Prima Exagia nro. 15

ISNN EN LÍNEA 2745-1836

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Revista Prima Exagia Número 15 / ISSN 2256-2117 ISSN en línea 2745-1836

Prima Exagia es una publicación académica con frecuencia semestral, editada por los miembros del Grupo de Apoyo a los Cursos Nivelatorios de Lectoescritura y apoyada por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

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Contenido Editorial................................................................................................ 4 Medio ambiente y Sociedad................................................................. 6 Implicaciones del fraking como solución de déficit energético................. 9 El ecocidio en la ciudad, una mirada a la criminalidad ambiental y la negligencia del estado colombiano............................... 15 Cambio climático: problemática que afecta a pueblos indígenas colombianos........................................................................ 23 Política y paz...................................................................................... 30 Colombia: ¿1984 o 2019?.................................................................. 33 Presos: proveedores de verdad para la JEP........................................... 43 La mágica herramienta política de la última década............................ 51 Una sombra detrás de las BACRIM...................................................... 59 Memoria e identidad.......................................................................... 66 En defensa de la legalización del comercio sexual en Colombia............ 69 El territorio como derecho identitario campesino................................ 79 La oralidad en Simití: un mal ancestral............................................... 89

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Editorial Miguel Ángel Fuerte Blanco

mafuerteb@unal.edu.co Tutor de los Cursos Nivelatorios de Lectoescritura

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Natalia Alejandra Leiton Castelblanco

naleitonc@unal.edu.co Tutora de los Cursos Nivelatorios de Lectoescritura

a revista Prima Exagia vio la luz en el año 2011, cuando un grupo de estudiantes de la licenciatura en Español y Filología Clásica que culminaba sus estudios de pregrado propusieron un proyecto editorial que, al día de hoy, persigue el mismo objetivo: crear un espacio real de divulgación para que las ideas de los estudiantes de primer semestre, que hasta ahora se asoman al duro terreno de la escritura académica, trasciendan las aulas de los cursos de lectoescritura.

A lo largo de estos nueve años, han sido variadas las apuestas pedagógicas que han adoptado los Cursos Nivelatorios de Lectoescritura (CNLE). A pesar de ello, todas estas apuestas han confluido en un elemento en común: la imperante necesidad de forjar el pensamiento crítico de sus estudiantes, un elemento clave en la identidad de los miembros de la comunidad universitaria. De esta manera, la adquisición de las habilidades de lectoescritura se ha convertido en el medio que les permite a los estudiantes desarrollar un pensamiento crítico acerca del entorno que los rodea. Así pues, se demuestra que la escritura debe ser una práctica social que no solo les permita describir la realidad, sino también tomar una postura frente a esta, de modo que ellos se vean a sí mismos como agentes de cambio.

Puesto que los estudiantes siempre han mostrado gran interés en mirar, desde múltiples perspectivas, las problemáticas que siguen afectando el país, sus textos plantean reflexiones académicas muy pertinentes que, de una u otra manera, ofrecen un panorama actual de las fracturas y heridas abiertas que han quedado a lo largo de nuestra historia. Sus críticas son enérgi-

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cas, valientes y robustas, de modo que, usted, apreciado lector, al leer estas páginas, será tocado directa o indirectamente por esas agudas intervenciones.

La lectura crítica que los estudiantes de los CNLE 2018-II y 2019-I han hecho del país está plasmada en las tres grandes temáticas que reúne esta nueva edición de la revista Prima Exagia. La sección inicial, Medio ambiente y Sociedad, agrupa tres ensayos: el primero realiza un análisis de la viabilidad del fracking como método de extracción de hidrocarburos en el país; el segundo aborda la contaminación generada por los residuos de plástico y la necesidad de prácticas adecuadas de reciclaje y consumo; y el tercero reflexiona sobre el impacto del cambio climático en las comunidades indígenas del país.

La segunda sección, Política y Paz, inicia con un texto que compara la situación actual del país y la famosa novela de George Orwell: 1984; luego, continúa con un ensayo que sustenta la importancia de la voz de los presos en las cárceles de Colombia en la (re)construcción de una verdad que aporte a la reparación de las víctimas del conflicto armado; después, pasa por un escrito que plantea la existencia de un nuevo panorama en la política del país a partir del uso que se le dé a las redes sociales más usadas, y termina con un análisis crítico de las motivaciones de las bandas criminales en la perpetración de crímenes contra periodistas colombianos.

La tercera sección, Memoria e Identidad, cierra con tres textos: el primero reflexiona sobre la importancia de la legalización de la prostitución en Colombia; el segundo aborda el problema de la tenencia de la tierra y las políticas gubernamentales como factores que inciden negativamente en el sector del campesinado, y el tercero nos remonta al municipio de Simití (Bolívar) y la necesaria reconstrucción de su historia, memoria y cultura a través de la palabra escrita.

Para cerrar esta editorial, queremos agradecer a la coordinadora de los CNLE, la profesora Gloria Mora; a los docentes: Adriana Díaz, Jack Henríquez, Yesenia Rincón, Óscar Chacón y Karen Castelblanco; y a los tutores: Mauricio Castillo, Juan Alonso, Cristian Murillo, Katherine Gil, Alejandra Garzón y Jairo Angarita por la importante labor realizada en los cursos y por el acompañamiento brindado en la elaboración de este proyecto editorial.

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Implicaciones del fraking como solución de déficit energético Samanta Daza Castaño

sdazac@unal.edu.co Estudiante de Ingeniería Agrícola Jack Henríquez Gómez, docente

Resumen [Texto argumentativo] Actualmente, en Colombia, el fracking ha sido tema dedebate ya que el gobierno está planteando permitir esta actividad en el país. En este ensayo, se sustentará que el fracking no es una opción viable en tanto afecta negativamente la salud humana, los recursos hídricos y el desarrollo económico. Para esto, se argumentarán las distintas causas de estas afectaciones; finalmente, veremos cómo todos los costos ambientales y humanos que deja la fractura hidráulica evidencian que no es una medida necesaria para el país ni para su economía.

Palabras Clave fracking Medio ambiente Salud humana Fuentes hídricas Economía

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n la sociedad actual, el avance tecnológico e industrial ha ocasionado un fuerte deterioro en el medio ambiente. El cambio climático ha generado el derretimiento de los polos, el detrimento de la fauna en los océanos y la inestabilidad de los ecosistemas en la tierra. Gran parte de este deterioro ha sido motivado por la extracción de hidrocarburos.

Además de lo anterior, la extracción masiva de petróleo está produciendo el agotamiento de los yacimientos de todo el mundo, lo cual ha hecho que los diferentes gobiernos se inclinen por alternativas como el fracking, definido por Úbeda, Sanchís y Sanchís como “el proceso de fractura hidráulica del subsuelo para conseguir extraer hidrocarburos, principalmente gas y petróleo; al gas extraído se le denomina gas pizarra, gas de esquisto y gas no convencional, y, en inglés, shale gas” (2013, p. 181). Con este modelo, se busca extraer cada vez más petróleo o hidrocarburos en donde antiguamente era imposible y así poder cubrir la alta demanda energética de la actualidad; sin embargo, el problema radica en el costo ambiental que la implementación de este método de extracción genera.

En la actualidad, el gobierno colombiano se encuentra en un debate acerca de permitir o no el fracking en el país. Ante esto, deberíamos preguntarnos si en verdad la fracturación hidráulica es una opción sostenible para la problemática energética actual. A lo largo de este ensayo, se sustentará que el fracking no es una alternativa viable, teniendo en cuenta las afectaciones que genera en la salud humana al emitir gases tóxicos a la atmosfera; en el medio ambiente a través de las fuentes hídricas y, finalmente, en el desarrollo económico.

Para empezar, explicaremos el proceso que lleva a cabo el fracking. En primer lugar, se realiza un agujero vertical y luego

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horizontal en el suelo. A continuación, a este agujero se le inyecta agua con diferentes tipos de sustancias químicas, las cuales generan ruptura de las rocas donde se encuentra atrapado el gas no convencional. Esta mezcla es inyectada a alta presión para que el gas fluya hacia la boca del pozo (BBC News, 2018). Partiendo de lo anterior, podemos evidenciar que la estimulación hidráulica genera un problema, ya que al realizarse emite gases tóxicos para el ser humano. De acuerdo con un estudio de Tyndall Center (citado por Urresti & Marcellesi, 2012), para este proceso se usan cerca de 500 sustancias, de las cuales 38 son tóxicos agudos, 8 cancerígenos y 7 elementos mutágenos. Además, la Comisión Europea clasificó 270 sustancias usadas en la fracturación hidráulica, de las cuales 58 son preocupantes para la salud humana. En Adición, Guarnone, Rossi y Neri (citados por Charry-Ocampo & Pérez, 2017, p. 150) evidencian que: Entre 1982 y 2011, en Alemania, se analizaron 80 productos usados en la estimulación hidráulica, de los cuales 6 resultaron ser tóxicos, otros 6 peligrosos para el medio ambiente, 25 nocivos para la salud, 14 irritantes y 12 son corrosivos.

Los 27 restantes no son considerados como peligrosos.

Con base en esto, podemos constatar que las sustancias químicas utilizadas en la fracturación hidráulica son potencialmente dañinas para el ser humano, en especial para las personas que viven en los alrededores de los sitios en donde esta se practica. Es importante aclarar que este método de extracción de Hidrocarburos No Convencionales (HNC) no solo genera una afección directa, sino que también es indirecta al afectar el entorno circundante.

Para continuar, el fracking no solo afecta negativamente a las personas; también es un riesgo para las fuentes hídricas, especialmente los acuíferos subterráneos en los que se pueden verter las sustancias usadas para la fracturación de las rocas. Según Holzman (2011), la explotación mediante el fracking genera una concentración de gas metano del 50 % en el agua, el cual contamina ríos y lagos cercanos, además de producir lluvia ácida.

Por su parte, Úbeda, Sanchís y Sanchís (2013) señalan que

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el agua utilizada en la fracturación hidráulica tiene altas concentraciones de sodio y calcio, elementos que no permiten la germinación ni el crecimiento vegetal. En adición, las aguas residuales retornan con altos índices de contaminación y pueden contener arsénico, así como elementos tóxicos y radiactivos (Matesanz, 2013). Por tanto, su implementación en Colombia generaría una gran contaminación en las fuentes hídricas del país que afectaría a los animales, las personas y la naturaleza.

Finalmente, nos centraremos en cómo la estimulación hidráulica tiene implicaciones negativas en el mercado inmobiliario. De acuerdo con un estudio realizado en Pensilvania por Muehlenbachs, Spiller y Timmins (2015), el riesgo de contaminación de aguas subterráneas, producto de la explotación, genera una disminución en el valor de las propiedades, que varía entre el 10 y el 22 %, lo que representa una pérdida anual de US $33.214. En esa misma línea, Delgado, Guilfoos y Boslett (2014) afirman que en Pensilvania aquellas propiedades situadas a menos de 3 millas de donde se practica la estimulación hidráulica el precio de las viviendas bajaron en un 5 %, lo que corresponde a US $6.000. Por ello, se generan grandes pérdidas económicas que pueden afectar aún más la economía de un país.

A pesar de este impacto, se ha evidenciado que el fracking trae consigo un incremento económico en el país donde se realiza, como se presentó en Canadá y Estados Unidos, donde el uso de este aumentó la producción de hidrocarburos y se estima que habrá un aumento del 7 % anual en las tasas de crecimiento económico (Portafolio, 2014). En los años 2012 y 2013, gracias a esta técnica, Estados Unidos incrementó la producción de petróleo en un 13,5 %, por lo que se prevé que, a este ritmo, llegará a ser autosuficiente energéticamente para el año 2035 (Lemos & Pedraza, 2015).

Sin embargo, según De la Vega y Ramírez (2015): Los yacimientos de Shale gas presentan tasas anuales de declinación altas, del orden de 29 y 52 % anual ya que con el tiempo el gas tiende a quedarse atrapado nuevamente y exige seguir repitiendo el proceso

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de manera regular a fin de evitar la caída acelerada de la producción.

En conclusión, el proceso de extracción demanda cada vez mayores inversiones para extraer cada vez menos producción. (p. 84)

Por lo anterior, el beneficio económico que se obtiene de la estimulación hidráulica a mediano y largo plazo se perdería por la alta inversión que hay que hacer para continuar con el proceso de extracción.

En conclusión, si analizamos los costos que genera este tipo de extracción podemos afirmar que no es rentable y que, por el contrario, dejaría un gran daño en los ecosistemas y personas cercanas en tanto hace uso de sustancias químicas muy tóxicas que ponen en riesgo la salud humana y las fuentes hídricas. Además, el fracking tiene un impacto negativo en el sector económico local, manifestado en la desvalorización de las propiedades circundantes al área donde se lleva a cabo esta práctica y al desbalance proyectado a mediano y largo plazo entre la alta inversión en la extracción y cada vez menores resultados en la producción.

Frente a esta problemática, debemos estar conscientes de que existen otros métodos más limpios para obtener energía como los son la energía eólica y la energía solar, las cuales evitarían la alta emisión de gases de efecto invernadero que genera la quema de hidrocarburos. También, debemos reconocer que los yacimientos de petróleo en algún momento se agotarán y que todo el daño que generemos al intentar extraer más hidrocarburos es irreversible. El fracking no es una opción sostenible pues, en lugar de ofrecer una solución, genera una grave problemática, sobre todo por incidir en la contaminación del agua, la cual muchos sectores de la población necesitan no solo para vivir, sino también para su sustento económico.

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Referencias BBC News. (2018, 15 de octubre). What is fracking and why is it controversial? BBC News. Recuperado de https://www.bbc.com/news/uk-14432401 Charry-Ocampo, S. & Pérez, A. J. (2017). Efectos de la estimulación hidráulica (fracking) en el recurso hídrico: Implicaciones en el contexto colombiano.

Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 28(1), 135-164.

De la Vega, A. & Ramírez, J. (2015). El Gas de Lutitas (Shale Gas) en México.

Recursos, explotación, usos, impactos. Economía UNAM, 12(34), 79-105.

Delgado, M., Guilfoos, T. & Boslett, A. (2014). The cost of hydraulic fracturing: a hedonic analysis. Resource and Energy Economics, 46, 1-22.

