Edición No. 26

compolitik

La primera revista centroamericana en comunicación y política

¡EN UNA ELECCIÓN NO HAY MEDALLA DE PLATA!

COMPOLITIK

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José Dávila

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Colaboradores en este número Equipo de Compolitik Varios autores

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Corrección y Estilo Equipo de Compolitik

Compolitik, año 8, número 26 es una publicación digital bimensual, oficinas centrales en la ciudad de Guatemala:

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DEL EDITOR

Estimados lectores:

La campaña en Guatemala ha comenzado.

Deseamos a todos los candidatos, no suerte, sino un trabajo fuerte y a conciencia de todo lo que implica ganar una elección. Pero que piensen que en campaña no es el candidato el primero, es el ciudadano.

Bajo esta premisa, les damos la más cordial bienvenida a este número y como siempre los instamos a seguir compartiendo con sus amigos esta revista y las distintas lecturas que presentamos.

Henry Bauer trae un interesante contenido sobre el Contexto Geopolítico y Geoeconómico en Mutación, tal cual es su título.

Juan José Monsant, su artículo se titula, “Sin Partidos sin Oposición”, a un tema muy importante y mediático en el área centroamericana. Desde Perú, le damos la más cordial bienvenida a Javier Colina, quien comparte su visión analítica de lo que acontece en aquel país.

Edgar Wellman, con su artículo Urnas y Democracia nos adelanta de lo que podria acontecer en estas elecciones en Guatemala.

Elvira Cuadra, desde Nicaragua, nos da un panorama del acontecer del país y su dictadura y hace un relato acerca de la liberación de los presos políticos.

Por último, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodriguez, escribe sobre las oportunidades de la Declaración de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. Además hay otros artículos que desde nuestro equipo, desarrollamos para ustedes y que le da un aporte importante a la revista.

Siempre buscamos a los mejores creadores de contenido para que usted, estimado lector, esté informado de todo lo que acontece en la trastienda política en toda la región.

Dios los bendiga a cada uno, seguimos adelante y disfruten su lectura con una buena taza de café.

¡Hasta el próximo número!

¿Por qué Daniel Ortega decidió liberar y desterrar a los presos políticos?

Urnas y Democracia

Brujos, santeros, adivinos y políticos

Los buenos propósitos de la Alianza de las Américas para el Progreso Económico merecen convertirse en realidades

Elecciones en

Guatemala

Una trinchera en plena guerra electoral

Apunto de iniciarse el período oficial de la campaña electoral 2023 en Guatemala, el noveno proceso electoral de la era democrática a partir de 1985, existen algunas preocupaciones sobre el mismo, pero a la vez, alberga algunas esperanzas.

Desde el año pasado, el accionar de las organizaciones políticas y de las autoridades electorales, sobre todo a partir del 20 de enero del presente año en que fue convocado el proceso electoral, hay una serie de gestiones, recursos, apelaciones y movimientos, que no apuntan necesariamente a tener unas elecciones, libres, transparentes y democráticas que mejoren el sistema.

Una elección de cualquier país en desarrollo debe ser un paso que busca el perfeccionamiento de la democracia, el fortalecimiento del pluralismo, la justicia social y del estado de derecho.

Debe además fortalecer el espíritu cívico de cada ciudadano, un aporte a su formación política, y un paso hacia su responsabilidad de autodeterminación, eligiendo a conciencia y lo suficiente informado dentro de las opciones de planes de gobierno que presentan los partidos políticos en tiempo electoral, la que consideren

mejor para su propio futuro.

Guatemala es uno de los países de mayor desigualdad social y económica en América Latina y se debe a lo vivido en las décadas pasadas, una era marcada por el conflicto armado, que, si bien llegó a su final formal en 1996, no han habido mayores avances, persistiendo las causas profundas que lo originaron y que son necesarios superar para poder hablar de la base de un Estado moderno, democrático y con perspectiva de mejorar en el largo plazo el pleno desarrollo humano de sus ciudadanos.

La población en Guatemala ronda por los 18 millones de habitantes, más de la mitad indígena, proveniente de los distintos pueblos autóctonos prehispánicos.

Este amplio sector ha sido la principal víctima de la marginación social del proceso de desarrollo del país.

Es un punto que debiera ser de permanente atención por el Estado, y en tiempos electorales se les debe garantizar una participación amplia y efectiva para una mayor representatividad y participación en la vida del país.

Dos Binomios heridos

Bajo el punto anterior, el partido Movimiento para la libe-

ración de los Pueblos, MLP cuya candidata indígena Thelma Cabrera representante de este sector de la población, se le negó la participación por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a causa de falta del finiquito, constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, a su candidato a la vicepresidencia, el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, por lo que han iniciado una serie de recursos judiciales, sin embargo, es un requisito indispensable.

Todo hace indicar que las elecciones se llevarán a cabo sin la participación del binomio que representa ese partido.

El binomio presidencial del partido Podemos, Roberto Arzú y David Pineda, se le revocó su inscripción al aceptar el recurso de nulidad planteado por el partido FCN-Nación por campaña anticipada, al cual el TSE aceptó. Sin embargo, según algunas fuentes, quedó sin sustento legal, ya que se pagó la multa y que el mismo organismo habia indicado que no habia incurrido en campaña anticipada quedando sin materia legal. Al cierre, no habian sido inscritos por el TSE.

También se plantearon algunas acciones en contra de la candidata Zury Ríos y Sandra Torres. La primera, por el artículo 186, inciso “c” que prohibirían su inscripción y la segunda candidata en contra de la inscripción de su vice presidenciable, ya que renunció de ser pastor de una iglesia pentecostal días antes de ser inscrito y, según la constitución, no habría podido ser candidato al ser ministro de cualquier religión o culto, según inciso “f”, del mismo artículo, por lo que el máximo órgano electo-

ral mantuvo en firme la decisión de las dos inscripciones.

Al 27 de marzo, según informe oficial del TSE, existen 23 binomios postulados inscritos para correr por la presidencia y vicepresidencia, la mayoría cuestionados por la población, con los mismos liderazgos tradicionales ligados o relacionados al statu quo de Guatemala, constituido por sectores sociales, militares, económicos o empresariales que concentran el poder de influencia y decisión sobre los líderes políticos que no pueden ofrecer grandes promesas de cambios estructurales de la sociedad por su dependencia de los poderes fácticos o por su identificación con las visiones conservadoras que no se abren a nuevos giros para el desarrollo socio-económico del país.

Existe un pluralismo numérico en los partidos y sus candidatos, la oferta electoral no es consustancial a las necesidades reales del país y son pocas las propuestas serias que impliquen la transformación que le urge a Guatemala.

Al término de este informe, el Ministerio Público planteó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de antejuicio presentado en contra de Edmond Mulet, candidato presidencial del partido CABAL, por posible comisión del delito de obstrucción de justicia.

Según la Fincalía Especial Contra la Impunidad FECI, sin ser parte del proceso, Mulet presentó un memorial en contra de fiscales y el juez en el caso que se sigue encontra del periodista José Rubén Zamora.

Por otro lado, la sala primera de Apelaciones del ramo Penal dio trámite a la solicitud

de antejuicios en contra del actual alcalde de Guatemala, Ricardo Quiñones que fue planteada por el sindicato municipal, quienes lo acusan de los delitos de abuso de autoridad y desobediencia.

Efecto Boomerang al TSE

Si bien es cierto el Tribunal Supremo Electoral aplica la ley y las sanciones respectivas, a veces quedan ciertas dudas entre los ciudadanos si la actuación de las autoridades es pareja o si podría existir algún criterio preferencial para algunos partidos.

Se debe reconocer a las autoridades electorales que han rechazado algunas candidaturas a diputaciones o alcaldías por considerar que los candidatos propuestos no llenan la calidad o idoneidad exigida en las leyes, sobre todo en caso de candidatos ligados a procesos en relación con el delito de lavado de dinero o el narcotráfico.

El caso que despertó mayor reacción en las redes sociales fue la candidatura por diputación de Manuel Baldizón, la cual fue aceptada por el TSE, sin embargo, un par de días más tarde, se revocó la misma, por el antecedente de haber sido condenado en los Estados Unidos por lavado de dinero lo cual puede ser considerado como un candidato no idóneo.

Además de ello, 3 magistrados del TSE fueron denunciados ante un tribunal, el cual se trasladó a la Corte Suprema de Justicia para conocer del antejuicio por el caso de esa misma inscripción. Los magistrados denunciados fueron: Irma Palencia Orellana, Mynor Franco y Álvaro Cordón.

