Columna
Por / By:
Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y
Diputado Manuel Rodríguez González
no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.
Parlamento Abierto sobre la iniciativa eléctrica En dos jornadas de trabajo se llevó a cabo el Parlamento Abierto sobre la iniciativa presidencial para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. En ellas, intervinieron más de 80 ponentes entre académicos, servidores públicos, investigadores, exservidores públicos, cámaras empresariales, ciudadanos y legisladores.
S
obresalió la intervención del equipo de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para hacer una exposición sobre la iniciativa enviada con carácter de preferente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que es antimonopólica al plantear la necesidad de construir un piso parejo para todas las empresas generadores de energía en México. Para ello, se consideró como necesario quitar a la CFE la camisa de fuerza que le fue impuesta a partir de la Reforma Energética, la cual puso a esta empresa a competir en condiciones inequitativas con los privados. El planteamiento presidencial es claro y categórico: que la CFE deje de ser un distribuidor de subsidios a los generadores privados. Ellos tienen un costo anual que va de los 90,000 millones a los 120,000 millones de pesos, cantidad exorbitante pagada por los contribuyentes y consumidores. Durante su intervención, Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional, explicó que con la iniciativa se garantizará la confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional. Con ello, no solamente se garantiza mantener las tarifas, sino que en un futuro éstas disminuyan gradualmente. Hernández desmenuzó las prácticas desleales de comercio y las restricciones a las que es sometida la CFE, así como las condiciones asimétricas de competencia y criterios de despacho basados en costos marginales. Igualmente, se refirió a la imposibilidad de emitir Certificados de Energías Limpias. Entre los subsidios a las empresas privadas de renovables, Hernández mencionó las tarifas de porteo, redes de transmisión y el respaldo del Sistema Eléctrico Nacional. En conjunto, ellos representan un boquete a las finanzas públicas de la CFE por 412 mil 410 millones de pesos. La iniciativa presidencial urge a no seguir postergando una transformación en el sector eléctrico, con un servicio de calidad y tarifas económicas. Esto pretende garantizar la seguridad energética y seguridad nacional de México.
Open Parliament on the Electric Industry Law Within two days of work, it was held an Open Parliament to discuss the presidential initiative to reform the current Electric Industry Law. More than 80 speakers took part, including academics, public servants, researchers, former public servants, business chambers, citizens, and legislators.
T
he team of officials of the Federal Electricity Commission (CFE, by its acronym in Spanish) made a presentation on the initiative sent on a preferential basis by President Andrés Manuel López Obrador, arguing that it is anti-monopoly by proposing to build a uniform basis for all energy generating companies in Mexico. For this reason, it is considered necessary to remove the straitjacket imposed on the CFE after the Energy Reform of 2013, which forced this company to compete under unequal conditions with private companies. The presidential proposal is clear and definite: CFE should not be a distributor of subsidies to private generators. They have an annual cost that ranges from US$4.2 billion to US$5.7 billion, an excessive amount paid by taxpayers and consumers. During his speech, Miguel Santiago Reyes Hernández, CEO of CFEnergía and CFE Internacional, explained that the presidential initiative would ensure National Electric System’s reliability, safety, continuity, and quality. With this, it is not only guaranteed to maintain current rates, but they will gradually decrease in the future. Hernández also described the unfair trade practices and restrictions the CFE is subjected to and the asymmetric conditions of competition and clearance criteria based on marginal costs. He also mentioned an inability to issue Clean Energy Certificates. Among the subsidies paid to private renewable energy companies, Hernández highlighted porting rates, transmission grids, and support for the National Electric System. Together, they represent a gap for CFE’s public finances of US$19.4 billion. President Lopez Obrador’s initiative boosts the Mexican electric sector’s transformation with quality service and economical rates. This aims to guarantee Mexico’s energy security and national security. Lee las columnas del diputado Manuel Rodríguez aquí / Read deputy Manuel Rodríguez’s columns here
El Diputado Manuel Rodríguez González es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, abogado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), y cuenta con tres maestrías en la Universidad de la Sorbona (Universidad Pantheon-Assas, Paris II). Es fundador y militante de Morena, ecologista y defensor del medio ambiente, con más de 25 años de experiencia como servidor público en los tres niveles de gobierno. Deputy Manuel Rodríguez González is President of the Energy Commission of the Chamber of Deputies, lawyer from the Autonomous Juárez University of Tabasco, and holds three master’s degrees from the Sorbonne University (Pantheon-Assas University, Paris II). He is a founder and activist of Morena, an ecologist, and environmental defender, with more than 25 years of experience as a public servant at all three levels of government.
10