Holzman, D. (2011). Methane found in well water near fracking sites. Environmental Health Perspectives, 119(7). Recuperado de ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC3222989/pdf/ehp.119-a289.pdf Lemos, M. & Pedraza, M. (2015). La autorización del fracking en Colombia, ¿una decisión apresurada? Revista de Derecho Público, (35), 1-41. Recuperado de http://dx.doi.org/10.15425/redepub.35.2015.09 Matesanz, J. (2013). Repercusiones territoriales de la fractura hidráulica o “fracking” en Cantabria, Burgos y Palencia. Los permisos de investigación Bezana y Bigüenzo. Recuperado de http://eprints.sim.ucm.es/23795/ Muehlenbachs, L., Spiller, E. & Timmins, C. (2015). The housing market impacts of shale gas development. American Economic Review, 105(12), 3633-3659.

Portafolio. (2014, 12 de septiembre). Cinco dilemas de los grandes proyectos energéticos. Portafolio. Recuperado de https://www.portafolio.co/economia/ proyectos-energeticos-colombia-2014 Úbeda, J., Sanchís, J. & Sanchís, E. (2013). Informe técnico: “Fracturación hidráulica (fracking) y sus potenciales consecuencias en el medio ambiente”.

Cuadernos de Derecho Local, (33), 181-187. Recuperado de https://repositorio. gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1496/16_UBEDA_P181_187_ QDL_33.pdf?sequence=1&isAllowed=y Urresti, A. & Marcellesi, F. (2012). Fracking: una fractura que pasará factura.

Ecología política, (43), 23-36.

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El ecocidio en la ciudad, una mirada a la criminalidad ambiental y la negligencia del estado colombiano Katherine Rodríguez Patiño

krodriguezpa@unal.edu.co Estudiante de Nutrición y dietética Jack Henríquez Gómez, docente

Resumen [Texto argumentativo] Uno de los recursos que frecuentemente se encuentra en la composición de utensilios de uso común es el plástico. Este material se ha convertido en uno de los residuos de mayor impacto ambiental y, por ende, en un crimen (ecocidio). Así pues, el reciclaje del plástico trae muchos más beneficios ambientales y económicos, en contraste con su fabricación en masa para elaborar productos de un solo uso. Sin embargo, las entidades estales competentes no han formulado normas idóneas para regular la producción del plástico e incentivar su reciclaje, sin tener que recurrir a su prohibición. Dicha práctica promovería su uso racional, reduciría la contaminación ambiental y ayudaría a mejorar la economía colombiana.

Palabras Clave Ecocidio Contaminación ambiental Plástico Reciclaje

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l plástico, por ser un recurso útil para la comodidad de la vida actual de los seres humanos, se ha convertido en uno de los factores más contaminantes del planeta debido al uso recurrente de este. Esto no solo es a causa de su composición, sino también de su producción en masa. Este producto es común encontrarlo en las actividades de distribución de alimentos, donde la vida útil del plástico se caracteriza por ser corta, de uso único, para posteriormente ser desechado. “En el caso de Bogotá, se generan unas 7.500 toneladas al día, y se reciclan entre el 14 % y el 15 %, incluso por debajo del promedio nacional” (Greenpeace, 2018, p. 8), lo que corresponde a una cifra desalentadora que corrobora el hecho de que el porcentaje de plástico desechado es un gran problema. Además, según Néstor López (2017), quien entrevista al director de la Iniciativa Regional para el Reciclaje (IRR), Ricardo Valencia, en el diario Portafolio, la falta de reciclaje genera pérdidas a nivel económico, puesto que hace algunos años la industria solía pagar hasta 1.100 COP por kilo de plástico reciclado. Entonces, teniendo en cuenta que, según Greenpeace (2018), el 85 % del plástico no es reciclado (es decir, 6375 toneladas), tendríamos un aproximado de 7.012 millones COP en pérdidas económicas para el país por día.

Ahora bien, alguien debería hacer algo con respecto a este ecocidio1 provocado por el uso desmedido de los plásticos, especialmente en la distribución de los alimentos; pero, ¿las entidades competentes están promoviendo buenas prácticas ambientales en la comunidad de Bogotá? Con base en las cifras anteriormente expuestas, se puede afirmar que las entidades encargadas del sistema de desarrollo sostenible 1. Se refiere al daño grave que se produce en los ecosistemas de una zona, región o territorio

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y gestión ambiental, como lo son el Ministerio de Medio Ambiente y el Congreso de la República, no cumplen con el deber de fomentar prácticas ambientales eficientes con respecto al uso de plásticos en la distribución de alimentos en la comunidad de Bogotá. Sin embargo, el Estado tiene la responsabilidad de concientizar a las personas acerca del impacto que tienen las pequeñas actividades del diario vivir, porque, si bien las entidades responsables aplican una que otra norma para minimizar la contaminación, estas no siempre resultan claras para la comunidad. Por consiguiente, la ignorancia de estas normas ha ocasionado un ecocidio en masa. Dicho lo anterior, el objetivo de este documento es concientizar a la población bogotana frente a la situación del uso desmesurado de plásticos en la adquisición de alimentos, junto con sus respectivas consecuencias a nivel ambiental y económico del actual procedimiento en el posconsumo.

Con este texto argumentativo se busca educar a las personas acerca de los principios del derecho ambiental, al presentar la agravante situación de contaminación por la falta de buenas prácticas de reciclaje. Esto se hace teniendo en cuenta que, aunque las entidades competentes son las encargadas de gestionar actividades de protección ambiental, los ciudadanos también deben preocuparse por el bienestar de su entorno.

Así mismo, se espera incluir en el vocabulario cotidiano del lector el término “ecocidio”, el cual, aunque es aceptado por la RAE, no es utilizado por la gente del común para referirse a un crimen que se está cometiendo en el contexto ambiental.

Igualmente, a lo largo de este texto, se presenta una serie de conclusiones fundamentadas en una búsqueda intensiva que recopila los datos necesarios para demostrar, con cifras, el estado atenuante de ecocidio en el país, en especial, en la ciudad de Bogotá. Entre los aportes informativos brindados por diferentes entidades sobresalen los registros del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Asociación Colombiana de Plásticos (Acoplásticos) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

Además, se presentan las propuestas realizadas por el Ministerio

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de Medio Ambiente y el Congreso de la República de Colombia, con el artículo 3 del proyecto de Ley 123 de 2018, las cuales se muestran refutables a lo largo del desarrollo del documento.

Para empezar, en el año 2011 se realizó un estudio de la división de envases y empaques en el país, donde se indica la siguiente demanda global: plásticos 34 %, cartón 36 %, vidrio 10 %, metálicos 17 % y otros 3 %, de los cuales el 56 % de envases y empaques plásticos corresponde a alimentos y bebidas (INVIMA, 2015). A su vez, un poco más de la mitad de los plásticos producidos tendrá una vida útil corta; esto se fundamenta en las cifras presentadas por Greenpeace (2018), donde el 56 % de los plásticos usados en el país son de uso único (pitillos, cubiertos, bolsas, botellas, empaques, entre otros), lo que implica que, luego de su consumo, serán desechados. En otras palabras, en el país, se consumen aproximadamente 24 kg per cápita, lo que implica un volumen anual de consumo en plásticos de 1.250.000 toneladas. “[…]

En el caso de Bogotá, se generan unas 7.500 toneladas al día y se reciclan entre el 14 % y el 15 %, incluso por debajo del promedio nacional. En Colombia el 74% de los envases va a parar a los rellenos sanitarios” (Greenpeace, 2018, p. 7).

No obstante y a pesar de que el Ministerio del Medio Ambiente está gestionando la reducción del uso del plástico en uno de los productos más comunes: bolsas plásticas, esta es una normativa que apenas está siendo estudiada.

Otro caso está relacionado con las medidas que propone el gobierno sobre el uso excesivo de los plásticos de uso único, en la cual se expone la prohibición total de estos: ARTÍCULO 3. LISTADO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO PROHIBIDOS. A partir del 1 de enero del año 2030, queda prohibida la fabricación, importación, venta y distribución de los siguientes plásticos de un solo uso, en el territorio nacional: […]d) Envases y recipientes para contener o llevar alimentos de consumo inmediato; e) Envases y recipientes para contener alimentos (leche, aceite, etc.); f) Botellas para agua y demás bebidas, incluyendo sus tapas; g) Platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas y vasos; h) Vasos para líquidos calientes; i) Mezcladores y pitillos para bebidas. (Congreso de la República de Colombia, 2018, pp. 2-3)

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Así pues, las entidades competentes buscan minimizar el impacto ambiental causado por la falta de reciclaje. Sin embargo, estas prácticas no son eficientes puesto que, según los datos arrojados por Greenpeace (2018) sobre el consumo anual de plásticos, hacia el 2030 el impacto ambiental será desmedido. Por lo tanto, para ese entonces será demasiado tarde implementar medidas de prevención, debido a que el problema ya estará sobre la humanidad.

Además, aun cuando la ley fuese aplicada desde el año vigente, existen otros factores que son refutables. Pues, de acuerdo con Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, se debe insistir en la promoción de un consumo racional de los plásticos, donde los programas de reciclaje del país brinden incentivos a la población por sus contribuciones al cuidado del medio ambiente, ya que, si se prohíben dichos productos, se tendría una sucesión de efectos a nivel económico, social y ambiental (Acoplásticos, 2019).

De forma paralela, como propone Camilo Trout (2019), economista de la ANDI, si se promueve una economía circular2 y de reciclaje, se solucionaría la amenaza de los residuos plásticos, generando, al mismo tiempo, nuevas fuentes de empleo, ingresos y nuevas tecnologías. Además, tal prohibición conllevaría un uso de otros recursos como el vidrio o el aluminio, los cuales causan un impacto ambiental mucho más recio que el de los plásticos (Redacción Gestión, 2016).

La anterior afirmación se comprueba con los datos presentados por Amienyo, Gujba, Stichnothe, y Azapagic (2013), quienes hacen un estudio sobre el impacto producido por distintos envases de bebidas carbonatadas sobre el Poten-

2. “cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos” (Fundación para la Economía Circular, 2018).

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cial de Calentamiento Global (GWP3, sigla del inglés Global-Warming Potential). Su estudio muestra que el empaque de vidrio alcanza el punto más alto con 555 g de CO2 eq. /L, seguido por la lata de aluminio que tiene un GWP de 312 g de CO2 eq. /L., la cual, a su vez, es superada por una botella de tereftalato de polietileno (PET) de 2 L que registra un mínimo de 151 g de CO2. Es decir, en cuanto a la contaminación, entre el uso de plástico, aluminio y vidrio, la mejor opción es el plástico, al ser el desecho con menor impacto ambiental. Por ende, la solución que propone el Estado colombiano no podría ser la prohibición total del plástico, porque este producto tendría que ser reemplazado por vidrio o aluminio, lo cual empeoraría la situación de ecocidio.

Por otro lado, vale la pena indicar que la problemática de los plásticos tiene importantes repercusiones en lo que podrían ser valiosos ingresos económicos para el país. Como indica el director de la IRR (López, 2017), se generan pérdidas monetarias significativas porque no hay una correcta cultura de reciclaje en Colombia. Esto se evidencia en los datos de López (2017) y Greenpeace (2018), quienes indican que el 85 % del plástico generado no se está reciclando, lo que deviene en una pérdida aproximada de 7.012 millones de COP por día.

Dicha cantidad posiblemente marcaría una diferencia significativa si se tienen en cuenta las necesidades actuales de la nación; además, si se trabajase en el reciclaje, esta medida vendría acompañada de grandes beneficios ambientales. No obstante, el Estado no ha hecho nada para sacar provecho de esto, de modo que contribuye a empeorar la grave situación de ecocidio y las vergonzosas cifras de detrimento económico.

En suma, los plásticos están afectando en gran medida el medioambiente, no solo a nivel distrital o nacional, sino tam3. El GWP “define el efecto de calentamiento integrado a lo largo del tiempo que produce hoy una liberación instantánea de 1kg de un gas de efecto invernadero, en comparación con el causado por el CO2" (Green-Facts, 2001–2020).

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bién a nivel global, puesto que estos están presentes en todo el mundo. Sin embargo, si se hace un análisis de los datos presentados a lo largo del documento, el dilema no está en la existencia de los plásticos, sino en el hecho de que el Estado permite su uso y producción exacerbada, en especial, los de uso único. Por ende, lo que sería lógico es que las entidades que están a cargo de la gestión ambiental y desarrollo sostenible tomen en cuenta los diferentes factores que involucra el consumo masivo de plásticos, ya que la solución no es tan sencilla como desistir de su uso. El gobierno actual necesita ser eficiente con las prácticas que promueve, puesto que de nada sirve proponer soluciones superficiales a la población, cuando lo que enfrentan es solo la punta del iceberg.

Para ilustrar esto en un sentido más humano, Enrique Dussel (1994) incluye en su filosofía el aserto de que muchas veces el retroceso de la humanidad viene disfrazado de desarrollo, o bien, de evolución, y esto sucede cuando lo que se considera un avance, poco a poco se va convirtiendo en el fin del mismo hombre por el afán de una vida facilitada.

De acuerdo con lo anterior, aunque el plástico ha brindado gran comodidad para la distribución de diferentes productos y para la vida en general, no es correcto pensar que se puede extraer del planeta tantos recursos como sea posible, sin que esto tenga consecuencias. Al paso que va la humanidad, la tierra será consumida en su totalidad, y la vida, como se conoce, iniciará su cuenta regresiva.

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Cambio climático: problemática que afecta a pueblos indígenas colombianos Anderson Arturo Pismag Chalapud

apismag@unal.edu.co Estudiante de Odontología Comunidad de los pastos Gloria Mora Monroy, docente “Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, sólo entonces, el hombre descubrirá que el dinero no se come.” (Indios Cree, 2016)

Resumen [Texto argumentativo] Las comunidades indígenas radicadas en ecosistemas naturales viven de lo que la tierra les ofrece, disfrutan de los recursos y cuidan de ellos. En el presente texto se da a conocer cómo el entorno de dichas poblaciones se ha visto afectado por distintos factores, entre los que se mencionan el cambio climático, la escasez de agua y la disminución de alimentos. Sumado a ello, la explotación de los recursos naturales de sus territorios ha afectado su sostenibilidad y ha vulnerado su autonomía, lo que ha perjudicado sus tradiciones y costumbres.