Ese actuar del TSE despierta en la ciudadanía desconfianza de que las cosas no se hacen como se debiera, ya que existen intenciones de compras, aparentemente de forma anómala y acelerada de sistemas de cómputo para el proceso electoral.

Esto deja más dudas que respuestas porque se hacen bajo la sombra del secretismo y de forma discrecional.

Encuestas a la medida Compolitik se ha dado a la tarea de recopilar todas las encuestas que circulan, algunas con poca calidad técnica, falta de representación poblacional y con resultados poco confiables.

Incluso, se han encontrado estudios que han sido compartidos a través de distintas redes que tienen el logotipo de empresas conocidas y de prestigio pero estas han aclarado que les han tomado sus nombres para presentarlas ante la opinión pública, desligándose de dichos estudios.

Por otro lado, estos tienen la característica que en sus resultados mencionan a un número limitado de candidatos con el voto preferente de la población, los primeros lugares siempre referidos a políticos tradicionales, a veces con nuevas siglas partidarias o nuevas alianzas políticas y entre la población, no representan esperanza de cambio para la mayoría.

Propaganda disfrazada

Otro aspecto preocupante es la poca relación de comunicación e intercambio de opiniones entre los partidos políticos y los ciudadanos.

En un proceso electoral, el debate público y la participación ciudadana para discutir las soluciones a los problemas más acuciantes del país, no suele ser amplio ni participativo sino en el caso concreto de Guatemala, es de un par de meses previo al día y votaciones.

Los planes de gobierno son presentados de forma vertical, es decir, no es tomada en cuenta la sociedad para su construcción; el intercambio abierto de opiniones entre políticos y ciudadanos al parecer, carece de sentido y no redunda en una mejora democrática del país.

La comunicación de los partidos con los ciudadanos durante una campaña electoral se ha concentrado tradicionalmente en una serie de discursos y promesas electorales que más que llevar visos de realismo y posibilidad de llevarlos a la práctica, resultan discursos altisonantes, vagos y demagógicos para resolver los distintos problemas.

En lo que respecta a la cobertura mediática, los canales abiertos otorgan espacio de cobertura a 5 de los candidatos, principalmente en la hora Premium de un noticiero. El tiempo es de aproximadamente un minuto por cada uno, lo que deja en desventaja a los candidatos restantes.

Con este tipo de comunicación se traspasa los límites de la propaganda electoral con información partidaria.

Está por comenzar la campaña electoral y ello permite señalar y urgir algunas mejoras de aquí, hasta el día 25 de junio del presente año que será el famoso día“D”.

Empadronados por sexo

Mujeres: 5,053,443 54.01%

Hombres: 4,303,353 45.09%

Alfabetismo por sexo:

Mujeres

Alfabetas: 3,883,031 76.84%

Analfabetas: 1,170,412 23.06%

Hombres

Alfabetos: 3.727,904 86.73%

Analfabetas 575,449 13.37%

Recomendaciones

a) En primer lugar, se insta a las organizaciones políticas a presentar programas de gobierno realistas, con propuestas concretas de soluciones para los problemas sociales de pobreza, marginación de amplios sectores de la población vulnerable, desigualdad social, desnutrición, entre otros.

b) Los partidos políticos deben mejorar la comunicación con la ciudadanía, evitando hacer solamente propaganda electoral unilateral, sino procurando una comunicación de doble vía y eventos que permitan escuchar al ciudadano, generando debates que aumente el sentido de coincidencia en las soluciones que necesita el país.

c) Deberán presentar un equipo de trabajo profesional y técnico que alcance a los mejores profesionales en distintas materias para reforzar cada institución, de llegar a ganar las elecciones.

d) Los ciudadanos no deben conformarse con escuchar grandes promesas o comprometer su voto con dádivas y prebendas, sino deben hacer todo el esfuerzo de exigir planes de gobiernos realistas, estudiarlos, cuestionarlos y llevar a los partidos sus propias opiniones.

e) Los medios de comunicación deben comprender la importancia de su labor en materia de diseminar la información lo más amplia posible sobre los partidos, candidatos y planes de gobierno, para que el ciudadano adquiera la suficiente información y que ejerzan un voto consciente en la elección de las nuevas autoridades.

f) Compolitik espera que la campaña electoral se desarrolle de la mejor manera posible, que los partidos políticos, el Tribunal

Supremo Electoral, los medios de comunicación, la observación electoral nacional e internacional y ante todo los votantes, ciudadanos, pongan todo de su parte, cumplan con su rol, para que estas elecciones y sus resultados reflejen la voluntad popular, y puedan ser vistas como un paso adelante en la mejora que necesita la democracia y el país, y poder pensar en un mejor futuro para todos.

Los planes de gobierno son presentados de forma vertical, es decir, los ciudadanos no son tomados en cuenta”.

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La guerra de las encuestas

Una guerra basada en percepciones

No ha iniciado oficialmente la campaña electoral en Guatemala y los partidos políticos se esfuerzan por posicionarse en la mente de los electores, buscando por diferentes medios ganar las preferencias de la contienda que se avecina, sin importar recurrir, en algunos casos, a empresas que realizan encuestas de dudosa procedencia.

Para posicionarse, algunos han intensificado su presencia en vallas publicitarias, e incursionan en redes sociales, medios televisivos y radiales en donde se les otorga un espacio relativamente largo que ronda alrededor de 1 minuto o más, principalmente a los que tienen mejor top of mind. (Nivel de recordación).

Desde diciembre del año anterior, algunas estrategias implementadas por los asesores de partidos, buscan orientar la preferencia del elector mediante la difusión de supuestos índices de aprobación, basados en encuestas o sondeos realizados por empresas inexistentes o de renombre que al final aclaran no ser responsables de las mismas.

Dentro de los componentes que dan credibilidad a las encuestas y sondeos cabe mencionar la ficha técnica, selec-

ción y tamaño de muestra, índice de tolerancia al error y desviación estándar de los análisis.

Un ejemplo de ello es que varias encuestas han tomado como base llamadas a celulares, pero existen varias preguntas al respecto que no son aclaradas ¿son de la provincia/ interior o de la capital? Número de rechazo de llamadas, edades, género y un sinfín de elementos que pueden darnos una idea de cómo realizaron las muestra respectivas y así, darle validez a las mismas.

Estos estudios son compartidos, en su mayoría, por WhatsApp, que se viralizan y llega a miles de personas que toman por verdadero los resultados de los mismos. Las que más se comparten son de candidaturas presidenciales y de la alcaldía municipal de la ciudad de Guatemala.

Hay que aclarar que las encuestas son radiografías del momento y nunca deben considerarse como un reflejo del futuro, cualquier coyuntura puede cambiar los resultados del mismo.

En el momento en que termina de recabar la última encuesta y en el momento que se procesan los datos, podrían perder validez.

Los ciudadanos tienen la percepción que les quieren tomar el pelo cuando ven a ciertos candidatos de un día para otro, con un margen muy alto de aprobación y en otra encuesta aparecen bajos o ni siquiera son mencionados.

Los partidos políticos parten de sus propias encuestas, sea elaborada de forma profesional o no y son usadas como parte de los elementos estratégicos ya que los resultados de las mismas sirven para ir corrigiendo el rumbo de su propia estrategia.

Habrá que esperar a las encuestadoras serias, de renombre, que sean publicadas en algún medio de comunicación o que presenten la metodología con que se elaboraron.

Cuando eso suceda, sabremos realmente el índice de aprobación de los diferentes partidos que han presentado binomio presidencial o candidatos a alcaldía municipal.

Contexto Geopolítico y Geoeconómico en mutación:

Desafíos de Guatemala

Guatemala, muy bien integrada a sus diferentes contextos, ha sabido implementar condiciones internas de acomodamiento según los más importantes procesos externos: en período de guerra fría, conflicto armado interno; en período de optimismo democrático y de mundialización económica, democratización política y liberalización económica.

Actualmente Guatemala se encuentra de nuevo en un contexto de oportunidades de cambio.

GUERRA FRÍA

Desde los primeros afrontamientos armados entre guerrilla y ejército en 1960 hasta la firma de los acuerdos de paz en 1996, Guatemala desarrolló un conflicto armado interno caracterizado por actos de crueldad y por masacres. Luego de un trabajo serio de investigación, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico nombrada por las Naciones Unidas (ONU) estimó que este conflicto armadoprodujo 200 mil personas muertas, 45 mil personas desaparecidas y cerca de 100 mil personas desplazadas.

