de poder viajar al extranjero para asistir a estos cursos se convirtió en un importante medio de comprar adhesiones entre los obreros.

El creciente desprestigio de la burocracia sindical aprista abrió el camino al crecimiento de la izquierda entre los trabajadores a lo largo de los años sesenta, de tal manera que para mediados de la década el monopolio aprista en los sindicatos estaba seriamente cuestionado. En 1968 se logró reconstituir la Confederación General del Trabajadores del Perú —fundada por Mariátegui en 1928 y desaparecida a inicios de la década del treinta, como consecuencia de la represión estatal—. La CGTP, bajo la hegemonía del Partido Comunista, se constituiría durante la década siguiente en la mayor central de trabajadores del país, mientras la CTP languidecía.

Para los sectores más lúcidos de la oligarquía, contar con el apoyo del Apra era muy importante, debido a que el respaldo popular del que gozaba el partido de Haya de la Torre le permitía actuar como un eficiente muro de contención frente al desarrollo de las corrientes políticas radicales que se venían gestando. Esta función se haría mucho más importante a partir del triunfo de la revolución cubana, el 1 de enero de 1959.

el apra contra el movimiento sindical

Inicialmente, la convivencia implementó una apertura que incluyó una amnistía política amplia, la restitución de los derechos sindicales desconocidos durante la dictadura odriísta, e incluso una actitud favorable frente a reivindicaciones planteadas por los sindicatos controlados por el Apra. Pero la política populista-liberal

fue abandonada cuando se sintió el impacto de la recesión de 1957, con la consecuente caída de los precios de los productos de exportación y el creciente déficit fiscal. El gobierno de Prado se alineó entonces con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y optó por recortar las concesiones populistas: «A comienzos de 1958 el Ministro de Hacienda, Pardo Heeren, lanzó un primer paquete económico que incluía entre otras medidas: la congelación del gasto público (es decir congelación de remuneraciones y plazas en la administración pública y reducción de las inversiones y obras públicas) y el aumento del impuesto a la gasolina. Poco después, en el curso del mismo año, el gobierno lanzó dos paquetes más» (Valderrama 1980: 83). La nueva política económica exigía «mano dura» para afrontar las reivindicaciones populares, lo que colocó al Apra entre la espada y la pared, enfrentándola crecientemente con sus propias bases sindicales y populares. El conflicto se agudizó cuando a mediados de 1959 Prado llamó a Pedro Beltrán para presidir el gabinete ministerial —lo que en buena cuenta era entregar a la oligarquía agro-exportadora la conducción del gobierno— para afrontar la crisis. Beltrán tuvo el completo respaldo del Apra en la implementación de su ajuste neoliberal. El Apra saludó el ingreso del mayor representante de los agro-exportadores al gobierno. El titular de la primera plana de La Tribuna (1959) es muy expresivo: «Con el nuevo gabinete ensancha sus bases la convivencia democrática».

Beltrán inauguró su gestión aumentando el precio de la gasolina en un 75%, eliminó los subsidios a la alimentación popular y los controles de los precios de los productos de primera necesidad, decretó una política de libre importación y eliminó los controles sobre el mercado de moneda extranjera. Eran medidas que beneficiaban a los sectores agro-exportadores e intermediarios y que golpeaban gravemente a la economía popular. Frente a la respuesta de los trabajadores, el gobierno recurrió a la represión, que golpeó incluso a las bases sindicales apristas. Aunque representantes del Apra cuestionaron tímidamente algunas medidas, los representantes apristas y filo apristas aprobaron el aumento de la gasolina y votaron en el Parlamento, en menos de dos meses, tres mociones de confianza a la gestión del nuevo Primer Ministro.

El Partido Aprista persistió en su apoyo al régimen aduciendo que se trataba de un apoyo al sistema constitucional y a la democracia, antes que una adhesión a la figura de Beltrán. sin embargo, más tarde el mismo jefe del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre declararía en Junio de 1962 a la Columbia Broadcasting system que la política económica del PAP tenía muchos comunes denominadores con la del vocero ultraconservador de Baquijano [Pedro Beltrán]7 .

7 La referencia a Baquíjano alude a la calle donde quedaban los talleres del diario La prensa.

Hubo tres problemas fundamentales que pusieron a prueba la incapacidad del Apra para afrontar los grandes cambios que la sociedad peruana demandaba: la cuestión del petróleo, el problema agrario y el recorte de los derechos democráticos del movimiento popular.

