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reinta y nueve años cumplirá la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) este mes de noviembre. Aunque no es el mejor momento para celebraciones, en gran medida por las graves situaciones que atraviesa nuestra Patria, sí hemos querido marcar este aniversario que nos acerca a cuatro décadas de vida con esta edición especial de Mujeres en Marcha que les presentamos en formato de revista y que esperamos les guste. Fue en el 1982 cuando nos lanzamos al mundo de las organizaciones no gubernamentales con la determinación de reivindicar y ampliar los derechos de las mujeres, gestión indispensable para tener una sociedad justa y equitativa. Teníamos entonces la ilusión desmedida de organizar mujeres en todo Puerto Rico para que se incorporaran a nuestro movimiento. Pronto nos dimos cuenta de que tal ambición no era posible y que la realidad es que las personas se organizan desde sus necesidades particulares, con su propio liderato, conocido y de confianza. En la mayoría de los casos, hay apertura para recibir el apoyo y la solidaridad de quienes comparten ideas, propuestas, metas con puntos en común y manifiestan respeto por el diálogo, la búsqueda de consensos y el trabajo en coalición. Así ha sido como la OPMT ha desarrollado su activismo en múltiples causas relacionadas con la equidad de género, contra todo tipo de discrimen, por la defensa de los derechos humanos, por la soberanía y derecho a la autodeterminación de la Nación Puertorriqueña, en contra de la contaminación ambiental y por la protección de los recursos naturales, promoviendo nuestra cultura e insertándonos en el entorno caribeño y latinoamericano con la solidaridad como norte. Desde el activismo y la militancia, con alegría y sororidad, como organización nos hemos sumado al trabajo en coalición en la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM) y su gestión contra la violencia doméstica y la agresión sexual; al Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR); a el Grupo Pro Derechos Reproductivos (GPDR) que estuvo activo durante una década a partir del 1992 y que dirigido por la querida compañera Isabel (Betita) Laboy, una de nuestras integrantes, alcanzó importantes logros. Participamos con las Treinta y Una Mujeres por la Paz de Vieques que hicieron desobediencia civil en las jornadas para sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos de la Isla Nena, con las mujeres sindicalizadas en numerosas controversias relacionadas con los derechos laborales y, más recientemente, con “Las Mujeres Contra LUMA”, quienes han llevado a cabo militantes manifestaciones por la crisis energética que vivimos y la privatización del servicio por esta compañía, que lo ha empeorado. Nuestra opinión sobre lo que ocurre en el país y, de forma particular, cómo afecta a las mujeres, ha sido documentada en Mujeres en Marcha- cuya primera edición surgió un año después que nos constituimos. También en los medios noticiosos, en el Documental La OPMT: Veinte Años de Historia, dirigido por la cineasta Sonia Fritz y en el libro Sobre Firmes Cimientos Forjando el Porvenir, escrito por las profesoras Idsa Alegría Ortega y Margarita Mergal Zimmerman. Ambos vieron la luz en el 2006.
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Cruzamos del siglo pasado al presente no como meras observadoras, sino como parte del Pueblo que sufre y protesta por las malas decisiones, pero celebra colectivamente las victorias alcanzadas. Fue así como nuestras cacerolas sonaron frente a La Fortaleza y nuestro grupo pequeño, pero pleno de energía, marchó una y otra vez en el verano de 2019, hasta que Ricardo Roselló- muestra de lo que es un mal gobernante y amigo de la corrupción-se vio obligado a renunciar a la gobernación. También desbordamos alegría por la excarcelación del prisionero político Oscar López Rivera en enero de 2017, luego de 34 años tras las rejas y por las medallas de oro alcanzadas en las olimpiadas del 2016 y 2020 por Mónica Puig y Jasmine Camacho Quinn, respectivamente. Que fueran mujeres las portadoras de esos regalos nacionales hicieron que fuesen momentos extraordinarios. El año 2021 se ha caracterizado por grandes retos para la Nación y los sectores poblacionales más vulnerables, así como para las mujeres especialmente. Uno de los más difíciles de enfrentar ha sido la crisis económica. Malas y politiqueras decisiones tomadas por los gobernantes de los tradicionales partidos de mayoría, condujeron el país a la quiebra. Como resultado de nuestra condición colonial y supuestamente para sacarnos de ella, la Junta de Control Fiscal (JCF) se instaló aquí en el 2016 por la irónicamente llamada Ley PROMESA. Si bien los pagos a los acreedores se detuvieron, el camino para establecer un Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) ha estado plagado de amenazas al bienestar