Palabras Clave Población indígena Autonomía Recursos naturales Territorio Autodestrucción

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l cambio climático es una amenaza que enfrenta toda la humanidad de manera que los efectos que este genera desestabilizan los modos de vida de las diferentes poblaciones. En este sentido, las comunidades indígenas son las que perciben las primeras manifestaciones de estos cambios en el clima, debido a que son poblaciones que están radicadas en ecosistemas sensibles y que, al depender directamente de los recursos naturales para poder sobrevivir, los hace más vulnerables. De acuerdo con lo anterior, las afectaciones se reflejan directamente en sus territorios dado que en algunos pueblos se ve afectada la soberanía alimentaria como consecuencia de la variación en la temperatura.

Los efectos del cambio climático se reflejan en sucesos que ocurren en el diario vivir, tales como inundaciones, incendios, sequías, etc. Estas alteraciones son ocasionadas por las malas acciones que el mismo ser humano realiza, pero ante las que lamentablemente muchas veces no se hace nada para mitigarlas. Por ejemplo, la población se está autodestruyendo mediante actividades como la deforestación, la minería, entre otras, que deterioran el ecosistema donde habita y afecta a la población en general.

En Colombia, existen 102 pueblos indígenas, de acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC(s.f.), los cuales sufren los drásticos resultados que deja el cambio climático. Por esta razón, se ven obligados a adaptarse y generar nuevas estrategias para mitigar estas afectaciones. Pueblos indígenas de la Amazonía, los pastos, los nasa y los wayuú son algunos grupos que representan el sufrimiento, desesperación y dolor de muchas comunidades indígenas

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a nivel nacional. Debido a esto, aquí se da a conocer cómo ha influido el cambio climático en sus territorios y qué problemas les ha ocasionado, para ello se cuenta con la ayuda de algunos testimonios brindados por miembros de las diferentes comunidades indígenas, en los que se evidencian las diversas manifestaciones en sus territorios.

Uno de los ámbitos en los que más afecta el cambio climático a estas comunidades es el sistema alimentario, ya que ha generado una reducción en los productos alimenticios y en consecuencia, cada vez son adquiridos en menor medida por las familias indígenas para su subsistencia. Esto se evidencia, por ejemplo, en el pueblo pasto, perteneciente al departamento de Nariño, donde este fenómeno ha jugado un papel desfavorable en lo relacionado con las labores agropecuarias.

Los daños que se producen, afirma Puenayán (2011), “ponen en riesgo la alimentación porque al ser afectados los cultivos por un evento climático extremo, como una helada o el exceso hídrico, se pierde la totalidad del cultivo, base de la subsistencia de los indígenas en todo el resguardo” (p. 296).

Ahora bien, además de tener problemas con la alimentación, la disminución del agua en fuentes hídricas es otra dificultad que pone en aprietos al pueblo pasto. Se han reducido los niveles de agua de algunos humedales pertenecientes a esta región, lo cual ha ocasionado problemas tanto para las personas que dependen de este líquido vital como para las múltiples especies de flora y fauna que habitan en ella.

Teniendo en cuenta el comentario realizado por don José Tarapues, indígena perteneciente al resguardo de Panán (Nariño), los cambios que resultan como consecuencia del cambio climático son irreversibles en los últimos años.

Un ejemplo de esta disminución de las fuentes hídricas es lo que está pasando con la Laguna Verde, situada en el volcán Azufral, correspondiente al municipio de Sapuyes del departamento de Nariño, lugar en donde se desarrolla un ritual cada año con el propósito de que los participantes purifiquen su espíritu y reciban la sabiduría de los ancestros para trabajar por el resguardo y sus familias. Según José Tarapues,

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citado por Puenayán (2011), la laguna se va secando, lo que ocasiona que los rituales cada año se realicen en una zona diferente con respecto a la del año pasado.

La escasez de agua es otra consecuencia de las muchas que se presentan a causa del incremento de la temperatura. Tal como se habló anteriormente, esta es otra dificultad que enfrenta el pueblo Pasto; sin embargo, la falta de agua también ha sido un gran problema para el pueblo indígena wayuú del departamento de la Guajira, ya que se ve gravemente golpeado por la disminución del agua en sus ríos, problemática que se debe a la llegada de la minería en sus territorios, que a pesar de explotar los recursos naturales como el petróleo, el carbón y el gas, también contaminan el agua de la cual se abastecen y dependen muchas familias para poder sobrevivir (Quinteros & Pachón, 2017).

Es importante recordar que las comunidades indígenas mantienen una relación estrecha con la madre naturaleza. Por ello, los habitantes identifican los cambios que se presentan en sus localidades con el pasar del tiempo, dado que muchas veces las personas tienen que labrar la tierra con sus propias manos con el fin de obtener alimentos que forman parte de su canasta familiar y que, más adelante, serán vitales para la estabilidad de toda la población. Lo anterior es clave para presentar un testimonio donde se evidencian los cambios en el territorio debido al calentamiento global en la comunidad Nasa (Cauca). Don José María Quitumbo, citado por Ramos García, Tenorio y Muñoz Yale (2011), comenta las variaciones que ha notado en su pueblo desde su experiencia de vida: El tiempo ha cambiado bastante porque cuando yo recuerdo que me tocaba ir a yo a arrancar papa con mis abuelos, ¡uuych!, en ese tiempo sí hacía mucho frío por allá, hacía bastante frío […] y el páramo, ese páramo con viento eso le alzaba la ruana a uno y lo bañaba el páramo, y […] y mucha neblina. En cambio, ahora no, ahora ya más despejado […] ya muy poco páramo […] ya el frío no es tanto ya […] No es como en esos tiempos que era tan, tan helado por allá, ahora ya no, ahora ya el clima como que va subiendo también, la temperatura va subiendo y más antes por aquí no se daba café y ahora ya se da café, y […] caña, por aquí no se daba caña en esos tiempos y ahora ya se da caña, plátano. (pp. 265-266)

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La llegada de multinacionales extranjeras por parte de países desarrollados a territorios donde están asentados los pueblos indígenas ha representado otra grave afectación, pues lo que han hecho es explotar los recursos naturales, afectar la biodiversidad de flora y fauna y, por último, generar daños en los estilos vida de las personas que habitan en esas zonas. Es lamentable ver que, a causa de esto, los indígenas son obligados a salir de sus territorios con el fin de que las multinacionales puedan extraer más fácilmente la materia prima y así no se interpongan en su ejecución. En este sentido, por ejemplo, los indígenas pertenecientes a la Amazonía colombiana […] han venido percibiendo y sufriendo efectos directos del cambio climático global, aunados con otros factores que también afectan los modos de vida indígena. Los impactos negativos del cambio climático se combinan con la explotación de los recursos naturales (madera, oro, coca, pesca comercial), el conflicto armado, la presencia creciente de la educación escolarizada, los medios masivos y las relaciones crecientes de los indígenas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. (Echeverri, 2009, p. 16)

Un aspecto importante que se puede evidenciar en esta problemática, adicional a los efectos del cambio climático, es la violación de algunos de los derechos que poseen las comunidades indígenas, como el de la conservación de los recursos naturales, el derecho a la consulta previa, entre otros (ONIC, 2018). Ahora bien, es lamentable que hoy en día en nuestro país no sea tenida en cuenta la consulta previa, libre e informada como un derecho de nuestros pueblos indígenas colombianos, por parte del actual gobierno de Iván Duque (El Espectador, 2018). Hay que recordar que mediante esta consulta los pueblos indígenas deciden si dar paso o no al desarrollo de proyectos, por ejemplo, los mineros dentro de sus territorios. Además, es importante ya que se protege la vida, las tradiciones y las culturas de todas las poblaciones indígenas y por ende también la de sus habitantes. Por último, se puede decir que esta consulta previene que las comunidades indígenas tengan que sufrir los daños ocasionados por otros.

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A modo de conclusión, como señala el Acuerdo de los Pueblos de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, “[b]ajo el capitalismo, la Madre tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son” (La Vía Campesina, 2010, párr.

6). Si se continúa y no se trata de terminar con esta barbarie, la misma población se está colocando la soga al cuello, dado que la especie humana no está contribuyendo con el cuidado y la conservación de nuestro planeta. Las malas acciones que desfavorecen y perjudican de una u otra manera al medio ambiente, más tarde se reflejarán en cambios nefastos como los que se viven en el día de hoy y los que en un futuro podrían venir. La invitación es que seamos conscientes, valoremos y cuidemos de lo que tenemos a nuestro alrededor, que pensemos en el bienestar propio y en el de los demás.

Pensar qué es lo que les vamos a dejar a las próximas generaciones y saber si también ellos podrán disfrutar de todo lo maravilloso que hoy en día tenemos.

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Colombia: ¿1984 o 2019?

Andrés Felipe Niño Acosta

anninoa@unal.edu.co Estudiante de Administración de empresas Óscar Alberto Chacón, docente

Resumen [Texto argumentativo] El presente texto muestra la relación que existe entre la situación de Colombia durante los primeros meses del gobierno del presidente Iván Duque y la novela de ficción literaria 1984, escrita por George Orwell. Para ello, se han seleccionado cinco aspectos claves en los que la realidad colombiana se asemeja a la situación de la sociedad que describe Orwell en su obra. Dichos aspectos se utilizarán para saber qué tan cerca estamos de convertirnos en la desencantada población de 1984 y, así mismo, para evitar caer en ese nefasto escenario.

Palabras Clave 1984 Colombia Iván Duque Márquez

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l tema que me convoca es la situación de Colombia durante los meses que lleva de gobierno el presidente Iván Duque Márquez y cómo algunos acontecimientos que han ocurrido dentro del actual periodo de gobierno se relacionan con la novela 1984 de George Orwell. Por lo anterior, el objetivo del texto es argumentar a favor de la siguiente tesis: La situación de Colombia en 2019 se asemeja a la de la sociedad de 1984, de modo que al final sea posible reflexionar sobre la importancia de no ignorar lo que ocurre en nuestro entorno.

Para tal fin, procederé de la siguiente manera. En primer lugar, se mostrará el concepto que se ha formado la opinión pública alrededor del actual jefe de Estado, mediante el análisis de algunas opiniones de columnistas y los resultados de la última encuesta de favorabilidad. En segundo lugar, se expondrán aquellos acontecimientos que, por sus características circunstanciales, parecen sacados directamente de la obra de Orwell y se establecerá la relación que tienen con la novela. Estos son: el estado de guerra constante dentro de la clase política colombiana, la presencia de un Gran Hermano, el asesinato sistemático de líderes sociales, el proyecto de Ley del Regulador convergente y, por último, el proyecto de ley del partido de gobierno (Centro Democrático) que buscaba armar a “ciudadanos de bien” para que se defendieran ante la amenaza de diferentes grupos al margen de la ley.

Finalmente, se presentará una reflexión sobre la importancia de ser conscientes de lo que ocurre en nuestro entorno para evitar desafortunados desenlaces.

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¿Cuál es la opinión pública sobre Iván Duque Márquez?

Para comenzar, como se mencionó anteriormente, vamos a ver el concepto que se ha formado en la opinión pública sobre el presidente de la república Iván Duque Márquez, con el objetivo de tener una idea clara y concisa sobre quién tiene las riendas de nuestro país.

Iván Duque es un hombre que para muchos apareció de la nada, dado que no estaba muy involucrado en la vida pública del país. No obstante, a pesar de su baja actividad política, hasta antes de la época de elecciones presidenciales ocupó cargos importantes. Fue jefe de la división de Cultura, Creatividad y Solidaridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y senador de la República de Colombia. En ese orden de ideas podríamos decir que tiene una buena hoja de vida, aunque le falta experiencia en el poder ejecutivo; sin embargo, su verdadera debilidad no es la falta de experiencia en esa rama del poder público, sino su falta de liderazgo.

Esa falta de liderazgo fue percibida inicialmente por la ciudadanía, cuando el presidente se alineó a la ideología del director de su partido, Álvaro Uribe, y objetó seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP. Ante tal actuación, se evidenció que “el 47,4 % de los colombianos estuvo en desacuerdo con las objeciones, frente a un 31,6 % que las apoyaba” (El Espectador, 2019, párr. 8). En consecuencia, según lo reveló la encuesta Gallup Poll, se obtuvo que: La desaprobación de la gestión del presidente Iván Duque Márquez llegó al 60 % -frente a un 32 % que le aprueba- lo que se traduce en un aumento de la inconformidad con la gestión presidencial de 12 puntos respecto de los resultados de la misma medición en febrero pasado. (El Espectador, 2019, párr. 2)

Así pues, el presidente no pudo convencer a la ciudadanía frente a las objeciones que, según él y su partido, se le debían hacer a la JEP. También, hay fuertes críticas hacia el presidente por parte de algunos columnistas de opinión, quienes desaprueban

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por completo la falta de autonomía del jefe de Estado frente a un tema de transcendencia nacional y que, además, ya se había discutido en el pasado, lo cual provocó un atraso en la agenda legislativa del país. Dentro de las críticas hechas al presidente, se destacan las siguientes afirmaciones: “no es un líder con vocación de paz, sino un hombre de extrema derecha, que no entiende que con una paz concertada Colombia puede alcanzar un mayor crecimiento económico” (Alzate, 2019, párr. 3); y, “es una verdad incuestionable que a Iván Duque Márquez le cabe el apelativo de subpresidente porque es la primera vez en la historia de Colombia que el presidente de la República en ejercicio tiene un jefe (Álvaro Uribe Vélez)” (Gómez, 2019, párr. 1). Si analizamos las anteriores opiniones desde sus raíces, llegaremos a la conclusión de que todas ellas convergen en lo mismo: el primer mandatario no tiene autonomía y es Álvaro Uribe quien toma las decisiones.

En ese orden de ideas, y en síntesis de lo anterior, el jefe de Estado Iván Duque se ha ganado, ante la opinión pública, el mote de “títere de Uribe”, por su incapacidad de tomar una decisión trascendental para el país que, recordemos, hubiera evitado el atraso de la agenda legislativa. Es decir que, para muchos, el primer mandatario no está realmente preparado para llevar con firmeza las riendas de Colombia, por lo cual, no se hace extraño que ocurran los acontecimientos que se nombrarán a continuación.