Cuando Haya de la Torre retornó al Perú en 1957 decidió ingresar al país por Talara, un territorio convertido en un enclave petrolero de la standard oil of New Jersey, que actuaba en el Perú a través de la International Petroleum Company (IPC), donde ondeaba la bandera norteamericana. La reivindicación de los pozos petroleros, que la IPC explotaba a través de un contrato que era cuestionado hasta por el conservador periódico El Comercio, se había convertido en una causa nacional que involucraba bastante más que la sola reivindicación económica. La actitud de Haya fue recogida por la revista Time:

Haya propugnó una línea sindical responsable, la necesidad del capital extranjero, la política de economía libre en el Perú. ¿Censuró a los pedidos de mayores salarios, a las huelgas y a los comunistas? ¿Continuará la política de convivencia que obtuvo del conservador presidente Prado, la legalidad para el APRA? La respuesta de Haya fue rápida y afirmativa. Nuestro pueblo ha madurado políticamente y también lo hemos hecho nosotros, sus líderes. La democracia peruana debe tener la posibilidad de un poco de carne y de músculo. señalando a una hilera de limpias casas de ladrillos en Talara añadió: En los viejos tiempos combatimos a la International Petroleum Company, pero ahora no podemos combatirla porque ella ha construido estas casas para Uds (Valderrama 1980: 85)8 .

Meses después la IPC compró el 50% de la empresa Lobitos e impuso una reducción del personal. La representación filo-aprista en el Parlamento no objetó esta medida, incumpliendo el ofrecimiento hecho a los trabajadores petroleros de apoyar sus reivindicaciones. El apoyo de los parlamentarios del Apra al alza del precio de la gasolina intentó ser encubierto por la revista presente —uno de los voceros más importantes del Apra durante este periodo, cuyo comité directivo estaba presidido por Andrés Townsend Escurra—, alegando que las posiciones nacionalistas radicales «habían llevado a confusión a la representación filo-aprista, que habían terminado dando, sin quererlo un voto de confianza a Beltrán» (Valderrama 1980: 85). presente publicaba sistemáticamente avisaje de la IPC atacando los planteamientos nacionalistas y publicaba sus publirreportajes, defendiendo los intereses de la empresa imperialista (Valderrama 1980: 86).

8 originalmente publicado en la revista Time, «Un líder responsable», 5 de agosto de 1957.

La huelga de los choferes en protesta por el alza de la gasolina no tuvo del respaldo de la CTP aprista. El Apra se movió eficientemente para dilatar la adopción de medidas contra la IPC, amparada en su consigna de «nacionalización lenta y progresiva».

A pesar de que Lima en 1961 era un paraíso si se comparaba con la sierra feudalizada, mostraba insultantes diferencias sociales que podían conmover a los observadores foráneos. El periodista inglés Paul Johnson, en una nota publicada en New Statesman de Londres, que tituló «El continente saqueado», se refiere al Perú en términos muy expresivos:

En Lima, en el espléndido Hotel Bolívar (donde sobreviven la atención y la comodidad de la Colonia) me dieron mermelada inglesa en el desayuno, y pude pasearme por las instalaciones ampliamente surtidas de la tienda sears Roebuck (Perú) Inc. Muy cerca se estaba levantando una pantalla de cinerama de 30 metros, que se dice será la más grande del mundo. Cruzando el río estaba la otra cara de la moneda: barriadas enfermas; y otra vez, fuera de la minúscula planicie costera, la miserable desolación de un paisaje lunar [...] Y, más adelante, denuncia: “Las ciudades mineras de los Andes son el ejemplo más horrible de degradación humana que conozco” (Aguirre Gamio 1962: 29-30)9 .

Las movilizaciones campesinas tampoco contaron con el respaldo del Apra. A pesar de que hasta 1959 el aprismo acompañó el proceso de organización sindical y comunal, particularmente en la sierra central, la radicalidad del movimiento campesino le hizo retroceder. Los trabajadores del campo fueron abandonados a su suerte hasta en los complejos azucareros del norte, el gran bastión sindical del aprismo, donde varias masacres dejaron un saldo de 6 muertos y 30 heridos en Casagrande en 1959, 5 muertos y 12 heridos en Paramonga en 1960, 6 muertos y un número indeterminado de heridos en Pomalca, en 1962 y otros más. La siguiente es una lista parcial de las masacres campesinas perpetradas durante el gobierno de la convivencia, que dejaron alrededor de un centenar de campesinos muertos y fueron avaladas por el Apra:

9 originalmente publicado en la revista Libertad, «El continente saqueado», nº 13. Lima, julio de 1961.