En la misma época en América Central, El Salvador y Nicara-

gua vivían también conflictos armados internos; mientras que países latinoamericanos conocían regímenes dictatoriales: Brasil, Uruguay, Chile, Argentina; todo esto en un contexto de guerra fría entre los USA y la URSS que involucró a gran parte del mundo y que favoreció varios conflictos armados: la segunda parte de la Guerra Civil China (1946-1949), la Guerra de Corea (1950-1953), la Guerra de Suez (1956), la Guerra de Vietnam (1955-1970), la Guerra URSSAfganistán (1979). La Guerra fría constituyó un evento central para la reconfiguración del mundo en el siglo XX, favoreciendo conflictos estructurantes en la configuración política, económica y social de muchos países, incluyendo Guatemala.

DEMOCRATIZACIÓN Y MUNDIALIZACIÓN

Desde finales del siglo XX Guatemala desarrolló una dinámica de cambios importantes: remplazó el régimen militar por un gobierno democrático desde 1985 y los Acuerdos de Paz de 1996 pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno.

Estos cambios políticos ofrecieron ofreció un contexto favorable a la economía guatemalteca: el emprendimiento

POR HENRY BAUER

fue emergiendo y desarrollándose mientras que hubo empresas nacionales que desarrollaron sus relaciones comerciales con el extranjero de manera mucho más diversificada e intensa.

Estas transformaciones políticas y económicas se desarrollaban en un contexto mundial también en transición hacia una dinámica de democratización política y de mundialización económica.

A finales del siglo XX tuvieron lugar grandes cambios políticos: desmoronamiento de la URSS en 1991 y con ella fin de la guerra fría; reunificación de Alemania; final de las dictaduras militares en América Latina y de los conflictos armados internos en Centroamérica; democratización de varios países y optimismo democrático, etc. En 1992 Fukuyama predecía el fin de la historia.

Al mismo tiempo que se desarrollaba un cambio económico importante. En una perspectiva de largo plazo, el proceso de mundialización había comenzado desde principios del siglo XIX. En una perspectiva de corto plazo, este proceso se aceleró a finales del siglo XX.

Los grandes cambios políticos se acompañaron de importantes transformaciones económicas: liberación del comercio mundial; libre circulación de capitales, de bienes y servicios; reducción de tarifas aduaneras; procesos de integración económica; integración de China a la OMC en 2001; interconexiones gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación; aumentación de la clase media en muchos países, etc.

El principio del siglo XXI estaba caracterizado por el optimismo político y la confianza económica, tanto a nivel mundial como en Guatemala.

Reconfiguaración del orden Geoconómico y Geopolítico Mundial

Sin embargo, actualmente asistimos a una mutación profunda de la Geopolítica y de la Geoeconomía.

Esta doble dinámica de democratización política y de mundialización económica que parecía inalterable se encuentra actualmente ante una serie de fenómenos que la sacuden y la transforman.

La elección de responsables políticos populistas unos, nacionalistas y soberanistas otros, de derecha extrema algunos; los conflictos comerciales y la competencia geoeconómica y geopolítica entre Estados Unidos y China; los efectos económicos, sociales y políticos de la pandemia Covid 2020-2022; el Brexit; los conflictos en medio oriente; la guerra Rusia/ Ucrania; la situación de riesgo alrededor de Taiwán, etc. alimentan un fenómeno de remplazo del multilateralismo político por una dinámica de establecimiento de varias esferas geopolíticas de poder, así como de involución de la mundialización hacia una dinámica de regionalización económica.

Nuevas potencias mundiales quieren remplazar un mundo dominado por las potencias occidentales por un nuevo mundo multipolar, mientrasque las grandes potencias de los siglos XIX y XX, con Estados Unidos a la cabeza, hacen lo necesario para mantener su hegemonía mundial.

Las prioridades de las grandes potencias se orientan ahora hacia la reducción de sus dependencias exteriores y a asegurar su soberanía en recursos esenciales y estratégicos: tierra, agua, alimentación, energía, comunicaciones, economía, seguridad, etc.

Una triple dinámica se desarrolla: reshoring que se traduce en inversión en la economía, la infraestructura y los servicios al interior del país, lo que favorece el crecimiento económico y el empleo; nearshoring que se traduce por la inversión y los acuerdos comerciales con los países

Las prioridades de las grandes potencias se orientan ahora hacia la reducción de sus dependencias exteriores y a asegurar su soberanía en recursos esenciales y estratégicos”

más cercanos, lo que favorece la regionalización de la economía mundial y la implementación de polos económicos regionales; friendshoring que se traduce por la intensificación de lazos con países que comparten intereses por una parte y, por otra parte, por la separación de países con valores, ideas e intereses distintos a los propios, lo que favorece el crecimiento de la inversión en defensa civil y militar.

Esta reconfiguración del orden geoeconómico y geopolítico mundial produce nuevos espacios y representa una emergencia de oportunidades.

Las megatendencias actuales están favoreciendo el crecimiento cuantitativo y cualitativo de varios países pequeños y medios que las están aprovechando como oportunidades.

Estos países dejan atrás sus paradigmas precedentes, con sus ideologías, sus líderes y sus prácticas que posiblemente funcionaban en situaciones anteriores, pero que en una situación cambiante se convierten en caducas e inoperantes, y están elaborando nuevos paradigmas que los llevan a invertir de manera responsable y eficiente tanto en sus bienes esenciales y estratégicos al interior como en sus relaciones al exterior.

Desafíos Geopolíticos y Geoeconómicos actuales de Guatemala

En un contexto mundial de transición geopolítica y geoeconómica, las opciones que se le presentan a Guatemala son varias, estas pueden orientarse en dos direcciones opuestas: Continuar reproduciendo sus fragilidades internas tan destructoras: pobreza, ignorancia,

enfermedad, corrupción, violviolencia, narcotráfico. Invertir en sus valores esenciales y estratégicos: tierra, agua, alimentación, salud, energía, seguridad, democracia, etc. para implementar respuestas inteligentes a estas nuevas oportunidades.

Las opciones estratégicas que hace Guatemala actualmente

serán estructurantes para sus próximos 20 años.

Responder al contexto mundial de manera inteligente y responsable es su gran desafío.

El autor es Experto en Geopolítica, Geoeconomía e Inteligencia Estratégica. Escritor. Consultor independiente. Profesor universitario. Director de “IDEAS, Inteligencias Estratégicas”.

Sin partidos, sin oposición

POR JUAN JOSÉ MONSANT ARISTIMUÑO

Leo con interé s el editorial del diario El Mundo de El Salvador, del pasado 28 de febrero sobre la ausencia de precandidaturas presidenciales, diputados y alcaldes de la oposici ó n, para los próximos procesos electorales de 2024.

En esta oportunidad, con la posibilidad de poderse optar a la reelecci ó n del presidente de la rep ú blica; antes no permitida por la Constituci ó n Nacional en sus art í culos 152 ordinal 1 en concordancia con el 154 “ejusdem”.

No obstante, por sentencia interpretativa de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esta limitante originaria qued ó sin efecto.

El hecho pol í tico concreto es que, aunque el presidente Bukele no ha dicho formalmente que se presentará a la reelecci ó n, se da por sentado que as í será , dado que tiene un contundente índice de aceptación en la población, esperanzada como está en la continuidad de la seguridad, estabilización y modernizaci ó n de las estructuras nacionales p ú blicas y privadas, que coloque al pa í s en una de las m á s pró speras del continente, en cuanto al disfrute de la calidad de vida se refiere.

El n ú cleo del editorial es el hecho in é dito que por primera vez en el pa í s, los diferentes partidos pol í ticos existentes, y en particular los dos que han controlado el escenario pol í tico nacional en los ú ltimos 30 a ñ os, ARENA y el FMLN, con 4 presidentes consecutivos el primero y dos el segundo, no han insinuado o presentado precandidato alguno para las figuras del presidente, diputados y alcaldes a elegir en los primeros meses del próximo a ñ o.

Por el contrario, observamos un proceso indetenible de disoluci ó n en ambas organizaciones partidistas, que parecieran no encontrar el objetivo de su existencia como tales; y otros lucen vetustos, como cuerpos extra ñ os llegados del pasado incrustados en el presente.

La esencia de la democracia es, aparte de la libertad y sometimiento al estado de Derecho, es la existencia de la pluralidad.

El reconocimiento, respeto a la confrontaci ó n de las ideas, propuestas, y acciones que no atenten contra la paz y seguridad p ú blica.