Acontecimientos sospechosos y el mundo de 1984 Una vez visto el concepto que tiene la opinión pública sobre nuestro presidente, es el momento de hablar sobre aquellos acontecimientos que guardan una estrecha relación con la obra de Orwell. Acto seguido se explicará la relación que hay entre la realidad y la ficción literaria. No obstante, antes de continuar con el análisis de estas relaciones, es importante realizar una explicación acerca de qué trata 1984, para que el público que no haya leído la obra de Orwell pueda entender las comparaciones que se llevarán a cabo.

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En el año 1984, el mundo ha quedado dividido en tres súper Estados: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Cada uno de ellos es inconquistable. La historia transcurre en la Franja Aérea 1 (o, como la conocemos hoy en día, Londres) del Súper Estado de Oceanía. Allí hay un gobierno totalitarista que es liderado por una figura omnipresente, conocida como el Gran Hermano, que se encarga de gobernar a los ciudadanos a través de un partido. Este se encuentra dividido en el partido interno y el externo; estos se encargan de dirigir los cuatro ministerios: el ministerio de la verdad, encargado de manipular la información para manipular la historia; el ministerio del amor, encargado de hacer cumplir las leyes; el ministerio de la abundancia, encargado de realizar los racionamientos de comida; y el ministerio de la paz, encargado de los asuntos belicistas. La sociedad que Orwell describe no tiene esperanza de tener un mejor futuro y su porvenir se encuentra en manos del partido cuyo propósito es: No habrá lealtad; no existirá más fidelidad que la que se debe al Partido, ni más amor que el amor al Gran Hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos. Pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano... incesantemente. (Orwell, 1949, pp.304-305)

Ahora, comenzaré a hablar sobre los acontecimientos antes mencionados y su relación con la obra 1984. El primero de estos es el estado de guerra constante en la clase política colombiana. Para nadie es un secreto que nuestros políticos mantienen atacándose unos a otros. Cada uno lo hace con objetivos diferentes, ya sea para desprestigiar a otro y ganar votos a base de esa calumnia o ya sea para desviar la atención de un tema de interés. Sin importar cuál sea el objetivo de las agresiones, los perjudicados siempre van a ser los ciudadanos, dado que los candidatos que eligieron para representar

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sus intereses no están cumpliendo con su deber. De ahí que no exista un plan de acción para atacar la corrupción, no haya leyes sólidas que garanticen la protección de las personas ni un sistema de salud en óptimas condiciones, entre otros.

La relación que tiene este acontecimiento con 1984 es que en la novela también existe un estado de guerra permanente.

Sin embargo, esta guerra no se da entre la clase política, sino entre los tres Super Estados. Puede que la forma en que se da el estado de guerra permanente sea diferente, pero el resultado es el mismo: la ciudadanía se ve perjudicada. En la novela, los ciudadanos de Oceanía son constantemente racionados por la presencia de esa Guerra, además de que son torturados si piensan diferente a lo que el partido quiere que piensen.

El segundo es la presencia de un Gran Hermano. En la novela, el Gran Hermano es una figura omnipresente que gobierna a todos los habitantes de Oceanía. En Colombia tenemos a nuestro propio Big Brother: Álvaro Uribe Vélez. Él es tan idolatrado por las personas que lo siguen que es considerado como si fuera un Dios, el salvador de Colombia.

Esto se debe a su importante gestión en contra de las extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Gracias a eso, el expresidente Álvaro Uribe tiene un grupo de seguidores que asegurará su reelección y la de las personas que él diga. El caso del actual presidente Iván Duque es uno de los más representativos de este fenómeno, ya que él pudo superar la barrera de ser prácticamente un desconocido para los colombianos por el hecho de adherirse a la imagen de Uribe. De esta forma, es evidente el grado de manipulación de este sobre varias personas.

El tercero es el asesinato sistemático de líderes sociales. Es de conocimiento público que los asesinatos a líderes sociales han aumentado considerablemente en el gobierno del presidente Iván Duque. Por ello, algunas entidades se dieron a la tarea de estudiar si existía o no sistematicidad en los homicidios de estas personas, tal es el caso de un informe del programa Somos Defensores, el Cinep, la Universidad Nacional de Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas y el portal Verdad Abierta cuyos resultados fueron publicados

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por la Revista Semana (2019). Allí se afirma que: Entre los alarmantes hallazgos de este informe resalta el hecho de que más del 44 por ciento de los asesinatos se realizaron en las viviendas de los líderes sociales, lo cual muestra un patrón que indicaría la sistematicidad en estos siniestros, debido a que las violaciones a la vida serían el resultado de unas actividades de seguimiento y planeación por parte de los victimarios. En esta línea, cabe resaltar que el pasado 11 de enero del presente año el Estado colombiano reconoció que existe una sistematicidad en el asesinato de líderes sociales en el país. (Semana, 2019, párr. 4)

Antes de realizarse ese estudio, el gobierno daba por sentado que el asesinato de líderes sociales no era sistemático, sino que obedecía a diferentes móviles. De esta forma, se demostraba la poca atención que el gobierno le daba a la masacre de líderes y lideresas en el país. La relación que este hecho guarda con la novela es igual de siniestro. En 1984, las personas que se atrevían a pensar diferente a los principios del INGSOC (lineamientos del partido) eran “vaporizados”. Esto significa que agentes del partido desaparecían a las personas que representaban un problema, mientras estas se encontraban dentro de su residencia. Como podemos darnos cuenta, lo que describió Orwell en el año 1949 se está haciendo realidad en la Colombia del año 2019.

El cuarto es el proyecto de Ley del regulador convergente.

Esta Ley buscaba unificar medios de comunicación mediante una sola entidad: la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que se convertiría en la oficina con la que el gobierno controlaría los medios de comunicación (La Pulla, 2018).

Afortunadamente, gracias al trabajo de los periodistas de la Pulla, se pudo denunciar (con mensaje de urgencia) ante la opinión pública que este proyecto de ley) estaba intentando pasar desapercibido. De lo contrario, el proyecto hubiera continuado su curso normal por el Congreso y, tal vez, hubiera podido ser aprobado sin inconvenientes, lo que le habría dado el poder al gobierno de manipular la información a su conveniencia. Este hecho, puede llegar a ser el que tenga la relación más directa entre la realidad colombiana y la ficción del libro.

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En la novela existe un ente conocido como el Ministerio de la Verdad. Este ministerio era manejado por miembros del partido, quienes se encargaban de manipular la historia a su antojo, dado que tenían el poder de controlar, alterar y actualizar la información según sus intereses. Algo parecido podría haberle ocurrido a Colombia si se hubiera permitido que el gobierno interviniera en el control de la información porque, como ya sabemos, los corruptos, que son la mayoría de nuestros políticos, habrían tenido a la mano un mecanismo con el cual censurar todo aquel que vaya en contra de ellos. De esta manera, resulta evidente la intención que tenía tal proyecto de ley.

Finalmente, hemos llegado al quinto y último acontecimiento. El proyecto de ley del partido de gobierno (Centro Democrático) que buscaba armar a “ciudadanos de bien” para que estos se pudieran defender ante la amenaza de diferentes grupos al margen de la ley. Frente a esto, Semana (2018) aseguró que: Según los parlamentarios, la medida se hace necesaria porque hay ciudadanos “respetuosos de la ley y bajo constante amenaza que están pasando por una situación delicada”. Sin embargo, en la misiva no explican exactamente a cuáles grupos en riesgo se refieren. Ellos requieren de medidas amparadas en el derecho a la defensa personal y el desarme solo beneficia al delincuente que no se rige por restricciones legales”. (párr. 2)

Esta propuesta del partido de gobierno es completamente desacertada e inapropiada porque un país como el nuestro, que se ha caracterizado por ser violento históricamente, terminaría en un completo caos, dado que no se puede solucionar la violencia con más violencia, es más, se crearía un nuevo problema que atentaría contra la seguridad de la ciudadanía y, en consecuencia, tendríamos una problemática semejante a la que pasa en Estados Unidos.

La relación que existe entre este hecho y la ficción literaria es que el armar a la población traería como consecuencia directa un estado de guerra permanente, porque las personas tendrían en sus manos el poder de matar a alguien que

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piense diferente a ellos; esto, sumado a la polarización que vive el país y a la falta de tolerancia de las personas, crearía una fórmula macabra que podría desencadenar una serie de sucesos violentos, como las masacres observadas en los EE. UU. Esto sería una violación al Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia y, finalmente, desembocaría en la muerte de civiles inocentes.

Luego de haber visto y analizado la relación que hay entre los hechos de la realidad colombiana y la novela de Orwell, es momento de realizar una breve reflexión. Como pudimos observar en el primer apartado del texto, nuestros representantes hacen muy poco por defender nuestros intereses. Por tanto, es deber de la ciudadanía tomar consciencia de lo que sucede a diario en nuestro país para que podamos vencer a la clase política tradicional que nos ha gobernado durante mucho tiempo. Es necesario e indispensable un relevo generacional que garantice nuevos líderes cuyas propuestas y agendas realmente trabajen por Colombia y la hagan grande, como debe ser.

Una vez finalizado el tema se puede concluir que la falta de autonomía y de liderazgo de nuestro presidente Iván Duque Márquez ha permitido que ocurran acontecimientos que, de una manera casi siniestra, se relacionan con la ficción literaria 1984 de George Orwell. Por tanto, es necesario que la ciudadanía no se deje sesgar por supuestos dioses como lo es el Gran Hermano colombiano (Álvaro Uribe), sino que tome decisiones de manera consciente y autónoma, que nos permiten avanzar como país mediante las vías del diálogo.

Está en las manos de la ciudadanía poner fin, de una vez por todas, a la guerra permanente que ha creado la clase política y que nos ha puesto unos contra otros.

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Presos: proveedores de verdad para la JEP Diego Alejandro García Arévalo

digarciaa@unal.edu.co Estudiante de Geología Yesenia Rincón Jiménez, docente Lucho por la verdad sin importar quién la diga, lucho por la justicia sin importar quién se oponga. (Malcolm X, s.f.)

Resumen [Texto argumentativo] El conflicto armado en Colombia ha afectado de manera directa e indirecta a múltiples poblaciones del país. Desde la firma de los acuerdos de paz, y con la consolidación de la JEP, se ha buscado conocer y esclarecer hechos que fueron perpetrados durante el conflicto y que dejaron víctimas en distintas regiones de Colombia, para de esta manera respetar el derecho a la verdad. El Comité de Presos por la Verdad de Colombia busca ser escuchado para aportar testimonios que permitan esclarecer hechos como masacres, desaparición forzada, asesinatos selectivos, entre otros, de los que se tiene muy poca o nada de información. Sin embargo, hay quienes dudan de la necesidad de dichas declaraciones, mientras que otros las consideran muy relevantes.

Palabras Clave Comité de Presos por la Verdad de Colombia Conflicto armado JEP Verdad Justicia transicional

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l 24 de noviembre de 2016 se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional, encabezado por Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Con la firma de este acuerdo se buscaba dar fin al conflicto interno, que vivía Colombia desde hace aproximadamente 58 años, y así construir una paz estable y duradera (Gobierno Nacional & FARC-EP, 2016). A partir de esto, se inició un proceso de posacuerdo, en el que los actores involucrados en el conflicto –excombatientes de las FARC–EP, miembros de la fuerza pública y terceros civiles– deben comparecer ante la justicia, de manera que puedan conocerse los delitos cometidos y ser juzgados.

No obstante, debido a las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que han sido de gran magnitud y gravedad, los involucrados no pueden ser juzgados por el sistema judicial tradicional. En consecuencia, se debe recurrir a un sistema de justicia transicional que dé prioridad a las víctimas y su dignidad, y que permita juzgar a los actores del conflicto armado legítimamente (ICTJ, 2019).

La entrada en vigor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en marzo de 2017, ha permitido administrar la justicia para los actores del conflicto armado en Colombia. Desde entonces se han llevado a cabo diferentes procesos para la adecuada ejecución de los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición, dentro de los cuales se encuentra este mecanismo de justicia transicional. Con todo esto se busca gestionar y coordinar la justicia, de modo que se garantice la reparación integral de las víctimas. Sin embargo, se han evidenciado falencias en dichos componentes, debido a las modificaciones que han sufrido luego de su consolidación.

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Dicho lo anterior, uno de los problemas que se ha evidenciado, y del cual se hablará en el presente ensayo, es que, a pesar de los arduos trabajos investigativos realizados por los distintos organismos de control –CTI, Policía Nacional, Ejército Nacional, etc.–, actualmente diversos casos relacionados con el conflicto armado en Colombia se encuentran archivados, a la espera de información que ayude a esclarecer los acontecimientos ocurridos, mientras las víctimas piden una respuesta que clarifique los sucesos que han vivido. Esto perjudica la consecución de los objetivos planteados por la JEP. En consecuencia, se han venido planteando diferentes alternativas para suplir estos problemas, de modo que se cuente con un sistema de gestión más organizado, y de esta manera se pueda cumplir con las obligaciones de esta institución.

Recientemente, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, órgano perteneciente a la JEP, recibió una carta, procedente de la cárcel La Picota de Bogotá, en la que se les ofrece información valiosa que podría favorecer la reparación integral de las víctimas. Esta correspondencia se titula La historia de Colombia está en la cárcel y fue enviada por el Comité de Presos por la Verdad de Colombia (2019), una organización conformada por prisioneros de distintas cárceles, en la que se incluyen excombatientes de las FARC-EP, integrantes de bandas criminales y narcotraficantes que operaron en diferentes regiones del país. Sin embargo, esto ha generado opiniones encontradas, debido a que diversos sectores consideran innecesaria la información ofrecida; alegan que esta fuente no cuenta con suficiente credibilidad pues se ve mediada por las intenciones de los actores involucrados en la carta. Una vez presentado este contexto, me permito decir que este ensayo pretende sustentar que los testimonios referentes al conflicto armado ofrecidos por el Comité de Presos son necesarios para el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas.

