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y mercado de tierras
PoblaCión, ProduCCión agraria y MerCado interno, 1700-1824 | 39
indígenas en condición de colonos, arrendires o yanaconas. De modo que establecer un prototipo de hacienda es un método de poca utilidad para el análisis de la historia económica.26
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En el vocabulario del siglo XVIII referente a las propiedades agrarias, es necesario tomar en cuenta la realidad sectorial y regional, así como las variantes locales. Los términos hacienda y chacra se asocian, por lo general, a la producción agrícola; mientras que las estancias y los ranchos se relacionan con la ganadería. En efecto, en el área de Lambayeque, las estancias se refieren claramente a una explotación ganadera y las haciendas a una agrícola.27 No obstante, en la sierra de Piura, encontramos esta misma nomenclatura, aunque sin atribuciones tan definidas en términos productivos, pues no se distinguen por su tipo de producción, sino por su tamaño, de manera que las estancias piuranas son explotaciones rurales más pequeñas y menos valiosas que las haciendas. En el valle de Jequetepeque, el cambio del término estancia por el de hacienda significó una transición secular que indicó el paso de una reducida inversión a una valorización de la tierra, gracias a la inversión en canales de regadío, la mejora de las instalaciones y la roturación del campo.28 En el área limeña, en cambio, usada en la práctica como sinónimo de hacienda, la palabra chacra puede referirse tanto a propiedades que contaban con decenas de esclavos y una extensión considerable, como a unidades más pequeñas y casi sin esclavos.29
Asociada al problema de qué hay tras nombres como “hacienda”, “estancia”, “chacra”, está la cuestión de las dimensiones de la propiedad agraria. La medida de superficie habitual era la fanegada, pero no se trataba de una medida estandarizada, antes bien tenía variaciones regionales. Así pues, en el área cuzqueña equivalía a 144 varas por 288 varas castellanas, es decir, 28.978 m2 (aproximadamente 29 hectáreas). Igual relativismo presentaban las medidas de origen prehispánico que se aplicaban a las parcelas indígenas: el topo (en el Cuzco equivalía a unos 4.608 m2), mientras que la papacancha, utilizada para medir tierras frías dedicadas al cultivo de papas, correspondía aproximadamente a 400 varas cuadradas.30 La dimensión de la propiedad no puede considerarse al margen de las condiciones ecológicas que hacían a la tierra productiva y, por tanto, valiosa. Como ejemplo, tomamos las siguientes haciendas, propiedad de la orden jesuita, ubicadas principalmente en el Cuzco. En el cuadro 11, se aprecia con claridad un rasgo común a la gran propiedad en la sierra: el alto porcentaje
26. Mörner 1975: 17-18. 27. Ramírez 1991: 14-15. 28. Burga 1976: 110. 29. Vegas 1996: 163-184. 30. Rostworowski 2005.
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de tierras eriazas o no cultivables que, en muchos casos, se dedicaban a una explotación ganadera de baja intensidad.
CUADRO 11 PORCENTAJE DE TIERRA NO CULTIVABLE EN HACIENDAS JESUITAS DEL CUzCO
Haciendas
Aguacollay Guaraypara Piccho Tamborada Uqui Sallac
Fuente: Macera 1977b: 158. Extensión total (en fanegadas) 357,50 221,75 151,75 78,00 69,50 129,00 Porcentaje de pastos, eriazas y similares 50,2 75,4 67,0 71,0 92,0 33,0
4. El acceso a la propiedad rural:
La propiedad rural se adquiría por merced real, donación, herencia o compra, y su explotación se realizaba a través de la gestión directa del propietario o bien indirectamente mediante arriendos, cesiones, enfiteusis, etc. Existían propietarios corporativos: la Iglesia, las cofradías, las órdenes religiosas y, en cierto sentido, los comunes de indios. El común de indios o de naturales era un ente jurídico al cual se le asignaba una extensión de tierra, acorde a la cantidad de sus miembros, para que estos pudieran recibir parcelas de cultivo con las cuales sostener a sus familias. En sentido estricto, los propietarios privados eran los hacendados, chacareros, estancieros, etc. También es posible distinguir entre propietarios laicos y religiosos: los primeros debían asumir una serie de cargas fiscales que a los segundos les era más fácil eludir (el diezmo, por ejemplo).