Todos los ciudadanos tienen cabida; el sistema de pesos y

TIEMPO: 4 MINUTOS

contrapesos, el control de los actos p ú blicos.

De hecho, una sana administraci ó n necesita de la oposici ó n para corregir rumbos, continuarlos o reafirmarlos cuando se trata del Bien Com ú n, sin menoscabar el bien individual.

Lo curioso, preocupante y quizás alentador, es que la advertencia del editorialista no es un fen ó meno propio de El Salvador, en casi todo el continente, incluyendo a los Estados Unidos de América, y muchos países europeos, las estructuras partidistas, tal como las hemos conocido en los últimos años, o en las ú ltimas dos centurias se encuentran en clara decadencia y cuestionamiento, porque se ha producido paulatinamente un divorcio, una contradicci ó n entre la ciudadan í a, el electorado y la estructura formal del partido pol í tico, que paulatinamente fue absorbiendo el ejercicio de la soberan í a popular, para ser sustituida por la soberan í a partidista, y dentro del partido, por el n ú cleo dominante de la organizaci ó n.

Venezuela es un claro y doloroso ejemplo de ello. Después de más de 40 años de ejercicio democrático incuestionable, con representaci ó n parlamentaria plural, incluso inducida para que todo el entramado nacional estuviera representado en el Congreso; de haber sido tema y sujeto de ejemplo para el afianzamiento de otras democracias en la regi ó n, sucumbió ante la esclerosis m ú ltiple sufrida en las organizaciones antidemocráticas en que se hab í an convertido los partidos pol í ticos, m á s importantes del pa í s.

En el panorama occidental, observamos igual fen ó meno en Italia, Francia, Espa ñ a, Irlanda, Inglaterra con mayor incidencia, aunque en estas últimas elecciones nuevos liderazgos han emergido, cónsonos con la realidad actual de la humanidad, en lo cient í fico, social y tecnol ó gico.

En Espa ñ a con Isabel Diaz Ayuso, en Italia con Giorgia Meloni, Sanna Marin en Finlandia, Zelensky en Ucrania, Boric en Chile, Bukele en El Salvador.

Nuevas generaciones diferentes a lo “pol í ticamente correcto”, menos atadas a lo formal, menos dogmáticas, m á s inclusivas y tolerantes; m á s cercanas al metaverso de Zuckerberg que a la pluma de Luis G ó ngora o a las políticas del rey Fernando VII de España.

El hecho pol í tico concreto es que, aunque el presidente Bukele no ha dicho formalmente que se presentar á a la reelecci ó n, se da por sentado que as í sera ”

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La crisis política y social del Perú

Analizar la crisis del Perú en la coyuntura de inicios del año 2023 no es tarea fácil. A partir del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, y que fue rápidamente develado, los hechos se han precipitado incansablemente día a día.

Quizás la tarea sencilla sea describir la protesta y la violencia; pero lo difícil es interpretarla y peor aún avizorar las salidas a futuro. En materia política y social, los más serios analistas no se atreven a augurar lo que va a pasar mañana, ni siquiera lo que va a pasar en la siguiente hora. Pareciera que la única certeza que tenemos los peruanos es la incertidumbre.

Desde el 7 de diciembre hasta la primera quincena de febrero -con una breve pausa navideña- miles de personas salieron a bloquear las carreteras y las calles de algunas ciudades del sur del Perú y de Lima.

Si bien las marchas y las protestas eran anunciadas como

pacíficas, en muchos casos rápidamente derivaron en graves actos vandálicos como la destrucción de sedes policiales, del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación.

El solo hecho de impedir el paso de vehículos en algunas carreteras nacionales durante varios días era un acto de grave violencia.

En la nebulosa de la protesta social un solo objetivo parece ser el unificador de todos los rebeldes: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones generales (presidenciales y parlamentarias).

Sin embargo, la situación en la que vivimos es tan extraña que ni el adelanto de elecciones generales se puede entender como una solución a la crisis política y social que estamos viviendo.

El Poder Ejecutivo ahora está en manos de la Dra. Dina Boluarte -a quien le corresponde legítimamente la sucesión presidencial por mandato constitucional, en su calidad de vicepresidenta del destituido Pedro Castillo-.

POR JAVIER COLINA SEMINARIO

Los cuestionamientos a su legitimidad no tienen asidero constitucional ni legal.

Es tan solo una bandera política de los leales al golpista Pedro Castillo, Boluarte ha recibido un país polarizado social y geográficamente. Las protestas no sólo obedecen a una lógica de clases desposeídas contra el statu quo, sino que se presentan principalmente en las regiones del sur andino.

El norte y el centro del país ha mantenido una relativa calma, aceptando implícitamente el mandato de la Sra. Boluarte. Quizás cansados de toda la inestabilidad política que tiene más de cinco años, el norte y el centro han apostado por ignorar la política.

¿Por qué el sur andino cuna del Imperio Incaico, hábitat de las etnias quechuas y aimaras, ha sido el escenario de la rebelión? Podemos ensayar muchas respuestas, desde las históricas1, la discriminación racial, la desigualdad y falta de inclusión, y las luchas por la preeminencia de ideologías políticas que en el s. XXI han encontrado su campo de batalla en Latinoamérica.

Lo más probable es que sea una combinación de todas ellas, que con la crisis de la salida Pedro Castillo encontró la oportunidad de abrir la válvula de escape de todas las frustraciones.

Cierto es que la sociedad peruana es una de las más desiguales del hemisferio y que el sur andino mantiene los más altos niveles de pobreza y pobreza extrema.

En eso el Estado peruano ha fallado clamorosamente.

En el sur del Perú el déficit de infraestructura y de servicios en educación y salud es alarmante.

Todo ello ha sido astutamente aprovechado por agitadores profesionales, que no solo promueven protestas legítimas, sino que azuzan y financias acciones violentas que hacen recordar los peores momentos del terrorismo de Sendero Luminoso.

El ataque destructivo y simultáneo a sedes de la Fiscalía del Poder Judicial de a los aeropuertos de Arequipa, Cuzco y Ayacucho no fue una acción espontánea de las masas.

Fueron operaciones planeadas, financiadas y coordinadas, con el propósito de eliminar expedientes judiciales incriminatorios y de quebrar no solo la conectividad sino sobre todo la moral de los peruanos.

La respuesta del Estado ante la protesta ha sido policial con el lamentable resultado decasi 60 muertos y centenares de heridos, ocurridos principalmente en los operativos para desbloquear las carreteras y evitar las tomas de los aeropuertos.

Algunos excesos policiales han deslegitimado la acción de las fuerzas del orden. El Gobierno de Boluarte no ha sabido articular una respuesta política. Cierto es que los llamados al diálogo caen en saco roto por cuanto en el lado de los alzados no hay liderazgos visibles, y quienes se proclaman como diri-

1 No olvidemos que en la etapa prehispánica los incas se impusieron violentamente sobre muchas otras etnias que estaban asentadas en lo que hoy ocupa Perú Bolivia, y Ecuador y parte de Chile y Argentina.

Posteriormente en el s. XVIII muy cerca a Cuzco estalló la cruenta revolución de Túpac Amaru que se extendió rápidamente hacia el Altiplano boliviano que fue sofocada a sangre y fuego por las fuerzas del virreinato español.

La respuesta del Estado ante la protesta ha sido policial con el lamentable resultado de casi 60 muertos y centenares de heridos”

gentes populares se niegan a sentarse a la mesa de negociación y amenazan a quienes pretenden conciliar posiciones.

En suma, tenemos un grupo social rebelde al Estado Peruano que, aunque no define objetivos realistas de su protesta, parece tener la herida en carne viva y ante cualquier intento de sanación reacciona violentamente.

La denominada clase política, especialmente la que está presente en el Congreso de la República es un problema en sí misma.

Desde la última década del siglo pasado, el régimen fujimorista se encargó de desacreditar y desmantelar el sistema de partidos que había estado vigente durante el s. XX.

La mayoría de los congresistas electos en las cuatro últimas elecciones han sido para el olvido.

La calidad de su actuación parlamentaria es deplorable. La población mayoritariamente quisiera que el adelanto de elecciones incluya a los representantes parlamentarios, sin embargo, todos los intentos para una culminación anticipada del mandato han sido frustrados por el propio Congreso.

El afán de aferrarse al escaño es notorio, y en eso los jugosos emolumentos son el incentivo perverso.

En el frente externo, el gobierno de Dina Boluarte tampoco la tiene fácil. Entre la incontinencia verbal de AMLO, los erráticos juicios de Petro y el trabajo soterrado de Evo

Morales, el Gobierno Peruano se siente aislado en el vecindario.

