2. Sector Público ¿un problema de ilusión fiscal (M.Capello y C. Ponce

SECTOR PÚBLICO ARGENTINO ¿UN PROBLEMA DE ILUSIÓN FISCAL?

Por Marcelo Capello y Carlos Ponce Escrito hacia el año 2004

I. Introducción

Si algún hecho positivo puede reseñarse de la experiencia de un país que ha transitado dos hiperinflaciones en menos de dos años, seguramente habría que mencionar como tal la “cultura económica” adquirida por la mayoría de sus habitantes, que a partir de entonces identifican con mayor precisión el impacto de las variables fundamentales sobre la marcha de la economía. Podría, con extrema cautela, asimilarse esta situación a cómo actúa un modelo de expectativas racionales, en que los agentes individuales conocen la manera en que funciona la economía y, por ende, a través de su accionar conjunto podrían llegar a anticipar y hasta neutralizar las políticas que ellos consideran afectan el desempeño de aquélla.

No obstante, suelen existir diseños institucionales que en alguna medida dificultan la lectura y una correcta interpretación de la información relevante y, por ende, conducen a resultados no deseados por los agentes económicos. A este respecto se podría mencionar el comportamiento del sector público consolidado en Argentina que, a pesar de su extraordinaria influencia en el desarrollo de los procesos inflacionarios antes citados, hoy vuelve a presentar un desequilibrio financiero(7) que probablemente resulte no esperado y no deseado por los agentes individuales.

¿Cuál es el problema en el diseño institucional que originaría este comportamiento fiscal? En nuestra perspectiva, uno de los factores cruciales debe buscarse en el arreglo de la propia estructura de financiamiento de los tres niveles gubernamentales. En general, la hipótesis que sostendremos es que la percepción acerca de las variables fiscales y del costo de las actividades públicas por parte de los individuos está decisivamente influenciada por la manera en que los ingresos impositivos se recaudan. Así, determinados esquemas de financiamiento de actividades estatales (transferencias interjurisdiccionales, por ejemplo) pueden conducir a una percepción sistemáticamente equivocada de las variables fiscales (tributos y gastos) por los votantes y desembocar en toma de decisiones fiscales altamente distorsionadas. Este último fenómeno, conocido en la literatura como ilusión fiscal, puede generar una expansión del sector público más allá del óptimo, en relación a lo pretendido por los consumidores-votantes(8) .

Este concepto de ilusión fiscal se contrapone al de "correspondencia fiscal". La correspondencia fiscal surge del respeto al principio wickselliano (por Knut Wicksell) de que debe existir un paralelismo entre el gasto y el tributo. Es decir, entre quienes hacen el esfuerzo del financiamiento (tributo) y quienes reciben el beneficio del mismo (gasto público)(9) .

II. financiamiento gubernamental en Argentina

Al coexistir más de un nivel de gobierno, necesariamente debe resolverse el problema de la distribución de responsabilidades en relación al diseño y ejecución del gasto público y la recolección de los ingresos en cada nivel gubernamental. A este respecto, existe cierto

7 Se estima en aproximadamente 2% del PBI a nivel nacional y alrededor del 0,8% en los gobiernos provinciales. No se cuenta con datos del sector municipal. 8 Los habitantes son consumidores pues reciben bienes públicos y son votantes ya que deciden, vía el voto 9 Nota de Alberto Figueras (año 2015): La correspondencia fiscal es un fenómeno fiscal “ausente” en Argentina. En cifras redondas: la Nación recibe el 78% de los recursos y participa en 52% de los gastos; las provincias reciben 18% de recursos y participa en el 39% de los gastos. Finalmente los municipios gasta el 9% del total y reciben el 4%. Como se ve los valores de gastos y recursos están bien lejos de estar próximos, de corresponderse.

consenso en la literatura especializada de que bajo ciertas condiciones (en especial, la ausencia de economías de escala sustanciales en la producción y en el consumo) será siempre más eficiente una provisión descentralizada de bienes públicos(10), dada la mayor información que disponen los gobiernos de menor nivel respecto a las preferencias y necesidades del electorado local. La asignación de recursos se adaptaría, de tal manera, a las preferencias de los consumidores.

