Proceso - 26 Junio 2022 by Nico Bellic

ÍNDICE / NO. 2382 • 26 DE JUNIO DE 2022 27

Más grabaciones vuelven a evidenciar a Gertz Manero /Diana Lastiri

MORENA

30 33

6 9

VIOLENCIA

Asesinato de jesuitas en Cerocahui: Entre la “sensación de orfandad” y reclamos al gobierno /Patricia Mayorga Cincuenta sacerdotes asesinados en tres sexenios: Para el crimen organizado “somos un estorbo” /Rodrigo Vera

Taibo II a la cúpula de su partido: Democracia interna, si no, “jubílense” /Arturo Rodríguez García

CDMX

Foto de Portada: Raúl Fernando Pérez Lira

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Consorcio 4T, la estructura de Bejarano para 2024 /Arturo Rodríguez García

García Harfuch: La capital, “joya de la corona” para el narco /Sara Pantoja

MIGRACIÓN

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Coahuila: Migrantes venezolanos denuncian tratos inhumanos /Camelia Muñoz En Tapachula empieza el infierno /Isaín Mandujano

Contra el crimen, un discurso con estrategia (electoral) /Patricia Dávila

Revelan desde la Guardia Nacional: “Un acuerdo” detrás de los abrazos /J. Jesús Esquivel

Y ONG advierten “un pacto de coexistencia para gobernar” /Gloria Leticia Díaz

JUSTICIA

Caso Ayotzinapa: Una investigación atorada por la tortura /Diana Lastiri

CISA / Comunicación e Información, S.A. de C.V. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Rafael Rodríguez Castañeda, presidente; María Scherer Ibarra, secretaria; Estela Franco Arroyo.

semanario de información y análisis DIRECTOR FUNDADOR: Julio Scherer García † SUBDIRECTOR FUNDADOR: Vicente Leñero Otero †

REPORTEROS: Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Sara Pantoja, Arturo Rodríguez, Alejandro Saldívar, Neldy San Martín, Mathieu Tourliere, Rodrigo Vera, Rosalía Vergara. CORRESPONSALES NACIONALES: Verónica Espinosa, coordinadora. Baja California, Jesusa Cervantes; Colima, Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato, Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores; Jalisco, Gloria Reza; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández. INFORMACIÓN INTERNACIONAL. CORRESPONSALES: Madrid, Alejandro Gutiérrez; París, Anne Marie Mergier; Washington, J. Jesús Esquivel. CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Isabel Leñero, Niza Rivera Medina, Columba Vértiz de la Fuente, reporteras. Colaboradores: Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Samuel Máynez. cultura@proceso.com.mx

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INTERNACIONAL

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LIBROS Desigual repaso de la filosofía /Jorge Munguía Espitia

COLOMBIA La asesoría de Morena en el triunfo de Petro /Rafael Croda

UCRANIA Una guerra que desempolva al movimiento de los no alineados /Jean-Luc Maurer

FESTIVAL DE GUADALAJARA

ANÁLISIS

54 Silencio y escucha /Javier Sicilia 55

Matar sacerdotes para calentar la plaza /Ricardo Raphael

La incongruencia como medio de hacer política /Elisur Arteaga Nava

Más sobre oxigenantes y cambio climático /Alberto Pérez Dayán

Yemén, la antigua Arabia Feliz /Carlos Martínez Assad

CULTURA

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Historias iberoamericanas /Columba Vértiz de la Fuente

DEPORTES

La historia (frustrada) de una futbolista intersexual: “Así nací, no le hago mal a nadie” /Beatriz Pereyra

Deportistas transgénero desafían a las instituciones: “La superioridad atlética no puede medirse en términos de sexo” /Beatriz Pereyra

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PALABRA DE LECTOR El efecto Petro /José Antonio Rodríguez

Sanciona el INAH a una perito: “Improvisación” en el Proyecto Sismos /Gabriela Hernández Al margen de efemérides, el estudio de la Conquista /Judith Amador Tello

PÁGINAS DE CRÍTICA

ARTE ¿Dragueando el Museo de Hacienda? /Blanca González Rosas

TEATRO Versión cómica de “La Ilíada” /Estela Leñero Franco

CINE “Adiós señor Haffmann” /Javier Betancourt

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AP photo / Fernando Llano

ASESINATO DE JESUITAS EN CEROCAHUI

ENTRE LA “SENSACIÓN DE ORFANDAD”

Y RECLAMOS

AL GOBIERNO

“¿Dios me va a perdonar, padre?”, preguntó El Chueco al sacerdote que atestiguó los asesinatos que acababa de cometer: el del guía de turistas Pedro Palma y el de los jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, quienes durante décadas cumplieron su compromiso pastoral y social con los pobres de Cerocahui. En los habitantes de esta comunidad queda ahora “una sensación de orfandad”, comenta Luis Gerardo Mora, provincial de la Compañía de Jesús en la región. Y afirma que los jesuitas tienen claro qué quieren del gobierno: “que detenga la violencia y voltee hacia la pobreza y la injusticia que hay en la Tarahumara. Porque si no, en un mes va a seguir todo igual”. 6

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PATRICIA MAYORGA HIHUAHUA, CHIH.— En la tarde del lunes 20 Noriel Portillo Gill, El Chueco, entró al templo de Cerocahui con un hombre muy golpeado. Era Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, conocido en la región como un guía de turismo con más de 40 años de servicio. Los sacerdotes jesuitas que estaban en el templo se acercaron para abogar por él y trataron de disuadir al agresor de que no le disparara. El padre Joaquín Mora Salazar intentó darle los santos óleos, pero fue en vano. El Chueco le disparó a Pedro Palma y al cura. El jesuita le suplicaba que pensara bien lo que estaba haciendo. Intervino Javier Campos Morales, conocido como el padre Gallo, y Portillo también disparó contra él, asesinando a los tres. Los crímenes han conmocionado a la comunidad católica y jesuita en el mundo. “El otro padre que estaba viendo se quedó helado. En algún momento (El Chue-

D ELI N C U E N C I A O RG AN I Z ADA

Campos Morales y Mora Salazar. Homenaje

co) cae en la cuenta, se arrepiente y pide perdón al padre y le dice que quiere confesarse. Luego hay unos minutos largos en que el asesino le está hablando al sacerdote”, relata en entrevista desde Creel el padre provincial de la Compañía de Jesús, Luis Gerardo Mora Madrid. El vicario de la Diócesis de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez Espinosa, cuenta también en entrevista que El Chueco le preguntó al cura que sobrevivió: “¿Dios me va a perdonar, padre?”. El sacerdote le respondió que sí. El Chueco le avisó que se llevaría los cuerpos, pero el jesuita le insistió que no. “¿Usted me perdona, padre?”, reiteró el agresor y el religioso le respondió que sí, pero que no se llevara los cuerpos. El Chueco no le hizo caso. El jueves 23, tres días después de los asesinatos, cuando llegó a Cerocahui el provincial de los jesuitas de esa parroquia, encontró a éstos encerrados. Los pobladores respetaron su silencio y su encierro. Pero recibían llamadas de manera incesante de todos lados y decidieron desco-

nectar el teléfono fijo. La gente del pueblo también estaba “guardada”, en espera de sus sacerdotes. Ese jueves “que vieron que salieron los padres conmigo, me tocó ver a personas que empezaron a acercarse. Y era un pesar, llorando y abrazando a los padres (…) El cariño y preocupación por ellos fue un momento conmovedor. No podemos dejar sola a la gente”, advierte el provincial Mora Madrid. Al visitar a las hermanas de las dos congregaciones que laboran en Cerocahui las encontró juntas a todas. “Han dado toda la solidaridad a la gente. El obispo de la Tarahumara también estaba ahí, más en un tono de animar y ellas muy comprometidas. Porque los jesuitas ahora están siendo el foco de aquí, pero ellas están firmes en la Tarahumara. La valentía de las mujeres que dijeron que ahí se quedan y ellas también estaban amenazadas por El Chueco. “Ese era nuestro temor; si andaba tan mal el hombre, podría desquitarse con ellas también”, refiere Mora Madrid. El provincial de los jesuitas acudió a Cerocahui para conocer la versión directa de los sacerdotes que fueron testigos de los tres asesinatos. Además del sacerdote que es parte de aquella parroquia, se encontraba el visitador general de la Compañía de Jesús, quien había viajado desde Roma. “El visitador había llegado ese mismo día con el padre Gallo y pasó lo que pasó. Por eso era imposible de parar esto ante el mundo, cuando había toda esta situación y había otro sacerdote también y pudo pasarles también a ellos”, añade el vicario de la diócesis, Martínez Espinosa. Mora Madrid detalló que aún falta por reconstruir una parte del crimen: “Una puerta parece forzada. Uno de los padres fue sacado de los cabellos de la sacristía y (el agresor) lo llevó al altar; es lo que reconoce uno de los testigos”, comenta el provincial. Relata: “Lo que entendemos es que, al darle la absolución, el otro se pone pesado y el padre se va a la sacristía queriendo huir y (El Chueco) va por él, lo jala de los cabellos hacia el altar. El padre muere asesinado y entonces a los dos sacerdotes los lleva al altar”. Cree que tal vez El Chueco no quiso matar al guía de turistas en un lugar público y por eso lo llevó al templo. Cerocahui es una misión jesuita ubicada en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara. Y también fue uno de los principales centros ceremoniales para el pueblo rarámuri. Es una de las principales estaciones del recorrido del tren turístico El Chepe, por sus paisajes imponentes. Pero desde hace más de 10 años bajó el turismo en la zona y las imágenes de hombres con armas largas que pasean por el pueblo se volvieron comunes. Los rituales indígenas son menos frecuentes porque la intimidación y amena-

zas de El Chueco, un delincuente que impunemente sembró el terror durante al menos una década, también los alcanzaron.

Prototipos de misioneros Al padre Javier Campos le llamaban El Gallo porque imitaba perfectamente a ese animal y toda la gente que le conocía se lo pedía continuamente. “El padre era de los más emblemáticos en la Sierra Tarahumara, con más de 55 años de presencia en la sierra y 50 como sacerdote. Los cumplía este mes. Ya le preparábamos sus bodas de oro, pero pidió esperar porque festejaría en Monterrey, donde todavía tenía familia”, recuerda el padre Martínez Espinoza. El Gallo fue coordinador de las comunidades eclesiales de base y vicario de la Pastoral de la Diócesis de la Tarahumara, cargo en el que lo sustituyó Martínez Espinosa. “Sabía de memoria la geografía humana y física de la sierra. A muchos nos desesperaba ir con él porque se paraba, a todos los conocía de nombre, conocía a los abuelos, conocía a los papás. Tenía ahijados por todos lados. Es como el prototipo de misionero bondadoso, asertivo, relajado, parecía que tenía toda la vida para esperar a la gente. A todas partes llegaba tarde porque se detenía con la gente”, agrega el vicario. Para Martínez Espinosa, el padre Gallo era quien tenía más capacidad para las relaciones humanas, entre los sacerdotes de la sierra. “Él tenía el don de hacer sentir bien a cada persona que se le acercaba”. Él vivió la cultura rarámuri. Hablaba muy bien el idioma de la Baja Tarahumara y tradujo a ese idioma el Nuevo Testamento, así como un texto para aprender el idioma rarámuri. “Era inspirador en la pastoral indígena y uno de los inspiradores de las comunidades eclesiales de base. Él las fundó en Guachochi, en la Tarahumara. Y sufrió mucho porque los párrocos ya no iban por esa línea. Él era seguidor de monseñor Romero”, dijo en alusión al obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980. El Gallo nació el 13 de febrero de 1943 en la Ciudad de México. Durante su niñez y adolescencia vivió en Monterrey e ingresó a la Compañía de Jesús el 14 de agosto de 1959 a los 16 años. Lo ordenaron el 8 de junio de 1972. Un año después inició su misión como superior local, vicario pastoral y episcopal en la Sierra Tarahumara. El otro sacerdote asesinado, Joaquín Mora Salazar, Morita, era introvertido y tímido, pero brillante en sus pláticas, dice el vicario. “Dicen que su biblia era Mi pie izquierdo, el texto que les ponía a leer a sus alumnos en Tampico, donde lo recuerdan con gran cariño. Yo veía esa historia en muchos lados, sí era su biblia. 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

El padre Gallo. Compromiso con los pobres

“El texto habla de que no hay límites y desde ahí hacía sentir a sus alumnos que no había límites, que nosotros poníamos los límites mentales. Y una persona que no se pone límites mentales, podía superar sus límites físicos”. A sus noventa años impresionaba a sus compañeros que continuara manejando: iba y venía a todos lados. Morita nació el 28 de agosto de 1941 en Monterrey. Ingresó a la Compañía de Jesús el 30 de julio de 1958, a los 16 años. Fue ordenado el 1 de mayo de 1971 en Monterrey. Desde 1976 permaneció en la Tarahumara.

“El Chueco”, terror impune Noriel Portillo, El Chueco, es uno de los delincuentes más buscados en Chihuahua. En el gobierno de César Duarte Jáquez fue acusado del desplazamiento forzado de decenas de comunidades indígenas, de amenazas a gobernadores rarámuri, de masacres y de controlar el territorio imponiendo terror. En el gobierno de Javier Corral fue declarado uno de los 10 delincuentes más buscados. Es parte del Cártel de Sinaloa, dentro del grupo Los Salazares, cuyo líder, Crispín Salazar, está prófugo por el asesinato de la periodista Miroslava Breach. Funcionarios del gobierno de Corral reconocieron que en Cerocahui no hubo desarrollo forestal durante cuatro o cinco años por orden de El Chueco: exigió a los pobladores del municipio no talar árboles sin su consentimiento, porque de otra manera, les quemaría sus casas. Ninguna autoridad actuó. Ahora, tras los crímenes contra los jesuitas, los gobiernos federal y estatal iniciaron investigaciones y prometieron una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé información certera sobre El Chueco. Y a petición de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, el Instituto Nacional de Migración emitió el pasado miércoles 22

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una alerta migratoria a nombre de José “N” para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, porque está imputado por varios delitos, incluidos los homicidios de los dos jesuitas y el guía de turismo. Pero unas horas antes del triple homicidio en el templo de Cerocahui, El Chueco desapareció a dos hermanos: Paúl y Armando B. Los hermanos jugaron un partido de beisbol días antes y le ganaron a un equipo patrocinado por El Chueco. El mismo lunes 20 de junio, antes de llevar al guía de turismo al templo, el delincuente fue a la casa de los dos hermanos y le disparó a uno. Luego se llevó a los dos. Hasta ahora no aparecen. En el lugar había una mujer y un menor de edad, quienes lograron escapar sin que El Chueco los dañara. Al huir con los dos hermanos privados de la libertad, Noriel Portillo incendió la vivienda de esa familia.

“Que nada siga igual”, el clamor jesuita Después de los asesinatos del guía y los sacerdotes hay un vasto despliegue militar en Cerocahui. “Es exagerado. ¿Está bien? Sí, porque están buscando al agresor, pero nuestro temor es lo que va a pasar después de que se vayan la Sedena y la Guardia Nacional. ¿Va a volver a estar todo igual hasta que otra vez haya una matanza de sacerdotes? Sabemos que (la vigilancia) va a durar unos pocos días, mientras baja la noticia y adiós. Pero son las comunidades de la Tarahumara, no sólo Cerocahui”, plantea el provincial Luis Gerardo Mora. La noche del jueves 23 los jesuitas de la diócesis se reunieron en Creel con su provincial. “Nos quedó claro qué queremos en la Tarahumara, lo que queremos exigir a los gobiernos federal y estatal; porque no só-

lo encontrando los cuerpos o deteniendo al criminal vamos a detenernos, queremos algo más: queremos exigir detener la violencia en la zona y que volteen las autoridades estatales y federales la vista a la pobreza, a la injusticia que hay en la Tarahumara. Porque si no, va a pasar esto y en un mes o en 15 días va a seguir todo igual. Los grupos van a seguir igual, y el control de muchos pueblos, y el miedo va a ser igual, y la pobreza va a ser igual y la falta de escuelas, la falta de medicinas, todo va a ser igual. Nada más cambian de jefe, lo sabemos”, sentenció. El padre Héctor Martínez opina que el hecho no tuvo que ver con la acción pastoral ni con una cuestión de denuncia o crítica, sino con que El Chueco “ya está loco” y fuera de control “porque lo que hizo fue en total demencia” y en tal estado ha matado a otras muchas personas. Aunque para el vicario de la diócesis los asesinatos no ocurrieron sólo porque “este cuate en ese momento estaba loco, estuvo loco desde el principio con tanta gente que fue matando y con tantas cosas que sabemos nosotros. Lo dejaron, incluso con denuncias de que agarró a personas que iban a hacer una consulta de la reforma constitucional, las amagó y amenazó, era gente del gobierno y no se actuó. Esa historia la conocimos de primera mano. Fueron a hacer una consulta, los amagó y los tuvo ahí, tuvieron que intervenir las autoridades”. El sacerdote diocesano dice que hay por lo menos otra congregación de religiosas que han vivido situaciones de riesgo similares por atender a heridos de bala, ya que los han ido a asesinar cuando reciben atención. “Cualquier ser humano tiene el deber moral, por deber divino y por derecho humanitario, de atender a una persona en malas condiciones. No vas a estar pensando es si es bueno o malo, si es guía de turista o lo andaban persiguiendo porque andaba en malos pasos, porque hasta ese momento no lo sabes. Tienes en ese momento a un ser humano necesitado en el camino, como dice el Papa. Si hubiera sido El Chueco el que hubiera llegado herido, a ese lo hubiera auxiliado”, explica. Comenta que en la población de esta región existe una “sensación de orfandad”. “Me dicen: ‘si a ustedes les hicieron esto, ¿qué van a hacer con nosotros?, eran ancianos y queridísimo por nosotros, hombres de bondad, hombres que no amenazaban a nadie, daban acompañamiento a las comunidades y la atención –como dijo El Gallo en su última homilía– porque para ellos era una alegría acompañar a la gente en su dolor o en su dicha (…) Era una alegría en el sentido de creer que nosotros aportábamos consuelo, esperanza, fortaleza; que la vida no quedaba en el absurdo de la muerte y eso lo hicieron Javier y Joaquín, muchísimo”. O

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Cincuenta sacerdotes católicos han sido asesinados en los últimos tres sexenios, siete de ellos en lo que va del periodo de López Obrador. A ello se agregan los secuestros, torturas, amenazas de muerte y extorsiones que han sufrido religiosos, así como la profanación de templos y el robo de arte sacro. Y es que “el ejercicio sacerdotal resulta incómodo para el crimen organizado y para algunos gobernantes, pues no sólo anunciamos el evangelio, también denunciamos las injusticias y el trasiego de drogas. Somos un estorbo”, sintetiza Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial, que lleva el registro de estos ataques a la Iglesia.

RODRIGO VERA l asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, perpetrado en un remoto templo de la sierra Tarahumara, el pasado 20 de junio, es sólo el caso más reciente de la ya larga cadena de “clericidios” cometidos por el crimen organizado contra sacerdotes de la Iglesia Católica, los cuales comenzaron a incrementarse a partir del sexenio de Felipe Calderón y hoy continúan imparables en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El religioso paulino Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial (CCM), la institución eclesiástica que lleva el minucioso registro de todos estos homicidios, asegura tajante: “Sí, no hay duda. Estamos ante un caso más de clericidio, puesto que los asesi-

CINCUENTA SACERDOTES ASESINADOS EN TRES SEXENIOS

PARA EL CRIMEN ORGANIZADO

“SOMOS UN ESTORBO”

Religiosos católicos. Víctimas de los cárteles 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

José Luis de la Cruz / Procesofoto

nos se fueron directamente contra nuestros dos hermanos jesuitas para exterminarlos. Sabían muy bien que eran sacerdotes. Y para colmo, todavía sacaron sus cuerpos del templo para intentar desaparecerlos, como advirtiendo: ‘Si somos capaces de matar a un sacerdote, podemos matar a cualquiera’… De ese tamaño es la prepotencia y el poder del narcotráfico en México”. –¿No han disminuido los ataques contra el clero en este sexenio? –¡Para nada! la violencia continúa igual, sigue habiendo amenazas de muerte, extorsiones, secuestros, torturas y asesinatos de sacerdotes en distintos puntos del país. Aparte, continúa la profanación de templos y el robo de arte sacro. En estos momentos los medios enfocan sus reflectores en los asesinatos de la Tarahumara, pero en la Iglesia llevamos años padeciendo este tipo de ataques al ayudar a las comunidades afectadas por la violencia. En lo que lleva el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, dice Sotelo, ya van siete sacerdotes asesinados –de 2019 a este 2022– en las diócesis de Matamoros, Celaya, el Nayar, Cuernavaca, Tijuana y ahora en la diócesis chihuahuense de La Tarahumara, donde la Compañía de Jesús viene realizando su labor pastoral desde hace varios años.

Sacerdotes. Labor pastoral y social

“El ejercicio sacerdotal resulta incómodo para el crimen organizado y para algunos gobernantes, pues no solamente anunciamos el evangelio, sino también denunciamos las injusticias y el trasiego de drogas. Somos un estorbo. Esa es la razón por la que

durante este gobierno ya asesinaron a siete sacerdotes, en los que se incluyen nuestros dos compañeros de la Tarahumara”, agrega el entrevistado. –¿Cuántos de estos crímenes ya se han resuelto y sus culpables están en prisión?

450 AÑOS DE “OBRAS” DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN MÉXICO RODRIGO VERA

l trabajo pastoral de la Compañía de Jesús en la región de la Tarahumara empezó en 1611, aunque entonces sólo duró alrededor de tres décadas. Volvió a retomarlo en 1900; desde entonces ha trabajado en esa zona del norte del país. Esa es una de las actividades que en México realiza esta congregación religiosa y que abarca distintos ámbitos: derechos humanos, educativo, migrantes, pueblos originarios, refugiados, laboral, reconstrucción del tejido social, medio ambiente y economía social. Actualmente los jesuitas operan 43 “obras” –como llaman a sus distintas organizaciones con funciones muy específicas–, de las cuales 13 pertenecen al “sector de educación” (universidades y colegios), 16 al sector de “pastoral” y 14 al “sector social”, según información oficial de la congregación a la que pertenece el Papa Francisco. En el sector educativo, por ejemplo,

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los jesuitas llevan décadas gestionando la Universidad Iberoamericana, una red de cinco universidades privadas: las “Ibero” de la Ciudad de México, Puebla, León, Torreón y Tijuana. Éstas además trabajan con “colegios asociados” donde se imparte educación secundaria y preparatoria. Cuentan también con el ITESO-Universidad Jesuita de Guadalajara, la cual tiene presencia sobre todo en el centro del país. Para los sectores populares y grupos indígenas tienen dos centros de estudio de nivel superior: el Tecnológico Universitario de Chalco, ubicado en ese empobrecido municipio mexiquense; y el Instituto Superior Intercultural Ayuuk-Jaltepec, el cual se encuentra en el municipio de Magdalena Jaltepec, en la Mixteca Oaxaqueña, donde llegan a estudiar indígenas de diferentes zonas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. La orden de los jesuitas maneja también distintas fundaciones dedicadas a labores

sociales. Tal es el caso de la Fundación Justicia y Amor, destinada a impartir talleres a jóvenes vulnerables o de escasos recursos que habitan en las periferias de algunas ciudades. Aparte tiene “obras” de defensoría en materia de derechos humanos. La más conocida es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), fundada en 1988 –en honor a su mártir del mismo nombre, fusilado durante la Guerra Cristera– con el objetivo de defender los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad o de pobreza. Por citar sólo un caso representativo, el Prodh ha apoyado a los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Tiene además el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, en Coahuila; el Centro de Derechos Indígenas, ubicado en Bachajón, Chiapas; los Centros Culturales Jesuitas de la Tarahumara; el Centro de Reflexión

D ELI N C U E N C I A O RG AN I Z ADA lar ha insistido en que estos crímenes son realmente “clericidios”, puesto que el sacerdote es un “estabilizador social” que brinda apoyo espiritual, educativo, de salud y de derechos humanos a la población local. Una labor que el crimen organizado tiene bien identificada, de ahí que intencionalmente provoca “miedo y desestabilización social” al matar al sacerdote de la comunidad (Proceso 2132 y 2199). Vuelve a recalcar ahora Sotelo: “No son asesinatos por cuestiones de fe, ni tampoco somos víctimas colaterales. No, nada de eso. Nos están matando por ser clérigos que incomodamos al narcotráfico con nuestras prédicas. Estamos ante un clericidio, no puede llamarse de otra manera”. Y por lo común –prosigue–, primero se amenaza de muerte al sacerdote, luego se le secuestra y tortura, para finalmente asesinarlo. Incluso en ocasiones después se le difama, al acusarlo de libertino, de haber estado involucrado en actividades ilícitas, en actos de pederastia o en venganzas pasionales que ocasionaros su muerte. De ahí que, durante 13 años consecutivos –asegura enfático–, México es el país más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal en toda América Latina. “Y mire que no somos un país en guerra o donde se persiga al cristianismo, como ocurre en

y Acción Laboral, enfocado a defender los derechos de los trabajadores. Los jesuitas trabajan igualmente con migrantes de otros países que llegan a territorio mexicano en busca de mejores condiciones de vida, para quienes han abierto dos importantes “obras”: el Servicio Jesuita a Migrantes y el Servicio Jesuita a Refugiados. Lo mismo han instalado estaciones de radio comunitarias en algunas zonas rurales, como Radio Huayacocotla, en Veracruz, y Radio Bachajón, en Chiapas. Además, “radios universitarias” en algunas de sus universidades. A raíz del avance del narcotráfico crearon recientemente la “obra” denominada Jesuitas por la Paz, con el fin de reconstruir el tejido social de comunidades afectadas por la violencia y, por lo tanto, encaminada a la pacificación. En 1572, hace 450 años, la Compañía de Jesús llegó al entonces territorio novohispano. Ahora, encabezados por su provincial en México, Luis Gerardo Moro Madrid, hay alrededor de 300 jesuitas en el país, según los datos proporcionados por su oficina de Comunicación Social. Y quien lidera a los 14 mil 439 miembros de la Compañía que hay a nivel mundial es el actual “padre general”, el venezolano Arturo Sosa Abascal, radicado en Roma, desde donde dirige a toda esta congregación fun-

dada en 1540 por el militar español Ignacio de Loyola. A la Compañía también pertenece el Papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, quien asumió el trono pontificio en marzo de 2013. Ante el asesinato de los sacerdotes jesui-

Irak, Pakistán o algunos países africanos. Más bien somos un país católico”, dice.

“Clericidios” En el estudio Situación de la Iglesia Católica ante la violencia en México; reporte anual 2021, elaborado por la Unidad de Investigaciones Especiales del CCM, a cargo de Guillermo Gazanini, se hace el recuento pormenorizado de los asesinatos, amenazas, secuestros y extorsiones que ha sufrido el clero en el actual sexenio. De manera cronológica, el estudio comienza por mencionar el asesinato del sacerdote José Martín Guzmán Vega, ocurrido el 23 de agosto de 2019, en la parroquia Cristo Rey de la Paz, ejido Santa Adelaida, perteneciente a la diócesis de Matamoros, Tamaulipas. Fue herido varias veces con arma blanca en el interior de su templo, murió al ser atendido en un hospital de la localidad. Apenas una semana antes de su muerte, Guzmán Vega puso a circular en redes sociales un video en el que criticaba duramente al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por no resolver el problema de la inseguridad en el estado. Y el 28 de marzo de 2021 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Gumersin-

tas Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80, el pasado lunes en la sierra Tarahumara, el Papa exclamó: “¡Cuántos asesinatos hay en México!”. Y añadió: “La violencia nunca resuelve los problemas, sólo aumenta el sufrimiento inútil”. O AP photo / Andrew Medichini

–¡Ninguno! Obviamente que los crímenes de los dos jesuitas, por ser muy recientes, apenas comienzan a investigarse. Pero de los anteriores cinco sacerdotes asesinados en este sexenio ningún caso se ha resuelto. No sabemos de ningún detenido ni de avance en ninguna de las carpetas de investigación. Hasta el momento, todos estos homicidios han quedado en la más completa impunidad. “Y si esto ocurre con los casos del gobierno actual, ya se imaginará cómo están las investigaciones sobre los sacerdotes asesinados en los sexenios anteriores, que llevan más años de haber ocurrido. Sus casos están empolvados en los archivos. Los asesinos siguen libres, como hasta el momento continúa libre El Chueco, señalado como el presunto asesino de los jesuitas y quien ya tenía cuentas pendientes con la justicia desde 2018. Resulta increíble tanta impunidad. “Pero el caso más extremo es el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido hace 29 años en Guadalajara. Ese crimen no se ha esclarecido. No se encontró a ningún culpable. ¡Imagínese! si no se ha resuelto el asesinato de un cardenal, mucho menos los crímenes contra sacerdotes ocurridos en este y otros sexenios”. En entrevistas anteriores, Sotelo Agui-

Francisco. “¡Cuántos asesinatos hay en México!”

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D E L IN C U EN C I A O R G A NI Z A DA do Cortés González, sacerdote de la parroquia Cristo Rey, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Tenía múltiples disparos de arma de fuego en la cabeza y el tórax. Fue “una ejecución”. Su cadáver se dejó en un camino de terracería, en la comunidad Cerrito de Guadalupe. Pertenecía a la diócesis de Celaya. El 12 de junio de ese mismo año, el religioso franciscano Juan Antonio Orozco Alvarado cayó víctima de un fuego cruzado entre sicarios del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Se dirigía a celebrar una misa en la comunidad tepehuana de Pajaritos, Durango, cuando las balas lo alcanzaron. Orozco estaba adscrito a la prelatura de El Nayar, en Nayarit. Dos meses después, el 30 de agosto de 2021, fue asesinado José Guadalupe Popoca Soto, párroco del templo de San Nicolás de Bari, del municipio de Zacatepec, Morelos. Se encontraba en la casa parroquial cuando le dispararon. Su muerte –determinó el peritaje– fue por “lesión penetrante a causa de un disparo de arma de fuego a la altura de la extremidad cefálica”. Por llegar hasta diciembre de 2021, el estudio no alcanzó a incluir el caso de José Guadalupe Rivas Saldaña, quien en mayo de 2022 fue secuestrado, torturado y asesinado. Su cadáver se encontró en un paraje del municipio de Tecate, Baja California, y pudo identificarse gracias a que el religioso llevaba sus documentos de identidad. Rivas era el presidente de la Casa del Migrante de Tecate, y además párroco del templo de San Judas Tadeo, de la diócesis de Tijuana. El estudio tampoco incluye el asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, ocurrido la tarde del pasado lunes 20 en el templo de Cerocahui, una pequeña comunidad tarahumara en el municipio chihuahuense de Urique. Se presume que fueron ultimados por José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, quien seguía prófugo al cierre de esta edición.

Derechos de piso… en parroquias En Situación de la Iglesia católica ante la violencia en México también se detallan casos de sacerdotes que, durante el gobierno de López Obrador, han sobrevivido a las torturas y a los ataques con armas de fuego. Tal es el caso del padre Eulogio Espinoza Nájera, de Hermosillo, quien el 22 de diciembre de 2018 fue herido con un arma de fuego y logró salir con vida; en abril de 2019 el sacerdote Ambrosio Arellano fue torturado y logró sobrevivir, a sus 78 años de edad; en diciembre de ese mismo año el jesuita Raúl Cervera fue atacado a balazos en una emboscada que le tendieron en Huayacocotla, en la sierra norte de Veracruz; pudo escapar y pedir ayu-

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da a las autoridades; en enero de 2020 el padre Roly Candelario Piña Camacho fue secuestrado y herido con arma de fuego, se le dejó tirado a un costado de la carretera México-Puebla, a la altura del municipio poblano de Santa Rita Tlahuapan… y así se mencionan otros casos de curas sobrevivientes. Las extorsiones del crimen organizado contra sacerdotes están aumentando en este sexenio, al grado de que ya se les comienza a cobrar “derechos de piso” para poder usar sus parroquias, o bien, para recibir protección contra bandas rivales, señala la investigación del CCM. Indica que, por lo pronto, la arquidiócesis de Toluca ya está tratando de identificar a los grupos que en su circunscripción eclesiástica “exigen pagos o derechos de piso a cambio de protección de las agresiones de grupos rivales”. Mientras que el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el obispo Ramón Castro Castro, en diciembre de 2021 alertó públicamente sobre “estos casos de extorsión con diferentes modus operandi dirigidos hacia nuestros sacerdotes, religiosas y feligreses” en distintas diócesis. Sin embargo, la investigación lamenta el hecho de que la CEM aún no lleva “un registro preciso” de estas extorsiones, ni tampoco tiene el “censo de parroquias que hayan denunciado el pago del derecho de piso o el pago de servicios de protección de grupos contra bandas rivales”, ni siquiera sabe “cuáles son las diócesis con la mayor prevalencia de estos delitos”. Hace también un recuento del “agravio a templos”: como la “ola de robos y profanaciones” en varias parroquias de Morelos; la “profanación a la catedral de Hermosillo”, en agosto del año pasado; los “destrozos” de la Parroquia de María, en Ciudad Juárez; o el “robo” de “especies eucarísticas” y arte sacro que se está dando en templos de varias ciudades. Concluye el estudio con un dato revelador: “Más de 80% de los casos de asesinatos, extorsiones, ataques y robos contra templos católicos no han sido resueltos”. De esta manera, dice en la entrevista Omar Sotelo, el asesinato de los jesuitas es sólo la punta del iceberg del grave problema de violencia que padece el clero católico en México. “Los clericidios se vienen dando en México desde hace años. Pero se recrudecieron muchísimo a partir del sexenio de Felipe Calderón, cuando su gobierno le declaró la guerra al narcotráfico”, comenta. Apoya con cifras su dicho: durante el sexenio de Ernesto Zedillo fueron ultimados tres sacerdotes, con Vicente Fox fueron cuatro, con Calderón la cifra se disparó a 17 homicidios y ya con Enrique Peña Nieto hubo 26 asesinatos, por lo que se considera el periodo más desastroso y trá-

gico para el clero mexicano, después de la Guerra Cristera. Durante la administración de Peña Nieto fueron incluso amenazados de muerte 14 obispos, entre ellos Ramón Castro, de Cuernavaca; Maximino Martínez, de Ciudad Altamirano y Miguel Patiño, de Apatzingán. Los prelados más expuestos eran los de Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, con el agravante de que los obispos optan por rechazar los servicios de guardaespaldas porque les impiden el contacto directo con la población (Proceso 2132). Recuerda Sotelo: “En ese sexenio, la sede del episcopado, ubicada en la calzada Misterios, sufrió incluso un atentado; se le lanzó una bomba. Mientras que en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la más importante del país, fue apuñalado en plena celebración litúrgica el sacerdote José Miguel Machorro, quien murió días después. Nunca antes se había dado un hecho semejante en esa catedral”. –Los siete asesinatos del actual sexenio son muy pocos en comparación con los 26 del gobierno de Peña Nieto ¿Esto demuestra que la violencia bajó? –¡No! De ninguna manera, pues han aumentado las extorsiones. Y además este gobierno aún no termina. Tampoco olvidemos que, de acuerdo con nuestras estadísticas, pudo haber al menos siete asesinatos más de los sacerdotes que de milagro lograron sobrevivir. Se percibe una calma, pero es artificial. Hay mucha violencia soterrada que de pronto puede estallar. El más claro ejemplo es el brutal asesinato de los jesuitas. –¿No ha dado entonces resultados la actual estrategia contra el crimen organizado? –El gobierno de López Obrador se quedó muy corto en sus estrategias de seguridad. No han resultado eficaces. El Ejército ha sido burlado y humillado por los cárteles de la droga, los cuales, aparte de sus recursos materiales ilimitados, también tienen recursos humanos ilimitados gracias al reclutamiento de jóvenes, hombres y mujeres que no tienen oportunidades de trabajo en sus comunidades. El crimen organizado conoce muy bien estas carencias y las aprovecha al máximo. Antes que nada, se necesita que la población tenga comida, empleo y oportunidades de desarrollo. “La militarización implementada por López Obrador no resolverá el problema de fondo, más bien a larga nos va a costar muchísimo. Es muy peligroso darle tanto poder económico y político a una institución armada porque puede velar sólo por sus intereses, abandonando su función de servicio. Lo hemos visto en otros países. En fin, estas estrategias de seguridad son puras medidas epidérmicas… ¡no servirán de nada!”