El régimen nació a la luz con el signo ideológico equivocado. Ni la OEA ni ningún otro organismo continental le garantizan al régimen imparcialidad en el juicio, y los excesos policiales son contados en los foros internacionales en clave de Política de Estado.

La narrativa del Estado represor y dictatorial ha ganado -sin merecerlo- la tribuna internacional.

Hace unos días un reconocido periodista Andrés Oppenheimer decía que si bien el Perú atravesaba un ciclo de inestabilidad política social, ésta no afectaba la economía, que se mantenía estable gracias a la autonomía del Banco Central de Reserva, que es quien mantenía la inflación controlada, el tipo de cambio estable y un alto nivel de Reservas Internacionales Netas.

Eso es cierto, pero la estabilidad de los fundamentos económicos requiere de una economía real que crezca, que la producción se incremente y que la productividad mejore.

Los disturbios sociales de los últimos meses han sido arteros en cuanto a bloquear sectores claves de la economía, principalmente el turismo y la minería y en alguna medida la agroindustria.

Por ello, no es de extrañar que los resultados macroeconómicos en los próximos meses reflejen una caída del PBI.

Con lo cual podría darse fin al ciclo virtuoso del crecimiento económico. Es fácil bajar uno o medio punto porcentual

del PBI en pocos meses. Subir un punto suele demorar años.

Finalmente, no podemos teminar este análisis sin mencionar al gran actor tras bambalinas: la economía criminal que es artífice de gran parte de la actividad económica, y que tiene sus voceros más o menos disimulados en los Poderes Públicos.

El narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de los bosques amazónicos, el sicariato, la trata de personas, la “industria” de la extorsión, etc. son actividades que en el último lustro han adquirido dimensiones nunca vistas.

Se atribuye a ellos -y no sin razón- que financian los movimientos violentistas que se presentan con una máscara de reivindicaciones sociales.

El Estado Peruano no ha medido aun el real impacto social, político y económico de la economía criminal.

A los zares del crimen organizado les interesa un Estado Peruano fallido, débil y una sociedad desmoralizada; en ello se acercan sus posiciones con los políticos extremistas.

Se necesita un movimiento social, liderado por una nueva generación de líderes que pongan en evidencia esta realidad y la enfrente.

De lo contrario el Perú podría caer en una debacle irreversible. Dios nos proteja.

Urnas y democracia

La recuperación de la democracia en América Latina se conformó progresivamente.

Las personas que participamos en este proceso o que fuimos testigos, o que tuvimos la edad suficiente para comprender esta época como un hecho político clave de la vida de nuestros países, ahora somos desplazados de manera progresiva por generaciones sin la vivencia directa y clara de esa transición.

Ya las primeras elecciones están en el olvido de la memoria de nuestros pueblos, siendo reducidas a una fecha, a unos cuantos nombres y algunos resúmenes escritos de manera antojadiza.

Los años pasan y vuelven más difícil la comprensión de los cambios en los procesos electorales. Las democracias se han afianzado y las elecciones se han consolidado.

Más de cuatro décadas de democracia describen a grandes rasgos la evolución política latinoamericana, convirtiéndose en un fenómeno con una tendencia amplia.

Este debería ser el escenario predominante tras las décadas posteriores al retorno a la democracia, contemplándose las elecciones como única forma

viable, sin garantías claro,para pretender avanzar hacia el futuro.

En el 2022 y 2023 los latinoamericanos acudieron y acudirán a las urnas para votar, en donde la mayoría dice pretender un - cambio -. Esto es lógico pues serán muy pocos o ningún candidato de partidos tradicionales, el que pasara a segunda vuelta.

En el continente la mayoría de los gobiernos son de izquierda, algunos pocos de centro y casi ninguno de derecha; los ciudadanos, a raíz de sus decepciones no le ha concedido su voto una vez más, y por el contrario el pueblo ha entregado su esperanza a la izquierda… pero ¿cuál será el desenlace de estos amores y rechazos?

Muchos creen que la izquierda no ha gobernado y que merece una oportunidad, para el caso específico de Guatemala, la historia es diferente, ya que contando desde el primer gobierno de la era democrática moderna iniciado con Vinicio Cerezo en 1986, han pasado por el poder nueve presidentes (sin tomar encuentra a dos presidentes suplentes para terminar período de gobierno) de los que el 55% - 5 presidentes – (Cerezo, Arzú, Berger, Portillo y Colom) han sido de corte izquierdista, aunque no radical.

POR EDGAR WELLMANN

Entre los años 2020 y 2022 más de doscientos millones de latinoamericanos acudieron a elegir un nuevo presidente.

En 2020 hubo nuevas elecciones en Bolivia; en 2021 se votó en cinco países: Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú.

En 2022 se celebraron elecciones en Costa Rica y Colombia. En 2023 habrá elecciones presidenciales en Paraguay, Guatemala y Argentina. En más del 70% de las elecciones ya realizadas los ciudadanos votaron por un cambio, siendo derrotado el partido oficial.

¿Será qué realmente se requiere un cambio de derecha a izquierda, o de democracia a totalitarismo? o simplemente se necesita del fortalecimiento de las instituciones que deben ser pilares de la democracia participativa, los derechos básicos de la población: los derechos civiles y políticos.

El respeto del imperio de la ley, a la libertad de tránsito, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa.

La aspiración de un – cambio – no debe ser una sorpresa, ya que, entre los países de Latinoamérica, según el índice deDesigualdad en la distribución de ingresos basado en el coeficiente Gini en América Latina y el Caribe en 2021, por país –18 naciones del continente se encuentran entre 40,0 y 54,2 encabezado por Colombia y en donde Guatemala ocupa la posición 6 después de Costa Rica y Brasil, seguida por Honduras.

América Latina tiene altos niveles de pobreza; la región es una de las más violentas del mundo; además de los escándalos de corrupción. En 2019, el

30,8% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza y 11,5% vivía en pobreza extrema, la región apenas alberga a 9 % de la población mundial, pero se le acredita el 34% del total de muertes violentas; los casos de corrupción abundan: los “Cuadernos de Coimas” en Argentina, el “Lava Jato” en Brasil, “La Línea” en Guatemala y las Casas “Blanca” y “Gris” en México, y así muchos más.

Con todo esto, no es sorpresa alguna que el oficialismo sea derrotado en el continente.

Entonces el desafío para los ciudadanos latinoamericanos, en especial para aquellos cuyos países están próximos a elecciones presidenciales, no estriba simplemente en votar por nuevas alternativas, más

bien es votar por la mucha o poca certeza, pero por algún grado de certeza, de que las expectativas de este ciudadano y que son depositadas en las urnas sean cumplidas en su mayor grado posible.

Al momento de elegir es importante estudiar y analizar las acciones y los resultado propuesto por los aspirantes a gobernantes, cuyos resultados concretos deben estar claramente plasmados sobre las principales necesidades como: empleo, pobreza, canasta básica, seguridad, salud, seguridad social y educación; considerando claro está que estos resultados deben dar sus frutos a la mayor brevedad, pues según el calendario político debemos de restar el año de acoplamiento y el año final que es dedicado a la campaña política y a cierre de la administración política.

Esto es de suma importancia para los nuevos gobiernos en toda la región. De lo contrario, la desilusión crece y puede hacer creer que el cambio necesario apunta a regímenes totalitarios debiéndose dejar por un lado a nuestra precaria democracia y así – a lo mejor sin desearlo o sin estar conscientes – contribuir a que se desmantele la estructura democrática; no se debe permitir que los sistemas democráticos que tanto han costado se pongan en juego y la mejor forma de protegerla es por parte de los políticos: escuchar y cumplirle al electorado; por parte del electorado es acudir masivamente a emitir su voto.

Muchos creen que la izquierda no ha gobernado y que merece una oportunidad, para el caso específico de Guatemala”

Daniel

El pasado 9 de febrero, Nicaragua despertó con una noticia que muchos consideraban difícil de creer: Daniel Ortega había ordenado la excarcelación de 222 personas presas por motivos políticos.

Entre ellas están Dora María Tellez, «comandante 2» de la Revolución y exministra sandinista, y Cristiana Chamorro, quien fue encarcelada cuando intentó postularse como candidata presidencial en 2021.

Recluidos hasta entonces en distintos centros de detención, incluida la funesta cárcel El Chipote, los presos políticos salieron de la cárcel y fueron enviados en un vuelo chárter hacia Estados Unidos.