El conflicto armado en Colombia ha dejado múltiples huellas en la historia del país, que van desde homicidios y magnicidios hasta atentados, desaparición forzada, fosas

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comunes, entre otras. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (2018)4 , las cifras resultantes de estos casos en los que no se conoce información son elevadas. Así, por ejemplo, de 80.472 casos de desaparición forzada se desconoce el autor de al menos 38.025 hechos; de 673 hechos violentos –calificados como “masacres”– en ninguno de los casos se presenta la identidad de los responsables; en 41 casos –relacionados con actos terroristas– no se tiene a ningún autor identificado; tampoco hay información relacionada con ninguno de los 56.759 casos de asesinatos selectivos; y, finalmente, 6.887 acciones de secuestro están sin clarificar.

Este gran número de casos sin la suficiente información es impresionante, pero puede disminuir al conocer los testimonios del Comité de Presos por la Verdad de Colombia, el cual ha dejado claro, por medio de su carta, que posee información importante acerca de varios hechos, como la operación Orión y los falsos positivos, hechos que están dispuestos a exponer de manera exhaustiva y detallada (Comité de presos por la verdad de Colombia, 2019).

En segundo lugar, la información que poseen dichos actores puede estar directamente relacionada con las áreas en las que se desarrolló la mayor parte del conflicto en Colombia y en las que se tienen más hechos registrados: Antioquia, Meta, Bolívar, Casanare, Magdalena, Putumayo, Valle del Cauca, Córdoba, Cesar, Santander, Nariño y Cauca (Vásquez, 2014). Esto, teniendo en cuenta que algunos integrantes del Comité pertenecieron a grupos armados como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), FARC, BACRIM y Rastrojos, los cuales se distribuyeron y concentraron sus actividades por amplias zonas del país como Antioquia, Bolívar, Casanare, Valle del Cauca, Córdoba, entre otras (Álvarez, Llorente, Cajiao & Garzón, 2017). Además de esto, otros de los integrantes formaron parte de grupos más localizados como las Autodefensas Campesinas del Casanare y del Meta, Bloque Calima, Bloque Norte, Bloque Cundinamarca y Bloque Putumayo

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4. La información presentada corresponde a una compilación de infografías del Observatorio de Memoria y Conflicto.

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(Comité de presos por la verdad de Colombia, 2019), por lo que pueden colaborar con información más detallada de hechos perpetrados en estos lugares en específico.

Cabe mencionar que algunos de los integrantes del Comité ocupaban altos cargos dentro de los grupos a los que pertenecieron, ejemplos claros son Fremio Sánchez Carreño, jefe de una estructura urbana del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas de Colombia, y Nelson Hoyos Sepúlveda, integrante de las AUC y uno de los jefes del Clan del Golfo (Semana, 2019). Estos grupos, de los cuales hicieron parte varios integrantes del Comité, están involucrados en casos de masacres, secuestro, desplazamiento forzado, entre otros. Por esta razón el Comité puede tener información muy relevante respecto a las órdenes que se dictaban y a los autores de distintos casos de los que se desconoce información dentro del conflicto armado.

A pesar de la importancia de estos testimonios, algunos sectores del país afirman que el Comité de Presos en realidad busca, con su petición, hacerse con beneficios judiciales que les permitan aliviar sus penas (Semana, 2019). Por su parte, Humberto de la Calle Lombana, exnegociador de paz, considera que es posible que criminales intenten colarse, pretendiendo que su caso sea visto como parte del conflicto y de esta manera conseguir mejores tratos (WRadio, 2019).

Sin embargo, en el punto 5 del acuerdo final, pactado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se establece que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición adoptará medidas y procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte (Presidencia de la República & FARC-EP, 2016), por lo que buscar beneficios o intentar colarse sin tener información válida, es decir, que permita el esclarecimiento de la verdad, concluirá en el rechazo de la solicitud.

De esta forma, los testimonios del Comité de Presos por la Verdad de Colombia son necesarios para esclarecer varios hechos que continúan necesitando pruebas y que, por ende, no han podido ser resueltos. Con dicha información la Juris-

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dicción Especial para la Paz tendrá una ayuda para poder reparar integralmente a las víctimas y que estas puedan conocer qué fue lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables de los hechos. También, dichas declaraciones podrán reducir el número de casos de desaparecidos de los que no se tiene ninguna información y permitirán conocer involucrados en masacres, atentados terroristas, asesinatos selectivos, secuestros, entre otros hechos perpetrados durante el conflicto armado.

Es menester que los sectores en oposición reflexionen acerca de la importancia de dichos testimonios y en la gran oportunidad que se presenta para el esclarecimiento de la verdad en Colombia, ya que, como dice el experto en conflicto Álvaro Villarraga, “en Colombia el reto de la verdad es muy grande, es un derecho de las víctimas en primer lugar, pero también del conjunto de la sociedad” (Vallejo, 2015, párr. 7).

Cabe resaltar que, lo dicho hasta este punto, se debe realizar teniendo en cuenta que la JEP no permitirá que integrantes del Comité que no tengan ninguna información relevante, relacionada con el conflicto, salgan beneficiados sin razón alguna.

Finalmente, de ser tenida en cuenta la petición del Comité, se viene un gran reto para la JEP. Esta deberá analizar y decidir cuáles involucrados del Comité de Presos poseen información valiosa sobre el conflicto armado y cuáles definitivamente no tienen aportes significativos sobre la verdad de Colombia para, de esta manera, obtener suficiente información que les permita cumplir satisfactoriamente sus objetivos y, al mismo tiempo, evitar que salgan beneficiados presos que no aporten algún testimonio relevante. Todo esto se verá finalmente reflejado en el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas.

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La mágica herramienta política de la última década Diego Gabriel Pulido Ortiz

dpulidoo@unal.edu.co Estudiante de Ingeniería Civil Karen Castelblanco Villamil, docente "Cualquier tecnología suficientemente ava zada es indistinguible de la magia." Arthur Clarke (1973 citado por Bree, 2019)

Resumen [Texto Argumentativo] Este ensayo se desarrolla alrededor del enlace entre la política y las redes sociales. Hace aproximadamente una década en Norteamérica, Europa y Latinoamérica se ha desarrollado una concepción diferente de los procesos políticos tanto por parte de los gobernantes como por parte de los aspirantes a cargos de elección popular. En Colombia esta nueva dinámica se ha gestado gracias a internet y más específicamente a las redes sociales Twitter y Facebook. A lo largo del texto se argumenta por qué en Colombia la influencia de estas redes sociales en la práctica política ha generado efectos positivos y podrá generar aún mejores resultados en la medida en que sus usuarios las usen con moralidad, responsabilidad y objetividad.

Palabras Clave Comunicación política Redes sociales Participación Facebook Twitter

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as redes sociales, según Alconchel (2013), son sitios en la web “cuya finalidad es permitir a los usuarios pueden interactuar, comunicarse, publicar contenidos y crear comunidades” (p. 24) a través de relaciones sociales. En Colombia, por ejemplo, las redes sociales Twitter y Facebook tienen una gran aceptación al punto de convertirse en una herramienta política muy positiva si se consideran tres razones: primero, en política, la popularidad y la aprobación entre las comunidades son fundamentales tanto para los gobernantes como para los aspirantes políticos. Segundo, para una verdadera democracia las comunidades deben conocer tanto de sus candidatos y sus propuestas como de sus actuales gobernantes. Tercero, estas dos redes sociales reúnen características y cualidades bastante propicias para la práctica política.

Considerando lo anterior, en este ensayo se argumenta por qué las redes sociales Twitter y Facebook actualmente son generadoras de una mejor dinámica política en Colombia.

En primer lugar, la participación del sector político colombiano en Twitter y Facebook ha promovido buenas prácticas de deliberación y acercamiento de los colombianos a los temas coyunturales de orden nacional. Líderes de todos los sectores políticos están en constante actividad por medio de sus perfiles de Twitter y Facebook, publicando sus posturas acerca de los acontecimientos sociopolíticos y económicos de interés local y nacional. Su actividad se debe a que la popularidad y alcance que se pueden lograr en redes es clave para cualquier político. Esto queda en evidencia revisando como casi todos los municipios del país tienen cuenta oficial de Facebook o mirando las estadísticas que dejaron las últimas elecciones presidenciales de 2018 en Colombia: en siete días se contabilizaron aproximadamente 1.812 publicaciones entre los cinco candidatos, según la revista Semana (s.f.).

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En este sentido, el punto garante de una mejor dinámica política es que los representantes de todos los sectores políticos confluyan en la utilización de Twitter y Facebook, así se genera un espacio de publicación de ideas. Por tanto, un escenario de disertación que ineludiblemente involucra y estimula la participación de la población colombiana.

En segundo lugar, Túñez y Sixto (2011) mencionan que la comunicación ha cambiado y esto ha repercutido en el ámbito político, ya que la oportunidad de crear mensajes que llegan a multitudes en cuestión de segundos ha reformado e irrumpido en la concepción tradicional de la manera de comunicarse en la política. Aseveran que las redes sociales tanto por la cantidad de usuarios como por las políticas de control sobre las publicaciones se han vuelto una herramienta efectiva para dar a conocer proyectos e ideas políticas a las comunidades que a su vez son más participativas, razón por la cual, hoy en día es un instrumento esencial para quien aspire a darse a conocer como un buen candidato o dirigente.

Es claro, entonces, que la considerable participación del pueblo colombiano enlazado con la alta interacción de los representantes de los sectores políticos colombianos en Facebook y Twitter tiene como consecuencia un mayor acercamiento de la población a los temas actuales que nos competen a todos. No obstante, por el hecho de tener un país con índices de corrupción tan altos y, en consecuencia, una ética política tan maltrecha, se podría pensar que la información que proponen los representantes políticos por redes puede tener la intención de engañar, manipular, agredir, conducir al error, etcétera.

Efectivamente, en nuestro contexto es totalmente probable que existan malas prácticas en las redes sociales. Ante un problema ético tan grande, como el de algunos de los políticos de nuestro país, es responsabilidad de los ciudadanos buscar más a fondo los argumentos de las diferentes partes y consultar diversas opiniones. La mejor manera de evaluar la validez de un argumento es a través del análisis del mismo y del contraste con su contraargumento, es decir, es necesario revisar los argumentos de la otra parte. De esta forma, es bastante probable detectar y eludir los intentos de engaño.

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Solo con una mirada completa y objetiva ante cada asunto, se pueden enfrentar tales prácticas.

En tercer lugar, la ampliación de la cobertura de internet y la alta participación de la población colombiana en Twitter y Facebook permite algo fundamental en una auténtica democracia: una mayor cercanía a los candidatos y gobernantes. Hecho que por sus condiciones da cabida al concepto de ciberpolítica que, según Alconchel (2013), es un nuevo escenario político desarrollado en plataformas de diferentes magnitudes por medio de internet y que abre las puertas a la profundización de la democracia. Este concepto articula el prefijo ‘ciber’ junto con la palabra ‘política’, lo cual puede interpretarse como un nuevo proceso en donde las comunidades y, particularmente, las colombianas pueden hacerse al poder de su territorio a través de la red, en otras palabras, es el ideal del gobierno del pueblo con la ayuda del ciberespacio.

La población colombiana tiene una enorme participación en la plataforma de Facebook y Twitter. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC (s.f.) sostiene que Colombia ocupó mundialmente el puesto número 14 con aproximadamente quince millones de personas registradas, en tanto que la capital colombiana ocupó el noveno puesto entre todas las ciudades del mundo con una cantidad aproximada de 6,5 millones de usuarios. Esto deja en manifiesto la capacidad y el alcance de la ciberpolítica como artífice de un cambio en el proceso político, ya que, por una parte, les da la oportunidad a los aspirantes a cargos públicos de elección popular de darse a conocer de una forma más cercana y, por otra parte, le da la posibilidad a la población tanto de aproximarse a los candidatos como a sus propuestas puntuales.

En Twitter se estiman 6 millones de usuarios colombianos superando a países como Francia y Alemania, adicionalmente, el relativo desarrollo del país ha generado que internet llegue a los lugares más apartados a muy bajo costo y en muchos casos de forma gratuita. MinTIC (2017) reveló que a finales del 2017 el 98 % de los municipios del país contaban con acceso a internet. Sin olvidar que, de ejecutarse por completo el proyecto de los Kioscos Vive Digital (se

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estima que se construirán 7.832 kioscos en 952 municipios del país), el impacto de las redes se potencializaría.

La multitudinaria participación en Twitter y Facebook genera que buena parte de los ciudadanos colombianos se aproximen a los asuntos políticos. Esto de manera ineludible genera una dinámica política más inclusiva y democrática.

Comorera (2017), investigadores del uso de las redes sociales las TIC, mencionan que: Las redes sociales son un elemento importante para mantener y mejorar las democracias actuales. Hoy en día no se puede entender la sociedad, sus modos de vida y sus problemas sin tener un ojo puesto en las redes sociales. La comunicación va intrínsecamente relacionada con la acción política para que la gran caja negra del poder legislativo se abra a la sociedad y se entiendan y comprendan mejor todas las acciones. (p. 9)

Un limitante actual de la ciberpolítica es que aún el 100 % de la población colombiana votante no goza de acceso a internet ni a redes sociales. Si bien lo anterior es parcialmente, puesto que, ya sea por falta de voluntad, de oportunidad o de capacidad, hay una reducida población que no puede acceder al ciberespacio, es importante saber que la revolución tecnológica del último siglo ha traído consigo que cada día más personas tengan el acceso al conocimiento, la información y el entretenimiento que ofrece esta plataforma. Medidas como la ampliación de cobertura de internet o el aumento de usuarios colombianos de Twitter y Facebook dan cuenta de que en el futuro probablemente esa cifra de la población que por algún motivo hoy no interactúa en redes sociales va a tender a cero.

En cuarto lugar, Twitter y Facebook articulan una serie de propiedades que ayudan a los usuarios a entender sus contenidos. Esto las hace potencialmente atractivas y apropiadas para la disertación política. Virtudes como articular textos audiovisuales con textos escritos y a su vez brindar la oportunidad de comentar acerca del asunto tratado promueven un espacio multimodal de gran provecho. Este espacio proyecta una cultura participativa entre los diferentes actores sociales de nuestro país. Al estimular el aprendizaje, la par-

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ticipación y la comprensión, estas redes generan un buen escenario de transmisión informativa y discusión.