CONTRA EL CRIMEN,

UN DISCURSO CON ESTRATEGIA (ELECTORAL) A poco más de dos años de que concluya la presidencia de López Obrador no se han publicado los Planes Estratégicos de Seguridad y Justicia, los cuales deben explicar cómo se combatirá al crimen organizado, cuál es el papel de la Guardia Nacional y cuáles son los delitos prioritarios. En cambio, lo que priva en el plan federal es el uso de programas sociales para resolver el problema de la delincuencia. Sin embargo, a decir de Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, “la lógica con la que se desarrollaron estos programas y planes es electoral y no de prevención del delito”. PATRICIA DÁVILA n mayo de 2019 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y dos meses después el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Pero a poco más de dos años de que concluya su mandato no han publicado los Planes Estratégicos de Seguridad y Justicia, los cuales deberían explicar –en acciones puntuales y concretas– lo que pretende hacer para apaciguar los problemas que vive el país en esta materia. La estrategia no existe. De acuerdo con el PND en materia de gobierno y política, la 4T se planteó reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de la paz, recuperación y dignificación de las cárceles, articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, establecer la Guardia Nacional y repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas Armadas. Esos objetivos se lograrían mediante la articulación de una política social para “construir un país con bienestar y desarrollo sostenible vía programas asistenciales”, como Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienes-

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tar de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Sembrando Vida, entre otros. Con la convicción de que la violencia engendra más violencia, y tomando en cuenta el reclamo ciudadano por la inseguridad, el gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una presunta “política de paz y seguridad” integral para atacar las raíces del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y, en consecuencia, reducir los índices delictivos. Entre otros aspectos planteó reformular el combate a las drogas. La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación. El mandatario dijo que lo haría de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU. También pretende emprender la construcción de la paz vía la adopción de modelos de justicia transicional, la cultura de

paz y la recuperación de la confianza en la autoridad. Y, ante la imposibilidad de derrotar diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares, y frente al “absurdo” de querer pacificar con métodos violentos, el PND considera imperativa la adopción de modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas y que, al mismo tiempo, hagan posible el desarme y la entrega de los infractores, a quienes se les respetará sus derechos legales y se les propondrá un cambio de vida. Como “objetivos estratégicos” se propuso: coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional del gobierno, por medio del Consejo de Seguridad Nacional; establecer un Sistema Nacional de Inteligencia, actualizar el catálogo y clasificación de las instalaciones estratégicas; fortalecer y mantener la seguridad interior del país y garantizar la defensa exterior de México. El gobierno de la 4T se fijó promover el concepto de cultura de seguridad nacional para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema, mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de seguridad pública, seguridad interior, generación de

López Obrador. Los reclamos a la 4T

inteligencia estratégica y procuración de justicia; así como construir las bases para crear un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado. Otro propósito fue repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas para incrementar la confianza de la población civil hacia los elementos castrenses; además de crear la Guardia Nacional. Se puso como objetivos sexenales para ese cuerpo crecer hasta 140 mil elementos y la cobertura de 266 regiones distribuidas en las 32 entidades federativas. La prioridad serían las zonas más violentas y conflictivas. “Lo que el presidente proponía era crear una Guardia Nacional como una institución de élite, que se diferenciaba de la Policía Federal porque era incorruptible y más eficaz. La verdad es que, a la fecha, ha tenido peor desempeño que el que tenía la extinta Policía Federal. “Los controles internos son mucho más laxos. Entonces, a casi cuatro años de gobierno, el objetivo de la Guardia Nacional no se ha cumplido. Lo que sí vemos es que esta narrativa del presidente, de tolerar a la delincuencia organizada, ha permeado en autoridades que al final no acaban de hacer su trabajo”, afirma Fran-

cisco Rivas, director de la organización Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Con lógica electoral A casi cuatro años de iniciada la presidencia de López Obrador, sigue sin existir una política nacional de seguridad. Hay

una narrativa muy efectiva que ha tenido como eje que la violencia no se combate con violencia. También hay una continuidad de acciones que se emprendieron en otros gobiernos, como la militarización y la presencia de fuerzas federales para responder a la violencia generada por los cárteles de la droga, “pero más allá de eso una política como tal no hay”. –De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024, mediante las becas y los programas sociales de distribución de dinero se iba a confrontar el problema de la delincuencia, ¿ha funcionado? –La lógica con la que se desarrollaron esos programas y planes es electoral y no de prevención del delito. Primero, si vemos la distribución de los recursos, éstos no están llegando a los más pobres. De hecho, la población más pobre del país y la que gana menos de 6 mil pesos mensuales como familia, recibe menos dinero en comparación con las administraciones de los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. “Además, los apoyos para el campo han disminuido. O sea, todo se giró hacia ciertos programas, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que tienen características de estar distribuidos principalmente en distritos relevantes electoralmente y no con una lógica de prevención ni con un diagnóstico situacional de riesgo, por ello no son programas que tienen como fin prevenir el delito.” El ONC realizó un estudio sobre el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada y uno de los aspectos que en él sobresalen es que, más que la pobreza, lo que genera condiciones para que un joven empiece a participar en el delito es su cercanía con el crimen, es decir, si en una familia hay una Miguel Dimayuga

Octavio Gómez

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Rodríguez. Inexperiencia

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otro con la Guardia Nacional, otro con procuración de justicia, con sistema penitenciario, o sea, con las partes relevantes de la seguridad. Pero no hay nada”. –Hoy nos están dando a conocer que El Chueco, líder regional del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, tiene antecedentes penales desde 2018. En algunos textos de Proceso lo citamos desde 2020. Aun así esta persona siguió delinquiendo, ¿cómo lo explica? –Si no tengo un objetivo claro en seguridad, como decíamos, lo que encontramos es una deficiencia precisamente para cumplir. Necesitamos que haya estrategia, que exista voluntad política, que haya recursos para atender las problemáticas. Que se saque a la política de las decisiones cotidianas. “Por ejemplo, en Michoacán y en Zacatecas vimos que el gobierno federal retiró su apoyo a las autoridades estatales, previo a las elecciones, para poder ganar. Esta es muy mala noticia, porque nos habla de un grave problema de seriedad.” Francisco Rivas señala que, por otro lado, Zacatecas, Michoacán, Colima, Baja California y Nayarit, estados gobernados por Morena, viven una crisis de seguridad absoluta, son los estados más violentos del país. El caso de Chihuahua también es un buen ejemplo porque también se encuentra dentro de las seis entidades más violentas del país, y ahí uno de los aspectos que hay que remarcar es que los estados solos no pueden, requieren de la colaboración. Aunque definitivamente –explica el entrevistado– la seguridad se construye de abajo para arriba y, por ende, es importante que los estados tengan sus estrategias complementarias con las del gobierno federal. “El problema es que, si no hay una cosa (estrategia federal), tampoco hay la otra (estrategia estatal), la verdad es que no hay forma de resolver.” A ello se suma que el gobierno federal cada año disminuye los recursos destinados a combatir la inseguridad, dice Rivas. Rivas. Panorama adverso

Octavio Gómez

persona que se dedique a delinquir, hay mucho mayor probabilidad de que los jóvenes sigan ese camino. Una familia con violencia familiar es más propensa a que uno de sus jóvenes se involucre en actividades criminales, y lo mismo sucede si un joven no estudia. No ocurre así en temas relacionados con la falta de recursos económicos. Por lo tanto, la pobreza económica no es el principal elemento. Eso demuestra que la transmisión y repartición de recursos es insuficiente para mejorar las condiciones de seguridad del país y para inhibir que los jóvenes participen en la delincuencia, afirma Rivas, quien proporciona dos análisis sobre el PND y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que realizó el observatorio. “Otro grave problema es que el presidente siempre tiene otros datos. Se niega a ver la realidad y así es imposible sostener un diálogo: el presidente no se da cuenta de que el homicidio no está bajando, y no hablemos de los otros delitos, como extorsión, trata o narcomenudeo, que se encuentran en máximos históricos.” –¿Manipular la información es intencional o es ignorancia? –Me parece difícil que sea simplemente ignorancia, yo creo que sí tiene que ver con una voluntad de engañar, de mentirnos en tratar de hacer parecer que las cosas son mejores de lo que en realidad son. Aunque en parte también es ignorancia, pues hemos tenido al frente de nuestra Secretaría de Seguridad a dos personas absolutamente ignorantes en materia de seguridad, como son Alfonso Durazno y luego Rosa Icela Rodríguez, que no saben nada de seguridad pero tomaron decisiones. Y otras veces no las toman porque quien lo hace es la Secretaría de la Defensa Nacional con la lógica militarista y no civil. Esta es la otra falla, dejar en manos de militares la seguridad pública. –Decía que el Plan Nacional de Desarrollo marca la estrategia nacional de seguridad. Sin embargo, faltan los planes estratégicos… ¿Por qué no han sido publicados? –No hay una explicación. No sé si es porque no entienden cómo se hacen o porque no sabían que había que hacerlo; porque son ignorantes o porque no les interesa rendir cuentas a la sociedad, o porque no les interesa cumplir con lo que establece la ley; pero sea cual sea el escenario, es un escenario negativo. Precisa: “No han aterrizado los planes sectoriales en seguridad que deben explicar cuál es el papel de la Guardia Nacional, cuáles son los delitos prioritarios, cómo se van a llevar a cabo ciertas acciones, cuáles son los indicadores de desempeño de resultados. Uno tiene que ver con la policía,

“Se han mantenido a la baja. Aunque en el agregado parece que aumentaron, en 2019-2020 se destinó 0.87% del producto interno bruto, el año siguiente y en los años sucesivos hemos llegado a casi 1% de lo programado ¿Cuál es el problema? qué más de 50% de lo que está programado para la seguridad en realidad se va a otro tema, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, a Dos Bocas. “Entonces está etiquetado bajo el rubro de seguridad, pero en realidad se va a otros programas y lo que le queda a seguridad es menos de 0.5% del producto interno bruto, menos de lo que tenía en la época de Vicente Fox. “Cuando hay un cambio de gobierno, hay una tendencia a que los delitos aumenten porque en México estamos acostumbrados a llegar y tirar a la basura los programas y empezar de cero. Luego, entre que despedimos a unos, vamos a conocer y que empieza a suceder, los delincuentes aprovechan para ejecutar la violencia, hacerse de territorio, hacerse de mercados”. El entrevistado considera que el problema es que en este caso en particular las entidades gobernadas por Morena trascienden el problema, “hemos escuchado al gobernador de Michoacán decir que los cuerpos los sembraba Calderón, o al de Zacatecas decir que la única solución es que se encomienden a Dios. Son declaraciones que exhiben la incapacidad de los gobernadores y su politiquería, porque en realidad no están dispuestos a rendirle cuentas a la sociedad”. –Y en esas entidades hemos visto a elementos del Ejército que son sometidos por personas del crimen organizado, incluso videos donde los soldados huyen al ser perseguidos a balazos… –He platicado con gente de la Guardia Nacional que dice desconocer qué hacer sí detienen al delincuente porque al final va a pasar lo que en muchas ocasiones: liberan al delincuente. Entonces, qué nos podemos esperar de un gobierno que libera a un delincuente, como en el caso Ovidio. Sobre lo que viene en materia de seguridad pública para México, Rivas advierte un panorama adverso porque los delitos por sí mismos no bajan y la delincuencia cada vez es más poderosa. “No hay un combate a la corrupción, no hay decomiso significativo de droga, armas, propiedades, ni de efectivo. “No existen detenciones ni combate al lavado de dinero, tampoco a las estructuras paramilitares. Es falso que se están atendiendo las causas que genera la violencia; entonces la única consecuencia es que esto siga empeorando. Si no hay decomisos, entonces los delincuentes acaban volviéndose cada vez más ricos y poderosos”. O

V I O LE NC IA

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Guardia Nacional. Operación pasiva

REVELAN DESDE LA GUARDIA NACIONAL

“UN ACUERDO” DETRÁS DE LOS ABRAZOS

Un alto mando de la Guardia Nacional habla con Proceso sobre la existencia de un presunto “acuerdo” entre jefes militares con el Cártel de Sinaloa. “Hay tanta violencia porque la Secretaría de la Defensa la está permitiendo (…) Los jefes militares nos dieron la orden de no salir en persecución de los narcos”, dice en entrevista con este semanario.

J. JESÚS ESQUIVEL

W 18

ASHINGTON.- La ola imparable de asesinatos, ejecuciones y desapariciones es permitida por las autoridades federales porque “hay un acuerdo” entre la Secretaría de la De-

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fensa Nacional (Sedena) y “la maña”, denuncia un elemento de alto rango de la Guardia Nacional. Impotente ante los hechos violentos causados por la guerra entre los cárteles del narcotráfico en México, el entrevistado habla con Proceso sobre la crisis de seguridad pública que azota al país, pero lo

hace bajo la condición de anonimato, por temor a represalias de parte de los mandos militares. “Hay tanta violencia porque la Secretaría de la Defensa la está permitiendo. Eso lo sabemos dentro de la Guardia Nacional y es algo muy conocido entre narcos y (otros) criminales. Esto no viene de

V I O LE NC IA del CJNG y de michoacanos que han sido capturados en operativos militares. “Esos integrantes (detenidos) de ‘la maña’ han declarado que sus jefes los mandan a calentar las plazas (con ejecuciones y secuestros) porque están encabronados por el hecho de que la Sedena tiene un acuerdo con Sinaloa, que es asunto secreto en boca de todos.” La táctica del Cártel de Sinaloa, de recoger a sus muertos y a otros por mandato de jefes militares del país, explica por otro lado por qué en toda la República hay tantas personas desaparecidas. Ante la gran demanda de todo tipo de drogas en Estados Unidos, especialmente de las sintéticas elaboradas con fentanilo, los cárteles mantienen una guerra mortal por el control de las plazas y rutas para el trasiego hacia el norte.

Órdenes de omisión Desde hace unos seis años el CJNG empezó a arrebatarle el control de territorios en varios estados del país al Cártel de Sinaloa y a sus socios. Esa situación empoderó y convirtió a los de Jalisco en una de las organizaciones más violentas de México; el cártel es encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien había pactado alguna tregua con El Mayo Zambada. La paz temporal con el capo de capos de Sinaloa se borró al momento en que los hijos del Chapo Guzmán perdieron rutas y plazas ante El Mencho en estados como

Sonora, Estado de México, Chihuahua y Quintana Roo. El Mencho metió a los grupos criminales de Michoacán a la guerra con el grupo de Sinaloa y, por consecuencia, se dispararon las cifras de homicidios, ejecuciones, desapariciones y secuestros. De acuerdo con lo expuesto por el mando de la Guardia Nacional entrevistado, ante el avance del CJNG el Cártel de Sinaloa acudió a mandos militares para revivir compromisos que tuvo en otros sexenios, como en los de Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. “Otro detalle: a nosotros en la Guardia Nacional nos tienen prácticamente haciendo el ridículo ante ‘la maña’. Los jefes militares nos dieron la orden de no salir en persecución de los narcos, no caer en confrontación, no detener vehículos, no realizar capturas a menos que sean obligadas y no dar seguimiento a información o informes de inteligencia”, dice el elemento de la institución creada por López Obrador. La Guardia Nacional tiene la orden explicita de realizar “patrullajes” por las calles de poblaciones y ciudades del país. Razón por la que la violencia ni los enfrentamientos disminuyen en estados como Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato, entre otros.

Sin colaboración con EU El funcionario de la Guardia Nacional cuenta a este semanario que, además,

Juan Carlos Cruz

Palacio Nacional –aclara–, emana de los militares”, dice la fuente consultada. En mayo último se registraron 2 mil 833 homicidios en México, de acuerdo con las estadísticas que dio a conocer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, el 20 de mayo pasado en Palacio Nacional. Esas cifras ubican mayo como el mes más violento en lo que va de 2022. No obstante, la encargada de la seguridad nacional en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que “el homicidio doloso aumentó entre el pasado abril y mayo, (aunque) este mayo es el más bajo desde hace cinco años. Se mantiene la tendencia a la baja, con una disminución de 7.8% en comparación con el máximo de 2018”. En el primer año de la presidencia de López Obrador se registraron 34 mil 690 homicidios; después fueron 34 mil 554 en 2020 y 33 mil 308 en 2021. Este 2022, indican las cifras oficiales, se enfila para ser al más sangriento en comparación con los 36 meses anteriores bajo la estrategia y política de “abrazos, no balazos”. El alto funcionario de la Guardia Nacional entrevistado por este semanario rechaza los números oficiales de homicidios que dio a conocer la secretaria Rodríguez, y advierte: “Son por lo menos el doble (de asesinatos) de lo que dice la SSPC”. Se le pregunta dónde están los otros muertos, y raudo, responde: “En eso consiste el acuerdo con la Sedena. El Cártel de Sinaloa levanta los cuerpos de personas que elimina en enfrentamientos, pero, sobre todo, a sus muertos, a sus elementos que caen abatidos. “De eso se trata el entendimiento que hizo este grupo criminal con jefes militares del país. Lo sabemos nosotros en la Guardia Nacional y lo saben los contrarios de Los Chapitos, de la gente del Mayo Zambada y de la fracción de los Esparragoza.” La explicación del mando de la Guardia Nacional sobre el acuerdo también se materializa o entiende por otro elemento: la guerra con Sinaloa que sostienen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos de narcos de Michoacán. “Le están calentando las plazas a los hijos del Chapo Guzmán y a todo el Cártel de Sinaloa que comanda El Mayo Zambada. Los de Michoacán y el CJNG son los que están haciendo matazones y dejan tirados a los muertos”, expone el mando de la Guardia Nacional. Sin conocer cuándo, cómo o con quiénes la Sedena hizo un trato con el Cártel de Sinaloa, el alto funcionario también revela que en el Ejército han recogido declaraciones sobre el asunto, hechas por miembros

Ejecuciones en México. Crisis sin fin

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Guerra entre cárteles. Espiral de violencia

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GLORIA LETICIA DÍAZ l monitoreo permanente sobre inseguridad, violencia y violaciones a los derechos humanos en México ha llevado a decenas de organizaciones de la sociedad civil a asegurar que ha fallado la política de “abrazos y no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador. A más de tres años del gobierno de la 4T, el balance de la sociedad civil en materia de seguridad pública es compartido a Proceso por los defensores Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), y Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Además del escenario de más de 100 mil desapariciones y 121 mil 600 homicidios en México registrados hasta mayo último, la ejecución de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara, el lunes 20, volvió a colocar bajo la lupa la política de seguridad pública del gobierno federal, que implica el despliegue nacional de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, sin que hasta el momento se haya alcanzado una reducción considerable de la violencia generada por los cárteles. Frente a las cifras, incluso reconocidas por el propio gobierno federal, el presidente López Obrador ha insistido en responsabilizar al expresidente Felipe Calderón de la tragedia nacional, al iniciar una “guerra contra el narcotráfico para legitimar su ascenso al poder”, echando mano para ello de la militarización de la seguridad pública, que ahora se ha acentuado con la 4T. Con un récord de 121 mil 642 homicidios dolosos en los primeros tres años y

Eduardo Miranda

ya no hay trabajo de inteligencia ni cooperación con las agencias federales de Estados Unidos que operan en México. “Nada de nada… Los gringos están desesperados (porque) les está entrando muchísima droga, y las órdenes que tenemos nosotros en la Guardia Nacional es mantenemos al margen si nos buscan los agentes del otro lado”, destaca la fuente. Este reportero tuvo acceso a un resumen por escrito de una conversación que un diplomático estadunidense tuvo hace unas semanas con autoridades civiles y religiosas de Zacatecas. El funcionario acreditado por el Departamento de Estado viajó a esa entidad para entender qué ocurre ahí ante la cerrazón y falta de comunicación con las autoridades a cargo de la seguridad del país en el gobierno de López Obrador. “El diplomático estadunidense se quejó de que, cualquier interrogante de su gobierno al de López Obrador con respecto de la inseguridad y violencia, sobre todo en el norte de México, es tomada como una injerencia. “Insistió en que de lo único que el gobierno de México está dispuesto a hacer con Estados Unidos es trabajar temas de cooperación económica y salud, pero en la lucha contra el narcotráfico todo está congelado para ellos”, revela una parte del resumen. La otra parte, la de respuestas de las autoridades locales y religiosas al diplomático de Estados Unidos, dice: “Se le informó que, contrario a lo que dice el gobierno federal, en Zacatecas no hay control de la situación de seguridad por parte de la Guardia Nacional. “El representante de la Iglesia católica, invitado por el diplomático de Estados Unidos a la reunión, le comentó que a él han acudido jefes de bandas del narcotráfico para exigirle que se mantenga fuera del problema, que no alborote a la ciudadanía en sus sermones. “Otros narcotraficantes también han pedido ayuda el jefe religioso para ocultarse en alguna iglesia, e incluso intentaron darle dinero a cambio de información sobre el operar de sus enemigos que están metidos en Zacatecas. “El diplomático de Estados Unidos pidió que le diéramos los nombres o apodos de los criminales que controlan las plazas y pueblos de Zacatecas y se le entregaron algunos, no todos, por seguridad”, concluye la reseña compartida con Proceso. O

Caso Ovidio. Punto de inflexión

medio de gobierno, cifra superior a los 120 mil 463 ocurridos durante toda la gestión del gobierno de Calderón, el jueves 23 López Obrador reconoció el reporte, pero rechazó cambiar su estrategia y achacó la violencia imparable al “fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón”.

V I O LE NC IA

Y ONG ADVIERTEN “UN PACTO DE

COEXISTENCIA PARA GOBERNAR”

La política de seguridad pública del presidente López Obrador tiene un balance negativo, consideran organizaciones de la sociedad civil a poco más de tres años del gobierno de la 4T. Las ONG sobre derechos humanos lamentan los impactos “de la simulada” transformación que está significando “un fortalecimiento de los grupos criminales”. En particular, Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red TDT, advierte que la estrategia presidencial hace suponer que el mandatario está menos interesado en la seguridad y más en “que le dejen concluir su periodo, que le aseguren la continuidad de su partido en el poder”.

Ante los señalamientos de que en su sexenio hay más asesinatos que en el pasado, el presidente dijo en su descargo que, a su arribo al gobierno, “recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así el país, él lo llevó arriba, y todavía en el gobierno pasado (el de Peña Nieto) le subieron más”. En la víspera de esas declaraciones, 84 organizaciones de 23 estados de la República que conforman la Red TDT, que han acompañado desde hace décadas a comunidades y pueblos en sus luchas, expresa-

ron al político tabasqueño que “los efectos de la simulada transformación han profundizado la violencia estructural e institucional, rompiendo los límites que el crimen tiene pactados con autoridades de los tres niveles de gobierno para coexistir en el territorio nacional”. De acuerdo con Víctor Hugo López, por la reflexión permanente y monitoreo que las ONG realizan, es posible inferir que “el presidente continúa siendo omiso ante tantos crímenes, lo que hace suponer que él está interesado en que le dejen concluir

su periodo de gobierno, que le aseguren la continuidad de su partido en el poder, con tal de que la delincuencia continúe operando”. Consciente de que habrá quien le exija pruebas de sus dichos, y advirtiendo que las organizaciones no son “detractoras ni están contra la Cuarta Transformación”, el secretario ejecutivo de la Red TDT asegura que las organizaciones observan a diario en las comunidades “la existencia de un pacto de coexistencia para gobernar. Hay, sin duda alguna, una permisibilidad del Estado en el

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Octavio Gómez

sentido de dejar el control de los territorios a la delincuencia organizada”. Exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, alerta que la situación es tan grave que “estamos justo al borde de una guerra civil; vemos el tema de las guardias armadas, autodefensas, acciones de la sociedad… porque la violencia está fuera del control de las instituciones, el control y el gobierno los tiene la delincuencia organizada, lo comenta la gente”. La realidad es más grave aún, cuando “tenemos en México un territorio ocupado por la Guardia Nacional, mientras la delincuencia organizada es la que mantiene el control y la gobernabilidad territorial del país”. El defensor insiste: “Lo que vemos es que hay un poder desmedido de la delincuencia organizada que, si bien es cierto se creó en otro periodo de gobierno, actualmente se mantiene y se fortalece con la inacción y la impunidad del gobierno en turno”. Al lamentar que López Obrador continúa negando la responsabilidad del Estado para garantizar la vida de sus ciudadanos, López Rodríguez dice que el presidente debería responder a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Respecto del anuncio de que en los próximos días presentará la iniciativa para traspasar la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el secretario ejecutivo de la Red TDT lamentó que el interés presidencial esté focalizado en su proyecto político. “Esta idea de no perseguir, de no enfrentar y no confrontar a la delincuencia organizada manda un mensaje: ‘Pueden

Aguirre. Crítica a la militarización de la 4T

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existir (los cárteles) siempre y cuando me dejen gobernar’. “La lectura es que el presidente está más preocupado en que le dejen concluir su periodo de gobierno, en terminar ese sueño que estuvo persiguiendo; la evidencia es que los delincuentes no saldrían a las calles a demostrar su poder de fuego sin la existencia de un pacto con las autoridades de los tres niveles, ciertamente no es López Obrador quien está directamente enviando a los encapuchados y armados a las calles, pero él sabe que la estructura y las instituciones bajo su responsabilidad están permitiendo que esos crímenes continúen realizándose”, agrega Víctor Hugo López.

“Política fallida” Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, organización de ascendencia jesuita, considera que es insatisfactoria la política de seguridad pública del gobierno federal. “No se está actuando a la altura de la expectativa que se despertó”. También lamenta que el presidente López Obrador considere como motivo de celebración “que estamos estancados en niveles altísimos de violencia y de homicidios; hemos tenidos años con más de 35 mil homicidios y un índice de asesinatos por cada 100 mil habitantes de 25 casos”. El director del Centro Prodh recuerda que, contrario a la expectativa y a la promesa del actual mandatario, de revisar la política de seguridad, su modelo ha consistido en “la militarización y continuación de la política criminal fallida desde la propia Fiscalía General de la República, de ahí que el balance termina siendo muy negativo. Es preocupante que se quieran presentar cuentas alegres y realidades que no están

reflejadas en los territorios, como hoy se ve en el caso de los dos jesuitas”. Para Aguirre Espinosa cada vez resulta más evidente que, con el despliegue territorial del Ejército y la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, así como la ausencia de la FGR en muchas regiones, “la política de abrazos no balazos está significando un fortalecimiento muy preocupante de los grupos criminales”. El defensor de derechos humanos advierte que “nadie anhela los balazos sin estrategia, del calderonismo y peñanietismo, pero esta retracción del Estado de sus deberes de garantizar la vida y la seguridad, tampoco es una solución, al final los tres últimos gobiernos han dado exactamente el mismo resultado en su obligación de garantizar la vida y revertir la violencia, que es muy exiguo”. Ante la insistencia en el discurso presidencial de responsabilizar a las administraciones anteriores, particularmente la de Calderón, por la exacerbación de la violencia, Aguirre Espinoza consideró que “hay un excesivo énfasis en la revisión del pasado para eludir las responsabilidades del presente”, sin que ello se traduzca en procesos legales como se esperaría. “Desde luego que la revisión del pasado tendría que hacerse, pero eso no tendría que significar abdicar frente al presente, y la realidad es que si las cifras continúan como vamos, podemos estar ante el sexenio más violento de la historia reciente de México, y esa es una realidad que hay que aceptar”, dice el defensor. Concede que, si bien “pesa la herencia del pasado”, en el presente se tomó la decisión de entregar la seguridad nacional al Ejército. “Eso convierte a este gobierno en responsable del deterioro de la seguridad” al dejar de lado el fortalecimiento de las policías locales, al desmantelar el aparato de inteligencia civil, “que sin duda tenía que revisarse, pero se le entregó todo a la Sedena y claramente esa apuesta no está dando resultado”. La fórmula resulta aún más fallida cuando en el contexto de violencia el presidente decide colocar a Clara Luz Flores al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expone el activista. Clara Luz es excandidata de Morena al gobierno de Nuevo León y también estuvo vinculada a la secta estadunidense Nxivm. “Lo que sigue imperando en la visión de seguridad es un criterio de política electoral, por lo que esta figura pueda representar en votos y en operación política hacia 2024 en Nuevo León, y no en perfiles técnicos y solventes en materia de seguridad; ese es parte del problema”, agrega Santiago Aguirre.

V I O LE NC IA

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J. Raúl Pérez

Sin resultados. Herida abierta

CASO AYOTZINAPA

UNA INVESTIGACIÓN

DIANA LASTIRI a Fiscalía General de la República (FGR) tiene identificados a 10 probables responsables por el caso Ayotzinapa; todos están prófugos en el extranjero. La FGR emitió órdenes de aprehensión y las autoridades realizan las diligencias para lograr las capturas de esos 10 probables responsables, entre quienes hay policías federales, estatales y municipales que pudieron tener participación en la desaparición de los 43 normalistas o cometieron irregularidades en la investigación del caso. El pasado lunes 20 la FGR intentó formular imputación contra uno de los funcionarios investigados por dichas irregularidades, con las que la extinta Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, construyó la “verdad histórica” que intentó fijar la versión de que en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 los estudiantes fueron secuestrados por integrantes de Guerreros Unidos, asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero.

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ATORADA POR LA TORTURA

Las investigaciones realizadas sobre el caso Iguala por la vieja PGR quedaron en el limbo debido a diversas omisiones e irregularidades. Una de ellas: las declaraciones de los imputados fueron arrancadas mediante tortura, tal como acreditó un tribunal colegiado. Nada hay que sostenga la “verdad histórica” según la cual los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula. En tanto, la FGR identificó a 10 probables responsables del caso e incluso emitió órdenes de aprehensión contra ellos… pero todos están prófugos.

JU S T IC IA

Pero a la audiencia celebrada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el investigado no compareció: afirmó padecer covid-19 y tener dificultades respiratorias. Se trata de Ignacio Mendoza Gandaria, exmando del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, actualmente trabajador del Centro Nacional de Inteligencia, a quien la FGR intentó imputar por desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas. Según las investigaciones, Mendoza Gandaria estuvo presente con Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, durante un interrogatorio en el que Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, supuesto integrante de Guerreros Unidos, fue torturado –como otras personas– para confesar su presunta participación en la agresión contra los jóvenes. En la audiencia, Javier Avendaño Sandoval, abogado de Mendoza Gandaria, solicitó diferir la diligencia al considerar que

su cliente no está “física y mentalmente en condiciones” de comparecer. El juez reclamó al abogado que su cliente no se conectó por videoconferencia, como le había sido autorizado; el jurista dijo no tener conocimiento de las razones de su cliente. Delgadillo Padierna le dio 48 horas para entregar a la FGR la prueba de que padece covid-19. Durante su intervención, el juzgador advirtió que Mendoza Gandaria incumplió con la obligación que tenía de comparecer en la audiencia, pese a que se le dieron facilidades para conectarse de manera virtual. Añadió que del informe presentado por la defensa no se desprende la gravedad del estado de salud de Mendoza Gandaria, pero sí que se automedicó y que, conforme a la fecha en que fue diagnosticado con covid-19, ya excedió el tiempo recomendado por la Secretaría de Salud para mantenerse en aislamiento, por lo que exhortó a la Fiscalía a investigar incluso al médico que firmó el documento. Asimismo, autorizó al Ministerio Público federal a solicitar cualquier acción legal que considere conveniente para obligar a Mendoza Gandaria a comparecer, por lo que es posible que la FGR solicite orden de aprehensión en su contra. Imágenes del interrogatorio en el que la FGR sustenta su acusación de tortura contra el exfuncionario fueron difundidas el 13 de junio de 2020 en un video en el que se observa al interrogado, El Cepillo, sin playera y con el rostro cubierto por una bolsa de tela negra. De acuerdo con la FGR, Mendoza Gandaria es el hombre que aparece frente al Cepillo mientras Zerón inicia su interrogatorio amenazando: “A la primera mamada que me digas, vamos a cambiar de tono (...) Dime todo lo que sepas de los estudiantes”. Según las investigaciones, el video fue filmado en enero de 2015 en las instalaciones de la Policía Federal Ministerial.

Deficiencias de la PGR A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes, los errores cometidos por la administración de Murillo Karam para investigar lo que ocurrió siguen sin castigo. Pero la FGR tiene ahora identificadas a 10 personas como probables responsables en la manipulación de las indagatorias. Fuentes judiciales confirman a Proceso que todos permanecen prófugos, incluidos algunos que han sido localizados en el extranjero, como el propio Zerón de Lucio. Las deficiencias de la PGR en el caso Iguala no son desconocidas, pues además de las constantes denuncias de los padres de los 43 normalistas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018 un tribunal colegiado en Tamaulipas emitió tres sentencias de amparo en las que enumeró las diversas violaciones cometidas por la institución. Todas estas irregularidades derivaron en la orden de reponer el procedimiento desde antes de consignar las averiguaciones previas y hasta el momento en que los detenidos realizaron sus declaraciones preparatorias. La mayoría de las investigaciones iniciadas por la FGR contra los funcionarios, de diferentes instituciones, implicados en estas irregularidades están radicadas en la Ciudad de México; sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha logrado formular imputación contra ninguno de los implicados. Una de las primeras irregularidades observadas por el Primer Tribunal Colegiado en Tamaulipas fue que para imputar a los primeros detenidos por la desaparición de los normalistas, entre ellos El Cepillo, los padres de los jóvenes y otras víctimas no fueron llamados a juicio para hacer valer sus derechos. La PGR argumentó que no había necesidad de llamar a víctimas porque estaban plenamente representadas por el Ministerio Público federal; sin embargo, el colegiado indicó que sí era necesario notificar a las víctimas. “Hoy en día la víctima u ofendido tiene reconocida su calidad de parte, y como tal debe ser llamado al procedimiento penal”, explicaron los magistrados. Precisaron que entre las víctimas, además de los 43 normalistas desaparecidos, los fallecidos en el lugar y quienes resultaron lesionados de gravedad, también deben ser considerados con tal calidad los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, la mujer que viajaba en un taxi y que perdió la vida en el fuego cruzado y el chofer de uno de los camiones atacados que también falleció. Dichas muertes, indicaron los magistrados, tienen “características propias de ejecuciones extrajudiciales”. De igual manera, el Colegiado determinó que los familiares de todas las víctimas deben ser reconocidos con esta misma calidad, razón por la que ordenó también la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, que trabajaría directamente con intervención de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el GIEI para coadyuvar en la investigación.

Declaraciones ilegales Los magistrados indicaron que la PGR, indebidamente, consideró algunas declaraciones de los coacusados como confesiones y 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

otras como testimoniales, sin sujetarlas a las reglas establecidas en la ley para examinar a testigos e inculpados. Y es que cuando una persona declara como indiciada o inculpada en un procedimiento penal, tiene derecho a no declarar y debe estar asistido de un abogado, mientras que el testigo no tiene derecho a reservarse datos y puede estar acompañado de un abogado, aunque ello no es indispensable. Estas declaraciones fueron las que la PGR utilizó para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del Cepillo y otros supuestos integrantes de Guerreros Unidos en la construcción de la llamada “verdad histórica” sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos. Cinco de las declaraciones en las que los inculpados no reconocieron haber cometido delitos, pero sí señalaron a otros de ser responsables de los hechos, fueron tomadas por la PGR como confesiones. Entre las declaraciones analizadas por los magistrados surgieron divergencias en las narraciones que realizaron sobre lo ocurrido en cuanto a los horarios de cada hecho, quién conducía el vehículo en el que se llevaron a los estudiantes al basurero, cuántos llegaron al lugar vivos y cuántos muertos, la participación de policías municipales, entre otras. Las principales irregularidades observadas fueron actos de tortura que el Ministerio Público federal omitió investigar pese a que había evidencia de su existencia. Para el año del dictado de la sentencia del Colegiado (2018), había 63 personas detenidas por el caso Iguala, de las cuales en 51 había indicios de tortura, según el informe del GIEI. En la sentencia, los magistrados analizaron varios de estos indicios de tortura, desde demoras en la puesta a disposición del Ministerio Público con justificaciones que no se sustentaban conforme a las reglas de la lógica, como el caso de tres de los detenidos que fueron puestos a disposición 11 horas y media después de que fueron aprehendidos por agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina. Los agentes justificaron esto porque “se ponchó una de las llantas” de uno de los vehículos del convoy en el que fueron trasladados desde Cuernavaca a la Ciudad de México, a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la PGR. Los detenidos presentaron lesiones pese a que, cuando se les puso a disposición, los elementos que los detuvieron no narraron la existencia de algún episodio de sometimiento en el que tuvieran que utilizar la fuerza contra ellos. Al analizar los dictámenes médicos de esas tres personas –que integran la averiguación

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previa–, los magistrados advirtieron que pudieron haber sido víctimas de tortura. “La autoridad responsable debió analizar lo relativo a la demora en la puesta a disposición, a fin de determinar si estuvo o no justificada; también debió analizarse el aspecto relativo a las lesiones que presentaron los declarantes”, precisaron. Recordaron que ya no es necesario que las víctimas denuncien este tipo de actos para que sean investigados en el momento en que se adviertan indicios de que hubo tortura, pues incluso el Estado mexicano ya fue condenado en cinco ocasiones por no investigar ese tipo de conductas. “La constante condena y la reincidencia de nuestro Estado dan cuenta de la necesidad de emprender un acucioso estudio tocante a cualquier indicio o manifestación de tortura, máxime que, se insiste, en el presente caso, tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad, se tuvieron por acreditadas mediante declaraciones autoincriminatorias”, señalaron. De las 21 pruebas presentadas por la PGR para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los detenidos y con ello lograr el dictado de auto de formal prisión contra todos, 19 son declaraciones y de esas 16 son autoincriminatorias y tres imputan a otros coinculpados. En las constancias, los magistrados advirtieron que varios de los detenidos no tenían lesiones según los primeros dictámenes médicos, pero luego de permanecer bajo la custodia de elementos de la PGR para ser puestos a disposición del Ministerio Público federal se realizaron otros dictámenes en los que ya presentaban diversas lesiones. A pesar de ello, la PGR no ordenó la realización de una investigación conforme al Protocolo de Estambul, sino hasta que los mismos imputados ejercieron acciones legales para que se investigara la tortura que alegaron haber sufrido. La resolución del Colegiado da cuenta de cómo los defensores adscritos al Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) no exigieron la investigación de actos de tortura ni hicieron nada para evitar que las declaraciones de sus defendidos fueran autoincriminatorias ni que se calificaran de legales aquellas declaraciones que emitieron sin que estuviera presente ni defensor ni abogado particular. Por ello, los magistrados ordenaron dar vista al entonces director del IFDP para evaluar su desempeño y, en caso de ser necesario, tomar las acciones correspondientes. El ministro presidente de la Suprema Corte dio a conocer que el IFDP fue notificado en febrero de 2019 de la orden del Colegiado y derivado de ello fueron cesados los nueve defensores que intervinieron en esa etapa de la investigación. O

DIANA LASTIRI lgunas acciones de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), fueron exhibidas de nueva cuenta en grabaciones relacionadas con casos en los que se quieren simular resultados de la lucha anticorrupción impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una vez más fueron filtradas conversaciones telefónicas del fiscal Gertz Manero. En un caso, sobre los procesos penales contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; en otro, un empresario confirmó la extorsión cometida desde la FGR para obtener recursos que posteriormente fueron presentados como resultados de la lucha anticorrupción. El pasado jueves 23 fueron dados a conocer en redes sociales audios de supuestas conversaciones telefónicas entre Gertz Manero, el subprocurador Juan Ramos y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sobre las negociaciones realizadas para allanar el camino al exfuncionario en los procesos penales que enfrenta. En uno de los audios se escucha una conversación en la que Gertz le reclama a Lozoya Thalmann la tramitación de un amparo por parte de la defensa del exdirector de Pemex. En la conversación, el fiscal le exige a Lozoya Thalmann sacar al abogado del caso –el jurista Javier Coello Trejo, según él mismo admitió en Univisión–, quien asumió la defensa del exfuncionario incluso desde antes de que éste se fugara. Alejandro Gertz Manero (AGM): –Me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra de… Emilio Lozoya Thalmann (ELT): –No, no, no. AGM: –Bueno, me acaban de notificar. ELT: –Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra. AGM: –Nada más para que no vaya a haber un… yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? ELT: –Para nada. AGM: –Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese. ELT: –Por eso lo puse en orden ayer, le pido una altísima disculpa y lo voy a reparar ahora en unos minutos. AGM: –Que se desista de inmediato porque así yo no juego, ¿eh? ELT: –Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre la orientación que nos indicaste.

