1. Propietarios

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1. Propietarios

Tan variados como las mismas actividades que ejercían o promovían fueron los propietarios de los negocios industriales del Perú colonial: iban desde pequeños productores dueños de un taller urbano de dimensiones minúsculas hasta grandes señores que dedicaban recursos “libres” a una actividad productiva sin participar de manera directa en ella, pasando por todos los tipos de personajes intermedios entre ambos extremos.

Gracias a los trabajos sobre los obrajes, se conoce que estas actividades correspondían a prominentes personajes de gran influencia política, económica y social de sus regiones. Los curacas del valle del Mantaro, por ejemplo, controlaban de manera directa los obrajes en esa importante zona abastecedora de Lima y del centro minero de Cerro de Pasco.59 De la misma forma, los encomenderos de Huánuco, fundadores de obrajes en esa zona también abastecedora de Cerro de Pasco, fueron sustituidos en estas funciones por grupos emergentes, compuestos por comerciantes y nuevos terratenientes.60

El caso de Huamanga es similar a los mencionados. Los primeros obrajeros fueron grandes encomenderos de Vilcashuamán (en particular, Antonio de Oré, en Canaria y Chincheros), quienes aprovecharon la concentración de mano de obra y de materia prima para establecer una industria textil de ciertas dimensiones; sin embargo, el modelo llegó a su límite en la segunda mitad del siglo XVII, cuando la expansión productiva exigía mayores inversiones de capital y mayor afluencia de trabajadores. De esta tarea, se encargaron nuevos personajes, verdaderos emprendedores que mantuvieron altos niveles productivos hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando burócratas y advenedizos se apoderaron de los obrajes huamanguinos (Cacamarca y Chincheros).61

Neus Escandell-Tur ha recogido información prosopográfica de las familias dueñas de 16 de los obrajes más importantes del Cuzco en el siglo XVIII y, en particular, de tres personajes o grupos familiares principales (los marqueses de San Lorenzo de Valleumbroso, Juan Antonio Ugarte y Sebastián José de Ocampo). La solidez de las familias propietarias permite entender la estabilidad de los obrajes cuzqueños y que la propiedad de estos estuviera en manos de las mismas familias. Así pues, los obrajes estuvieron en actividad unos 140 años y, en promedio, estuvieron unos 85 años en manos de una misma familia. Hubo obrajes que sobrepasaron los 200 años de actividad (Lucre y Huaro) y chorrillos de casi un siglo de actividad (Santa Rosa de Unca). La autora muestra que, ya

59. Hurtado Ames 2006. 60. León Gómez 2002. 61. Salas 1998, I: 60-72 y 91-108.

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en la segunda mitad del siglo XVIII, los obrajes fueron cambiando de dueños en favor de inmigrantes recientes desde la metrópoli, que hacia 1780 desplazaron a las antiguas familias cuzqueñas.62

De manera similar, las grandes propiedades azucareras pertenecían a personajes y familias de ascendiente social y político, que constituían una suerte de “aristocracia del azúcar” en la costa norte hasta las primeras décadas del siglo XVIII, cuando la producción azucarera de la costa central empezó a dividir el mercado de este importante producto.63 En la costa central, la economía fue más diversificada y, en todo caso, fueron los comerciantes, más que los productores de azúcar, quienes dominaron la situación económica y social de la región.

La ciudad también tuvo una gran diversidad de empresarios industriales. Un cambio con respecto al siglo y medio previos fue que, desde fines del siglo XVII y para el resto del período colonial, destacó entre el empresario industrial urbano un productor de grandes dimensiones en medio de un esquema dominado numéricamente por los medianos y, sobre todo, pequeños propietarios. En Lima, que es el caso conocido, entre el 20 y el 30% de los negocios industriales correspondía a ventas entre mil y diez mil pesos anuales, menos del 10% correspondía a ventas de hasta cincuenta mil pesos y un magro 1% a ventas de cifras más altas. Empero, los grandes negocios eran camales, mantequerías y velerías, así como molinos de trigo que no figuraban en los datos utilizados para este cálculo. Precisamente, el cobro de la alcabala muestra la presencia como dueños de talleres industriales a personajes (hombres y mujeres) de rangos sociales elevados (sacerdotes, abogados, nobles). Sin involucrarse de manera directa, personajes de otras ocupaciones y rangos sociales intervenían en la producción, ya sea por medio del préstamo de dinero a productores directos o a través de compañías (contratos de financiamiento, generalmente, con miras a dividir las ganancias). Hacia fines del período colonial, uno de los más importantes “aviadores” (término procedente del verbo usado entonces, aviar) de zurradores y zapateros era el regidor del cabildo limeño Joaquín Manuel Cobo, quien fuera defensor de la libertad de industria y, como se ve, no le faltaban razones personales.64