Sin embargo, en nuestra percepción las ganancias de una provisión descentralizada

de bienes públicos de naturaleza local sólo habrán de optimizarse si se las acompa-

ñan de una adecuada descentralización en materia impositiva. De manera que los gobiernos locales financien y, a la vez, soporten los costos de sus presupuestos públicos, aumentando su responsabilidad ante los votantes que deberán hacer el esfuerzo de financiamiento vía impuestos. De tal forma, la existencia de un número considerable de comunidades ofreciendo diferentes combinaciones de bienes públicos e impuestos, junto con la movilidad de los individuos, permitiría que las “canastas fiscales” (es decir, la combinación de tributos y gastos) resultantes se aproximaran no sólo a las deseadas, sino que también se obtendrían al mínimo costo de provisión, conjugando un resultado eficiente tanto en el sentido asignativo como en el productivo.

La evidencia empírica en Argentina muestra que existe un grado de descentralización aceptable por el lado del gasto, en que el nivel central de gobierno es responsable de aproximadamente un 57% de las erogaciones consolidadas, mientras que el nivel subnacional se hace cargo del restante 43%.(11) Sin embargo, vale aclarar que dentro de este último nivel existe una marcada disparidad, pues un 81% del gasto subnacional recae en las provincias y sólo un 19% en los gobiernos municipales(12). Podría afirmarse, entonces, que nuestro país presenta un grado importante de descentralización desde el nivel central al provincial, pero que existe todavía una escasa participación de los gobiernos municipales en las erogaciones consolidadas, lo que deja abierto un margen relevante para un próximo proceso de descentralización hacia el nivel menor en la escala gubernamental.

Respecto a la distribución de las atribuciones impositivas, en cambio, los gobiernos subnacionales controlan sólo cerca de un 23% de la recaudación total, situación que manifiesta una fuerte centralización tributaria y, por ende, un grado importante de desequilibrio vertical entre niveles de gobierno, que necesariamente deriva en la necesidad de implementar transferencias federales compensadoras(13). Para que quede claro: estas transferencias del nivel nacional a los provinciales y municipales son necesarias pues estos últimos recaudan el 23% y gastan el 43%.

La consecuencia más importante de tal diseño institucional es la división en dos par-

tes del proceso fiscal: el nivel de gobierno que provee bienes públicos no es nece-

sariamente el mismo que lo financia, circunstancia que hace propicia la aparición del fenómeno de ilusión fiscal en la esfera de los gobiernos subnacionales. Existen jurisdicciones provinciales donde la proporción del gasto total financiado con recursos provenientes de transferencias federales llega a niveles cercanos al 90%.

10 Tal afirmación se encuentra debidamente formalizada en el llamado teorema de la descentralización de Oates (1972). 11 La porción del gasto público correspondiente a los gobiernos subnacionales en otros países federales es, por ejemplo, del 52% en Canadá, 47% en EE.UU. y 56% en la India. 12 Las discrepancias con las cifras de la nota al pie de página anterior surgen de la diferencia entre el año de elaboración de base y la nota al pie. 13 La más importante es el sistema de coparticipación de impuestos, de libre disponibilidad, con un 63,5% del total; el resto de transferencias tienen generalmente el carácter de condicionalidad a un destino específico. Es decir, son para un fin específico (v.gr. la construcción de un puente, de un camino, etc.)

III. Transferencias y conductas provinciales

Existen dos enfoques de análisis, según la línea de procedencia: la teoría tradicional de las la finanzas públicas y la teoría de la elección pública.

 En los modelos de finanzas públicas tradicionales generalmente se supone que los gobiernos receptores de transferencias se comportan de manera similar a lo prescripto por la teoría del comportamiento del consumidor, en que las unidades gubernamen-

tales son agentes bondadosos que maximizan la utilidad del individuo promedio

(representativo del votante promedio). Desde esa lente, no existirían diferencias en el comportamiento de los gobiernos cualesquiera resulte su fuente de financiamiento (propia o extrajurisdiccional).  La teoría de la elección pública (public choice), en cambio, cuestiona críticamente tal supuesto (14)(15). La metodología en la cual se basa esta escuela de pensamiento es básicamente una extensión de los postulados económicos: considera individuos egoístas, racionales y maximizadores de utilidad. En esta dirección, se asimila el comportamiento del gobierno al de un monopolista, donde la competencia en los mercados políticos resulta inoperante, debido al desconocimiento de los votantes(16). Supone, además, que el ob-

jetivo primario del gobierno es la maximización de los ingresos para su uso discre-

cional, por lo que algunos autores(17) proponen limitaciones constitucionales sobre las fuentes de ingresos impositivos, la expansión de la deuda pública y la creación de dinero.

