1. Análisis del Gasto Público

ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO

I. Tendencia histórica del gasto público

La política fiscal (PF), como concreción y financiación del gasto público y análisis de sus impactos globales, comenzó a asumir un papel destacado en el pensamiento económico en los años ‘30. Pero siempre que ha habido gobiernos ha habido política fiscal, y ya antes de 1930 existía un sistema doctrinal al respecto. Sin embargo, ni la teoría ni la práctica fiscal de entonces tenían como objetivo primordial el mantenimiento de un elevado nivel de empleo, centrando más su atención en el crecimiento a largo plazo y la eficiencia en el uso de los recursos.

Cierto es que en los años ‘20 se reconocía, aunque no universalmente, la posible contribución de la política presupuestaria como instrumento de estabilización de corto plazo. No obstante, se carecía de una teoría bien desarrollada como sustento analítico. Además se argumentaba la presencia de un impacto negativo, que en los últimos años ha retornado a los análisis teóricos, el efecto expulsión o “crowding-out.” En otras palabras, el impacto de la deuda pública, absorbiendo fondos en los mercados financieros y desplazando a los prestatarios privados (y, por ende, disminuyendo la inversión privada).

Se necesitaba, pues, una revolución en el pensamiento económico para que la PF tomara importancia primordial. Y como concurrían todas las circunstancias, ésta se produjo en la figura de J.M. Keynes y en las páginas de su “Teoría General”. En esencia, la teoría keynesiana (que popularizó para millones de estudiantes el conocido texto del profesor Samuelson) entendía que se podía confiar en que los mercados funcionaran, en gran medida, como lo prometía la teoría neoclásica en tanto en cuanto se mantenía la demanda agregada. Lo cual, ante deficiencias en el sector privado, se lograría por vía del gasto público.

La nueva ortodoxia fue consciente, sin embargo, de sus limitaciones. Argumentó que la política económica de cuño keynesiano alcanza (teóricamente) su mayor aplicabilidad en

economías con estructura industrial relevante, en contextos deflacionarios y en

economías cerradas. Uno de los factores histórico-sociales que contribuyó a poner en práctica de modo intensivo las ideas keynesianas fue, sin dudas, la segunda guerra. Se extendió empíricamente, y se profundizó en su análisis teórico.

Pero, paradójicamente, cuando se afinaba el instrumental y todo parecía garantizar un rápido crecimiento con la PF como resorte, lo imprevisible... la crisis de los años ‘70. Se manifestaban presiones inflacionistas, en incesante aumento, al par que un considerable crecimiento en la desocupación. La nueva situación exigía una explicación. Y la ilimitada confianza en la PF entró en imprevista cuarentena.

Los juicios adversos comenzaron a acumularse. Contra el volumen del gasto público, entendiéndolo desmesurado..., contra la presión tributaria, creyéndola inconveniente..., contra el déficit fiscal..., juzgándole un obstáculo a la estabilidad. Era la disolución del consenso keynesiano que había regido por ‘30 años.

Los ataques contra la efectividad del instrumento déficit fiscal, en particular, se centraron en dos puntos básicos: a) Si el déficit es financiado con deuda pública, la PF no expande, en definitiva, el nivel de producto. El gasto público no se adicionaría al gasto privado (como consecuencia de los efectos adversos contra la inversión privada motivados por el aumento en la tasa de interés por presión en la demanda de fondos por el sector público), sólo lo sustituiría. b) Si el déficit es financiado con emisión monetaria (dejando por un momento de lado los efectos negativos de presiones inflacionarias), el impacto positivo que tendría en el ajuste de corto plazo sería producto de la acción monetaria y no de la fiscal.

En los círculos académicos es común hablar de una independencia entre la PF y la política monetaria. Pero esto no es tal. Muy por el contrario, la política monetaria está duramente condicionada por la financiación del presupuesto, en mayor o menor medida según sea la vía seleccionada para la cobertura del déficit. Incluso una financiación del déficit con deuda pública, aun cuando a corto plazo no tiene repercusiones sobre el nivel de precios, a largo plazo, y según cual sea la evolución de algunas variables (tasa de interés de la deuda, tasa de crecimiento del producto, etc.) podría tornarse eventualmente inflacionaria en el futuro.

