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posteriores dilucidaron su origen en la reorganización colonial efectuada por el virrey francisco de Toledo en 1570 a través de la tributación y la política de las reducciones.40 Asimismo, se comenzó a explorar el impacto del tributo, la mercantilización de la producción campesina y su relación con la circulación de bienes, especialmente, para el área del sur andino, a partir de la idea de “economía campesina” en combinación con nociones procedentes de la etnohistoria.

Pese a la constante usurpación de tierras, muchos comunes de indios lograron retener durante el siglo XVIII importantes extensiones de tierra cultivable y de regadío, así como preservar sus derechos a las tierras de pastoreo, con frecuencia, a través de pleitos muy largos con éxitos diversos. También recurrieron a las composiciones para asegurarse la propiedad de ciertas tierras aledañas a sus pueblos. Esta medida les permitió absorber a los migrantes (“forasteros”) procedentes de otros pueblos y a los mestizos y mulatos (las llamadas “castas”) que se asentaron en los pueblos de indios o reducciones y buscaron acceder a la tierra, mediante el arriendo, la aparcería, la ocupación ilegal, etc., puesto que en el siglo XVIII buena parte de la recuperación demográfica significó el aumento de estos sectores de la población.

Respecto a la tierra en posesión de los indios, debe distinguirse la tierra asignada a los comunes y las tierras, sitios, estancias o lugares pertenecientes a las parcialidades, familias e indios a título individual, que habían sido objeto de “composición” y, por lo tanto, tenían la misma condición de propiedad privada que las tierras “compuestas” por los hacendados y chacareros blancos o mestizos.41 Es probable que quienes estuvieran en condiciones de afrontar esta gestión fueran los caciques y mandones de los comunes que habían conseguido acumular suficiente dinero y poder para llevar a cabo dichas gestiones. fuera de la asignación de tierra a sus miembros, las autoridades del común también debían decidir asuntos como la distribución de los turnos de trabajo forzoso (mitas) y el cobro de tributos. En principio, los “indios del común” dedicaban sus parcelas a la producción de alimentos para su consumo: maíz, papas, hortalizas, etc.; asimismo, criaban animales como cuyes, gallinas, etc. En el siglo XVIII, el tributo en especies, registrado en las tasas de inicios de la Colonia, había prácticamente desaparecido y, por lo tanto, la preocupación de los miembros de los comunes era obtener el dinero contante y sonante que debía entregarse bajo este rubro, una situación que los obligaba a incursionar en las actividades económicas que lo aportaran. No sabemos hasta qué punto el interés de obtener metálico podía haber estado motivado por la necesidad de acumular ahorro monetario, muy necesario en el caso no infrecuente de que se

40. fuenzalida 1970. 41. Diez Hurtado 1998.

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tuviera que acudir a la justicia para resolver algún pleito o pagar determinados trámites, fiestas y ceremonias religiosas. Las “cajas de comunidad”, fundadas en el siglo XVI con el fin de reunir los caudales necesarios para el pago del tributo y para administrar los ingresos obtenidos mediante la explotación de los bienes comunales, terminaron convirtiéndose en una fuente de capitales para las necesidades del erario público y para el crédito a particulares.42

Las presiones que sufría el tributario y, de modo más general, el común de indios, así como las expresiones de reacción a dichas presiones en la forma de rebeliones o resistencia pasiva, han llevado a recurrir a la noción de “economía moral”, tomada del historiador inglés E. P. Thompson. En su formulación original, la economía moral buscaba destacar la existencia en la conciencia de un colectivo subordinado de reglas no escritas que marcaban el nivel de explotación aceptable. Una vez superado este límite, era posible que los afectados optaran por la protesta individual o colectiva. En el caso de los Andes, la economía moral ha terminado por aparecer como una especie de metáfora para las cargas tributarias, mitas, obvenciones religiosas, etc., que los indígenas podían soportar sin rebelarse. Se sitúa en el punto de intersección entre el plano de la ideología y las necesidades de la economía de autosubsistencia.43 Ha resultado difícil asociar de modo concreto la “economía moral” con la noción de “economía campesina”, tal como lo expuso el economista ruso Alexander Chayanov, pues su aplicación requeriría contar con un elenco de fuentes uniformes y seriadas que parece imposible conseguir para la pequeña explotación campesina del siglo XVIII en los Andes.

6. Tierras, crédito y capitales

La fuente de crédito habitual para los hacendados y otros empresarios rurales era la Iglesia. A su vez, la producción agraria se veía condicionada por las cargas crediticias que se le imponían. Estas cargas eran los llamados censos. En términos legales, un censo es un derecho real limitativo del dominio, en la medida que obliga al dueño del bien a cumplir con la obligación de pagar un canon o pensión anual. Existen, por tanto, dos elementos personales: el censualista (quien tiene derecho a recibir el canon, pensión o rédito); el censatario (quien lo paga). Los censos fueron de tres tipos:

a) censo consignativo: el propietario del bien inmueble transmitía a un tercero el derecho a percibir un rédito anual por tiempo indeterminado, para lo

