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EL SÍ DE LOS MONTES DE MARÍA
Pinceles y memoria
E
l 15 de marzo de 2012, la policía de Bolívar anunció ante los medios de comunicación que había logrado la captura de ocho miembros de una banda que se hacía llamar la “ley del monte”. Tras una investigación coordinada con la Fiscalía y con Medicina Legal se denunció que estas personas se dedicaban al hurto de ganado y el robo de fincas en la zona rural de los municipios San Juan, Marialabaja, Arjona y los corregimientos de Sincerin, Malagana y San Cayetano. En ese entonces, según contó la policía, los sujetos también habían violado a once mujeres que estaban solas en sus casas, y después las obligaron a desplazarse junto a sus familias bajo amenzas de represalias. A raíz de esta investigación no solo se logró condenar a una persona por delitos como abuso sexual, secuestro y desplazamiento, sino que también se pudo documentar que fueron 39 mujeres las que habían sido violadas por este grupo. El caso se convirtió en emblemático en la región porque un auto de la Corte Constitucional dispuso que se incluyera a estas mujeres en el registro de víctimas del conflicto armado y fueran indemnizadas; aparte, el Estado les debe brindar garantías para la protección de sus derechos. Este caso se logró documentar y judicializar gracias a un proyecto conjunto que iniciaron en 2012 el Movimiento de Paz y la Defensoría del Pueblo en varias pobla34 .
ciones de Bolívar para que las mujeres víctimas de violencia sexual conocieran sus derechos y se atrevieran a denunciar. La campaña de capacitación de estas comunidades comenzó con tres componentes. El primer paso fue hacer una escuela con mujeres para que “conocieran e hicieran valer sus derechos sexuales y reproductivos”, explica Irina Junieles, Defensora del Pueblo en Bolívar. A esos talleres asistieron inicialmente unas treinta mujeres y diez hombres. Una de las principales conclusiones a las que han llegado diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y fundaciones como la Defensoría y el Movimiento de Paz es que las mujeres
foto: césar molinares
Un proyecto de capacitación en derechos sexuales y reproductivos ha logrado ser un ejercicio de sanación para cientos de víctimas a través del arte. A la vez, ha conseguido que las autoridades policiales y judiciales de Bolívar se comprometan a perseguir a quienes violentan a las mujeres.
A partir de la información que se recogió en los diferentes municipios de los Montes de María se hicieron dos informes de riesgo por parte de la Defensoría, lo
MUJERES DE TODOS LOS RINCONES DE LOS MONTES DE MARÍA MOSTRARON A TRAVÉS DE SUS MURALES LA HISTORIA DE VIOLENCIA QUE SUFRIÓ LA REGIÓN. aún conservan una gran desconfianza en las autoridades para interponer denuncias. Por eso, para recuperarla, estas dos entidades empezaron a construir una ruta de acceso a las autoridades y a la justicia, en compañía de las víctimas, para que de llegar a presentarse algún riesgo, ellas y sus familias conocieran a qué autoridad o institución debían acudir.
que obligó a que las instituciones del departamento, la Fiscalía y la Fuerza Pública, se involucraran. “Se estableció una ruta de acceso a la justicia y contra la impunidad”, explica la defensora de Bolívar. Gracias a esta estrategia se logró que las autoridades identificaran y persiguieran a esta banda que tenía azotadas a mujeres en la zona. Hasta el momento solo ha
habido una condena de 18 años de cárcel por violencia sexual. El Estado ha indemnizado a 26 mujeres y la Corte las involucró en autos que les garantizan el acceso a la justicia. Esta decisión hizo que se designara a un fiscal que adelantó el caso, documentó los hechos y le imputó a la banda delitos como secuestro y desplazamiento forzado. Julia Cogollo cuenta que a partir de esta decisión constitucional ha peleado por garantizar el acompañamiento sicosocial a las víctimas: “Los abogados y jueces no dejaban que una sicóloga estuviera en las audiencias porque no era parte del proceso. En algunos casos, las mujeres, con su victimario al lado, se derrumbaban. Logramos que alguien estuviera acompañándolas, dándoles fortaleza”. Así, lo que ha intentado hacer esta iniciativa es romper con el silencio que hay alrededor de la violencia sexual y comprometer a las autoridades a combatir a los
grupos que abusan de las mujeres. “Era un tema minimizado, pero cuando una se atreve, las otras le siguen”, cuenta Julia. En este sentido, reconoce que en la confianza que ha resurgido en las víctimas ha influido el acercamiento que ha hecho la Defensoría. Según el Movimiento para la Paz, en el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares que delinquieron en Bolívar se han identificado 148 casos, dos de esos de la Fuerza Pública. Sin embargo, hoy persiste el temor por denunciar a los miembros de la Fuerza Pública. PINTAR PARA SANAR Más allá del tema judicial, este proyecto ha promovido una catarsis a través del arte para varias poblaciones, en especial para las mujeres que han sufrido el rigor de la violencia de género. En una esquina de la plaza principal de María La Baja, Beatriz muestra con orgullo
Este mural en San Onofre fue el ganador del concurso de murales que organizaron el Movimiento por la Paz y la Red de Empoderamiento.
el mural que pintó un grupo de ocho mujeres en el que también ayudaron algunos de sus sobrinos e hijos de los corregimientos de Flamenco, El Playón y San Pablo. Está al lado de la iglesia de la Inmaculada Concepción. Es el primer mural que visita una comisión de jurados de la que hacen parte la defensora Irina Junieles, Julia Cogollo y Manuela Arvilla, de la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, quienes son las encargadas de premiar el mejor mural de un concurso en el que participan grupos de mujeres víctimas de varios municipios de la región. La idea de este concurso es que las víctimas de violencia sexual expresen . 35