II. Otras perspectivas

Para una más acabada perspectiva de esta vital área de la política económica, hoy tan discutida (también denominada por R. Musgrave –con mucho acierto– sociología fiscal), es interesante repasar sucintamente las opiniones de otros grandes pensadores. Así, Adolf Wagner pronosticó que como una ley del desarrollo social y político, el gasto público absorbería cada vez mayor proporción del PBI. A su vez, Karl. Marx, por su parte, afirmaba en “El Manifiesto” que el capitalismo sería minado por los impuestos progresivos (al igual que sería debilitado por otras circunstancias que crearían “las condiciones objetivas”). Kurt Wicksell sostuvo la posibilidad de que un mecanismo fiscal, guiado por el voto mayoritario, llevará a la explotación de los ricos por los pobres (sic). Joseph Schumpeter criticó, con visión de futuro, el peso de un estado excesivamente fiscalista; y, a su vez, siguiendo a R. Goldscheid, sometió a examen el cambio de las formas fiscales en la transición del feudalismo al capitalismo.

TEORÍA ECONÓMICA DE LA POLÍTICA

Se ha subrayado, con los años, la importancia de las acciones sociopolíticas (de allí lo de sociología fiscal), como factor explicativo, a la vez que perturbador, de muchas decisiones presupuestarias. Schmölders ha puesto de relieve las bases psicológicas de la conducta del contribuyente. Y, otros, como Downs, Buchanan y G. Tullock, han explorado las consecuencias del comportamiento del voto, intentando dar una teoría económica de la política. Así, la Escuela de Virginia estudia el hecho político como un verdadero mercado económico, donde se comercializarían bienes públicos, apetecidos por los electores (demanda) y ofrecidos por los candidatos a cargos electivos (oferta), quienes –por su parte– sólo pretenderían maximizar la cantidad de votos a su favor, sin mirar el voceado “bienestar general”. De allí que muchos recomienden la prescripción de políticas en base a “reglas” y no una línea “discrecional”, poniéndose en dichas reglas límites al endeudamiento, al gasto, etc. (Cfr. en este libro, Cap. I, “Política Económica y Teoría Económica”)

III. Causales del crecimiento del gasto

Sin duda alguna, el punto es altamente controvertido. Gasto público y presión del sistema tributario, por igual, soportan los embates. Algunos consideran sus niveles insuficientes, otros, por el contrario, los juzgan excesivos. Pero lo cierto es que la mencionada y famosa ley de Wagner(1), conocida como ley de las actividades crecientes del Estado

1 En su "Ciencia de las Finanzas" (1871) sostiene que un sistema tributario debe pretender no sólo recaudar sino alcanzar metas de equidad en la distribución de ingreso y riqueza. Es en esta obra donde enuncia la muy conocida “ley de las necesidades fiscales crecientes” con el progreso de la civilización (hoy conocida como ley de Wagner), que postula que el Estado “moderno” tiene la tendencia a una participación en el nivel de producto cada vez mayor, empujado por las particulares exigencias sociales de la compleja estructura económica. Wagner pronosticó la evolución creciente de la participación del gasto público, ya que, a su entender, el crecimiento económico obliga a ampliar la infraestructura (puertos, caminos, etc.) y a la presencia de nuevos servicios públicos (educación, salud, etc.). Dicho en términos modernos, los agentes privados en general no afrontan estos emprendimientos por los elevados costos de inversión y la característica de bienes colectivos (públicos y preferentes) de los bienes y servicios a que nos estamos refiriendo, obligando así al Estado a participar crecientemente en su “provisión”. Además, el gasto público presenta un efecto trinquete: aumenta en las crisis pero no regresa a los niveles anteriores en los momentos de normalidad. Puede sistematizarse la idea diciendo que el Estado aumenta su participación relativa en el PBI por tres circunstancias causales:

y que afirma que las funciones del Estado y el gasto público aumentan constantemente con el progreso de la civilización, hasta hoy se ha verificado plenamente. Efectivamente, los ingresos y gastos del Estado, durante el Siglo XIX, rara vez superaron el 10% del PBI. Sin embargo, luego, la asunción de funciones redistributivas(2) y funciones estabilizadoras(3) hicieron crecer rápidamente este porcentaje hasta alcanzar niveles que superan el 35% del PBI.