JU S T IC IA

El pasado jueves 23 circularon en las redes sociales los audios de supuestas conversaciones telefónicas entre Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sobre negociaciones realizadas para allanarle el camino a éste en los procesos penales que enfrenta. Otro audio exhibe una presunta extorsión a dos empresarios para conseguir un cheque por 2 mil millones de pesos que Gertz entregó al presidente López Obrador como recuperación de dinero derivada del combate a la corrupción.

Miguel Dimayuga

AGM: –Que se desista del amparo y ya no metas a ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder. Desde 2019 Coello Trejo asumió la defensa de Lozoya y en junio de ese año, en conferencia de prensa, el abogado reconoció que en aquel entonces todavía era apoderado legal de Gertz Manero y negó tener conflicto de interés por ello. Coello Trejo representó al fiscal en el caso contra Laura Morán y su hija, Alejandra Cuevas, a quienes Gertz Manero acusó de provocar la muerte de su hermano, Federico, quien durante más de 40 años fue concubino de Morán. En un segundo audio es el padre de Emilio Lozoya quien se comunica directamente a la FGR y pide hablar con el subprocurador Juan Ramos, mano derecha de Gertz Manero. En la conversación, Ramos le dice al papá de Lozoyoa que lo quiere ver para darle “algunos cuestionamientos” que le hizo directamente el titular de la FGR. Emilio Lozoya está vinculado a proceso por asociación delictuosa y lavado de dinero en los casos Odebrecht y Agronitrogenados. A su arribo a México, en 2020, la FGR no solicitó sujetarlo a prisión preventiva ni a prisión domiciliaria, aceptó que se le mantuviera en libertad condicional pese a que permaneció prófugo de la justicia más de un año.

MÁS GRABACIONES

VUELVEN A EVIDENCIAR A GERTZ MANERO 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

J US T IC IA los sobornos entregados por Odebrecht a Lozoya Austin cuando era director de Pemex, a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública. Actualmente ella permanece vinculada a proceso y sujeta a prisión domiciliaria. El año pasado fueron dadas a conocer imágenes de Lozoya cenando en un lujoso restaurante en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, algo que no le estaba prohibido. Tras el escándalo y el rechazo del presidente, la FGR solicitó el cambio de medida cautelar bajo el argumento de que Lozoya actuó con “poco pudor procesal” al exhibirse en un restaurante lujoso, por lo que desde noviembre del año pasado permanece en el Reclusorio Norte sujeto a prisión preventiva justificada. En ambos casos Lozoya negoció con Pemex un acuerdo reparatorio por 10.7 millones de dólares, 7 millones 385 mil por el caso Odebrecht y 3 millones 400 mil por la compra irregular de Agronitrogenados.

Desde entonces su defensa, encabezada por Miguel Ontiveros, comenzó a negociar el otorgamiento de un criterio de oportunidad a través del cual Lozoya denunció a 70 personas que durante sexenios pasados supuestamente cometieron actos de corrupción, incluidos el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Un tercer audio es sobre una conversación en la que el papá de Emilio Lozoya se comunica a la oficina de Ramos para aportarle información y consultar detalles sobre la extradición de su esposa, Gilda Margarita Austin y Solís. ELT: –Señor licenciado, muy amable, primero, por aguantarnos en la mañana tanto tiempo. JRL: –No se preocupe ELT: –Cumplo lo indicado, ya empecé a localizar lo que está en el registro, el acta de nacimiento, matrimonio; del certificado médico hablé con su cardiólogo, me lo van a elaborar, lo tendré máximo mañana en la mañana y el comprobante de domicilio, que fue lo que me pidió, y consultarle si ya hay alguna noticia de cuándo llegaría (…) de lo que ustedes ordenen, el señor fiscal y usted, para cancelar el boleto para que me alcance el tiempo y, como dijo él atinadamente, y la aerolínea que no nos vayamos a cruzar. JRL: –Yo no tengo ahorita noticias, y pues lo que dijo el fiscal fue algo muy claro, no sea que se vayan a cruzar. Gilda Margarita Austin y Solís está acusada por supuestamente recibir en sus cuentas bancarias dinero proveniente de Octavio Gómez

Los hermanos El Mann

Coello Trejo. El “abogadete”

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La nueva filtración de las conversaciones de Gertz y Ramos ya derivó en el inicio de una carpeta de investigación por intervención de comunicaciones. Fuentes federales confirmaron que el Ministerio Público determinará si se reúnen elementos suficientes para acumular esta indagatoria a la que la FGR inició en marzo pasado por la filtración de los audios del fiscal y el subprocurador en los que hablan sobre el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas, que en ese momento estaba a punto de ser resuelto por la Suprema Corte. En un audio del que Proceso posee copia, el empresario Elías Sacal Micha, fundador y miembro de la empresa de bienes raíces Fibra Uno (Funo), confirma en una conversación sostenida con dos mujeres no identificadas que la FGR extorsionó a los accionistas para conseguir el cheque por 2 mil millones de pesos que Gertz Manero entregó al presidente López Obrador como supuestas recuperaciones derivadas de las acciones de combate a la corrupción. El empresario relató cómo en octubre de 2019 fue avisado de que la Unidad de Inteligencia Financiera mantenía bloqueadas más de 300 cuentas bancarias vinculadas a la empresa y las de los accionistas, entre ellos, los hermanos Max y André El Mann Arazi. “El viernes me hablan de mi oficina, que todas las cuentas están congeladas y que Max y que André tuvieron que ir a la procuraduría porque los mandaron llamar. Max que no tenía nada que ver. “Sentaron a Max y a André, nos congelaron todas las cuentas, a ver, para que te des una idea, las cuentas de Monte Sinaí, las cuentas de Fibra (Funo), todas las cuen-

tas, nada más que en las cuentas del Zaga había 50 millones de pesos y congelaron cuentas que no eran nuestras”, indicó en la conversación. El bloqueo se dio pocos días antes que la empresa debía pagar los repartos a sus inversionistas y, según el relato de Sacar Micha, en las oficinas de la FGR se le informó a los hermanos El Mann que las cuentas permanecerían congeladas a menos de que llegaran a un arreglo en ese momento. En esa reunión los empresarios fueron advertidos que si impugnaban o intentaban tomar otra acción, como denunciar la presión a la que estaban siendo sometidos, podían lograr liberar las cuentas pero se tardarían y terminarían incumpliendo con sus inversionistas. Ante este escenario, los hermanos El Mann decidieron ceder a cambio de que no se diera a conocer esta operación, para no afectar su imagen pública ni el valor de sus certificados bursátiles fiduciarios. “Me presento el lunes a la oficina: ‘¿qué pasó?, nada, tuvimos que dar 2 mil millones de pesos y tuvimos que firmar un papel donde ellos no firmaron’, y firman un papel donde devuelven 2 mil millones y quedaron de no sacarlo en las noticias y lo primero que hicieron fue sacarlo al otro día en las noticias”, continuó Sacar. Consultada por este semanario, la familia El Mann se deslindó de las declaraciones atribuidas a su socio en la grabación y afirmó que la entrega de los 2 mil millones de pesos a la FGR fue legal. En febrero pasado Proceso publicó que el cheque entregado por Gertz Manero al titular del Ejecutivo provenía de acuerdos extrajudiciales y que a casi dos años de su entrega no se había podido utilizar y tuvo que ser devuelto a la FGR. La Auditoria Superior de la Federación, en su revisión del ejercicio del gasto de 2020, ratificó que los 2 mil millones fueron regresados a la Fiscalía el 13 de abril de 2021. La investigación “Casas abandonadas del Infonavit: Historia de negocios millonarios y una alegada trama de corrupción” –realizada por alumnos de la maestría en Periodismo del CIDE– mostró cómo los 2 mil millones de pesos provenían de acuerdos extrajudiciales y que fueron entregados por los hermanos André y Max El Mann como acuerdo reparatorio por su supuesta participación en un fraude al Infonavit por más de 5 mil millones de pesos. En diciembre de 2020 la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra los accionistas de Telra Realty, los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, además de Alejandro Cerda y Omar Cedillo, exfuncionarios menores del Infonavit; no solicitó captura contra los hermanos El Mann pese a que ellos también están denunciados por el fraude al instituto.

CONSORCIO 4T, LA ESTRUCTURA DE BEJARANO PARA 2024

Benjamín Flores

Con su dirigente René Bejarano en bajo perfil, la organización Consorcio 4T se fundó con el propósito de impulsar al o a la aspirante presidencial de Morena y obtener puestos de elección popular, para lo cual se plantea formar una estructura electoral paralela a la del partido. Entre tanto, sus integrantes e impulsores se han incrustado en varias posiciones importantes del gobierno lopezobradorista.

Bejarano y Padierna. Estructura paralela

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ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA n mes antes de que la dirigencia nacional de Morena convocara a preparar las elecciones del Estado de México y Coahuila para 2023, una corriente encabezada por René Bejarano y Dolores Padierna ya había anunciado la integración de una estructura electoral para la sucesión presidencial de 2024. Consorcio 4T es el nombre de la nueva organización. Su dirigente es la bejaranista Leticia Quezada y su estructura fue presentada el 16 de mayo, en medio de las disputas internas de Morena que habían dado al traste con la posibilidad de iniciar el proceso de afiliación y reafiliación para renovar su padrón, es decir, su estructura formal hasta ese día. En el contexto de la carrera por la candidatura presidencial, inaugurada por el presidente López Obrador el 11 de junio de 2021, la estructura de Morena se convirtió en objeto del deseo de los aspirantes, a quienes Mario Delgado debió llamar a que eviten meterse en el proceso interno que está por iniciarse. Desde septiembre el conflicto entre morenistas por el control de dicha estructura provocó una división del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, debido a la designación del senador Alejandro Peña como responsable de afiliación y credencialización de militantes, que el dirigente Mario Delgado Carrillo impuso, atropellando las funciones de la Secretaría de Organización, a cargo de Xóchitl Zagal. Alejandro Peña ha sido el brazo derecho y es el senador que suple a Gabriel García Hernández, quien hasta hace un año estuvo al frente de las “superdelegaciones” del gobierno federal, cargo que tuvo como función inicial integrar la estructura de los Servidores de la Nación y, con ellos, renovar los padrones de beneficiarios de programas sociales mediante el llamado Censo del Bienestar. Conocido como “El Señor de los Padrones”, García Hernández salió del gobierno el 24 de junio de 2021, apenas pasada la elección intermedia. En su lugar llegó Carlos Torres, hijo del veterano de izquierdas homónimo, amigo de los hijos del presidente López Obrador y quien hasta entonces fue secretario técnico de la Oficina de la Presidencia. Los cambios de superdelegados se iniciaron casi de inmediato y favorecieron con cargos estratégicos al grupo de Bejarano-Padierna. Mientras tanto Gabriel García se aproximó a la dirigencia nacional de Morena, colocó a otros de sus incondicionales en el comité nacional y se preparaba para construir junto con Peña el nuevo padrón. Sin embargo, el 26 de octubre Mario Del-

gado lo designó delegado especial del partido en Oaxaca, un acto que quedó sin efecto al día siguiente, pues el presidente López Obrador envió a García Hernández a Torreón para hacerse cargo del proyecto Agua Saludable para la Laguna. En ese contexto, el proceso de reafiliación se vio atropellado y finalmente suspendido: los lineamientos para la afiliación y credencialización de militantes fueron emitidos el 22 de septiembre por el comité nacional; el 12 de octubre fueron aprobados por el propio comité y días después fueron ratificados por el Consejo Nacional. La sesión del Consejo Nacional, el 1 de noviembre, fue acalorada. En su intervención, Paco Ignacio Taibo II llamó a Mario Delgado a renunciar si no entendía el desprestigio de Morena que entrañó la postulación de expriistas. El duro discurso de Taibo fue difundido por John Ackerman, quien por su parte acusó a Delgado de estar construyendo una estructura paralela a la del partido. Con todo, los lineamientos fueron aprobados por el Consejo Nacional con 70 votos a favor, 27 en contra y cuatro abstenciones. Aunque la secretaria de Organización, Xóchitl Zagal, impugnó la emisión de los lineamientos, el 17 de noviembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó sus reclamos. El proceso quedó suspendido por el inicio de los procesos electorales en seis estados y la reanudación se vio factible hasta el anuncio de Delgado.

El avance de Bejarano La designación de Ariadna Montiel como secretaria del Bienestar, el 11 de enero de este año, significó un avance para Bejarano, quien para entonces había tomado posiciones en la operación de la política social. La acusación sobre Ricardo Monreal, en guerra abierta con el bejaranismo, fue incluso deslizada por Taibo en la mencionada sesión del Consejo Nacional: había operado en contra “del movimiento” en las pasadas elecciones capitalinas. La sospecha sobre Monreal se debe destacadamente al resultado en la alcaldía Cuauhtémoc, añejo bastión lopezobradorista donde la candidata era Dolores Padierna. Monreal había resentido desde febrero de 2021 el posicionamiento de los bejaranistas en la Ciudad de México. Movimiento espejo: apenas pasada la derrota capitalina del morenismo bejaranista, el primer cambio en la operación de programas sociales ocurrió en la Ciudad de México, a través de un grupo filobejaranista, cuyo avance es notable: Han ocupado la alcaldía de Azcapotzalco en dos ocasiones; se incrustaron en diferentes áreas del gobierno, señaladamente

Benjamín Flores

MO RE NA

Velázquez Alzúa. Operación con los Vargas

en la política social, la Secretaría de Seguridad así como en la Ayudantía Presidencial y, en ese cuerpo encargado de asistir al presidente López Obrador, en sustitución del Estado Mayor, colocaron a uno de sus cuadros, Estefany Correa García, quien es desde el año pasado la “superdelegada” de la Ciudad de México. Se hacen llamar la “Brigada Roja” y, aunque se presentan en sus redes sociales como un “grupo juvenil” que forma parte de la llamada #RedAMLO, el mando lo tiene la familia Vargas, de Azcapotzalco. El 2 de julio de 2021, al día siguiente del tercer aniversario del triunfo lopezobradorista, Correa García fue designada coordinadora estatal de Programas de Bienestar en sustitución de María Cristina Cruz Cruz. Cruz Cruz fue parte de la estructura electoral capitalina de Gabriel García Hernández, el otrora “padronero” de la 4T, junto con Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, hoy titular del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, pero quien hasta marzo de 2021 se hizo cargo de la estructura nacional de los Servidores de la Nación. La salida de Cruz ocurrió el 1 de julio, una semana después de que García Hernández dejara, el 24 de junio, la Coordinación General de Programas de Desarrollo. Se convirtió en la primera funcionaria de su grupo político en ser despedida del gobierno. A mediados de agosto, Cruz Cruz fue incorporada al comité nacional de Morena 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

Facebook

producir los mensajes de Estefany Correa, de Claudia Sheinbaum y de la jefa de Laura Velázquez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez. El reportero contactó a René Bejarano para hablar de este y otros asuntos, pero el encuentro no se concretó.

De “tribu” al Consorcio 4T

Zagal. Impugnación

como secretaria para el Fortalecimiento de Ideales y Valores Morales, por la mediación de García y de su operador, suplente en el Senado, Alejandro Peña Villa. Hasta el pasado 1 de junio Estefany Correa se desempeñaba como integrante de la Ayundantía Presidencial, bajo las órdenes de otro amigo de los hijos del presidente, Daniel Asaf. Ese fue el único empleo en su trayectoria, pues según el currículum que incluyó en su declaración patrimonial, su experiencia se limita a ser “enlace” de la estructura electoral de Morena en 2018 y un empleo temporal, durante 2012, como capturista en el Instituto Electoral de Querétaro. Azcapotzalco es un bastión intermitente de la familia Vargas, un clan que permaneció en las filas del PRD hasta enero de 2018, durante la transición perredista que iniciaron, en septiembre de 2017, René Bejarano y Dolores Padierna con su facción Izquierda Democrática Nacional (IDN). Para entonces el bejaranista clan de los Vargas, especializado en operación electoral, había iniciado su asenso: Laura Velázquez Alzúa fue delegada en Azcapotzalco entre 2003 y 2006, durante el periodo en que López Obrador fue jefe de gobierno capitalino. Al sexenio siguiente Velázquez se desempeñó como secretaria de Desarrollo Económico bajo el gobierno de Marcelo Ebrard, coincidiendo con el período en el que su marido, Enrique Vargas, fue jefe delegacional en Azcapotzalco (2009-2012).

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En agosto de 2020, tras el escándalo en el que se vio al hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero del entonces coordinador nacional de Protección Civil, David León, fue designada en relevo de éste Laura Velázquez, quien continúa en ese cargo. En tanto, el hijo de Enrique Vargas es diputado local. Se trata de Emmanuel Vargas Bernal, legislador capitalino cuya estrategia de posicionamiento se ha basado en el uso de redes sociales y enlaces desde parques, mercados o en su vehículo, el estilo de la nueva generación de políticos: como Samuel García. Emmanuel se hace presente en la oficina de Correa, quien incorporó al clan de los Vargas a través de Diana, hija de Enrique y hermana de Emmanuel. Testimonios recogidos por Proceso entre personal de las oficinas en la calle de Lucerna, colonia Juárez, afirman que ahí Jesús Vargas –otro de los hermanos, que no aparece en el organigrama– suele ir y dar instrucciones. Desde el arribo de Estefany Correa, otros miembros del grupo político han sido incorporados a la superdelegación. Entre otros casos destaca el de Ángel Eliseo Cañizales, coordinador del programa de Pensión para Adultos Mayores, cuya experiencia laboral ha sido, como la de Estefany Correa, de “enlace” y operador electoral de Morena. Poco conocida más allá de los círculos morenistas, la Brigada Roja se expande en el gobierno de López Obrador, mientras sus cuentas en redes sociales se dedican a re-

La antigua tribu perredista IDN fue fusionada al Movimiento Nacional por la Esperanza tras la salida del matrimonio Bejarano-Padierna del PRD en septiembre de 2017. Dicho “movimiento” operó electoralmente en 2018 y 2021, principalmente en la Ciudad de México, pero también en Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. Al frente de la organización fue colocada una destacada bejaranista: Leticia Quezada Contreras, exalcaldesa de Magdalena Contreras, quien en el sexenio de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México se desempeñó como subsecretaria de Asuntos Metropolitanos y Enlace Gubernamental. Fue separada del cargo en marzo de 2017, en medio de un escándalo por su participación en un mitin de López Obrador, entonces dirigente de Morena. El planteamiento fundacional de la nueva organización creada por René Bejarano consiste en esperar que Morena defina candidato y entonces impulsar su campaña a la Presidencia. Leticia Quezada expuso el 16 de mayo, durante el acto inaugural de la organización, que en tanto se define candidato ellos crearán una estructura política territorial y buscarán cargos de elección popular. Para conseguir su objetivo han sumado a dirigentes de otras “tribus” perredistas, como Aníbal Guerra, identificado con la expresión Coalición de Izquierda; también a César Cravioto, actual senador que entró al relevo de Martí Batres, con quien desarrolló su carrera política, ambos cercanos en el pasado a René Bejarano. De acuerdo con Leticia Quezada, el Consorcio 4T integró a 110 dirigentes de distintos ámbitos; entre ellos es posible identificar a bejaranistas como Arturo Santana, así como a quienes, procedentes de Movimiento Ciudadano, como el mencionado Anibal Guerra, han encontrado acomodo en el morenismo, como Esther Mejía Cruz y el exdelegado de Xochimilco Miguel Ángel Cámara. Estatutariamente Morena tiene prohibida la creación de corrientes o tribus, de ahí que no tengan cabida “expresiones” como IDN. Aun así el Consorcio 4T irrumpió en mayo en el escenario morenista, explícitamente creado para formar una estructura electoral paralela a la del partido en todo el país. O

MO RE NA

TAIBO II A LA CÚPULA DE SU PARTIDO:

DEMOCRACIA INTERNA,

SI NO, “JUBÍLENSE”

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA a lucha de facciones en Morena es previsible y el escritor Paco Ignacio Taibo II identifica dos motivos para que eso ocurra: la falta de democracia interna en el partido gobernante y el adelanto de la sucesión presidencial de 2024. “El riesgo de adelantar en exceso las precandidaturas presidenciales –afirma– es ir creando tomas de partido y posiciones, y esto significa confrontar a los candidatos y a las bases que los apoyan. Creo que no hay urgencia, no hay prisa en definir la candidatura presidencial ni mucho menos.” Veterano de las militancias de izquierda, fundador de Morena y una autorizada voz crítica al interior, Taibo se declara en una situación incómoda por su trabajo como titular del Fondo de Cultura Económica, sin embargo dice: “Como miembro del partido, tengo una opinión y la digo”. En esa calidad, en entrevista con Proceso reitera su preocupación: “Hay que dar el espacio que Andrés Manuel necesita para seguir dirigiendo este

Octavio Gómez

Para Paco Ignacio Taibo II, escritor y director del Fondo de Cultura Económica, no hay prisa por definir la candidatura presidencial de Morena. En entrevista considera que los destapes adelantados parecen enviar el mensaje de que ya terminó el tiempo del presidente López Obrador; se inconforma con las encuestas abiertas, reitera su crítica al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, debido a la ausencia de democracia interna en su partido y llama a “reconstruir” en éste “la estructura democrática”.

Taibo. Llamado 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

José Manuel Jiménez Rodríguez

Delgado y López. Instrucciones

EN EDOMEX, ENCUESTAS POR ORDEN PRESIDENCIAL JOSÉ GIL OLMOS pesar de que falta más de un año para la elección en el Estado de México y Morena tienen ventajas, los barruntos de una fractura hicieron que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamara a los siete aspirantes a la candidatura a una reunión el martes 21 en sus oficinas. Allí, acompañado por el dirigente de Morena, Mario Delgado, transmitió la orden presidencial de que se decidirá al candidato o candidata a través de un par de encuestas. El operador político de López Obrador fue enfático en la exigencia de unidad a todos los aspirantes para no ser derrotados en esta elección, que es clave para los fines de dominio político electoral del presidente y de Morena, de manera previa a la elección presidencial de 2024. A la junta acudieron los tres integrantes del grupo Texcoco: el senador Higinio Muñoz; la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y el administrador de aduanas, Horacio Duarte. También estuvieron presentes

país, no limitarle su salida y sus posibilidades de seguir proponiendo, confrontando, lanzando iniciativas sobre temas fundamentales que hoy están todavía sobre la mesa: el problema de la minería, el agua y tantos más que trae en la cabeza. Hay que dejarlo. Es como si dijéramos: ya se terminó tu tiempo, Andrés, ya vienen los futuros candidatos a la Presidencia. ¡No! ¿Cómo que se terminó su tiempo? Tenemos dos años de batalla todavía.”

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la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez; el de Ecatepec, Fernando Vilchis; y el director del ISSSTE, Pedro Zenteno. El séptimo convocado fue Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, quien no pudo acudir por cuestiones de salud. La reunión no fue tersa, señalan varias fuentes presenciales que accedieron a informar a Proceso. Y aunque fueron convocados bajo la idea oficial de que se trataba de elegir al coordinador de los comités de defensa del voto en la elección del Estado de México, en los hechos fue para dictar las reglas que se aplicarán para elegir a la candidata o el candidato de Morena en los comicios del año entrante. El secretario les informó que la ultima semana de junio se dará a conocer la convocatoria para que se inscriban los interesados. En julio se realizará una primera encuesta de la cual saldrían los aspirantes más fuertes, y de esos, mediante una nueva encuesta, saldría el ganador o

–Pero quien adelantó los tiempos de la sucesión fue el propio Andrés Manuel –se le comenta. –Me preguntas qué opino y yo digo que no hay prisa –ataja.

La dirigencia y el manejo interno En noviembre pasado la intervención de Paco Ignacio Taibo II en el Consejo Nacio-

ganadora. El resultado se haría público el 20 de julio. Una de las fuentes consultadas señaló que el secretario de Gobernación, acompañado por Mario Delgado, les explicó a los aspirantes que deben ajustarse a las reglas del juego y aceptar sin reclamos ni reservas el resultado de las encuestas, las cuales serían abiertas y no sólo a militantes. Cada uno de los seis asistentes habló de su trabajo y aceptó las reglas, pero el senador Higinio Martínez hizo una propuesta distinta: que antes o mientras se realizara la primera encuesta se podría llegar a un acuerdo entre los participantes. Es decir que si entre los participantes surge el consenso de que uno de ellos sea el candidato o candidata, ya no sería necesaria la encuesta final.

Iniciativa desdeñada La propuesta de Martínez fue realizar algo parecido a lo que se hizo en Sonora, donde los aspirantes llegaron a un acuerdo para que el candidato fuera Alfonso Durazo y ya no hubo la necesidad de encuesta. El legislador ya había lanzado esta iniciativa en sus eventos de precampaña de las primeras semanas de junio, sin tener una respuesta de sus compañeros texcocanos. Su idea es que, igual que en la elección pasada, haya un consenso entre los integrantes del grupo Texcoco –que él encabeza y en el cual están Delfina Gómez y Horacio Duarte– para que de entre ellos salga el candidato de Morena. No obstante, al plantear su propuesta ante el secretario de Gobernación y el líder de Morena, ninguno de los otros cinco asistentes a la reunión (incluidos Gómez y Duarte) la secundaron. “Si existe esa posibilidad, está en los estatutos. Pónganse de acuerdo ustedes seis y nos avisan sin problema. Si no hay un acuerdo, se abre la convocatoria y que todos participen”, contestó Mario Delgado. Tanto el secretario de Gobernación como el dirigente de Morena señalaron que no había dados cargados, sino piso parejo, “lo que provocó caras enojadas y caras alegres”, señala una de las personas consultadas. Uno de los molestos fue el senador Martínez.

nal resonó por su dureza: en síntesis reclamó abandono de la militancia, no practicar principios, falta de democracia interna y, finalmente, llamó al presidente del partido, Mario Delgado, a renunciar si no podía con la tarea. –¿Mantiene las críticas a Mario Delgado? –Mantengo una básicamente, que es reconstruir la estructura democrática del partido. Colaboren con eso, si no pueden, jubílense, total, hay chamba por todos lados.

MO RE NA laridad y no adhesión a los principios del partido. “O sea, si tú encuestas abiertamente quién debería ser candidato de Morena en el Estado de México, la haces abierta, le preguntas al panista que va pasando, o al que no le interesa, ese te va a decir pues el que menos atractivo tenga desde el punto de vista de Morena o va a reflejar qué tantos espectaculares ha colocado alguien en los últimos meses haciendo autopropaganda. Son encuestas que reflejan popularidad, no la voz de la izquierda, la militancia ni los simpatizantes.” La cuestión es que debe ser un sistema de encuestas en el que se pregunte a los que quieren ser representados en las candidaturas quién les parece el más afín a lo que creen y piensan, dice. “Me parece un delirio que encuestes telefónicamente sobre una base de datos José Manuel Jiménez Rodríguez

Mariela Gutiérrez, presidenta municipal de Tecámac, dijo en entrevista que en la reunión se abrió la oportunidad a otros aspirantes y no se quedó sólo en el grupo Texcoco: “Se hizo un llamado a la unidad. Tuvimos la oportunidad de hablar cada uno de los asistentes. Yo manifesté que estaba muy contenta y tranquila de ver la apertura que se daba en igualdad de condiciones y que no esperaba menos del movimiento, principalmente porque se habían publicado muchas versiones de que sólo había tres aspirantes de Texcoco; sobre todo en estos tiempos de democracia y de apertura total, en los que cualquier cuadro político puede presentarse y competir en las mismas condiciones que todos. “Además dije que las mujeres estamos en mejores condiciones de ganar porque los mexiquenses ya propugnan por tener a una gobernadora. Nosotros aceptamos las reglas y vamos con entusiasmo a cumplirlas para salir triunfantes de este primer filtro”, destacó la integrante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Gutiérrez, quien ha sido candidata del PRD y Movimiento Ciudadano en pasadas elecciones municipales, es con Delfina Gómez una de las mujeres que buscan la gubernatura mexiquense por Morena. El pasado domingo 19 el senador Higinio Martínez, en un evento que organizó como parte de su precampaña, la invitó a sumarse a una candidatura por consenso, pero Mariela Gutiérrez pintó su raya en la reunión en Gobernación y manifestó su deseo de participar en la encuesta. “Me parece una gran oportunidad para demostrar que somos diferentes, que pugnamos por la transformación y estamos dispuestos a ir a una encuesta porque nos posiciona a todos por igual. Eso demuestra que Morena no es como los otros partidos, con sus tribus, y tampoco que se toman las decisiones desde el escritorio”, señala Gutiérrez. Para ella, la reunión con Adán Augusto López y Mario Delgado fue positiva para tener la certeza “de que no hay dados cargados hacia ningún lado y todos partimos del mismo piso para participar y esperar los resultados”, reitera. O

opinión, es incompatible tener un partido “cuya oferta a la nación es construir la democracia nacional” y al mismo tiempo “no practicar los caminos de una absoluta y transparente democracia interna”. En ese sentido, agrega, “quién dirige es secundario, pues hay cosas fundamentales en el corto plazo”. Un primer aspecto es que debe reunirse el pleno sistemáticamente, pues Morena lleva años sin que el comité se reúna. Además, advierte, debe haber comités estatales y municipales ratificados por la militancia para que tengan voz, opinión y capacidad de convocatoria. Luego, pasa a un tema relacionado con la identidad del partido y sus militantes: las polémicas encuestas. Taibo sostiene que, aun sin dudar de la honestidad de quien realiza las encuestas, éstas están formuladas de tal manera que registran popuSheinbaum. Anticipación

Además expresa un aspecto relacionado con la legitimidad: “El tema no creo que sea cambiar la dirección, quitarla, ponerla, sino que la dirección que surja de estos procesos democráticos sea verdaderamente democrática y refleje la opinión desde abajo. Ya toca la hora de que en Morena la gente pueda decir: no me dirigen los que yo quiero pero legalmente llegaron a dirigirme y democráticamente ocupan el lugar que ocupan”. El entrevistado es persistente. En su 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

M O RE N A

Ebrard. Previsible

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árbitro a una institución que de árbitro no tiene nada”.

–Yo diría que el mecanismo que se ha aplicado con las encuestas, aunque en términos generales con la encuesta estoy de acuerdo, es un mecanismo que privilegia popularidad, capacidad de autodifusión, y no la representatividad y adhesión a los principios de un partido de izquierda. Para Taibo, un problema adicional es que los procesos internos de Morena “están cruzados de una manera mafiosa” por el Instituto Nacional Electoral, por lo que afirma: “Hay que sacar al INE de estos procesos internos. No podemos tener como

Estructuras y facciones

José Manuel Jiménez Rodríguez

que es representativa de la población que tiene teléfono, pero no es representativa de Morena. Hay que preguntarle a la militancia qué quiere y cómo quiere. Creo que problemas como éstos y el camino a la reconstrucción de los comités nacionales, un consejo nacional y un congreso son fundamentales para además eliminar lo que es previsible, que es la lucha de facciones y grupos. –Las encuestas han posicionado a expriistas o expanistas. ¿Ese es el problema? ¿El riesgo de una cuarta transformación del PNR?

Desde hace meses los aspirantes a la sucesión presidencial construyen sus propias estructuras. La dilación en el proceso de reafiliación, entrampado desde septiembre, así como la renovación de comités estatales y municipales propició un activismo primero soterrado y desde mayo más abierto, que tuvo su expresión más clara en la concentración del 11 de mayo en Toluca. Ese día Delgado anunció el proceso de reafiliación y la renovación de la estructura morenista, pero para entonces los aspirantes presidenciales –bautizados por el presidente López Obrador como “corcholatas”– desplegaron sus estructuras con espectaculares, pancartas y porras. Así lo hicieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el de Gobernación, Adán Augusto López, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Semanas antes empezaron a tener presencia pública expresiones como el llamado “Consorcio 4T” y para el 26 de junio se espera una concentración similar en la Comarca Lagunera. De hecho, el pasado lunes 20 Delgado hizo un llamado a “corcholatas y corcholatos” para que no contaminen el proceso de reesctructuración interna pues, dijo, nada tiene que ver con la selección de candidato presidencial, toda vez que será designado por encuesta. Ante ese contexto, el entrevistado responde a pregunta expresa sobre el riesgo de fracturas: “Siempre las ha habido, desde la era del PRD. Las corrientes, los grupos, los grupos de intención, los grupos apoyo a X o Y. El problema es permitir que el partido construya democracia interna para que se expresen y no tengan que navegar como piratas, enmascarados”. Para Taibo la ruta es clara: deben reconstruirse los comités municipales, los estatales, nacionales; llevar a cabo la reafiliación, renovar el Consejo Nacional, celebrar un Congreso, tener una dirección elegida, y todo con un sistema democrático por la vía de encuestas directas a simpatizantes para la elección de candidatos. –¿Están en esa ruta? –Esperemos que estén navegando en ese rumbo. La reflexión se produce construyendo democracia. No me preguntes quién sería mi candidato ideal para la presidencia de Morena, si lo tengo me lo callo. No voy a intervenir de ninguna manera en precandidaturas cuando mi lógica es: demos tiempo a que el presidente y los gobiernos estatales desarrollen su poder, sus propuestas, su interacción con el pueblo y reconstruyamos la democracia interna del partido.

A dos años del atentado que sufrió en Reforma, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, afirma en entrevista que se está recuperando, aunque su vida ha cambiado desde entonces. Y aunque admite que los delitos, el narco y la corrupción siguen presentes, sostiene que la estrategia del gobierno capitalino está funcionando. Sobre la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno en 2024, no se descarta, pero dice que por ahora no lo distrae de su misión.

GARCÍA HARFUCH

LA CAPITAL, “JOYA DE LA CORONA”

Octavio Gómez

PARA EL NARCO

SARA PANTOJA ste domingo 26 se cumplen dos años del atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch, y que casi le cuesta la vida. Y aunque es uno de los pilares de la estrategia que coloca a la capital mexicana como una de “las más seguras del mundo”, en el proceso penal del caso sólo hay 14 personas vinculadas a proceso de las 25 detenidas; ninguna está sentenciada y faltan más de 10 por ser aprehendidas, presuntas integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que el propio jefe policiaco señala como autor del ataque. A dos años de aquella mañana, el funcionario detalla a Proceso algunos avances en el juicio y las secuelas físicas que aún padece. No obstante, prefiere dar más

García Harfuch. “No defendemos cifras”

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peso a lo hecho en la SSC a partir de entonces, incluido el combate a los cárteles de la droga que operan a nivel nacional y tienen actividades en la capital. También reconoce los pendientes que la dependencia tiene con los capitalinos y define su postura ante quienes ya lo avizoran como posible jefe de Gobierno en 2024. Desde su oficina en el piso 12 de la SSC, García Harfuch dice que pronto comparecerá ante el Ministerio Público para que continúe el juicio contra quienes le dispararon más de 400 balas de distintos calibres y granadas de fragmentación, que provocaron la muerte de sus escoltas Édgar González y Rafael Ocampo, así como de Gabriela Gómez, comerciante mexiquense, aquel viernes de 2020, a las 6:32 de la mañana en el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la colonia Lomas de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo. “Sé que todos los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión por homicidio y tentativa de homicidio… Están vinculados a proceso con prisión preventiva oficiosa. Y la Fiscalía (General de Justicia de la Ciudad de México) ha hecho un extraordinario trabajo en verdaderamente probar la participación de cada uno de los detenidos”, asegura. Además de que la FGJCMDX asegura que sólo hay 14 personas vinculadas a proceso, el funcionario subraya: “Hay otra persona que estaba ahí, que yo identifico plenamente y todavía no está detenida. Faltan por capturar más de 10 personas, todas involucradas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación”. Aquel día, antes de entrar al quirófano en un hospital privado para recibir atención médica, García Harfuch fue directo al señalar –en su cuenta de Twitter– a quien él consideró el autor del ataque: “Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”. Entre los procesados está quien se identificó como José Armando Briseño de los Santos, alias El Vaca, presunto jefe de sicarios del CJNG en Tonalá, Jalisco, y posiblemente involucrado en la ejecución de dos ciudadanos israelíes en julio de 2019 en la Plaza Artz. De aquel ataque, perpetrado cuando apenas llevaba ocho meses al frente de la SSC, García Harfuch dice que físicamente se siente “mejor”, pues hace un año casi no podía hacer ejercicio, pero se ha recuperado y hace un mes recuperó más movimiento en la rodilla. “Creo que ya en un año voy a estar completamente como si nada”, confía.

Miguel Dimayuga

C DM X

El atentado

Se trata de la rodilla izquierda que le operaron dos veces en menos de 48 horas y donde aún tiene alojada una bala que los médicos no pudieron sacar. “Tiene todo un anclaje, se ve una cantidad de alambres”, describe. En el brazo derecho le quedó una ligera limitación de movimiento por la placa metálica y los 27 tornillos que le colocaron. En la mano ya sólo tiene las cicatrices de un disparo con entrada y salida y de algunas esquirlas. En su entorno personal y como funcionario también cambió su situación, pues reforzó su seguridad, los vehículos que utiliza y el operativo policiaco que implica; los lugares donde duerme, los actos públicos a los que va, siempre con acceso restringido. “Hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero que estoy limitado. Es complicado… Mi seguridad cambió totalmente, tan es así que a veces el gabinete es aquí. Antes del atentado, no es que fuera a restaurantes, pero ahorita vivo prácticamente en las oficinas, en distintas sedes de la policía. Y aunque tengo un lugar o dos fuera, vivo bajo limitaciones de movimiento importantes. Pero no lo digo de manera sufrida, estoy aquí por gusto y por convicción. Cuando quiera dedicarme a mi vida personal y hacer vida normal, lo puedo hacer, nada más que dejo de ser secretario”, asegura. De encabezar operativos, ni pensarlo: “Extraño poder estar más cerca de mis compañeros que se están arriesgando muchísimo todos los días… pero creo que ir a la calle a operar sería más estorbarles que ayudarles. Ellos tienen todo el profesionalismo. Sería un distractor el que yo fuera”.

