Columna
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Por / By: Rosío Vargas
El delicado equilibrio entre la competitividad y la seguridad energética El debate a partir de la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica” con carácter de preferente con fecha 29 de enero del 2021, presentada por Andrés Manuel López Obrador, ha suscitado todo un intenso debate.
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a discusión en torno a la iniciativa ha evidenciado posiciones opuestas entre los actores con diferentes intereses y participación en el mercado eléctrico. Más allá de cualquier dicotomía polarizante, se trata en realidad de la confrontación de dos paradigmas o visiones respecto al manejo, operación y propiedad de la industria eléctrica nacional. Los paradigmas se corresponden con una lógica economicista por parte de las corporaciones eléctricas trasnacionales y nacionales, y con otra que privilegia el enfoque ingenieril de los expertos en la industria eléctrica. Este último sector lo representa principalmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener). A fin de entender la situación actual de la CFE es importante tener como
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antecedente el legado de la Reforma Energética (RE) del 2012. Algunos de sus aspectos más importantes fueron recientemente puntos de partida en la opinión que emitió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el 12 de febrero del 2021, sobre la iniciativa del ejecutivo para la industria eléctrica. Este marco jurídico ha dado como resultado un franco debilitamiento de la CFE a partir de su desmantelamiento vertical y horizontal bajo los términos de la “estricta separación legal” a lo largo de la cadena de producción. Ha sido resultado de un “acceso no indebidamente discriminatorio a terceros” a la red de transmisión y distribución de la CFE, y de un despacho que privilegia los menores costos variables en lugar
