PROTECCIÓN AMBIENTAL
Discusión sobre el progreso explotacionista y el desarrollo sustentable
Patricia Brualla. Licenciada en Geografía - FFyL - UBA Integrante del Equipo FUNDAL
Nuestra biodiversidad planetaria, se encuentra bajo riesgo, y las necesarias estrategias de protección sistémica que acerquen prontas soluciones, parecen sumidas en un largo retraso. El origen profundo del riesgo se asienta en la aplicación histórica de patrones de producción y consumo tan dominantes como insostenibles, conocidos como explotacionismo o extractivismo. A la cabeza de los mismos se suelen encontrar directa o indirectamente, actores sociales hegemónicos, como las grandes y corporativas empresas internacionales, representantes del modelo global de acumulación. Su prioritaria meta se centra en la obtención de beneficios y ganancias rápidas sin tener en cuenta casi ningún tipo de consecuencias y mucho menos las ambientales.
A
lo largo del tiempo y de los territorios del mundo, vienen desplegando -bajo comandos externos en red- actividades sustentadas en la explotación y aprovechamiento veloz y excesivo de recursos naturales. Por lo general, la modalidad dilapida y/o contamina aquellos “renovables”, sin sopesar sus necesarios lapsos de regeneración, y sin valorar tampoco la intrínseca condición de “no renovables” en muchos otros. Incluso van generando grandes cantidades de residuos, que aumentan el legado de pasivos ambientales externalizados en los contextos socio-naturales locales -llámense regiones, Estados, provincias o municipios- que los albergan. La identidad de actor espacial global, les permite partir velozmente, cuando la articulación local resulta negativa y la coyuntura económica desfavorable. Los Estados-nacionales, en la delineación y manejo de esta problemática, no solo se ven obligados a mediar con estos vectores externos empresariales de gran poder, sino que también son condicionados en la misma dirección, por la orientación de los más importantes organismos internacionales globales (FMI, Banco Mundial, etc), Sus sugerencias institucionales, vectorizadas también externamente, penetran en los distintos países, sobre todo en los menos desarrollados y
más pobres, materializándose en normativas y legislaciones que suelen desencadenar procesos territoriales disruptivos, con graves efectos sobre espacios y sociedades locales.
Otra de las respuestas surgidas en el ocaso del siglo XX, fue la del llamado “desarrollo sustentable o sostenible”. Puso sobre el tapete los altos niveles de consumos en recursos, bienes y servicios, desplegados por las naciones desarrolladas y por los sectores encumbrados de las sociedades más pobres.
Ecología & Desarrollo
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S.E.N.D.A.
Las autoridades vernáculas, infinitamente menos poderosas y acaudaladas, deben contemporizar y articularse con ellos mediante funcionalizaciones acordes, dado que aún en las enormes asimetrías de la repartición de los beneficios, aparecen como muy favorecidas con el “progreso” y la “modernización” que éstas aportan, así como con los ínfimos porcentajes económicos que les dispensan, o con la apertura de fuentes de trabajo que les proveen, en el empobrecido contexto de sus alicaídos y críticos mercados laborales. Es en este balanceo, que la gestión política, en pos de los intereses sociales generales que representa, interviene, racionaliza y organiza en forma uniformizada el territorio, de manera implícita, o explícita a través de leyes. Su fin es el de lograr el mayor provecho de los recursos naturales, sitios y posiciones espaciales, incluidos en el proceso económico. Sin embargo, estas coercitivas funcionalizaciones, pueden entrar finalmente en tensión con el espacio vivido de los habitantes, que sin duda también presentan sus respuestas. La creciente organización e innumerables manifestaciones de carácter defensivo entre variadas sociedades civiles en el mundo muestran un grado de preocupación e inquietud respecto a la magnitud de la afectación ambiental y la necesidad de resguardarlo frente al abanico enorme de daños, eventos disruptivos y procesos contaminantes. Otra de las respuestas surgidas en el ocaso del siglo XX, fue la del llamado “desarrollo sustentable o sostenible”. Puso sobre el tapete los altos niveles de consumos en recursos, bienes y servicios, desplegados por las naciones desarrolladas y por los sectores encumbrados de las sociedades más pobres. Propuso, en un contexto de progreso socio-económico, una modalidad de manejo y administración de los recursos, eficiente y responsable. Esta debería preservar el equilibrio ecológico y permitir el aprovechamiento actual sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Pero las complejidades socio-culturales y la pugna de intereses en juego, han obstaculizado acuerdos de implementación en el sentido de la moderación. Sin embargo, la centralidad de la temática ambiental es tal, que ha trascendido el ámbito de la sociedad civil para comenzar a incorporarse en lo institucional. A pesar de no haber adelantos significativos, se vienen organizando convenciones, se acreditan infinidad de acuerdos y compromisos para su protección. Las Constituciones Nacionales de más de 100 países en el mundo -también Argentina- han incluido el derecho a un ambiente sano. Incluso comienza asomar cierta legislación internacional, centrada en el concepto de “derecho humano ambiental” el cual incorpora dentro de sí otros derechos asociados con la calidad de vida de la personas y los pueblos, entre ellos al agua, a la buena alimentación, a la salud, etc. Un paso clave y fundamental para ampliar un involucramiento activo e igualitario, y facilitar la libre expresión e intervención ciudadana, parecería encontrarse en la apertura pública de información sobre la gestión ambiental, el asesoramiento y los diversos grados de responsabilidad involucrados en la toma de decisiones.
