Primera sentencia relacionada al Golpe de Estado en Honduras
First sentence related to the Coup d’état in Honduras
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró, por unanimidad, que el Estado de Honduras era responsable por la violación a la libertad de expresión, derecho de reunión, derechos políticos, derecho de asociación, garantías judiciales, protección judicial, derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y el principio de legalidad, en el marco de los procesos disciplinarios realizados en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.
The Inter-American Human Rights Court (CIDH) unanimously declared that the State of Honduras is responsible for the violation of freedom of expression, political rights, the right of association, legal safeguards, legal protection, the right to retain ones position under equal terms and rule of law, within the context of disciplinary proceedings conducted against judges Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, as well as magistrate Tirza del Carmen Flores Lanza.
La sentencia deja precedentes jurisprudenciales importantes en materia de independencia judicial y de derechos y libertades de los jueces y juezas. Asimismo, la sentencia fija que en Honduras se produjo un golpe de Estado en 2009 y declara que la Corte Suprema de Justicia intervino en pleno en este ilícito internacional. Los cuatro jueces pertenecen a la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) quien junto con la Convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental, y el apoyo de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) trabajaron arduamente en este caso.
The sentence gave important legal precedence in terms of judicial independence and the rights and liberties of the judges. In addition, the sentence reassures that there was a coup d’état in Honduras in 2009, and declared that the Supreme Court of Justice intervened during this international illicit act. The four participating judges are members of the Association Judges for Democracy (AJD), whom, alongside the Human Rights Convergence of the Northwestern area, and the support from both the International Commission of Jurists (ICJ) and the Center for Justice and International Law (CEJIL), worked arduously on this case.
Los cuatro jueces pertenecen a la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) . Derecha a izquierda los jueces Ramón Barrios, Luis Chévez, Guillermo López, y la jueza Tirza Flores
The four judges are members of the Association Judges for Democracy (AJD). Left to right: Ramón Barrios, Luis Chévez, Guillermo López, y Tirza Flores
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DCA Centroamérica / DCA in Central América 1993-2016
