Enseñar prevención de riesgos laborales en los centros educativos debe ser una acción integrada dentro de una estrategia política que tenga como directriz principal el desarrollo de un modelo de enseñanza que permita al alumnado, en un futuro, acceder al mundo laboral en términos de calidad. Esto significa que dicha política tiene que manifestar intereses, problemas y motivaciones extraídos desde el centro escolar y del entorno socioeconómico donde se encuentre, ya que cada centro educativo puede entender la prevención en función de su realidad (Nyhan, 2003). Por este motivo, hemos elaborado este apartado teniendo como base, por un lado, la legislación vigente en materia educativa y, por otro, directrices y normativas de carácter laboral. Centrándonos en el primer ámbito legislativo y teniendo como norma básica la LOMCE, este apartado estará integrado por los siguientes elementos del currículo: 1. Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 2. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 3. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 4. Los contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Estos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas.
4 COMPETENCIAS CLAVE DE NUESTRA PROGRAMACIÓN DE AULA EN PREVENCIÓN
Las orientaciones de la Unión Europea establecidas en la Recomendación 2006/962/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias “básicas” o “clave” por parte de la ciudadanía, como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento (Bolívar, 2010). Esta nueva conceptualización de la enseñanza tiene como base el informe “DeSeCo”, elaborado en 2003, que definió el concepto de competencia como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Según Bolívar y Pereyra (2006), se contemplan como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento, en nuestro caso, tendría estrecha vinculación con la seguridad y salud laboral, adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. En este sentido, las competencias básicas o “clave”, definidas a partir de la LOMCE, se dirigen, principalmente, como establecía la Unión Europea, al desarrollo personal, el ejercicio de la ciudadanía activa o la inclusión social. Esta perspectiva entra en consonancia con el proyecto DeSeCo, 35