En momentos en que la información disponible era escasa, el gobierno estadounidense y algunos familiares confirmaron la noticia.

Pero cuando los ya expresos políticos ya estaban en vuelo, y antes de que el avión aterrizara en Washington, la Asamblea Nacional, controlada por Ortega, aprobó una reforma de la Constitución que despoja a esas personas de la nacionalidad nicaragüense e inhibe de manera perpetua sus derechos civiles y políticos por supuesta traición a la patria.

La noticia desató un torbellino de emociones entre los familiares de los liberados y desterrados, en la mayor parte de la sociedad nicaragüense, en la comunidad internacional y en la prensa.

La percepción general fue de alivio, considerando las numerosas denuncias sobre torturas y malos tratos a los que fueron sometidos desde que se los capturó a mediados de 2021, cuando el gobierno de Ortega inició una escalada de violencia estatal que se mantiene hasta hoy.

Entre las personas liberadas y expatriadas están quienes aspiraban a competir por la Presidencia en las elecciones de 2021: dirigentes de partidos políticos, de organizaciones cívicas y movimientos sociales, así como de organizaciones juveniles.

También había numerosos periodistas, diplomáticos, empresarios, defensores de derechos humanos, activistas sociales, sacerdotes e incluso partidarios de Ortega que se atrevieron a criticarlo públicamente.

Las detenciones se incrementaron en mayo de 2021, en el contexto de la campaña para las elecciones presidenciales que se celebraron en noviembre de ese año. Varios candida-

¿Por qué

Ortega decidió liberar y desterrar a los presos políticos?

POR ELVIRA CUADRA LIRA Compartido con la revista Nueva Sociedad

TIEMPO: 9 MINUTOS

tos fueron encarcelados y solo se toleró la «competencia» de quienes no presentaban ningún desafío al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega.

Desde el inicio, los prisioneros políticos y sus familiares fueron considerados por Ortega como rehenes y fueron tratados con crueldad.

En agosto de 2022 los exhibió a la opinión pública y se constataron los efectos de los malos tratos recibidos.

Las detenciones continuaron e incluso se incrementaron a finales de ese mismo año, en el marco de las elecciones municipales celebradas en noviembre. Los detalles de la situación vivida por los presos y las presas están ahora saliendo a la luz.

Poco después de su llegada a Washington, los testimonios de quienes han estado recluidos dan cuenta de las torturas, los tratos denigrantes y la perversión a los que han estado expuestos desde el primer momento de su detención –la mala alimentación, el aislamiento, la reclusión en permanente oscuridad o iluminación, los constantes interrogatorios, la falta de atención médica, las visitas irregulares de familiares y la prohibición de visitas de niños, entre otros–.

Desde su llegada a Estados Unidos y una vez que han tomado conciencia de nueva condición, se interrogan a sí mismos sobre su futuro, el lugar donde se instalarán y la suerte de sus familiares en Nicaragua ahora que son apátridas y están desterrados, como si se tratara del medioevo.

Señales previas y preparativos Las diversas declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del propio Daniel Ortega han dejado claro que la liberación, la expatriación y el destierro fueron decididos unilateralmente y sin condiciones por parte de Managua.

Estados Unidos accedió a recibir a los prisioneros políticos siempre que fuera bajo voluntad expresa de estos y que tuvieran pasaporte. Más allá de eso, ninguno de los dos gobiernos reconoce una negociación previa.

Poco después del recibimiento en Washington, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken informó de una comunicación telefónica con el canciller nicaragüense Denis Moncada en la que expresó haber hablado de la «importancia del diálogo constructivo entre Estados Unidos y Nicaragua para construir un mejor futuro para el pueblo nicaragüense».

Aunque escuetas, las declaraciones del gobierno de Estados Unidos revelan que hay un canal de comunicación abierto, pero reiteran que, de sostenerse la deriva autoritaria, se mantendrán las sanciones que pesan sobre las instituciones involucradas en actos represivos, sobre la propia familia presidencial y sobre un buen grupo de allegados a ella.

Además, Estados Unidos expresó en reiteradas ocasiones que el primer paso para abrir una negociación con Nicaragua era la liberación de los presos políticos, además de restablecer las libertades y derechos ciudadanos.

Lo primero ya se cumplió, pero el resto de la sociedad nicaragüense permanece como rehén de un gobierno que en los dos últimos años ha «institucionalizado» un Estado policial para mantener el control y la vigilancia sobre la población.

El matrimonio Ortega-Murillo ha pedido reiteradamente el levantamiento de las sanciones y siempre ha negado la intención de negociar, aunque las señales de que buscaban hacerlo están a la vista desde hace algún tiempo, tal como se conoció en mayo de 2022 cuando se filtró a la prensa que uno de los hijos de la pareja presidencial se habría acercado a Estados Unidos.

Por otra parte, desde agosto de 2022, cuando Ortega ordenó exhibir ante la opinión pública a un grupo de detenidos políticos, se incrementaron las alarmas por los evidentes estragos de las torturas y los maltratos, pero en los últimos meses de ese mismo año el trato a los reclusos se modificó con el mejoramiento de la calidad de los alimentos, el otorgamiento de permisos para las visitas de sus hijos y la flexibilización de las condiciones de aislamiento.

Iniciando 2023, Ortega visitó a su hermano Humberto, general retirado, anterior jefe del Ejército y distanciado del gobierno, quien en 2019 pidió mediante una carta la liberación de los presos políticos.

Cuando se hizo pública la noticia del encuentro, un comunicado del gobierno afirmó categóricamente que había sido por razones de salud, pero es evidente que la conversación giró también sobre asuntos políticos y generó una cantidad de especulaciones que

hacían sospechar que algo se estaba cocinando.

La opacidad con que maneja la información pública el gobierno de Nicaragua y la reserva con que se urdieron los preparativos de la decisión presidencial impidieron ver las señales con claridad y, en consecuencia, anticipar la liberación de los presos políticos.

Un escenario desfavorable Entre los interrogantes que ha ocasionado la noticia, el más recurrente se vincula con las razones que llevaron a Ortega y Murillo a expulsar a los prisioneros políticos de Nicaragua, sobre todo cuando no había negociación ni condiciones de por medio. Las pistas se encuentran en el escenario con el que se inició el año.

Ortega y Murillo aseguraron su continuidad en el poder con los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales en 2021 porque los ciudadanos no tuvieron condiciones ni garantías para ejercer libremente su derecho al voto.

Conscientes de que su nuevo mandato se iniciaba con una legitimidad reducida al mínimo entre la ciudadanía, decidieron «institucionalizar» el Estado policial a través de la aprobación de un marco jurídico que legaliza las políticas represivas y que pone al Estado en su conjunto al servicio de su proyecto político dinástico y autoritario.

Según sus cálculos, con la legitimidad que pensaban ganar con las elecciones podían cerrar el capítulo de la crisis sociopolítica iniciada en 2018 para entrar en un periodo de mayor estabilidad.

Sin embargo, el rechazo ciudadano a acudir a las urnas

los obligó a buscar legitimidad entre otros actores internos, como la empresa privada y la Iglesia católica. Como tampoco la han conseguido en esos ámbitos (la alianza con la empresa privada se quebró con el ciclo de protestas de 2018), emprendieron una nueva ola de violencia y persecución, especialmente contra obispos y sacerdotes.

La deriva autoritaria ha aislado a los Ortega de la comunidad internacional, que además de rechazar la escalada represiva de 2021, ha demandado condiciones y garantías para los procesos electorales, el restablecimiento de las libertades y derechos ciudadanos, así como la búsqueda de una salida democrática a la crisis.

Un grupo de países europeos, junto a Estados Unidos y Canadá, ha impuesto sanciones a varias instituciones relacionadas directamente con las graves violaciones a los derechos humanos, a personas del círculo de confianza más cercano de Ortega-Murillo y a varios integrantes de la familia presidencial.

Frente a ese aislamiento y rechazo, Ortega se ha acercado a países como Rusia, China e Irán en busca de respaldo político y económico, comprometiendo el apoyo de Nicaragua a cambio de un tibio respaldo y a prácticamente ningún beneficio en términos de cooperación.

El agotamiento y el descontento alcanzan ya a sus propias bases de apoyo, de manera que durante el último año se ha producido una acelerada erosión del apoyo entre sus simpatizantes.