cuadro 7 Campesinos muertos por la represión 1956-1962

año localidad cantidad

1956 Yanacoto 1

1957 Chin-Chin 5

1957 Toquepala 7

1958 Chepén 3

1958 Atacocha 1

1958 Cusco 1

1959 Casagrande 6

1959 Calipuy 1

1959 Chimbote 1

1960 Tingo María 4

1960 Pillao 4

1960 Rancas 3

1960 Abancay 4

1960 Chimbote 5

1960 Paramonga 5

1960 Huarpa 3

1960 Tacalpo 2

1961 Torreblanca 2

1961 Lima 2

1962 Pomalca 6

1962 Cerro de Pasco 22

1962 Ambo 8

Aguirre Gamio 1962: 232

A fines de los años cincuenta la sierra central fue convulsionada por la generalización de las luchas campesinas contra las grandes sociedades ganaderas de la región. La ocupación de la hacienda Paria por las comunidades colindantes, en 1959, inició una oleada de «recuperaciones» de las tierras usurpadas por la División Ganadera de la Cerro, el latifundio más importante de la sierra peruana, dependiente

de la empresa minera norteamericana Cerro de Pasco Corporation. El movimiento se extendió hacia otras zonas y fue repelido con violentos operativos policiales de desalojo que dejaron un saldo de decenas de heridos y muertos.

Las tomas de tierras contaron con la participación de dirigentes comunales apristas como Hipólito Mejía, secretario general de la Federación de Comunidades del Centro, y del legendario líder comunal Elías Tacunán. sin embargo, la dirigencia del Partido Aprista optó por entablar negociaciones con la Cerro de Pasco Corporation y los terratenientes afectados. El 7 de diciembre se reunieron el secretario general del PAP, Ramiro Prialé, y el abogado de la Cerro de Pasco, Ernesto Alayza Grundy —que defendía los intereses de la Cerro al mismo tiempo que presidía la Comisión de Reforma Agraria creada por Beltrán y de la que el Apra formaba parte, a través de Antonio saco Miró Quesada—. Prialé ofreció secundar los planes de acción propuestos por la Cerro. El representante de la Asociación de Ganaderos Lanares, a su vez, denunció inicialmente la participación de comuneros apristas en las tomas de tierras, pero luego se dio por satisfecho con las explicaciones que le dieron los representantes del Apra: «si hemos tenido que responsabilizar al APRA se ha debido a que algunos de sus miembros han intervenido directamente en la agitación. Los señores Mujica y Brasevich me aseguran que no actuaron obedeciendo instrucciones del partido y yo les creo» (La Tribuna 1961).

Mientras tanto Ramiro Prialé —que durante la convivencia era visto como una especie de «superministro» del Apra, por el poder que tenía, a pesar de no ocupar ningún cargo público— sostenía, en diciembre de 1958, que el problema fundamental del país era de producción, reduciendo las banderas del Apra sobre el agro a propuestas técnicas para elevar la productividad, sin pronunciarse para nada sobre las movilizaciones campesinas que se estaban desplegando:

[...] la Reforma Agraria significará, técnicamente orientada y conducida, habilitación de tierras, perfeccionamiento de trabajo agrícola; significará para los campesinos posibilidad de justicia, mediante el aprovechamiento de la tierra que ellos trabajan. significará la superación de ese feudalismo retrógrado que mantiene al país en atraso. Transformación profunda que tenemos el deber de orientar, y conducir e impulsar (Prialé 1960: 112).

Esta posición era perfectamente compatible con la sostenida por los representantes de la oligarquía en la Comisión de Reforma Agraria y Vivienda. La comisión era más lúcida en relación a la necesidad de hacer «una auténtica reforma agraria» urgentemente, para contener «los afanes de los pequeños pero activos grupos que pretenden llegar a la insurrección campesina para capturar el poder político, destruir la organización democrática e imponer formas de vida contrarias

a la esencia misma de la peruanidad» (Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda 1960: 32). La comisión rechazaba «invadir los terrenos de la utopía» y declaraba no buscar «una estructura agraria ideal» sino «dejar que el régimen de propiedad y las relaciones sociales de producción […] se establezcan por el libre juego de las fuerzas espontáneas de la economía» (Prialé 1960: 37-38). En concreto, aunque reconocía la nocividad de la gran concentración de la tierra, defendía la existencia de los grandes latifundios altamente productivos de la costa, planteando «la corrección progresiva de esta situación», a través de afectar algo de sus tierras «en la medida que lo permitan los recursos disponibles, y cuidando de no causar trastornos en la organización de la producción» (Prialé 1960: 42; el énfasis es mío). siempre se podría demostrar que cualquier expropiación afectaría la organización de la producción y al dejar sin recursos a la oficina encargada de las afectaciones —como sucedió durante el primer gobierno de Belaunde— la expropiación de los latifundios modernos quedaba reducida a un simple saludo a la bandera.