La multimodalidad en la comunicación propone analógicamente el transporte de un mensaje a través de distintos medios, lo que en la práctica hace más efectiva la compresión del interlocutor. El contenido específico de un mensaje es mucho más visible e interpretable si se utiliza la comunicación multimodal, a tal punto que hoy en día es considerada como una propuesta futurista que puede reformar muchos escenarios de la sociedad.

Se sabe que, debido a los distintos estilos de aprendizaje, la articulación de procesos cognitivos y sensoriales, como la lectura y la escucha, en una misma actividad potencia el entendimiento del tema tratado. Esto supone que, a mayor grado de comprensión, la persona es más propensa a detectar información errónea o posibles engaños. Un artículo investigativo sobre análisis multimodal afirma que: Los sistemas de diálogo multimodal (multimodal dialogue systems, MDS), entre los que se cuentan los audiovisuales y el software, utilizan varios canales de comunicación (habla, texto, expresiones faciales, gestos, etc.) proporcionando una interacción más flexible, cómoda y adaptativa, que permite reducir los errores en la comunicación. Y es que un mensaje multimodal permite una interpretación más fiable de los mensajes e intenciones comunicativas. (Gustems, Calderón & Calderón, 2016, p. 14)

Por lo general los políticos usan técnicas retóricas con las que postulan ideas bastante complejas y difíciles de comprender que son usadas para engañar. Estas prácticas se ven seriamente atacadas ya que en las redes sociales confluyen características multimodales que fortalecen la comprensión y la participación. Por tanto, es más probable que desde el análisis multimodal se desmantelen las intenciones negativas por parte de quienes hacen política a través de la manipulación.

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En conclusión, las redes sociales son espacios con mucho potencial para explotar en bastantes ámbitos; puntualmente, en el político colombiano. Este potencial va en alza, porque en el futuro todo apunta a que la tecnología tomará cada vez más espacios en la cotidianidad de los seres humanos; sin embargo, sin lugar a duda, se evidenció que sin ética cualquier avance es relativo, porque existe el riego de que estas herramientas sean utilizadas con malas intenciones, lo que resulta en detrimento del progreso. Así pues, una buena manera de contribuir a este campo es investigar acerca de la trascendencia de las redes sociales sin ética ni moral por parte de sus usuarios.

Por último, al conocer el impacto de las redes sociales más usadas (Twitter y Facebook) en la realidad política de Colombia, se invita al lector de este ensayo a usarlas previendo la repercusión política que tienen en sí mismo y en los demás, y procurando usar sus múltiples herramientas para detectar falacias, crear una posición personal, participar y así contribuir a la construcción de un mejor país.

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Una sombra detrás de las BACRIM Lina Milena Gómez Morales

ligomezm@unal.edu.co Estudiante de Ingeniería Química Karen Castelblanco Villamil, docente

Resumen [Texto Argumentativo] Las bandas criminales (BACRIM) en Colombia utilizan distintos métodos delictivos como atentados, intimidaciones y homicidios, que han aumentado recientemente contra los medios de comunicación bajo la orden de personas o entes que tienen poder en la sociedad. Esto con el principal propósito de provocar miedo tanto a la población como a los periodistas y así mismo, poder manipular u ocultar la información que amenaza la continuidad de sus acciones.

Palabras Clave BACRIM Periodismo Actos violentos Autores Propósito

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n los últimos años, hemos visto cómo la libertad de prensa en Colombia ha sido amenazada de diferentes formas por personas o grupos con poder político, social y económico. Entre estos, se encuentran las distintas bandas criminales (BACRIM) lideradas y conformadas, en parte, por desmovilizados de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) que actúan de manera violenta para conseguir el control político, territorial, informativo y de los recursos de una zona específica. Algunos grupos criminales como “Los Rastrojos”, “Las Águilas Negras”, “Los Paisas”, “Los Urabeños”, entre otros; amenazan, intimidan e incluso ejecutan atentados contra la vida de los periodistas. Todo esto, con el fin de obstaculizar el trabajo de los medios de comunicación y, así mismo, ocultar la información que no les conviene que salga a la luz pública porque afecta su persistencia en el poder. Sin embargo, podríamos llegar a preguntarnos, ¿realmente son las bandas criminales quienes tienen la intención de manipular o encubrir información?, ¿existen en verdad ataques producidos por dichos grupos armados?

De esta forma, en el presente ensayo se pretende defender la idea de que las bandas criminales realizan amenazas y atentados al periodismo colombiano por orden de personas o entes con todo tipo de poder, con el propósito principal de manipular y ocultar la información a su conveniencia. Para ello, en primera instancia, se sustentará la existencia de ataques violentos hacia medios de comunicación y periodistas, por medio de una explicación breve acerca de dichos actos ilegales y las diferentes formas en las que pueden operar estos grupos. Luego, se desarrollarán las ideas principales a través de algunos ejemplos reales y se formulará algunas conclusiones que se articulan a esta información.

Desde hace algunos años, las amenazas y ataques violentos contra periodistas, medios de comunicación y sus familiares han aumentado considerablemente; gran parte de dichos actos delictivos son ocasionados por grupos paramilitares o bandas criminales (Laverde, 2013). En la mayoría de

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los casos, las intimidaciones y actos violentos se realizan a través de llamadas telefónicas, indirectas escritas, mensajes de texto, redes sociales como Twitter y Facebook donde se publican panfletos o mensajes, e incluso por medio de atentados y robos en sus casas o sitios de trabajo. Por ejemplo, ese el caso del director de la radio Caucasia Stereo, Óscar Martínez, quien, en el año 2011, se vio obligado a abandonar sus publicaciones sobre las posibles relaciones entre funcionarios públicos de la policía y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), luego de recibir un ataque con granadas a su la emisora y amenazas de extorsión (Otis, 2013).

Ahora bien, aunque es imposible negar los actos agresivos realizados hacia el periodismo nacional, es importante conocer las intenciones y los verdaderos autores de dichos actos.

El principal fin de las intimidaciones y asesinatos es causar miedo tanto a la población como a los periodistas. Esto, por un lado, lo hacen para poder manejar y ocultar la información que los afecta, como, por ejemplo, los temas relacionados con el vínculo que tienen funcionarios del gobierno y de las fuerzas militares con las bandas criminales (Contreras, 2018). Por otro lado, pretenden generar una figura de respeto y autoridad hacia ellos en un determinado lugar y, así mismo, poder controlar dicho territorio sin ningún problema. Este aspecto se puede evidenciar en el Bajo Cauca antioqueño, donde “muchas emisoras de la región han optado por poner música en vez de noticias por temor a las amenazas” (FLIP, citado por Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 184).

Respecto a los verdaderos autores de los actos delictivos, se podría pensar que existe un trasfondo bastante complicado en el que se observan intereses políticos y económicos.

Detrás de las bandas criminales se encuentran autoridades, empresas extractivas, administraciones municipales, funcionarios públicos y empresarios con poder. Esto se puede concluir, ya que muchos de los periodistas que han investigado y denunciado la relación de personas o entes con bandas criminales han sufrido atentados, amenazas e incluso asesinatos. Tal es el caso del periodista Luis Carlos Cervantes, a

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quien asesinaron en 2014, luego de recibir amenazas desde 2010 por hacer publicaciones acerca de los vínculos que tienen las administraciones municipales con grupos armados como “Los Rastrojos” y “Los Urabeños” (El Tiempo, 2014).

Otro ejemplo, es el de Léiderman Ortiz Berrío, quien ha recibido distintas intimidaciones y atentados con granadas en su casa, por investigar y publicar acerca del vínculo que tienen algunos funcionarios públicos con grupos delincuenciales (De la Urbe, 2014). Incluso la Federación Colombiana de Periodismo, FECOLPER, (citado en Borrajo, Compains, Cubilledo, Perea & Pulleiro, 2016) “denuncia que los asesinatos, amenazas o torturas muchas veces han sido provocados por autoridades o empresas extractivas, que utilizan su ejército de paramilitares, conocidos como las BACRIM” (p.259).

De esta manera, la relación que existe entre las entidades mencionadas y las BACRIM, también, se hace evidente por las capturas que se han llevado a cabo contra funcionarios públicos, en especial, por el fenómeno conocido como “BACRIM-política”. Dentro de las personas capturadas se encuentran políticos como José Mercedes Berrío (alcalde del municipio de Cáceres), Juan Francisco Gómez (gobernador de la Guajira), Carlos Obando (concejal de Envigado); autoridades como la jueza Elvira Restrepo Londoño de Apartadó y el capitán de la Policía Nacional Richard Orlando Rosero e, incluso, empresas nacionales como Goldex. Lo anterior, se relaciona con un informe de la Unidad de Fiscalías contra las Bandas Emergentes, el cual menciona que “de los 208 investigados, 114 pertenecen a la Fuerza Pública, 10 son concejales o aspirantes al Concejo, y 7 alcaldes o candidatos a ese cargo” (COLPRENSA, 2013, p.1).

Adicionalmente, se puede inferir que existen autores de los actos violentos diferentes a las bandas criminales, puesto que es posible dudar de la existencia de algunos grupos armados como “Las Águilas Negras”, de quienes han circulado últimamente diferentes panfletos con amenazas.

Según Cosoy (2017), La Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL) afirma que dicha banda surgió durante el proce-

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so de desmovilización y de reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); no obstante, todas desaparecieron desde hace varios años. De igual manera, el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO), citado por Bolaños (2018), asegura que el “Comando Central de las Águilas Negras de Colombia” no existe. Por consiguiente, pueden existir actores políticos detrás de dichas acciones, hecho que es apoyado por la Fundación Paz Y Reconciliación al afirmar que en diversas situaciones se ha usado el nombre de “Las Águilas Negras” con intenciones políticas (Ávila, 2018). Por último, aunque las amenazas y atentados que sufre el periodismo colombiano por parte de las BACRIM son evidentes, la realidad no es tal como parece. Dichas bandas están manejadas por personas y organizaciones con todo tipo de poder, que buscan manipular y ocultar información a su favor. Además, se podría pensar que el Estado de nuestro país debería proteger la libertad de prensa tomando medidas contra los responsables de las violaciones que se producen, ya que es evidente el riesgo que algunos periodistas corren actualmente. Sin embargo, el Estado no se ha esforzado en lo absoluto por velar por su seguridad y la UNP (Unidad Nacional de Protección) no ha realizado eficazmente su labor de brindar la protección necesaria a quienes la requieren.

Por tal razón, en Colombia se presentan ataques violentos principalmente en contra de los medios de comunicación regionales, debido a que existe tanto una crisis de justicia y liderazgo por parte del Gobierno, así como un desinterés hacia el periodismo por parte de la sociedad. Lo anterior ayuda a que los grupos armados logren el objetivo de ocultar o manipular la información que obstaculiza la continuidad de sus acciones, como por ejemplo, los temas relacionados con la corrupción, el poder excesivo, el centro de la violencia, los problemas de las comunidades, la minería, los posacuerdos con bandas emergentes como las AUC, entre otros; especialmente en regiones vinculadas con la violencia, donde los pequeños medios de comunicación son la única fuente de información (El Tiempo, 2016).

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En conclusión, cabe resaltar la valentía que han tenido muchos de los periodistas que han sufrido amenazas de muerte e incluso atentados graves, como es el caso de los reporteros Ricardo Ruidíaz de Colmundo Radio; Léiderman Ortiz Berrío, fundador del periódico La Verdad del Pueblo; Álvaro Chedip de Teleantioquia; y José Luis Mayorga de la Agencia de Reporteros Sin Fronteras; quienes son reconocidos como periodistas destacados que diariamente están comprometidos con la circulación de la información. Por tanto, la invitación es a reflexionar acerca del papel que tienen los medios de comunicación locales en nuestra sociedad, a atender de manera crítica lo que se dice por los medios de comunicación y a apoyar la labor de los periodistas para lograr que la población colombiana esté informada.

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En defensa de la legalización del comercio sexual en Colombia Cristian David Rubiano Báez

crubiano@unal.edu.co Estudiante de Filosofía Jack Henríquez Gómez, docente “En el capitalismo tardío la búsqueda de placer sexual ha transformado el paradigma de la sexualidad y se ha pasado del sexo procreativo al sexo recreativo”. Marta Lamas (2016)

Resumen [Texto argumentativo] Frente a los numerosos vejámenes que pueden padecer las personas dedicadas al comercio sexual, cabe preguntarse si este ejercicio debería mantenerse legal en Colombia. En este ensayo, se define la legalización de tal actividad; para ello, con base en diferentes fuentes, el autor tendrá en cuenta que la ilegalidad vuelve peligrosa la actividad, mientras analiza el aspecto de la moral de las posturas en contra. Asimismo, se mostrará que el comercio sexual en Colombia no está lo suficientemente bien regulado y se analizará de manera crítica la conexión que supuestamente existe entre la legalización del comercio sexual y el aumento de trata de personas. Con todo esto, se concluirá que la opción más viable para empezar a resolver los problemas asociados con este comercio es tomar una postura que abogue por los derechos laborales de las personas que deciden ejercer como trabajadoras sexuales.

Palabras Clave Comercio sexual Prostitución Legalización Regulación

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C

olombia es un país ciertamente influenciado por la globalización y el capitalismo. Este factor de globalización influye en el modo en que se efectúa el comercio sexual actualmente, aunque, de hecho, esta es una cuestión bastante antigua (Tirado, 2011). Quizá esta influencia del sistema económico en dicho comercio se evidencia más en cómo este se ha adaptado a las nuevas tecnologías y en el crecimiento del debate acerca de la implementación de políticas a favor o en contra de su reconocimiento como un trabajo legítimo.

Respecto a esto último, existen posturas que tienen una idea bastante negativa del comercio sexual por la que se pensaría que lo mejor para todos es prohibirlo o abolirlo. Quienes toman estas posturas hablan de las mujeres en esta situación, ya sea como víctimas a disposición del placer de la sexualidad masculina en un sistema patriarcal y capitalista o ya sea como mujeres impías, degeneradas y corrompidas5. Cabe resaltar que son las mujeres quienes ejercen en mayor medida la prostitución en Bogotá, Colombia6. A lo anterior se le suma lo más importante a la hora de hablar de la prostitución que es el contexto de violencia y vulnerabilidad al que se enfrentan quienes 5. Para tener una idea más clara acerca de estas posturas en contra del trabajo sexual véase Modelos de Regulación de la Prostitución en la Unión Europea por Sofía Santoyo Salgado (2015-2016).