Numerosos empleados públicos han abandonado sus

puestos de trabajo para huir sigilosamente hacia Estados Unidos, al tiempo que varios de sus propios militantes han sido castigados con la cárcel y amenazas por expresar su malestar respecto del rumbo del país, por la forma en que se conduce el partido de gobierno -el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- y por el nivel de agotamiento provocado por la constante presión del régimen.

Ese descontento ya alcanzó a los niveles más cercanos a Ortega y Murillo, quienes durante los últimos meses se han empeñado en reorganizar su círculo de lealtades y confianza.

A este complejo escenario político se suman las difíciles condiciones económicas y las proyecciones desfavorables para el futuro inmediato.

Desde que se inició la crisis sociopolítica en 2018, los sectores económicos más importantes han experimentado un deterioro significativo, a la vez que se han incrementado el desempleo, la pobreza y la informalidad.

Frente a ese aislamiento y rechazo, Ortega se ha acercado a países como Rusia, China e Irán”

La pandemia de covid-19 agravó las ya difíciles condiciones del país, lo que dio lugar a un éxodo masivo de nicaragüenses con destino a Estados Unidos y Costa Rica.

Con el propósito de escapar de la vigilancia y el control político y de encontrar mejores oportunidades de vida, cerca de 7% de la población ha abandonado el país entre 2021 y 2022.

Las fuentes y fondos de financiamiento externo del gobierno se han reducido durante el último año y, aunque las remesas familiares provenientes del exterior se han incrementado, no son suficientes para cerrar las brechas económicas ni para sostenerse en el tiempo. Con estas condiciones, parece lógico que Ortega busque una oportunidad para negociar con quien considera su interlocutor y principal adversario: Estados Unidos.

Continuidad de la deriva autoritaria

Aunque ha sido forzado a doblar el brazo liberando a sus rehenes, Ortega mantiene el Estado policial y la persecución sobre la población nicaragüense.

El mandatario persiste, además, en su empeño de castigar a quienes considera enemigos. Ese es el caso del obispo Rolando Álvarez, secuestrado de su parroquia en agosto pasado y retenido bajo arresto domiciliario hasta el 9 de febrero, cuando se negó a abandonar el país junto con el resto de los liberados.

En represalia, Ortega ordenó adelantar el juicio al que era sometido y fue sentenciado a 26 años de prisión por losu-

puestos delitos de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas». Desde entonces se encuentra recluido en el centro penal conocido como La Modelo, según dijo el propio Ortega. El Vaticano, en la voz del propio papa Francisco, expresó su preocupación por el obispo Álvarez.

Las recientes medidas no constituyen, pues, un acto de humanidad ni mucho menos

de condescendencia, pues la decisión de expulsar a los prisioneros políticos y despojarlos de su nacionalidad y derechos ciudadanos se suma a un discurso que los acusa de «mercenarios» antinicaragüenses. Además, es una medida anticipada para que ninguno de ellos pueda disputar una eventual competencia electoral, un escenario probable si se llega a avanzar en la ansiada negociación con Estados Unidos.

Los buenos propósitos de la Alianza de las Américas para el Progreso Económico merecen convertirse en realidades

El pasado 27 de enero se firmó la Declaración de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP por sus iniciales en inglés The Americas Partnership for Economic Prosperity) que propuso el Presidente Biden en la inauguración de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el pasado 8 de junio de 2022.

Esta Declaración es solo un primer paso en la definición de la Alianza, ahora se requiere concretar los instrumentos y los recursos con los que contará, y las políticas que promoverá.

Describo los objetivos propuestos y después comento algunos requisitos para que la Alianza pueda ser efectiva, y no solo una declaración más.

La Alianza se propone la cooperación entre las naciones que la constituyen para crecer más rápido mediante la competitividad de sus economías, con mayor inversión pública y privada, con políticas que hagan sostenible el crecimiento y que la prosperidad que se genere sea compartida.

La Declaración de la APEP resalta la necesidad de:

1. “acelerar el crecimiento económico de la región en aras de eliminar la pobreza, redu-

cir la desigualdad y garantizar que los beneficios de este crecimiento se difundan ampliamente”

2. “la imparcialidad y la competitividad en mercados abiertos (como) esenciales para la vitalidad de nuestras instituciones democráticas”

3. “colaborar con el sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, la evasión de impuestos, el blanqueo de dinero y otros flujos financieros ilícitos, en consonancia con nuestras obligaciones multilaterales”

4. “que nuestra cooperación económica abarque labores conjuntas para fomentar la igualdad de género, la participación de las mujeres en la fuerza laboral y su empoderamiento”.

5. “alcanzar un enfoque integrador, basado en los derechos humanos en materia de política económica que no abandone a nadie…”

6. “cooperar en torno a soluciones innovadoras para que la administración pública mejore el acceso a los servicios públicos y su prestación, y respalde la movilización de los recursos nacionales.”

7. “una gobernanza más robusta y la adhesión al estado de derecho, impulsadas por los principios de transparencia y responsabilidad.”

8. “reforzar la diversidad, sostenibilidad y resiliencia de nuestras cadenas de sumi-

POR MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

nistro ampliando vínculos comerciales regionales, así como fomentar las infraestructuras de calidad.”

9. “generar una mayor integración económica en la región y aumentar la colaboración en materia de aduanas, facilitación del comercio, logística y buenas prácticas reglamentarias; abordar los obstáculos no arancelarios; y promover inversiones sostenibles de calidad.”

10. “promover un comercio que fomente los derechos de los trabajadores y la seguridad económica…”

11. “movilizar una mayor inversión pública y privada que aumente el bienestar de nuestros pueblos, entre otras, mediante mejoras en la educación, la nutrición y la sanidad, las garantías sociales y las infraestructuras públicas.” y

12. “revitalizar las instituciones económicas y financieras regionales y colaborar en las reformas con visión de futuro de las instituciones financieras y crediticias multilaterales.”

Son objetivos loables y muy necesarios en medio de las dificultades tan serias que enfrenta América Latina que amenazan con convertirse en dos décadas perdidas.

La región sufre por la desaceleración posterior a la Gran Recesión, agravada por la covid-19, el quiebre de las cadenas de valor internacionales, la invasión rusa a Ucrania, la inflación, los aumentos en las tasas de interés y la magnitud de la deuda pública de la mayoría de las naciones.

Los países que con EEUU lanzan la APEP son Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se incluyen todas las naciones

americanas que tienen Tratados de Libre Comercio con EEUU. Solo Barbados, Ecuador y Uruguay no los tienen.

Todos ellos, salvo Chile, Panamá, Perú y Uruguay, tienen a EEUU como su principal socio comercial.

Se incluyen los únicos cuatro países del continente: Uruguay, Canadá, Costa Rica y Chile con democracias plenas según su orden en el Índice de Democracia de The Economist 2022 publicado la semana recién pasada .

Los demás incluido Estados Unidos se encuentran en la segunda categoría (democracias defectuosas) salvo Barbados, que no está incluido entre los países clasificados, y Perú, Ecuador y México que son clasificados en la tercera categoría como regímenes híbridos.

¿Qué sigue ahora para que la Alianza rinda frutos en beneficio de los habitantes de las naciones que la integran?

En una conferencia de prensa el pasado 30 de enero José Fernández, Subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los EEUU indicó: “lo que firmamos el viernes, fue una declaración de principios. Una declaración que tiene unas tres páginas, en la cual hablamos de los objetivos que vamos a perseguir y qué es lo que vamos a negociar.

Lo que ahora tenemos que hacer en los próximos meses es negociar un documento en el cual, con mucho más detalle, hablemos de exactamente qué es lo que queremos hacer” … “Ahora, comenzando ya, entablaremos una serie de negociaciones con compromisos y otras áreas de colaboración,

Entonces, lo que estamos tratando de hacer es crear unas reglas de conducta que mejoren la estabilidad en los países, mejoren la condición de los trabajadores y hagan a nuestro continente un sitio más competitivo”

y, tras negociar un marco sólido con nuestros fundadores, vamos a acordar mecanismos con los socios fundadores a través de los cuales se pueden adherir otros países del hemisferio”.

Finalmente el Subsecretario Fernández sobre este tema manifestó: “hoy en día las críticas que recibimos de empresas, cuando titubean al invertir en nuestra región, es decir, bueno, no estoy invirtiendo no por temas tarifarios, hoy en día las tarifas en muchos casos son mínimas o cero, sino lo que nos dicen es no lo hacemos porque hay problemas del Estado de derecho, no confiamos en los tribunales, hay temas de corrupción, nos es difícil, como decía antes, mover un componente de un lugar a otro y nuestros productos no se fabrican en un solo país.