Estrategia que sí funciona García Harfuch asegura que, tras el atentado de junio de 2020, en vez de renunciar y generar “desánimo” en la corporación, se enfocó en aplicar el modelo de seguridad de cuyo buen funcionamiento está “absolutamente convencido”. Pero aclara: “Esto es muy diferente a decir que ‘en la Ciudad de México todo está bien, no hay inseguridad, no pasa nada’. ¡No, de ninguna manera! No estamos defendiendo cifras”. Lo que quiere explicar, dice, es que dicho modelo es distinto al de otras entidades del país porque existe un mando único: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Agrega que, “cuidando la autonomía” de la FGJ y del Tribunal Superior de Justicia locales, “hay una coordinación absoluta”. Detalla que antes la estrategia de la policía estaba basada en detenciones en flagrancia, pero ahora hay una Subsecretaría de Inteligencia Policial con facultad de investigar, lo cual implica que, cuando hay un delito, el policía de la calle debe recabar información para pasársela a dicha área y desde ahí comienza la investigación del caso. “Nos sentimos orgullosos, como equipo, de que la ciudadanía y la propia delincuencia vean que aquí hay una policía que opera”, dice. Otra parte de la estrategia, agrega, es el apoyo de la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional, de la Armada y de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Inteligencia para el combate al crimen organizado. “Contrario a lo que la gente piensa, estamos totalmente apegados a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dice. 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

Con ellos, presume, se ha logrado la detención de más de 80 líderes generadores de violencia en los últimos meses. “Lo que la ciudad no hace es esperar a que el gobierno federal venga y resuelva el problema porque es delincuencia organizada. Los principales responsables de la seguridad son las propias entidades federativas. Nosotros somos quienes constantemente les estamos solicitando apoyo (al gobierno federal), pero no es ‘ven y resuélveme’, sino ‘trabajemos juntos, ya tenemos avanzada una carpeta de investigación con la Fisca-

lía, esto es y necesitamos el apoyo en esto’”. El jefe de la policía capitalina considera importante que el gobierno federal encuentre “aliados” en gobiernos, policías y fiscalías locales para combatir los homicidios. “¡Es imposible que el gobierno federal pueda abarcar todos los homicidios del país!”

Hay corrupción, pero se combate Jefe de más de 80 mil uniformados de las distintas corporaciones de la SSC, García

Harfuch reconoce que aún hay corrupción en ellas, lo que desalienta a las víctimas de robo a transeúnte o en transporte público para denunciar el delito, y con ello no se refleja en las cifras oficiales. “Por supuesto que pasa”, dice, pero el área de Asuntos Internos de la SSC envía a agentes que simulan ser víctimas de un delito para atrapar a policías o agentes de la Fiscalía que quieran ofrecerles ayuda a cambio de dinero o de que no denuncien. “La jefa de Gobierno ha dado la instrucción que es: ¡duro con ellos!”. También se colocaron lonas afuera de las agencias del Ministerio Público que dicen; “No te dejes engañar”. Y afirma: “No estoy diciendo que la corrupción ya se acabó, pero definitivamente ha bajado”. El funcionario considera que otro pendiente en la SSC es seguir mejorando las condiciones laborales de los policías, además del aumento de 45% al salario que ya les han dado por orden de Sheinbaum. Y aunque defiende la baja de más de 60% en la comisión de homicidio doloso en comparación con 2019, igual que el robo de vehículo en casi 70%, reconoce que falta reforzar el combate al robo en el transporte público “porque es donde más le pega en el bolsillo a la gente más necesitada” y donde también hay cifra negra, pues la gente no denuncia.

Mayor combate a los cárteles Policía de formación y extitular de la Agencia de Inteligencia Criminal del gobierno federal, García Harfuch conoce cómo opera el crimen organizado y los grandes cárteles en la Ciudad de México, principalmente el de Sinaloa y el CJNG. Por eso, aclara: “Hay la percepción de que dicen: ‘Si estás asegurando tanto (droga, armas, dinero) es porque hay más’; pero no, es porque se les está pegando. A título muy personal, estoy convencido de que no es que ahorita ya llegaron, ¡no!, siempre han estado, pero ahora se les combate de manera más notoria”. Según el jefe de la SSC, a ambos grupos se les combate por igual, aunque recientemente ha habido más operativos y aseguramientos contra integrantes del Cártel de Sinaloa, pero defiende que al principio de su gestión y antes del atentado también hubo varios aseguramientos contra el de Jalisco. Explica que los cateos, decomisos y detenciones contra estos grupos se dan según el avance de las investigaciones de sus actividades delictivas. “Conforme nos vayan saliendo las investigaciones y estén listas y maduras para que ya sea el producto operable, de inmediato vamos a operar sin importar de qué grupo sean”, asegura. Ello implica tener órdenes de aprehensión o de cateo, o bien detenciones en flagrancia. “Un

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C DM X producto operable también es cuando sabemos que en una bodega tienen droga, armas. ¿Ahí para qué nos esperamos? ¡Metemos cateo y ya!” –¿En la Ciudad de México existe la misma confrontación entre Cártel de Sinaloa y CJNG que existe a nivel nacional? –pregunta la reportera. –Definitivamente no es el mismo. Todos hemos visto el grado de violencia que generan cuando se están peleando una plaza… Aquí la disputa es distinta: sencillamente de ver quién logra trasladar y vender más droga, quién tiene los canales más abiertos, quién tiene más contactos. La Ciudad de México es su centro de distribución. Su mercado siempre va a ser la joya de la corona para el narcotráfico. Lo que pueden recaudar aquí de dinero es impresionante –responde. Sobre el papel que juegan grupos como la Unión Tepito en esta disputa, explica: “Los grupos criminales de la Ciudad de México siempre han sido muy locales… se asocian o tienen tratos con el que mejor les convenga, no necesariamente con un grupo en especial. Si consiguen mejor mercancía con uno o con otro grupo, es indiferente… Acercamientos tienen todos los grupos, estamos seguros de que tienen contacto, pero de ahí

a que se forme una alianza fuerte entre ellos, no”.

Con la mente en la policía, no en la política El pasado 25 de mayo la empresa Enkoll publicó una encuesta que colocó a García Harfuch como el mejor posicionado para suceder a Sheinbaum en la jefatura de Gobierno en 2024, con 28% de preferencia, por encima de Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa; Martí Batres, secretario de Gobierno, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad federal. Días después, Sheinbaum fue con empresarios acompañada del secretario para hablar del combate a la inseguridad, lo que le generó más menciones como posible candidato de Morena, aunque no es militante. Al respecto, García Harfuch dice que le da gusto que la gente lo pueda “ver en otra pista”, pero endereza la línea y aclara que lo ven así, “primero, porque soy un colaborador de la jefa de Gobierno, soy de un gobierno de Morena. ¿Y por qué me pusieron en las encuestas? (silencio)… pues creo que porque alguien en las columnas

lo empezó a mencionar ¡y de ahí a alguien se le ocurrió! ¡No veo otra razón!”, dice y rompe en risas. La misión que desde octubre de 2019 le dio Sheinbaum, enfatiza, es la seguridad. Y, confiado en que su equipo de mandos policiacos lo ve igual que él, asegura: “Cuando un equipo ve a su jefe distraído, inmediatamente se resiente y la productividad cambia. Creo que justo aquí, en esta secretaría, ¿cuánta gente hay en varias posiciones, están sentados para hacer una tarea y tienen su mente en otra? Nosotros estamos 100% dedicados a la seguridad, al 100%”. En seguida comenta que si hiciera actividades políticas, en seguida se notaría “Eso no se puede ocultar. Lo que yo siempre he pedido es que la ciudadanía tenga confianza en que su jefe de la policía está haciendo lo que tiene que hacer. Sería muy malo para una ciudad tener un jefe de la policía con la cabeza en otro lado”. Al preguntarle si descarta buscar algún cargo de elección popular, responde: “Lo que yo no descarto es que me den la oportunidad de trabajar por la seguridad de mi país y de mi ciudad. Me gustaría mucho seguirlo haciendo. Definitivamente creo que hay posiciones donde puedes hacer más por la seguridad que otras”.

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Christopher Venegas

COAHUILA

MIGRANTES VENEZOLANOS

DENUNCIAN TRATOS INHUMANOS

CAMELIA MUÑOZ ALTILLO, COAH.— Durante su tránsito hacia territorio estadunidense, miles de migrantes, sobre todo venezolanos, han enfrentado múltiples obstáculos: restricciones para viajar en autobús, abusos policiacos, discriminación del personal del Instituto Nacional de Migración (INM). Nada los detuvo y a partir del domingo 12, más de 3 mil de ellos empezaron a llegar a la entidad. Ya en territorio coahuilense, personal del gobierno estatal los obligó a caminar casi 500 kilómetros, desde Saltillo hacia Piedras Negras y Ciudad Acuña, sin justificación alguna. A pleno sol, con una temperatura de 40 grados, la mayoría de los migrantes re-

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corrió largos tramos de la carretera 57 a pie, pues se les impidió adquirir boletos de autobús en líneas comerciales. De manera inexplicable, los conductores de camiones de pasajeros particulares sí pudieron trasladar a algunos de ellos sin ser molestados por autoridades migratorias o policías estatales ni municipales. “Todo está muy oscuro”, comenta Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante en Saltillo. No se explica la conducta de las autoridades coahuilenses y federales hacia los migrantes, sobre todo los procedentes de Venezuela. “Es difícil entender lo que está pasando. No sabemos si efectivamente hay un desorden; si cada quien da una orden diferente o si hay un castigo político desde la federación al estado. No sé si es con fines políticos o realmente es ineficiencia

y estas políticas van encaminadas a violentar los derechos humanos”, señala el activista. El maltrato a la caravana de migrantes demuestra que ni las autoridades federales ni las de Coahuila garantizan los derechos de miles de personas que caminan hacia la frontera con Texas; según los testimonios de los afectados, personal del gobierno estatal y del INM ordenaron no venderles boletos. Y cuando la reportera solicitó información a los responsables de esa dependencia federal, nadie accedió a ser entrevistado. El gobierno de Coahuila colocó casi una docena de retenes en la entidad para impedir el avance de los migrantes que iban en los camiones, pero ninguna autoridad obstruyó el paso a quienes llegaban caminando a la frontera.

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El director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, no se explica la actitud hostil de las autoridades de Coahuila y federales hacia los migrantes procedentes de Venezuela, quienes han sorteado innumerables obstáculos en su tránsito hacia Estados Unidos. Según testimonios, agentes de Migración les impidieron abordar autobuses para recorrer el tramo de la carretera federal 57, por lo que tuvieron que cubrirlo a pie. Varios de los afectados comentan a Proceso que, pese a que no pretenden quedarse en México y mostrar su permiso de situación migratoria regular, personal del gobierno estatal y de migración ordenaron no venderles boletos.

Para el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, esa conducta es un claro abuso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, cuyo gobierno “es una vergüenza”. “Yo no sé para quién gobierna. No sé para qué acepta el salario, para qué acepta el cargo. Si aquí violó los derechos al cerrar una plaza en Saltillo, qué no va hacer con los extranjeros. Es una vergüenza”, reiteró. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales Valdés, asegura que no hay observaciones para las autoridades estatales, aunque abrió una investigación por lo ocurrido en el municipio de Nava, donde migrantes hondureños denunciaron que policías aventaron a una mujer de una de las tres patrullas en la que los transportaban con engaños. Los afectados, por su parte, aseguran que seis de sus compañeros están desaparecidos.

Para el ómbudsman estatal, corresponde al INM “valorar si cuentan con el permiso adecuado para estar en la zona fronteriza”, pues, dice, “fue esa dependencia la que emitió un oficio con esa petición a las empresas para que no vendieran los boletos y verificar esa condición migratoria. Nosotros sólo somos observadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se ha hecho presente”. En protestas que organizaban, así como en los lugares por donde pasaban, los migrantes mostraban sus permisos. La parte frontal de la tarjeta verde obtenida en Chiapas –que Proceso pudo revisar– incluye la leyenda de que los documentos se expidieron “por razones humanitarias” para acreditar su “situación migratoria regular en México y permite entradas y salidas múltiples”. Esos documentos han sido recibidos de manera discrecional por las autoridades en la frontera norte, lo que genera confusión entre quienes los recibieron en Chiapas, cuando se internaron en territorio nacional.

Caos migratorio En los retenes ubicados en los límites con Nuevo León, en los de Monclova y la región carbonífera no hay presencia del INM. Las revisiones a las unidades del transporte de pasajeros están a cargo de elementos de la Policía Civil de Coahuila, quienes el lunes 13 cerraron el paso a los autobuses que trasladaban a los migrantes y los obligaron a retornar a Monterrey o Saltillo, desde donde salieron. Los pasajeros descendieron de las unidades y se enfrentaran con los uniformados. Luego reanudaron su peregrinaje

sobre la carretera federal 57. Los días posteriores comenzaron a circular fotografías de hombres cargando niños de dos a seis años, así como a mujeres embarazadas y adolescentes, fastidiados de caminar bajo los rayos del sol. El director general de coordinación de oficinas de representación del INM, Héctor Martínez Castuera, declaró que los permisos que llevaban los migrantes no eran válidos para transitar por los estados fronterizos. No obstante, la dependencia federal no llevó a cabo ningún operativo para asegurar a los migrantes. De los casi 3 mil que habrían pasado por Coahuila sólo hizo dos vuelos para llevar a Villahermosa a unas 250 personas, de origen centroamericano, principalmente. Alonso Garza Treviño, obispo de Piedras Negras, quien fue nombrado vocero de la Provincia Eclesiástica de Monterrey, en la cual participan los obispos de Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; Linares y la capital de Nuevo León, así como de Saltillo, Coahuila, cuestiona esa versión: “Tengo copias de esos documentos. Los tengo en mi poder y en ningún lado dicen que no pueden llegar a los estados fronterizos. No sé si es verdad o si alguien lo inventó. Si es verdad, está muy mal que cuando están en Chiapas no les digan eso.” Garza Treviño agrega que las autoridades deben saber que los migrantes buscan llegar a Estados Unidos; “como mexicano, me atrevo a suplicar” que se les explique la situación; “se me hace inhumano y altamente injusto lo que se les hace a los migrantes”. En algunos casos los migrantes tuvieron que pagar hasta 2 mil 500 pesos por un boleto que no les sirvió para llegar a la frontera. 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

EN EL NORTE, SÓLO VEJACIONES

LUCIANO CAMPOS GARZA

ONTERREY, NL.— En su recorrido por los estados del noreste los migrantes venezolanos sólo encuentran la indefensión. Ninguna autoridad los auxilia; los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas advirtieron incluso que no les permitirán llegar a la frontera con Texas, debido al acuerdo de entendimiento que firmaron con su homólogo de estado, Greg Abbott, para contenerlos en territorio nacional. En Coahuila, el mandatario Miguel Riquelme ha incurrido en violaciones constitucionales y a la Ley de Migración relacionadas con el libre tránsito y la protección de derechos de extranjeros en el país, sostiene el abogado Luis Valencia Puente, especialista en derecho migratorio. Centenares de venezolanos que integraron las dos caravanas que partieron de Monterrey hacia Piedras Negras, Coahuila, para entregarse en Eagle Pass a las autoridades de Estados Unidos en busca de asilo tuvieron que recorrer a pie casi 400 kilómetros. Esta es la segunda oleada masiva reciente de migrantes, luego de que el 19 de septiembre de 2021 arribaron a esta capital miles de haitianos. Los venezolanos pernoctaron en la Central de Autobuses de Monterrey, sin saber a dónde ir. Muchos de ellos iban en autobús directo a Acuña y Piedras

Negras, pero fueron desviados en su paso por Saltillo y enviados de regreso. Se asentaron varios días en la terminal camionera para dormir en el vestíbulo y bajo las butacas, en las salas de espera. El martes 14, varios de esos venezolanos se cosieron la boca con hilo y aguja para llamar la atención sobre las vejaciones de que son objetos en territorio nacional. Wendy dice que el 2 de mayo salió de su casa en Táchira, poniente de Venezuela, junto a su esposo José Armando y su hijo Ericksen, y tres personas más. Como esa área fronteriza es controlada por criminales, se dirigió a la frontera sur de México. Llegó en barco y la ha recorrido a pie y en camión, dice. Yace en el piso de la estación, junto a centenares de compañeros que se aprestaban de emprender el recorrido a pie hacia Piedras Negras. Lo que quieren es llegar, dice.

Sin embargo, ese lunes 13, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández, señaló que las autoridades estatales dieron la orden de no permitirles a los migrantes abordar unidades en las centrales de autobuses después de que el INM les informó que con los permisos emitidos los migrantes no deben llegar a los estados fronterizos. “Se dio la advertencia: no pueden vender boletos (a los migrantes) si (éstos) no demuestran su estancia legal en el país”, dijo Fuentes Hernández. La orden impidió a los migrantes abordar un autobús. El mismo lunes 13 por la noche y tras protestas en distintos puntos de Saltillo, incluida la que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, el fiscal de delitos contra Migrantes, Vidal González Orozco, dio salida a 176 venezolanos que viajaron en cuatro autobuses, previo pago. Y aun cuando los migrantes rechazaron dar la identificación de a quién le pagaron alrededor de 800 pesos para trasladarse a Piedras Negras, una de las personas que organizaba el abordaje a las unidades era Amber Carpenter, quien se identifica como defensora de los derechos

de los migrantes y es representante del albergue Casa Alegre Hogar del Inmigrante, donde llegan directamente los extranjeros. Carpenter aseguró tener un acuerdo con las autoridades estatales para permitir el traslado de los venezolanos y de personas de otras nacionalidades que cuenten con sus permisos de estancia temporal o la llamada “tarjeta verde”. “Toda la gente tiene permiso migratorio. Cuentan con pasaporte y traen el permiso que les dieron desde abajo (en Chiapas); traen la tarjeta verde”, señaló al justificar la autorización que obtuvo del gobierno estatal. Y si bien aclaró que esa fue la única ocasión en que se les permitió usar las unidades para el traslado, las cuales fueron custodiadas por elementos estatales hasta llegar al río Bravo, en la ciudad de Piedras Negras. El lunes 20 fueron utilizadas dos unidades más con el mismo propósito. Ese día Carpenter incluso intentó impedir que se tomaran videos o fotografías. Aseguró que había un comandante en el lugar –sin identificar de qué corporación–, pero sólo se observaron personas que a la salida del primer autobús se reunieron

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Discriminación en Nuevo León El gobierno de Nuevo León pidió a los migrantes no viajar hacia este punto, buscando cruzar el río Bravo, pues se les impediría el avance por el acuerdo establecido por el gobernador de Texas, Greg Abbott, con sus pares mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A cambio de que contuvieran el flujo de extranjeros que buscaban asilo en Estados Unidos, Texas aligeraría las revisiones carreteras a automóviles de pasajeros y vehículos de carga, procedentes de esas entidades, para que el procedimiento demorara minutos y no horas (Proceso 2379). La Comisión Estatal de los Derechos Humanos documentó que la más reciente caravana de migrantes, niños incluidos, son objeto de discriminación por empresas de transporte que no les venden boletos, pese a que la mayoría cuenta con la Forma Migratoria Múltiple (FMM) que les permite transitar por territorio nacional. El organismo pidió a Migración que les informe a los extranjeros los alcances de la FMM, y a la Profeco que investigue denuncias contra empresas que no les han prestado servicio. La denuncia fue ignorada. Luis Valencia, director jurídico de Casanicolás, refugio de migrantes ubicado en la colonia Guadalupe Victoria, en el municipio de Guadalupe, dice que la mayoría de los venezolanos que viajan a la frontera tienen en regla su condición de estancia en México con visa humanitaria o el salvoconducto que les permite estar 30 días en México. Algunos portan, además, constancia de reconocimiento de condición de refugiados que expide la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o documento de residencia permanente. De la Ley de Migración dice, se está violando en esta crisis el artículo 35, que da el derecho a entrar y salir del país si los ex-

con ella en el estacionamiento del parque Venustiano Carranza. Por su parte, González Orozco aseguró que las protestas de los migrantes se originaron porque todos buscaban salir al mismo tiempo, lo que fue imposible porque las empresas de transporte no contaban con suficientes unidades. Respecto a los motivos para no permitir el uso de otro tipo de transporte a quienes portan los mismos permisos que tiene el grupo autorizado a Carpenter, González Orozco se limitó a decir que el INM es quien debe definir si esos documentos validan o no su estancia legal.

Frustración y cansancio Entrevistados tras una caminata desde la ciudad de Monterrey, los venezolanos –hombres y mujeres, la mayoría con menos de 25 años–, aseguran que jamás mostraron su interés por quedarse en México; por eso el gobierno federal les entregó los permisos correspondientes para transitar hacia Estados Unidos. Muchos de ellos eran microempresarios que perdieron sus negocios al ser persegui-

M I G RA C IÓ N

la universalidad del humano. Por supletoriedad, debe prevalecer la Constitución por encima de la Ley de Migración, que dice en el artículo 66 que “la situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución”. El gobierno de Nuevo León, afirma, debería hacer valer los lineamientos legales para que no hubiera irregularidades en el transporte de personas extranjeras, obligando a las compañías a que expidan boletos a quienes exhiban documentos de traslado de los migrantes que pasan por el noreste de México.

dos por su oposición al gobierno de Nicolás Maduro; manifestaron que jamás se imaginaron las adversidades que enfrentarían a su llegada a Nuevo León y Coahuila. “Pasamos cuatro días por la selva del Darién (frontera entre Panamá y Colombia), pensamos era los más grave que enfrentaríamos, o los robos de la policía en Guatemala, pero el trato más inhumano fue aquí en México. Nosotros no andamos robando ni pidiendo ayudas en las calles, lo que queremos es llegar a Estados Unidos o, como en mi caso, a Canadá”, dice Raúl Brito, mientras espera la llegada de los autobuses en los que podrá trasladarse, después de caminar casi 100 kilómetros desde la central de autobuses de Monterrey al sur de Saltillo. Muestra su “tarjeta verde” y comprueba que no hay leyendas restrictivas para llegar a la frontera. Incluso anticipa que en Estados Unidos sabe que quedarán detenidos unas horas mientras comprueban dónde intentarán quedarse. Así ocurre, y el miércoles 22 de junio confirma en mensaje de texto que ya había salido de las oficinas de Migración en Eagle Pass.

“Pasamos sin problema por Piedras Negras. Nadie detuvo el autobús desde que salimos de Saltillo. No entiendo por qué no nos dejaron seguir así desde Monterrey y nos obligaron a caminar. A otros compañeros les fue mucho peor y sabemos que aún van por la carretera. Yo no sé en qué consista que no quieran que viajemos en autobús si todos tenemos los mismos permisos”, señala Brito. En el grupo hay varios jóvenes, como Moisés Durán, quien fue detenido por elementos del INM en Reynosa y enviados a Villahermosa, donde los dejaron en libertad y reanudaron la travesía. El resto del grupo con el que ingresó a México llegó a Mexicali y casi de inmediato se internó a Estados Unidos. “Ha sido muy duro. Nos han robado, nos dicen que esos documentos no son válidos y que no podemos llegar a Piedras Negras, pero ahora acá vamos. A mí me dijeron compañeros que ya pasaron desde hace días que aquí en Saltillo sí podíamos viajar en estos autobuses”, dice. El gobernador Riquelme Solís dice que desde hace tiempo la población migrante que llega a la entidad es manejada por redes de traficantes, cuyos integrantes les

cobran hasta 6 mil dólares para trasladarlos, pero los venezolanos lo desmienten. “Hay personas que han llegado con 600 o hasta mil dólares para emprender el viaje desde Venezuela, habrá quien pague a los coyotes, pero ni se me han acercado y tampoco los quiero. Una minoría paga coyote porque está en posibilidades de hacerlo, a lo mejor de otra nacionalidad que no ingresa a Estados Unidos de forma legal, pero a nosotros, como a los cubanos, nos permiten el paso”, señala Raúl Brito. Para el director de la Casa del Migrante de Saltillo, la diferenciación en el trato a migrantes que cuentan con los mismos permisos para llegar a la frontera de Coahuila, es la muestra de que en México prevalece la corrupción. “No tengo forma de comprobarlo porque no tengo ningún elemento, pero sí puedo decir que suena a un tema de corrupción, al tráfico de personas. ¿Quién está atrás de esto? No tengo la menor idea. ¿Por qué y dónde les permiten viajar en algunos autobuses y no en los de línea comercial, pero sí de particulares? No lo sé, pero sí causa dudas que se permita eso, y alguien debiera explicarlo.” O

Christopher Venegas

tranjeros cumplen con los requisitos correspondientes; el 42, para entregarles permisos, y el 43, que se refiere a las condicionantes para ingresar a territorio nacional. De la Constitución dice que se viola el artículo 11: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. Y aclara que la ley se refiere a “persona”, sin hacer distinción de nacionales o extranjeros, residentes o no, con lo que se aplica

La dependencia encargada de estos asuntos es la Secretaría de Igualdad e Inclusión en el estado, a cargo de Martha Herrera, que realiza “acciones dirigidas a promover la igualdad, inclusión y no discriminación de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y retornadas”. Sin embargo, en esta crisis de migrantes venezolanos ha estado ausente, por lo menos en asesorarlos en su estatus migratorio, dice Valencia Puente. El problema, según el activista, es que la dependencia no quiere comprometerse, porque no tiene capacidad para atender a todos. En Casa Indi, el contador José Jaime Salinas lamenta que los centenares de venezolanos que recibieron las últimas semanas se fueran a la frontera con Coahuila, en lugar de quedarse a trabajar en Nuevo León, lo cual refleja en parte la realidad nacional de rechazo a migrantes en algunos estados del país. Reclama al gobierno federal no hacerse cargo del problema, como es su obligación, y deja, indebidamente, su manejo a los municipios que son “los que pagan el pato”, atendiéndolos de manera precaria. El también auxiliar de la dirección del Hogar de Desposeídos de la colonia Bella Vista, de esta capital, dice que hay unas decenas de empresas que los patrocinan. Estas ofrecieron proporcionar trabajo a los migrantes. Walmart ofreció darle ocupación formal hasta 300 que tuvieran visa humanitaria. Se apuntaron sólo seis. “No tienen interés en trabajar en México. Su mirada está fija en Estados Unidos”. O

Pernoctar en Saltillo

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Isabel Mateos / Cuartoscuro.com

Con la patria en el alma

EN TAPACHULA EMPIEZA

EL INFIERNO T ISAÍN MANDUJANO

UXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.— “Creímos que cruzar la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, era lo más difícil, pero nunca imaginamos que lo peor estaría por venir: cruzar la frontera sur mexicana ha sido una verdadera pesadilla”, dice el venezolano Jonathan Romero. Tiene 28 años y salió de Puerto La Cruz Anzueto, donde dejó a su esposa y a sus padres para migrar hacia el norte. Dejó su natal Venezuela para internarse en Perú y Colombia sin contratiempos. De los siete países que ha cruzado, ninguno fue tan difícil como México. “Uno va saliendo de Colombia y con lo que sabes que vas a lidiar es con la selva del Darién –conocido como el Tapón del Darién– que marca no sólo el límite geo-

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gráfico entre Colombia y Panamá; también tiene una cordillera que marca el límite entre la vida y la muerte”, dice el venezolano. Relata sobre una pareja de migrantes que se colgó de un árbol tras ver morir de hambre a sus dos pequeños, agravada por la neumonía a causa de los torrenciales aguaceros. “Es una selva donde no hay que comer. De hecho, hay una montaña muy alta, muy empinada que se debe cruzar y con decirte el nombre podrás entender lo complicado que es cruzarla. Se llama La Llorona. Literal: lloras”, dice Jonathan, a quien acompaña un grupo de migrantes que le ayudan a recordarle lo que sufrieron en ese macizo selvático entre Panamá y Colombia. Superado el tortuoso paso del Darién, Jonathan continuó hacia Panamá; final-

mente llegó a Guatemala y de ahí pasó al lado mexicano. La carestía y el desempleo los obligó a él y a miles de sus paisanos a migrar y dejar todo atrás. En su país la economía se ha dolarizado. Aunque la moneda oficial sea el bolívar, allá todo se compra y se vende en dólares. Mientras muchos de sus connacionales allá ganan 10 dólares al mes, la canasta básica puede elevarse hasta 300 dólares. “Eso no es tener calidad de vida, eso es realmente una inflación que está expulsando a mis hermanos venezolanos de nuestro país”, dice Jonathan. Sentado afuera de la Estación Migratoria El Cupapé, en el Libramiento Norte Oriente de Tuxtla, una importante vialidad que estos grupos han bloqueado en los últimos días para exigir atención por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y que regularice su estatus migratorio.

En enero todo cambió La migración, puntualiza Jonathan, se deriva de los 11 años que Venezuela lleva inmersa en una crisis política, social y económica provocada por los malos gobernantes en su país. Pero este paso por México era más sencillo porque no se les pedía visa a los vene-

M I G RA C IÓ N

Son varios los migrantes venezolanos que lo dicen: cuando te desplazas por siete países, llegas al sur del territorio mexicano y pisas Tapachula, ahí empieza el infierno. El senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quien la semana pasada visitó la entidad con una delegación de organizaciones civiles, sostiene que “México decidió cambiar su política migratoria y abrazar como paradigma la política de seguridad y abandonar la política de solidaridad”, en este caso hacia Venezuela. De ahí las recurrentes violaciones a los derechos humanos en una situación de crisis humanitaria. zolanos, así que pasaban vía aérea ahorrándose esta pesadilla. Sin embargo, desde el 21 de enero de 2022, a partir de que México les impuso el visado, sus paisanos empezaron a migrar vía terrestre. Y todo cambió. En la más reciente marcha-caravana de migrantes, el lunes 6, unos 7 mil migrantes salieron de Tapachula por la mañana, como protesta para exigir a las autoridades migratorias celeridad en su proceso de regularización. El 80% de ellos eran venezolanos, según documentaron activistas como Luis Rey Villagrán, del Centro de Dignificación Humana. Luego de cuatro días el grupo fue desarticulado por el INM, cuyos agentes les hicieron una oferta de regularización; muchos aceptaron y se quedaron a esperar sus documentos, aunque después el INM reincidió en la dilación, lo que los llevó al bloqueo de carreteras en la costa chiapaneca y de vialidades en Tuxtla. Muchos venezolanos quedaron dispersos entre Tapachula, Tuxtla, Comitán, Palenque, San Cristóbal de Las Casas y otras ciudades de la entidad, donde todos los días deambulan pidiendo monedas para sobrevivir o bien buscando algún trabajo. “Estaría yo antes dispuesto a pasar dos veces el Darién que vivir este infierno en el sur de México, porque al menos cruzar el Darién tendría la certeza que en dos o tres días lo pasaba caminando entre ríos y montañas, pero en esta región de México me ha tocado vivir una situación de incertidumbre en la que no se sabe cuándo las autoridades migratorias nos van a permitir regularizarnos”, señala Jonathan. Pedir ayuda a los consulados de su país en México, dice, es una misión imposible para ellos, pues los diplomáticos de Venezuela de inmediato los califican de “traidores a la patria”.

Como Jonathan Romero, Carlos Santiago salió de Caracas y dice que en su país ya no se puede vivir por el régimen de Maduro, quien gobierna un país donde se incrementa la delincuencia, el sueldo es raquítico, el desempleo crece y la inflación es imparable. “Ahí ya no se puede vivir, Venezuela es un caos, estamos en un caos. Sí hay comida, pero no se puede comprar; los servicios hospitalarios son pésimos”, dice. Carlos es técnico en telecomunicaciones y tiene 39 años, siete de los cuales los trabajó en el sistema colectivo del metro de Caracas. Cuando el gobierno nacionalizó ese servicio de transporte, simplemente quebró. Y Carlos se quedó sin trabajo. Vendió su coche y una motocicleta para obtener dinero y salir de su país, donde dejó a su esposa y sus tres hijas. En todos los países por los que pasó no había tenido restricciones para migrar. Pero después de pasar la frontera sur mexicana y luego llegar a Tapachula, “Ahí empieza el infierno”, sentencia. “Me apresaron en la Estación Migratoria Siglo XXI y ahí nos quitaron todo, es peor que una cárcel ese lugar. Seis días mi familia en mi país no supo dónde estuve, porque me tuvieron incomunicado en ese lugar. A los migrantes nos tratan peor que a un delincuente. “Salí de Venezuela desde 2017 y me fui a Perú, donde estuve trabajando cuatro años; regresé porque me dijeron que las cosas habían mejorado. ¡Mentira!, las cosas siguen igual. Y acá tengo ya cuatro meses migrando”, cuenta Yorvin Bolívar, otro joven caraqueño apostado afuera del INM en Tuxtla, donde un grupo vive desde hace varias semanas en casuchas de plástico y tarimas que han improvisado. En Venezuela también dejó esposa y una hija. Quien se enferma en su país corre el

riesgo de morir, porque no hay medicinas en los hospitales; el sistema educativo y el sistema de salud para poder vivir “están destruidos totalmente”.

Política migratoria bajo la lupa En este contexto, del martes 21 al jueves 23 se dio la visita de integrantes de organizaciones civiles y el senador Emilio Álvarez Icaza a la estación migratoria Siglo XXI y estancias provisionales dependientes del INM; albergues municipales y estatales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias; el albergue de sociedad civil Hospitalidad y Solidaridad, además de instalaciones operadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entre los principales hallazgos destacaron la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en contexto de movilidad; el impacto que tiene la militarización y presencia de la Guardia Nacional, en contraste con la ausencia de las instituciones responsables de la garantía de derechos en los espacios de control y verificación migratoria, así como la poca disponibilidad de información y los obstáculos para acceder a procesos de regularización migratoria y de reconocimiento de la condición de personas refugiadas. “Estamos siendo testigos de un cambio de la política migratoria de México con gravísimas regresiones. México decidió cambiar su política migratoria y abrazar como paradigma la política de seguridad y abandonar la política de solidaridad”, dijo Álvarez Icaza en entrevista. Señaló que hay en esta frontera sur un contexto de crisis de graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “No son hechos aislados ni cuestiones esporádicas, es un fenómeno estructural, sistemático y un patrón muy reiterado de graves violaciones a los derechos humanos. Ahora estamos siendo testigos de una política pública que produce recurrentemente graves violaciones a los derechos humanos en una situación de crisis humanitaria”, dijo Álvarez Icaza. “Se les pide a los migrantes quedarse y acá no hay condiciones para que ellos sobrevivan, pero esa política pública de retenerlos acá ha convertido a Chiapas en una gran estación migratoria. Los obligan a quedarse aquí. “El gobierno de México y las autoridades migratorias están haciéndole el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, lo que muchas veces hemos dicho y denunciado”, expuso el senador. Álvarez Icaza cuestionó el actuar de la Guardia Nacional, que abusa de los migrantes rompiéndoles sus documentos de identidad, y advirtió: “Acá hay una bomba de tiempo que, si no se atiende a tiempo, va a estallar”. 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

AP photo / Ivan Valencia

LA ASESORÍA DE MORENA

EN EL TRIUNFO DE PETRO

RAFAEL CRODA OGOTÁ.— En junio de 2018 Gustavo Petro era candidato presidencial en Colombia y Andrés Manuel López Obrador lo era en México. En ese entonces el político colombiano estaba convencido de que el progresismo ligaría dos triunfos en América Latina, el suyo y el del abanderado de Morena. “Ya hay que ir pensando en el impacto que va a tener en la región ese hecho político”, dijo Petro entonces a este semanario. Eso, sin embargo, no ocurrió. Si bien López Obrador ganó los comicios en México, Petro debió esperar cuatro años más, hasta el pasado domingo 19, para ser electo presidente como candidato de la coalición izquierdista Pacto Histórico.

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Ese día se impuso en la segunda vuelta electoral al empresario Rodolfo Hernández y con ese triunfo la izquierda colombiana hizo historia pues por primera vez gobernará el país, igual que ocurrió en 2018 en México con López Obrador. Eso es lo que más identifica a Petro con López Obrador: los dos ganaron los comicios presidenciales hasta la tercera vez que se postularon y luego de enfrentar todo tipo de obstáculos políticos y todo tipo de campañas –algunas lícitas, otras no tanto, y todas ellas con mucho financiamiento de por medio– por parte de las élites políticas y económicas tradicionales. En la primera vuelta de la campaña electoral, el mes pasado, Petro dijo a Proceso: “A ver si ahora sí me dejan llegar, porque aquí, como le pasó a López Obrador en las elecciones de 2006 (cuando según los

resultados oficiales perdió por un estrecho margen ante Felipe Calderón), hemos denunciado muchas irregularidades”. En ese sentido, aseguró Petro, “para nosotros López Obrador es un referente porque logró llegar (a la Presidencia) desde la izquierda, con el establecimiento en contra y sin el apoyo de los partidos tradicionales… nosotros hemos estado muy pendientes de todo lo que pasa en México”. –¿Cómo sería su relación con López Obrador? –se le preguntó a Petro. –Muy cercana, de unidad, de integración, vamos a trabajar por la unidad latinoamericana. –¿Y ahora sí sería viable ese eje progresista Bogotá-Ciudad de México del que usted habló hace cuatro años? –Sí, no tengo duda –dijo Petro–. Estamos hablando de un nuevo progresismo

INTE RNAC ION A L /C O LO M B IA

Recorrer el país pueblo por pueblo y armar un ejército de testigos electorales para prevenir fraudes fueron los consejos que Morena dio al senador Gustavo Bolívar, del equipo de Gustavo Petro, para asegurar el triunfo de la izquierda en Colombia. Y el resultado fue satisfactorio, pues el domingo 19 el candidato de Pacto Histórico ganó la presidencia. Para el ganador colombiano, Morena y López Obrador son ejemplos a seguir y con quienes aspira a apuntalar un “eje progresista” latinoamericano… las únicas discrepancias entre ambos tienen que ver con las políticas sobre el medio ambiente.

dijo una fuente del equipo del político colombiano.