Desde ya, la política recomendada por el hacendista alemán, respecto de la hacienda pública y la legislación social, contribuyó en mucho a la tendencia enunciada en su ley. Estudios posteriores han matizado las ideas wagnerianas, incorporando, como causas generatrices del aumento constante de la participación del GP en el nivel de producto, otros conceptos. De modo que, sistematizando, podemos distinguir: (1) factores internos al sistema económico y (2) factores externos al sistema económico.

Entre los factores internos, a su vez, señalaremos dos vertientes: (a) una vertiente por el lado que puede denominarse de la demanda (porque analiza el lado de los requerimientos, de las necesidades, de la sociedad) en la cual incluimos a la explicación de A.Wagner; (b) otra vertiente que abarca aquellos factores a los que llamaremos, globalmente, de oferta.

Por su parte, dentro de estos factores de oferta (es decir, por el costado de la provisión de los bienes públicos), apuntaremos dos causas, (i) el costo unitario creciente en el suministro de los bienes públicos, atribuible a mayores dificultades de acceso a los demandantes de los servicios por razones de distancia, de identificación, etc.; (ii) la presencia de un Estado burócrata-político, con tendencia general a la configuración de un gran Estado de Bienestar “gratuito” (con aparente ausencia del costo de oportunidad, como si el principio de escasez no rigiera), y fuertemente influenciado por el ciclo político de la economía, que surge de las líneas de acción diseñadas para ayudar a ganar elecciones (tales líneas, por lo común, incluyen importantes decisiones de expansión del GP, condicionando el futuro, dada la inflexibilidad a la baja del mismo).

Una importante razón del crecimiento de la proporción del Gasto Público sobre el PBI se encuentra en el funcionamiento de las instituciones políticas: en todo el mundo, los gastos que más han crecido han sido los gastos de redistribución del ingreso (v.gr. los haberes jubilatorios, los planes de salud, los programas de vivienda, los subsidios sociales, etc.) ; y estos están muy relacionados con el proceso político, ya que son utilizados por los gobiernos para ganar votos.

EL EFECTO BAUMOL O LA “ENFERMEDAD DE LOS COSTOS”

El Prof. Baumol sostiene que la productividad no crece uniformemente en todos los sectores. Esto hace que los costos de producción de los sectores en donde la productividad crece lenta o está estancada (p.ej. los servicios) los aumentos de salarios que reclaman los trabajadores de ese sector al no poder cubrirse con crecimiento de productividad, se financian con aumentos de precios. Esto explica bastante el extendido fenómeno del crecimiento del gasto en salud, en educación, gasto público en general (Cfr. Puig, en Garriga, 2018). Además, implica que “la enfermedad de los costos cuestiona en algún punto la sostenibilidad del Estado de Bienestar en el largo plazo” (J. Puig, en M. Garriga, 2018, pag.44)

(a) porque el crecimiento y el aumento de la densidad poblacional aumenta las funciones administrativas; (b) porque aumentan los gastos culturales y de bienestar como la educación y la redistribución del ingreso, a causa de que las preferencias sociales se manifiestan cada vez más en esa dirección; (c) porque la presencia de monopolios naturales (ferrocarriles, distribución de aguas) requiere la presencia estatal. 2 Las Funciones Redistributivas son aquellas actividades del Estado dirigidas a modificar la distribución del ingreso o de la riqueza. 3 Las Funciones Estabilizadoras se proponen evitar que los grandes agregados económicos fluctúen en exceso. Se pretende estabilizar nivel de empleo, actividad productiva agregada y los niveles de precios.

En todo esto obran como inductor, externo a la propia institucionalidad fiscal, según Peacock & Wiseman, las “conmociones sociales” (guerras, crisis de magnitud, etc.) que obligan al Estado a obrar como fuerza compensadora por vía del GP. Ante tales circunstancias de excepción, los ciudadanos están más propensos a aceptar sacrificios derivados de una mayor contribución, para financiar gastos públicos más elevados, lo que permite su crecimiento histórico, que luego, según algunos autores, como los mencionados Peacock y Wiseman, son sumamente inflexibles a la baja. Son gastos de una gran inercia. De tal forma, el GP gana cada vez más puntos, con la única salvedad que en épocas no beligerantes se produciría una sustitución de gastos bélicos por gastos civiles. No sería pues un incremento circunscripto a la duración del conflicto generador sino un avance irrevocable. Esto ha llevado en todo el mundo a una mayor presión tributaria y pese a eso a generar en casi todos los países Déficit Fiscal, a menudo muy abultados (caso Argentina, 8,5% del PBI en 2020). Esto conduce al problema del financiamiento de ese DF: (a) deuda(4); (b) venta de patrimonio; (c) emisión monetaria (se produce la dominancia fiscal).