económico y social del Pueblo. Las propuestas de la JCF se han enfilado hacia las pensiones de las personas jubiladas del sistema público y a menoscabar cualquier posibilidad futura de un retiro digno para quienes todavía trabajan o lo harán en un futuro. Esto no solo incluye a las personas empleadas en el sistema central, sino también las del magisterio y las que laboran en la universidad pública. Precisamente, la otra gran víctima ha sido la Universidad de Puerto Rico (UPR), cuyo presupuesto han reducido de manera inmisericorde, mientras el incremento en los costos por crédito para el estudiantado se ha convertido en una medida de exclusión. Sin embargo, las alternativas de la JCF para impulsar el desarrollo económico del país, que se supone es parte central de su gestión, han sido inexistentes. Como bien señalan las personas expertas en Economía que tienen un verdadero compromiso con Puerto Rico, ningún país puede pagar deudas y retomar el camino de la recuperación, sin planes de desarrollo y actividades económicas sostenibles. Se suma el hecho de que la deuda no ha sido auditada y en parte se estará asumiendo el pago de créditos contraídos ilegalmente por gobernantes del Ejecutivo y de la Legislatura de los dos partidos que siempre han gobernado. Sin la auditoría de la deuda, no se podrán adjudicar responsabilidades. Siendo que las principales acciones “reparadoras” de la JCF han sido en el sector público y que la mayoría de esa fuerza laboral, así como de las personas retiradas son mujeres, son ellas las más afectadas. Por tal razón hemos visto su poderosa 2 - Mujeres en marcha edición especial OPMT 39 aniversario
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presencia en las manifestaciones de protesta, especialmente frente a El Capitolio. Allí no se habían puesto de acuerdo respecto al P. de la C. 1003 para “Ponerle Fin a la Quiebra” mediante la autorización de una emisión de bonos para confirmar el PAD. El llamado urgente de la Jueza Laura Taylor Swayne, a cargo del caso de la quiebra, para una reunión virtual el 25 de octubre y su manifestación de impaciencia ante el impasse entre el gobierno y la JCF deja muchas expectativas sobre cuál será el resultado final de este proceso en la vista decisional que está pautada para el 8 de noviembre. Lo que sí ha quedado evidenciado es el pobre liderato de los dirigentes del Partido Popular Democrático, con sus mayorías raquíticas, en Cámara y Senado. La desconfianza es la orden del día en cuanto a las posturas y propuestas del gobernador Pedro Pierluisi, del presidente de la Cámara Rafael Hernández y de José Luis Dalmau, quien dirige el Senado. Ni hablar de la JCF o de la Jueza Taylor Swayne. Afortunadamente las legisladoras y legisladores de los partidos Victoria Ciudadana e Independentista Puertorriqueño mantienen sus posiciones alineadas con el bienestar del Pueblo y aunque no siempre sus votos son decisivos, su voz es el eco del sentir de la gente. Un número reducido de otros legisladores también se han opuesto. Los sectores afectados continúan en aguerridas manifestaciones frente a la sede de la Legislatura pues ningún acuerdo parece ser beneficioso para ellos y tampoco para el país, el cual podría abocarse nuevamente a la quiebra en poco más de 15 años. No tenemos duda de que se mantiene en agenda el repudio a la JCF y sus asfixiantes decisiones neoliberales, así como la defensa de los servicios esenciales para el Pueblo y la búsqueda de un desarrollo sustentable para Puerto Rico. Aunque la OPMT estaba en pleno activismo cuando los terribles huracanes Georges y Hugo azotaron el país el 15 de septiembre de 1988 y el 18 de ese mismo mes en 1989, respectivamente, como la mayoría de compatriotas, no habíamos vivido situaciones tan dramáticas como las ocasionadas en el 2017 por los huracanes Irma y María, especialmente esta última. Superado el asombro de la devastación, de las consecuencias de la incomunicación y la falta de los servicios esenciales de agua y electricidad, nos integramos a los esfuerzos para dar apoyo a las comunidades, particularmente a los albergues de sobrevivientes de violencia de género y a otras organizaciones que les ofrecen servicios. El incremento en la violencia quedó al descubierto, incluso en los refugios oficiales, así como la falta de preparación del Estado para prevenirla y enfrentarla. El trabajo en coalición con la Caravana Violeta de la CPM y las coordinaciones con las comunidades ofreció resultados positivos para éstas y gran satisfacción para las que participamos. El terremoto ocurrido en el sur oeste de la Isla la madrugada del 7 de enero de 2020 y sus múltiples réplicas también fueron causa de gran consternación, por tratarse de una situación nunca antes vivida por nosotras. La incapacidad gubernamental quedó nuevamente expuesta y se ha mantenido desde entonces. Los municipios afectados siguen de mal en peor, el