También es interesante constatar la presencia de una suerte de empresariado privilegiado, es decir, empresarios que obtenían la exclusividad en la producción de ciertos artículos gracias a sus influencias políticas. Por un lado, estaban los que se presentaban como inventores o introductores de un producto y perseguían el monopolio por un tiempo más o menos largo, mientras que otros

62. Escandell-Tur 1997: 58, 82, 97, 126. 63. Ramírez 1986. 64. Estos casos de habilitación por funcionarios y comerciantes se encuentran en Quiroz 2008: 172-174.

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buscaban abastecer el mercado de manera monopólica por medio del sistema de obligados de artículos de consumo masivo. En una sociedad colonial y patrimonialista, con un mercado limitado, fraccionado y desprotegido, el empresario buscaba seguridad para su “inversión” a través de la política. En realidad, se trató de un empresariado señorial en la manufactura, cuyo verdadero capital era, muchas veces, de tipo político.

Varios son los ejemplos de monopolios con apoyo político. En 1780, Jerónimo Pineda solicitó la exclusividad para fabricar las lentejuelas de hierro que hasta entonces se importaban de Francia. En esta ocasión, pudieron más los intereses comerciales coloniales para denegar la solicitud.65 Pero, sin duda, el caso más sonado fue el monopolio que estableció Francisco Liza y Bueno, en 1785, para la producción y expendio de cueros. El proyecto fracasó por la cerrada oposición de los hacendados de Lima, Piura y Lambayeque, los comerciantes limeños que traficaban con cuero chileno y los dueños de camales y de grandes zapaterías, curtiembres y zurradurías. Liza planeaba establecer una fábrica descentralizada (trabajo a domicilio) con la participación de los numerosos zurradores y curtidores.66

Es necesario tener en cuenta este elemento en el análisis de la producción industrial peruana colonial. En las postrimerías del período colonial y como resultado de la liberalización del mercado para productos que sí competían con la producción local, la sombrerería, zapatería, curtiembre, ferretería, bordados y otros oficios similares carecieron de atractivos especiales de parte de los empresarios improvisados de entonces. Más bien, por ser más seguro, se prefirió “invertir” principalmente en la producción de artículos de amplio consumo (velas, harina y pan);67 es decir, hacia fines del período colonial, se redujo drásticamente el horizonte de actividades donde la manufactura se venía desarrollando desde el siglo XVI.

La industria peruana colonial no careció de iniciativas innovadoras ni de intentos significativos para implementar el uso de maquinaria moderna que se desarrollaba en Europa y los Estados Unidos. Además de los pretendientes a

65. Quiroz 2008: 182. 66. Sobre el caso de Liza, véase Archivo Histórico Municipal de Lima, Libros de cédulas y provisiones de Lima, L. 29 fol. 196; Archivo General de la Nación. Superior Gobierno, 1785, leg. 20 c. 538; Fuentes 1859, V: 95-104; Mendiburu 1931, IV: 252. 67. Esto se comprueba en la información de licencias ordinarias y especiales que daban los cabildos de las ciudades. Por ejemplo, pese a su alto consumo, el jabón no pudo producirse en Lima de manera sistemática. Empezando el siglo XIX, se presentaron nuevamente cuatro solicitudes para producir jabón, pero fueron denegadas por el Gobierno y el cabildo. En 1802, se tramitó la licencia para abrir una fábrica de jabón en Cañete. Véase, Quiroz 2008: 176-182.