HERRAMIENTAS
Buenas nuevas para el sector social Varias resoluciones emitidas por la Inspección General de Justicia representan un cambio en materia de accesibilidad y regularización de las OSC. La simplificación del marco legal y la disminución de costos son factores clave en un contexto económico adverso. mos”, detalla el abogado Luis Calcagno, director de Entidades Civiles de la IGJ, que es el único organismo habilitado en la Ciudad de Buenos Aires para a pandemia no solamente profundizó la que las OSC puedan acceder a la personería jurídica. crisis, sino que también agravó la situa“Hay un reclamo de larga data desde la ción económica y financiera de “Desde febrero sociedad civil, ya que las reglamentaciones numerosos sectores. Y las Ornunca nos facilitaron las cosas; todo lo ganizaciones de la Sociedad Cifirmamos trece contrario”, grafica Gustavo Curcio, quien vil no fueron la excepción, más bien todo resoluciones con el lo contrario. En este complicado contexobjetivo de abaratar los dirige Consultora Asociativa, una entidad to, una serie de resoluciones dictadas por costos de los trámites y que, entre otras instituciones, nuclea a numerosos clubes de barrio. En diálogo con la Inspección General de Justicia (IGJ) traa la vez eliminar una Tercer Sector, remarca que, en el año jeron algo de alivio y representan una esburocracia que había 2015, la reforma del Código Civil impliperanza para muchas instituciones que tullegado a niveles có que las organizaciones tengan que revieron que reducir o suspender sus activiextremos.” Luis currir a un escribano público para constidades. Calcagno, director de tuirse como tales, lo que representaba un “Desde febrero firmamos trece resolucioEntidades Civiles de la gasto cada vez mayor. “Algunos costos nes con el objetivo de abaratar los costos Inspección General eran similares, tanto para una sociedad code los trámites y a la vez eliminar una bude Justicia. mercial como para una civil, algo ridícurocracia que había llegado a niveles extrelo”, asevera. En la misma línea, Calcagno explica que, desde 1995, se les exigía a las asociaciones civiles un dictamen de precalificación profesional. Esto significaba un gran obstáculo, teniendo en cuenta que la habilitación de una organización y la idoneidad de sus objetivos quedaban en consideración de personas ajenas, como abogados y escribanos. “Siempre me opuse a esta norma, ya que la consideré una privatización del bien común”, asegura.
TEXTO MICAEL RICCO
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Resoluciones con soluciones Dentro de la nueva normativa hay ciertos puntos que toman preponderancia, tanto para aquellas organizaciones que intentan obte-
