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Diálogo pluripartidista: Experiencias en participación, pluralismo y representación para democracias más sólidas 1.Introducción: El diálogo pluralista; cuanto más difícil, más necesario
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2.
Diálogo, pluralismo y partidos políticos
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3. 3.1.
Experiencias de colaboración multipartidaria Cooperación en la emergencia en Ciudad de México
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3.2. Una agenda vacante en todo el arco político El caso de la mesa multipartidista de agenda afrodescendiente en Colombia
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3.3. Un colectivo en acción. El caso de la mesa multipartidista LGTBIQ++
p.17
3.4. ¿Es posible el diálogo a largo plazo? El caso de Dialogando Buenos Aires y los centros de pensamiento independientes y partidarios
p.19
3.5. “Las Sororas:Un caucus feminista por la legalización del aborto
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4. 4.1.
Conclusiones y propuestas Un acercamiento a las experiencias
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4.2. Identidades: diversidad y tensiones
p.26
4.3. Objetivos comunes
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4.4. Membresías, coordinación y liderazgo
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4.5. Lecciones y perspectivas
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1.Introducción El diálogo pluralista: Cuanto más difícil, más necesario. Durante la última década, las democracias del mundo se han visto asediadas por una serie de fenómenos que cuestionan su condición de modalidad unánimemente aceptada de relación entre los ciudadanos y el gobierno. Durante ese período hemos sido testigos de una diversidad de hechos que proyectan sombras sobre las certidumbres democráticas: Protestas que expresan un fuerte descontento social y que rebasan violentamente los canales institucionales de representación (como los “chalecos amarillos” en Francia); aparición de liderazgos carismáticos dentro de sistemas democráticos que tensionan y desafían sus limites en un proceso de erosión constante (Trump en EEUU, Bolsonaro en Brasil, Orban en Hungría, entre otros) o autócratas que se desplazan de los sistemas democráticos hacia prácticas dictatoriales de represión y violación de derechos humanos (Putin en Rusia, Ortega en Nicaragua, Duterte en Filipinas). Tal como lo expresan Levitsky y Ziblatt, “los nuevos liderazgos demagógicos desafían, erosionan y, eventualmente, violan los principios del pluralismo democrático2 como modo de construcción de su identidad política y modo de gestión de las diferencias. Otros autores han indagado acerca de los efectos en la vida pública y en la vida cotidiana del deterioro del pluralismo, la armamentización (weaponization) de la conversación política y el ataque al espacio cívico3. En nuestra región, el apoyo social a la democracia como mejor sistema de gobierno ha decaído fuertemente en los últimos tres años, pues si bien en 2020 dicho apoyo se recuperó levemente, los resultados de 2019 y 2020 son los dos peores de la historia de las mediciones en cuanto a la preferencia por la democracia y la confianza en las elecciones4. En esa dirección, la opinión negativa sobre la democracia va acompañada de fuertes caídas en la opinión positiva respecto a las instituciones: gobiernos, congresos, tribunales y, muy en particular, partidos políticos. Según Levitsky y Ziblatt, la transformación del competidor en enemigo es el paso clave en la transformación del espacio de lo público en las democracias “The process often begins with words. Demagogues attack their critics in harsh and provocative terms—as enemies, as subversives, and even as terrorists…”. La preocupación por este punto de vista ha impactado tanto en literatura académica como de quienes son practitioners en el área de democracia y gobernanza (Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). How democracies die. Penguin Books)..
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Thomas Carothers ha señalado como este tipo de liderazgos impacta en el deterioro del espacio cívico, ese lugar desde el que el disenso, la diversidad y la crítica son posibles (Brechenmacher, Saskia y Carothers, Thomas: Defending Civic Space: Is the International Community Stuck?, Washington DC, 2020). Otros autores de la cooperación internacional también se acerca algunos tema desde una perspectiva similar Civic space is defined as ‘the set of conditions that allow civil society and individuals to organise, participate and communicate freely and without discrimination, and in doing so, influence the political and social structures around them’” ( Julia Keutgen y Susan Dodsworth, Addressing the global emergency of shrinking civic space and how to reclaim it: a program guide, London 2020).
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La pregunta acerca de si da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario tuvo respuesta afirmativa de 28% en 2019 y de 27% en 2020. Estos son los resultados más altos desde 1995. Ver aquí. La confianza en las elecciones y en la democracia durante los últimos cuatro años es la más baja desde que Vanderbilt University realiza el estudio Lapop (2006). Ver aquí.
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En el caso de los partidos, no sólo estamos hablando de una opinión negativa, sino también de su debilitamiento y fragmentación como canales de representación. Se trata de una de las instituciones de menor confianza por parte de la opinión pública, la cual llega al 13%, siendo superada en desconfianza sólo por algo mucho más importante y genérico: el otro. En dicho sentido, la confianza en general en los demás llegó a mínimos históricos. Según la última medición de Latinobarómetro, esta se situó en el 12%, con lo cual Latinoamérica es la región en donde la confianza en el otro es más baja. En dicho contexto, la pandemia del COVID-19 parece haber actuado como elemento que confirma y en algunos casos acelera esas tendencias. El desconcierto producido por un virus de comportamiento desconocido, las drásticas medidas tomadas en algunos casos y lo siniestro del impacto de la enfermedad en general, así como la manera en la que las posiciones ideológicas han permeado la visión de la enfermedad, agregaron complejidad a un panorama ya de por sí desafiante, pues la discusión pública sobre las medidas sanitarias adoptadas se transformó en un nuevo escenario de polarización. Sin embargo, y como veremos, en algunos casos la pandemia también abrió posibilidades para que fluyera la conversación pluralista tendiente a la búsqueda de soluciones. De acuerdo con lo anterior, este documento sostiene que las prácticas de diálogo entre partidos políticos son experiencias valiosas para su recuperación como mecanismos de representación y expresión del pluralismo de ideas y de intereses socioeconómicos que viven y tensionan las sociedades contemporáneas. Con base en documentos y entrevistas a algunos protagonistas de ese tipo de experiencias se buscará establecer elementos empíricos que apoyen dicha afirmación. El diálogo multipartidista involucra dos prácticas de la vida social y política en una democracia que respete los derechos ciudadanos. Por un lado, el diálogo supone el reconocimiento recíproco entre personas que se validan como interlocutores en igualdad. Por otro, ese diálogo supone la existencia de un vínculo de representación entre esas personas y las instituciones propias de la democracia de los dos últimos siglos: los partidos políticos. Como se vio, dos conceptos muy poco valoradas socialmente. Sin embargo, podría argumentarse que existe un espacio propio e institucionalizado para que estas dos instancias se vinculen: el ámbito parlamentario. En efecto, la formación de mayorías en desarrollo de la actividad legislativa es la dimensión en la que los partidos, a través de sus jefes de bancadas, sus autoridades de comisiones o de comités u otro tipo de liderazgos, establecen diálogos, exponen sus diferencias, las negocian y buscan consensos que permitan la aprobación de los proyectos legislativos. No obstante, que en las legislaturas el diálogo sea la herramienta protagónica de formación de voluntades colectivas, y que éstas sean ámbitos incluyentes en los que ocurra ese fenómeno de interacción, son dos ideas que han recibido cuestionamientos. Por una parte, el predominio de la función ejecutiva en la toma de decisiones rápidas que requieren una ejecución administrativa cada vez más vertiginosa en
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representación de mayorías, ha fortalecido desde las primeras décadas del siglo XX las figuras que tienen a su cargo este tipo de decisiones, independientemente del sistema de gobierno5. Por otra parte, la generación de múltiples ámbitos para las demandas sociales y de negociación con los gobiernos, así como la aparición de nuevos movimientos sociales en el último tercio del siglo XX6, fueron hechos que multiplicaron las áreas de choque, negociación, y por lo tanto, de diálogo. Finalmente, la última década inauguró el espacio digital como área de expresión, conversación, formación y confrontación de identidades en las redes sociales7. Allí y sin intermediación, los líderes políticos, sus partidos, sus partidarios, dialogan y confrontan en un flujo continuo. Por lo tanto, más allá de la actividad parlamentaria en su sentido y ámbitos más estrictos, merece la pena detectar y comprender fenómenos de diálogo y construcción de consensos que los superan. La formación de grupos interpartidistas en ámbitos legislativos que promueven agendas comunes en temas muy específicos, con simultáneos vínculos y autonomía de sus partidos de origen y sus agendas; la promoción de ámbitos de acuerdo entre partidos fomentados por la sociedad civil e inclusive la emergencia de espacios de conversación pluralista convocados por áreas del Ejecutivo, hacen parte de un amplio arco de posibilidades que incluye una diversidad de experiencias. Estas se abordan en la introducción de este documento. En la segunda sección de este trabajo se dará cuenta de algunos conceptos que permiten delimitar a qué nos referimos cuando hablamos de diálogo y de pluralismo partidario. También se propondrán ideas de por qué este tipo de prácticas son relevantes en la actualidad. En la tercera sección se hará una breve descripción de una serie de experiencias de diálogo interpartidario. En la cuarta sección, se establecerán algunas conexiones y patrones de funcionamiento entre las experiencias descritas, y se propondrá un conjunto de acciones que podrían realizarse a fin de promover y multiplicar ese tipo de prácticas.
Desde las primeras décadas del siglo XX la preocupación y los desafíos a la sostenibilidad conceptual y social del parlamentarismo se fueron volviendo cada vez más usuales y difíciles de superar. Max Weber se preguntó en repetidas ocasiones acerca de la sostenibilidad en el largo plazo de las democracias parlamentarias, tensionadas por el avance de la burocratización, por una parte, y de los liderazgos carismáticos por otra. Carl Schmitt radicalizó la visión sobre esa problemática llegando a cuestionar la capacidad de los partidos y los parlamentos para dotar de identidad la relación entre gobernantes y gobernados: “All of these identities are not palpable reality, but rest on a recognition of the identity. It is not a matter of something actually equal” (Schmitt, Carl (1988). The Crisis of Parliamentary Democracy. Translated by Kennedy, Ellen. United States: MIT Press)
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6 Al reflexionar sobre las contradicciones en el seno del estado de bienestar, Claus Offe, uno de los referentes del debate ne el último cuarto del S XX, establece las tensiones entre la satisfacción del acceso a bienes dentro del modo capitalista de producción y las reglas democráticas, siendo la legitimación del regímen democrático función de cierta capacidad de satisfacción en el acceso a bienes. Siguiendo con la tradición de revisar la tensión entre parlamento y democracia, y partidos y su capacidad de ofrecer identidad, a fin de siglo XX el incremento de demandas sociales, su complejización con la aparición de movimientos sociales por fuera de las tensiones de clase, plantearon nuevos problemas concpetuales y una literatura al respecto. Offe, Claus (1984) Contradictions of the Welfare State(edited by John Keane), Hutchinson, London.