6. La Secretaría Distrital de la Mujer, en el 2017, hizo una estimación de la población de personas que trabajan del sexo en establecimientos y en las calles de Bogotá: 7094 personas, de las cuales el 96,8 % eran mujeres (Observatorio de la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas LGBTI, 2018). Lo anterior indica claramente que este es un trabajado feminizado

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ejercen dicho oficio. Con todo esto, cabe preguntarse, ¿debería mantenerse legal la prostitución en este país?

Creo que la manera más adecuada para empezar a dar solución a dicho problema de violencia y vulnerabilidad es tomar una postura que esté a favor de la legalización del comercio sexual, junto con su respectiva y estricta regulación. Así pues, me limitaré a ofrecer algunas razones básicas que justifican por qué este debería mantenerse legal, resaltando que esto resulta más beneficioso para quienes se dedican a tal actividad y que la resistencia a la legalización podría no ser tan buena idea. También mencionaré algunos aspectos morales que influencian las posturas en contra de la legalización. Esto último, como intentaré demostrar, podría obstaculizar el presente debate al argumentar desde prejuicios morales que ni siquiera se han cuestionado.

Para empezar, hay que tener en cuenta cuál es la razón por la que alguien decide ejercer la prostitución. Las personas, que muchas veces se encuentran en una situación de precariedad laboral, evalúan el panorama de las pocas opciones que tienen y deciden qué trabajo realizar. De este modo, ellas pueden decidirse por hacer incluso labores que seguramente no quieren hacer, como limpiar baños públicos o trabajar en basureros. Así pues, la principal razón por la que deciden entrar en el mundo del comercio sexual suele ser la necesidad económica.

Ahora bien, una mujer puede decidir ejercer la prostitución porque dentro de las opciones que tenía esta era la que más dinero le generaría; sin embargo, antes de juzgarla moralmente, lo primero que debería analizarse es si este ejercicio está o no legalizado, ya que, al no existir una ley que lo reconozca laboralmente, la mujer queda desprotegida y corre el riesgo de ser explotada, lo que hace bastante difícil, sino imposible, ayudarla a superar sus problemas económicos. En otras palabras, ella no solo corre el riesgo de no obtener las ganancias que necesita, sino también de vivir una constante violación a sus derechos. Bien lo expresa Marta Lamas (2014), en su artículo de la revista Nexos:

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Como lo que impulsa a las trabajadoras a dedicarse a tal actividad suele ser la necesidad económica, prohibirla sin garantizarles un ingreso similar, ni la más mínima seguridad social, les quita una “tablita de salvación”. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que las llevan a tal actividad, penalizar para erradicar el comercio sexual las hundiría o marginaría aún más. (párr. 14)

La inmediata penalización del comercio sexual —ya sea sancionando a la trabajadora o al cliente— no es la solución más adecuada. En caso de que se penalice, la demanda y oferta de servicios sexuales, aunque podría disminuir, se trasladaría a lugares “invisibilizados” por la ley, es decir, pasaría a ser un negocio clandestino. Por lo tanto, es mejor tener legalizado el comercio sexual, para tener control en lo que respecta a la violencia sobre dicho oficio. Se considera más problemática la prostitución ilegal que cuando esta se hace legal. La filósofa feminista norteamericana Martha Nussbaum (2012) concuerda con esto y sostiene que “mantener la prostitución ilegal solo aumenta las amenazas de violencia, enfermedad y abuso que enfrentan las mujeres porque la ilegalidad impide una supervisión adecuada, fomenta el control de los proxenetas y desalienta los controles de salud”7 (párr. 3). Y es en este aspecto de legalizar el comercio sexual para tener control y supervisión adecuada sobre él en donde entra la regulación rigurosa que he mencionado antes.

En Colombia la prostitución es legal; sin embargo, ella no está bien regulada. La Secretaría Distrital de la Mujer, citada por el Observatorio de la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas LGBTI (2018), hizo una entrevista a 2.758 personas trabajadoras del sexo en la capital y con esta se demostró que apenas el 53,4 % de ellas están afiliadas a servicios de salud. También se evidenció que el 68,1 % del total de mujeres cisgénero y hombres trans no se han aplicado la vacuna para prevenir el cáncer de cuello uterino o el virus del papiloma humano. En consecuencia, numerosas personas trabajadoras del sexo de la capital no cuentan con algunas de las condiciones necesarias que deben tener en la labor sexual legalizada. Tal situación

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7. Traducción hecha por el autor.

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evidencia la necesidad de que esta labor deba estar mejor regulada y no simplemente legalizada en teoría.

Sobre este último aspecto, algunas feministas sostienen que, debido a los riesgos de salud que tienen que enfrentar las trabajadoras del sexo, “consideraciones fundamentales para una política de salud pública respaldan la importancia de una regulación que saque de la clandestinidad a quienes interactúan en esa dinámica de compraventa” (Lamas, 2014, párr. 13). Sin embargo, en Colombia, la falta de rigurosidad de la ley en este escenario demuestra que no basta con que este oficio sea legal si existe una regulación a medias. Es necesario que la ley esté presente en todos los aspectos de seguridad social, desde la afiliación a servicios de salud hasta una supervisión necesaria acerca del cumplimiento normativo de los derechos laborales.

Con una regulación minuciosa se debería castigar todo tipo de abuso o proxenetismo que le quiera sacar ventaja a la legalidad del comercio sexual. En casos en los que los trabajadores sexuales quieren realizar una demanda por sufrir algún tipo de abuso, la ley debe respaldarlos como lo haría con cualquier otra persona que podría ser abusada en un trabajo legal. Sin estas condiciones necesarias para ejercer tal actividad, sería muy difícil lograr una verdadera efectividad con la legalización. Por consiguiente, el cumplimiento riguroso de la ley en el comercio sexual resultaría más beneficioso para quienes ejercen dicha actividad en los aspectos de salud y seguridad social.

Por otro lado, algunos estudiosos del tema han sugerido que la penalización, desde un punto de vista abolicionista, más allá de querer brindar seguridad social a quienes ejercen ese oficio, estaría fortaleciendo un paradigma “conservador” de la sexualidad femenina (Bernstein, 2014). Tal paradigma hace ver a la mujer trabajadora sexual siempre como una “víctima” a la que hay que rescatar, castigando a los hombres que cobran por sus servicios. De esta manera, también se hace ver al comercio sexual como algo menos aceptable que cualquier otro tipo de oficio. De modo que, cuando se penaliza al cliente, no se hace más que imponer el modelo de sexualidad femenina permitida por aquellos quienes pro-

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testan en contra del comercio sexual, desviándose del punto más importante: las oportunidades laborales y las dificultades económicas de las personas.

En 2017, la excongresista Clara Rojas propuso un proyecto de ley con fines abolicionistas para multar a quienes pagan por servicios sexuales. Inmediatamente, desde la página web de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (2017), el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia expresó su rechazo a propósito del proyecto de ley: La penalización del cliente expone a las trabajadoras sexuales, a una situación de mayor clandestinidad. Al prohibir la demanda de servicios sexuales, el ejercicio de nuestro trabajo se vuelve clandestino, lo que hace que nos veamos más vulnerables a los abusos y presiones policiales, de clientes, de locadores, etc. (párr. 3)

De este modo, reitero que, al intentar penalizar la demanda como lo propuso Clara Rojas, se corren riesgos mayores.

Además de eso, el comercio sexual quedaría aún más estigmatizado, puesto que se validaría como una práctica “inmoral”. Así, con una propuesta como la de la excongresista, también se estaría imponiendo de cierto modo la manera correcta o incorrecta en que una persona debe practicar su sexualidad, impidiendo que se practique con consentimiento para fines recreativos y con dinero de por medio pues, al parecer, lo más delicado de este ejercicio es la prestación de servicios sexuales. Marta Lamas (2014) dice que ese discurso abolicionista muchas veces recurre al “pánico moral”, con lo cual se termina abusando de la figura de la mujer como “víctima” y se impide ver la complejidad de la toma de decisiones de una mujer sobre ese oficio. Por tanto, es necesario dejar los prejuicios morales a un lado y abogar por políticas serias que ayuden a regular el comercio sexual, de modo que se evite caer en los peligros de la clandestinidad.

Para terminar, quiero considerar el argumento de algunas personas con el cual afirman que legalizar el trabajo sexual aumenta la trata de personas con fines de explotación sexual. Rachel Lloyd (2015) sostiene que, en Ámsterdam, lugar donde el comercio sexual es legal, se está empezando a

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reconocer un aumento de la trata de personas con ese fin. Al parecer, lo que subyace en este argumento es la idea de que, cuando hay un elevado precio que los clientes no pueden pagar, estos recurrirían a lugares donde los precios son más bajos, lugares donde hay trata de personas8. Sin embargo, considerando la naturaleza ilegal de la trata, es bastante difícil tener datos fiables de ella. Así, es imposible establecer una conexión causal entre la legalización del comercio sexual y el aumento de la trata. De acuerdo con Lucrecia Rubio Grundell (2015)9, si no hay información fiable de todos los casos de trata existentes, es imposible establecer la razón por la que podría haber o no un aumento. La información que se obtiene sirve en tanto estimación parcial, pero no es suficiente para determinar una conexión causal necesaria.

En conclusión, al legalizar el comercio sexual lo que se hace es abogar por los derechos laborales de las personas trabajadoras del sexo, para que ellas puedan trabajar sin riesgos de violencia o explotación. Nuestros prejuicios morales personales no deberían intervenir en los estudios sobre dicho oficio. Tampoco hay que olvidar combatir la trata para trabajar en mejores estrategias que ayuden a erradicarla. No puedo evitar preguntarme en el caso de que se tome la decisión de abolir o prohibir esta actividad: ¿realmente acabaría la prostitución? Esto me hace pensar en la similitud que tiene esta discusión con otros debates acerca de la legalización de alguna actividad o producto, como, por ejemplo, el debate 8. Es importante resaltar que trata y comercio sexual no es lo mismo. Trata se refiere a la captación y traslado forzoso de una persona con el fin de explotarla. (Protocolo de Palermo, Artículo 3, Definiciones).

En cuanto al comercio sexual, nadie debería estar obligado a ejercerla. Las cuestiones acerca de la libertad de una persona en su toma de decisiones laborales en el capitalismo no es asunto de este escrito.

9. Estudiante de doctorado de la European University Institute en Florencia, Italia, donde escribe su tesis sobre la interacción entre la titulización de la trata de mujeres con fines de explotación sexual en la Unión Europea y las contra estrategias defendidas y practicadas por lobbies feministas contra la trata y ONG

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sobre el aborto, puesto que, al ser este ilegal, pareciera forzar a las personas a cometerlo por medios clandestinos. En ese sentido, el núcleo de estos debates parece encontrarse en nuestras creencias morales y nuestras convicciones políticas sobre la forma en la que debemos vivir en sociedad.

Quiero dejar claro que, con una postura a favor de la legalización del comercio sexual, no se está incentivando a ejercerlo. Ahora, si alguien se encuentra en esa situación y en definitiva no quiere seguir ahí, se le debería permitir capacitarse para otro trabajo, como debería suceder con cualquier persona en cualquier empleo legal. Por eso, lo que me parece más importante a la hora de considerar la legalización de esta actividad es la adecuada regulación que se llevará a cabo, con la que se suscita considerar las condiciones laborales necesarias que debe tener una persona que decidió trabajar en esta industria. Los datos nos muestran que, a pesar de que en Colombia el comercio del sexo es legal, todavía hace falta algo más para solucionar la baja calidad de vida de las personas más vulnerables dedicadas a tal ejercicio. Ya es momento de que en este país las políticas laborales sobre el comercio sexual se efectúen adecuadamente.

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El territorio como derecho identitario campesino Ana Julyeth Tejedor Díaz

anjtejedordi@unal.edu.co Estudiante de Ingeniería Agrícola Adriana Díaz Cuevas, docente

Resumen [Texto argumentativo] El territorio y sus diferentes significados aparecen indelebles en la memoria y la historia del pueblo colombiano. Las diferentes relaciones que como comunidades hemos establecido con la tierra desde la colonización en América han estado marcadas por el poder de su posesión. Particularmente en Colombia, el territorio como propiedad privada ha sido históricamente objeto de disputa, tomado a sangre y fuego gracias al silencio y complicidad de las políticas de Estado que desconocen la relación identitaria entre el territorio y las comunidades campesinas al perseguir modelos económicos que ponen en desventaja social, política y económica a campesinos y pequeños productores.

Palabras Clave Campesinado Territorio Política agraria AIS Derechos humanos Memoria e identidad campesina.

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l segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se vio marcado por uno de los escándalos de corrupción más grandes del país a raíz del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el cual fue aprobado con la Ley 1133 el 9 de abril de 2007 en el Congreso de la república en cabeza del ministro en aquel entonces, Andrés Felipe Arias. El programa AIS se proyectaba como una estrategia transicional que pretendía proteger la inversión del sector agropecuario nacional, que sería afectado por la inminente internacionalización de la economía colombiana (Ley 1133, 2007), en especial por la entrada de mercados externos al país derivados de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Todo esto como resultado emergente de la política neoliberal denominada “Apertura Económica”, adoptada en Colombia desde la década de los noventa y que se basaba en conferir al comercio internacional, según Tobasura (2011), el carácter de fuente primordial para el desarrollo económico e industrial del país.

En principio, AIS se presentó como un aliciente frente a la preocupación del sector agropecuario por la poca oportunidad de competir que implicaba esta incursión en el mercado internacional, especialmente por parte de los medianos y pequeños productores. El programa tuvo por objetivo proteger el capital del productor nacional y potenciar su capacidad de competir a través de apoyos e incentivos a la competitividad y aportes económicos directos referidos en los artículos 3, 4 y 5 de la ley de AIS puntualmente. Sin embargo, los enormes vacíos de dicha legislación en términos de ejecución y adjudicación mostraban un triste desconocimiento sobre el sector agrario. La ambigüedad en su lectura daba cuenta

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del desentendimiento estatal de las verdaderas condiciones del sector agrario, constituido principalmente por la población campesina, dado que el ingreso al sistema de AIS estaba ligado implícitamente a la posesión de tierras y mecanismos de tecnificación que lograran soportar la producción y comercialización necesaria para llevar al sector agropecuario al nivel internacional, tal y como lo estipula el art. 1o de dicha legislación (Ley 1133, 2007).