Entonces, lo que estamos tratando de hacer es crear unas reglas de conducta que mejoren la estabilidad en los países, mejoren la condición de los trabajadores y hagan a nuestro continente un sitio más competitivo no porque hemos reducido las tarifas, cosa que lo hemos hecho en general con los con los miembros de esta Alianza, sino porque es una zona más estable, es una zona en que tenemos mucha más confianza que vamos a poder continuar invirtiendo y creando clase media”.

Me permito reflexionar sobre algunas de las características que deberían revestir los siguientes acuerdos para que esta Alianza sea una realidad de progreso compartido y no solo una expresión de buenos propósitos.

En primer lugar, es necesario tomar en consideración que

como lo señala la ultima cita del Subsecretario José Fernández el progreso deseado demanda cambios no solo en las políticas económicas sino también en las realidades políticas y en la cohesión social que en nuestra región han sufrido grave deterioro.

En segundo lugar, es necesario reconocer las diferencias que en ambos temas económicos y políticos se dan entre las diversas naciones de América Latina. Por eso como siempre ocurre con las políticas públicas, las necesarias reformas económicas, políticas y sociales para crecer sostenible, innovativa y participativamente deben adecuarse a las circunstancias de cada nación.

Para resolver las fallas de los mercados debemos actuar solo si sabemos como remediarlas y si se cuenta con la institucionalidad necesaria para hacerlo sin caer en falles del estado que pueden incluso empeorar la situación inicial.

En algunas ocasiones es imposible una acción racional por no saber cuáles políticas económicas son las convenientes para alcanzar esos fines, pero en otras ocasiones la dificultad estriba en no tener la capacidad para implementarlas políticamente.

En estas ocasiones la Alianza debe promover incentivos que tornen políticamente atractivas las políticas públicas beneficiosas para alcanzar sus metas.

La interacción entre ventajas para el crecimiento compartido y sostenible y la viabilidad política de las diversas acciones obliga a considerar, cuidadosamente, el orden y la velocidad más adecuadas para

establecer exitosamente en cada nación de la Alianza las políticas públicas que surjan del afinamiento de los objetivos e instrumentos recomendados.

Finalmente como parte de ese afinamiento se debería recomendar a las naciones que integran esta Alianza cuales políticas públicas deben ser evitadas a toda costa, pues se conocen sus efectos negativos para el bienestar de la población, que a menudo causan más daño a las familias más necesitadas.

En especial es muy conveniente que los integrantes de la APEP tengan siempre presentes los límites de conocimientos y recursos y la incertidumbre en que siempre se actúa, y considerar la conveniencia de la gradualidad en la adopción de los cambios.

La Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica es una buena iniciativa. Pero sus resultados dependen de la racionalidad con que se definan sus instrumentos y políticas, así como de los recursos intelectuales y financieros que se destinen a cumplir con sus loables objetivos.

Brujos, santeros, adivinos y políticos

A lo largo de la historia, son muchos los gobernantes que han recurrido a brujos, santeros y adivinos para resolver temas relacionados con su vida personal y la política de su país.

El caso más peculiar ha sido la historia del mago Merlín. Se cree que el nombre es un mito o la personalización de diversos arquetipos. Fue consejero del rey Arturo durante el tiempo que gobernó Camelot. Se dice que ayudó al hijo del rey a sacar la espada Excalibur de la roca, lo que le otorgaba directamente el trono.

En Rusia, la familia Romanov fue influenciada por un monje y curandero ruso, llamado Grigori Rasputín.

La zarina Alejandra solicitó sus servicios para curar a su hijo ya que sufría de hemofilia, y Rasputín logró detener las hemorragias que amenazaban su vida. Tuvo tanta influencia, que llegó a ser el primer asesor de las decisiones que se tomaban e incluso, opacaba a los Zares ante la población.

En los años 80, Ronald Reagan contrató a la astróloga Joan Quigley. Ella era parte del equipo de confianza del presidente, así como de su esposa, Nancy. Las disposiciones importantes eran tomadas bajo la consulta de ella, lo que

le permitió tener una gran influencia política. Su labor era estar pendiente del horóscopo y que los planetas estuvieran alineados, para evitar futuros atentados.

A Fidel Castro lo visitaron muchos sacerdotes de la santería. Eso lo convirtió en fiel creyente de la misma y permitió que ellos tuvieran gran influencia en la vida social y espiritual del líder cubano, tan es así que convenció a Hugo Chávez a iniciarse en estos ritos.

Mientras estaba en el hospital convaleciente, los sacerdotes lo atendían en conjunto con los médicos. Castro falleció en el 2016, había una percepción por parte de expertos en el tema que el funeral estuvo plagado de ritos de Santeros.

El autor del libro, Los brujos de Chávez, David Placer, sostiene que Nicolás Maduro también tomó esta religión como parte de su vida. Esto lo cuentan personas de su círculo íntimo.

El recordado episodio donde menciona que se le apareció un pajarito y este le daba consejos para gobernar, como Chávez lo hacía, era por exhortación de santeros y babalawos cubanos.

En la toma de posesión presidencial de Gustavo Petro

y Francia Márquez, hubo un ceremonial por parte de El Congreso de los Pueblos, una mezcla de rituales indígenas y santeros. Se pudo observar que la sacerdotisa fumó el puro, lo limpió con aguardiente e incienso y por último un ceremonial con fuego.

Muchos adivinos han pasado a la historia e influido en las esferas sociales y políticas de muchos paises. Uno de los casos más emblemático fue el de la leyenda de Walter Mercado, que era todo un showman. Largas capas, anillos de oro, cadenas y amuletos fueron parte de su vida como adivino.

Su mensaje y predicciones siempre eran positivos y alentadores, daba esperanza a las personas que lo escuchaban. Esto motivó que muchos políticos estadounidenses e hispanos, fueran parte de su cartera de clientes, famoso en Miami, Puerto Rico y Latinoamérica.

El canal Univisión subía su rating cuando se escuchaba su frase favorita: “Mucho, mucho amor”, que conquistó a más de 120 millones de televidentes.

En el caso de Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, es considera por la población como una bruja excéntrica y poderosa.

Círculos cercanos han afirmado que en su casa hay símbolos afro-caribeños asociados con la santería. Es parte de un grupo selecto de personas que tienen relación con ritos poco ortodoxos. Varios sacerdotes católicos la han calificado como la bruja mayor de Centroamérica.

En Guatemala, el presidente Álvaro Colom Caballeros, durante su gestión, participó en

ritos mayas, los cuales incluyeron limpieza espiritual con incienso, habanos, huevos y licor. Pese a proclamarse católico, en reunión con líderes indígenas, siempre participaba en sus ritos y usaba parte de sus vestimentas.

En Guatemala, el astrólogo más famoso fue Urbano Madel. Un chileno radicado en el país que asesoró presidentes y ministros. Los casos conocidos en los cuales participó, fueron con el expresidente Romeo Lucas, expresidente Vinicio Cerezo, entre otros personajes.

Su fama trascendió fronteras ya que predijo, una semana antes que sucediera, el terremoto de 1976. Vaticinó la caída del presidente Jorge Serrano Elías, con el autogolpe. Además, un mes antes del deceso del papa Juan Pablo I, lo dio a conocer en un medio de comunicación escrito.

Todas sus predicciones están plasmadas en el matutino de Prensa Libre, que por más de 40 años le dio espacio, fama y prestigio. Las creencias juegan un papel importante en las decisiones políticas y sociales, para bien o mal.

No es casualidad que muchos políticos visiten a estos personajes que se convierten en ricos y famosos, muestren sus habilidades psíquicas, y convenzan a más de alguno.

Llámense brujos, santeros, curanderos, adivinos o estafadores. Lo cierto es que llegan a tener una gran cuota de poder.

Su fama trascendió fronteras ya que predijo, una semana antes que sucediera, el terremoto de 1976”

“

Presentación del Libro Verde de la Defensa Nacional

El Libro Verde de la Defensa Nacional fue presentado en el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala el pasado 2 de marzo del año en curso, cuya temática es sobre la Conservación del Ambiente y Protección de los Recursos Naturales.

El evento fue presidido por el coronel Roger Moisés Velásquez Orozco del Departamento de Estudios de la Dirección General de Política y Defensa del MDN.

En el acto estuvieron presentes, funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); del Instituto Nacional de Bosques (INAB) y del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala.

Dicha actividad fue realizada en el salón Justo Rufino Barrios de dicha entidad a la cual asistieron funcionarios, embajadores y público en general.