El dilema del votante Enrique Paz*
E
l 6 de junio se renueva la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas estatales, 30 congresos locales y ayuntamientos en 29 estados del país. Es la elección más grande en la historia del país por el número de cargos de elección popular en disputa, y más compleja en cuanto a su organización por las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia de la COVID-19. Sin duda un reto para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPLES) encargados de organizar, vigilar y fiscalizar las campañas electorales, la jornada electoral y los cómputos distritales. De igual forma, el reto de la ciudadanía es enorme en cuanto a identificar sus preferencias electorales en el ámbito federal y local (en el caso de las elecciones concurrentes), los cargos en disputa y la configuración de las ofertas electorales. Sin embargo, el dilema del votante no solo es por la cantidad de participantes o la dificultad de identificar la preferencia hacia un partido o candidato. El dilema real que enfrenta un sector de los electores es definir su voto en un contexto de alta polarización política. En una democracia, la elección de representantes implica un proceso de definición que puede ser desde un modelo muy estructurado, estratégico y racional hasta uno donde la afinidad, simpatía o lealtad personal u organizativa tiene más peso al momento de marcar la boleta electoral. En nuestro país el comportamiento electoral está compuesto de estos dos modelos de decisión al momento de elegir a sus representantes populares, además de la información política o situación personal en la que se encuentra en ese momento.
Dadas las condiciones políticas en las que se presentan las elecciones de este 6 de junio, el dilema del votante está inmerso en una narrativa que parece darle un peso histórico a la decisión que tendrá que tomar cuando tenga la o las boletas en sus manos. Esta narrativa impulsada tanto por el partido en el gobierno y sus aliados, quienes se juegan la mayoría en la Cámara de Diputados, como por los partidos de oposición, que buscan aumentar sus escaños legislativos y su poder de negociación, se centra en una definición: votar por la continuidad de la Cuarta Transformación o elegir a la oposición para frenar la destrucción de la democracia en México. En esta lógica, votar por la oposición sería con el objetivo de contener la expansión y profundidad de los cambios no democráticos del gobierno obradorista, castigar su ineficacia en la gestión de la pandemia y evitar la “destrucción” de la economía en los próximos tres años. Por el otro lado, elegir a los partidos de la Cuarta Transformación es consolidar el proyecto elegido en el año 2018 de transformación del Estado mexicano, extirpar en definitiva al régimen neoliberal e impedir el regreso de las élites corruptas y privilegiadas engendradas por el PRI y PAN. Aunque esta narrativa impera en las elecciones intermedias en nuestro país, por lo menos desde 1997, las circunstancias actuales nos llevan a profundizar en la lógica política de encapsular las preferencias en dos bloques. De inicio hay que señalar que los dos bloques encuentran su asidero en el pasado. La oposición en el pasado inmediato, de añoranza a una democracia liberal, cuyas instituciones dieron sentido a la transición política y los enclaves de una economía de mercado como sustento del desarrollo nacional. Y la coalición gubernamental en el pasado del