EL GASTO PÚBLICO ARGENTINO EN EL SIGLO XXI

El gasto público consolidado (nación, provincias y municipios) alcanza el 47% del PBI. España, Alemania, Holanda y Gran Bretaña tienen cerca de 44%, y EE.UU el 38%. Siguiendo la llamada ley de Wagner el aumento en el gasto público argentino ha sido sustancial en el Siglo XXI. Desde 2003 a 2018 creció cerca de 18 puntos del PBI. Prácticamente se duplicó. Ese crecimiento está explicado por: 5% de aumento en el gasto en previsión social; 5% de crecimiento en el gasto en subsidios; 5% de aumento en gasto en administración central y 3% en “servicios varios”. ¿Cómo se financia este importantísimo nivel de gasto público que alcanza a más del 40% del PBI en 2017? Un 30% proviene de presión tributaria; 6% del PBI son ingresos no tributarios; 7% es déficit fiscal y a esto es preciso sumar el financiamiento vía impuesto inflacionario.(5)

RESUMIENDO

Si sistematizamos las causales del incremento del gasto público, se puede distinguir: (1) factores internos al propio sistema económico y (2) factores externos al sistema económico. Entre esto últimos factores, las guerras y las catástrofes naturales son buenos ejemplos. Entre los factores internos al sistema económico, a su vez, pueden apuntarse dos vertientes: (a) una vertiente por el lado que puede denominarse de la demanda (porque analiza el lado de los requerimientos, de las necesidades, de la sociedad) en la cual se incluye la explicación de A.Wagner; (b) y una segunda vertiente, que abarca aquellos factores a los que llamamos globalmente de oferta (como por ejemplo, la presencia de la extensión de un Estado burócrata-político, con tendencia a la conformación de un Estado de Bienestar “gratuito”)

4 Argentina no puede darse el lujo financiar déficits altos pues tiene un bajo nivel de ahorro privado y un mercado financiero pequeño (y mercado de capitales externos semivedado por defaults). Prácticamente le queda emitir, pero dada la baja demanda de dinero (por temor), da paso a gran presión inflacionaria. 5 En el caso de nuestro país se ha estudiado la ley de Wagner con ayuda de técnicas econométricas (como la teoría de la cointegración de Engle & Granger) (Bulacio, 2000). Allí se llega a la conclusión de que el GP en Argentina ha venido aumentando sistemáticamente, pasando de una participación relativa al PBI del 18.4% en 1960 a 32% en 1999. Trabajando una función en la cual el GP es la variable dependiente y el ingreso y la población las explicativas, se llega a que la elasticidad parcial del GP con respecto al ingreso arroja un valor de 0.87, mientras que la elasticidad con respecto al tamaño de la población es 1.04 (esto último sugiere un gasto per cápita constante). Otras conclusiones de aquel trabajo fueron que, pese al aumento del GP en Argentina, todavía nos ubicamos en un nivel comparable a EEUU en cuanto a tamaño y composición del GP

IV. Un gasto público ineficaz e ineficiente

En el acápite anterior hemos presentado sintéticamente lo que la literatura sistematiza como las causas que conducen a un constante crecimiento de la participación del GP en la Demanda Agregada (a la par que, como lógica consecuencia, se ha producido un aumento sostenido de la presión fiscal, particularmente en el Siglo XXI). Tal situación, ya en los años ´90, ha llevado finalmente a un crecimiento persistente de la deuda consolidada del sector público argentino (que pasó de 36.8% del PBI en 1994 a 49.1% en 1999), que se refleja en su aumento respecto de la recaudación, como se aprecia en los noventa (Cuadro I, mientras los otros países habían disminuido el peso de deuda como porcentaje de la recaudación en el caso de Argentina creció).

