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él, se disponía la entrada de buques de todas las banderas únicamente por los puertos del Callao y Huanchaco y se establecía el pago del un 20% sobre todos los géneros que ingresaran en buque extranjero y el 18% sobre los productos que llegasen en buques de Chile, Río de la Plata y Colombia; pero si entraban en buques peruanos, pagarían el 16%. Además, quedaban abolidas las aduanas interiores y las mercaderías podían circular sin la necesidad de guías. El oro y la plata debían pagar por su extracción, cualquiera fuese la bandera de la embarcación: el 5% por la plata y el 2,5% por el oro; además, quedaba prohibida la extracción de dichos minerales no acuñados. En cuanto a los productos que saliesen en buques extranjeros, habrían de pagar el 4% y el 3,5% y si salían en buques con bandera de Chile, La Plata y Colombia, pagarían solo el 3%.129

De esta manera, se ponía en funcionamiento el primer reglamento de comercio de la época republicana que establecía, más que un comercio libre, un comercio “protegido” que imponía aranceles escalonados haciendo pesar la protección en los países americanos; sin embargo, no era fácil verificar la procedencia de los barcos. Carmagnani, en su trabajo sobre el comercio chileno,130 presenta expresas referencias sobre la americanización de las embarcaciones británicas que llegaban a Chile, mediante un cambio de bandera y, de esa manera, obtenían ventajas arancelarias. Lo mismo sucedió en el Perú, donde las embarcaciones provenientes de distintos puertos extranjeros enarbolaban la bandera peruana antes de entrar a puerto para recibir mayores franquicias.131

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A partir de 1823, nuevos actores aparecieron en el comercio: los mercaderes extranjeros que se asentaron en Lima. Algunos eran españoles que debieron naturalizarse para quedarse en el país, como fue el caso de Francisco Javier de Izcue; pero también los hubo ingleses que manejaban casas comerciales, tanto en Chile como en Lima. Ambos grupos debieron, además, entregar cupos al gobierno. La diferencia entre unos y otros radicaba en que los españoles debían entregar los cupos, bajo pena de ser embargados; en cambio, los ingleses se estaban instalando en el país y, por tal razón, ofrecían contribuir mediante el adelanto de los derechos de aduana sin interés. Fue el caso del empréstito de 100.000 pesos, otorgado el 17 de enero de 1823. En ese mismo año, en el mes de mayo, se entregaron otros 100.000 pesos como empréstito, mitad en dinero y mitad en especies que comprendieron bramantes, pantalones de paños de la tierra, becerros ingleses, cueros blancos, fanegas de maíz, varas de bayetón inglés, lonas, quintales de hierro y estaño, alquitrán de Francia, suelas de Guayaquil,

129. AGI, Indiferente General, 313. 130. Carmagnani 2001. 131. Mazzeo 2008.

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arrobas de frijoles, botijas de arroz, es decir, todo lo necesario para proveer y mantener el ejército.132 Los principales extranjeros que participaron en el empréstito de 1822 fueron los siguientes:

CUADRO 13 PREStAMIStAS INGLESES EMPRéStItO DEL 1 DE ENERO DE 1822 POR VALOR DE 72.900 PESOS

Comerciante Juan Beggs y Cía. Guillermo May Diego Goldie Juan Parish Robertson Roberto Juan yates y Cía. templeman Bergman y Cía. Juan Monees

Fuente: AGN-Manuscritos sección República, OL 120-133. Cupo 12.000 pesos fuertes 3.500 pesos fuertes 2.500 pesos fuertes 6.000 pesos fuertes 2.500 pesos fuetes 7.000 pesos fuertes 5.000 pesos fuertes

Estos comerciantes destacaron por su giro mercantil en los primeros años independientes. Juan Beggs fue un importante importador de productos de consumo masivo que, en el período de 1821 a 1828, ingresó un total de 68.551 pesos en telas provenientes de Liverpool, Valparaíso y Arica, además de otros productos de distintos puertos del Pacífico y Europa, por un valor de 153.172 pesos. Entre 1821 y 1822, Juan Parish Robertson importó 27.438 pesos en mercaderías; mientras que, por su parte, templeman Bergman y Cía. lo hizo por 290.815 pesos entre 1825 y 1828. Estos comerciantes eran reconocidos por el Consulado de Comercio como de “primera clase”, dado que anualmente se les había calculado un giro mercantil de 120.000 pesos.133