Sostiene Zeynep Tufekci: “As technologies change, and as they alter the societal architectures of visibility, access, and community, they also affect the contours of the public sphere, which in turn affects social norms and po liti cal structures. The twenty- first- century public sphere is digitally networked and includes mass media and public spaces, such as the squares 7
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2.Diálogo, pluralismo y partidos políticos: Por una parte, el diálogo y la deliberación pública tienen una raíz en la noción misma de democracia. El uso de la palabra, del discurso en la escena pública, así como la participación en la deliberación, determinan nuestra posibilidad de ser ciudadanos y ciudadanas en una comunidad y frente a una comunidad. La experiencia ateniense del espacio público en donde se completa y se realiza el pueblo en acto y el individuo frente a sus pares, convierte las instancias de conversación pública en centro de la práctica democrática8. Aquel sentido del diálogo se renueva cuando se plantea como condición para la democracia contemporánea. La deliberación como condición de legitimidad de las normas constitucionales le da un nuevo sentido tanto a la práctica de la deliberación, como al derecho. En efecto, la perspectiva de la democracia deliberativa hace de la existencia de condiciones y de la práctica de la deliberación, una condición de legitimidad y de interpretación de las normas. La discusión colectiva y la reflexión individual, sostuvo Carlos S. Nino, ofrecen, en la medida en que coexisten, confiabilidad suficiente para constituir la base de las normas, con sus principios morales y en una dialéctica entre limitación del poder y participación popular9. Dentro de esa misma tradición, Roberto Gargarella ha propuesto seis condiciones para que la práctica del diálogo tenga relevancia y sentido público como “conversación constitucional”: igualdad, inclusión, desacuerdo, deliberación, la discusión es sobre temas de interés público y se trata de un diálogo abierto, continuo e inacabado. En primer lugar, la igualdad remite a la horizontalidad, a la ausencia de una autoridad o de una jerarquía en el ejercicio del diálogo, en especial, a la falta de graduaciones morales entre los participantes. La inclusión por su parte es una condición que tiene que ver con la apertura a todos/as aquellos potencialmente afectados; es la posibilidad cierta de que puedan participar, que se pueda contar con cada punto de vista y que cada punto de vista sea valorado como imprescindible. El desacuerdo implica la diversidad que da sentido a cualquier deliberación; la existencia de opciones contrastantes sobre las que hay que tomar una decisión. En cuanto a la deliberación, entiende Gargarella que “involucre genuinamente un proceso de corrección mutua y de intercambio de argumentos”. Por último, el diálogo como un flujo constante, abierto e inacabado, supone que las sucesivas argumentaciones, conclusiones y las decisiones tomadas en el conjunto pueden volver a ser cuestionadas, revisadas y cambiadas.
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Nino, Carlos S. (1997), La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Buenos Aires. Gargarella, Roberto (2021), El derecho como una conversación entre iguales, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires.
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hay que tomar una decisión. En cuanto a la deliberación, entiende Gargarella que “involucre genuinamente un proceso de corrección mutua y de intercambio de argumentos”. Por último, el diálogo como un flujo constante, abierto e inacabado, supone que las sucesivas argumentaciones, conclusiones y las decisiones tomadas en el conjunto pueden volver a ser cuestionadas, revisadas y cambiadas.
Gargarella introduce también algunos conceptos de Bruce Ackerman acerca de los dos niveles en los que la conversación pública puede ocurrir. Uno, el de “política normal”, propio de la vida cotidiana y de cierta apatía por la política que deja en el centro de la escena a la política profesional y a sus reglas de juego, sin que las opciones en juego llamen la atención del resto de la ciudadanía. El otro, el “momento constitucional”, es aquel que llama a los ciudadanos y ciudadanas comunes a abandonar la apatía porque alguna crisis (económica, de legitimidad política, de cuestionamiento a los modos usuales de funcionamiento de la vida social) atraviesa los lazos y requiere de decisiones que den nuevo curso a la vida “normal”. Entonces, la ciudadanía deja de pasar de largo temas y problemas y se convoca a deliberar y a decidir. El hecho de crear oportunidades de participación y diálogo sobre los asuntos públicos es más parecido a la primera situación, aunque el desafío consiste en realizarlo en contextos “normales”. Es en esa tensión entre incentivos contradictorios que las experiencias de diálogo tienen el desafío de generar interés, continuidad e impacto. Tanto desde la filosofía política como desde el constitucionalismo encontramos que la deliberación, la posibilidad de formular y contestar discursos, en fin, el diálogo, constituye a la esfera pública, a los individuos que participan, y al suelo común en el que se pueden discutir principios morales y su aplicación normativa. Crear espacios seguros de conversación acerca de los asuntos públicos, entonces, tiene un rol clave para la democracia. Se trata de espacios en los que las reglas de juego permiten la libre expresión a la vez que garantizan el respeto a la diferencia, y están organizados de modo tal que conducen a algo más que a la realización del diálogo en cuanto a tal, que se orientan a la obtención de algún resultado normativo, de política pública, o de alguna otra instancia del mundo social. Se trata de afectar relaciones e instituciones sociales a través de procesos de cambio basados en el diálogo. De eso se tratan las experiencias que se describirán en la sección 3. Sin embargo, este tipo de experiencias parecen ir en contracorriente del espíritu de época. La polarización, la “armamentización” de la conversación pública, la “política de identidad”, son algunas de las principales amenazas para las prácticas democráticas. La amplificación de este fenómeno a través de y también gracias a las redes sociales digitales, y las tensiones entre el ejercicio de las libertades y las potenciales regulaciones, lo hacen aún más difícil. No se trata de condenar o de temer a las diferencias ideológicas profundas, ni a las posibilidades de coexistencia de visiones alejadas entre sí. El problema aparece cuando esas visiones contrastantes carecen de puentes y de canales de intercambio y cuando cada identidad ve a la otra como un enemigo y la política es solamente y no otra cosa que la continuación de la guerra por otros 10
medios. La confrontación, la diferencia, inclusive las metáforas bélicas, todas forman parte de la diversidad que las democracias deben contener. El problema aparece entonces, cuando ese es el único modo de vida político y se carece de dispositivos para encontrar las coincidencias, aunque sean ocasionales y aisladas, y para convivir con los disensos, para aplicar metáforas de construcción y no sólo las de guerra. La relación amigo-enemigo forma parte de toda política, también de la política democrática pluralista. Lo que la diferencia de esta última es la capacidad de convivir y de alternarse con otros modos de relación. En este sentido, elegir a los partidos políticos, a sus dirigentes y a sus estructuras organizativas como referentes para la constitución de experiencias de diálogo, resulta a la vez, apropiado y paradógico. Resulta apropiado porque los partidos políticos han constituido históricamente la posibilidad de expresar identidades diversas y de darles un cauce, dotarlas de capacidades para competir, para confrontar, para cooperar, para representar, para gobernar. La diversidad de partidos siempre fue una expresión de democracia pluralista. Al mismo tiempo, elegirlos resulta paradógico ya que su capacidad de representar, de reflejar segmentos de la opinión pública o de sectores de la sociedad y su credibilidad pública, se hallan en cuestión. De igual manera, la emergencia de liderazgos autocráticos y autoritarismos “clásicos”, también es una amenaza para los partidos que, en el mejor de los casos, se transforman en canales para la expresión de la opinión predominante y excluyente, que expulsan de la escena pública a la pluralidad política. Reivindicar a los partidos políticos como expresiones de la diversidad y de la tolerancia; acompañarlos en su capacidad de encontrar consensos y de convivir con los disensos; encontrar modos en que estas experiencias de deliberación tengan un impacto en el mundo de la vida, son todas acciones que colaboran con la protección de la democracia.
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3.Experiencias de colaboración multipartidista 3.1. Cooperación en la emergencia en Ciudad de México 11 La Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas (FEPESP) está conformada por un grupo de personas con experiencia técnica y política previa en el Partido de la Revolución Democrática mexicano. A partir de una serie de cambios en el comportamiento electoral del partido, estas personas decidieron dejar esa membresía y transformarse en un grupo independiente orientado a avanzar la agenda progresista a través del diálogo pluralista. Iran Moreno, líder de esa iniciativa, recuerda un primer intento de trabajo sobre las dificultades de diálogo pluripartidista dentro del arco ideológico de la centroizquierda. Con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, un conjunto de centros de pensamiento político de diversos países comenzaron la formación de una coalición internacional para trabajar conjuntamente en temas de políticas públicas a largo plazo. Sin embargo, los incentivos de los partidos para poner toda su energía en los ciclos electorales y la falta de continuidad de los directores de los centros de estudios conspiró contra su éxito. La FEPESP en los últimos tres años comenzó un trabajo de aglutinamiento y discusión de una agenda progresista al menos para aquellos sectores que se expresan como formaciones políticas de izquierda y de centroizquierda a nivel nacional y local, a través del Congreso Nacional y de los estatales. Los prejuicios y fricciones de la práctica política cotidiana, percibe Moreno, hacen difícil la construcción de consensos en temas en los que en realidad sí hay coincidencia ideológica, como cuestiones de género, salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. En esa dirección, el avance que realizó la FEPESP en CDMX (Ciudad de México), ha tenido un alcance más amplio que el de la centroizquierda a nivel local. La experiencia de trabajo pluralista e interpartidario se realizó en relación con el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19. Los estragos causados por la pandemia en el planeta, y en México en particular, produjeron la retracción y brusca la detención de la actividad económica; una suerte de confinamiento de hecho. El proceso para buscar soluciones implicó la articulación de dos secuencias de diálogo. Por una parte, el diálogo promovido entre sectores económicos afectados por la pandemia: comerciantes informales, pequeños y medianos empresarios gastronómicos, pero también negocios formales de mayor envergadura agrupados en cámaras empresariales. Posteriormente, el diálogo con los bloques legislativos del Congreso de CDMX que tuvo como insumo las iniciativas de la primera secuencia del diálogo.
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Entrevistas con Iran Moreno, director de la FEPESP, realizadas el 7 y el 14 de octubre de 2021.
