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Editorial
e dulce y agraz ha estado la agenda de discusión en el sector minero, con el trabajo que desarrolla la Convención Constitucional. La buena noticia es que a fines de enero la Iniciativa Popular de Norma (IPN) “Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático”, impulsada por la Red Compromiso Minero, logró contar con el apoyo requerido para ser discutida por la Convención Constitucional.
te encendió la alarma del sector. Desde la Sonami, Consejo Minero y Aprimin coincidieron en señalar que no se ha ponderado el impacto que tendría esta iniciativa, tanto en la creación de valor dentro de las regiones y en el empleo, así como a nivel de precios internacionales del cobre, como en los tratados internacionales que ha firmado el mismo Estado chileno. Ante tal situación, es necesario recalcar que el debate en la elaboración de una nueva Constitución debe considerar todas las visiones presentes en un sector, por lo que es imperativo que se contemplen los alcances no solo jurídicos de las iniciativas que se propongan, sino que también deben estar claramente en sintonía con las realidades laborales y socioeconómicas que tienen los territorios donde se desarrolla la actividad minera, además de incorporar las condiciones concretas en que se desenvuelve el mercado minero a nivel internacional, con un constante flujo de capitales, tecnologías y conocimiento que proviene del mundo privado y público. Es de esperar, por tanto, que el debate entre los constituyentes tome en cuenta estas variables de forma objetiva, apuntando al equilibrio que existe entre la colaboración público-privada, como ocurre en países industrializados. Antes del 24 de abril deben estar aprobadas todas las normas constitucionales para empezar el trabajo de armonización y de su difusión, entre agosto y septiembre, con miras a terminar en el plebiscito de salida, para ver si es aprobada o no la propuesta de nueva Constitución. El tiempo de ponderar las realidades y buscar adecuados equilibrios es ahora.
Discusión constitucional:
señales de alerta en el panorama minero
Esta propuesta logró cerca de 25.000 firmas, evidenciando un apoyo transversal que viene a confirmar la tendencia hacia a dónde avanza la industria: operaciones sustentables a nivel ambiental, social y territorial en un proceso de diálogo con otros stakeholders. Sin embargo, por el otro lado de la moneda, la Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional aprobó en general una norma que nacionaliza las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, que estipula pasar “a dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional”. Según la propuesta, el Presidente de Chile tendrá un plazo máximo de 1 año desde la promulgación de nueva Constitución para implementar dicha disposición. Además, esta establece que “no que se contemplen los habrá lugar a indemnialcances no solo jurídicos de las iniciativas que zación alguna por los derechos sobre bienes se propongan, sino que también deben estar mineros y de hidrocarbuclaramente en sintonía con las realidades ros ya que por mandato Constitucional pertenelaborales y socioeconómicas que tienen los cen al Estado de Chile”. Este texto inmediatamenterritorios donde se desarrolla la actividad minera.
Es imperativo
www.mch.cl • Febrero 2022 / nº 488
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