Contactos con Morena

Un ejército de testigos electorales

que dará un nuevo rostro a América Latina y de un eje progresista más amplio, con México, Colombia, Chile, pasando por Argentina, por Bolivia y, quizá, Brasil (donde el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva encabeza los sondeos para los comicios presidenciales de octubre próximo). Esa es la apuesta que vamos a hacer con López Obrador y con (Gabriel) Boric (el presidente chileno). Los puentes con López Obrador ya están tendidos. Petro conoce desde hace varios años al canciller mexicano Marcelo Ebrard, con quien coincidió en diversos foros cuando ambos eran alcaldes de las capitales de sus países. “Estamos analizando una gira al exterior de Petro, antes de que tome posesión (el 7 de agosto próximo), y esa gira incluiría un encuentro con López Obrador”,

Desde hace varios años Petro ha seguido muy de cerca el proceso político mexicano. Incluso ha estudiado la manera en que López Obrador y sus partidos, primero el PRD y luego Morena, enfrentaron campañas adversas. En 2018 le pidió a uno de sus hombres más cercanos, el senador Gustavo Bolívar, viajar a México para conocer de primera mano las claves del triunfo del líder de Morena en los comicios presidenciales de ese año. El senador Bolívar lo explica así a Proceso: “Queríamos saber cómo hizo López Obrador para poder tener una certeza de que los resultados electorales fueran transparentes, y nos acercamos mucho a Morena, a congresistas de Morena, para conocer ese proceso”. El legislador del Pacto Histórico se entrevistó en México con varios dirigentes de Morena y éstos le dijeron que, de acuerdo con su experiencia, hay dos factores centrales para ganar una elección “al establishment”: uno es recorrer el país y acercarse a la gente, y el otro, vigilar los comicios con un ejército de testigos electorales, tantos que a las fuerzas políticas tradicionales les resulte imposible hacer trampa. “A mí me dijeron: ‘Dígale a Petro que haga lo que hizo Andrés Manuel, que recorrió por completo, año tras año, mucho antes de las elecciones, todos los municipios, más de 2 mil, los pueblos y las co-

munidades más apartadas del país’, y lo segundo era que Morena había hecho un trabajo muy amplio de búsqueda de testigos electorales, para tener certeza de los resultados cuando llegara el día de la elección”, señala Bolívar. Recuerda que al regresar a Colombia le dijo a Petro: “Mire, Gustavo, hay que hacer esto, recorrer el país, los pueblos, las veredas y conseguir miles de testigos electorales para tener nosotros resultados paralelos a los que da la Registraduría (Nacional del Estado Civil, la institución encargada de organizar los comicios en este país) y así desmontar cualquier intento de fraude”. A la luz de los hechos, ambas fórmulas le dieron resultado a Petro: desde que perdió los comicios de 2018 ante el actual presidente, el ultraderechista Iván Duque, el político de izquierda se dedicó a recorrer el país, al tiempo que cumplía sus labores como senador, y comenzó a armar un contingente de testigos electorales en todas las regiones. Esos testigos fueron determinantes en los comicios legislativos de marzo pasado, pues en el preconteo, el Pacto Histórico había obtenido 16 senadores y 25 representantes a la Cámara, pero sus decenas de miles de delegados en las mesas de votación presentaron pruebas de alteraciones de actas electorales, lo que obligó a la Registraduría a reconocer al partido de Petro 500 mil votos adicionales que se habían esfumado en el conteo inicial. Así, el Pacto Histórico obtuvo cuatro senadores y siete representantes más, y fue la organización política más votada en los comicios legislativos. 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

to chino– y lograron “algunos éxitos sociales sobre esa base económica”. Pero se trató de “un progresismo fósil que, al estar basado en la exportación de combustibles fósiles, no era sostenible”. Con la “crisis neoliberal” de 2008-2009 y la desaceleración del crecimiento chino cayeron los precios de las materias primas “y eso demostró la inviabilidad de un proceso de disminución de la pobreza basado en la explotación indiscriminada de recursos primarios”, señaló, y dijo que “el caso más claro es el de Venezuela, un país monodependiente del petróleo, que vive una grave crisis económica, política y social”. Hace unos días Petro habló con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre la reapertura total de los pasos fronterizos comunes, en lo que fue el primer paso para la reanudación de relaciones diplomáticas entre los dos países, que se encuentran suspendidas desde febrero de 2019.

esperamos que Lula Da Silva sea elegido (presidente) este año en Brasil”.

La izquierda fósil Petro, un economista y exguerrillero del M-19 que ha sido representante en la Cámara, senador y alcalde de Bogotá, considera que el nuevo progresismo latinoamericano se fundamenta en la defensa del medio ambiente, la equidad social, el desarrollo humano, la paz y la erradicación de la violencia. Petro ha dicho a este semanario que una de las tareas que tiene el nuevo bloque de gobiernos progresistas es “priorizar la lucha contra el cambio climático como la principal estrategia de desarrollo, y eso significa que tenemos que decidir entre las políticas de la vida, que apuntan a proteger nuestros recursos, y las políticas de la muerte, que son depredadoras (como la explotación intensiva del petróleo y el carbón)”. De acuerdo con el presidente electo de Colombia, la izquierda tradicional latinoamericana “se mueve en otra dirección, en la dirección de lo que yo llamo el progresismo fósil, que se basa en la explotación de recursos naturales, como petróleo, carbón, gas natural y todo tipo de materias primas”. Consideró que en las últimas dos décadas, con el denominado “giro a la izquierda” en la región, varios gobiernos de esa tendencia aprovecharon el boom de los precios de las materias primas –que se fueron al alza por el acelerado crecimien-

Semejanzas y discrepancias

AP photo / Fernando Vergara

En la segunda vuelta presidencial, del domingo 19, la coalición izquierdista fue la que más testigos acreditó: 83 mil 209, lo que permitió tener presencia en más de 80% de las mesas de votación, una defensa frente a los intentos de fraude que Petro contempló hasta el último momento. “En todo esto nos ayudó mucho la experiencia de Morena”, afirma Bolívar, quien logró reelegirse como congresista en los comicios legislativos de marzo pasado, cuando encabezó la lista al Senado del Pacto Histórico. De acuerdo con el político y escritor colombiano –autor de series de televisión como Sin tetas no hay paraíso– para Petro y su movimiento López Obrador “es un referente muy grande, muy potente, porque ha señalado un camino para enfrentar esos poderes añejos, esos poderes tradicionales, y producir un cambio electoral”. Por eso, indica, México será “una prioridad” en la agenda internacional de Petro, que además tendrá “un sello muy latinoamericanista”. Bolívar considera que el triunfo electoral del candidato del Pacto Histórico dará un nuevo impulso a la integración latinoamericana, “porque, hasta ahora, Colombia había sido un estorbo para esa integración”. Aquí, dice, “a los gobiernos de extrema derecha que hemos tenido, como el actual, como el de Álvaro Uribe (2002-2010), no le ha interesado hacer esa integración, pero con la elección de Petro se rompe un dique y creo que esa integración está más que cantada y muy cerca, más ahora que

Petro. Triunfo con asesoría morenista

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Aunque Petro y López Obrador tienen importantes coincidencias políticas, hay aspectos en los que discrepan. Por ejemplo, el colombiano piensa que a Venezuela lo gobierna “una dictadura”, mientras el presidente mexicano pide la no intervención en los asuntos internos de ese país. Sobre la Cumbre de las Américas que se realizó a principios de este mes en Los Ángeles, y a la que López Obrador no asistió porque no fueron invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua, Petro ha dicho que él hubiera acudido para hablar cara a cara con el mandatario estadunidense, Joe Biden, aunque también está en contra de esas exclusiones. Tal vez lo que más separa al presidente mexicano y al mandatario electo de Colombia es la política ambiental. López Obrador ha sido acusado por ecologistas de destruir áreas selváticas con la construcción del Tren Maya, y es más partidario de las energías fósiles que de las energías limpias, en tanto que Petro es un decidido impulsor de la lucha contra el cambio climático. En su primer discurso al país tras su victoria del domingo 19, el candidato del Pacto Histórico afirmó que el combate al cambio climático será el centro de su política exterior y pidió a América Latina integrar un bloque con ese tema como punto central. Bolívar señala que en el tema ambiental “habrá diferencias importantes” entre Petro y López Obrador, pero “eso no va a incidir en la unión política”. “De pronto”, dice el congresista, “Petro persuade a López Obrador de poner la lucha contra el cambio climático en el centro de la agenda latinoamericana”. O

AP photo / Oleksandr Ratushniak

I NTE R NA C I O N AL /U C R AN IA

UNA GUERRA

QUE DESEMPOLVA AL MOVIMIENTO DE LOS NO ALINEADOS

Si la agresión rusa contra Ucrania concitó el rechazo de la mayoría de los países del bloque occidental, muchas naciones decidieron abstenerse de condenar a Moscú, sea porque dependen política y económicamente de Rusia, sea porque consideran hipócrita la actitud de Washington, o porque básicamente fueron víctimas del poder imperial de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y ese concierto de países que se abstienen trae a la memoria el Movimiento de los No Alineados, nacido en 1955 para no tener que elegir entre la “peste estadunidense” y el “cólera soviético”.

JEAN-LUC MAURER* a guerra que Rusia emprendió contra Ucrania el pasado 24 de febrero ya cumplió cuatro meses y al parecer no va a acabar pronto. Pero más allá de la unanimidad con la que los países del bloque occidental –integrantes de la Unión Europea, de la OTAN y aliados tradicionales de Estados Unidos en Asia oriental y Oceanía– condenaron esa invasión brutal y los crímenes de guerra y contra la humanidad que conlleva, la comunidad internacional sigue muy dividida en cuanto a la actitud que debe adoptar ante el conflicto. De hecho, los dirigentes de numerosas naciones de la ONU –que pertenecen en su mayoría al histórico Grupo de los 77, creado en 1964 para promover el desarrollo de los “países del sur”– manifiestan su

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cas soviéticas de Asia Central, los aliados naturales americanos –Cuba y Nicaragua– y países africanos como Argelia, Malí, Congo o Etiopía. Lo más relevante, sin embargo, es el número de abstencionistas. Entre ellos se encuentran la mayoría de los pesos pesados demográficos y políticos no occidentales: India, Pakistán, Bangladesh, Tailandia, Brasil, México, Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Angola, Mozambique, Arabia Saudita, Qatar y Omán. Seis de ellos –India, Brasil, México, Sudáfrica y Arabia Saudita– pertenecen inclusive al G20, que en este momento está más dividido que nunca debido a la guerra y al apoyo de China a Rusia.

“Secuela” de la caída soviética Hoy es profunda la brecha entre Norte y Sur: los países que se niegan a condenar a Rusia representan las dos terceras partes de la humanidad. Varios elementos permiten explicar y comprender esa situación. Destaca primero el hecho de que para numerosos países del Sur el conflicto entre Rusia y Ucrania resulta bastante abstruso y es a menudo visto como secuela de la implosión de la URSS. Esos países tienden a considerar que se trata de un asunto interno de la “Gran Rusia” en el que no quieren tomar partido conforme al principio de “no injerencia”, interpretando dicho principio de derecho internacional de forma muy cuestionable. Luego, los objetivos de Occidente –es UN photo / Eskinder Debebe

escepticismo, dudan en condenar a Rusia y prefieren optar por una neutralidad que a primera vista puede resultar difícil de entender. En un primer momento la conmoción provocada por esa agresión suscitó una condena relativamente unánime. Así, el 2 de marzo la Asamblea General de la ONU votó una primera resolución que exigió de Rusia “el retiro inmediato, completo y sin condición de todas sus fuerzas militares” y obtuvo una mayoría aplastante con 141 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones. Los cinco opositores fueron, sin sorpresa, Rusia misma, su vasallo de Bielorrusia, así como Siria y Eritrea, dos regímenes dictatoriales excluidos de la comunidad internacional y que dependen de Moscú, y finalmente la siniestra Corea del Norte. Sin embargo, entre los 35 países que se abstuvieron ya se encontraban actores internacionales de mucho peso, como China, la India y también Pakistán, Sudáfrica y Argelia. El 7 de abril, cuando la Asamblea General sometió a votación una segunda resolución que proponía excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, sólo 93 países se pronunciaron a favor, 24 en contra y 58 decidieron abstenerse. Entre los 24 que votaron en contra estaban los que habían apoyado a Rusia anteriormente, pero también muchos países asiáticos. Encabezó el grupo China, siguieron los “hermanos” comunistas de Vietnam y Laos, así como todas las exrepúbli-

Asamblea de la ONU. División

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decir de Estados Unidos y la OTAN– les parecen bastante sospechosos. Y eso con justa razón. Después de haber dado la espalda a Europa, a partir de la presidencia de Obama, para concentrarse en su creciente rivalidad con China en la región del Indo-Pacífico, Estados Unidos parece haber vuelto a descubrir su viejo enemigo ruso y querer llevar en su contra, por medio de Ucrania, una nueva guerra en nombre del “combate de la democracia contra el totalitarismo”. Pero numerosos son los países del Sur que pagaron las consecuencias de la Guerra Fría y de las guerras “calientes” que libraron en sus territorios las dos potencias dominantes de la época. Resultaría fastidioso enumerar aquí todos los conflictos sangrientos de esa naturaleza que marcaron la historia de la segunda parte del siglo XX, desde la capitulación de la Alemania nazi en 1945 hasta la caída del muro de Berlín en 1989. No se puede pasar por alto, sin embargo, la Guerra de Corea (1950-1953), las intervenciones armadas de Estados Unidos en su “patio trasero” latinoamericano –Guatemala en 1954 y 1960, El Salvador y Nicaragua en 1980, Granada en 1983 y Panamá en 1989–, ni por supuesto la Guerra de Vietnam ampliada a Camboya y Laos de 1961 a 1975. Sin hablar de los múltiples golpes de Estado militares organizados con el apoyo de la CIA y de sus aliados alrededor del mundo, los de Brasil y el Congo en 1964, de Indonesia en 1965, de Chile en 1973… Justo es reconocer que el comportamiento de la URSS no fue menos brutal cuando combatió las veleidades democráticas que surgieron en el seno del bloque socialista, de Budapest en 1956 a Praga en 1968, o cuando desató la guerra de Afganistán (1979-1988). Sea como sea, una cosa está clara: muchos países del Sur pagaron el alto precio de la Guerra Fría y no quieren verse atrapados otra vez entre dos fuegos. Además, dado su comportamiento reciente en el escenario internacional, Occidente no les parece el más indicado para condenar a los países que violan la soberanía de otras naciones o darles lecciones de moral. La cruzada planetaria para imponer con las armas la democracia en el mundo emprendida por George W. Bush y su entorno neoconservador después de los atentados del 11 de septiembre, que desembocó en la invasión de Irak y Afganistán, restó legitimidad a la pretensión de ejemplaridad occidental en un sinnúmero de países. Durante la intervención en Irak encabezada por Estados Unidos y sus aliados serviles, entre los que destaca el Reino Unido, se dieron crímenes de guerra y contra

I NTE R NA C I O N AL /U C R AN IA la humanidad, así como graves violaciones a los derechos humanos. Basta recordar el uso sistemático de la tortura en los centros de detención de Abu Ghraib y Guantánamo, el papel de Francia y de la OTAN en Libia, y particularmente en el asesinato sórdido de Gadafi o el apoyo constante de Washington a Israel en el conflicto israelí-palestino y sus vetos a todas las resoluciones de la ONU que condenan al Estado hebreo. Los países del Sur que hoy se abstienen de condenar a Rusia por su invasión de Ucrania tienen muy presentes todos estos acontecimientos y es lo que explica por qué muchos de ellos quedan dubitativos ante los llamados de Estados Unidos y Occidente a unirse a su cruzada contra Moscú. No tienen una visión clara de lo que está en juego en ese conflicto complejo que no les parece peor que los de Irak, Libia o de otras partes. Varios de ellos además son clientes fieles de Moscú, que les vende armas al tiempo que equipa y capacita a sus fuerzas armadas en condiciones ventajosas. En realidad estos países defienden ante todo sus intereses legítimos y su preocupación esencial es la crisis económica planetaria provocada por el conflicto y el bloqueo de las exportaciones de cereales y de abono químico de Ucrania y de Rusia, que los amenaza con la hambruna. Fue lo que enfatizó Macky Sall, presidente de Senegal y de la Unión Africana, durante su encuentro con Vladimir Putin el pasado 3 de junio en Sochi. Sall precisó luego su posición en entrevista con el vespertino Le Monde, subrayando en síntesis que más que tomar partido en el conflicto la prioridad de África era resolver sus propios problemas. En una perspectiva histórica más amplia no hay que subestimar el hecho de que numerosos países del Sur, en especial de África, siguen profundamente marcados por los estragos de la esclavitud, de la colonización y de las políticas neocoloniales. Todos recuerdan que en la época de la lucha anticolonial y del inicio de las independencias, la URSS fue prácticamente el único país que los apoyó.

Dudas en torno a Biden A pesar de todo lo que pueda hacer en Ucrania, Rusia sigue sacando provecho de esa aura de solidaridad con el llamado Tercer Mundo y hoy esa fama funge como renta histórica. Finalmente para volver a una dimensión eminentemente contemporánea, numerosos Estados del Sur siguen bastante perplejos ante la voluntad proclamada por Joe Biden de encarnar el “campo de la democracia” en el escenario internacional.

No sólo la credibilidad del actual presidente estadunidense está mermada por su voto a favor de la invasión a Irak en 2003, sino que últimamente la democracia estadunidense dio la medida de sus límites con el mandato de Donald Trump, consternó al mundo con el asalto al Congreso el 6 de enero de 2021 y suscita el horror con asesinatos en masa perpetrados por desequilibrados que derraman sangre en sus ciudades. Más dividido que nunca, Estados Unidos ofrece más bien la imagen de un país al borde de la guerra civil, en declive, ineficiente, violento, racista e injusto, en particular con su minoría afroamericana. A la inversa, la gran némesis actual de Washington, la República Popular de China, de Xi Jinping, representa el contramodelo de un país en auge que logró sacar de la pobreza a miles de personas y echar a andar una política de desarrollo económico y social que le permite vislumbrar la posibilidad de festejar en 2049 el centenario de su revolución volviendo a ser la primera potencia del mundo que fue hasta el siglo XIX. No es, por lo tanto, asombroso que importantes sectores de las poblaciones del Sur –e inclusive del Norte– lleguen a considerar que un régimen autoritario es más eficaz para gobernar que un sistema “democrático” –concepto a menudo manipulado por oligarcas locales para enriquecerse– que aparece como sinónimo de corrupción e incumplimiento de promesas de justicia y libertad. De allí que se cuestiona la democracia en todas partes del planeta y que el autoritarismo tenga viento en popa. Finalmente cuenta el hecho de que en muchos países del Sur el pueblo rechaza en su mayoría el liberalismo de la sociedad que pregona Occidente por considerarlo decadente, arreligioso y demasiado favorable a los derechos de la mujer y de las minorías LGBT+, mientras que Moscú se va forjando una imagen de “modelo radicalmente distinto” que defiende los “valores tradicionales. Y es con esa imagen que el Kremlin juega hábil y exitosamente cuando se dirige a estos países. Es, pues, por todas estas razones que países del Sur se muestran por lo menos “reservados” ante la invasión rusa de Ucrania, nación en defensa de la que Occidente se movilizó de manera demasiado entusiasta para no ser sospechosa, en su opinión. En tiempos de la Guerra Fría buena parte de estos países intentaron escapar a la obligación de elegir entre la “peste estadunidense” y el “cólera soviético”, creando el Movimiento de los No Alineados durante la conferencia de Bandung en 1955. Presidía la cumbre el mandatario Sukarno, de Indonesia, y lo rodeaban Jawaharlal Nehru, primer ministro de India; Gamal

Abdel Nasser, presidente de Egipto; Kwame Nkrumah, carismático líder de la independencia de Ghana; Norodom Sihanouk, emblema de Camboya; y Zhou Enlai, primer ministro de la República Popular China. El funesto conflicto armado que desgarra de nuevo a Europa favorece en cierto sentido el resurgimiento de ese espíritu de no alineamiento. Y eso no va a facilitar la resolución de los problemas de un mundo enfrentado a una crisis económica devastadora que amenaza con tener consecuencias catastróficas en países muy dependientes de importaciones de gas y trigo de Rusia o Ucrania. La brecha que se va agudizando en el seno del G20 ilustra muy bien esa nueva división de la comunidad internacional entre el Norte y el Sur. La próxima cumbre del “club” de las 20 mayores economías del orbe está prevista por llevarse a cabo en Bali a mediados de noviembre, porque Indonesia preside el Grupo en 2022. Países miembros de la alianza informal de apoyo a Ucrania –todos del Norte en el sentido económico de la palabra– rehúsan sentarse en la misma mesa que Vladimir Putin e insisten en no invitar a Rusia. Otros países, en su mayoría del Sur, con China a la cabeza, no comparten del todo esa posición de ruptura o se oponen firmemente a ella. Ante semejante dilema, el presidente indonesio Joko Widodo –más conocido como Jokowi– asegura que no le corresponde excluir a Rusia pero que está dispuesto invitar a Volodímir Zelenski a participar a la reunión. El presidente ucraniano está de acuerdo, pero todavía no se sabe si esa propuesta permitirá superar el bloqueo actual y no se puede descartar que la guerra entre Rusia y Ucrania provoque la explosión del G20. Ciertamente no sería la consecuencia más dramática ni fundamental del conflicto, pero esa institución emblemática de la fase de la globalización de la economía que está a punto de acabarse sería entonces una de las víctimas colaterales del conflictivo callejón sin salida hacia el que se dirige el concierto cada vez más disonante de las naciones. *Catedrático honorario del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo, de Ginebra, en el que asumió altas responsabilidades de 1992 a 2004; es especialista de los problemas de desarrollo económico, social y político de los llamados países del Sur, temas a los que dedicó varios libros. Trabaja actualmente en el Círculo Germaine de Staël, de Ginebra –del que es miembro fundador–, centro de investigación sobre el declive de la democracia y el auge del nacional-populismo en Europa y el mundo. El texto anterior fue publicado el pasado 15 de junio por el portal de análisis y noticias The Conversation, con cuya autorización se reproduce. 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

Javier Sicilia

Silencio y escucha Para la Compañía de Jesús, con mi dolor y mi indignación.

odos los testigos directos del horror –pienso en particular en Primo Levi y Jorge Semprún– se han hecho una misma pregunta: ¿de qué manera narrarlo para hacerlo sentir a otros y suscitar en ellos una conmoción que evite repetirlo? La pregunta es más que nunca pertinente en México, un país atravesado por el horror, donde crueldades que se dieron y se dan en campos concentracionarios se llevan a cabo de manera dispersa y sistemática a lo largo y ancho del país. Lo es aún más porque después de tantos años de relatos e imágenes espantosas hemos aprendido a hacerlo parte de nuestra vida diaria. Muchas son las respuestas. Yo he intentado algunas en estas páginas de Proceso. Me parece, sin embargo, que es Jorge Semprún, en La escritura o la vida, quien se aproxima a una de las más precisas. El problema, nos dice, no está en las narrativas. Toda la literatura está llena del mal y su horror. No se diga la literatura testimonial que nació después de la Segunda Guerra Mundial. En México esas narrativas no han dejado de suscitarse. Desde el levantamiento zapatista hasta el reciente movimiento feminista y la multiplicidad de atrocidades que continúan cometiéndose, pasando por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y Ayotzinapa, el sufrimiento y el horror se han expresado con una claridad y una precisión omnipresentes. Ciertamente, han conmovido y producido sentimientos de terror, compasión, indignación y solidaridad. Pero es evidente también que los hemos olvidado y diluido en la banalidad de los acontecimientos de todos los días, como si eso fuera equivalente al anuncio de un dentífrico, a las ofertas del mercado o a las frivolidades de la política. El problema, vuelvo a Semprún, es que toda narrativa, por más precisa y aterradora que se presente, no logra transmitir la sustancia propia del horror

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que las víctimas llevamos con nosotras y que Semprún define, paradójicamente, como “una experiencia de muerte”. Las víctimas no vivimos el horror como un accidente o una enfermedad de la que sobrevivimos. Mucho menos como algo que le sucede o le sucedió a otros y nos aterra, indigna y conmueve por connaturalidad. No somos sobrevivientes de acontecimientos terribles de los que escapamos “porque no nos tocaba” o porque “esas cosas le suceden a otros”. Somos, dice Semprún, revenants. La palabra no tiene equivalente preciso en español, pero define a alguien que volvió de la muerte y la trae consigo; alguien que vivió su horror en un ser amado, es decir, en su propia carne, y lleva consigo las huellas del mal como si lo hubieran grabado con un hierro al rojo vivo y volviera transfigurado de un largo e inesperado viaje. Podemos reír, compartir las alegrías de estar vivos, pero no escapar de la experiencia. La vida adquiere así un sabor agridulce que lleva la impronta indeleble del espanto y la muerte. Quien no lo ha vivido en carne propia o, como los grandes narradores, se ha dejado invadir por su sustancia; es decir quien mira en las víctimas una pura descripción del horror –el ropaje, el espantoso adorno con el que el mal se reviste– sólo puede experimentarlo de manera abstracta, es decir, intelectualmente, como una narración que no los compromete, cuyo ropaje, por más objetivo y espeluznante que sea, le sucede a otros y no les pertenece; les es ajeno. El hecho mismo de hablar, como lo hace Semprún, de una experiencia de muerte que se lleva consigo, parece absurdo, porque la muerte “para el pensamiento racional”, es decir, para un pensamiento que sólo conoce mediante la abstracción, la muerte “es el único acontecimiento del que jamás podemos tener una experiencia individual”, un acontecimiento que sólo puede asirse

“bajo la forma de la angustia, del presentimiento o del deseo funesto…”. Por ello podemos fácilmente apartar la mirada y el oído de su sustancia que se ha vuelto colectiva, diluirla en un ansiolítico o entre los múltiples distractores de la cotidianidad y el parloteo mediático o, como lo hacen los criminales y los políticos, en la sordera y la ceguera de la imbecilidad. La única forma en que podemos escucharlo y ser interpelados por él es haciendo un profundo silencio. Sólo así es posible escuchar, ver y sentir eso incomunicable que está en el ropaje mismo del horror y la muerte. El poeta Daniel Goldin lo llamó recientemente un “silencio sonoro”, un silencio que de tan profundo y atento permite escuchar y sentir esa sustancia que nos lleva al encuentro de los otros. Ese silencio, nos recuerda otro poeta, David Huerta, pertenece a un tipo de arte que debemos reaprender en un mundo en el que el parloteo virtual ha reducido la realidad a un show: el arte de escuchar. Sólo se escucha y se es verdaderamente interpelado por la sustancia de un relato en el silencio. Los relatos del horror, sobre todo el de las víctimas, piden algo más de lo que Sor Juana pedía a sus lectores: “Óyeme con los ojos”; algo más de lo que Quevedo hacía con los escritores muertos: oírlos con sus ojos. Piden ser escuchados con todos los sentidos, ser acogidos en su experiencia de muerte: “Óyeme y siénteme en tu carne” para que juntos creemos esa región del alma donde la fraternidad, como querían Semprún y cada víctima, se opone y resiste al galimatías del mal. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. O

ANÁLI S I S Ricardo Raphael

Matar sacerdotes para calentar la plaza ¿

or qué asesinar a dos sacerdotes adultos mayores de la orden de los jesuitas dentro de su iglesia? ¿Qué tal si no hubiese azar en esa ejecución, sino un cálculo preciso del escándalo nacional que este acto de barbarie iba a provocar? Hacia la una de la tarde del pasado lunes 20, Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, guía de turistas en la Sierra Tarahumara, ingresó a la iglesia de Cerocahui seguido por sicarios. Ahí dentro lo ultimaron y también arrebataron la vida a Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, ambos sacerdotes de la Compañía de Jesús, el primero de 79 y el segundo de 81 años. La reacción nacional frente a estos asesinatos fue contundente y da prueba de que en México hay muertos de primera y segunda categoría. Es duro decirlo pero es verdad: muy probablemente habría pasado inadvertido ese acto de violencia si las víctimas hubiesen sido tres adultos mayores pertenecientes a la etnia rarámuri. El pasado mes de abril un grupo armado y con el rostro cubierto arribó a la comunidad de Jicamorachi, ubicada en la frontera entre Chihuahua y Sonora. Ahí los sicarios dispararon contra las viviendas, la iglesia y los comercios para provocar que las y los pobladores abandonaran ese asentamiento. De las 122 familias que ahí vivían actualmente sólo quedan 40. Salvo alguna excepción, el hecho pasó inadvertido para la prensa nacional. Patricia Mayorga sí reportó para la edición digital de Proceso (02.07.21) sobre el desplazamiento forzado derivado de esa violencia que ha vuelto víctimas a decenas de habitantes de la región en los últimos años. Las organizaciones criminales han impuesto sus leyes para hacer o deshacer con un territorio que asumen como propio y que sirve para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, pero también para dominar el lucrativo negocio de la tala ilegal de bosques. Han sufrido de este látigo arbitrario las poblaciones de varios municipios de Chihuahua, como Guazapares, Uruachi y también Ciudad Cuauhtémoc. Se trata de una verdadera ola cargada de extorsiones, negocios incendiados, personas “levantadas” y asesinatos.

Mientras Chihuahua arde, la autoridad legal confirma su participación como mera espectadora del desastre. Con el asesinato de Morita y El Gallo, como la población solía referirse a los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos, la actitud pasiva dejará por un tiempo de ser tolerada. Se suma al cuadro macabro el que los asesinos hayan plagiado los cuerpos sin vida de los dos religiosos y también del guía de turistas, Pedro Palma. Estas muertes son un escándalo cuyas llamas se elevan a tal punto que se hace imposible no verlas, incluso desde lejos. Ha sido señalado como responsable de esta masacre el joven de 30 años José Noriel Portillo Gill, conocido en su medio como El Chueco. Los antecedentes de este criminal tienen varios años acumulándose. Se le acusa de haber mandado ejecutar, en 2018, al profesor estadunidense Braxton Andrew, a quien se le habría confundido con un agente de la DEA. También hay imputaciones que pesan sobre El Chueco, desde 2019, por la desaparición y homicidio del activista Cruz Soto Caraveo. Se trataría del líder de una empresa criminal que controla la región de Urique, ligada a la organización Los Salazar que, a su vez, estaría vinculada con el Cártel de Sinaloa. Más allá de estas malas cartas de referencia, la acusación que desde la Presidencia de la República se ha hecho contra Portillo Gill merecería valorarse con precaución. Resulta un tanto sospechoso que el líder de una organización criminal sea al mismo tiempo el autor material de los crímenes referidos. Sin embargo, afirmó Andrés Manuel López Obrador que un tercer sacerdote, que estaba presente en el momento de los hechos, habría reconocido al Chueco. Esta pieza de información tendría todavía que ser corroborada. Pero aún más extraño es que el líder criminal de la región haya cometido el error de ejecutar un doble asesinato –el de los sacerdotes jesuitas– sabiendo que ese evento terminaría por “calentar” su plaza, como se dice coloquialmente. Es común que el asesinato de civiles inocentes por parte de las bandas crimina-

les tenga como propósito atraer reflectores públicos de tal manera que las fuerzas del Estado tomen control del lugar. Esto, a su vez, tiende a favorecer a las empresas criminales que, de otra manera, no habían podido arrebatar territorio a sus adversarias. Es decir que el “calentamiento” de una plaza tendría como propósito el empoderamiento de las bandas rivales. En caso de que los asesinatos de Cerocahui fuesen la consecuencia de este patrón delictivo, El Chueco no sería el autor de los hechos, sino el chivo expiatorio designado para mitigar la ira social. Suma a esta línea de reflexión la pugna que lleva un buen rato andando entre el Cártel de Sinaloa, de un lado, y la alianza que han formado la organización delictiva La Línea y el Cártel de Caborca comandado por Rafael Caro Quintero. Hace apenas cuatro meses empleados de la empresa comandada por Caro colgaron de un puente en Hermosillo el cadáver de un hombre y un mensaje en el que se señalaba a funcionarios del gobierno sonorense de estar vinculados justamente con Los Salazar, grupo al que pertenecería El Chueco. La alianza entre Caro y la Línea para arrebatarle posiciones al Cártel de Sinaloa, concretamente la lucrativa región maderera de la Sierra Tarahumara, una de las más importantes para la tala ilegal, podría ser una explicación alternativa y más coherente respecto al secuestro y asesinato de las víctimas de Cerocahui. ¿Fue realmente José Noriel Portillo Gill el responsable de lo ocurrido o alguien más decidió calentarle la plaza con el propósito deliberado de sacar a la organización sinaloense de la sierra de Chihuahua? Más allá de las personas a las que puedan imputarse estos crímenes, no debería la autoridad cerrar el caso una vez que se detenga al presunto responsable, porque el fenómeno de la violencia que se vive en esa zona del país trasciende a esa persona. Que la muerte de los sacerdotes Morita y el Gallo no vaya a servir para que salgan unos criminales de Cerocahui y en su lugar ingresen otros. El tema de fondo es el control de la sierra, el cual debería volver a manos del Estado en vez de continuar siendo territorio de criminales. O 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

Elisur Arteaga Nava

La incongruencia como medio de hacer política

rancisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, está viviendo sus últimos días en libertad. Se le acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero (Milenio, 20 de junio). Le aguarda una prolongada estancia en prisión. Primero, en el extranjero, como sujeto a un proceso de extradición. Después como cliente distinguido del Altiplano. Va a estar algunos años a la sombra. Hay mucho que comentar respecto a la situación jurídica y política del señor García Cabeza de Vaca. De inicio reconocer que su frivolidad, irresponsabilidad y negligencia incidieron negativamente en las elecciones celebradas a principio de este mes en Tamaulipas, el estado que está a punto de dejar de gobernar. Por su culpa, Acción Nacional perdió un bastión de poder y de votos importante. Morena se hizo de la gubernatura y del Congreso de la entidad. La derrota es políticamente imperdonable, sobre todo con vistas a la elección presidencial a celebrarse en 2024. Se perdieron esos votos cuando más se necesitaban. García Cabeza de Vaca no es el único responsable del fracaso; son corresponsables los diputados del Congreso local y los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional. Los primeros por no haber dado curso, como debían, a la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, a través de una reforma a la legislación local, haber dilatado el cumplimiento de lo mandado por la autoridad federal. Los segundos, los dirigentes de Acción Nacional, por no haber presionado para que se diera cumplimiento a la suspensión del cargo del gobernador.

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Los directivos de Acción Nacional se mostraron acomodaticios y convenencieros. En 2005, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en defensa del jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, recurrió a la controversia constitucional ante la Corte para impugnar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, alegando que se requería de una nueva declaración local para que operara la suspensión en el ejercicio del cargo del desaforado, es decir lo mismo que se invoca por el gobierno de Tamaulipas en la controversia constitucional que ahora se ventila ante la Corte, el Partido Acción Nacional se pronunció en el sentido de que era incorrecto ese punto de vista e infundada la controversia. La Corte, por su parte, en ese entonces rechazó lo que ahora ha admitido a trámite y, de lo que ha trascendido, va a declarar fundado. ¿Por qué ahora Acción Nacional no se opuso a que se admitiera la controversia constitucional? ¿Por qué la Corte cambió de opinión y dio trámite a algo que antes declaró improcedente? ¿Ignorancia? ¿Desmemoria? ¿Falta de principios? Una autoridad competente solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que emitiera una declaración de procedencia a fin de que el señor García Cabeza de Vaca enfrente diferentes acusaciones en su contra. Después de agotar el procedimiento de ley, esa cámara obsequió la solicitud que le fue formulada. Ante esa declaración, García Cabeza de Vaca, para rehuir su cumplimiento, en fraude a la ley, con la complicidad de la Legislatura del estado modificaron la Constitución política local para ha-

cer depender lo resuelto por la Cámara de Diputados de su homologación por el Congreso local. Esa acción indebida fue cuestionada. Actualmente se ventila una controversia constitucional para determinar si la reforma es correcta y la interpretación dada por la Legislatura está apegada a la Constitución general. Ha trascendido que el proyecto de sentencia que presentará al Pleno de la Corte el señor ministro Juan Luis González Alcántara viene en el sentido de establecer que se requiere de una nueva declaración de la Legislatura del estado de Tamaulipas para entender que el señor García Cabeza de Vaca tiene suspendida la inmunidad de que goza. Si es cierto lo que ha trascendido a los medios, disiento del punto de vista del distinguido jurista y entrañable amigo. Me llevan a disentir de su opinión las siguientes consideraciones: Los órdenes federal y local son completos en sí mismos. No requieren uno del otro para cumplimentar las determinaciones que emiten en ejercicio de las facultades que les tienen conferidas. Una declaración emitida por la Cámara de Diputados que suspende del ejercicio del cargo a un servidor público tiene efectos por sí, sin necesidad de una declaración complementaria que emita la Legislatura local. La notificación a que hace referencia el artículo 111 es únicamente para que la Legislatura local provea lo relativo a la suplencia del gobernador suspendido en el ejercicio del cargo, no para que homologue lo resuelto por la Cámara de Diputados o para que lo ratifique.