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Hacia mayo de 2020, con los primeros efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la actividad económica, ya fuera por medidas sanitarias restrictivas de la actividad, por la disminución del turismo o por el enfriamiento de la economía global, la FEPESP convocó a una serie de ejercicios de diálogo y construcción de consensos para detectar problemáticas comunes a sectores económicos informales y formales; de esa deliberación surgieron algunos diagnósticos. Para conformar el grupo y establecer las posibles contradicciones y complementariedades de intereses, se realizó un mapa de actores. Así mismo, se realizaron reuniones con grupos y sectores de la actividad económica, en los que se establecieron sus agendas. En dicho contexto, era necesario lograr una mayor y mejor (más equitativa y transparente) distribución de apoyos económicos, pero también era necesario lograr confianza entre los propios actores participantes. En efecto, entre los comerciantes callejeros informales y los comerciantes y empresarios formales había un abismo. Los primeros se percibían como más débiles, presionados e intimidados; los otros sentían que era injusto poner en pie de igualdad a quienes pagan sus cargas fiscales con quienes aumentan su ganancia por vivir en la informalidad. Un resultado de la conversación fue la propuesta de una ley para formalizar a los comerciantes informales. De esta manera, ellos se registrarían y tributarían, a la vez que recibirían beneficios previsionales, sociales, sanitarios y de vivienda. Esa idea se plasmó en una primera propuesta de reforma normativa. En dicho contexto, era necesario lograr una mayor y mejor (más equitativa y transparente) distribución de apoyos económicos, pero también era necesario lograr confianza entre los propios actores participantes. En efecto, entre los comerciantes callejeros informales y los comerciantes y empresarios formales había un abismo. Los primeros se percibían como más débiles, presionados e intimidados; los otros sentían que era injusto poner en pie de igualdad a quienes pagan sus cargas fiscales con quienes aumentan su ganancia por vivir en la informalidad. Un resultado de la conversación fue la propuesta de una ley para formalizar a los comerciantes informales. De esta manera, ellos se registrarían y tributarían, a la vez que recibirían beneficios previsionales, sociales, sanitarios y de vivienda. Esa idea se plasmó en una primera propuesta de reforma normativa. A diferencia de otras actividades de diálogo interpartidario lideradas por FEPESP, que apuntaban hacia un intercambio dentro del arco de la centroizquierda y la izquierda, esta vez se vio la necesidad de impulsar un proyecto con el conjunto de las fuerzas políticas en su diversidad; un acuerdo alcanzado entre sectores económicos y sociales tendría mejor recepción en las diversas coaliciones sociales representadas por los distintos partidos políticos, que si se hubiera querido comprometer solamente al Ejecutivo local, identificado con ciertos sectores en particular. La composición de intereses lograda en el diálogo con los actores sociales podría reflejarse en un impulso conjunto de la pluralidad de partidos.
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El diagnóstico resultó correcto al menos en una primera instancia. El equipo de la FEPESP y los representantes de los sectores económicos realizaron tres reuniones con los coordinadores legislativos, en la última de las cuales se presentó el proyecto. A partir de allí comenzó un trabajo conjunto de construcción de consensos para perfeccionar el texto legislativo, que tomó los insumos de las discusiones plurales y se plasmó en acuerdos en una reunión posterior. También se realizaron dos reuniones con el Poder Ejecutivo de CDMX. El proceso quedó interrumpido momentáneamente por el proceso electoral de junio de 2021 y fue retomado con posterioridad. La reelección de algunos legisladores clave ayudó a dar continuidad al proceso y según informa Iran Moreno, la votación del proyecto de consenso se realizaría antes del final de octubre de 2021. En dichas circunstancias, algunos factores cobraron relevancia por su contribución al avance del proceso de construcción de consensos. En la primera secuencia, la que involucró a los sectores formales e informales de la economía, fue determinante la definición de una agenda concreta vinculada a necesidades urgentes, la cual abrazó la diversidad de posiciones y buscó “diagonales” que unieran los puntos de vista más distantes, con una metodología específica para fomentar la conversación. Este proceso de diálogo se permitió “desafiar” los prejuicios recíprocos arraigados en los distintos sectores y transformarlos en objeto de política pública. En efecto, una política que equilibre las asimetrías de beneficios y de cargas de los sectores informales y formales logró presentar al conjunto el umbral de interés común. De la misma manera, una visión amplia del campo político, de la economía de intereses entramada entre las representaciones gremiales empresarias formales e informales y las afinidades de los partidos políticos permitió ofrecerles a estos últimos la oportunidad de una ganancia política más parecida a un bien público que a un juego de suma cero. El acuerdo de actores previo y la inclusividad de la convocatoria política hicieron del proyecto de ley un bien público en dos sentidos: para los actores sociales, que contribuyen en esfuerzos y beneficios, pero también para los partidos políticos, que comprometieron sus esfuerzos y capital para el éxito del proyecto y también cosecharán ganancias políticas.
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3.2.Una agenda vacante en todo el arco político: El caso de la mesa multipartidista de agenda afrodescendiente en Colombia12 En la experiencia de Viviana Chara, la evidencia de la falta de conocimiento y empatía de los partidos políticos con la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes fue una constante que impulsó el entendimiento mutuo de los participantes. Si bien inicialmente fue convocada en su calidad de trabajadora social por el Partido Conservador para colaborar en una agenda vinculada a la propiedad de la tierra en la región del Chocó, a partir de ese trabajo técnico-político se fue vinculando con el partido y finalmente desde 2017 es la primera titular de la Secretaría de Etnias Afrodescendientes de esa organización. El Partido Conservador es frecuentemente considerado lejano a la agenda de las etnias originarias y afro de Colombia. Inclusive, parte de la discusión ha sido hasta qué punto es un segmento de la población al que pueda aspirar a seducir en el corto plazo. Sin embargo, no parece ser una excepción en el arco político colombiano la cuestión de la ajenidad respecto de la agenda étnica, incluidos también partidos de izquierda, que suelen ser asociados más fácilmente a estos temas. La falta de comprensión sobre la cultura y estructuras sociales de las comunidades afrodescendientes; la ausencia de líderes de esas comunidades en las estructuras partidarias; la muy baja participación como candidatos y, por lo tanto, como legisladores, a pesar de algunos matices, es una realidad común de todos los partidos “tradicionales”. Esa fue la principal motivación para reunir una mesa multipartidista, y para empujarla en su avance hacia pronunciamientos y propuestas concretas. Con dicha motivación, desde hace casi dos años se reúne virtualmente un grupo de representantes de las diversas áreas étnicas de diez partidos políticos. Juntos encontraron que, de derecha a izquierda, hay una empinada curva de aprendizaje por subir en cada partido político en relación con la comprensión de las asimetrías socioeconómicas que afectan a los afrodescendientes en todo el país. Asimismo, coincidieron en la necesidad de construir una agenda de reivindicaciones, pero también de políticas específicas para realizar, la cual esté más allá de la cuestión de las necesidades y derechos de las poblaciones desplazadas. En efecto, otro de los problemas que coincidieron en detectar fue la reducción de la agenda afro a la de los desplazados y la necesidad de constituir un trabajo autónomo de fortalecimiento de derechos. Con dicha motivación, desde hace casi dos años se reúne virtualmente un grupo de representantes de las diversas áreas étnicas de diez partidos políticos. Juntos encontraron que, de derecha a izquierda, hay una empinada curva de aprendizaje En base a una entrevista realizada con Viviana Chara, Secretaria de Etnias del Partido Conservador, el 13 de octubre de 2021 y los documentos de la Mesa
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por subir en cada partido político en relación con la comprensión de las asimetrías socioeconómicas que afectan a los afrodescendientes en todo el país. Asimismo, coincidieron en la necesidad de construir una agenda de reivindicaciones, pero también de políticas específicas para realizar, la cual esté más allá de la cuestión de las necesidades y derechos de las poblaciones desplazadas. En efecto, otro de los problemas que coincidieron en detectar fue la reducción de la agenda afro a la de los desplazados y la necesidad de constituir un trabajo autónomo de fortalecimiento de derechos. La construcción de confianza a través de los problemas y experiencias comunes; el foco en los asuntos de fondo compartidos y el acompañamiento del NDI, especialmente en la redacción de los contenidos de los documentos y pronunciamientos, formaron la base de la afinidad operativa lograda entre los miembros. Además, resultó clave pulir las propuestas y las ideas de modo tal de conformar un patrimonio común. De esa manera, se redujo y se volvió manejable la brecha que podría haber existido entre la agenda de derechos y las posiciones políticas. Sin embargo, el grupo tiene la convicción de que si bien encontrar coincidencias y pasarlas a un documento común fue un proceso que requirió esfuerzo y habilidades de construcción de consensos, el mayor desafío está al “darse vuelta” y volver con las propuestas a los partidos políticos. El avance del reconocimiento del lugar de la población afrodescendiente en la conducción partidaria y en los cargos electivos es el objetivo clave. El ejercicio de búsqueda de afinidades y reivindicaciones comunes, así como el ámbito de discusión como “espacio de desahogo”, fueron pasos estratégicos para avanzar. Sin la convocatoria inicial del NDI y sus aportes técnicos profesionales para la redacción y la facilitación, este colectivo no se hubiese formado. El resultado de este diálogo es una clara hoja de ruta acerca de las reformas necesarias para que los partidos tradicionales de Colombia incorporen institucionalmente políticas de impacto en la población negra, raizal, afrocolombiana y palenquera. Algunos de los hitos propuestos en los documentos tienen que ver con financiamiento político orientado a fortalecer las actividades de capacitación para y sobre esta población; programas partidarios resultado de ejercicios participativos y contenidos proporcionados por estas poblaciones como sujetos de derechos; la participación política y protección frente a la violencia contra las mujeres afrodescendientes y la adopción de buenas prácticas contra el racismo en las estructuras partidarias. La convocatoria y el apoyo técnico-profesional para la facilitación del diálogo y la redacción de documentos por parte del NDI, el proceso de construcción de confianza superando las diferencias en un momento de aguda polarización, el foco en los problemas comunes, por encima de los intereses partidarios, son algunos de los elementos clave de esta experiencia en la que la redacción de propuestas ha sido un ejercicio esencial para delimitar los denominadores comunes y establecer metas. El gran desafío que está en el horizonte es conocer cuál es la medida en la que cada representante de secretarías étnicas o instancias partidarias similares es capaz de avanzar esta agenda en cada partido, a la vez que la capacidad del grupo interpartidista de acompañar, ya no un ejercicio de ideación, sino de implementación. ¿Será capaz el colectivo multipartidista de generar sinergias que impacten en cada partido? ¿Cómo mantener las estrategias de incidencia, que inevitablemente producirán tensiones en cada partido, en un carril constructivo, coordinado y al margen de las tensiones y competencias entre partidos?