El cuadro de situación se agrava por lo ineficiente del gasto público (asignado de modo distante al óptimo) e ineficaz (pues ese GP no sirve al propósito de cubrir las metas fijadas, p.ej. en salud, en educación, en justicia). Es decir, que lo que se gasta es mucho (aunque dentro de estándares internacionales) y “poco” útil. Un peso “muerto” que contribuye al “costo argentino”.

Dentro de este GP ineficiente e ineficaz se destaca con letras de molde lo que podemos llamar la “carga política” en el gasto público. Según una interesante investigación llevada a cabo por el diario La Nación de Bs.As., el aparato estatal, en sus “necesidades políticas”, se atribuye unos U$S 20.000 millones anuales; “y la mayor parte se lo llevan los 9242 cargos electivos que hay en el país, con sus accesorios” (La Nación, 26/11/2000, pág. 1).La misma investigación presenta datos que sorprenden a todos. En una comparación internacional, Baviera (el estado más rico de Alemania, con capital en Munich) y Cataluña (una de las comunidades autónomas más florecientes de España, con capital en Barcelona) tienen un gasto legislativo mucho más reducido per cápita que Chaco o Formosa (e incluso en valores absolutos, la erogación es menor). ¡Baviera gasta U$S 54 millones anuales y Formosa 57 millones! ¡Cataluña eroga U$23 millones y Chaco 38 millones! (Cuadro II).

Las relaciones indican que el gasto legislativo, como proporción del PB Geográfico, es del 0.02% en Baviera, del 0.025% en Cataluña, del 1.42% en Chaco y del 3.2% en Formosa. Esto nos lleva a que el gasto legislativo por habitante en Baviera sea de 4 dólares al año, en Cataluña U$S 3.7; en el Chaco U$S 40 y en Formosa U$S 113. Dicho de otro modo, la erogación promedio mensual por legislador es de U$S 14300 en Cataluña, 22180 en Baviera, 100000 en Chaco, y 158300 en el caso de Formosa (esto no significa que un legislador reciba esa remuneración, sino que constituye simplemente un lejano indicador de los gastos que genera cada uno, en asesores, apoyo administrativo, etc.). Lo que vislumbrar al menos un principio de ineficiencia en la asignación, y nos habla del peso para el contribuyente.

Ahora bien, lo anterior se comprende en provincias tan postergadas pues quien eroga

los fondos para tamaños gastos no son los residentes en esas jurisdicciones sino

los habitantes de otras regiones que, por el mecanismo de la coparticipación (y otros), desvían fondos hacia estas provincias (que aparentemente lo mal asignan). Se dan así las consecuencias del fenómeno de la “ilusión fiscal”. (Cfr. en este mismo capítulo, el artículo de Capello & Ponce, “Sector Público argentino: un problema de ilusión fiscal”).

LA CARGA POLÍTICA SIEMPRE PRESENTE EN EL GASTO PÚBLICO

Hemos presentado un caso de ineficiencia en la asignación, y “carga política” en el Gasto, difícilmente discutible. Otro caso, incluso medido con una pauta argentina, es la comparación entre el gasto y las prestaciones en la Biblioteca del Congreso (BC) (un posible reducto de favores políticos) y en la Biblioteca Nacional (BN) (un campo más técnico). La BC contaba en 1999/2000 con 965 agentes, con un gasto anual por empleado de U$S 30693, y a un costo por consulta bibliográfica de U$S 18.5. Mientras que la BN, con 210 agentes, tenía un costo per cápita de U$S 13644 y una erogación por consulta de U$S 3.1 (según datos del Ministerio de Economía y Ley de Presupuesto año 2000). Las cifras son elocuentes para que el lector juzgue por sí el costo del sistema político.

Algunos autores sostienen enfáticamente la necesidad de retornar a una institucionalidad fiscal perdida (eficacia en la recaudación, equidad en la participación jurisdiccional de lo recaudado, eficiencia en la asignación del gasto, eficacia en el logro de las metas fijadas)... y cuanto antes, de lo contrario se corre el riesgo de perder la institucionalidad monetaria (o estabilidad), alcanzada en la década pasada(6) .

