PRESENTACIÓN MAURICIO MOYSSÉN CHÁVEZ
Alcanzar un nivel de igualdad para los integrantes de una sociedad es el fin último de una democracia. Igualdad entendida más allá del derecho a elegir representantes o gobernantes de la comunidad a la que uno pertenece, en el sentido más amplio del término: el derecho y la oportunidad de participar en todas las actividades individuales y sociales que se pueden desarrollar en dicha comunidad, sin importar factores de origen, raza, clase, género, edad, creencias o condiciones físicas o mentales. Este ideal, que se planteaban ya los griegos clásicos, está sin embargo lejos de alcanzarse aún: no todo mundo goza de los más elementales derechos ni oportunidades, empezando por el derecho básico de movilidad o acceso a cualquier sitio, pues en gran número de casos no están dadas las condiciones para que las personas con alguna limitación física, cualquiera que sea su origen, tengan oportunidad de circular libre e independientemente en los espacios públicos, o de ingresar a los recintos en que tienen lugar distintas actividades sociales y que a su vez representan la oportunidad de disfrutar los beneficios sociales garantizados constitucionalmente para todos, y que van desde la educación a la atención a la salud o del entretenimiento al ejercicio de un empleo digno remunerado. A pesar de que la oportunidad de desplazamiento en las ciudades, el acceso a los edificios o el uso de los objetos representan casi siempre los medios para ejercer los derechos más elementales y de participar activa y productivamente en la sociedad, no ha sido sino hasta últimas fechas que se ha legislado en nuestro país para garantizar
el acceso libre e independiente a inmuebles públicos y privados a cualquier persona, con discapacidad o no. Por increíble que pueda parecer, el acceso a cualquier recinto dependía hasta hace poco de la consciencia personal o la buena voluntad de quien lo construía o administraba. Uno de los cambios que llegaron con el nuevo siglo a la sociedad mexicana parece ser la preocupación del gobierno federal y los estatales por mejorar las condiciones de vida de las distintas minorías de nuestra sociedad. Si es difícil lograr que las condiciones de acceso y uso se cumplan en las obras arquitectónicas nuevas o en la fabricación de objetos de uso cotidiano, se presenta más ardua la tarea de adaptar espacios construidos hace doscientos, trescientos o cuatrocientos años para que, ahora que tienen otra finalidad distinta a aquélla para la que fueron creados, puedan ser utilizados por cualquier persona, sin afectar su estructura o los acabados que les dan carácter de patrimonio histórico, que debe ser preservado por su valor tanto histórico como artístico. Cuando un grupo de profesores de diferentes áreas de la Facultad de Arquitectura nos propusimos realizar una propuesta de lineamientos para mejorar las condiciones de accesibilidad y uso de los edificios de la época virreinal, éramos conscientes del doble reto que enfrentábamos, al tratar de adecuar espacios que en su momento fueron concebidos con otras finalidades a veces, inclusive, para evitar el paso a ciertas áreas, y facilitar el acceso al mayor número de áreas, proponiendo adecuaciones que no afectaran al edificio en su estructura ni en su apariencia general. Era un ejercicio de negociación
