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En el caso de que el prestatario sea un gobierno local, el riesgo se define y gestiona mediante la legislación nacional sobre disciplina fiscal. Todos los países examinados cuentan con una legislación de este tipo, que define el nivel y el tipo de deuda que pueden asumir los gobiernos locales. Los entes reguladores financieros nacionales también clasifican anualmente a los gobiernos locales en función de la cantidad de deuda que ya tengan y de la deuda adicional que puedan asumir, basándose en los ingresos de los proyectos de los impuestos municipales y de las transferencias intergubernamentales. Es posible que los gobiernos locales no puedan aportar activos como aval, por lo que se establecen otras formas de garantía. Por ejemplo, en Ecuador la deuda que pueda tener un gobierno local está consignada legalmente en su presupuesto. Esto implica que un gobierno local primero hace frente al servicio de su deuda, antes de poder incurrir en otros gastos. Esto se fija en los acuerdos entre el gobierno local, el Banco Central y el BPD.
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En el caso de que el prestatario sea una empresa de servicios públicos, el riesgo está definido por su desempeño financiero, así como por el desempeño técnico subyacente. Luego, el BPD evalúa los indicadores de desempeño financiero, como la ratio de recuperación de costes, los estados financieros proyectados, la ratio de cobertura del servicio de la deuda, la eficacia de la facturación y la recaudación, así como los indicadores de desempeño técnico relacionados, como el agua no contabilizada. Además, proyecta los futuros flujos de ingresos procedentes de las tarifas.
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En el caso de que el prestatario sea un actor privado, por ejemplo, en el caso de EFE para el project finance, el riesgo financiero se evalúa a nivel del proyecto. Esto incluye una evaluación de los riesgos de que se materialicen los flujos de ingresos y costes previstos, así como de las entidades públicas implicadas en la construcción, en consonancia con lo mencionado anteriormente.
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Las garantías soberanas desempeñan un papel en la evaluación del riesgo de las IFI. El FONPLATA concede préstamos a los gobiernos locales, pero con garantía soberana. Para ello sigue el proceso de evaluación de los riesgos del gobierno local, utilizando la legislación nacional sobre disciplina fiscal anteriormente expuesta.
Los BPD pueden incluir otras áreas de riesgo, principalmente riesgos institucionales. Para los BPD, la otra área principal de riesgo es el desempeño institucional del prestatario, en particular, en su papel de ejecución del proyecto. Por ejemplo, el BDE evalúa si los gobiernos locales tienen unidades de ejecución responsables del agua y del saneamiento, y para la implementación de los proyectos, como parte de su evaluación del riesgo institucional. El BCIE indicó que los riesgos financieros que corren son relativamente bajos –al tratarse de préstamos con garantía soberana– pero que la capacidad institucional es la que presenta el mayor riesgo. Muchas de las instituciones del sector del agua en la región de América Central tienen todavía una capacidad limitada para ejecutar proyectos a gran escala. Asimismo, para el FONPLATA, la capacidad de ejecutar realmente los proyectos es un factor clave en las evaluaciones del riesgo institucional. Uno de los BPD revisados, el BDAN, incluye el criterio específico de los riesgos tecnológicos. Por ejemplo, examina la eficiencia y los costes de determinadas tecnologías, sobre todo cuando se trata de tecnologías punteras. 2.4.2. Sostenibilidad y cumplimiento de la normativa medioambiental Los factores medioambientales se consideran menos como un área de evaluación de riesgos y más como un área de cumplimiento. Los BPD indican que todos cuentan con procedimientos para evaluar los riesgos medioambientales (y sociales) y los abordan como parte de sus procedimientos de cumplimiento. Para ello, siguen las regulaciones y las directrices de las autoridades medioambientales nacionales. La necesidad de este cumplimiento se ha hecho aún mayor a medida que los BPD se van acreditando para gestionar los fondos verdes para el clima. Tanto el BANOBRAS como el BDE están actualizando sus evaluaciones medioambientales y sus medidas de cumplimiento en línea con los requisitos de los fondos verdes para el clima. 2.5.
Oportunidades y limitaciones
Esta sección revisa las oportunidades y las limitaciones que los BPD han identificado y que afectan a su rol en el financiamiento de las inversiones relacionadas con el agua. Esto puede incluir los factores que les han llevado a su nivel actual de implicación en el sector, así como los factores que propician un rol creciente (o decreciente). Además, esta sección resume la forma en que los BPD han estado abordando estas oportunidades y limitaciones.
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