provocar un sentido de inseguridad entre los líderes del régimen y, por lo tanto, hacer de aquellos que queremos ayudar el blanco de una mayor represión. Pero cuando el régimen es más perceptivo, por cualquier motivo, hay opciones. En este caso, nuestros objetivos y agentes son los partidos y dirigentes de los partidos de buena fe —normalmente de la oposición, a menos que el régimen esté comprometido a hacer que sus propios partidos participen en una competencia real— organizaciones relacionadas con los partidos, grupos de la sociedad civil políticamente activos, y donantes individuales. Las herramientas hacen hincapié en la distribución de los fondos, los medios de comunicación gratuitos y los incentivos fiscales, condicionados, siempre que sea posible, a las actividades reales de organización de los partidos y movilización. De este modo, los partidos, grupo afiliados o las organizaciones de la sociedad civil podrían ser recompensados(as) por registrar votantes o llevar a cabo actividades de educación cívica. Muchos ciudadanos y grupos de la sociedad civil serán escépticos acerca de la participación política en este escenario, de manera que cualquier cosa que se pueda hacer para aumentar los incentivos positivos a la vez que se reducen los riesgos, sería beneficioso. Por consiguiente, entre los elementos importantes de la mezcla de políticas se incluyen la opción de hacer aportaciones a los fideicomisos ciegos, los incentivos fiscales cuidadosamente dirigidos, y —para el posible gran número de personas cuya situación económica haga que los incentivos fiscales sean menos atractivos o aplicables— la posibilidad de igualar con subvenciones las pequeñas donaciones. Los sistemas de divulgación deben excluir las donaciones que se encuentren por debajo de cierto piso moderadamente bajo, una vez más, en aras de minimizar los riesgos percibidos asociados con la participación. Una idea relacionada con esto sería retrasar la divulgación pública de las donaciones individuales pequeñas o medianas hasta que haya transcurrido cierto periodo de reflexión, durante el cual se puede solicitar el reembolso de las mismas. El tamaño de las donaciones debería limitarse, pero a niveles bastante generosos, y de hecho podríamos permitir o fomentar un pequeño número de grandes donaciones iniciales al principio del ciclo electoral. Las metas serían poner en marcha la construcción del partido, aumentar la competencia electoral, y hacerles ver a otros donantes que un partido o campaña merece su apoyo. Este documento ha sido crítico con los procedimientos de divulgación, pero podrían tener cierto valor en esta situación como un aspecto de las políticas que promueve la igualación, la credibilidad, y el estado de derecho. Permitir los tipos de excepciones a la divulgación que se sugieren a supralíneas, mostrar que el dinero fluye hacia el proceso político, y demostrar que aquellos que quienes tienen mayor influencia, ya sea como donantes o como receptores de las donaciones, tienen que jugar bajo reglas equitativas y creíbles, puede tener valiosos efectos demostrativos. A su vez, la divulgación señala un problema general en el tipo de escenario que estamos analizando, es decir, la necesidad de construir una capacidad burocrática y administrativa, y el desafío a más largo plazo de desarrollar una confianza social y política. Una cuestión institucional relacionada con esto es la necesidad de garantizar los derechos civiles y de proteger a los ciudadanos y a los grupos de la sociedad civil del temor a represalias si eligen participar. En este sentido, los partidos pueden desempeñar un papel activo al organizar actividades de la sociedad civil de distintos tipos, especialmente para los jóvenes. Incluso las actividades que son primordialmente sociales en su naturaleza pueden, con el tiempo, generar aceptación de los partidos y ayudar a crear confianza. Otra situación difícil es la que se muestra en el cuadro 5, en la página opuesta, el cual describe a los partidos que no están reprimidos pero que son débiles y desconfían unos de otros. En este caso también, algunos “partidos” pueden ser extensiones del régimen, mientras que otros son más los vehículos personales de los políticos líderes (ya sea en el Gobierno o en la oposición) que vehículos socialmente arraigados para la participación ciudadana. La organización y la movilización continúan siendo los principales retos en este caso, pero la rendición de cuentas también es crucial a fin de separar a los partidos de buena fe que cuentan con una base amplia de otros tipos de formaciones (por ejemplo, seguidores personales, movimientos culturales o de recuperación nacional, o las divisiones políticas de organizaciones comerciales) y para fomentar el crecimiento de los primeros. Hasta cierto punto, pueden realizarse ese tipo de determinaciones en la medida en que los recursos se dirijan a los partidos políticos. Asimismo, los partidos genuinos basados en las masas pueden y deberían ser utilizados como conductos organizacionales para cualesquiera subsidios que pudieran estar disponibles para las organizaciones de los líderes y candidatos, así como para los grupos afiliados; y en todos los casos, dicho financiamiento debería condicionarse a las actividades de construcción de las organizaciones (nuevamente, el registro de votantes, la educación cívica) y al éxito electoral del partido. Esto les da a dichos grupos un interés en la construcción de partidos exitosos y basados en las masas. Es tentador llevar esta lógica también hasta los grupos de la sociedad civil, pero en el largo plazo, esperaríamos ver a esos grupos convertirse en aliados autónomos en la política de partidos, en lugar de ver que los propios partidos reorganizan a la sociedad civil en respuesta a los incentivos económicos. La divulgación tiene una función menos importante en este escenario que en el anterior, y como una medida de rendición de cuentas más dirigida (¿de dónde obtienen el dinero los partidos? ¿en qué lo gastan?), aunque si se administra bien y es creíble, podría ayudar a reducir las sospechas mutuas entre los partidos, sus dirigentes, y sus seguidores. Los fideicomisos ciegos pueden seguir siendo una opción viable para los donantes de la ciudadanía y la sociedad civil, aunque son menos cruciales aquí que en una situación de postrepresión. No es inevitable que estos socaven la rendición de cuentas de una manera significativa: (a) si la divulgación de los gastos aún nos permite determinar qué partidos participan realmente en la organización, construcción y movilización; y (b) siempre y cuando los subsidios (de preferencia financiamiento público parcial)