Periódico elDinero (254) 13/02/2020

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LA ESCUELA ECONÓMICA

ECONOLEGALES

Esteban Delgado

Jaime M. Senior Fernández

edelgadoq@gmail.com

jsenior@headrick.com.do

Preocupante desaceleración del mercado laboral formal

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as estadísticas del mercado laboral son un excelente referente para determinar cuán bien o mal le fue a la economía durante un período determinado; en este caso, durante el pasado año 2019. Para tener una idea, vamos primero a ver cómo nos fue en 2018. De acuerdo con las publicaciones de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en las que se registran los empleados formales que cotizan a la protección social, durante 2018 entraron a la formalidad 119,688 trabajadores nuevos, de los cuales 90,661 (75.7%) fueron aportados por el sector privado, mientras que 29,027 (24.3%) entraron como empleados del Estado centralizado y descentralizado. El Banco Central indica en sus estadísticas que en 2018 se generaron alrededor de 150,254 nuevos empleos, por lo que, al restarle los 119,688 formales publicados por la TSS, se asume que los restantes 30,566 (20.3%) fueron nuevos empleos, pero informales. Ahora veamos las estadísticas correspondientes al pasado año 2019. Siguiendo con las publicaciones de la TSS, donde se registran los empleados formales que cotizan a la protección social, durante 2019 entraron a la formalidad 86,458 trabajadores nuevos, es decir, 33,230 (27.7%) menos que el año anterior, de los cuales apenas 41,233 (47.7%) fueron aportados por el sector privado, mientras que 45,225 (52.3%) entraron como empleados del Estado centralizado y descentralizado (pueden ser más del Estado, porque muchas entidades públicas no cotizan a la TSS, ya que tienen sistemas de seguridad social separados). El Banco Central informó que en 2019 se generaron alrededor de 133,713 nuevos empleos, por lo que, al restarle los 86,458 formales publicados por la TSS, se asume que los restantes 47,255 (35.3%) fueron nuevos empleos, pero informales. De las cifras anteriores se pueden sacar diversas conclusiones que concuerdan con la desaceleración que sufrió la economía dominicana durante el 2019 cuando alcanzó 5.1% frente al 7% que había crecido en 2018. Veamos: En 2019 la generación total de empleos (privados + públicos + informales) se redujo en -11%, al pasar de 150,254 puestos de trabajo en 2018 a

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OPINIÓN

Santo Domingo, República Dominicana. Año 5. Nº 254. Jueves 13 de febrero de 2020

133,713 nuevos empleos en 2019. Además, se produjo una preocupante reducción en la generación de empleos formales al bajar de 119,688 en 2018 a 86,458 en 2019, con el agravante de que el sector privado redujo a menos de la mitad su aporte de empleos con apenas 41,233 nuevos puestos el año pasado frente a 90,661 el año anterior. Esto indica que el sector público, es decir, empleos del Estado, aportó más de la mitad de los puestos formales con 45,225 trabajadores frente a los 29,027 que había aportado en 2018. El desglose de los empleos generados en 2019 y su comparación con el año anterior permite ver que la desaceleración económica se sintió seriamente, ya que el sector privado redujo considerablemente su ritmo de aporte al mercado laboral, mientras que el Estado aumentó su nómina pública y la informalidad creció. Aun así, sigue siendo positivo el hecho de que cada año la economía viene generando al menos 100,000 empleos nuevos, entre formales en informales, con lo que e l mercado laboral en sentido general llega a los 4 millones 715 mil 879 trabajadores, de los cuales 2 millones 244 mil 106 (47.5%) aparecen como formales registrados en la TSS, mientras que los restantes 2 millones 471 mil 773 (52.5%) son trabajadores de la informalidad. Hemos avanzado, aunque muy lentamente, en la reducción de la informalidad laboral, que hace uno o dos lustros superaba en 56% de la fuerza laboral activa, mientras que hoy es menos de un 53%. Ese limitado avance es una invitación a seguir luchando por la formalidad laboral. Ojalá que este año, cuando la economía podría crecer prácticamente igual que como creció en 2019, la capacidad del sector privado aumente para que pueda generar más empleos formales y que se supere esa preocupante desaceleración del año pasado. Es una tarea difícil, al considerar que este año es electoral, donde la campaña y las posibles tres elecciones antes de finalizar el primer semestre, sumado a un período largo de transición y la asunción de un nuevo gobernante, pospone más los planes de expansión e inversión privada.