Aún no es posible establecer una imagen de la evolución general del mercado de tierras durante el siglo XVIII peruano; sin embargo, se conocen algunas coyunturas en que el Estado tomó medidas para regularizar la propiedad de la tierra y para ampliar el mercado de tierras. El proceso de regularización del acceso a la propiedad fue llamado “composición de tierras”. Consistía básicamente en que el Estado mediante un funcionario ad hoc (el visitador de tierras) establecía la extensión de una propiedad, tras una medición efectuada en el terreno en cuestión en presencia de los interesados y testigos pertinentes, y expedía los títulos legales de la misma.
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Las composiciones de tierras existieron desde el siglo XVI y, para el siglo XVIII, el proceso de regularización siguió los lineamientos de una real cédula de 1692. En Piura, se realizó una composición en 1714 que, a diferencia de las anteriores, se llevó a cabo mediante un “consejo o comunidad” de los hacendados del lugar, quienes a través del cabildo habían conseguido que la Corona admitiese esta forma colectiva que les permitía ahorrar costes notariales. En esa ocasión, se legalizaron 180 propiedades, entre las cuales había 38 haciendas, 15 estancias, un valle y el resto se repartía en “sitios y tierras”, potreros, huertas, trapiches, pedazos de tierra (todas ellas denominaciones para propiedades de menor tamaño). Algunas de estas porciones menores también podían pertenecer a propietarios de haciendas o estancias. De las 180 propiedades mencionadas, hubo solo 47 propiedades de indios, la mayoría pertenecía a criollos, mientras que los mestizos e indios se repartían la propiedad de 92 “sitios” y 5 potreros.31
Durante todo el siglo XVIII, los hacendados procuraron obtener más tierras, pero se encontraron con la decidida resistencia de las comunidades indias, cuya población había crecido. En casos como el de Lambayeque, los hacendados buscaron hacerse con tierras que permitieran el acceso a regadío, pues el agua era un bien escaso. La solución fue apoderarse de tierras que conllevaran el derecho al agua, con lo cual las principales víctimas de estas usurpaciones fueron los comunes de indios. Una forma legal de acceder al agua consistió en el arrendamiento de tierras que tuvieran derechos de regadío, tal como hicieron los jesuitas en el sur chico.32
Gracias a la circulación mercantil de la tierra, varios propietarios pudieron formar importantes patrimonios. El caso modélico es el de los jesuitas. Por ejemplo, la hacienda y obraje de vidrios Mamacona en Ica, en 1705, contaba apenas con 5 fanegadas y un horno de vidrio; en 1724, la hacienda ya medía 400 fanegadas y tenía varios hornos; con tales dimensiones e instalaciones fue entregada a los jesuitas. Los jesuitas tendieron a una política de revalorización de las propiedades adquiridas y donadas. Así, compraron esclavos para Humaya, que tenía 334 fanegadas, donde llegaron a tener 240 esclavos hombres y mujeres; además, adquirieron 250 mulas, 30 bueyes y 500 cabezas de vacunos. La hacienda La Huaca en Chancay, que recibieron en mal estado, fue transformada mediante la expansión del cultivo de caña de azúcar. En las haciendas de viña de Nazca, mejoraron el regadío, implantaron nuevo cultivos y desecaron tierras pantanosas.33