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3.3.Un colectivo en acción; el caso de la mesa multipartidista LGTBIQ++.
En este caso, la perspectiva del entrevistado parte de su membresía en la izquierda colombiana, en momentos en que el avance de gobiernos regionales de izquierda se ha visto acompañado por la formación de instancias LGTBIQ++ en los partidos. En ese contexto, a medida que los partidos de izquierda han recuperando su personería, también han tenido el desafío de mostrar que los antecedentes autoritarios y homofóbicos de la izquierda han sido superados. Así fue que comenzaron a constituirse espacios de conducción para minorías sexuales en las juntas partidarias de nivel nacional, regional y departamental. En ese entorno, las sucesivas formaciones de coaliciones de izquierda y de centroizquierda van encontrando a los distintos partidos dedicados a la misma tarea de construcción institucional de las instancias de conducción partidaria con diversidad. En todo ese proceso, el colectivo León Zuleta resultó clave para convocar a los referentes de minorías sexuales en cada configuración política. Allí, los liderazgos de estas minorías fueron logrando espacios en la conducción y capacitación de programas políticos. Asimismo, la agenda legislativa fue dando lugar a múltiples reivindicaciones de las minorías sexuales, de género y otros afines: Matrimonio igualitario, adopción igualitaria, aborto. Sin embargo, todos los avances en estos campos han encontrado bloqueos sistemáticos de partidos de derecha que rechazan sin matices las propuestas. De acuerdo con lo anterior, para el colectivo resultaba clara, entonces, la necesidad de potenciar las capacidades políticas para avanzar las agendas. Desde 2019, con el apoyo de NDI, se realizaron al menos 10 reuniones de representantes de un amplio abanico de partidos, desde la izquierda a la centroderecha. Gracias al apoyo externo, fue posible apegarse a una metodología de diálogo y de redacción de documentos que facilitó llegar a conclusiones en común, más allá de la diversidad partidista. El proceso de establecimiento de lazos de cooperación y construcción de confianza no sólo tenía por delante la cuestión de las diferencias partidistas y la competencia electoral en el horizonte; también debía evitar la idea de que se estaba formando un partido LGTBIQ++, pues los partidos de derecha habían hecho durante las campañas del plebiscito de los acuerdos de paz de la cuestión de las minorías sexuales, un eje de estrategia discursiva. 13
Entrevistado: Nehemías Gómez, Partido Comunista de Colombia, 11 de octubre de 2021.
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La campaña del “no” creó la expresión “rayo homosexualizador” , pregonando que los acuerdos de paz involucraban la introducción de la “ideología de género” en la educación y, por lo tanto, de la promoción de la homosexualidad en los niños. Según sostiene Gómez, esa fantasía paranoica tuvo impacto en los resultados. En consecuencia, parte de la tarea del colectivo en la mesa multipartidista tuvo que ver con volver a incluir en la agenda pública el tema, sin generar el tipo de reacción que aquella campaña en contra había logrado. El trabajo común, el respeto de las identidades partidarias, y el conocimiento previo entre los miembros permitió lograr entendimiento, empatía, y coordinar estrategias. Asimismo, la experiencia de la reacción conservadora basada en la campaña homofóbica mencionada, dio una motivación en común para contrarrestar ese discurso persecutorio. En ese sentido, para el entrevistado, el logro más considerable ha sido haber reunido a los secretarios políticos de todos los partidos integrantes para discutir y formar consensos sobre la inclusión y la diversidad en las estructuras partidarias.
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Ver https://www.lanacion.com.co/un-lustro-de-mentiras/
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3.4.¿Es posible el diálogo a largo plazo? El caso de Dialogando Buenos Aires y los centros de pensamiento independientes y partidarios. Dialogando BA es un programa creado en 2016 en la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un programa de participación ciudadana y construcción de consensos, segmentado generalmente hacia actores clave organizados, líderes y activistas de las diversas comunidades de políticas públicas afectadas por las agendas que selecciona e impulsa. En efecto, Dialogando BA es una herramienta que, a demanda, toma diversos temas de política pública para someterlos a un proceso de discusión constructiva con los actores clave afectados, con miras a compartir información, construir consensos y encauzar disensos. La secuencia de trabajo de Dialogando BA responde a un formato que se diseñó en su inicio y que fue monitoreado, evaluado y modificado metodológicamente a lo largo de cinco años. La base de la metodología consiste en: 1- Definición del tema de agenda de política pública, su impacto y el tipo de problema que involucra en la conversación pública. 2- Elaboración del mapa de actores clave. 3- Vinculación con actores clave. 4- Organización de un evento que incluye al menos un panel experto y trabajo en formato taller con la audiencia. 5- Circulación y validación de minutas del encuentro. 6- Producción de documentos conceptuales sobre el impacto del trabajo en (4) procesos de toma de decisiones. Los temas iniciales fueron de índole institucional, y propios de la subsecretaría en la que el programa estaba alojado. La reforma de la ley de acceso a la información pública de la Ciudad de Buenos Aires y la redacción de un Código Electoral, fueron las dos primeras misiones para el uso de esta herramienta. En ambos casos se trataba de temas que hacen a instituciones democráticas y derechos humanos: el voto y la información pública.
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En el caso de la legislación electoral, estaban en juego temas de controversia política y técnica, tales como la organización institucional de la autoridad electoral y el uso de tecnologías para la emisión del voto. En el primer tema, la tensión podía darse con la oposición y una eventual disputa por la imparcialidad del esquema institucional de administración y vigilancia sobre los procesos electorales. En el segundo tema, una controversia acerca del uso de tecnología en la emisión del voto estaba ocurriendo a nivel nacional, comenzaba a reflejarse en el nivel local y enfrentaba a diversos miembros de la comunidad: expertos electorales, expertos informáticos, dirigentes políticos, entre otros. En el caso de la norma de acceso a la información, en la conversación pública, se ponía en juego la credibilidad del gobierno de la Ciudad acerca de su voluntad de abrir la administración y de ser transparente. Cualquier modificación que transmitiera la más mínima ambigüedad podía ser interpretada como un intento de reducir la accesibilidad de la información. En vista de los desafíos involucrados por ambos proyectos, ensanchar la base de legitimidad resultaba una necesidad vital. En la medida en que se trataba de normas relacionadas con la confianza de los partidos y de los ciudadanos en las instituciones de gobierno, era fundamental incluir tanta diversidad política y técnica como fuera posible. Así fue que representantes de organizaciones de la sociedad civil, usuarios frecuentes de la ley de acceso a la información, líderes legislativos del oficialismo y de la oposición, expertos informáticos favorables y opuestos al uso de tecnología en la emisión del voto fueron parte de los páneles y de las mesas de trabajo. Los niveles de consenso alcanzados fueron tales que los proyectos de ley que surgieron a partir de los insumos del diálogo se aprobaron con amplias mayorías, de 2/3 de la legislatura local en el caso de la norma electoral. A partir de allí, Dialogando BA logró una fluida interlocución con los partidos políticos, que le permitió contar con representantes de la oposición en sus más de (agregar cifra) talleres, en los que se desarrollaron más de 20 temas de políticas públicas y se realizaron más de 50 reuniones de trabajo. Durante los siguientes años se desarrollaron algunos temas que fueron de especial impacto en los partidos políticos. Uno de ellos fue “Ciudad limpia, campaña responsable”, que permitió generar consensos e incentivos para reducir el vandalismo del espacio público en la campaña electoral. Este ciclo tuvo tres ediciones correspondientes a las elecciones de 2017, 2019 y 2021 y logró la firma de un acuerdo entre los partidos y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo de ese período se logró una reducción del daño a la propiedad pública y a la propiedad privada mayor al 90%. En el 2020 el equipo realizó una reflexión estratégica acerca de cómo aumentar su contribución a una mejor conversación social. Un contexto de alta polarización política, de discurso público antagónico y descalificante entre los interlocutores era el principal dato de contexto para cualquier iniciativa que se tomara. Una de las principales dificultades en un contexto de este tipo está en la imposibilidad de debatir -mucho menos, consensuar- políticas públicas de mediano y de largo plazo.
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En ese proceso, se llegó a una conclusión preliminar: era necesario identificar actores clave que, a la vez, representaran a los distintos sectores políticos y no estuvieran constreñidos por el antagonismo que determina el modo de desarrollo de la conversación pública. Así, los centrosde pensamiento partidistas aparecieron como posibles jugadores de un diálogo que, simultáneamente, podía involucrar a la política partidaria sin estar atados a las limitaciones de la coyuntura y con un mandato para pensar el largo plazo. Teniendo en cuenta lo concluido, se convocó a un conjunto de centros de estudios partidistas para realizar un evento de discusión pública sobre la posibilidad de generar hojas de ruta, temarios, agendas, para acuerdos de largo plazo. Participaron de la organización del evento virtual realizado en noviembre de 2020 seis centros de pensamiento pertenecientes a tres partidos de la coalición gobernante en la Ciudad (y de la oposición nacional), y tres partidos que no forman parte de esa coalición (dos de los cuales están en la oposición y uno que representa al partido de gobierno a nivel nacional, fuertemente enfrentado a la coalición que gobierna la Ciudad). Además, se sumaron tres organizaciones independientes, aunque una de ellas es presidida por el actual embajador de Argentina en Estados Unidos. En desarrollo del evento, del que participaron referentes de todas las fundaciones, se destacó la necesidad de construir canales de comunicación y de confianza para establecer agendas temáticas comunes, surgió una diversidad de temas: el futuro del trabajo, el ambiente, la calidad institucional, la educación, entre otros. A partir de la discusión generada en el evento público, se determinó la necesidad de definir una agenda de temas de interés común con el objetivo de construir una hoja de ruta para una discusión a largo plazo. Con esta propuesta se convocó al grupo de fundaciones en 2021. De esa manera, durante una serie de reuniones virtuales se llegó a la conclusión de que dos temas en particular eran en los que coincidía el interés de todos: el futuro del trabajo y el ambiente. Se formaron así dos grupos correspondientes a cada tema con representantes de todas las fundaciones en ambos. A partir de entonces comenzaron reuniones separadas. El grupo sobre ambiente determinó dos temas más específicos de interés común, muy distintos entre sí. Uno, la cuestión del acceso al agua, el otro, la protección de la biodiversidad. El grupo de futuro del trabajo especificó su interés en la formación laboral. En ambos grupos se comenzó un proceso de trabajo para construir una hoja de ruta temática común en cada tema y sub tema.
