AVANCES EN LAS COMUNICACIONES DE LOS PARTIDOS
Para que exista una política abierta, competitiva y democrática es esencial contar con partidos políticos fuertes, especialmente en
las democracias emergentes. Los partidos necesitan financiamiento para poder sobrevivir, competir y desempeñar sus funciones democráticas, tanto durante las campañas electorales como entre una y otra. Sin embargo, el dinero destinado a la política y quienes lo donan son generalmente vistos como problemáticos, y algunas veces, incluso como amenazas a la democracia. No existe un consenso sobre la manera en que los partidos deberían ser financiados, ni sobre la regulación de las donaciones, los gastos y la divulgación pública. De hecho, el estatus legal y constitucional de los partidos a menudo se encuentra mal definido1 y sus funciones políticas con frecuencia son malentendidas. Este trabajo ofrece un análisis del efecto que tiene la política de financiamiento político sobre los partidos y el desarrollo democrático, con un enfoque principal en las sociedades donde la democracia es relativamente nueva o está resurgiendo tras una crisis. Los partidos en estas sociedades normalmente se enfrentan a una escasez generalizada y carecen de las actitudes tolerantes, el capital social y las instituciones de apoyo que ayudan a sostener la política democrática en otros lugares. Las reglas que afectan la manera en que el dinero se dona, recauda, gasta y reporta—o, para el caso, una política de laissez faire [dejar hacer] o una legislación ineficaz en cualquiera de esas áreas—tendrán implicaciones importantes para la calidad y la sustentabilidad de los procesos democráticos. Sin embargo, el objetivo de la mayoría de dichas políticas se enfoca más en controlar la corrupción que en ofrecer recursos esenciales para que los partidos sean competitivos. A menudo reflejan una ideología de reforma que es reflexivamente antipolítica—una “visión cívica” de la política como la búsqueda del interés público y de un Gobierno que existe para ofrecer una administración técnicamente sólida. Pero tanto la visión cívica como la meta de controlar la corrupción son esencialmente bienes comunes: si se alcanzan para una persona, se alcanzan para todos. Por lo tanto, están sujetas a los clásicos problemas oportunistas: la mayoría de las personas, al ver que en la política de ese tipo hay muy poco interés personal en juego, les dejan el trabajo pesado a otros.2 Por consiguiente, es poco probable que un enfoque cívico o de anticorrupción en el financiamiento político sostenga una participación política amplia, activa y competitiva; de hecho, en aspectos importantes inhibe la búsqueda del interés propio que es esencial en una democracia activa. En muchos casos, los partidos son vistos como algo similar a los servicios públicos en lugar de una manera en que las personas y los grupos buscan influir en la política y en el Gobierno3—una visión que drena la vitalidad de la política democrática. Quienes tengan intereses lo suficientemente sólidos para superar estas barreras y sí se involucren, normalmente tendrán muy poco interés personal en la visión cívica o de reforma. Por lo tanto, no es de sorprender que en muchos sistemas en vías de democratización los partidos gobernantes hayan reescrito o implementado sistemas de financiamiento político de tal manera que consoliden sus propias ventajas,4 mientras que en otros sean violados impunemente por todos los contendientes.5
PONIENDO LA POLÍTICA PRIMERO
La tesis principal de este trabajo es que las políticas de financiamiento político benefician más el desarrollo democrático, no al hacer del control de la corrupción su meta primordial, sino al sustentar y optimizar una contienda política abierta, así como partidos fuertes y responsables. Proporcionar el financiamiento esencial—tanto durante las campañas como entre una y otra—y fomentar el interés propio de los ciudadanos y grupos en el financiamiento político y en los procesos políticos en general, son aspectos vitales de la construcción de la democracia. Este trabajo sugiere que hay que sopesar y hacer concesiones en aspectos fundamentales de la política, dependiendo de si su enfoque habrá de ser el control de la corrupción o el financiamiento de una política de partidos abierta y competitiva. El primero hace hincapié en las políticas regulatorias—en términos generales, requisitos de transparencia y restricciones sobre la participación y el flujo de fondos—en lugar de las iniciativas distributivas dirigidas a fomentar ambas. Asimismo, en la mayoría de los países el control de la corrupción se enfoca en quienes dan donaciones, quienes las reciben y en las campañas electorales, en lugar de en la vitalidad política a largo plazo de los partidos o la sociedad civil y los vínculos esenciales entre ellos. Especialmente en las democracias nuevas y emergentes que nos conciernen en este trabajo, es poco probable que el control de la corrupción fortalezca a
