Informe FRUTIHORTICOLA
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Emergencia citrícola
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ebido a la sequía y las heladas, a las que se sumó la problemática de la pandemia y, sobre todo, la caída de algunos mercados como el Europeo, el Congreso Nacional, decidió extender por el término de un año la emergencia económica, productiva, financiera y social para la cadena de producción de cítricos, a través de la promulgación de la ley 27.569, con la que se modifica parcialmente la ley 27.507. Durante la vigencia de esta ley quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por
los contribuyentes. Los procesos judiciales que estuvieran en trámite quedarán paralizados hasta la fecha en la cual opere el vencimiento de esta ley. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia. Los aportes patronales quedarán exentos por el periodo de dos años. La Ley de Emergencia citrícola (27.507), que entró en vigencia a mediados de 2019 para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, fue prorrogada en la Cámara de Diputados de la Nación, incluyendo esta vez a las provincias de Buenos Aires, Tucu-
mán y Catamarca. El sector citrícola produce más de 700 millones de dólares al año y da trabajo casi a 100.000 personas. La provincia con mayor producción es Entre Ríos, con 340 millones de dólares al año. Según datos de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), el 60% de los productores atravie-
sa grandes adversidades: un 10% no pudo cosechar o producir y casi un 50% lo hizo parcialmente, debido a la falta de producción y ventas. A su vez, el 82% de los pequeños y medianos productores tuvo dificultades para comprar materias primas o insumos, ya sea por restricciones en sí o por retrasos en la entrega.