AN Á L IS I S Alberto Pérez Dayán

Más sobre oxigenantes y cambio climático

Lo anterior no es un punto de vista que yo haya elaborado con miras al caso concreto; ese punto de vista lo he expuesto desde hace muchos años tanto en mi Tratado de derecho constitucional (México, Oxford University Press, 1999, tomo IV, p. 1311) como en mi Derecho constitucional (Oxford University Press, México, 2016, tomo I, p. 359). Ahora agrego un argumento adicional. En el momento en que se hace depender de la Legislatura de Tamaulipas el cumplimiento de lo resuelto por la Cámara de Diputados, en el sentido de suspender de su cargo al gobernador, se atenta, en forma adicional, contra lo que dispone el artículo 111: “Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados o Senadores son inatacables”. El prever la homologación de una declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados es hacerla atacable. Si García Cabeza de Vaca tiene la convicción de que es inocente y sabe que en un futuro inmediato se le acabará la inmunidad de que goza, ¿por qué no se entregó a la autoridad que lo requería y enfrentó, sin más, las acusaciones de que era objeto? Su situación jurídica se complicó. Se quiso pasar de listo en el momento menos oportuno para él y para su partido. Recurrió al fraude a la ley para retrasar el momento en que deberá enfrentar los procesos penales que se le siguen. Una vez que asuman el poder quienes resultaron ganadores y que termine la inmunidad de que goza, le podrán repetir al señor García Cabeza de Vaca lo que dice el dicho: “Si caes en mi tribunal, ni declaración te tomo”. Su causa ya ha sido juzgada y sentenciada. O

propósito de mi más reciente colaboración publicada en este medio el pasado 8 de mayo, titulada Pluralismo científico, cambio climático y derecho humano a un medio ambiente sano, profundizo en las consideraciones en torno a los oxigenantes en las gasolinas y su relación con el cambio climático. Lo que la humanidad juega en ello no es un tema menor ni aplazable. Comienzo por recordar que todas las gasolinas contienen aditivos químicos (llamados oxigenantes), los cuales permiten una combustión completa en los motores. La elección sobre el uso de un determinado oxigenante frente a otro debe estar orientada, indudablemente, a disminuir la emisión de gases hacia la atmósfera, condición determinante también para cumplir los deberes del Acuerdo de París. Esta premisa está estrechamente vinculada con la problemática resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 610/2019, del que fui ponente, donde se invalidó la modificación llevada a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la “Norma Oficial Mexicana NOM-016CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos”, realizada sin mayor reflexión, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 51 de la hoy abrogada Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Dicho numeral establece que para la modificación de una norma oficial deberá cumplirse con el procedimiento seguido para su elaboración, pero que podrá exceptuarse de ello cuando “no subsistan las causas” que motivaron su expedición; supuesto éste en el que se basó la CRE para modificar la NOM-016 sin seguir el procedimiento respectivo. La declaratoria de invalidez obe-

deció a razones soportadas en una interpretación de esta norma a la luz del principio de precaución ambiental. Se estimó que no se actualizaba el supuesto legal de excepción en tanto la CRE no habría justificado su decisión, pues mientras que las causas que dieron origen a la NOM-016 atendieron fundamentalmente a temas de índole ambiental, las razones aportadas para modificar unilateralmente la norma –ante la “insubsistencia de las causas que le dieron origen”– fueron eminentemente económicas. La preocupación que se visibiliza en la sentencia es el posible impacto de dicha modificación frente al fenómeno del cambio climático, por lo cual concluye que se debe llevar a cabo una evaluación con la mayor información científica posible y que no puede ser una sola voz ni una sola valoración lo que dé sustento a una decisión con un potencial efecto negativo al medio ambiente. En este tenor y frente al hecho de que la propia CRE ha iniciado la modificación a la NOM-016, como consta en la publicación en el DOF del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad, de fecha 24 de febrero de 2022, estimo fundamental revisar la evidencia científica en la materia, de cara a la importante decisión que tomará el órgano regulador. Hoy en día más de 70 países utilizan el etanol como combustible o como oxigenante; la mezcla más utilizada contiene un máximo de 10% en volumen de etanol anhidro (E10). En México esta mezcla está permitida solamente al 5.8%, a partir de haberse invalidado la reforma comentada. En su lugar, se utiliza el éter metil-terbutílico (MTBE), sustancia prohibida en muchos estados de Estados Unidos por su posible efecto en la contaminación del agua, de conformidad con el Centro para el Control de Enfermades de dicho país. Estamos frente a un dato de gran re-

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levancia, tomando en cuenta que en los últimos 10 años han sido contaminadas un elevado número de hectáreas en México por derrame de hidrocarburos y productos químicos asociados a las gasolinas, como lo es el MTBE, según información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La estructura química del MTBE provoca que se incorpore rápidamente a los acuíferos, lo cual hace muy compleja su biorremediación. La ligereza con la que se manejan esas sustancias ha llevado a su uso extensivo y generalizado, lo que ha creado también un problema serio de riesgo subyacente. Desde un enfoque relacionado con la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el Calentamiento Global, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) realizó un estudio con conclusiones relevantes para el caso. Estima que el uso de etanol al 10% como oxigenante en las gasolinas, en ciertas circunstancias, es una alternativa viable desde el punto de vista ambiental, ya que reduce con mayor eficiencia los GEI por tratarse de un componente de carbono neutro proveniente de plantas y organismos fotosintéticos que son más eficientes para capturar CO2 del ambiente y para obtener oxígeno y materia orgánica; ello a diferencia del MTBE que proviene de recursos fósiles, como son el isobutileno y metanol, del petróleo y del gas asociado, respectivamente. El IMP califica legalmente viable la introducción de gasolinas hasta con 10% de etanol, ya que a su consideración no hay diferencias estadísticamente significativas entre las emisiones de la gasolina regular con MTBE y la gasolina con etanol, mientras se conserve la presión de vapor establecida en la NOM-016 para la Zona Metropolitana del Valle de México. Empero, sobre el tema y, en específico, sobre la calidad del aire hay consideraciones encontradas. Por un lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental estima que el uso del etanol potencializa la formación de ozono. Al mismo tiempo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos determina que las mezclas con 10% de etanol en las gasolinas permiten mejorar la calidad del aire y facilitan el cumplimiento de los estándares

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de concentraciones de ozono y PM2.5, pero su volatilidad puede producir, en circunstancias geográficas especiales, el nocivo efecto invernadero. A ello debemos agregar que existen cuestionamientos en torno a que el uso de etanol propicia el desplazamiento de cultivos destinados a la generación de insumos alimenticios, así como la deforestación derivada de la expansión del uso de la tierra dedicado a la producción de dicho combustible, lo que globalmente aumenta la temperatura del planeta (cambio climático), fenómeno devastador inaceptable. El consenso de la literatura respecto al dilema de la producción de agrocombustibles y seguridad alimentaria es que éste debe ser analizado caso por caso. Para México, la producción de bioetanol se plantea principalmente a partir de la caña de azúcar, cuya siembra alcanza las 852 mil hectáreas, lo cual no sólo satisface las necesidades de azúcar del mercado nacional, sino además arroja excedentes de 1.7 millones de toneladas. Igualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, existen 1.15 millones de hectáreas con potencial alto para la producción de caña de azúcar y 5.13 millones de hectáreas con potencial medio, para un total de 6.28 millones de hectáreas disponibles, dando ocupación a muchos miles de mexicanos necesitados de trabajo productivo. Por ello, debe evaluarse el tamaño del riesgo de afectar la soberanía alimentaria debido a la existencia de amplios excedentes que satisfacen la demanda nacional, las restricciones legales que enfrenta la producción de biocombustibles y una frontera agrícola muy amplia para la producción de caña, todo frente a la posibilidad real, también presente, de afectar irremediablemente el medio ambiente y su sustentabilidad. En suma, como juzgador, sólo pretendo evidenciar puntos relevantes del debate al cual se enfrenta, primeramente, el órgano regulador en el proceso de modificación de la NOM-016 y, después, muy seguramente, los tribunales de la Federación cuando este tema se judicialice. El talento y la responsabilidad social deberán imponerse. O

n 10 años la guerra en la República del Yemén, un país de apenas 38 millones de habitantes, ha provocado la muerte de 234 mil personas. Como secuela, 20 millones requieren ayuda humanitaria, de los cuales más de 7 millones son niños; hay 4 millones de desplazados, lo que quiere decir que uno de cada ocho ha cambiado de hogar en ese tiempo; como consecuencia de esa guerra, 6 mil 600 hogares han sido destruidos, 33 escuelas fueron arrasadas y 43 caminos quedaron inservibles. Y como si no fuera suficiente, según la ACNUR, 136 mil solicitantes de asilo procedentes del Cuerno de África esperan pases de solicitud de asilo en las ruinas de ese país. La ONU afirma que sus organismos realizan allí la operación humanitaria más grande del mundo en la actualidad. Hay países misteriosos de los que se sabe muy poco y, sin embargo, como Yemén, encierran muchos y graves problemas. Es cierto que los medios a veces los muestran cuando hacen un paréntesis en la guerra entre Rusia y Ucrania que, debido a sus dimensiones y efectos, puede ser el origen de una gran catástrofe para la humanidad entera, pero no exime de saber qué pasa en esos otros países, como Afganistán, que después de la salida de Estados Unidos, o Siria, luego del supuesto fin de la guerra, están en condiciones más lamentables que nunca. Se desconoce cómo viven sus sociedades, la cotidianidad y, sobre todo, cuáles son sus formas de supervivencia. Vemos las imágenes de figuras famélicas de sus niños, los escombros por los que deambulan buscando en los basureros cualquier cosa para comer o encontrarle alguna utilidad. Con las llantas desechadas elaboran vasijas para el

AN Á L IS I S Carlos Martínez Assad

Yemén, la antigua Arabia Feliz

acarreo del agua fétida que logran encontrar, algunos se refugian en las carrocerías inservibles de los vehículos, soportando el calor o el frío, intercambian baratijas en los mercados por un pedazo de pan. El problema en Yemén se remota unas décadas atrás, cuando el pueblo de los hutíes, un grupo rebelde bajo el nombre de Ansar Alá, es decir, los partidarios de Dios, de filiación zaidí-chiita, tomó su capital en 2007. En 2011 el territorio sustraído al gobierno del partido Al-Ishah, donde confluyen organismos vinculados a los Hermanos Musulmanes y a la versión de la Península Arábiga de Al-Qaeda, se amplió. El primero, con ayuda de Irán que siempre aparece para apoyar a partidarios del chiismo, y el segundo con el ventajoso grupo apoyado por Arabia Saudita y Emiratos Árabes formando una coalición en la que participó hasta Estados Unidos, con disponibilidad y armas para bombardear diariamente el territorio de aquéllos, sin lograr explicar por qué mantienen a sus fuerzas en pie de lucha. También es cierto que los hutíes pasaron de ser unos cuantos miles a más de 100 mil combatientes, lo que hace entender que controlen aproximadamente 40% del territorio. Han conquistado la capital, Saná, en el centro-norte del país, junto al muy importante puerto de Al-Hodeida, en el Mar Rojo, que mantienen pese a los constantes bombardeos. Ese puerto es fundamental porque es la entrada de todas las mercancías y alimentos al país, ahora muy escasos; además los bombardeos imposibilitan la pesca, tan importante para la población local, y han dejado de hacerse todas las actividades debido a los bombardeos de la coalición que encabeza Arabia Saudita. Se ha habilitado el

puerto como el corredor más viable para la ayuda humanitaria que llega desde el exterior, pero no necesariamente se logra utilizar todo el tiempo, sometiendo al país a una carestía que ha provocado ya una hambruna que va en aumento. Y en ese panorama que afecta al conjunto de los yemenitas sin importar el bando que domine el lugar donde viven, resulta increible que las fuerzas del gobierno continúen recibiendo armamento y apoyo de Arabia Saudita y de los países occidentales. Se ha dicho, por ejemplo, que Francia, que se erige como baluarte de la libertad y de la justicia, se ha comprometido vendiendo armas, municiones y servicios de guerra por 8 mil millones de euros entre 2005 y 2020, una ayuda criticada por varios organismos, entre ellos Human Rights Watch. Qué decir de Estados Unidos, el susodicho paladín de la democracia que alcanzó con sus tentáculos para afectar a los yemenitas tan alejados de su territorio pero no de sus intereses, hasta que decidió retirarse. La Península Arábiga resulta siempre promisoria por el petróleo y el gas, porque allí están las reservas más elevadas, y aunque son escasos los pozos en Yemén debido a la deficiente tecnología, es muy probable que el volumen que puede ser extraído sea promisorio. Los pozos petroleros están más del lado del territorio de los rebeldes y el país cuenta con dos refinerías, algo que seguramente estará en la base de la explicación, aunque paradójicamente no coincide con la miseria de las tribus que lo habitan. Cuando en 2021 los rebeldes se acercaban a Marib, una importante ciudad en el centro del país, los dirigentes de Al-Islah fueron severamente criticados por la coalicición gubernamental, alegando que para

proteger sus propios intereses lo hacen en detrimento de los intereses de los yemenitas. En respuesta, la reacción de Riyad fue la de supender por unos días los bombardeos contra los rebeldes para permitir que el gobernador de Marib pudiera reposicionarse. Eso permite ver las divisiones que existen en el grupo político en el poder, lo cual puede incidir en las debilidades que aprovechan los hutíes. Después de numerosos intentos, a finales de marzo de este año se dio el primer alto al fuego, se permitió el restablecimiento de los vuelos comerciales, se habilitó el corredor humanitario desde el Mar Rojo; pero aún así más de 30 ONG internacionales hacen esfuerzos para que el alto al fuego se mantenga. Sin embargo, no parece que esté cerca una solución definitiva. Y nada ha importado a los países combatientes, ni a los que los apoyan descaradamente, haber llevado a 80% de la población a una atroz miseria y a la hambruna que padecen millones en la crisis humanitaria que diferentes organismos califican como la más brutal que se padece en la actualidad. Nadie creería que Yemén, ese territorio en disputa, albergó lo que en la antigüedad fue llamada la Arabia Féliz, en cuyos bosques crecían los árboles de los que se obtenían el incienso y la mirra, esencias para producir perfumes y resinas para fijar la escritura en los papiros. Su aroma fue considerado esencial para el Sanctasanctórum del Templo de Jerusalem y de otros sitios sagrados. Por esos parajes pasó la reina de Saba, así como las caravanas para el intercambio de las especias. También el viaje fue inspiración para el de Paul Nizan. Y de todo eso sólo queda la áspera realidad.

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Sanciona el INAH a una perito

“Improvisación” en el Proyecto Sismos

Por cuestionar en un artículo el desempeño del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la restauración del patrimonio cultural dañado por los sismos de 2017, la arquitecta perito Rutilia Amigón fue sancionada de manera múltiple. En entrevista expone los hechos y denuncia el “desorden” que privó desde un inicio por parte de directivos del instituto para rehabilitar el patrimonio dañado, que en Puebla sumó 621 inmuebles, en su gran mayoría templos. Proceso solicitó la postura oficial, pero el INAH se declaró imposibilitado debido a procedimientos de carácter jurídico en trámite. Reconstrucción estancada

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C U LTU RA C ULT URA GABRIELA HERNÁNDEZ

UEBLA, PUE.- El 23 de febrero, cuando estaba por ser sometida a una cirugía, Rutilia Amigón Amigón, arquitecta perito con 27 años de servicio en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fue notificada por correo electrónico de una sanción laboral: a partir del 1 de marzo ya no trabajaría en Puebla. La habían transferido a Sinaloa, a más de mil 500 kilómetros de distancia. En otros mensajes enviados ese mismo día, pese a que ella informó sobre su complicado estado de salud, el director regional Manuel Villarruel Vázquez le puntualizó que tenía hasta el 28, es decir, sólo cinco días, para entregar la documentación de las obras y trabajos a su encargo. Y al día siguiente tenía que presentarse en Culiacán. En actas administrativas que levantó contra la perito, el INAH expone que uno de los motivos de esa sanción son declaraciones que Amigón hizo a la prensa, así como la publicación de un texto de su autoría que critica el desempeño del instituto en la restauración del patrimonio cultural dañado por los sismos de 2017. Y Amigón no tiene duda de que fue su artículo titulado “Los terremotos del 2017, mi experiencia en la Mixteca poblana”, publicado el 30 de septiembre de 2021 en el portal Mundo Nuestro, lo que detonó la represión y el acoso laboral que, asegura, ha padecido en los últimos meses. En entrevista, denuncia que luego de que expusó en medios un tema “de ineludible interés público”, como es el “desorden y estancamiento” que priva en el programa Sismo, el aparato burocrático del INAH operó en su contra para propinarle un “castigo” que, a su vez, enviara una advertencia a otros trabajadores. Desde marzo le retuvieron el salario; se niegan a aceptarle licencias médicas que el ISSSTE le otorgó e insisten en aplicarle sanciones que debieron suspenderse cuando ella inició juicios para anularlas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA). Además, le han prohibido realizar cualquier actividad laboral en el INAH Puebla. La amenazan con proceder “conforme a derecho” si insiste, y le recuerdan reiteradamente que su lugar de trabajo es Sinaloa. De hecho, el 1 de abril Amigón recibió un citatorio del director del Centro INAH Sinaloa, Servando Rojo, para levantar otra acta administrativa en su contra. Esta vez “por faltas injustificadas”. “Es probable que con esto promuevan en tribunales la terminación de mi

relación laboral con el INAH”, asume la arquitecta. Aunque el instituto acusa a la perito de violentar con sus publicaciones reglas internas que están contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), el abogado José Antonio Caballero Juárez considera que ese tipo de normativas –orientadas a que “la ropa sucia se lava en casa”– van en contra del derecho constitucional de libre expresión y del que tiene la sociedad a que sus instituciones rindan cuentas. “El caso de Rutilia Amigón tiene que ver con lo que en inglés se llama whistleblower, que quiere decir “el que suena el silbato”, “el que da la señal de alarma sobre algo que anda mal”. A estas personas la sociedad las tendría que proteger, porque de otra forma muchas irregularidades que pasan en instituciones permanecerán ocultas”, agrega el profesor-investigador del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC). El también exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México considera que los directivos del INAH emprendieron una persecución contra la arquitecta en represalia por lo que exhibe su publicación. Esto, agrega, va en contra de los derechos constitucionales de Amigón, pero a la vez lanza una intimidación contra otros trabajadores y atenta contra una sociedad que aspira a tener un servicio público cada vez más transparente. Proceso pidió al INAH una postura sobre los señalamientos hechos por Rutilia Amigón, pero la dependencia respondió que estaba “imposibilitada” para responder porque había procedimientos de carácter jurídico que estaban en trámite. En respuesta por escrito, Villarruel puntualizó: “No obstante, me permito reiterar que esta dependencia federal es respetuosa de la normatividad vigente, así como de los derechos humanos de los trabajadores, y que respeta la relación jurídica y los acuerdos tomados con sus sindicatos.”

La publicación En el artículo que originó la sanción, Rutilia cuenta su experiencia como supervisora de 25 inmuebles históricos afectados en la Mixteca, zona que fue epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017. En ese recuento exhibe la improvisación que privó desde un inicio por parte de directivos del INAH para abordar el reto de rehabilitar el patrimonio dañado, que en Puebla sumó 621 inmuebles, en su gran mayoría templos. “¡Inicien obras, los proyectos se harán sobre la marcha!”, “¡Atiendan los templos

con daños menores primero y desháganse de ese lastre!”, fueron las órdenes que recibimos en un contexto de emergencia y de presión social, pero sin haber proyectos ni contratos ni instrucciones por escrito y menos aún protocolos”, narra. Entre otras cosas, la arquitecta expone que, a consecuencia de este “desorden”, la reconstrucción quedó prácticamente estancada desde septiembre de 2018, cuando se confirmó que los recursos del seguro Banorte no alcanzarían para pagar todas las obras que ya estaban en marcha. Y luego, cuando a finales de 2019 el banco suspendió los pagos de trabajos que supuestamente cubriría. Desde entonces, indica, los esfuerzos del programa se enfocaron en resolver adeudos y neutralizar demandas, pero con mínimos avances en el resarcimiento de daños. El avance de 60% que anuncia el instituto, sostiene, se basa en números absolutos de inmuebles, en donde lo mismo cuenta uno al que le repararon daños menores que otro con afectaciones estructurales graves, los cuales en su mayoría siguen sin atenderse y requieren de presupuestos mayores. Aclara que, además, esta valoración no considera bienes muebles, que en su mayor parte no se han recuperado. A cuatro años de los sismos, puntualiza, hay obras inconclusas y aun concluidas, con adeudos; constructoras a las que se les desconocen trabajos que hicieron y otras que cometieron abusos, como acaparar decenas de trabajos o cobrar sobrecostos. “Los responsables de los equívocos y decisiones erradas que han repercutido en el avance son el director general y el equipo del programa Sismo. Por tanto, reitero la exigencia que hice hace dos años: el antropólogo Diego Prieto y sus directivos deben disculparse con las comunidades afectadas por los sismos, y con el país, por haber sido incapaces de cumplir con una de las misiones sustantivas del INAH, la conservación del patrimonio, propiciando con ello mayor descrédito a la institución”, reclama la nota de Amigón. En la entrevista, la especialista reitera: “¿Qué tanto molestó al director del INAH, Diego Prieto, esa nota? ¿Hubo alguna falsedad en lo que expuse? Es público y notorio que el Programa de Obras de 2021 no llegó a nada. Y durante 2022, difícilmente aterrizará en algo. Por tanto, lo que escribí sigue vigente”.

Repercusiones El mismo día de la publicación del texto, el administrador del Centro INAH-Puebla,

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plataforma como Google Meet, pero Villarruel no respondió. La arquitecta dice que meses después pudo entender que esas convocatorias de los días 13, 20 y 21 de octubre tenían el objetivo de abrir paso a otro proceso en su contra. Incluso, afirma que tiene indicios de que se alteró un acta de asistencia y se tergiversó información para justificar la segunda sanción. En diciembre, aunque ni Amigón ni su representante sindical se presentaron en la audiencia del proceso administrativo, la directora de Relaciones Laborales, Yuridia Rojas Alegría, dictaminó ambos casos en contra de la trabajadora. El 18 de enero le informaron que las sanciones impuestas eran cuatro días de suspensión de salario y funciones por cada una de las actas. Cuenta que el 13 de febrero fue intervenida de emergencia por una apendicitis y, por complicaciones, el 23 tuvo que someterse a una segunda operación. Momentos antes de entrar al quirófano le llegó la tercera notificación: la Dirección de Relaciones Laborales le aplicó el artículo 49 de las CGT, en el que se señala que cuando un trabajador acumula dos suspensiones en un lapso de cuatro meses puede ser removido a otro centro de trabajo. Así, tras 27 años de trayectoria laboral, 22 de los cuales ha ejercido en Puebla, la sanción contra Amigón fue su remoción a Sinaloa. Y luego, cuando sus familiares acudieron a tramitar la licencia médica que la arquitecta requería para su convalecencia, el ISSSTE les informó que el instituto tenía registrada a Amigón como trabajadora pensionada desde 2017. Días después, los administrativos del INAH corrigieron ese “error” y el ISSSTE emitió justificantes médicos retroactivos que abarcaron hasta el 26 de abril. Sin embargo, cuando los familiares presentaron al INAH esas licencias, los directivos las rechazaron alegando su extemporaneidad, pese a que la misma dependencia era la responsable de que no se hubieran expedido a tiempo. Amigón explica que, aunque tiene las licencias otorgadas por el ISSSTE, el INAH insiste en que debió trabajar desde el 1 de marzo en Sinaloa, por lo que a partir de esa fecha le acumulan faltas injustificadas. Tampoco toma en cuenta los juicios laborales y administrativos que interpuso desde marzo y abril para suspender las sanciones. La abogada a cargo de la deAmigón. Supervisión de obras fensa, Celia Esperón López, indica

Juan Hugo Jiménez Luna, levantó un acta de hechos en contra de Amigón por transgredir los artículos 40 y 43 de las CGT, referentes a que los empleados deben guardar reserva sobre asuntos oficiales. A finales de noviembre, la arquitecta fue notificada de que se habían promovido dos actas administrativas en su contra: una por las publicaciones periodísticas, entre ellas tres notas en las cuales le atribuyen declaraciones, y la segunda derivada de tres convocatorias a reuniones presenciales a las cuales no asistió. En torno a esto último, Amigón argumenta que en dos casos la convocaron por correo electrónico con un día de anticipación, para tratar temas que ya se habían abordado en reuniones previas. En una tercera, la citaron para una inspección de obra en Puebla, en una zona fuera de su área de trabajo y en horario no laboral. En los tres casos se disculpó por escrito con Manuel Villarruel, director del INAH-Puebla, por las dificultades que implicaba responder a convocatorias “tan repentinas” y trasladarse desde el municipio de Chiautla de Tapia –donde está comisionada–, a más de dos horas y media de distancia de Puebla capital. Le propuso resolver los pendientes a través de una

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que se han cometido múltiples irregularidades en este caso. Las principales son que todas las notificaciones han sido por correo electrónico, cuando la ley establece que debe ser en persona, y por lo mismo no se respetó el derecho de la trabajadora al debido proceso. La otra es que ese tipo de cambios de adscripción ya ha sido declarado ilegal en fallos del Poder Judicial. En el artículo 16 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado se indica que sólo podrá ordenarse el traslado de un trabajador por reorganización o por necesidades del servicio justificadas, desaparición del centro de trabajo, permuta o por fallo del TFCyA, y “ninguno de esos casos aplica para la arquitecta”, afirma la abogada. De igual forma, Carlos Arturo Hernández Carrillo, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, Sector Técnicos y Profesionistas del INAH, advirtió a la dependencia que el artículo 49 de las CGT transgrede los derechos humanos de los trabajadores y es inconstitucional. No obstante, la directora de Relaciones Laborales defendió su aplicación al señalar que las CGT son aceptadas de mutuo acuerdo entre trabajadores y autoridades del INAH, y que en revisiones contractuales “nunca” se han inconformado de su contenido.

Más casos No es la primera vez que el INAH es señalado por represión laboral en Puebla. En 2016 se alegó lo mismo cuando fue despedida la arquitecta Sonia Espinosa Martínez, quien criticó obras del gobierno de Rafael Moreno Valle. Y en 2020, Ambrosio Guzmán acusó a Diego Prieto Hernández de haberlo destituido como delegado del instituto en Puebla al enterarse de que había solicitado a Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo de la Coordinación Nacional de Memoria, Historia y Cultura, que investigara irregularidades detectadas también en el programa Sismo (Proceso 2278). En contraparte, la delegación no sólo mantuvo hasta 2015 a los peritos Jorge Salgado Tlahuis y José Guadalupe Flores, pese a que 12 años atrás se confirmó que nunca concluyeron la carrera de arquitectura, sino que además encargó a éstos la evaluación de la mayor parte de los proyectos autorizados en esos años. Entre los llamados “peritos cachirules” está José Martín Limón, a quien el INAH demandó ante tribunales por falsificar su título profesional. Éste sigue en el instituto y hasta fungió por años como coordinador de Monumentos Históricos del Centro INAH-Puebla. O

C U LTU RA

Al margen de efemérides,

el estudio de

la Conquista JUDITH AMADOR TELLO

as conmemoraciones del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a Veracruz (1519), de su encuentro con Moctezuma Xocoyotzin (1520) y de la caída de Tenochtitlán (1521) legaron a la historiografía una diversidad de libros que ampliaron las temáticas, perspectivas y conocimiento sobre ese periodo en la historia de México. Dos ejemplos son Hernán Cortés y Moctezuma Xocoyotzin. Encuentro y conquista, de Luis Barjau (1943), y Los Silencios de una Historia. El pasado Castellano de Bernal Díaz “del Castillo” y el Encubrimiento de su Entorno Familiar, de Guillermo Turner, ambos escritos en 2021 pero recién coeditados por la

Dos libros sobre la historia del enfrentamiento y el mestizaje cuya publicación rebasó la emblemática fecha conmemorativa de los 500 años, son obra de investigadores de tiempo completo Luis Barjau y Guillermo Turner. Y es que el tema, inacabable, para el cual se crearon el año pasado las colecciones de la UNAM “México 500” y “1521. Un atado de vidas”, no puede detenerse, a decir de su coordinador, el doctor en historia Gibrán Bautista, pues la investigación histórica continúa más allá de “momentos coyunturales”.

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Turner. Aporte sobre Diaz del Castillo

Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y El Tucán de Virginia. En el primero, de 146 páginas, Barjau analiza la unión cultural, aunque violenta, entre Occidente y Mesoamérica, representada simbólicamente por el primer encuentro entre el conquistador y el tlatoani mexica, el 8 de noviembre de 1519 “en un punto de la calzada Iztapalapa”. A decir del escritor y antropólogo, las culturas de uno y otro lado del mundo florecieron casi a la par: Hay registros de La Venta, Tabasco, o Tres Zapotes, Veracruz, con una antigüedad que data de 1200 a C, la misma que la cultura griega, cuna de Occidente. Y asume que tarde o temprano se daría el encuentro que –aunque la cultura europea en una pretendida superioridad considere como “salvación”– se tradujo en la explotación, marginación, decadencia y extinción progresiva de las culturas mesoamericanas que dieron como resultado el “mestizaje”. De formato pequeño y fácilmente transportable, el volumen se divide en dos partes; la primera con los capítulos: “Antecedentes de la Conquista”, “Vida de Cortés en las islas. Peripecias biográficas. El retrato de Bernal Díaz del Castillo”, “Gestiones de Cortés: ruptura con Velázquez, hundimiento de las naves, liberalidad con su hueste”, “La ruta de Cortés en Mesoamérica”, “Su versión de los hechos (Cartas

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de relación)” que incluye Carta del cabildo y Segunda carta, “Significado de su figura historia” y “Epidemias en la población indígena”. La siguiente parte contiene los textos “Moctezuma y la Conquista” y “Palabras finales”. El relato de Barjau se remite a los momentos en que los Reyes Católicos, Isabel de Castilla fundamentalmente, apuestan por el viaje de Cristóbal Colón “y 15 años más tarde! prosiguió el descubrimiento de Mesoamérica”, hasta llegar a la unión de “dos bloques civilizatorios” cuyo resultado es el nacimiento del mercantilismo en América: “una nueva estadía del individuo y de sus pueblos sobre la faz de la Tierra”. Desmonta la investigación algunas de las ideas repetidas incluso por la historia oficial sobre la Conquista, como la superstición de Moctezuma Xocoyotzin y la cesión del trono a Cortés, descrita por el propio conquistador en la Segunda carta de relación a Carlos V de 1520. Asimismo, abona que habría sido imposible que el discurso que Cortés asegura dio para ello, pudiera ser traducido por Malinche o Jerónimo de Aguilar, pues apenas hablaban un náhuatl elemental, cuando –tratándose de un tlatoani– Moctezuma debió expresarse en un “alto y muy refinado lenguaje”. Enfatiza el especialista, autor entre otros libros de Texcatlipoca (UNAM, 1991) y La conquista de la Malinche (Planeta, 2009),

que el imperio de los mexicas fue vencido por muchos pueblos subyugados, aliados de Cortés, que desde el primer encuentro hicieron prisionero al tlatoani.

Los silencios de Bernal La Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, es referente indispensable para contar los antecedentes de la nación mexicana, pero ¿qué se sabe de la vida de su autor, de dónde vino, por qué, cómo se incorporó a las huestes de Hernán Cortés y llegó a ser regidor de Guatemala? El historiador Guillermo Turner responde a esas preguntas en el libro Los Silencios de una Historia, que lleva como subtítulo “El pasado castellano de Bernal Díaz ‘del Castillo’ y el encubrimiento de su entorno familiar”, que –sin mencionarlo– refuerza las argumentaciones en contra de la idea del historiador francés Christian Duverger acerca de que no fue Bernal, sino Cortés quien escribió la Historia verdadera… En 2013, Duverger aseguró en su libro Crónica de la eternidad que Bernal no pudo escribir esa monumental obra, debido a su vejez y por considerar imposible que un soldado raso tuviera tal erudición y cultura. El debate renació en medio de las conmemoraciones por los 500 años. Si bien ya en sus libros Los soldados de la Conquista: herencias culturales (2013) y La

C U LTU RA biblioteca del soldado Bernal Díaz del Castillo (2016) Turner, maestro en Historia por la UNAM e investigador del INAH, mostró una posición contraria. A decir suyo, la postura del historiador francés es “especulativa y fantasiosa”, además de prejuiciosa por considerar a un soldado incapaz de escribir el reconocido libro por no haber estado en la universidad como Cortés. Cuando en su opinión, además, la escritura de la Historia… no tiene comparación con las Cartas de Relación que el conquistador enviaba a España. Y menciona al propio Miguel de Cervantes Saavedra, soldado que estuvo en una guerra en la cual no fue capitán ni nadie famoso, y escribió El Quijote. Turner remonta al lector a los antecedentes familiares de Díaz del Castillo (ca. 1496-1584) en la villa de Medina del Campo, donde nació; su abuelo Sancho Bernal y su padre Francisco Bernal fueron regidores, dice al respecto en entrevista con Proceso: “Sabíamos muy poco y debía buscar más, dónde había nacido, qué había hecho antes de participar en la Conquista, a qué se dedicaba, qué había estudiado; evidentemente, sabía leer y escribir, y aunque no sabíamos mucho de su familia, lo imaginábamos viviendo de una manera más o menos cómoda, pues su padre fue regidor de Medina del Campo, entonces me di a la tarea de ir a archivos donde se hablara de los regidores de Medina del Campo.” Describe en el libro que esa villa fue estratégica en la época de los Reyes Católicos Isabel y Fernando, porque se ubica en un cruce de caminos. Y va reconstruyendo la biografía con información publicada por Bernal tanto en Historia verdadera… como los manuscritos Guatemala y Alegría, donde consigna el nombre de su madre, María Díez Rejón. Él mismo narra también su viaje a Cuba, y cómo ahí un grupo de soldados lo invitó a proclamar a Cortés capitán en contra de Diego Velázquez. Así, se recordará, es como Cortés toma el mando y logra llegar a tierras mesoamericanas. El historiador le sigue la pista a un personaje de nombre Garci Rodríguez de Montalvo, autor de la novela caballeresca Amadís de Gaula y exregidor también de Medina del Campo, pues fue él quien inspiró a Bernal a luchar por la edición de su Historia verdadera… en busca de fama. Para ello escondió algunos aspectos negativos de su historia: su abuelo Sancho fue acusado de asesinar a una persona y de cohecho, y su padre fue espía del rey. La firma del autor de la Historia verdadera… aparece en muchos documentos como Bernal Díaz y alcanza la posteridad

como Bernal Díaz del Castillo. Y Turner cuenta en su libro cómo y porqué.

Ciclo abierto A través de dos colecciones hermanas, la UNAM se sumó al enriquecimiento de los saberes sobre la Conquista y el periodo colonial: “México 500” y “1521. Un atado de vidas”, editadas por varias dependencias: Cultura UNAM, Libros UNAM, Publicaciones y Fomento Editorial, institutos de investigaciones Históricas (y su Unidad Oaxaca), Estéticas, Bibliográficas y de Estudios sobre la Universidad, entre otras. Ambas son coordinadas por el doctor en historia Gibrán Bautista, secretario académico del IIH e investigador especialista en los siglos XVI y XVII, quien explica a Proceso que el propósito fue conocer historias concretas de protagonistas de aquel periodo histórico, así como de las circunstancias sociales y económicas que detonaron el proceso de impacto mundial. Se trata también de ofrecer a un público amplio, pues no está dedicada sólo a especialistas, actualizaciones sobre los temas, sustentadas en investigaciones recientes, con un lenguaje muy accesible. En el caso de la colección 1521, agrega, es tal el abanico de autores, que se pueden encontrar ensayos, obras literarias, etcétera. “Nuestro interés es que puedan leerlos especialistas y sean aceptados por la comunidad académica por la calidad de sus resultados, pero también y, fundamentalmente, que puedan leerse en el Metro, el barrio, la colonia, la casa” Y es que les tocó planear algunos cuando la emergencia sanitaria mantenía a muchos estudiantes en casa y fue una manera de acercarles la historia. Entre los títulos de la colección “México 500” pueden mencionarse La Conquista y el mar: una historia global, de Iván Valdés-Bubnov; La invención de la Nueva España, de Francisco Quijano Velasco; 1521 en el arte barroco, de Elsa Arroyo Lemus; Libros e imprenta en México en el siglo XVI, de Marina Garone Gravier; y Malintzin, o la Conquista como traducción, de Federico Navarrete. En la otra serie se publicaron, entre otros títulos, Fray Pedro de Gante. Espiritualidad y sabiduría en tiempos

de misión, Juana Zúñiga o la primera nobleza castellana de América, de María Vicens Hualde; Hernán Cortés, ambicioso, aventurero, valiente y mujeriego, de Úrsula Camba Ludlow; Bernal Díaz del Castillo. Narrar la Conquista entre volcanes, de Víctor Castillo Aguilar; y Tres veces tres. En clave Malintzin: Nueve aproximaciones a su figura, de Yásnaya Elena A. Gil. Bautista pone énfasis en que no obstante las colecciones nacieron en el marco de la conmemoración del V Centenario y ya están cerradas, para el IIH y las otras dependencias la investigación histórica es parte de su quehacer y continúa, al margen de efemérides y de momentos coyunturales. En su caso, por ejemplo, la historia de la Conquista y del periodo colonial es su especialidad y mantiene sus investigaciones porque son temas que conciernen a todos como sociedad. Lo expone el doctor Barjau también al señalar que la Conquista es un fenómeno complejo y único en la historia del mundo y enfrentó dos tradiciones culturales: “Las formidables diferencias antropológicas, entrambos bandos sembraron un enigma que ha creado una biblioteca inmensa que no termina de saciar la inquietud de muchos estudiosos y observadores del fenómeno.” O

Barjau. Unión cultural, pero violenta

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Carolina Minjolle

Arte ¿Dragueando el Museo de Hacienda? BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

ientras el mainstream de más alto nivel artístico se compromete exhibiendo públicamente la diversidad sexual, en la Ciudad de México algunos funcionarios culturales de la 4T promueven su banalización. A diferencia del Museo del Chopo –perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México– y de la galería Velasco –adscrita al Instituto Nacional

“Mujer” (trans) en Basilea

Sinfonía de las plantas:

Isabel Leñero en París ANNE MARIE MERGIER

ARÍS, FRANCIA.- La convivencia de Isabel Leñero con los tlacuilos de la escuela de Tlatelolco, talentosos autores anónimos del Libellus de Medicinalius Indorum Herbis, más conocido como Códice de la Cruz-Badiano, se inició en la soledad de su estudio, poco antes de la pandemia, y se prolongó durante los inacabables meses de confinamiento a los que el coronavirus condenó a la humanidad. De la inmersión de Leñero en el hermoso y misterioso mundo pictórico del primer libro de medicina de América, nació Geografía de las Plantas, una serie de 89 dibujos que reinterpretan con una mezcla de libertad, respeto y gozo las 89 planas del Códice de la Cruz-Badiano. En diciembre del año pasado el publico madrileño del Instituto de México en España fue el primero en descubrir ese trabajo artístico, mucho más complejo de lo que parece a primera vista, a imagen y semejanza de su fuente de inspiración de hace cinco siglos. Desde el pasado 10 de junio –y hasta el 27 de julio– los parisinos podrán disfrutar el colorido diálogo entre el Libellus de Medicinalius Indorum Herbis y Geografía de las Plantas.