De esta manera, el comercio colonial dio paso al comercio republicano, el cual recibió como herencia una deuda prácticamente incobrable que había adquirido el antiguo gobierno colonial con los comerciantes instalados en el Perú. Las necesidades de los nuevos gobiernos siguieron siendo cubiertas por los préstamos a interés concedidos por los comerciantes que luego se saldaban con

132. Oficio al Ministro de Relaciones Exteriores sobre la distribución del cupo de 80.000 pesos. 29 de agosto de 1823. AGN, Sección Republicana, OL 84-76. 133. Razón del repartimiento hecho por este Consulado de acuerdo con sus consejeros y diputados a todos los comerciantes de esta ciudad “mayores y menores” con arreglo al supremo decreto de 4 del corriente (Lima, 1826). AGN, Aduana del Callao, Sección Mares del Sur, 1821-1829.

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vales de aduana, los cuales, a su vez, se descontaban para pagar los impuestos respectivos al comercio.

La historiografía tradicional ha considerado que la Independencia significó la desarticulación de la élite mercantil, producida por la emigración compulsiva de muchos comerciantes que se llevaron su dinero. Flores Galindo y Alfonso Quiroz coinciden al demostrar que la política de secuestros y emigración forzosa de los peninsulares causó graves daños y pérdidas en los capitalistas locales. No pudo ser de otra manera, pero muchas familias de peninsulares lograron recuperar más tarde parte de sus propiedades, no así los préstamos entregados al gobierno colonial que Quiroz calcula en 12 millones de pesos. Sus investigaciones realizadas sobre el siglo XIX evidencian que, en los testamentos de la década de 1850, aún se hacía referencia a la deuda de origen colonial. El testamento de Juan Bautista de Lavalle en 1848 menciona la deuda de 30.000 pesos que aún le debía el gobierno por el préstamo realizado a través de la Caja de Consolidación.

Una nueva oleada de comerciantes de distintas nacionalidades se incorporó a la élite mercantil, no solo compuesta de ingleses, sino también de argentinos como José Riglos e incluso franceses como Aquiles Allier. De las antiguas familias de comerciantes de origen español que permanecieron en el país tenemos a Francisco Javier de Izque que se insertó en el clan familiar de los Sáenz de tejada, importantes comerciantes que destacaron durante el siglo XVIII no solo por sus actividades mercantiles, sino también financieras, especialmente, las desarrolladas por Rosa de la Cuadra y Mollinedo, esposa de Diego Sáenz de tejada. Esta mujer otorgó préstamos a prominente comerciantes, como el conde de Fuente González y Fernando Carrillo y Undurraga, marqués de Santa María. Uno de los descendientes de este clan familiar, Francisco Javier, no solo obtuvo una carta de naturaleza para quedarse en el país, sino que fue cónsul del tribunal de Comercio en varias oportunidades: 1811, 1812, 1813, 1816 y dejó a su esposa una herencia de 633.771 pesos fuertes. Su hijo, Juan Francisco Izcue, se unió en matrimonio con una prestigiosa criolla, natural de Arequipa, Inés Gutiérrez de Cossío, y se dedicó a la exportación de lana y algodón durante los primeros años de la república. Posteriormente, formó una compañía con Julio Pfluker para la explotación minera en Morococha.

Otro clan familiar destacado que se mantuvo a lo largo de los difíciles años posteriores a la Independencia fue los Gárate, cuyo descendiente, Pascual Antonio, cumplió una destacada labor en el gobierno republicano, siendo abogado de los tribunales, alcalde constitucional y presidente de la Honorable Junta Municipal de Lima, así como también elector del tribunal del Consulado y administrador de la Aduana desde 1824. Entre otros comerciantes de familias prestigiosas que permanecieron luego de la Independencia encontramos a Juan de Elizalde y González, descendiente de la unión de Francisca González de la