Los representantes de la oligarquía, en cambio, estaban dispuestos a sacrificar a los terratenientes serranos, cuya decadencia e incapacidad para encuadrar a los campesinos ponía en riesgo todo el orden oligárquico. sobre las haciendas serranas, donde imperaba el colonato, la comisión señalaba que la reforma agraria debía «dar atención preferente a la eliminación de este tipo de latifundios», así como de «aquellos en los que gran proporción de la tierra se mantiene prácticamente ociosa» (1960: 43). se proponía pues expropiar las tierras marginales para permitir que el orden tradicional permaneciera sin cambios en el núcleo de poder oligárquico. Aun así, ni siquiera un proyecto tan modesto llegó a discutirse; se dejó encarpetado en el Parlamento para que lo viera el siguiente gobierno.

El Apra había reducido sus expectativas sobre los cambios en la estructura agraria a lo que era aceptable para la oligarquía. No es verdad lo que Haya de la Torre sostendría después, que los apristas estaban por cambios radicales, pero que en las negociaciones tuvieron que conformarse con lo que sus socios —el Movimiento Democrático Peruano primero y la Unión Nacional odriísta, después— estuvieron dispuestos a conceder. En una entrevista otorgada a un periodista japonés, dos meses antes de las elecciones de 1962, Haya afirmaba que, de ser elegido presidente, se ocuparía, en primer término «de la Reforma Agraria enfocando como problema central el de la irrigación [...] Para los países de nuestra América Latina el problema de la distribución de sus riquezas no es el esencial, sino el de creación de más riqueza por la dinamización de sus grandes espacios vacíos y la utilización de sus riquezas potenciales»10 .

10 originalmente publicada por soichi oya, en Tokio: «VRHT. sam-Kei». Reproducida en presente 1962.

En una larga entrevista concedida años después al periodista norteamericano William Bollinger, Haya reclamaba la precedencia de los apristas en el tema de la reforma agraria:

Nosotros lo dijimos primero que nadie. Claro, ellos tenían el poder; nosotros no teníamos poder. Nosotros éramos teóricos [...] somos los primeros que hemos hablado contra los barones del azúcar, los que hemos pedido la cooperativización, en qué años. Cuando teníamos que afirmar la democracia. Todo partido hace eso, una táctica. stalin se alió con Hitler. Eso es mucho más grave [...] Nosotros [...] en el parlamento, por ejemplo, para dar ciertas leyes, nos unimos con el pequeño grupo que aceptó nuestras propuestas. Con el sector que era el único que había en el parlamento, que era un sector que si no estaba con nosotros se iba con Belaunde [...] Entonces, se negoció con ellos (Bollinger 1977)11 .

El «pequeño grupo» con el que se aliaron era la Unión Nacional odriísta de Julio de la Piedra, el líder de los barones del azúcar y del algodón. Para demostrar que algo habían dicho contra la oligarquía terrateniente Haya tuvo que remitirse a dos lejanos precedentes, «la cooperativización de la hacienda Laredo la pidió en 1946 la Célula Parlamentaria Aprista, con Carlos Manuel Cox, y en 1968, antes del golpe militar, Pacífico Leonidas Cruzado, senador obrero por La Libertad y representante de la Célula Parlamentaria Aprista, pidió la cooperativización de la hacienda Chiclín» (Hildebrandt y Lévano 1971a). Verdaderamente toda una proeza socializante.

Estando la coalición en el poder, Armando Villanueva del Campo se pronunciaba, en 1967, por aplicar la ley de reforma agraria que habían aprobado en el Parlamento que controlaban con un criterio estrictamente técnico. si «para repartir títulos como para repartir tierras predomina el criterio político, la ley será deficiente e ineficaz y en muchos casos un instrumento de demagogia y no de revolución. Revolución no es demagogia: he ahí una confusión del Gobierno actual y de muchos llamados revolucionarios e “izquierdistas”’ que en realidad son zurdos y contrarrevolucionarios. Revolución es evolución y evolución es creación, desarrollo, constructividad. Lo demás es palabrería» (Álamo 1967). Pero diez años después, ya fuera del poder, afirmaba que fueron impedidos de decretar la reforma agraria radical que hubieran querido: «no logramos establecer en la legislación disposiciones radicales por cuanto nosotros no contábamos con la mayoría suficiente [...] había que convencer a dos sectores. Uno llamémoslo

11 Véanse las piruetas dialécticas que Haya tenía que hacer para conciliar sus posiciones con lo que creía que los norteamericanos querían oír: «si la clase media se suma a la burguesía, se suma al capitalismo, entonces el imperialismo la tendrá de aliada, pero, naturalmente, la clase media es explotada por el imperialismo».