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La propuesta metodológica consistió en pedirles a los participantes que imaginaran una situación futura en la que los partidos políticos decidían reunirse y acordar políticas en común sobre temas estratégicos. ¿Cuál debía ser la hoja de ruta y los temas clave, en cada uno de los tres temas de interés común? A partir de una serie de ítems específicos que se acordaron como clave en cada caso, se le solicitó a cada fundación que eligiera uno de ellos y fundamentara por escrito el por qué de su relevancia para una agenda de construcción de consensos. Con base en esos documentos, el equipo de Dialogando BA elaboraría la hoja de ruta de cada uno de los temas. Fue el tema de formación laboral para el futuro del trabajo en el que se realizó el ciclo completo, incluyendo la elaboración del documento final. Una vez concluido el proceso, se convocó a un nuevo evento público virtual, que tuvo como panelistas a un experto vinculado al sindicalismo obrero y al partido de gobierno a nivel nacional, a una economista vinculada al centro de pensamiento del partido de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, a una ex ministra provincial y directora de un centro de pensamiento de un partido de oposición a nivel nacional y al representante de uno de los think tanks independientes. Durante el encuentro se avanzó en la elaboración de la agenda común, teniendo en cuenta desafíos estructurales y problemas surgidos de la pandemia. Entre los primeros, se destacaron los problemas de coordinación entre agencias de gobierno a nivel nacional, entre los niveles de gobierno mismos y entre los sectores de la producción y del trabajo. En todos los casos, se trató de agendas que requieren la profundización de los consensos y el diseño de mecanismos para compartir información, evitar superposiciones y potenciar capacidades.
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3.5. “Las Sororas”: un caucus feminista por la legalización del aborto15 En 2018 ocurrió algo inédito en la historia legislativa argentina. Por primera vez se lograban las mayorías necesarias para que un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tuviera tratamiento en las comisiones del Congreso. El proyecto de ley había sido presentado cada año desde el 2000 por la Campaña por el Aborto Legal, una coalición feminista de Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones de investigación académica, intelectuales y activistas. Una señal de “no objeción” del presidente Macri permitió que la primera minoría, que era el oficialismo, diera vía libre al debate en las Comisiones de Salud, de Familia, de Presupuesto y de Legislación General de la Cámara de Diputados. A partir de allí, comenzó un largo debate en comisiones durante los meses de abril y mayo. Esas comisiones se constituyeron en un plenario conjunto e invitaron, a sugerencia de los distintos sectores, a expertos en salud, biología, derecho, género y a activistas de la causa de la prohibición y de la legalización a que expusieran argumentos ante el conjunto de las comisiones. La posición favorable a la legalización logró dictamen y dos semanas más tarde se trataría en el recinto de la Cámara. Allí, obtuvo una mayoría cómoda y pasó al Senado. En el Senado, sin embargo, el resultado se revirtió y el proyecto no fue aprobado. Pasaron dos años hasta que otro presidente, Alberto Fernández, de otro signo político, envió un nuevo proyecto de ley que logró ser aprobado por ambas cámaras y se convirtió en ley la república. Una profunda transformación cultural se hizo visible en ese bienio. Desde el comienzo de las exposiciones de disertantes invitados al plenario de comisiones en 2018, el movimiento feminista en todas sus vertientes ideológicas se volvió protagonista del debate público y también de la presencia en el espacio público. En efecto, la presencia de las activistas de pañuelos verdes (las y los activistas pro legalización se identificaban por el uso de pañuelos verdes, mientras que los que se oponían, con pañuelos celestes) durante las audiencias, en el plenario de comisiones y en las vigilias masivas de las partidarias de la legalización, hicieron de las mujeres y especialmente de las mujeres jóvenes, protagonistas de la escena política. Esta presencia había hecho su irrupción en 2014 con las manifestaciones contra la violencia de género conocidas como “Ni una menos”. Esta vez, habían logrado elevar la voz por una reivindicación que hasta entonces había sido coordinada inclusive por presidentes auto percibidos como “progresistas”, como la presidenta Cristina Fernández. En ese contexto, se formó un grupo multipartidario de diputadas favorables a la legalización, “Las Sororas”. Esta iniciativa comenzó al coincidir un grupo de once diputadas mujeres y un varón, pertenecientes al entonces bloque oficialista y a diversos partidos de oposición peronista y de izquierda, en las reuniones plenarias de comisiones y, en ese contexto, al comenzar a coordinar actividades. Estas reuniones duraban hasta diez horas, se transmitían en tiempo real, y en ellas desfilaban ponentes convocados por ambos “bandos”. Fuentes: Entrevista con la diputada Karina Banfi (24/10/2021) y artículos periodísticos. Ver https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55482291, https://latfem.org/aborto-cronologia-de-una-ley-empujada-por-el-feminismo/,
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Las legisladoras, que en algunos casos tenían antecedentes de haber sido extremadamente agresivas por sus diferencias políticas en la descalificación de otras con las que ahora coincidían en este tema, comenzaron a acercarse y a generar una coordinación espontánea para formular preguntas a los ponentes contrarios al proyecto, para apoyar a los favorables, y para confeccionar la lista de invitados. Esa tarea era clave porque, con la transmisión en vivo se generó una reacción en redes sociales que comentaba permanentemente lo que ocurría en las audiencias. A partir de ese momento se puso en funcionamiento un grupo de WhatsApp con ese nombre, que tenía el objetivo de intercambiar información. Con posterioridad, se comenzó a buscar una mayor coordinación y el objetivo se volvió más ambicioso: lograr juntos la mayoría necesaria para la aprobación de la ley, al menos, en la Cámara de Diputados. Para eso llevaban juntas planillas de cálculo con la evolución de las posiciones de todos los legisladores, sus antecedentes y tendencias en el tema. Asimismo, planificaban visitas de activistas según el tipo de afinidad con los legisladores indecisos a los que había que convencer. Había grupos de activistas feministas de larga trayectoria, pero también actrices, periodistas y artistas que, según los intereses y perfiles de los legisladores, podían tener mejor recepción. Esa tarea de inteligencia hacia el interior de cada uno de los bloques la realizaron “Las Sororas”. Otro rol clave en el que la coordinación multipartidaria resultó decisiva, fue la simultánea negociación con los indecisos y la interlocución con la sociedad civil. Había discusiones y modificaciones producto de las negociaciones que imponían los indecisos que impactaban en el texto del proyecto. Temas como la cantidad de semanas de embarazo admitidas para el aborto legal y la extensión del concepto de objeción de conciencia para los profesionales de la salud, por ejemplo, eran objeto de conversación y negociación. Esto también generaba reacciones del lado de la sociedad civil que impulsaba el proyecto. Lograr un acuerdo político con legisladores que no provocara una ruptura con las activistas era un equilibrio complejo. Negociar, hacer circular la información, moderar las expectativas, eran funciones clave en las que la multiplicidad partidaria ofrecía el desafío de ecualizar los intereses y la ventaja de potenciar la capacidad de interlocución con diversos sectores. Luego de un debate de casi 24 horas, la Cámara de Diputados logró una mayoría favorable al proyecto de legalización, con una multitud congregada en la plaza frente al Congreso Nacional Argentino. Esa multitud estaba dividida entre “verdes” y “celestes, pero con una amplia mayoría de los primeros, especialmente de las jóvenes. “Las sororas” se hicieron presentes ante la multitud, algo poco común en un país con alta polarización política. Con 129 votos a favor y 127 en contra, el proyecto recibió media sanción sin ausentes, algo excepcional. Para la aprobación en el Senado, el grupo siguió una metodología similar en el seguimiento y convencimiento de legislador por legislador, con cada miembro del grupo trabajando sobre su propio partido y compartiendo información con las demás. El hecho de un grupo de diputadas cabildeando sobre los senadores era también extremadamente inusual, ya que en la tradición parlamentaria argentina
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hay una clara división y los miembros de una cámara no se meten en los asuntos de la otra. Sin llegar a constituir un grupo de senadoras similar, lograron establecer interlocución con las senadoras verdes, e incluso con sectores indecisos con potencial de votar a favor. Sin embargo, en aquella ocasión, y a pesar del esfuerzo conjunto, el Senado rechazó el proyecto por 38 votos contra 31 y una abstención, de nuevo sin ausentes en el recinto. Dos años más tarde, luego de un recambio legislativo y bajo una nueva presidencia, el Poder Ejecutivo envió un nuevo proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Durante 2020, debido a la pandemia de COVID-19 y a las medidas de confinamiento, el funcionamiento del Congreso había sido complejo, durante varios meses en suspenso y luego con uso de tecnologías digitales. En esas circunstancias, el modo de funcionamiento del congreso en situación de cuarentena había sido un campo de batalla entre el nuevo oficialismo y la nueva oposición. Sin embargo “Las Sororas” volvieron a funcionar en equipo. Para esa ocasión, el grupo se había reducido a la mitad, ya que con la renovación de la Cámara varias diputadas no habían renovado sus bancas. Este grupo, sin embargo, volvió a encarar la tarea con el mismo entusiasmo, a pesar de haber pasado por una muy dura campaña presidencial en 2019 que había polarizado fuertemente a la sociedad argentina. Sin embargo, a pesar de las diferencias partidarias agudizadas, la afinidad en esta agenda se mantuvo fuerte. Nuevamente realizaron la tarea de convencimiento interno, coordinación de visitas de cabildeo por parte de intelectuales, artistas, periodistas y activistas, así como también la acción sobre los medios de comunicación, logrando nuevamente la aprobación en la Cámara de Diputados. Ampliando el margen, por 131 votos a favor y 117 en contra, “Las Sororas” lograban otra vez triunfar en su Cámara el 12 de diciembre de 2020. Quedaba por delante nuevamente el Senado en el que se había fracasado dos años y medio antes. Debido a que la representación en el Senado es de tres legisladores por provincia, sin relación con la población (a diferencia de la Cámara de Diputados), existe una representación mayor de las provincias con menor población, que es en donde los sectores conservadores contrarios a la legalización ponían en práctica con frecuencia técnicas de estigmatización y de bochorno público contra quienes osaran dudar de su voto, y por lo tanto, los condicionamientos eran mayores. A su vez, la presidencia del Senado, en manos de la actual vicepresidente Cristina Fernández, figura polarizante en Argentina, hacía aún más difícil la búsqueda de acuerdos y mucho menos de coordinación en esa Cámara. El trabajo de puesta en común del grupo multipartidario era entonces, aún más importante. La extrema dificultad de comunicación entre los verdes de uno y otro lado en el Senado fue mitigada gracias a la acción de circulación de información y complementación que realizaron las diputadas, dando seguimiento al estado de ánimo de los indecisos y facilitando las tareas de cabildeo de la sociedad civil. Finalmente, el 29 de diciembre de 2020 se legalizó el aborto en Argentina, con una mayoría de 38 votos contra 29.