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Desplegada en los dos niveles de la galería del Instituto Cultural de México en Francia, la muestra vibra con la misma intensidad a la luz del día en la planta baja como en la penumbra del primer piso. Colgadas juntas en una larga pared blanca de aquella, las reproducciones originales del Códice lucen como un gran mosaico ingenuo y enigmático de flores, hojas, raíces, tallos estilizados, realzados por la cuidadosa caligrafía de la descripción en latín del poder terapéutico de cada planta. Las obras de Isabel Leñero, por su parte, cubren todas las demás paredes de la galería, a veces alineadas –como suelen presentarse en los códices–, a veces expuestas de manera más informal. Resulta sumamente grata la inmensa libertad con la cual trabaja la pintora, que sólo se impuso dos obligaciones: optar por el mismo formato de 49.5 x 32 .5 cm para las 89 hojas de papel de algodón japonés sobre las que plasma sus pinturas y dibujos, y respetar márgenes miniados (ilustraciones con miniaturas) idénticos a los del herbario indígena. Aparte de estas dos restricciones, Isabel Leñero obedece al único desafío alegre de explorar el mundo insólito que le abrieron los tlacuilos en su obra colectiva, cada uno con su estilo propio.

La pintora lo hace con tinta, lápiz, pintura acrílica o acuarela, recurriendo a colores atrevidos o sutiles tonos pasteles, pasando de la opacidad de ciertos trazos o elementos pintados a elegantes transparencias. A veces finge respetar la planta original del Códice, reinterpretándola en sus mismas dimensiones desde sus raíces hasta la fragilidad de sus hojas; a veces aísla un solo elemento de la mata original; otras parece divertirse pintando hierbas y flores volteadas “cabeza abajo”; unas más convierte una planta delgadita y discreta, como la del tlatlancuaye, de finos colores verdes y rosado, en una mata gruesa, fuerte, con tallos, flores y hojas del mismo color rojo vino –o sangre– y raíces que agarran en forma extraña un trozo de tierra azul intenso. Estas libertades, sin embargo, nunca se notan descabelladas. Por el contrario, aparecen como fantasías controladas por una estricta exigencia formal y un gran dominio de todas los recursos técnicos usados. Y ese rigor matizado de frescura, independencia y vitalidad que irriga las obras de Isabel Leñero y de sus antepasados del siglo XVI, impide toda lectura exótica de estas 178 recreaciones artísticas de las plantas medicinales mexicanas. En una amplia entrevista que sostuvo con Alejandro Gutiérrez, corresponsal de este semanario en España, en víspera de la inauguración de la muestra en Madrid (Proceso 2353), Isabel Leñero se extendió sobre la génesis de Geografía de las Plantas y sus sustentos formales y estéticos. En París la pintora reitera que su ambi-

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de Bellas Artes–, que durante el mes de junio han organizado distintas actividades culturales –informativas, críticas y de entretenimiento– para celebrar el mes del Orgullo LGBTTIQ+, el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) organizó el viernes 24 un evento que se limitó a invitar al público a draguearse. Es decir, a caracterizarse como Drag queen para participar en una visita guiada nocturna a exposiciones ajenas a la diversidad sexual; así, el recinto se convierte en una acción museística que se suma al uso oportunista –mercadológico, comercial, político, mediático– de la cultura de la diversidad. Como señala el curador y director del Festival Interna-

cional por la Diversidad Sexual (FIDS) Salvador Irys en el texto de la exposición que bajo el título de Tiempo de inauguraciones recuerda los 35 años de ese evento en el Museo del Chopo, aun cuando la lucha y resistencia de los colectivos LGBT+ han tenido resultados positivos –existencia de leyes que protegen sus derechos, reconocimiento del matrimonio igualitario y apertura institucional para exhibir sus creaciones artísticas, entre otros–, todavía existen circunstancias adversas, como los crímenes de odio, el hostigamiento en los lugares de trabajo y el condicionamiento temático por parte de distintas instancias culturales. Aspectos a los que, con base en lo que comenta el di-

IdemexParis 2022

ción es meramente artística y que su obra es ajena a cualquier alusión científica, antropológica o histórica: “Como lo subraya Sandra Zetina en el catálogo de la muestra, los tlacuilos manifiestan inusuales innovaciones formales en los dibujos que realizan para Libellus de Medicinalius Indorum Herbis –precisa a la corresponsal–. Y son estas innovaciones las que me motivaron, en particular su uso muy peculiar del color y sobre todo su recurso a una forma de abstracción que no había visto antes. “Fue lo que descubrí paulatinamente a lo largo de los meses que pasé observando las imágenes del Códice, dibujándolas unas u otras veces, deshaciéndome de muchos esbozos, reinterpretando lo que veía, enriqueciéndome día tras día –sigue contando–. Poco a poco empecé a percibir el modo de

La artista (izq.) en la apertura

rector de la galería Velasco, Alfredo Matus, se suma la necesidad de fortalecer el sistema de salud pública en relación a la atención del VIH. Si la lucha por el reconocimiento y derechos de la diversidad sexual se inició en el Museo del Chopo hace 35 años, con personajes de la comunidad cultural y artística, como el fundador del Círculo Cultural Gay, José María Covarrubias (1948-2003), ¿cuál es el compromiso que deben asumir actualmente las instituciones museísticas? Matus considera que deben ser un medio para expandir, socialmente, tanto la comprensión de la diversidad sexual como el conocimiento de sus problemáticas. En la reciente edición de la

dibujar de los tlacuilos. Y ese modo lógicamente nada tiene que ver con el europeizante del que estoy impregnada”. Al escuchar a Isabel Leñero surge la imagen de la pintora sentada en la escuela de Tlatelolco a mediados del siglo XVI, junto con los tlacuilos. Y mientras ellos copian a su modo las hierbas que les presentan sus maestros franciscanos, ella los observa, se asoma para ver lo que dibujan y empieza a reinterpretar lo que hacen… La escena imaginaria divierte a la pintora, quien dista de rechazarla. “Es cierto que acabé dialogando con estos escribanos y pintores que traducían la realidad con dibujos, jeroglíficos, ideogramas y pictogramas. Me acerqué, pero nunca dilucidé del todo el misterio de su abstracción sofisticada, arraigada en un

importante feria Art Basel –del miércoles 15 al domingo 19 en la ciudad de Basilea–, se presentó una pieza que sobresale tanto por su temática como por el acto de haber sido exhibida en el espacio urbano de la ciudad europea. Se trata de una escultura en bronce, en tamaño natural, que representa el cuerpo desnudo de una mujer trans. Hierática, sobria y discreta, la obra, sin más explicación que el título Woman (Mujer), es un autorretrato de la artista trans norteamericana Puppies Puppies (Jade Guanaro Kuriki-Olivo). Artivista desde hace varios años, su propuesta, principalmente a través de performances, tiene el propósito de crear empatía y comprensión sobre lo que son

pensamiento distinto, global, que abarca conocimientos médicos, filosóficos, científicos y espirituales”. Y acaba confesando: “En cambio, sí me dejé contagiar por su inmensa libertad que sacudió mi manera de ver e interpretar la naturaleza. Eso fue capital para mí porque la naturaleza es el ‘detonante’ de donde parto para trabajar. Es el eje de mi creación. Los tlacuilos me inyectaron nuevas formas, nueva visión, me ayudaron a ampliar el vocabulario plástico que me forjé a lo largo de 20 años, y por si eso fuera poco me permitieron conectar con raíces prehispánicas como nunca antes lo había hecho. Fue una gran experiencia”. La corresponsal volvió a recorrer sola la muestra unos días después. Y más que percibir una Geografía de las Plantas, la asaltó una jubilosa sinfonía de color, un coro intemporal en el que vibraban juntas sensibilidades antiguas y contemporáneas, un gran poema escrito a múltiples manos dedicado a todas las hierbas protectoras que cuidan y curan a los mexicanos desde hace siglos. –Isabel, ¿a que se debe ese título tan austero, casi académico, de Geografía de las Plantas? –se le preguntó por whatsapp en el momento de concluir esta breve reseña. Respuesta inmediata de la artista que busca preservar ante todo la dimensión plástica de su trabajo: –Creo que tiene que ver con la exploración formal de las plantas, así como se entiende la geografía como estudio y descripción de la forma de la tierra. Ni hablar. O

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algunas vidas trans: “las mujeres trans son borradas, asesinadas, arrestadas y exiliadas todos los días”. Al margen de los intereses comerciales que constituyen la vocación de la feria, la osadía de incorporar un desnudo trans en la sección Parcours, que tuvieron tanto los responsables de Art Basel como las galerías que promueven a Puppies Puppies –Balice Hertling de París, Barbara Weiss de Berlín, Francesca Pia de Zürich y Hanna Hoffman de Los Ángeles–, descubre un avance en la normalización de la convivencia con la diversidad sexual. Y mientras tanto en la Ciudad de México la banalización que con el título de Dragueando el museo organizó el Museo de Arte de la SHCP, sólo comprueba la mediocridad profesional del personal a su cargo. O

Teatro Versión cómica de “La Ilíada” ESTELA LEÑERO FRANCO

a manzana de la discordia” se usa para expresar cuando una persona intencionalmente pro-

voca, por algo pequeño, una gran discusión, una polémica, una guerra, y entre los griegos denota el arranque de la leyenda sobre el origen de la guerra de Troya. Parodiando a los concursos de belleza, “la manzana de la discordia” se la pelean las diosas Hera, Atenea y Afrodita, una manzana de oro que obtendrá la diosa más bella. Se elige a Paris, un mortal, para que decida. Hera le ofrece poder, Atenea triunfos en la guerra y Afrodita el amor de la mujer más bella. Paris elige a Afrodita como la diosa más bella y ella hace que Helena, esposa del rey de Esparta, se enamore de Paris, huyan juntos y así se inicie la guerra. Por supuesto que las razones de la guerra de Troya tienen sus raíces en los intereses geoeconómicos de los protagonistas, pero en la leyenda griega los dioses son los seres que mueven los hilos de la humanidad. Dioses que reproducen cualidades y defectos de los humanos. La manzana de la discordia, dirigida por Iona Weissberg y Aline de la Cruz, parte del enojo de Zeus que quiere destruir a los humanos por lo que le están haciendo al planeta, y la disputa entre las diosas por obtener la manzana de oro, para contarnos su versión de la guerra de

“La manzana de la discordia”

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Troya, versión llena de humor, burla y chacoteo. La obra es una creación colectiva realizada por el equipo creativo y los actores Rodrigo Murray –quien interpreta a Casandra la pitonisa– Paris (Artús Chávez) es Hera, Christopher Aguilasocho, Atenea, Fernando Córdova, Afrodita, Nohemí Espinosa Zeus, y la dramaturgia es de Elia Espinosa. Las diosas son interpretadas por actores y Zeus por una actriz, desde la caracterización clownesca de los personajes. Los actores brillan en cada una de sus participaciones. Nos hacen reír. Cada uno se apropia de su personaje y lo dota de gracia y soltura. Ellos interpretando a ellas y ella interpretando a Zeus se divierten de lo lindo y nos transmiten esa alegría de burlarse de una historia archirreconocible y transformarla en un juego. La Ilíada al alcance de la mano. Un clásico hecho cómic para acercarnos a un episodio de la historia universal, así como hizo Alessandro Baricco en su libro Homero, la Ilíada, donde quitó a los dioses de la narrativa y dejó a los humanos a su destino. En La manzana de la discordia son las diosas y Zeus las protagonistas, y desde ahí muestran los absurdos de la guerra y de las decisiones humanas y divinas. El espacio escénico, diseñado por Esaú Corona, es pues como un rompecabezas con las piezas de un templo griego y un circo, que los actores acomodan, quitan y ponen dinámicamente para crear diferentes espacios. El acierto clownesco de la propuesta hace a la obra festiva y accesible, con recursos que nos remiten a la idiosincrasia mexicana, como son canciones populares reconocibles a las que le cambian las letras para adaptarlas a su propio discurso. Así, escuchamos y vemos bailar el “No volveré”, el “Noa noa” y “El venao”, esta última en referencia a “los cuernos” que le pusieron a Menelao, el esposo de Helena.

Elementos del presente se incluyen en la obra, y las diosas usan los celulares, el zoom, Only fans y los videojuegos, entre otras muchas referencias del presente para adecuarlo a la historia griega que están contando. El contraste del pasado con el presente, la ironía y la caricaturización de la historia es el acierto de La manzana de la discordia. Además de la calidad en su factura y el ritmo encabalgado con que se desarrolla. La coproducción de Brujas Producciones, DGAPA-PAPIIT y Teatro UNAM, que se presenta en el foro Sor Juana Inés de la Cruz, es un gran espectáculo de humor que nos da una visión enriquecida de una historia que se repite hasta el cansancio; sobre el amor y las guerras geoeconómicas que están sucediendo en estos momentos en nuestro planeta. O

Cine “Adiós señor Haffmann” JAVIER BETANCOURT

ste triángulo a puerta cerrada de la vida de un joyero bajo la ocupación nazi, en la adaptación que realiza Fred Cavayé de la obra de teatro de Jean-Philippe Daguerre, encadena situaciones infernales dentro y fuera de la pantalla: En primera instancia, la situación desesperada de ser judío en una Francia donde la política de Hitler permite que aflore el antisemitismo endémico; en una segunda, la claustrofobia de quedar atrapado en la tortuosa dinámica de una pareja con problemas de intimidad, y la última, el bloqueo del rodaje durante la explosión del coronavirus, con el consecuente saqueo de las muy cuidadas locaciones. El trío de actores, afortunadamente, sostiene la continui-

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Auteuil. La maldad nazi

dad de sus personajes: Daniel Auteuil (Monsieur Haffmann) como el joyero que se ve obligado para impedir la confiscación de su tienda por los nazis, de poner el negocio a nombre de su aprendiz, Gilles Lellouche (Francois Mercier), y la esposa de éste, en la estupenda actuación de Sara Giraideau. Cavayé no pierde pulso aunque se note un tanto la estructura teatral y las metáforas dramáticas sean convencionales, como la cojera de Mercier que señala el aspecto diabólico de su personaje. Asimismo, la reducción de extras, de 120 a solamente cuatro, impone el código de interiores, intimidad y encierro. El señor Haffmann no sabe que al ofrecer esa gran oportunidad a un tipo que parece inofensivo, honesto y de poca imaginación, ha vendido su alma al diablo; la mediocridad frente al poder, la envidia cara al talento y la imaginación, la esterilidad ansiosa de fertilidad. A medida que Mercier descubre que puede explotar la creatividad de su exjefe, la dimensión de sombra crece y vampiriza a Haffmann, al que somete a las peores humillaciones; todo, en sentido opuesto a la humanización y la conciencia que desarrolla su mujer, y que Sara Giraudeau construye poco a

poco a base de gestos casi imperceptibles. La situación del señor Haffman, en sentido de Sartre, filósofo que habría caminado por esas mismas calles en la misma época, condensa el encierro de los campos de concentración, la maldad del régimen nazi que permitió que una parte del pueblo francés de la zona ocupada mostrara lo peor de sí mismo; la mala fe está siempre latente, germina bajo el clima de abuso y totalitarismo. El arreglo que hace Haffmann con su aprendiz no está fuera de lo común; judíos y no judíos se vieron obligados a recurrir a ese tipo de tratos para salvar no sólo su patrimonio, sino para mantener el ímpetu creativo bajo el agobio del gobierno de Pétain. Gaston Gallimard, el gran editor, hizo algo parecido, así salvó el pellejo y preservó la empresa en la que Camus y Sartre colaboraban. De los personajes menores que circulan alrededor de Haffmann, sus joyas y flujo subterráneo de fuerza creativa, Cavayé orquesta una pequeña galería: desde la prostituta, la oportunista, o el nazi, interpretado por Nikolai Kinski (hijo de Klaus), refinado personaje que aprecia la cultura francesa, de los muchos que proliferaron durante la ocupación, pero peligroso como una cobra. O

Libros Desigual repaso de la filosofía JAVIER BETANCOURT

ichel Onfray es uno de los filósofos franceses contemporáneos más destacados. Tiene el grado de doctor y durante casi 20 años fue profesor del Liceo de Caen. En 2002 renuncia a la catedra y con otros colegas crea la Universidad Popular de Caen. El espíritu que anima a esta institución es transmitir saberes teóricos y prácticos a las clases populares (obreros, campesinos, emigrantes…) que no pueden acceder a la educación formal. No existen requisitos escolares de admisión ni se otorga ningún tipo de calificación. Los programas se establecen a partir de la demanda de los estudiantes y del interés del monitor. Una de las intenciones de Onfray en este organismo es difundir diversas corrientes de pensamiento poco atendidas en la escuela tradicional, como el hedonismo, el es-

toicismo, el cinismo y el anarquismo, entre otros. El alcance de sus enseñanzas es significativo. Cuando imparte lecciones llega a tener un público de más de mil personas. Además, sus disertaciones son difundidas por radio. Por otro lado ha escrito cerca de 100 libros con la misma pretensión. Ahora da a conocer El cocodrilo de Aristóteles. Una historia de la ﬁlosofía a través de la pintura (Paidós Editores. Col. Contextos; Barcelona, 2021. 240 pp.). En la introducción Onfray plantea que los pintores, al pintar a un filósofo recurren a poner un detalle que exprese el pensamiento del pensador. Así, para Sócrates es una copa, para Platón una caverna, para Diógenes una linterna, un cocodrilo para Aristóteles, una camisa para Proudhon, etcétera. De esta manera analiza 33 cuadros de Pitágoras a Derrida y hace un repaso rápido y gráfico de la filosofía. La propuesta es interesante y muchas de las reflexiones sugerentes, como los acercamientos a Platón y Diógenes. En otros casos las interpretaciones las realiza de manera forzada, para cumplir con la finalidad de hacer una relación histórica. El cocodrilo de Aristóteles es un texto desigual que no está a la altura de los anteriores trabajos de Onfray, como Las sabidurías de la antigüedad, El cristianismo hedonista o Política del rebelde. O

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“Alis” de Colombia

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

UADALAJARA, JAL.- El área iberoamericana de la 37 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) –del 10 al 18 de junio– destacó con historias que reflejan la situación de la región en lo social, político, económico y cultural, con calidad narrativa y tecnológica. Los creadores de cuatro de ellas, en documental y ficción, las compartieron para los lectores de Proceso: El Premio a Mejor Largometraje Iberoamericano Documental lo obtuvo Alis (Colombia/Rumania/Chile, 2022), dirigido por los colombianos Clare Weiskopf y Nicolás Van Hemelryck, donde 10 adolescentes que vivieron en las calles de Bogotá cuentan lo vivido y lo que desean ser a través de un personaje ficticio llamado Alis. También director de fotografía y guionista, Van Hemelryck relata a este semanario que a su esposa Weiskopf y a él los invitaron en 2016 a impartir talleres de cine documental en una institución pública en Bogotá, donde viven chicas cuyas familias no pueden hacerse cargo de ellas: “El sentimiento que tuvimos fue de lástima, pero cuando las conocimos nos dimos cuenta que era un prejuicio nuestro porque en ellas encontramos fuerza, resiliencia, valor, humor e inocencia, y sentimos admiración. Fue un choque muy fuerte para nosotros, lo que proyectamos desde el prejuicio con lo que encontramos ahí. El taller fue todo un reto. Ellas son difíciles en el sentido de que si no les gusta, si se aburren, se van a dormir. Era importante e interesante para nosotros motivarlas, y por fortuna logramos cautivarlas.” Cofundador de Casatarántula, donde actualmente produce y coproduce varios largometrajes, y de la agencia de distribución y promoción DOC:CO, rememora que las menores realizaron cortos documentales, “y fue tan valioso para nosotros que decidimos volver”. Entonces buscaron más apoyos económicos para seguir ofreciendo talleres a lo largo de los años: “En ese proceso dijimos: ‘Aquí hay una película’, que no sabíamos bien cómo contarla, y en esos talleres uno de los ejercicios que les propusimos fue que escribieran una historia con un inicio y un desenlace, y nos sorprendieron muchísimo porque sus trabajos eran increíbles. Podían fantasear con otros países, otras culturas,

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Historias otros seres, pero al mismo tiempo reflejaban sus universos, su pasado, sus malas experiencias, e imaginaban su futuro, sus sueños, sus miedos y los obstáculos.

“Nos dimos cuenta del poder que posee la imaginación para hablar de nosotros mismos, mucho más que la biografía. Nadie puede imaginar lo que yo imagino, y lo que imaginé va a hablar de quién soy yo. Las biografías de dos personas pueden vivir algo similar y ser totalmente distintas. Entonces así nació la idea de crear un personaje ficticio, Alis, para que nos permitieran protegerlas, porque no queríamos exponerlas. Hay cosas muy duras que ellas cuentan, y en la película nunca sabemos qué es verdad y qué es imaginado.”

Fuertes cuestionamientos Las interrogantes del documental de 84 minutos son: ¿Cómo construir una “nueva vida” cuando se nace sin oportunidades?, ¿es posible cambiar la desesperanza y proyectar otro destino? Alis, filmada en 2018, logró el reconocimiento Oso de Cristal en la sección Generation 14plus del Festival Internacional de Cine de Berlín 2022. “Varía la población en el internado. No siempre son las mismas niñas, unas se quedan muchos años y otras sólo permanecen una semana. En ese momento había 26 niñas jóvenes. Las invitamos a

FES TI VAL DE G U ADAL A J A RA

El evento cinematográfico resultó altamente estimulante en su sección iberoamericana. El siguiente es un registro de cintas galardonadas en voz de sus realizadores: Mejor Largometraje Documental, Alis (Colombia/Rumania/Chile); Mejor Largometraje de Ficción, Carajita (República Dominicana/Argentina); Para su tranquilidad haga su propio museo (Panamá), Mejor Fotografía en Documental; y Mejor Ópera Prima y Mejor Guion en Ficción para Utama (Bolivia/Uruguay/Francia).

iberoamericanas participar en el filme. Pensamos que 10 o 12 iban a querer participar, y que en la película iban a terminar cuatro o seis. No obstante sólo una no quiso estar. Nunca pensamos que un largometraje pudiera tener tantos personajes. Cada una de ellas es como tan única y tan especial. Poseen una personalidad y un físico muy marcado que funciona bien. No pensamos que tantas fueran a querer participar y no les podíamos decir que no”. El cineasta evoca: “Había un guion en el sentido de que nosotros ya sabíamos qué historia queríamos contar. La cinta empieza muy ligera, con humor, pero conocíamos que en la medida en que las chicas contaran la historia, se conectarían más emocionalmente, y llegarían a un momento más dramático, pero nosotros deseábamos terminar la película con esperanza.” Van Hemelryck explica que escribieron una lista de preguntas, si bien los encuentros con las niñas eran mucho más libres: “Contábamos con las interrogantes, aunque no podíamos aplicar el mismo cuestionario a todas porque cada una de ellas es distinta, pero las preguntas nos ayudaban a encaminar la conversación, y ya ellas decidían un poco para dónde querían ir. Así que cada una terminó haciendo

una historia muy distinta. Después el trabajo de montaje fue muy arduo porque era encontrar las frases, las miradas, los silencios, en fin, para construir la película.” Alis –enfatiza– es un reflejo del valor que poseen esas jovencitas, “a quienes nadie les ha dicho que son muy importantes y talentosas”. Y concluye: “La película puede inspirar mucho. Estas chicas tienen muchos deseos de vivir. Nosotros nunca pensamos en un filme para jóvenes. En Berlín era un jurado joven, de entre 15 y 18 años. Fue muy sorprendente para nosotros. Es lindo ver cómo la película va encontrando su público. Cada uno se conecta con una de las jóvenes, o porque le gustó más o porque ve reflejados sus temores o experiencias en ella. Cada espectador se vincula con una joven distinta y eso también nos parece muy bonito.” Alis se estrenará en Colombia en octubre próximo. Los directores se aliaron con la fundación Tiempo de Juego para crear una campaña de impacto. Primero en la preparación de las chicas, porque son quienes darán la cara ante el público y la prensa, y segundo creando un lugar donde después de los 18 años ellas puedan quedarse para empezar a trabajar, ya que a los 18 años salen del orfanato sin ninguna ayuda económica y corren el riesgo de re-

gresar a la calle. El reconocimiento a Alis en el FIGG fue de 200 mil pesos.

El legado de una mujer panameña De un corte que tiene que ver con el arte y la creatividad es Para su tranquilidad haga su propio museo (Panamá, 2021), de Ana Endara y Pilar Moreno, que alcanzó Mejor Fotografía en el mismo rubro de Largometraje Iberoamericano Documental. La historia ocurre en un pueblo panameño donde habita el fantasma de una anciana llamada Senobia Cerrud, quien en vida transformó su casa en el Museo de Antigüedades de Todas Las Especies. Exhibía una colección única de piezas y obras que fueron minuciosamente clasificadas. Durante años, ella se levantó temprano para recolectar lo que otros tiraban, recuperando así lo que le servía para crear nuevos objetos. La película, de 72 minutos, comenzó a gestarse como una idea en 2016, tomó forma en 2018 y se estrenó en 2021 en el International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). Moreno, quien además es artista visual y psiquiatra, explica en entrevista:

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“Carajita” de Dominicana

“Todo se originó al intentar hacer un proyecto sobre el arte espontáneo, el que se genera fuera del sistema del arte, y es un arte que no está mediatizado porque vayas a hacer una exposición, sino por la necesidad y el placer de crear. Además son artistas que sin formación van creando de manera autónoma. Yo quería hacer un documental sobre ese tema.” Endara, realizadora de los documentales La felicidad del sonido, Curundú y Reinas, pensó –cuenta en la misma conversación– en la anciana Senobia Cerrud, “a quien conocía de años atrás porque era la abuela de un amigo y vivía en Paritilla, un lugar como perdido, súper chiquito, lejos de todo, y aún así ella estaba creando”. Se impresionó porque la casa de Senobia era un gran museo: “Había piezas antiguas que además transformaba. Eran objetos fabulosos. Creaba instalaciones, y ella misma escribía frases y las pegaba en ese espacio. Igual me impresionó mucho su visión, que la separaba mucho del resto de las mujeres de esa zona, donde les enseñan a no expresar lo que piensan, a estar conformes con lo que piensan los varones de la familia.” Moreno fue quien invitó a Endara –esta última estudió en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba– para trabajar el documental: “Supe que Senobia ya había muerto en 2013 y que su museo había desaparecido, por lo que era más urgente recuperar su historia en este mi primer documental.” –En él se aprecian los textos de Senobia, como “No te olvides de ser feliz sola”, y más sobre los derechos de la vejez, en

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fin… ¿qué opinan de todos esos escritos? Interviene Endara: “Era feminista sin conocer la palabra.” Moreno sigue: “El legado de Senobia es el de decir que los de la tercera edad tienen derechos: a trabajar si pueden hacerlo, a una compañía sentimental, a una soledad rica, en fin, son como revolucionarios. Y su legado se ve en todas las mujeres que conocieron a Senobia y hablan en el largometraje. Aprendimos mucho, no únicamente las que están en la pantalla, sino los que estamos atrás de la cámara. Senobia nos ha transformado. Nuestra intención no fue realizar una biografía, o contar su vida desde que nace hasta que muere, sino reflexionar sobre cuál es la huella que uno deja en lo demás, y definitivamente la huella de Senobia es enorme, desde la vestimenta.” Al preguntarles cómo surgió el que todas las mujeres entrevistadas lleven un vestido azul, especifican que fue como un juego desde el casting: “Es como un disparador de situaciones. A todas ellas las conocimos buscando a alguien que pudiera hacer el papel de Senobia, y después nos dimos cuenta de que realmente todas podrían crear una visión coral, que tenían mucho en común con la vida de Senobia, de ser mujer en el campo, con una vida extremadamente dura. Entonces el vestido es un dispositivo que generaba cosas y que incluso dentro de la película generó cuestionamientos como, ¿por qué me tengo que poner yo este vestido si no es mío? Esa propuesta del vestido funcionó.”

Para su tranquilidad haga su propio museo se exhibió ya en HotDocs en Canadá, el Festival de Málaga, Cinelatino en Toulouse y en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Formará parte del Festival Internacional de Cine de Panamá –el cual cumplirá 10 años en diciembre próximo–, pues aún no se ha lanzado comercialmente en ese país. Se les enfatiza que resulta extraño ver un documental panameño, y ambas detallan que pudo realizarse con el apoyo del Fondo de Cine de Panamá, el cual es un gran impulso para una industria pequeña en ese país. También les ayudó el programa Ibermedia. Endara subraya que en su patria se elabora más documental que ficción: “Ahora mismo hay más realizadores haciendo documental. A mí me parece coherente con el documental tratar de conectar con la realidad, sin lidiar con actores. “Fuimos un equipo pequeño. El museo se reconstruyó con pocas manos, con una memoria fotográfica que había, laboramos con una productora con la que hemos trabajado proyectos previos, Isabella Gálvez, quien también está embarcada desde el inicio. Filmamos en 2018 antes de la pandemia, después lo guardamos un poco para reflexionar.” Terminan: “Digamos que Panamá es una industria que está empezando. El Fondo Cine y el Festival de Cine son muy relevantes para que se puedan empezar a impulsar y proyectar las películas de Panamá”. Junto con Alis, la realización panameña compitió con Canto cósmico. Niño de Elche (España, 2021), de Marc Sempere-Moya y Leire Apellaniz López (Mejor Dirección); Las delicias (Argentina, 2021), de Eduardo Crespo; La espera (Argentina, 2021), de

“Para su tranquilidad haga su propio museo” de Panamá

FE ST I VA L D E GU A DA LA J AR A Ingrid Valencic y María Celeste Contratti (Premio del Jurado FEISAL); Otra semilla (Argentina, 2022), de Matías Italo Scarvaci; La picada (Costa Rica/Chile, 2022), de Felipe Zúñiga Sánchez; La playa de los enchaquirados (Ecuador, 2021), de Iván Mora Manzano (Mención Honorífica); Los soldados (España, 2022), de Raúl Capdevila; y El vent que ens mou (España, 2021), de Pere Puigbert.

“Carajita”, cuatro triunfos En Largometraje Iberoamericano de Ficción, la película Carajita (República Dominicana/Argentina, 2021), de la argentina Silvina Schnicer y el español Ulises Porra, recibió las preseas Mejor Película (son 500 mil pesos), Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Actriz (Magnolia Núñez). La cinta de 89 minutos fue filmada en República Dominicana con los actores locales Genesis Buret, Magnolia Núñez, Adelanny Padilla y Cecile Van Welie, y las productoras –también de ahí– Alexandra Guerrero y Ulla Prida. La historia se centra en Yarisa y Sara. La primera es la niñera de la segunda, y ésta pertenece a una familia adinerada. Las dos se quieren mucho. Su relación parece trascender su clase social, ya que son lo más parecido a una madre e hija, pero un accidente complica sus vidas. Así, la cinta del matrimonio Schnicer y Porra expone el arduo trabajo de las empleadas domésticas que dejan a su familia para cuidar a los hijos de adinerados. Para Porra, Carajita plantea una pregunta incómoda: “¿Qué haría yo?”. La idea se las propuso la productora Prida y los tres trabajaron el guion: “Nos pareció una invitación muy estimulante. Aunque cada vez uno se desenvuelve en el aspecto técnico, la historia posee su propia vida y no sabe uno que dirección tomará cada filme.” Ya con Schnicer había dirigido Tigre, por lo que está es su segunda cinta. El covid-19 interrumpió el rodaje. Esperaron siete meses en 2020 para continuar. Pero su mayor reto fue cómo contar esta historia, pues si bien se trata de una producción totalmente de República Dominicana –en donde a decir suyo “se está elaborando buen cine”–, ellos no son dominicanos. Carajita se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2021, donde obtuvo una mención especial. Los directores escriben: A pesar de la calidez con la que comienza la película, Carajita explora el poder de las clases dominantes sobre las

dominadas. Como ocurre en muchos otros lugares, en el discurso cotidiano de las clases altas dominicanas se narra con cierta candidez la relación que se establece entre las nanas y las criaturas de las que se ocupan. En las nanas se delega el cuidado y, en ocasiones, la crianza total de los infantes de la casa. Se vuelve entonces oportuna la creencia algo ingenua de que las relaciones que se generan son de verdadera confianza y afecto. Sin embargo, sabemos que lo que subyace es una injusticia social, el dominio de una clase sobre la otra. Este dominio se materializa en el ejercicio de la impunidad y se vive como un orden natural. En caso de desavenencias, los mecanismos que ponen en marcha esta impunidad son automáticos y feroces. Y, al menos en esta película, son incontestables. Al hacerla hemos querido poner el acento en ese momento en que el relato romántico se ve atravesado por el infortunio y, consecuentemente, es intervenido por el orden oculto: la distancia descomunal que separa a las personas según el estrato al que pertenecen.