42. Mellafe 1967: 97; Escobedo 1997: 164-181. 43. Larson 1991.

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que gravaba dicho inmueble total o parcialmente. Solo se podía extinguir al desaparecer el bien o si el beneficiario recibía el capital. Generalmente, su rédito se mantuvo en un 5% en el siglo XVIII. b) censo enfitéutico: el propietario entregaba el bien inmueble, sin venderlo, a cambio de percibir una renta o canon. El enfiteuta quedaba en posesión del inmueble por varias vidas o perpetuamente. Esta forma fue empleada por aquellos que preferían la conducción indirecta de sus fundos y, en específico, en el agro cuzqueño parece haber tenido mayor difusión como una alternativa al arrendamiento que, muchas veces, hacía que el arrendatario no se preocupara de mantener el capital de la hacienda. En algunos casos, podía ser exitoso, aunque algunos censatarios no llegaron a cumplir ni un plazo de pago por dicha enfiteusis.44 c) censo reservativo o venta a censo: el propietario del predio transmitía todos los derechos (de propiedad y de uso) al censatario, a cambio de una pensión o renta anual, es decir, el propietario se convertía en beneficiario solo de un rédito, calculado sobre el monto del capital que valía el predio.

El sistema de crédito, si bien también a cargo de particulares, se fundaba principalmente en el dinero acumulado por las instituciones eclesiásticas (conventos, órdenes religiosas, monasterios, obispados, cofradías), la Inquisición y las cajas de censos de indios. Generalmente, eran censualistas los conventos, las órdenes religiosas, los miembros del clero diocesano, mientras que los hacendados y chacareros de diversas categorías sociales y económicas eran censatarios. El capital recibido a título de censo podía ser empleado en inversión para la mejora de la tierra, lo que permitía crear nueva riqueza; sin embargo, a veces, los réditos a pagar se convirtieron en una carga que descapitalizaba al propietario y, por tanto, empobrecía la propiedad. El rédito recibido por concepto de censos era empleado por los censualistas en cubrir gastos de servicios y cargas eclesiásticas. Por ejemplo, un rédito era destinado a pagar las misas anuales de un difunto o a suplir el salario o la manutención de un cura (capellanía), aunque también hubo censualistas que reinvirtieron los réditos en mejoras productivas.

La caja de censos de indios era una institución que reunía las aportaciones de las cajas comunales, a las que contribuían cientos de comunes de indios con dinero en metálico. El capital debía ser colocado a censo en manos de distintos propietarios, quienes a su vez pagarían réditos con los cuales los indios podrían solventar el costo de los tributos y otras obligaciones (principalmente con la Iglesia). Su aportación a la masa de capital colocada a censo era casi el doble que la aportada por los jesuitas, como vemos en el cuadro siguiente; sin embargo, su

44. Glave y Remy 1983: 303; Guevara 1993: 272-273.

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situación en el siglo XVIII era muy deficiente porque se habían dejado de cobrar muchas pensiones y porque los deudores habían solicitado reducciones o incluso cancelaciones, sin haber pagado las deudas contraídas. Las cajas comunales desaparecieron completamente al final del período colonial.

Los jesuitas, además de impulsores de la actividad productiva bajo su gestión directa, proporcionaron capital a otros empresarios rurales. En 1769, los censos rurales jesuitas afectaban a quince propietarios, casi todos particulares, a excepción de la Orden de Predicadores y del convento de la Buena Muerte. Estaban colocados a un rédito del 3% y solo tres propiedades, que sumaban un capital de 48.000 pesos, estaban al 4%. Por tanto, el interés era predominantemente bajo.

La combinación entre capital colocado a censo y actividad productiva se puede apreciar a grandes rasgos en la evolución de los ingresos de la casa de los betlemitas en el Cuzco. Como se aprecia en el cuadro 15, los réditos de censos y capellanías representaron al inicio casi un tercio del ingreso global. A mediados de siglo, en cambio, a la vez que aumentó el ingreso global, subió el ingreso por la venta de los productos de las haciendas y disminuyeron los réditos recibidos, pues se redimieron muchas tierras que pasaron a incorporarse a la empresa, lo que sirvió para aumentar la rentabilidad de las haciendas; sin embargo, el dato de fines de siglo parece indicar una retracción del ingreso global mientras parece volver a cobrar importancia la inversión en censos.

A inicios del siglo XIX, cobró forma la política de desamortización de tierras, que consistió en liberar la tierra que estaba en manos de las corporaciones, es decir, los llamados “bienes de manos muertas”. Aunque estuvo condicionada a las necesidades del fisco, esta política se fundaba también en la idea ilustrada de que con estos cambios se fomentaría la pequeña y mediana propiedad y se ampliaría la explotación agrícola de la tierra. Se proponía forzar la venta de estos bienes para obtener liquidez y logró cierto impacto en la transferencia

CUADRO 14 CENSOS COLOCADOS A fAVOR DE LOS JESUITAS Y DE LA CAJA DE CENSOS DE INDIOS, SEGúN TIPO DE PROPIEDAD, 1769

Propiedades afectadas Jesuitas Caja de censos de indios Haciendas 446.534 (76%) 527.560 (51 %) Predios urbanos, rentas fiscales y otros 141.285 (24%) 509.204 (49 %) Total 587.679 1.036.764

Fuente: Quiroz 1993: 51, 59.