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4. Conclusiones y propuestas: 4.1. Un acercamiento a las experiencias: Dos años más tarde, luego de un recambio legislativo y bajo una nueva presidencia, el Poder Ejecutivo envió un nuevo proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Durante 2020, debido a la pandemia de COVID-19 y a las medidas de confinamiento, el funcionamiento del Congreso había sido complejo, durante varios meses en suspenso y luego con uso de tecnologías digitales. En esas circunstancias, el modo de funcionamiento del congreso en situación de cuarentena había sido un campo de batalla entre el nuevo oficialismo y la nueva oposición.
4.2. Identidades: diversidad y tensiones En todos los casos reseñados encontramos que el eje es la diversidad de partidos y, por lo tanto, de expresiones ideológicas. En todos los casos la amplitud es significativa y muestra una apertura importante en la convocatoria y en la aceptación recíproca de las diferencias; esa amplitud encontró algunos límites en ciertos casos. Por ejemplo, en el caso colombiano de la Mesa Multipartidaria LGTBI hubo partidos de la coalición oficialista que no sólo no se sumaron, sino que tuvieron posiciones de total rechazo a esa agenda. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, las expresiones más radicalizadas del oficialismo tampoco fueron parte de la iniciativa pluralista. En este caso, la radicalización del discurso y la estrategia de confrontación de este sector político hacía que su potencial inclusión tuviera más oportunidades de resultar disruptiva que de aportar a la construcción de un diálogo, aún en la diferencia. El patrón común en estos dos casos es que hay sectores que por su propia definición ideológica y por sus estrategias de construcción de identidad reducen las posibilidades de participación en experiencias de este tipo. En el caso colombiano, la agenda anti-LGBTI había definido la identidad y el discurso de los principales partidos de la coalición gobernante y, por lo tanto, estaban construidos por oposición a la propuesta. En el caso argentino, una estrategia de polarización permanente y una estrategia “amigo-enemigo”, más allá de las posibles diferencias ideológicas, hacían de la participación de ese sector clave del oficialismo nacional un actor no sólo poco interesado en la participación, sino potencialmente contrario a ella. En síntesis, podemos encontrar actores cuya auto-definición anticipe la imposibilidad de su participación. Como se puede apreciar, la convivencia y la capacidad de generar sinergias dentro de la diversidad es el nudo de las experiencias descritas aquí. En todos lo casos, la aceptación de la diferencia es el primer paso para el avance del proyecto. En algunos, es necesario ahuyentar algunos fantasmas más específicos. En la mesa colombiana LGBTI, era necesario ahuyentar la idea de estar creando un “partido gay”, y por el contrario, construir la idea de impacto en cada uno de los partidos. Este último punto es compartido por la otra experiencia colombiana, la de la Mesa Afrodescendiente. En efecto, en ambos casos de lo que se trata no es -al menos,
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no principalmente- de hacer lobby en favor de una agenda común y general, sino de lograr el avance del reconocimiento de minorías en las distintas estructuras partidarias representadas. En este caso, sin embargo, se presentó el contraste entre una amplitud mayor que en el primer caso -al menos un partido de la coalición de gobierno forma parte en la Mesa Afrodescendiente- y la necesidad de construir confianza y credibilidad para los partidos más “a la derecha”. En el caso mexicano, los promotores de la sinergia entre los distintos bloques legislativos locales de CDMX tuvieron la lucidez de explotar las diferencias en favor de los acuerdos. En efecto, los diferentes sectores económicos afines a los distintos partidos del arco de derecha a izquierda lograron ser representados y complementados en una agenda que transformó la competencia entre “los formales” y “los informales” en un proyecto legislativo que ecualizaba sus asimetrías. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, un componente clave fue el interés común en demostrar que era posible construir una agenda más allá de la polarización. Una década y media de política polarizada ha generado, al menos en una parte muy importante del arco político, la necesidad de encontrar puntos de contacto, aunque sea como mínimo, metodológicos: demostrar que es posible construir en la diferencia, al menos la capacidad de diálogo, mucho antes de llegar a imaginar ningún consenso sustantivo. El caso de “Las Sororas”, por el contrario, logró contener en su seno a una diversidad mayor del arco político, ya que sectores de la entonces oposición peronista más dura y de la izquierda trotskista convivieron con los sectores de centro izquierda y centro derecha aglutinados en torno del entonces oficialismo del presidente Macri. Este grupo, que coordinó acciones, se presentó públicamente como un grupo, y sostuvo su misión durante los dos años que transcurrieron entre el primer y el segundo debate legislativo, contenía una diversidad inimaginable en cualquier otra agenda. Posiblemente el compromiso personal de cada integrante con la legalización del aborto y la agenda feminista en general, logró un común denominador lo suficientemente cohesivo. También la amplitud y la diversidad hacia adentro de cada una de las dos coaliciones permitieron encontrar esa afinidad entre legisladoras más cercana en esta dimensión de política pública.
4.3. Objetivos comunes Descubrir y construir objetivos comunes constituyen ejes de cohesión de las experiencias colectivas pluralistas. La certeza de la existencia de un objetivo común postergado, especialmente en el caso de minorías y grupos desaventajados, se presenta con mayor evidencia con una historia que da más claridad a la agenda común, pero que también plantea el desafío de armonizar una agenda que contenga a todos los participantes sin transformarse en un arma para atacar a los oficialismos. Las agendas de los grupos desaventajados pueden plantear reivindicaciones que tienen costos económicos o políticos para los gobiernos. En casos como los de 27
minorías raciales, sexuales y de género, por ejemplo, si los grupos multipartidarios plantean agendas muy confrontativas o demandas de alto costo, pueden resultar en la “armamentización” de la experiencia en contra del gobierno y, por lo tanto, dificultar la participación de los partidos oficialistas. Inclusive si las demandas no llegaran a ser tan costosas, la falla del gobierno estaría en cumplir lo que podría considerarse como “mínimos” en el avance de la agenda. En ese caso, también habría una situación compleja para los participantes oficialistas, ya que la falla del gobierno los deja expuestos frente a sus interlocutores, y las críticas de estos al gobierno los expone frente a sus partidos. Estas mismas condiciones pueden ser manipuladas por los representantes de la oposición para generar un costo al oficialismo, maximizando sus demandas para encontrar el punto de no-cooperación. Las consecuencias son las mismas que se plantearon más arriba: puede terminar con la cohesión del grupo por la confrontación entre oficialistas y opositores. Cuando las agendas de los grupos pluralistas no responden a historias de reivindicaciones de minorías previamente identificadas como tales, la labor de definir el contenido del trabajo en común es una tarea en sí misma. En el caso “chilango”, FESPEP tenía como meta inicial contribuir a mejorar la situación de un sector (el comercio informal callejero) y para ello trabajó en la discusión de intereses contrapuestos con otros sectores (especialmente el comercio formal y las grandes empresas minoristas). De esa discusión resultó un proyecto legislativo tendiente a la inclusión social, pero también a la compensación de asimetrías entre todos los sectores. Fue la claridad del beneficio para todos los sectores lo que permitió una cooperación interpartidaria, ya que cada partido, al contribuir a la redacción y favorecer la aprobación, tenía la posibilidad de recoger ganancias políticas frente a sus votantes y frente al público general. En el caso porteño, fue la voluntad de cooperar la que antecedió a la definición de objetivos. Fue la idea de que los centros de estudios y pensamiento políticos tenían un rol que cumplir en la mejora de la conversación pública la que condujo al colectivo hacia temas de interés común y a un trabajo colectivo de elaboración conceptual, una serie de mapas conceptuales para futuros acuerdos, pero también una conexión en red inédita, que demostró capacidad de generar resultados que podría diversificarse a otros temas y aspirar a mayor influencia en el futuro. Si en algún momento hubiera convocatorias de alto nivel, los centros de pensamiento demostraron su conectividad y una capacidad aplicable a otros campos. El convencimiento del objetivo inicial y la elaboración conjunta de objetivos en campos temáticos específicos generó incentivos para que el número de miembros del grupo se mantuviera estable y se ampliara con el tiempo. Vale la pena recordar que estos incentivos generaron la suficiente atracción como para lograr mantener viva la conversación aún en un período de campaña electoral legislativa de medio término. En ninguno de los casos la proposición de objetivos fue espontánea ni obvia. En todos requirió de dedicación específica, de liderazgos y, en la mayoría de los casos, 28
de algún tipo de metodología. Si el objetivo común es lo que puede dar sustento a los incentivos para cooperar y neutralizar los incentivos a competir, a romper, y -en ámbitos polarizados- a desconocer y descalificar al otro, entonces es necesario darle un espacio y un tiempo propios en la actividad común. Por lo tanto, la credibilidad de dicho objetivo común es un insumo fundamental para construir la confianza en que cada miembro tiene verdaderamente un interés común, distinto del particular.