Tierras altas de Bolivia Mientras que Mejor Ópera Prima y Mejor Guion de Largometraje Iberoamericano de Ficción recayeron en Utama (Bolivia/ Uruguay/Francia, 2022), dirigida por Alejandro Loayza Grisi. En las áridas tierras altas de Bolivia, una pareja de ancianos quechuas, Virginio y Sisa, vive la misma rutina desde hace años, pero de repente su vida se transforma por una sequía inusualmente larga. Los dos enfrentan el dilema de resistir o ser derrotados por el paso del

“Utama” de Bolivia

tiempo. Todo se precipita con la llegada de su nieto Clever, quien los visita, pero se preocupa por lo que están pasando y se los quiere llevar a la ciudad, pero se encuentra con la negativa de la pareja. Ganadora del Gran Premio del Jurado en la sección World Cinema Dramatic del Festival de Sundance 2022, Utama está hablada en español y quechua. El cineasta boliviano Loayza Grisi tuvo que convencer a José Calcina y Luisa Quispe, casados en la vida real, para que participaran en el largometraje, ya que nunca habían actuado. El filme surgió en 2017: “Entonces era un pequeño párrafo. La primera versión del guion lo terminé en noviembre de ese mismo año. Rodamos en 2019. Al principio era rendir homenaje a un amor puro, pero al hacer unos viajes por Bolivia –filmaba un documental–, me di cuenta de los problemas ambientales que hay.” Conoció a un poblador de la comunidad de Santiago de Chuvica, Estanislao Quispe, quien los introdujo al pueblo: “Entre ellos estaban casualmente sus tíos, que son doña Luisa Quispe y don José Calcina. Cuando los vi sabía que sus rostros encerraban justamente lo que necesitábamos para la historia.” Les pidió que le permitieran tomarles una fotografía: “Esa imagen era una referencia mientras realizábamos el casting porque ellos no estaban interesados. Pero después vieron que era un proyecto serio, y decidieron ser parte. Y obviamente son el corazón de la película.” Loayza Grisi (La Paz, 1985) empezó a trabajar con la fotografía fija y luego a hacer cine. Como director de fotografía trabajó en el documental Planeta Bolivia y en varios cortos. Utama es su ópera prima. También compitieron en esta sección Camila saldrá esta noche (Argentina, 2021), de Inés Barrionuevo (Premio Maguey del Jurado); La vaca que cantó una canción hacia el futuro (Chile/Francia/Estados Unidos, 2022), de Francisca Alegría; EAMI (Paraguay/Argentina/Estados Unidos/Francia/Alemania/Países Bajos, 2021), de Paz Encina; Fogaréu (Brasil/Francia, 2022), de Flávia Neves; One year, one night (España/Francia, 2022), de Isaki Lacuesta (Mejor Actor); Raquel 1:1 (Brasil, 2022), de Mariana Bastos; La roya (Colombia/ Francia, 2021), de Juan Sebastián Mesa; Tiempos futuros (Perú/México/ Ecuador/España/Alemania, 2021), de V. Checa y Celeste Soldad (México, 2021), de Alex Argüelles (Proceso 2380). O

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Sipa via AP Images

LA HISTORIA (FRUSTRADA) DE UNA FUTBOLISTA INTERSEXUAL BEATRIZ PEREYRA

a futbolista A tenía 17 años la primera vez que fue cuestionada sobre la cantidad de masa muscular que tenía en su cuerpo. No supo contestar. Era finales de 2017. Estaba concentrada con la Selección Nacional Sub-20 que se preparaba para el Premundial de la Concacaf, programado para enero de 2018 en Trinidad y Tobago. Apenas iniciaba su sueño de ser futbolista profesional. Era la goleadora de un equipo de la entonces naciente Liga MX Femenil. Su destacado desempeño en la cancha le valió para llegar a su primera convocatoria en el representativo nacional que dirigía Christopher Cuéllar. “Mi masa muscular era muy superior a la de las chavas normales. Me empezaron a hacer preguntas en la selección: ‘¿Por qué eres más fuerte? ¿Por qué eres más rápida?’. Yo no sabía qué estaba sucediendo con mi cuerpo. Me regresaron a mi club, ahí me dijeron que tenía que hacerme unos estudios. Salió que tenía altos los niveles de testosterona y que no podía competir contra otras mujeres porque sacaba ventaja. “Me dijeron: ‘tienes que bajar tu testosterona si quieres que la selección te llame otra vez, porque estás contemplada para el Premundial. Necesitamos que esté todo en

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“ASÍ NACÍ,

NO LE HAGO MAL A NADIE” Tenía 17 años cuando acarició el sueño de convertirse en futbolista profesional. Cinco años después se despidió de las canchas, agobiada por la falta de ayuda, pero sobre todo por la discriminación de que fue objeto por ser intersexual; su cuerpo producía demasiado músculo por exceso de testosterona. Y cuando se trató, su rendimiento ya no era el mismo, aunque ella seguía entrenando, su mundo giraba alrededor del futbol. Hoy reflexiona: “Soy una persona muy resiliente que a pesar de las adversidades quiso seguir, quiso luchar, pero ese cambio me dio en la madre y ya no pude recuperarme”.

orden para que no salgas positiva en los antidoping. Llamaron a mis papás para que dieran autorización de que me hicieran estudios y checaran mi cuerpo. La conclusión fue que soy una persona intersexual. Ya no pude ir a la selección”, cuenta la jugadora. Ese fue el principio del fin de una carrera fugaz que sólo duró un torneo de

Copa y uno de Liga, porque la futbolista A fue víctima de una decisión que los organismos deportivos internacionales implementaron en el mundo: toda deportista cuyos niveles de testosterona rebasen los valores normales de las mujeres no podrán competir en tanto no se sometan al tratamiento que reduzca la

DE PO RT E S cantidad que su cuerpo genera de manera natural. Es el mismo caso que el de la corredora sudafricana Caster Semenya, tres veces campeona mundial y dos veces campeona olímpica de los 800 metros planos, quien por ser intersexual no ha podido competir en sus pruebas desde que la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) se lo prohibió, en respuesta a las múltiples quejas de otras corredoras que la acusaron injustamente de “ser hombre”. Semenya, como la futbolista A, es una persona de género femenino que tiene en su cuerpo los cromosomas XY, lo cual genera que sus niveles de testosterona sean superiores al promedio. El rechazo fue la primera respuesta del club al que pertenecía la futbolista A cuando supo que es intersexual. Después, los directivos optaron por pagarle el tratamiento médico para que pudiera regresar a jugar futbol. Le dijeron que si quería cambiar de sexo la registrarían en las fuerzas básicas varoniles. Una jugadora mexicana histórica de la selección nacional (cuyo nombre se omite para evitar represalias) le dijo que no tomara el tratamiento, que pidiera ayuda en la asociación de futbolistas. “Le decía a mis papás: creo que puedo defenderme legalmente porque esto es discriminación. El equipo me iba a correr, ya no querían saber nada de mí, pero analizaron las cosas y sabían que estaban haciendo algo injusto, que podía defenderme. Ya no hice nada porque dije ‘están respaldándome’. Sabía que algo andaba mal en mi cuerpo, siempre me callé; precisamente por el miedo al rechazo, a que no me dieran la oportunidad de jugar”, recuerda.

parte de un sexo definido porque me veía y me preguntaba: ¿qué soy? ¿chico o chica? Yo siempre he sido mujer ante la sociedad, pero antes la gente me confundía con un hombre y yo me enojaba porque soy niña. Ahorita me gusta mucho como soy, esto me ha servido para sentirme bien ante el mundo, pero a nivel deportivo me dio en la madre; literal, me dio en la madre este tratamiento porque ya no soy la misma de antes, nada que la goleadora ni que la más veloz de la liga. “Sentí que no tenía la misma fuerza, al correr cierta distancia me sofocaba superrápido; a veces me daban bochornos. Mi cuerpo estaba sometiéndose a un cambio que nunca había experimentado. Seguía entrenando con mi equipo, pero ya mi vida estaba en pausa. Mi mundo giraba alrededor del futbol y cuando me quitaron el futbol me quitaron todo”, dice. La jugadora quedó deshecha mentalmente porque fue invisibilizada. Si bien entrenaba con su equipo, sabía que cuando saliera la lista de convocadas para los partidos su nombre no estaría ahí. Andaba a escondidas de los reporteros para que no hicieran preguntas incómodas, hubo días en los que no quería ni ir a ver jugar a sus compañeras porque la frustración la doblaba. “Estuve deshecha dos años. Sentía que la entrenadora y el equipo me hacían a un lado. A los eventos no me podían llevar porque nadie debía verme con el equipo para que no sacaran conclusiones. Mis papás me decían: ‘Échale ganas, es tu sueño; no te caigas’, pero yo ya no era feliz. A veces iba a entrenar, o sea estaba ahí mi cuerpo, pero mi mente estaba en otro lado. Era una pesadilla para mí haber nacido así. Ya no podía, ya no quería al futbol en mi vida. Cuando regresé a jugar otra vez anoté gol. Fue como sentir que esta lucha la había ga-

La futbolista A pasó 2018 y 2019 entre médicos y estudios, yendo y viniendo de un hospital de la Ciudad de México donde, narra, tampoco sabían qué hacer con ella. Ya le decían las ventajas o las desventajas de confirmarse como mujer o cambiar de sexo, que si tal medicamento le podría causar cáncer, que si sus huesos se descalcificarían. Hasta que apareció un doctor a quien llama “mi ángel de la guarda”. Le propuso quitarle las gónadas masculinas mediante una cirugía y comenzar con un tratamiento hormonal para reducir la testosterona. Los medicamentos hicieron su efecto: en cuestión de semanas el vello de las piernas de la futbolista A desapareció, la masa muscular se redujo, aumentó su grasa corporal y se concentró sobre todo en la zona del abdomen; el acné desapareció de su rostro, su piel se volvió más suave, lo mismo las facciones de su cara. Su cuerpo se tornó muy femenino. “Era lo que yo quería, sentirme como

LA MARGINACIÓN La futbolista A está consciente de que existen otras jugadoras que también son intersexuales y que algunos equipos de la Liga MX les están cerrando las puertas porque

Miguel Dimayuga

EL TRATAMIENTO

nado, pero pues no, sólo fue el momento.” –¿Cómo imagina su carrera de futbolista si no se hubiera sometido a este tratamiento? –Sería una jugadora top, estaría en un equipo mejor. Mi sueldo es muy malo y creo que si hubiera seguido compitiendo tal cual podría vivir de esto. Estaba en mi mero momento cuando inició el tratamiento. A veces me decía: ‘no jodas, ya no perteneces a esto’. Salí de mi primer club y me llegó una oportunidad con un segundo equipo, y luego con un tercero, pero después vi un patrón que se repite, que no me deja rendir al 100. Antes era titular indiscutible en todos los partidos. Mi escenario ideal hubiera sido hacer mi carrera y después decidir si quería o no someterme a un tratamiento, pero pues fue todo lo contrario y terminaron con mi carrera. –¿Cómo debería actuar la Liga MX Femenil ante los casos de jugadoras intersexuales? –Se debe investigar mucho. Yo fui uno de los primeros casos y no había información de nada. Yo me estaba escondiendo de los medios, en mi primer club me escondieron mucho tiempo, y sí se necesita saber que algunas personas somos así. Yo así nací, no le hago mal a nadie. “Mi club me apoyó, me dijo: ‘Opérate, después vamos a estar contigo en todo momento y ya cuando estés recuperada te vamos a traer otra vez’. Eso era lo que no quería, porque no quería operarme todavía.”

Liga MX femenil. Coto cerrado

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AP photo /Christiaan Kotze

sí sacas ventaja, para ellos eres un chico. Por eso te tratan así. Y es feo. En su momento me lo dijeron: ‘Sacas ventaja y por eso eres lo que eres (buena deportista)’. Así nací, ¿por qué me van a hacer menos competitiva? Para serte sincera tampoco entiendo muchas cosas. Hice todo lo que me pidieron para poder jugar. Ahora quiero tirar la toalla, ya no está en mis planes dedicarme a esto porque ya no me meten de titular, ya ni siquiera estoy para cambio. Ya es momento de dejar el futbol de lado. No sé por qué a las mujeres sí y a los hombres no les exigen bajar sus niveles de testosterona. “Siento que llegó el momento en el que me cansé de luchar, llegué a mi límite; ya no puedo estar aquí. Soy una persona muy resiliente que a pesar de las adversidades quiso seguir, quiso luchar, pero ese cambio me dio en la madre y ya no pude recuperarme.” Unos días después de esta entrevista, la futbolista A anunció su retiro del futbol. Sólo tiene 22 años. Su decisión llegó menos de un año después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer que ante la falta de evidencia de que los altos niveles de testosterona sí impactan en el rendimiento de las deportistas no es el único elemento que debe tomarse en cuenta para permitir la participación de las mujeres intersexuales y transgénero en la rama femenil. El COI dejó en manos de las federaciones internacionales de cada deporte el diseño de la normatividad en la que competirán las mujeres intersexuales y transgénero “sin discriminación y respetando la salud, la seguridad y la dignidad de las participantes”. O

AP Photo /Petr David Josek

simplemente no saben cómo abordar esta situación. Es más fácil despedirlas o no contratarlas que atender este fenómeno. Cuenta que hace poco una jugadora que pertenecía al club León la contactó para pedirle ayuda, pues fue despedida. Después hizo una visoría con el Cruz Azul y por la misma razón no se quedó. “Le dije la verdad: yo me escondo mucho de todo esto. No se lo digo a nadie, sólo mi familia sabe, mis médicos, el cuerpo técnico, pero mis compañeras se supone que no saben nada. Esta chica sacó sus conclusiones y supuso que yo pasé por lo mismo. Me preguntó: ‘Cómo viviste esto, porque no quiero someterme a un tratamiento ni operarme, pero quiero participar’. Hizo visorías y le dijeron: ‘No nos interesas, no podemos aceptarte por esto’. ¿Ahí qué hacemos? No somos monstruos para que nos estén rechazando. “Son cosas que tenemos que luchar, tenemos que decirle a la liga, a la federación: ‘Mira, no somos ningunos monstruos para que nos traten así los equipos, no tenemos por qué someternos a ningún tratamiento porque así nacimos’. Me gustaría que no nos discriminaran de esa forma, que nos dejen participar tal cual somos. No sé cuál sería la solución porque quieras o no sí sacas ventaja ante las demás chavas.” –¿Por qué dice que saca ventaja si hay deportistas como Michael Phelps y Usain Bolt que tienen un físico privilegiado por nacimiento y nadie les impide competir? Incluso hay hombres que tienen altos los niveles de testosterona y tampoco los obligan a someterse a un tratamieto… –Para ellos (quienes dirigen el deporte)

BEATRIZ PEREYRA

L Semenya. Un caso notable

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a inclusión de las personas transgénero en las competencias deportivas anunciada por el Comité Olímpico Internacional (COI) en 2016 puso en la palestra un nuevo debate y éste obligó al organismo a recular: a partir de finales de 2021 dejó en manos de las federaciones deportivas la facultad de decidir en qué condiciones participarán los atletas, pero “sin ventajas competitivas injustas”. El caso más sonado en los últimos meses es el de la nadadora transgénero Lia Thomas (antes Will Thomas), de la Universidad de Pensilvania, quien hizo la transición y comenzó a competir en la rama femenil a partir de 2021. Esto oca-

DE P O RT E S

DEPORTISTAS TRANSGÉNERO DESAFÍAN A LAS INSTITUCIONES

“LA SUPERIORIDAD ATLÉTICA

NO PUEDE MEDIRSE EN TÉRMINOS DE SEXO”

La incursión de atletas transgénero en las competencias de alto rendimiento hiere de muerte al sistema deportivo centrado en la diferencia sexual. Los cuerpos trans están destruyendo la base ideológica sobre la que se sustenta la división de la rama varonil y la femenil, y eso obliga a las instituciones a repensar los criterios enfocados en la supremacía. El debate cobra relevancia y mientras las instituciones ensayan cómo superar ese sesgo androcéntrico, Hortensia Moreno, especialista en el tema Mujer y Relaciones de Género, sentencia: “La superioridad atlética no la podemos medir en términos de sexo”. sionó el descontento de sus compañeras, quienes mediante una carta anónima solicitaron a la escuela y a la Ivy League que no le permitan competir con las mujeres, pues en la rama varonil ocupaba el lugar 462 y luego se convirtió en la mejor nadadora universitaria. “El deporte es competitivo por definición, y las victorias, récords y honores de Lia no deberían ocurrir a costa nuestra, las mujeres que han trabajado toda su vida para ganarse un lugar. La biología del sexo es un tema separado de la identidad de género de alguien en el deporte. Biológicamente, Lia tiene una ventaja injusta sobre sus competidoras en la rama femenil”, escribieron. La misiva tenía la intención de que las reglamentaciones de la National Collegiate Athletic Association se apegaran a las

de la Federación Estadunidense de Natación, que consideran un umbral más estricto de testosterona para que las mujeres transgénero puedan competir en la rama femenil. “Esto debe ser un debate internacional entre los científicos, médicos del deporte, entrenadores, para intentar buscar la solución. No se trata solamente de que el COI establezca una hoja de ruta teniendo en cuenta distintos parámetros como no causar daño, que nadie sea excluido, que no haya discriminación, que independientemente de su identidad sexual todo el mundo pueda participar con seguridad y sin prejuicios. Lo que estamos haciendo ahora es una prevención de daños; nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia han ocurrido muchos agravios, y continúa habiéndolos. Como

el caso de la atleta sudafricana Caster Semenya. “Es ilógico que Caster no pueda participar como nació (la Federación Internacional de Atletismo le impide competir porque se rehúsa a reducir los niveles de testosterona que de manera natural produce su cuerpo como persona intersexual) y, sin embargo, una mujer trans sí pueda participar sin ningún problema, como Lia Thomas. Ha habido muchos avances, pero también muchos errores que estamos pagando en el momento actual”, explica la doctora María José Martínez Patiño, de la Universidad de Vigo, y miembro del Panel de Expertos de la Comisión Médica y Científica del COI. Martínez Patiño se refiere al “Marco sobre equidad, inclusión y no discriminación sobre la base de la identidad de gé2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

AP photo /Mary Schwalm

Lia Thomas. Factor disruptivo

nero y las variaciones sexuales” que en noviembre de 2021 dio a conocer el COI. Se trata de un documento en el cual las federaciones deportivas internacionales deberán basarse para crear sus propios lineamientos, determinar cuáles son los criterios de elegibilidad y bajo qué condiciones participarán las mujeres transgénero en las competencias. Martínez Patiño, una de las expertas más reconocidas a nivel mundial en el campo de la intersexualidad y transexualidad en el deporte de alto nivel y una de las voces más respetadas internacionalmente, considera un error haber determinado que es suficiente que una deportista transgénero reduzca sus niveles de testosterona para pasar de competir en la rama varonil a la femenil, porque la experiencia de entrenamiento previa que tuvieron como “hombres” (sic) no conduce a la equidad o la igualdad. “Es que tienen una ventaja y se está cometiendo una injusticia. La normatividad del COI dice que ninguna participante debe tener una ventaja injusta y desproporcionada sobre el resto. Con Lia Thomas, en mi opinión, hay una desproporción, porque hace dos días, como quien dice, era un varón, compitiendo y ahora no solamente gana, sino que es tan descarado su rendimiento que lejos de pensar que hay integración contribuye a que haya muchos más problemas. Casos como éste llevan a pensar: ¿cuál es la situación de las mujeres que han nacido mujeres y quieren competir en igualdad? Hay una corriente muy intensa de deportistas que tienen razón en preguntarse, ¿qué va a pasar con el deporte femenino?”, señala.

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REGLAMENTAR LA ETAPA DE TRANSICIÓN Para Martínez Patiño, la solución a este problema radica en establecer una edad en la que la deportista transgénero haga la transición. Si la hace antes de haber entrenado como atleta de alto rendimiento podrá competir en la rama femenil, pero si es después ya no se le debe permitir que participe. “No podemos pensar que no hay una huella después de haber hecho la transición, que es a lo que se acogen las mujeres que han competido siempre con mujeres. No te desprendes de esa herencia que has adquirido previamente en repeticiones, en gestos, en movimientos en el que has tenido toda la testosterona para entrenar antes de la transición. Hay deportes donde no tiene incidencia alguna; entonces, establecer un único parámetro que puede ser la testosterona es una ingenuidad. Cada federación establecerá sus propios criterios y en los próximos Juegos Olímpicos de París nos encontraremos con que las federaciones tendrán diferentes normas. “La persona que haya tenido experiencia en el deporte de alta competición en el futuro no va a poder competir como mujer, ese es el camino. Si has hecho la transición previa a la pubertad y no has tenido beneficios, sí. La Fina (Federación Internacional de Natación), la World Athletics o la FIFA (tres de las federaciones más poderosas el mundo) nos guste o no van a establecer sus propios criterios. Podría ser un buen punto de comienzo para encontrar una solución factible. Está claro que ha-

biendo tenido años de experiencia previa como varón es injusto y ridículo pensar que con bajar los niveles de testosterona un hombre se convierta en mujer”, detalla. Justamente, el domingo 19 la Fina dio a conocer su nueva política de inclusión de género: las nadadoras transgénero no podrán participar en la rama femenil en las competencias de élite si tuvieron una pubertad masculina. Para poder hacerlo deberán haber hecho la transición cuando mucho a los 12 años. Asimismo, el organismo creará “una categoría abierta” para las nadadoras cuya identidad de género sea diferente a su sexo de nacimiento. “La Fina creará un grupo de trabajo que se dedicará los próximos seis meses a estudiar la forma más eficaz de establecer esta nueva categoría”, anunció. Pero para la doctora en ciencias sociales Hortensia Moreno Esparza, con especialidad en mujer y relaciones de género, el problema es más complejo y se debe partir de que las competencias deportivas en sí mismas no son actos de justicia. Los resultados demuestran precisamente que hay personas con mejores capacidades que otras porque sus cuerpos son diferentes con piernas o brazos más largos o pulmones más potentes, pero que en el caso de los hombres no se cuestiona, como sí ocurre con las mujeres. Por esa razón los niveles altos de testosterona en las mujeres sí es un problema, pero no para los hombres. “Lo que está haciendo el COI es producir reglas que mantengan el statu quo a partir del cual se puede afirmar la idea central del deporte: los hombres son superiores a las mujeres, física e intelectualmente. Esto es lo que sostiene la estructura del deporte y si la rompemos se desmorona el edificio deportivo. Eso provocan las deportistas trans, destruyen el cimiento del edificio deportivo que tiene la función social histórica de mostrar que hay diferencia sexual. Para demostrar la superioridad varonil es indispensable que le pongas un límite al desempeño de las mujeres. “Las mujeres no pueden pasar de aquí para acá, por ningún motivo. Si empiezas a romper récords todos se ponen bien nerviosos. Y dicen no. Ésta no es mujer, porque las mujeres sólo pueden llegar hasta aquí. Si te pasas de aquí, ya no te puedo clasificar en la misma rama, ¿qué hago contigo? Eres un problema. Es lo que ha pasado siempre con las mujeres demasiado atléticas. No es una restricción biológica, es una restricción social y política”, explica Moreno.

VALORES ANDROCÉNTRICOS Lucía Gabriela Ciccia, doctora en estudios de género por la Universidad de Bue-

DE P O RT E S zas, de las nacionalidades y del sexo masculino sobre el femenino, pensados de manera binaria y lineal. Lo que vienen a hacer las deportistas transexuales es decir: ‘Espérense tantito, el mundo es más complicado’. Tenemos que reformar la arena olímpica. Vale mucho la pena que pasen estos escándalos para poder repensar lo que se está haciendo. La superioridad, entre comillas, la superioridad atlética no la podemos medir en términos de sexo”, señala Moreno, también investigadora del CIEG.

ESTEREOTIPOS DEPORTIVOS Ciccia refiere que el discurso científico va a defender la idea de que las diferencias naturales entre las mujeres y los hombres cisgénero obedecen a las concentraciones de testosterona y que de ahí mismo parte la exigencia de que las mujeres cisgénero intersexuales deben reducir sus niveles para estar en igualdad de condiciones que las mujeres cisgénero no intersexuales. “Podemos llegar al extremo y preguntarnos a qué se deben estas diferencias en los récords promedios entre varones y mujeres cis que existen. Y acá vamos de vuelta a lo fundamental: interpretamos que la testosterona implica una suerte de ventaja atlética y lo que tenemos que preguntarnos es si esto es cierto. Además, el género está completamente atravesado por la raza. De hecho, las deportistas intersex en general son tipas racializadas y se las juzga como si fueran marimachos. Como siempre, hay una vigilancia de género asociado a la blanquitud. “Entonces, el estereotipo de las buenas deportistas es que no traspasen los récords masculinos porque si no, tam-

bién es una pérdida de identidad. Si vas a creer que puedes superar a un varón como te enseñaron que no, si lo haces es porque no eres mujer. Así está el castigo y las críticas entre pares y entre las propias mujeres. Decir que las mujeres trans tienen una ventaja y decir que las chicas negras intersex son marimachos es reafirmar ese sesgo androcéntrico”, sostiene Ciccia. –¿Cómo convencemos a los organismos deportivos de que las ramas no deben de existir? –se le pregunta a Hortensia Moreno. –Hay que pensar en disciplinas que no opongan esta idea de que hay hombres y mujeres. El deporte mixto, pero no solamente eso. Pensar que el tema no tiene que ser necesariamente quién gana. Establecer otro tipo de criterios. Tenemos que pelear de manera muy seria con la idea de la supremacía, de que hay unos seres humanos que son superiores a los otros. Esto es una bandera del siglo XX que pervive en el XXI y que se vuelve superpeligrosa. “Necesitamos inventar nuevos deportes, nuevas disciplinas que permitan desarrollar las aptitudes de las personas sin destruirlas. El deporte de alto rendimiento no es una cosa que ayude a la salud, es una cosa que te hace pedazos.” –El COI dejó en manos de las federaciones internacionales de cada deporte decidir cómo deben competir las mujeres transgénero en el deporte, no suena muy alentador. –Esa es la tarea que tenemos que hacer en los centros e institutos de investigación, tratar de proporcionar la mayor cantidad de información objetiva para tomar las mejores decisiones. Cortesía

nos Aires y licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora en el Centro de Estudios e Investigaciones de Género de la UNAM, explica que quienes limitan o rechazan a las deportistas transgénero son protectores de la segregación por sexos, de los privilegios del sujeto androcéntrico y, por lo tanto, de una sociedad transfóbica y cisheteronormada. “El ámbito del deporte opera como un resaltador sistemático de la diferencia sexual; es un lugar para sostener un sistema de valores androcéntrico. No entiendo cómo muchas corrientes feministas son las primeras transfóbicas porque están defendiendo lo que supuestamente quieren destruir, que es un sistema que las oprime. El patriarcado no es un señor afuera que me dice lo que tengo que hacer. Funciona con mi propia forma de ver el mundo. Y cuando tenemos esta forma de entender el mundo y las diferencias entre varones cisgénero y mujeres cisgénero, estamos defendiendo un sistema intrínsecamente patriarcal. Si como cismujeres pensamos que las cismujeres intersexuales o las mujeres transgénero tienen una ventaja biológica en el deporte, estamos defendiendo este sistema y reproducimos lo que criticamos”, explica Ciccia. Ni Moreno ni Ciccia comulgan con la idea de la doctora Martínez Patiño –una velocista intersexual a quien se le impidió competir a mediados de los ochenta porque se consideró que era un hombre– acerca de que si las deportistas transgénero hacen la transición antes de la pubertad pueden competir libremente en la rama femenil. Lo que los organismos deportivos deben hacer, dicen, es desaparecer las ramas y que todas las personas compitan entre sí sin restricciones. “Mi solución es destruir la rama varonil y la femenil. Hay que destruir la idea sobre la que están construidas las instituciones deportivas. No va a ocurrir mañana. Y no va a ocurrir a partir de esta discusión que está empapada de transfobia. Estas chicas dicen: voy a hacer mi carta anónimamente porque no quiero que me tachen de tránsfoba. Sí hay transfobia. Los cuerpos trans están destruyendo la base ideológica sobre la que se sustenta la división de la rama varonil y la femenil, el deporte como lo conocemos. Obviamente es una amenaza a nuestras creencias más importantes. Esta idea es el centro de la discusión: que un hombre, por el solo hecho de ser hombre, es superior física y biológicamente a todas las mujeres. Es una falacia absoluta. “En el deporte olímpico se demuestra la supremacía de los imperios, de las ra-

Martínez Patiño. Propuesta polémica

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Respecto de “Salí de casa y cuando regresé el Bloque Urbano Popular me la había quitado”

las organizaciones del Bloque Urbano Popular en igualdad de condiciones. Atentamente, Gabriel Mayorga Basurto, coordinador del Bloque Urbano Popular

Señor director:

or medio de la presente, como organizaciones del Bloque Urbano Popular, nos dirigimos a su medio de comunicación para solicitar derecho de réplica que nos otorga nuestra Constitución, referente a una publicación de fecha 19 de junio de 2022, donde se publicó la nota titulada Salí de casa y cuando regresé el Bloque Urbano Popular me la había quitado, donde se difama a la organización la cual represento. Textualmente se escribió: “Sobre la organización conocida como Bloque Urbano Popular pesan denuncias por despojo de inmuebles en la Ciudad de México. Los afectados principalmente son personas de la tercera edad y de grupos vulnerables. En estos actos criminales, reconocen autoridades capitalinas, están implicados notarios públicos y funcionarios de la ciudad, quienes impiden que los legítimos dueños recuperen sus propiedades. “En la misiva donde don Arturo le pidió ayuda al presidente López Obrador, denuncia que, quien le quitó su casa es el Bloque Urbano Popular, cuyo coordinador nacional es Gabriel Mayorga. También denuncia a los representantes de la organización identificados como José Luis Nájera Delgado y Arlette Rangel Barragán. Ellos, de acuerdo con el denunciante, operaron la invasión de su casa ubicada en avenida Central 242, colonia Prohogar de la mencionada alcaldía, y también son quienes lo han amenazado de muerte a él, a sus hijos y a su abogado. “Al apelar a la empatía del mandatario federal con los adultos mayores, el denunciante escribió: ‘Como información adicional le comento que varios de los servidores públicos que nos han atendido nos pidieron que nos olvidemos de nuestra casa, ya que grupos como éste, Bloque Urbano Popular, y muchos otros son protegidos por las mismas autoridades’.” En este sentido le informamos que las organizaciones del Bloque Urbano Popular no hemos realizado ninguna de las acciones que describe la nota antes mencionada. Asimismo le informamos que no tenemos relación alguna con la organización Vivienda y Libertad para Todos ni con alguno de los predios mencionados en dicha nota. Con base en lo anterior solicitamos sea aclarada esta situación atendiendo al derecho de réplica por alusión a

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Sobre “La clase política jalisciense refrenda sus nexos con la esposa de Naasón” Señor director:

Respuesta de la reportera Señor director:

especto del derecho de réplica que solicita Gabriel Mayorga, aclaro que los señalamientos hacia el Bloque Urbano Popular los hacen directamente las víctimas y sus representantes legales. Además están sustentados, como lo dice el texto, en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y en la propia denuncia penal ante el Ministerio Público, con el número de carpeta de investigación CI-FAZ/ AZ-1/UI/25/D/01782/03-2017. La reportera tiene copia de ambos documentos. En estos oficios las víctimas mencionan a Mayorga como el coordinador del Bloque Urbano Popular, al que acusan por el delito de despojo del inmueble en cuestión. Como también lo dice el texto, la reportera llamó al número telefónico impreso en la manta que cuelga en la fachada del predio ubicado en la avenida Central 242, colonia Prohogar, alcaldía Azcapotzalco, para solicitar información de los supuestos responsables del proyecto de vivienda, pero la respuesta fue una grabación que decía que ese número “no existe”. Sobre el alcance que envió el señor Mayorga con partes de la carpeta de investigación para “comprobar” que dicho Bloque no tiene vínculo con el predio ni la organización Vivienda y Libertad para Todos, aclaro que al revisar las 35 páginas enviadas no existe ninguna afirmación que lo sustente. Lo que sí hay son dos fotos del inmueble en cuestión con una manta que dice: “Este inmueble está protegido y resguardado por el Bloque Urbano Popular”, acompañado del nombre de “Gabriel Mayorga, coordinador nacional”. Además, Proceso tiene una copia de la declaración ministerial de Arlette Barragán, señalada por las víctimas como una de las personas que las despojó y quien aseguró que forma parte del Bloque Urbano Popular. En todo caso, quien debe deslindar las responsabilidades del caso es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aprovecho esta apertura en la comunicación para solicitar al señor Mayorga una entrevista sobre las denuncias hechas ante la autoridad ministerial contra la organización que representa. Atentamente: Sara Pantoja

especto del artículo publicado el 19 de junio de 2002, titulado La clase política jalisciense refrenda sus nexos con la esposa de Naasón, y en el que en las páginas 48 y 49 se menciona a la Asociación de Municipios de México, A.C., (AMMAC) que presido, le aclaro lo siguiente: 1.- El evento referido, “Encuentro de asociaciones civiles en pro de la mujer”, fue convocado por la AMMAC y se invitó a 60 organizaciones de la sociedad civil de un directorio de 2 mil asociaciones con el que cuenta nuestra organización. 2.- La diputada Dulce María Silva Hernández, gentil y solidariamente aceptó ser anfitriona de este primer encuentro para fortalecer las actividades que se realizan en pro de la mujer, que ha sido un tema de lucha incansable de la legisladora. Este fue el primero y único evento que la diputada tuvo con las organizaciones convocadas por la AMMAC. 3.- La persona que acudió y que tenemos registrada como presidenta de la organización “Alma Mujer y Vida, A.C.”, es Yolanda Almaguer Esparza, con quien hemos tenido comunicación por diversos medios, los cuales les puedo proporcionar, sin violar la ley de datos personales, por lo que aclaramos que no teníamos conocimiento de lo que expresa su nota, debido a que no estamos obligados a contar con dicha información. Además, nosotros trabajamos y coadyuvamos con diversas organizaciones, siempre de buena fe, con un fin lícito de ayudar y fortalecer las causas de la sociedad civil, dentro de las que también destaca el tema de empoderamiento, derechos humanos y respeto a la mujer. 4.- Anexo la invitación que se hizo a dicha organización, que es la misma que se envió a otras 60 organizaciones más, sin distinción alguna. 5.- Aclaro que nadie del equipo de Proceso nos contactó para hablar de este evento, como se afirma en su nota, por lo que agradeceré se hagan las precisiones pertinentes en el mismo espacio y con el mismo número de caracteres, ya que las afirmaciones vertidas en su prestigiado medio afectan a nuestra organización y a la diputada Dulce María Silva Hernández, quien amablemente accedió a ser anfitriona sin conocer, porque no era tema ni su obligación, las relaciones familiares de las presidentas de las organizaciones. Asimismo lo escrito deja en entredicho nuestro prestigio y el de las demás organizaciones que asistieron a dicho evento y cuyo trabajo incansable ha ayudado al desarrollo de este país mediante el apoyo a las mujeres y sus familias. Atentamente, Nallely Gutiérrez Gijón, presidenta ejecutiva de la AMMAC

PA LA BRA D E LE CT OR Respuesta de la reportera Señor director:

especto de la carta de la Asociación de Municipios de México, A.C., cabe mencionar lo siguiente. En referencia a la diputada federal Dulce María Silva Hernández es preciso señalar que el 17 de agosto se le contactó al celular proporcionado por el enlace de su partido político con la prensa. Inicialmente, mediante un mensaje de WhatsApp, se le notificó mi nombre y puesto en la revista Proceso con la petición de conocer su posición respecto del evento realizado en la Cámara de Diputados el 27 de abril último, en el cual la legisladora firmó un reconocimiento a la asociación civil “Alma de Mujer y Vida”. La diputada Silva Hernández respondió que regresaría la llamada una vez que terminara de atender un asunto familiar. Al no hacerlo la busqué a las 11:08 de la mañana. Pero la legisladora canceló la llamada como puedo demostrarlo con capturas de pantalla. En cuanto a la señora Nallely Gutiérrez Gijón, presidenta ejecutiva de la asociación de municipios, también es preciso señalar que, de la misma manera se intentó obtener una posición sobre el mismo evento, en el cual ella también firmó el reconocimiento a la asociación civil “Alma de Mujer y Vida”. Se hicieron dos llamadas en un lapso de dos horas al número telefónico 5567907108, asentado en su página de Facebook, sin que tuviera una respuesta. Atentamente, Melissa Amezcua

Acerca de “El Cártel del despojo opera bajo la sombra del gobierno de Murat” Señor director:

n su edición 2381 Proceso publica en las páginas 6, 7, 8, 9 y 10 un reportaje suscrito por el corresponsal Pedro Matías, bajo el titular El Cártel del despojo opera bajo la sombra del gobierno de Murat, mismo en el cual se hace mención del suscrito en las páginas 6, 7, 9 y 10, a lo cual solicito en derecho de réplica se publiquen las siguientes precisiones: 1.- El suscrito es notario público número 135 del estado de Oaxaca y adquirí mi Fiat (notarial) en diciembre de 2020 y empecé a ejercer como notario público en enero de 2021. En mi actuar como notario público no tengo ninguna queja administrativa, demanda o denuncia en mi contra y en mi vida personal; tampoco he sido demandado ni denunciado por ningún delito. 2.- Los señores Herbe, Caleb y Ashmar, que se presentan públicamente como hijos nacidos fuera de matrimonio de quien fuera mi padre, Víctor Manuel Gómez Conzatti, quien falleció en 2012, no

han ganado ningún amparo respecto de la identidad que dicen les fue robada y suplantada. Por el contrario, perdieron el juicio de amparo número 575/2020 del Juzgado Segundo de Distrito de la ciudad de Oaxaca, información pública que ustedes pueden corroborar en el portal digital del Poder Judicial Federal, independientemente de que el señor Pedro Matías ya tiene copia de dicha sentencia. 3.- Ni el suscrito ni mis hermanos y hermanas tenemos ninguna incumbencia en el nombre o filiación o apellido de dichas personas, ya que somos adultos. En lo personal yo no soy juez de mi padre para revisar su conducta fuera de matrimonio, y respecto de los señores que se quejan del robo de su identidad no les guardo ni odio ni rencor ni ningún sentimiento negativo. Por el contrario, los compadezco respecto de la confusión legal o psicológica o moral que tienen sobre sus verdaderos nombres, esperando resuelvan su problema de identidad y aconsejándoles que usen las vías judiciales correctas que se establecen en el Código Civil y no litiguen en los medios de comunicación, y atiendan legalmente sus problemas contratando a un verdadero abogado. 4.- El suscrito y mi prima Elizabeth Shamosh Gómez jamás hemos despojado a los señores Herbe, Caleb y Ashmar de ningún inmueble. Por el contrario, el señor Caleb y su familia, incluyendo a su madre, Guadalupe Martínez Ramírez, han despojado a mi abuela, Victoria Conzatti, una mujer de 103 años, de un edificio que se localiza en el centro de la ciudad de Oaxaca y le roban sus rentas, que son su sustento para enfrentar la vejez, puntualizando que Guadalupe Martínez Ramírez fue empleada doméstica de mi abuela más de 30 años. 5.- Los señores Herbe, Caleb y Ashmar, de apellidos Gómez Conzatti y Martínez o López Martínez, desconozco cual sea su verdadero nombre, se han negado a comparecer a los juicios civiles que mi abuela de 103 años, Victoria Conzatti, los ha demandado. 6.- Es falso totalmente que el suscrito o mi familia se aproveche que los señores Herbe, Caleb y Ashmar tengan problemas con sus identidades para despojarlos; por el contrario, mi familia los tiene demandados con todos los nombres que se les conoce, y no se aprovecha jurídicamente del problema que dicen tener con su identidad. El juicio a que me refiero es el juicio ordinario civil de nulidad de escrituras públicas y reivindicación, radicado en el Juzgado Tercero de lo Civil de la ciudad de Oaxaca, bajo el número de juicio 305/2021, del cual su corresponsal Pedro Matías ya tiene copia integra. 7.- Herbe, Caleb y Ashmar se han victimizado y atacan al suscrito y a las instituciones públicas, con el único fin de mermar la credibilidad de las mismas y causarme daño moral, con el único fin de que yo desista de defender a mi abuela de 103 años. 8.- Mi madre tiene diversas propiedades, mismas que adquirió a lo largo de su vida vía herencia y como producto de su trabajo, tanto del sueldo que obtuvo como funcionaria pública

como el dinero que generó como comerciante y distribuidora de aceites y lubricantes de diversas marcas comerciales. Sin embargo, estas personas nos atacan usando su medio de comunicación para poner en riesgo la seguridad de mi madre y de toda mi familia. Además, todas las propiedades de mi madre y mías han sido compradas a lo largo de varios años y en transacciones transparentes y legales, y no existen juicios civiles ni carpetas de investigación al respecto. 9.- Herbe, Caleb y Ashmar se asombran de los pagos de impuestos prediales porque son personas de origen humilde y nunca han tenido propiedades y no entienden que hay que pagar impuestos para cumplir con la ley, pero ellos, principalmente Caleb, son quienes despojan a mi abuela de un edificio y se apropian de sus rentas. 10.- Pedro Matías, su corresponsal en Oaxaca, estuvo en casa de Victoria Conzatti el martes 21 de junio a las 11 horas, donde le hice entrega documental de los juicios que mi abuela interpuso contra mis gratuitos difamadores, quienes ante la falta de argumentos jurídicos descalifican y ofenden públicamente. Matías también constató la lucidez de mi abuela de 103 años y por palabras de la propia Victoria Conzatti constató que Guadalupe Martínez Ramírez y sus tres hijos le roban y la han despojado de una de sus propiedades. Atento a todo lo anterior, le puedo manifestar que si existe algún “Cártel del Despojo en Oaxaca” son Herbe, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez sus principales miembros, y quien lo preside es Guadalupe Martínez Ramírez (…) De todo esto di pruebas documentales al corresponsal, quien en una muy breve entrevista conoció a Victoria Conzatti en el interior de su domicilio y, además, constató las malas condiciones de la casa de mi abuela, ya que Herbe, Caleb y Ashmar le roban sus rentas. Atentamente, licenciado Jorge Alberto Merlo Gómez

Respuesta del corresponsal Señor director:

l reportaje al que hace referencia Jorge Alberto Merlo Gómez está basado no solamente en testimonios, sino en documentos como denuncias penales, y otros como el punto de acuerdo que presentó en la Cámara de Diputados federal la diputada Margarita García, el 15 de marzo último, mismo que se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia. Efectivamente, después de la publicación sostuve una conversación con el notario Merlo Gómez, en la que me explicó que el caso en el que aparece involucrado es un asunto de índole familiar. Ofrecí estar atento al seguimiento periodístico del mismo, aunque será en las instancias legales donde se desahogue y resuelva esta situación. Atentamente, Pedro Matías 2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

José Antonio Rodríguez

El efecto Petro

2382 / 26 DE JUNIO DE 2022

Proceso - 26 Junio 2022

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Deportistas transgénero desafían a las instituciones: “La superioridad atlética no puede medirse en términos de sexo” /Beatriz Pereyra

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