Si se acepta este tipo de hipótesis se pueden obtener importantes y recomenda-

ciones para el diseño tanto de los esquemas de financiamiento como de las relaciones fiscales entre distintos niveles de gobierno. La más significativa se encuentra respaldada en la filosofía de la competencia entre las unidades gubernamentales, tal como ocurre en los mercados privados. Si ello ocurriera, un sistema federal con un gran número de gobiernos locales compitiendo entre sí a través de paquetes de gasto-impuesto, puede convertirse en una restricción para el tamaño y crecimiento del gobierno en su conjunto.(18)

Desde la óptica de la public choice, la descentralización fiscal no sólo es conveniente por razones económicas, sino también desde una perspectiva política. En efecto, la existencia

de un mayor grado de autonomía fiscal en los niveles inferiores de gobierno refuerza la transparencia de los presupuestos públicos y el sentido de responsabilidad de los

políticos ante los ciudadanos (la llamada accountability), posibilitando un mayor control político del electorado hacia las autoridades gubernamentales. En otras palabras, tal enfoque teórico propugna que a políticos y ciudadanos-votantes no les debe ser permitido disfrutar de los beneficios del gasto si no afrontan también los costos de tales servicios.

La esencia de este último argumento resulta crucial para el diseño de un sistema de financiamiento de los gastos locales que posibilite una adecuada toma de decisiones colectivas. En este sentido, la mayor parte de la literatura de la Escuela de la Public Choice supone que las cantidades de bienes públicos se deciden según un procedimiento de correspondencia wickselliano(19) en el que cada votante enfrente el beneficio de cada bien público con el costo del impuesto que paga para financiarlo.

14 El objeto de estudio de este enfoque teórico son las decisiones de no mercado o simplemente la aplicación de la economía a la ciencia política. 15 Ver Cap. I, artículo Teoría y Política Económica, acápite IV 16 Además de la incertidumbre y ciclos presentes en la llamada regla de la mayoría. Para un tratamiento detallado de los problemas informativos en los mercados electorales y del comportamiento inestable y cíclico que puede resultar de la aplicación de la regla de la mayoría (especialmente si las cuestiones a resolverse son de naturaleza distributiva) ver Mueller (1989). 17 Entre los más destacados cabe citar a Breton (1974) y especialmente Brennan y Buchanan (1980). 18 Es necesario recordar que la competencia entre distintas unidades de gobierno ofreciendo distintas combinaciones de gasto-impuesto fue primeramente presentada por Tiebout (1957). Sin embargo, la motivación de tal autor era totalmente diferente y descansaba en un intento de escaparle a la tan famosa y pesimista conclusión de Paul Samuelson de que la provisión de bienes públicos estaría indefectiblemente sometida a un proceso de ineficiencia. 19 Como ya dijimos, debido al economista sueco Knut Wicksell, (1851-1926)

Sin embargo, en la realidad de muchos países (entre ellos Argentina) gran parte de los gastos gubernamentales se financian mediante impuestos generales sobre la población recaudados a nivel central, derivados hacia los niveles menores de gobierno a través de los sistemas de transferencias(20). Esta división en dos partes del proceso fiscal no promueve la toma de decisiones informadas y responsables por parte de cada votante.

En otras palabras, cualquier elemento que quiebre la conexión wickselliana entre gastos e impuestos (o correspondencia) puede generar un fenómeno de ilusión fiscal en los votantes: si éstos entienden que los aumentos de gasto público no implican para ellos costo impositivo, apoyaran una excesiva expansión fiscal. Pues los votantes de la provincia X no soportan el costo del mayor gasto público ya que los fondos son aportados por la Nación (que lo obtiene, vía impuestos nacionales, en otra provincia Z). Este hecho debilita el mantenimiento de un sistema de gobierno provincial responsable en lo fiscal.