4.4. Membresías, coordinación y liderazgo La composición de los grupos multipartidarios varió, así como también los roles de liderazgo, convocatoria y coordinación. En los dos casos colombianos, fueron funcionarios de partidos, personas dedicadas en una medida importante o la totalidad de su tiempo a esas organizaciones, quienes compusieron los grupos. La convocatoria, la coordinación y la facilitación fue de NDI, cuya iniciativa es reconocida y valorada por los participantes en ambos casos. En el caso colombiano la composición de esos dos grupos con personas que tienen carreras partidarias, necesariamente iba a impactar sus objetivos y estrategias de avanzar los derechos de las minorías dentro de la estructura y actividades de los partidos. La acción de convocatoria, coordinación y facilitación por parte de NDI fue esencial para descubrir la capacidad de cooperación de los actores y para darle un cauce. El prestigio y la experiencia previa de NDI con esos actores fueron determinantes para lograr la confianza de los miembros. En situaciones de “normalidad” es posible que los partidos y sus dirigentes actúen como compartimientos estancos. La presencia de un catalizador que impulse y acelere procesos colaborativos puede hacer la diferencia entre que la experiencia de cooperación ocurra o no. La experiencia de FEPESP resulta similar en este aspecto. Se trata de un impulsor, acelerador y coordinador de la experiencia, primero, de los actores económicos y luego, de los bloques legislativos. Estrictamente hablando, estos últimos fueron más bien interlocutores de la experiencia multisectorial de armonizar los intereses económicos en un proyecto legislativo. Pero fue esa capacidad de arribar a un proyecto común de los actores económicos lo que hizo posible que FEPESP también articulara las diversas voluntades políticas para construir un proyecto perfeccionado y aumentara sus posibilidades de aprobación. Si bien los miembros de FEPESP tienen un pasado reciente en un partido político y una clara adscripción ideológica a la centroizquierda, sus “horas de vuelo” y conocimiento con los actores políticos de todo el espectro contribuyeron a dar credibilidad al centro de pensamiento. El caso de Buenos Aires tiene la particularidad de que un actor gubernamental -y por lo tanto, vinculado a un partido político, el de gobierno- logró reunir una diversidad de identidades en torno de un proyecto común. Resulta un desafío que alguien que puede ser visto como portador de un interés político reúna la confianza de competidores. Sin embargo, el desplazamiento que implica que los miembros no sean los partidos en sí, sino sus centros de pensamiento, también logra desplazar el foco de la competencia en la coyuntura política hacia el campo de las políticas del mediano y del largo plazo, que es el campo de estos actores. También el prestigio logrado a lo largo de 5 años por el programa Dialogando BA como un espacio pluralista, fue un factor coadyuvante. Una buena parte de los actores conocía e inclusive había participado de experiencias de diálogo en otros eventos. 29
Por otro lado, el caso del grupo legislativo para la legalización del aborto tiene características propias. Por una parte, sus miembros eran todas legisladoras mujeres, con algunos aliados masculinos. Por otro, se trataba de líderes dentro de sus propios bloques de las agendas de género, pero también de otras agendas de política pública (transparencia, ambiente, reforma política, medios de comunicación). Esto, a su vez, generó una modalidad horizontal e igualitaria en la coordinación, que no tuvo ni un coordinador externo ni un “primus inter pares”. La emergencia de la situación de tener que lograr la aprobación de la norma, posiblemente evidenció el objetivo común e hizo menos necesario un impulso externo para buscar el común denominador que estaba impuesto por la situación en sí. Como se puede ver, existe una multiplicidad de modalidades en las que los partidos pueden participar de experiencias cooperativas: a través de sus funcionarios, a través de sus legisladores o a través de sus centros de pensamiento. En algunos casos, la existencia de un impulso y una coordinación por parte de un actor enfocado en esa tarea, hace la diferencia, particularmente cuando las agendas no son de coyuntura o inmediatas. Cuando existe ese tipo de actores, puede tratarse de terceros imparciales o no o de actores que tienen algún interés y alguna identidad en juego. Sin embargo, el prestigio y el conocimiento previo son factores necesarios en todos los casos, tanto en los vínculos entre miembros, como en la función de coordinación.
4.5. Lecciones y perspectivas Lograr que una conversación derive hacia acciones y objetivos, documentarla y transformarla en un producto colaborativo, así como también planificar esas acciones y objetivos, requiere de metodologías y de técnicas de coordinación. Es posible que en algunos casos estos recursos estén conceptualizados y documentados; es posible que en otros casos se creen de manera espontánea y ad hoc. Las experiencias que hemos visitado muestran tal variedad. Dialogando BA es posiblemente el caso de mayor formalización de sus instrumentos de identificación de actores, definición de temas, convocatoria, desarrollo de eventos participativos y redacción colaborativa de minutas y documentos. La reunión de los centros de pensamiento en un primer evento derivó en una primera minuta con propuestas que sirvió como insumo para una serie de reuniones posteriores. El proceso de identificación de los actores, de toma de notas, de definición de temas, de redacción de documentos y de realización de eventos públicos participativos, respondió a una metodología desarrollada y documentada desde 2016. Por este motivo los actores conocían de antemano el ciclo del proceso y nada de lo que se hacía resultaba una sorpresa. Por el contrario, cada paso estaba justificado en documentos metodológicos y en experiencias previas. Este tipo de previsibilidad es clave para la construcción de confianza entre actores que pueden estar en tensión. En los casos coordinados por NDI, los actores destacaron el valor agregado por la facilitación de reuniones y especialmente por la toma de notas y redacción
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de documentos para su publicación. En el caso de la Mesa Multipartidaria Afrodescendiente, esta agregación de valor permitió publicar cuatro documentos con una hoja de ruta de reivindicaciones y objetivos que constituye un acervo común para los participantes. En el caso mexicano también se mencionó la existencia de experiencia previa y conocimiento en metodologías de facilitación de reuniones y de toma de notas para la redacción de documentos que fueron la base del proyecto legislativo.El caso de “Las Sororas” no se contó con ese tipo de instrumentos, pero desarrolló mecanismos de coordinación y de comunicación para hacer más eficiente la tarea de sumar voluntades favorables a la aprobación del proyecto de ley de legalización. La necesidad de alcanzar a un número alto de legisladores en ambas cámaras y de coordinar con actores clave de la sociedad civil obligó a una comunicación permanente que permitiera maximizar las posibilidades de cabildeo y a saber con certeza cuántos votos favorables se conseguían. Las experiencias abordadas muestran que es necesario contar o desarrollar con métodos y técnicas que maximicen la sinergia entre los actores. Desde el acto de la conversación, hasta el desarrollo de acciones de cabildeo o la organización de un evento público, es posible apoyarse en instrumentos que garanticen la previsibilidad de los procesos y, así, la confianza de los actores. La revisión de la secuencia de desarrollo de las experiencias de cooperación multipartidaria y de sus componentes principales muestran que hay mucho por delante si se quiere abrir un camino para fortalecer la democracia a través de mejorar la conversación pública en América Latina. El desarrollo de metodologías de trabajo colectivo, el fortalecimiento de actores-catalizadores de esos procesos, el descubrimiento de objetivos comunes, la detección de nuevos actores y oportunidades, requieren de un esfuerzo enfocado en esa agenda. En la medida en que la escena pública global y regional conviven con amenazas cada vez más agresivas contra la convivencia y el pluralismo, este es un camino que ofrece alternativas a quienes aún creen en la diversidad de pensamiento. Así mismo, en una escena política en la que la ira y la construcción de identidades irreductibles parece una opción cada vez más frecuente y redituable y en la que los regímenes autoritarios no sólo sobreviven, sino que aumentan en cantidad, y los liderazgos democráticos coquetean con sobrepasar sus límites, desarrollar una conversación pública pluralista que tenga efectos concretos sobre la vida social, resulta estratégico. Esta preocupación por la conversación pública, la civilidad y el rol de la política ha sido abordada desde distintas perspectivas por centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil, universidades y agencias de cooperación. Un plan de trabajo de largo plazo que tienda a revertir el deterioro de la convivencia y del pluralismo podría establecer nexos entre estas distintas iniciativas y lograr sinergias que potenciaran posibles actividades de visibilidad, capacitación y multiplicación de experiencias16. Es posible detectar y fortalecer actores de los partidos, de la academia, de los gobiernos y de la sociedad civil con voluntad de participar e inclusive liderar experiencias de este tipo. También hay margen para desarrollar metodologías que
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garanticen la participación, la previsibilidad y la obtención de resultados. Para eso, es necesario incrementar su difusión, el intercambio de experiencias y la capacitación, que deriven en la exploración de nuevos territorios geográficos y temáticos. Esto no solamente permitirá crear canales y códigos alternativos de comunicación entre los partidos, sino que les dará la oportunidad de mostrar que son capaces de ejercitar el músculo del consenso para resolver problemas reales. Por lo anterior, las experiencias reseñadas muestran que estas iniciativas no sólo generan espacios de convivencia, sino que aumentan la eficacia de los partidos en la gestión de problemas de corto, mediano y de largo plazo. De lo que se trata es de construir alternativas a los discursos polarizantes y a las estrategias identitarias en política para mostrar que existe un instrumental apto para avanzar agendas sin romper la convivencia, resaltando la importancia de los partidos políticos. Entre las lecciones aprendidas también se destacan algunos patrones de impulso, organización y continuidad de las iniciativas pluripartidistas. Los pasos clave a tener en cuenta en la organización de este tipo de experiencias son a) convocatoria, motivación e incentivos, b) desarrollo y continuidad, c) obtención de resultados, d) fortalecimiento de lazos. En cada uno de esos pasos se identifican y se trabaja sobre algunos de los elementos mencionados en las secciones anteriores: pluralismo de identidades; condiciones de membresía; liderazgo y coordinación; metodología y facilitación. a)Convocatoria, motivación e incentivos. Definir los miembros, el alcance del pluralismo y la elección de un tema de interés común constituye un primer umbral. Cuando una institución decide convocar una multiplicidad de actores partidarios tiene que tener en cuenta, en primer término, su propio lugar de enunciación para la invitación. La principal diferencia entre una Organización de la Sociedad Civil nacional o internacional, una institución académica, un actor gubernamental, un legislador, es qué clase de incentivos se puede prever (o inclusive: prejuzgar) que tiene y formular la invitación de modo tal que cualquier sospecha de interés particular pueda disolverse en un interés colectivo claro, que desplace toda sospecha. Así como hemos visto, en el caso de Dialogando BA fue clave que el rédito pudiera ser capitalizado por todos los participantes, que hubiera igualdad en la visibilidad en la comunicación entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los centros de pensamiento, para evitar suspicacias de un aprovechamiento partidario del oficialismo. El tema o motivo de reunión y de trabajo conjunto es clave en este sentido. Por una parte, este tipo de iniciativas tienen en el ejercicio de la pluralidad y del logro Entre otros, puede explorarse entre quienes se enfocan en el diálogo y la integridad en los partidos políticos, como IDEA International y Netherlands Institute for Multiparty Democracy; el diálogo constructivo de agendas públicas como Chatham House y More in Common; la mejora del debate político a nivel local en EEUU Next Generation; perspectivas académicas sobre la democracia deliberativa en PSA Democracy, también la Kettering Foundation tiene una larga tradición de fomento de la participación y la discusión públicas no sólo en EEUU sino en apoyo de iniciativas en todo el mundo.https://www.pagina12.com.ar/272163-las-artifices-de-la-media-sancion
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de resultados comunes un fin en sí mismo, pero ese fin no puede ser autónomo de una agenda concreta de impacto en políticas públicas. En este sentido, es imprescindible que el contenido de la convocatoria remita a un tema de interés en el que, aún con diferencias ideológicas importantes, la conversación no sea imposible y no se “armamentice” con el fin de construir identidades. El ejemplo de CDMX es claro en cuanto a que la temática puede reunir intereses contrapuestos e inclusive armonizarlos. Es interesante que en tres casos la agenda involucrara directamente a los protagonistas políticos en tanto que indivduos: las agendas LGBTIQ++, feminista y contra el racismo cortan transversalmente a los partidos e involucran directamente a los dirigentes partidarios en su fuero personal. Como se verá, esto también impacta en la relevancia de los resultados al final del camino. Otra cuestión clave al momento de convocar es la conciencia sobre el alcance y los límites del mapa político. No puede haber exclusiones a priori, por motivos ideológicos o de coyuntura política, porque eso desacreditaría el pretendido pluralismo. Pero, al mismo tiempo, hay límites que tienen que ver con la viabilidad de la conversación, y también deben ser tenidos en cuenta porque, de lo contrario, se corre el riesgo de incluir actores disruptivos cuyo interés no sea alcanzar ningún consenso, o, inclusive, cuya ganancia política sea demostrar su imposibilidad. Delimitada esta cuestión, también es importante definir qué segmento de las organizaciones partidarias tiene mayor sentido convocar. Hemos visto que los miembros pueden ser centros de pensamiento, legisladores, cuadros partidarios, entre otros. En buena medida, la disponibilidad de cierto tipo de actores es heterogénea en la región: no en todos los países hay centros de pensamiento partidarios. También el tema determina a los invitados: temas que importan a las estructuras partidarias involucrarán a cuadros partidarios; temas legislativos, a legisladores; temas técnicos sustantivos de mediano y largo plazo, a centros de pensamiento. Como veremos más adelante, quiénes son estas personas en particular, su trayectoria y respeto mutuo, son asuntos estratégicos. En consecuencia, la conversación individual con cada identidad política invitada es una instancia imprescindible para definir, intercambiar e inclusive modificar aspectos clave del rol de la organización convocante y de las convocadas, la definición de la agenda y el alcance de la invitación. No se puede saltar directamente a la formación del colectivo; es necesario un trabajo previo, radial con cada posible miembro, a fin de que en la situación de plenario se minimicen los malentendidos y se maximice la posibilidad de comenzar el trabajo coordinado.