31. Schlüpmann 1994: 154-156. 32. Macera 1977a: 47. 33. Macera 1977a: 40-44.
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En 1767, la expropiación de las haciendas y otras propiedades jesuitas puso en el mercado una enorme cantidad de tierras de un buen nivel productivo. Para administrarlas, se formó la Junta de Temporalidades (llamada así porque administraba bienes temporales, es decir, materiales, por contraposición a los espirituales que eran considerados eternos), la cual debía encargarse de rematar estas propiedades. Los precios pagados fueron muchas veces hasta un 30% menos que el valor tasado y se dieron condiciones generosas a los compradores, tales como una cuota inicial mínima y largos plazos para redimir los censos a un 3% de interés anual. El Estado tenía como objetivo no solo obtener recursos, sino también promover la iniciativa privada en la agricultura. Por supuesto, las grandes haciendas únicamente pudieron ser compradas por los más ricos, pero también existieron propiedades de menor tamaño que, posiblemente, fueron adquiridas por personas de recursos medianos.34 La mayoría de compradores estuvo conformada por comerciantes residentes en Lima, en consonancia con la mayor concentración de riqueza en la capital, pues en muchas provincias donde se ubicaban la propiedades a rematar no fue posible encontrar compradores. Con todo, dadas las dificultades de liquidez del virreinato peruano, algunos compradores tuvieron problemas para cumplir con el compromiso contraído.35
En la sierra cuzqueña, la expansión de la hacienda betlemita y de otros propietarios fue facilitada por la composición de 1713 que tuvo como objetivo el control de las punas y los territorios de mayor altitud, de modo que la población indígena asentada en esa región quedara convertida en una reserva de trabajadores para sus haciendas.36 Además, tales tierras servían para la crianza del ganado, para la producción de tubérculos y algunos granos, que se destinaban tanto al consumo de los trabajadores adscritos a las haciendas como a su venta. A partir de esta intrusión legitimada de los hacendados, los miembros de ayllus enteros quedaron convertidos en yanaconas. La hacienda más valiosa del complejo betlemita cuzqueño fue Sillque y su consolidación demoró unos 50 años hasta que constituyó un núcleo de tierras dedicadas al maíz y alcanzó unas 170 hectáreas, complementadas por tierras de puna de 1.821 hectáreas aproximadamente.37
En el mercado colonial de tierras, se aprecia también la distinta valorización de la propiedad debido a factores como el tipo de producción y la dotación de mano de obra. Una evaluación de las propiedades jesuitas en 1767 presenta un marcado desequilibrio en la distribución territorial del valor: las propiedades
34. Macera 1977a: 30-31. 35. Aljovín 1990. 36. Glave y Remy 1983: 318. 37. Glave y Remy 1983: 333.
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de la costa representaban un valor de casi cuatro millones y medio de pesos, es decir, un 77,6% del valor total en manos de la orden. Esto indica el alto valor comercial de las propiedades costeñas, así como la menor cuantía de los valores situados en el interior. Dentro de las propiedades costeñas, el mayor porcentaje correspondía a las haciendas de caña de azúcar y a las de viña, con un 50% del valor total. En las propiedades serranas, en cambio, fueron las haciendas de panllevar las que representaron en conjunto un mayor porcentaje del valor de las propiedades en manos de los jesuitas (unos 673 mil pesos, es decir, más del 50%). Asimismo, cabe destacar que las haciendas de caña de los jesuitas en costa y sierra representaban el 51,9% del valor total de sus haciendas.
Otro rasgo importante de la propiedad rural fue que la estimación del valor de una propiedad estuvo determinada, más que por la cantidad o calidad de la tierra, por la mano de obra. Así, las haciendas con esclavos eran mucho más valiosas que las que carecían de ellos; igualmente, una hacienda con derecho a la mita de indígenas era más valiosa que una que no los tuviera. De promedio, se calcula que los esclavos podían valer 15 veces más que la tierra en una hacienda costeña en área lambayecana (véase cuadro 13).38
La propiedad también estaba sometida al entrelazamiento de vínculos familiares: la herencia y la dote matrimonial permitían la formación o la disgregación de un patrimonio. Varios estudios han seguido el proceso de adquisición de tierras que condujo mediante alianzas matrimoniales a la formación de importantes patrimonios, aunque la herencia podía llevar a la disolución de los mismos, al dividirlos para adjudicar una fracción a cada heredero. Ciertas
CUADRO 12 VALOR DE LAS HACIENDAS JESUITAS SEGúN zONAS GEOGRáfICAS
zona geográfica Haciendas en la costa (haciendas de caña) Haciendas en la sierra (haciendas de caña) Total Valor en pesos Porcentaje 4.876.683, ¾ (2.567.098,5 5/8) 86 (45,2)
801.041, 7 ¼ (383.215,5) 5.677.725 14 (6,7)
Fuente: Macera 1977a: 70-71 (no se incluye el valor de haciendas “sin clasificar”= 51.991,4 1/2) Véase también el mapa de haciendas jesuitas en la costa (mapa 2).
38. Ramírez 1991:181.