IV. Ilusión fiscal “a la inversa” y gasto público

Los avances teóricos en el estudio del fenómeno de la ilusión fiscal han apuntado siempre en la dirección antes descripta Es decir, en las consecuencias sobre el comportamiento fiscal de los niveles de gobierno receptores de transferencias. Nada se ha explicitado, en cambio, sobre el comportamiento que cabe esperar del nivel de gobierno excedentario en recursos, esto es, del nivel que financia las asignaciones a otros niveles gubernamentales. En nuestro ejemplo, de líneas más arriba, la Provincia Z. Aquí el problema es también de naturaleza informativa, pues el consumidor- votante paga sus impuestos desconociendo el destino final de su esfuerzo, desvirtuando igualmente el grado de control que aquél pueda ejercer sobre la forma en que las unidades de gobierno proveen bienes públicos (a través del gasto público).

Nuevamente se podría citar el caso de Argentina como paradigmático a estos efectos: mientras que durante el último lustro del siglo XX la mayoría de los agentes económicos observaba con mayor preocupación y detenimiento la evolución fiscal en los gobiernos provinciales, actualmente, en el siglo XXI, nos encontramos con una situación en que

el déficit público es relativamente más importante en el nivel nacional de gobier-

no, aunque el gasto gubernamental en los tres niveles (nacional, provincial y municipal) haya aumentado a tasas considerables durante el período.

De tal manera, resulta necesario advertir que el diseño de una estructura de financiamiento de los distintos niveles gubernamentales que descanse fundamentalmente en los sistemas de transferencias corre un doble riesgo de desembocar en el fenómeno de ilusión fiscal: el problema puede originarse en las jurisdicciones receptoras de transferencias (en nuestro ejemplo, Provincia X), pero también existen posibilidades que afecte el comportamiento de los gobiernos que financian tales asignaciones (es decir, son aportantes netos, en el ejemplo Pcia Z).

Como se adelantó, el caso argentino es sumamente ilustrativo. En este sentido, el régimen actual de transferencias no sólo ha permitido a las provincias de menores ingresos alcanzar niveles de gastos similares a los de las provincias más ricas sino que, además, existen algunas jurisdicciones de baja capacidad económica (La Rioja, Catamarca, etc.) que actualmente presentan erogaciones por habitante más de tres veces superiores a la provincia de Buenos Aires, cuyo gasto per cápita es el nivel mínimo de todas las jurisdicciones.

20 Nota de Alberto Figueras: Esto da lugar Aportantes Netos (o sea que salen de su jurisdicción montos superiores a los fondos que recibe por transferencias), Receptores Netos y Neutros. Los primero son sistemáticamente dos: provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Bs.As. Las provincias Neutras (es decir, que reciben tanto como aportan) son habitualmente Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Neuquén (este último depende de los precios del petróleo, por las regalías). El resto de las jurisdicciones son receptoras netas (reciben más fondos que los aportados).(ver más adelante Apéndice del artículo “Problemas y efectos de la coparticipación”, en este mismo capítulo)

Además, vale aclarar que aquellas provincias que receptaron mayores montos per cápita a través de transferencias federales presentaron también una mayor cantidad de empleados públicos por habitante en 1995. A su vez, los niveles salariales resultan similares entre provincias, lo que nos permite afirmar que las jurisdicciones que reciben mayores transferencias por habitante, en ciertos casos, utilizan los fondos tanto para

aumentar la cantidad de insumos adquiridos como para remunerar a tales factores

en forma similar a como lo hacen provincias de altos ingresos.

Los dos gráficos resultan claramente ilustrativos al respecto (una corroboración econométrica simple y algunos comentarios adicionales pueden encontrarse en el apéndice a este artículo).

Transferencias y Gasto Salarial por Habitante, Año 1995

Empleados Públicos cada 1.000 Habitantes y Transferencias por Habitante, Año 1995

De tal manera, podría presumirse que el sistema de transferencias aplicado ha resultado perturbador parae la asignación de recursos en las provincias, en el sentido de que las mayores transferencias por habitante a las jurisdicciones más desfavorecidas no han derivado en mayores niveles de inversión pública ni en resultados fiscales más equilibrados sino, por lo general, en un mayor gasto en personal, principalmente a través de la mayor utilización física del factor trabajo en la provisión de bienes públicos y/o por los niveles salariales alcanzados.

V. Conclusiones

La problemática del funcionamiento del sector público y su influencia sobre el resto de la economía es compleja y su plena comprensión requiere un tratamiento detallado que excede los límites de este artículo. En nuestro tratamiento se intentó presentar un aspecto no suficientemente conocido y que puede ser de relevancia a la hora de entender el tamaño del gasto y el déficit gubernamental: la ilusión fiscal.