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b)Desarrollo y continuidad. Un proceso pluralista requiere compartir una visión del proceso y del resultado. Sólo una metodología que sostenga la conversación en el tiempo puede lograrlo. Esta es la instancia en la que el proyecto colectivo comienza a volverse realidad. Es imprescindible que cada miembro se sienta igualmente protagonista. Para eso, es necesario asegurarse que los temas elegidos, las metas establecidas y las tareas asignadas resulten plenamente satisfactorias para cada miembro. En las reuniones, es fundamental revisar que esta sea efectivamente la situación y dar lugar a modificaciones. Tener metas claras, plazos y actividades específicas en una planificación en conjunto, es imprescindible. Hay que evitar que las reuniones y la experiencia en su conjunto sean percibidas como etéreas y faltas de objetivos. Buscar resultados concretos, tales como la realización de eventos públicos, la redacción y presentación de documentos, la propuesta de reformas legislativas es parte de ese proceso. El logro colectivo de metas establece, simultáneamente, la calidad de los vínculos, affectio societatis, (ver punto d) y la capacidad de avanzar agendas concretas (ver punto c). El trabajo en redes siempre contiene un problema de acción colectiva. Se trata del desafío de agregar a cada miembro una nueva tarea que no formaba parte de su rutina hasta ese momento, a cambio de un beneficio que no alcanzará en el corto plazo y que -en nuestro caso- deberá compartir con quienes son sus competidores en el área electoral (y esto en el mejor de los escenarios de confianza, de lo contrario, también podría sospechar de que se trabajará para beneficio del impulsor de la iniciativa). Así, la construcción de confianza no es necesaria solamente para que la conversación entre puntos de vista diversos sea posible, sino también para que se sostenga en el tiempo. En ese contexto, contar con un apoyo externo para garantizar una metodología que guíe las reuniones grupales, que facilite la generación de insumos y los transforme en elementos aptos para la planificación y la ejecución de una tarea colectiva resulta clave (ver 4.5.). El camino a un resultado requiere de una visualización conjunta del proceso, de los roles de cada uno, y de una ratificación de la idea común en cada paso. Eso no se logra de manera espontánea ni improvisada; se necesita la facilitación de la conversación y la sistematización de los procesos. c)Obtención de resultados. Hacer una diferencia: Qué hay para cada uno. Como se señaló, la obtención de resultados resulta clave en un doble sentido: le da un propósito al grupo, y así cimienta sus lazos, pero también produce una diferencia en el mundo, mejora algún aspecto de la vida social. El descrédito de los partidos políticos es extremo, al punto que en varios países de la región han perdido por completo su relevancia como organizaciones estables para la representación de ideas e intereses. Si existe un proceso organizado para que la
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confianza y la affectio societatis se transformen en un plan en común, y este plan se implemente y obtenga resultados, entonces el grupo agrega un tercer nivel de propósito: los partidos políticos son los que logran el resultado y demuestran tanto capacidad de acordar, como de transformar. Para definir el resultado a buscar es necesario un equilibrio entre los mínimos denominadores comunes y una meta ambiciosa que desafíe el sentido común de cada partido. Una meta excesivamente ambiciosa puede generar una tensión entre las diversas identidades y poner en una situación más compleja a los partidos con mayores responsabilidades (es decir, a los oficialismos). Así mismo, una meta demasiado cercana de los mínimos denominadores comunes puede ser percibida como irrelevante y no llegar a generar el sentido común de misión. Parte de este proceso de definición de resultados tiene que ver con la tarea metodológica señalada en el punto anterior. Que un facilitador de apoyo en el proceso de definición dé metas es una ayuda importante, para que se encauce, pero también es una decisión política que requiere de una construcción de consensos en la que el liderazgo es clave. Se trate de una coordinación externa o de un “primus inter pares”, la tarea de encontrar el punto exacto entre aquello que es accesible pero poco interesante y aquello que es desafiante pero pone en riesgo el equilibrio de fuerzas es una tarea eminentemente política que requiere capacidad de componer los intereses y situaciones diversas. d)Fortalecimiento de lazos. Sostener los incentivos de “ser parte” durante todo el ciclo. Tanto en la convocatoria, como en el desarrollo y en los resultados es clave enfocarse en la presencia de incentivos para el mantenimiento de la cooperación. En la fase de la convocatoria hay al menos dos variables que deben ser tenidas en cuenta. Por un lado, el alcance de la invitación: ¿Es este un club al que vale la pena pertenecer?; ¿La membresía del grupo agrega valor a cada participante? El “seniority” de cada invitado, la trayectoria, el capital social y el respeto que inspiran es clave. Otra cuestión fundamental es neutralizar la disrupción. ¿Hay participantes cuya estrategia política se enfoque en la descalificación absoluta de uno o más de los otros? Esta última variable se puede verificar en el comportamiento público de los partidos, de sus voceros, y de los invitados a participar en particular. Por otro lado, hay que tener en cuenta el atractivo del eje temático de la iniciativa: ¿es este un tema que fortalece las estrategias de los partidos convocados -ya sea que forma parte del foco de interés de su base electoral o que, al no formar parte hasta el momento,
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implica una posibilidad de ampliación? ¿O se trata de temas de interés secundario o hasta contradictorio con las estrategias de los partidos?. En esta primera instancia, seleccionar correctamente a quienes formarán parte de la iniciativa y en torno a qué tema trabajarán juntos constituye el primer conjunto de incentivos que ligará a los participantes. Una vez que el proceso se pone en marcha y comienza el debate sobre metas y actividades para lograrlas, una visualización del rol propio y del proceso en su conjunto es lo que sostiene la pertenencia a este conjunto heterogéneo. En efecto, la heterogeneidad, así, se vuelve parte de un proyecto que simultáneamente genera un propósito común y asigna un rol específico a cada miembro. Nuevamente, hay una tarea de facilitación y de seguimiento metodológico que debe mantener el foco durante el desarrollo de las reuniones y en la redacción de las minutas y documentos. Pero, además, hay una función estratégica de liderazgo que debe monitorear permanentemente que cada miembro se encuentre entusiasmado con su rol y comprometido con la meta. El sostenimiento de comunicaciones uno a uno, de modo radial, en los períodos entre reuniones del grupo, es clave para ratificar la apropiación de cada miembro del objetivo común y de su rol específico. Finalmente, los resultados previstos deben tener un potencial claro de ganancia política para los partidos y para sus representantes, de modo tal que a la pregunta acerca de ¿qué hay aquí para mí/ para mi partido? se pueda contestar concretamente. En primer lugar, la comunicación de los resultados debe ser extremadamente equilibrada para reconocer los roles personales de cada participante y de cada partido. También tiene que tratarse de resultados tangibles, que muestren con claridad la capacidad de los partidos de impactar en la realidad. Cuando los ejes temáticos se vinculan con temas de importancia vital para los participantes (como en los casos colombiano y en el de “Las Sororas”), el vínculo con el resultado resulta más estrecho y el incentivo más potente. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones programáticas más generales, es clave que el resultado tenga un potencial de fortalecimiento de la situación del participante en su contexto político -por ejemplo, fortalecer su liderazgo interno en la agenda temática de la que se trate. En síntesis, las iniciativas cooperativas multipartidarias tienen un rol clave en mejorar la conversación pública, ya que el mero hecho de que representantes de los partidos participen y comiencen un intercambio, implica un umbral de civilidad y de reconocimientos mutuos. En segundo lugar, el desarrollo de un debate orientado a buscar temas de interés común y a elaborar un plan para producir resultados en esos temas genera un vínculo nuevo, cooperativo, con especializaciones funcionales y con solidaridad hacia un resultado. Por último, la obtención de resultados refuerza los vínculos, agrega valor a los partidos como herramientas de transformación política y social y hace progresar agendas temáticas. En todos los puntos de esa secuencia, es clave que el liderazgo y la coordinación cuenten con capacidades políticas de vinculación con cada participante y con capacidades metodológicas que hagan más fluida la comunicación, la planificación y la obtención de resultados.
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