Tomado: https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-nivel-del-gasto-publico-consolidado-nid2452398/

6 En cuanto en la evolución del gasto por finalidad, más allá de su éxito en alcanzar metas, se observa que, si dividimos el período 1985/1995 en dos subperíodos: 1985/1989 y 1990-1995, y calculamos el gasto promedio anual “por objetivo”, se aprecia un aumento destacado en los ítems Seguridad Social (crece el 41 %), trabajo (40%), Justicia (43%), Administración General (40%), aunque se observa un decrecimiento en las Erogaciones Totales del 20% (¡Atención!..., esto hasta 1995, luego es otra historia). En cuanto a la estructura del gasto, por año, las “palmas” se las lleva el Gasto Público en Infraestructura que tiene una participación del 25% promedio en 1985/1989; en cambio en el subperíodo 1990/1995, el primer puesto es para Seguridad Social, que capta el 35% (el segundo lugar, en ese subperíodo, corresponde a Salud, 15.1% y el tercero a Administración General, 14.6%).

V. Las “reformas” en la conducta del estado

La disciplina económica se basa en la idea de separar lo factible de aquello que no lo es; y elegir luego, dentro del conjunto de alternativas posibles, lo potencialmente mejor. Alcanzar, pues, lo que los economistas llaman el óptimo; o en una segunda instancia, el “second best” (o segundo óptimo), si la mejor alternativa no puede alcanzarse por una dada restricción.

Este camino, lo mejor entre lo posible, es algo que debe tenerse muy presente al juzgar las políticas. No todo es alcanzable o solucionable. Por ejemplo, todos pretendemos (y necesitamos) empleos estables, pero los puestos de trabajo de la economía global (y automatizada) son hoy precarios…, porque todo es precario en la era postindustrial y postmoderna (para muestra la inestabilidad de los matrimonios, de las relaciones cordiales entre padres e hijos, de la familia en definitiva, que no es sino un microcosmos de la sociedad).

Entonces, en un mundo en donde todo es precario, los funcionarios no pueden concretar todas las metas que les exigimos a menudo... y no porque no quieran, o sean incapaces, sino sencillamente porque no se sabe muy bien el camino para alcanzarlas, dada la inestabilidad de los parámetros. Sin embargo, con todo este trasfondo, podemos sí reclamar a los gestores de política algunas “reformas”, entre ellas la institucionalidad fiscal, en tributos (eficacia en la recaudación y equidad en la distribución jurisdiccional de lo recaudado) y en gastos (eficiencia en la asignación y eficacia en el logro de las metas), así como diligencia en sus funciones (ver Recuadro).

NIVELES DE GASTO EN PAÍSES SELECCIONADOS

En los países de OCDE, con mejor ranking en Índice de Desarrollo Humano se observa una tendencia a una reducción importante del nivel de GP en el siglo XXI respecto a los porcentaje de los años noventa…, al menos antes de la crisis de 2008. “Los datos (…) parecen respaldar (…) que el GP de (…) alrededor del 35% del PBI debe ser suficiente para (…) los objetivos que se espera (…) de un sector público en una economía de mercado. Si el GP es eficiente y está bien enfocado, un porcentaje aún más bajo podría ser posible. Lamentablemente, en muchos países el GP no es eficiente ni está bien enfocado” (Cfr. Tanzi, V., 2008, El rol del Estado y de las Finanzas Públicas, Asociación Internacional de Presupuesto Público, Bs.As., pag. 27)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Bulacio, J. M.; La ley de Wagner y el Gasto Público en Argentina, XXXV Reunión AAEP, 2000 • FiguerasS, Alberto; Gasto Público, Déficit Fiscal e Inflación, en Lecturas de Política Económica Argentina: elementos para el debate, Eudecor, Córdoba, 1998 • Garriga, M., et alter, 2018; Lo que se pensó y escribió sobre Políticas Públicas en 2017, FCE, UNLP. • Musgrave & Musgrave; Hacienda Pública, Mc.Hill, Madrid, 92 • Oller Ariño, J.L., 1983; Enciclopedia de Economía, Tomo I, Artículo: El Estado como problema económico, Ed. Hyspamérica • Peacock & Shaw; La Teoría Económica de la Política Fiscal, FCE, Mex. 1974 • Peacock & Wiseman; El crecimiento del Gasto Público en el R.Unido, en “Dinámica del Gasto Público”; Instituto de Estudios Fiscales, M.de Hacienda, Madrid, 1974 • La Nación, publicación del 26/11/2000, basado en datos de Fundación Capital.