En particular, de especial interés es la distribución efectiva de las atribuciones impositivas entre niveles de gobierno, caracterizada en Argentina por una fuerte centralización tributaria que necesariamente deriva en la necesidad de implementar transferencias federales compensadoras. Las consecuencias de dividir el proceso fiscal y, de esa forma, debilitar la conexión wickselliana entre gastos (beneficio político) e impuestos (costo político) son relevantes para nuestro país, dada la importancia que los fondos por coparticipación de impuestos asumen en la financiación de los presupuestos locales. Puede presumirse, entonces, que tal sistema genera un sesgo a favor de un mayor tamaño del sector público local. Adicionalmente, se ha presentado la posibilidad de que tal régimen genere un fenómeno de ilusión fiscal “a la inversa”, en el sentido de afectar también el comportamiento gubernamental en el nivel central de gobierno (la Nación).

Se evaluó, además, la proposición de que los sistemas de transferencias implementados en nuestro país hayan derivado en comportamientos fiscales de dudosa eficiencia. Como se especificó, las mayores transferencias por habitante a las jurisdicciones económicamente más desfavorecidas han derivado, por lo general, en un mayor gasto en personal, ya sea vía una mayor utilización física de dicho factor en la provisión de bienes públicos y/o por los niveles salariales alcanzados.

Para finalizar, no pueden dejar de mencionarse algunas políticas que podría implementarse en dirección a la solución de los problemas planteados. En primer término, podrían lograrse

mejores resultados en la provisión de bienes públicos si se profundizara el proceso de

descentralización de funciones, principalmente hacia el nivel municipal de gobierno.

En segundo lugar, resulta de crucial importancia definir un proceso de descentralización tributaria hacia los niveles menores de gobierno (provincias y municipios), de modo que tras la reforma las jurisdicciones de mayor capacidad fiscal puedan autofinanciarse.

Por último, las provincias y municipios con menor capacidad económica debieran recibir transferencias en concepto de nivelación, a través de un sistema diseñado con especial cuidado, para evitar caer en los problemas que presenta el actual régimen, que presenta incentivos poco adecuados para el logro de una eficiente toma de decisiones colectivas.

Anexo

TRANSFERENCIAS FISCALES Y GOBIERNOS PROVINCIALES

De acuerdo a lo analizado hasta aquí puede legítimamente cuestionarse si los sistemas de transferencias existentes en Argentina han conducido o no a un comportamiento fiscal de consecuencias indeseables, especialmente en aquellas jurisdicciones más beneficiadas por la modalidad de distribución de tales regímenes.

En general, suele sostenerse que las transferencias debieran actuar nivelando(21) las disparidades fiscales entre las distintas unidades de gobierno. Tales argumentos son suficientemente conocidos(22) y no es objeto de esta nota una discusión profunda de la validez de los mismos. Sin embargo, creemos que dos advertencias son de especial interés y claramente ilustrativas para el caso argentino. En primer lugar, la nivelación debe

realizarse con extrema cautela puesto que podría resultar en importantes pérdi-

das de eficiencia. Ejemplos claros son los intentos de nivelar o igualar divergencias en los costos de proveer bienes públicos, entre las distintas jurisdicciones, por disparidades propias de la naturaleza regional (clima, topografía, etc.) o por la alta congestión. Si una política de esta naturaleza se implementara, tales diferencias en los costos serían eliminadas y se generaría una expansión o al menos se alentarían artificialmente aquellas jurisdicciones de características desfavorables o alto costo.

En segundo lugar, deben distinguirse cuidadosamente aquellos bienes y servicios públicos producidos directamente (“D”output)(23) de aquellos que demandan los consumidores (”C” output)(24) .

La cantidad del “C” output obtenido por los consumidores depende no sólo de la cantidad de insumos públicos utilizados (maestras, policías, etc.), sino también de las características socioeconómicas de la localidad. Tales cualidades abarcan aspectos tales como el grado de nutrición infantil, la propensión a cometer delitos, etc. y pueden convenientemente resumirse en el nivel de ingreso de la comunidad. Aquellas localidades con ma-

yor ingreso obtendrán con el mismo gasto mayor “C” output y por lo tanto mayor bienestar. Por ende, las transferencias de nivelación serán entonces estériles para lograr igualar los “C” output, ya que estos, al menos en el corto plazo, permanecen fijos al depender del ingreso de la comunidad.