Cuestionable Ley Sobre Mora Judicial

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a máxima de “justicia tardía es justicia denegada” proviene de una frase del célebre filósofo romano Lucio Anneo Séneca, la cual reza que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Esto se debe a que la función principal del sistema de justicia es, precisamente, dirimir de manera organizada y conforme a las normas establecidas, los conflictos sociales entre las personas en una sociedad. Es contrario a este fin el tener que esperar un tiempo irrazonable para la resolución de tal conflicto. En nuestro país, la mora judicial, o tardanza de los tribunales a todos niveles del aparato judicial, a dar respuesta a las acciones incoadas ha sido un elemento de preocupación por muchos años. Precisamente el presidente la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha reiterado que atacar ese problema es una de las prioridades de su gestión. Ante la evidente y entendible frustración social por la excesiva mora judicial que enfrentamos, cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley que sancionaría a jueces en caso de que no fallen dentro de los plazos establecidos por ley. De hecho, este proyecto recibió un informe favorable de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y fue recientemente aprobado por dicho hemiciclo. El proyecto de ley establece que: “En materia civil, comercial, inmobiliaria, de trabajo y administrativa, los jueces

de las cortes y tribunales de la República deberán fallar los asuntos que conozcan, dentro de un plazo no mayor de noventa días”. En caso de que no obtemperen este mandato, serían sancionados con una pena equivalente al 25% de su salario mensual, así como medidas disciplinarias que pudieran ser adoptadas por el Consejo del Poder Judicial. Aunque la intención detrás del proyecto de ley puede ser loable, y el fin que persigue es algo que se necesita, este proyecto es completamente improcedente y contrario a todo ordenamiento jurídico. Sancionar a un juez por no fallar un caso de manera expedita solo tendrá como efecto la producción de sentencias cuestionables y pobres, además de que puede servir como un arma para presionar a la judicatura. En vez de cuestionables proyectos que no van a resolver el tema, el Congreso debería cumplir con la Ley 19404, el cual establece el porcentaje del Presupuesto Nacional que debe ser asignado al Poder Judicial. Con una mayor asignación presupuestaria –que ya le corresponde por ley– este poder pudiera mejorar las condiciones de la justicia. No obstante, nuestro Congreso Nacional parece empeñado en aprobar otra ley que en vez de resolver la problemática que enfrentamos, creará nuevos desafíos, en vez de cumplir con una ley que el mismo Congreso ya ha EL AUTOR ES ABOGADO. aprobado.

OBSERVACIONES

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A votar (y a botar...)

n total de 7,487,040 de dominicanos están convocados por la Junta Central Electoral (JCE) a las urnas para este domingo 16 de febrero de 2020. Se trata de una gran oportunidad de “votar” para fortalecer la democracia y escoger a los mejores contendores y, de paso, de “botar” a los que encabezan las alcaldías de municipios en los que los ciudadanos se encuentren inconformes con la gestión que vienen realizando sus autoridades. Los dominicanos debemos asumir la convocatoria como lo que es, una gran cita democrática. Tenemos que ejercer el sufragio con plena conciencia y con un alto sentido de responsabilidad social. Debemos detenernos en silencio a meditar sobre las ofertas electorales de los candidatos a favorecer. En cambio, esperamos que la JCE y los demás órganos electorales ejerzan

sus funciones con ecuanimidad y que los candidatos acepten que a una contienda se va a perder o a ganar. El padrón, según la JCE, cuenta con 3,828,786 electoras y 3,658,254 electores. En las urnas se escogerán alcaldes, vicealcaldes y regidores para los 158 municipios del país, así como directores, subdirectores y vocales en los 235 distritos municipales. La votación automatizada se utilizará en 17 municipios y el Distrito Nacional, que representan 9,757 mesas electorales (62.04% del electorado). El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, ha planteado que todas elecciones de este año costarían al país más de RD$8,000 millones. De modo que es una fiesta democrática que todos estaremos pagando de nuestros bolsillos, así que bailemos en orden.


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