Daniel Octavio Fajardo Ortiz

beneficio privado de los grandes desarrolladores inmobiliarios que no se interesaban en proveer de una vivienda digna y decorosa a la población marginada y sin posibilidad de acceder a financiamientos. Los derechos de la mayoría han estado subyugados por los procesos de privatización y exclusión.

Aún más, es relevante señalar que, de estos millones de viviendas en rezago, 55% se ubica en localidades rurales (menos de 2,500 habitantes), a menudo dispersas en el territorio, sin fácil acceso, y que de los 37.2 millones de personas a quienes no se les ha garantizado el derecho constitucional a una vivienda adecuada, 57.9% vive en hogares que se ubican en los primeros cuatro deciles económicos, es decir que cuentan con ingresos por debajo de la línea de pobreza (reciben menos de 3,200 pesos mensuales). Esta población no tiene acceso al mercado formal de suelo y vivienda, pues sus ingresos no les permiten aplicar a un crédito hipotecario, dado que este tipo de apoyos está destinado a quienes reciben más de 5 veces el salario mínimo mensual (18,700 pesos). De acuerdo con el Coneval, 73.6 millones de mexicanos se encuentran excluidos del mercado formal de vivienda. Tampoco pueden acceder a un crédito de Infonavit o Fovissste, pues de acuerdo con el estudio “Rezago Habitacional Ampliado en México, 2018” de la Sociedad Hipotecaria Federal, más de 74% de las viviendas en rezago están habitadas por población no afiliada a algún esquema de seguridad social.

Ante esta situación es fundamental que se priorice un cambio de paradigma y que la política de vivienda deje de orientarse al mercado. Se precisa de una visión en donde la vivienda no sea más una mercancía a través de la cual se lucra. Es imperativo que no se privilegie más las construcción de vivienda nueva, pues 82.5% del rezago total se puede resolver a partir de acciones de ampliación y mejoramiento, y el restante 17.5% con acciones de autoproducción.

Es urgente que la política de vivienda se oriente a definir instrumentos y programas para apoyar las acciones de autoproducción, mejora y ampliación de vivienda. También es necesario resolver el complejo problema de vivienda rural, que requiere una gran capacidad e infraestructura para llevar materiales y asistencia técnica a regiones inhóspitas y dispersas.

La autoproducción es una manera de hacer vivienda con la que las familias aprovechan y gestionan al máximo los recursos que tienen a su

alcance para construir su casa. Además, es un detonador de las economías locales que contribuyen fuertemente a la economía nacional. De acuerdo con datos de la Cuenta Satélite de Vivienda en México (2018) la autoproducción de vivienda representó 42.3% del PIB del sector vivienda y 2.56% del PIB nacional. Finalmente, es de suma importancia reconocer y fortalecer el vínculo entre la política de vivienda y el desarrollo urbano a través de la planeación, pues sólo así será posible concretar en el territorio las políticas a escala nacional y lograr llevar el desarrollo hacia la población más vulnerable y marginada de nuestro país. Es momento de retomar la rectoría del Estado en el territorio, y para ello es imperativo apoyar a los gobiernos locales para que cuenten con instrumentos de planeación que les permitan ordenar y regular el suelo, y que las decisiones que tomen actúen en función de no dejar atrás y no dejar a nadie fuera.

DANIEL OCTAVIO FAJARDO ORTIZ

n Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu.

El papel social de la vivienda. Una mirada desde el género

Para Conavi, el género es una variable importante para la exploración de resultados, puesto que muestra áreas de oportunidad para establecer estrategias de inclusión e igualdad en el proceso de atención a las necesidades de vivienda

POR EDNA VEGA RANGEL

Tradicionalmente suele analizarse el tema de la vivienda con aspectos financieros, técnico arquitectónicos, urbanísticos, la relación oferta - demanda; de manera cuantitativa se hace referencia al número de créditos y subsidios otorgados, los metros cuadrados construidos, la inversión destinada. Sin embargo, en pocas ocasiones se han realizado evaluaciones sobre la dimensión cualitativa, sobre el factor de satisfacción de las personas y familias a quienes fueron dirigidos los programas de vivienda social. Es indispensable que el diseño de la política habitacional tome como eje central a la persona que se convertirá en acreedora de un crédito hipotecario o, en su caso, accederá a un subsidio de alguna instancia pública, como actor directamente involucrado en el proceso.

En la presente administración, en cuanto a la política habitacional, la pregunta sigue siendo cómo generar oportunidades para que la gente tenga acceso a la vivienda, con la perspectiva del derecho humano básico reconocido por Naciones Unidas. Es sobre este enfoque que se rediseñaron las políticas habitacionales, los programas y los instrumentos.

Con esta perspectiva, se dio un giro a la política de vivienda en la que el hilo conductor es el derecho a la vivienda adecuada cuyo centro de atención son las necesidades y aspiraciones de las personas.

Para tales efectos, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como organismo ejecutor de los programas de vivienda del Gobierno Federal, planteó como principales estrategias: disminuir la carencia de una vivienda adecuada de la población en condiciones más vulnerables; ampliar los

mecanismos de otorgamiento de subsidios para cubrir diversas necesidades en materia de vivienda de las familias en favor de su bienestar social; participar en la consolidación del Sistema Nacional de Producción Social de Vivienda; y, asegurar la calidad y sustentabilidad de la vivienda .

Como parte de esta última estrategia, para la materialización del derecho a la vivienda adecuada, la Conavi estableció como premisas la habitabilidad, la seguridad estructural y la atención a las necesidades por condición sociodemográfica y cultural.

Respecto de este último punto, a dos años de iniciado el cambio de paradigma y la forma de ejecución de los programas, las preguntas centrales son:

n ¿Cuáles han sido los alcances de la ejecución de los programas desde el punto de vista de las personas beneficiarias?

n ¿Consideran realmente su vivienda como adecuada?

Al respecto, el objetivo del presente documento es analizar la valoración que hacen las personas beneficiarias sobre la intervención de su vivienda, en este caso, a partir de la distinción de la condición de género.

Se trata de una forma de evaluación de las acciones de la Conavi, desde lo social, basada en la sistematización de las opiniones que las personas beneficiarias tienen de sus viviendas. Se construye a partir de una muestra de 898 personas beneficiarias de los programas ejecutados por la Comisión en el ejercicio fiscal 2019: Programa de Mejoramiento Urbano en la vertiente vivienda; Programa Nacional de Reconstrucción en su componente Vivienda y Programa de Vivienda Social.

CUANDO LA VIVIENDA ES ADECUADA... ALGUNAS APROXIMACIONES DESDE EL GÉNERO

4 El análisis exploratorio sobre los resultados de las intervenciones en vivienda muestra que, de 762 casos que contestaron acerca de ¿qué le parece su vivienda después de la intervención?, 69% considera que su vivienda es adecuada, 23% suficiente y 8% inadecuada.

4 De los 522 casos de personas beneficiarias que consideran que su vivienda es adecuada, 56% son mujeres, de las cuales 20% son adultas mayores. De 44% que corresponde a los hombres, 28% son adultos mayores.