Por lo tanto, debiera actuarse con suma precaución a la hora de implementar un sistema de transferencias, ya que puede resultar tanto en importantes pérdidas de eficiencia como en un aumento del gasto público (”D” output) por encima de niveles razonables, sin lograr aumentar sustancialmente los montos de “C” output y por tanto sin mejorar el bienestar de la comunidad.(25)

21 Se entiende por tal a las transferencias que intentan compensar debilidades relativas en las bases tributarias y/o los costos diferenciales en la provisión de bienes públicos, es decir, se pretende lograr una igualación horizontal en los beneficios fiscales netos entre jurisdicciones. 22 Ver por ejemplo Zodrow (1994). 23 El “D” output se refiere a aquellos bienes y servicios producidos en forma directa, por ejemplo horas de clase por día, calles patrulladas, etc. 24 El “C” output alude a aquellos bienes de interés primario para los consumidores, v. gr., adquisición de conocimientos, menores tasas de delitos, etc. Bradford, Matt y Oates (1969). 25 A este respecto, debe diferenciarse entre los objetivos a cubrir por un sistema de transferencias de nivelación y por una política de desarrollo regional.

Apéndice

ALGUNAS ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS REFERIDAS A LOS GRÁFICOS

Para corroborar las presunciones presentadas en los gráficos, se comentan brevemente los resultados de algunas estimaciones econométricas efectuadas(26), si bien no transcribiremos los valores numéricos de los resultados (vale aclarar que todas las regresiones muestran significatividad estadística).

El empleo público provincial por habitante es estadísticamente explicado sólo por las transferencias per cápita. Si bien el coeficiente del PBI por habitante no es significativo, su signo indica que al pasar hacia provincias con mayor PBI per cápita el empleo público como proporción de la población disminuye. Por su parte, tanto el PBI como las transferencias por habitante son relevantes a la hora de explicar el salario medio pagado por los gobiernos subnacionales. Es de destacar que el mayor impacto sobre el nivel salarial lo ejerce la primera variable explicativa mencionada. Por último, el gasto salarial por habitante se encuentra fuertemente explicado por las transferencias por habitante y en menor medida por el PBI per cápita(27). Si bien pueden existir problemas de variables omitidas, los resultados sugieren la existencia de un posible “efecto flypaper” (papel cazamoscas), observado en muchos estudios de gastos para otros países.(28)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Oates, W (1972): Fiscal Federalism. Harcourt, Brace y Javanovich, N.Y. • Zodrow, G. (1994): Atribución de Impuestos y Transferencias Intergubernamentales. Hacienda Pública Española, Madrid, Nº 130. • Oakland, W., (1994): Recognizing and correcting for fiscal disparities: a critical analysis, in Fiscal Equalization. • Bradford, D., Matt, R. and Oates, W., (1969): The resing cost of local public services: some evidence and reflections, National Tax Journal, June. • Brennan G. Y Buchanan J. (1980): The Power to tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution. Cambridge, University Press, Cambridge. • Winer, S. L. (1983): Some evidence on the effects of separation of Spending and Taxing Decision. Journal of Political Economic, Nº 1.

26 Las relaciones econométricas se estimaron por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Debido a la posible presencia de heterocedasticidad, los errores estándar de los coeficientes se corrigieron por el test de White. La especificación empleada para las ecuaciones de regresión fue, en todos los casos, doble logarítmica. 27 Ambas variables son significativas al 5%. 28 En general, se entiende por efecto flypaper (o “efecto papel cazamoscas”, pues el dinero se “pega” allí donde se posa) a la observación que el gasto local responde en mayor medida ante un aumento en las transferencias que ante un incremento en el ingreso de la comunidad, (cuando la extensión de la teoría del consumidor al comportamiento de los gobiernos locales (v. gr. gobierno benevolente) prevé que ambos efectos debieran ser iguales). En la literatura suele considerarse la existencia del flypaper como la única evidencia que corrobora la hipótesis del gobierno como Leviathan (para comprender el concepto del Leviathan es preciso recurrir a textos clásicos de Finanzas como el de Musgrave y Musgrave)