No obstante, como lo indican los resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario del 2014 (DANE, 2016), la población campesina no tiene acceso a estos recursos.

Finalmente, en la práctica los subsidios por cuenta de AIS terminaron beneficiando directamente a los grandes terratenientes del país, quienes tradicionalmente han sido propietarios de extensas áreas rurales y la industria. De acuerdo con Chacón (2010), lo anterior causó una fuerte indignación entre la opinión pública en tanto el Estado podía designar el otorgamiento de beneficios pasando por encima del principio de igualdad de oportunidades conforme a esta ley, lo que resultaba evidente en especial al tener en cuenta lo contenido en su art. 3o parágrafo 1o en el cual se menciona que el Gobierno Nacional asignaría tales beneficios de manera selectiva y objetiva. Esta estrategia terminó por demostrar no solo la corrupción sino las marcadas desventajas sociales de la población campesina y su actividad.

Este programa de la política agraria colombiana ejemplifica con claridad el duro escenario político sobre el cual se ha venido moviendo la población campesina en Colombia y el impacto que desde el siglo XX han tenido los modelos de desarrollo económico frente a la administración rural. Lo anterior, teniendo en cuenta la instrumentalización de la mano de obra campesina desde la reforma agraria de 1944 (Franco & Carmenado, 2011) en conjunto con la dinámica neoliberal, lo que termina por mostrar que “la política agraria, con el argumento de convertir a los campesinos en empresarios lo que ha venido haciendo es acabar con ellos” (Chacón, 2010, p. 643).

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Según Nogueira (2013), el análisis weberiano sobre el medio rural indica que la estructura agraria debe ser comprendida desde la organización social y las políticas de Estado, de lo cual, a manera personal, se podría interpretar que la ruralidad no puede surgir independiente del Estado y a su vez ser productiva para el mismo como otros sectores; esta requiere de un tratamiento especial a nivel institucional que proteja los recursos humanos y ambientales por medio de estructuras sociales que dependen únicamente de la política agraria como garante de la dignidad y calidad de vida de la población rural, construida por todos los actores que intervienen en ella.

Aun así, para el caso colombiano, pese a las diferentes reformas que la política agraria ha atravesado jamás se han logrado avances significativos frente a la concentración de territorios y la desigualdad (Franco & Carmenado, 2011), como tampoco se ha fijado un interés genuino a través de la historia frente al reconocimiento político y social del campesino.

Ante este panorama, es notable que la marcada segregación social que ha vivido la población campesina se ha convertido en el principal mecanismo gubernamental para obstaculizar la participación de este sector en la construcción conjunta de la política agraria, especialmente al generar estrategias de desarrollo rural que no le son accesibles y que, por ende, lo ponen en una clara desventaja social como es el caso de AIS. Así, la política agraria en Colombia se ha convertido en un mecanismo de desarrollo económico que resulta desfavorecedor para el campesino, enraizando el problema agrario en la lucha por la tenencia del territorio. Este análisis, que nos permite conducir y particularizar el problema de la política agraria en el país al tema de la territorialidad, será comprendido a partir de la convergencia de tres ámbitos fundamentales: el histórico, el social y el económico.

El territorio en América no fue entendido como propiedad privada sino hasta la colonización europea. A partir de entonces, se extendió la idea feudalista del territorio no como un derecho, sino como un privilegio al que solo algunos podían acceder (Franco & Carmenado, 2011). Ese legado histórico

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marcó la configuración de nuestra sociedad, de tal forma que históricamente la lucha por la tenencia del territorio ha sido la principal causa del conflicto colombiano. Esto se pone en evidencia con la inequitativa repartición de la tierra en el país, que tradicionalmente ha estado articulada a los problemas más profundos de nuestra sociedad: el desplazamiento forzado, el conflicto armado, la pobreza, la corrupción y el narcotráfico (Ángulo, 2014). De esta manera, hablar de la tenencia del territorio representa tocar el nervio más sensible del país.

Como indica Matías (2017), lo anterior es demostrado a través del diagnóstico agrícola que dio paso al primer punto de los acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARCEP, por el cual se establece la Reforma Rural Integral (RRI), en el que se da cuenta de que en el marco del conflicto la falta de oportunidades y la violencia han derivado de la inaccesibilidad a la tierra o en el despojo de esta con el desplazamiento forzado. Esta situación ha registrado cifras alarmantes de víctimas, desalojadas de sus territorios con fines extractivistas, para dar paso al uso industrial o latifundista por parte de las elites económicas, o bien de uso ilegal de la tierra con el narcotráfico (Hurtado, 2010). Así, el desplazamiento se ha convertido en una de las problemáticas sociales más importantes y severas que ha afrontado el país. La RRI busca tímidamente resignificar el territorio y lo reconoce como eje transversal en la construcción de la paz, lo que puede evidenciarse al ser el único asunto en los acuerdos de paz que incide de manera directa en el modelo económico colombiano, pese a que este último fuera uno de los temas innegociables para el Estado.

Actualmente, en Colombia se reconocen seis derechos fundamentales de los campesinos, a saber: derecho a la tierra y al territorio, derecho a contar con medios de producción agropecuaria, derecho a acceder a fuentes de financiamiento, derecho a disponibilidad de productos agroalimentarios, derecho a libre escogencia de mercado y determinación del precio, y derecho a la libertad de asociación, opinión y expresión (Defensoría del Pueblo, 2015). Los anteriores se encuentran articulados exclusivamente a la actividad agrícola y su

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producción, lo que sirve como punto de partida para analizar la territorialidad desde el ámbito social y cultural. Como se ha mencionado a lo largo de este texto, la perspectiva estatal frente a la participación de las comunidades campesinas ha estado asociada únicamente como fuente primaria de mano de obra, hecho que las excluye del derecho a decidir sobre el territorio y su planificación y las invalida como sujetos de derechos más allá de lo productivo. Por lo anterior, se muestra que existen profundas falencias institucionales y sociales frente al reconocimiento y protección de los derechos de las comunidades campesinas.

Un cotejo general sobre el escenario institucional de las comunidades campesinas puede dar cuenta de que en Colombia se particularizan las comunidades desde perspectivas étnicas que no permiten divisar la conjugación de diferentes culturas en lo rural, la heterogeneidad cultural a la que hace referencia Jaramillo (2017). Según Montenegro (2016), la falta de un rol identitario del campesinado en la legislación nacional ha limitado el restablecimiento de sus derechos y la reclamación de estos, obstáculos a nivel jurídico que han aumentado las condiciones de vulnerabilidad de esta población.

Pese a esto, el reconocimiento de la población campesina dentro del sistema internacional de derechos humanos dado en diciembre de 2018 (Montón, 2019) hoy es una herramienta que podría permitir un mayor entendimiento entre los diferentes sectores sociales y estatales sobre las necesidades del campesinado como sujeto de derechos. La declaración de derechos de los campesinos y trabajadores rurales se da luego de más de cinco años de esfuerzos a nivel global por el establecimiento social y jurídico de la identidad campesina en donde se reconozca la heterogeneidad de su población y sus diferentes formas de relacionarse con el territorio.

Como se ha expuesto anteriormente, la política agraria ha respondido exclusivamente a las dinámicas económicas del país, dejando de lado el componente social y ambiental que acompaña a la actividad agropecuaria, lo que muestra que los modelos de desarrollo han consolidado el territorio como un

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elemento meramente productivo ligado al poder económico y social fuera del alcance de la población campesina. Desde esta óptica es importante entender que sobre el territorio emergen derechos conectados a la identidad tanto de los pueblos como del ambiente, lo que puede verse por medio de las construcciones sociales establecidas a través de los escenarios colectivos que constituyen memoria y establecen la identidad en las comunidades y, en correspondencia, la forma como las dinámicas sobre el medio condicionan, ya sea positiva o negativamente, la memoria e identidad del territorio.

Para concluir, es importante hacer mención, desde el carácter histórico, a la concepción utilitaria del territorio que, por medio de modelos agrarios eficientes económicamente pero ampliamente desafortunados en cuanto a lo social, ha desprovisto a las comunidades y en general a la sociedad colombiana del derecho a la tierra como parte de su identidad. Este fenómeno se extiende hacia otros pueblos de Latinoamérica, como lo señala Pizarro (2014) ante el conflicto por la preservación del Amazonas en Brasil a causa de la guerra del caucho, en donde la lucha contra la mercantilización del territorio expuso el íntimo lazo que conecta a la tierra con quienes la habitan, haciéndola parte fundamental de su conciencia colectiva e identidad.

Actualmente no se cuenta con un sistema claro frente a las garantías necesarias para el desarrollo de la vida rural, especialmente para la economía campesina, y su ausencia sigue costando la sangre del campesino y la transformación del territorio. Lo anterior se traduce en un problema social de enormes proporciones teniendo en cuenta que desde la Ley 135 de 1961 como reforma social agraria se le ha apuntado a la institucionalidad para el cumplimiento de tareas como la asignación de tierras a campesinos sin dicho bien, la adecuación de tierras para el uso agrícola y el suministro de servicios básicos (Franco & Carmenado, 2011) y más de cincuenta años después el problema sigue sin resolverse en términos accesibilidad a la tierra y dignificación del trabajo campesino.

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En definitiva, la configuración de la territorialidad, entendida como un elemento altamente subjetivo, debe ser tratado como la principal herramienta de memoria de las comunidades campesinas, las cuales recogen una amplia diversidad étnica y cultural, y en ellas un amplio espectro de eventos ligados a la violencia y la lucha por sus derechos (Montenegro, 2016).

Hasta la fecha sigue existiendo un gran desconocimiento, especialmente desde lo urbano, del universo social y cultural que acompaña a las comunidades campesinas, por lo que pese a los intentos de restructuración como la RRI, que buscan aproximarse a la recuperación de la conexión con el territorio, la culminación de esta tarea es un proceso largo y complejo, pero en definitiva necesario para establecer una paz que reconozca la lucha campesina por la vida digna en el campo.

El camino hacia la paz está lleno de obstáculos de diferente índole, pero el principal reto se encuentra en la recuperación de la identidad misma del territorio que está conectada a la de nuestras comunidades y su relación con la tierra.

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La oralidad en Simití: un mal ancestral Jenaro Larios Carvajal

jlarios@unal.edu.co Estudiante de Ciencia Política Adriana Díaz Cuevas, docente

Resumen [Texto argumentativo] El presente artículo muestra cómo la oralidad en Simití, uno de los pueblos más antiguos de Colombia ubicado al sur del departamento de Bolívar, ha ocasionado una gran pérdida sobre su historia y su cultura. En este sentido, siento la necesidad de salvaguardar en formato escrito todas esas historias arraigadas a las costumbres y las tradiciones de sus habitantes, para que la oralidad no siga haciendo estragos, es decir, no se siga perdiendo información valiosa. Por ello, a lo largo del escrito situó los archivos escritos como la mejor forma de documentar la historia, en este caso la de mi pueblo: Simití.

Palabras Clave Formato escrito Oralidad Cultura Historia Simití

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ra un señor de aproximadamente 90 años, piel arrugada, estatura mediana, conservado para su edad y con un amplio conocimiento acerca de nuestro pueblo (Simití). Al llegar a su casa después de tantos meses sin ir, me dice: -Ay mijito, otra vez tú por acá, ya tantas cosas que se me han olvidado, cuando uno está viejo pasa eso-. Luis Presentación Cuellar Ramírez se llamaba, pero yo le decía de cariño “señor presenta”; él, por su parte, solía llamarme el niño de las preguntas. El 1 de octubre de 2018, ocurrió lo que todos temían: el señor Luis Presentación falleció y a la tumba se llevó gran parte de la historia de Simití.

Con nostalgia escribo estas líneas al evocar recuerdos con el “señor presenta", una persona que me enseñó tanto del pueblo y estuvo dispuesto a abrirme las puertas de su casa cada vez que hacía el trabajo de campo en los proyectos de investigación “Tras nuestras huellas”, ejecutado en compañía de la biblioteca municipal, y “Conozco mi pueblo, me reconozco como simiteño y simiteña”, realizado en clase de castellano. Fue en ese andar donde comprendí que era necesario repensar nuestro modo de preservación de la historia y la cultura porque no es el mejor.

Pocos textos escritos y literarios hay sobre Simití hoy en día. La historia desde su fundación el 1 de abril de 1537 hasta la actualidad está limitada a solo dos libros, escasos trabajos de investigación o audiovisuales y, en gran parte, a recuerdos que aún viven en la memoria de personas de la tercera edad que, cuando mueren, se llevan a la tumba esa sabiduría popular. Ejemplo de ello es la pérdida de la

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composición musical de los gozos a la Virgen de la Concepción; las caracolas, baile autóctono del que no se sabe nada, y las mojigangas, también baile autóctono del cual no se tiene certeza si lo bailaban hombres o mujeres. Así son muchos más los casos que se suman a estas pérdidas.

Todo lo anterior tiene una explicación. Un aspecto que se evidencia es que los habitantes de la comunidad de Simití transmiten su historia a los visitantes de forma oral. La transmisión oral se da a partir de personas que en el pueblo están dispuestas a realizar recorridos en el territorio contando la historia del lugar; cómo funciona su economía; por qué se llama Simití; cuáles son los lugares más interesantes para visitar, tales como como la Cueva de Juana Rubio, la virgen de la piedra o la cara del indio; las dinámicas; los misterios y los relatos que hay alrededor de cada rincón del pueblo, entre otros. Josefina Castillo, Marcelo Hernández, Deysi Díaz, Luis Toloza, Ignacia Ríos, Hugo Vázquez, Farides Peinado, Jenaro Larios, Sofía Torrenegra y Juana Larios son algunos de los gestores culturales simiteños que están dispuestos a abrir las puertas de su casa para relatar a foráneos y oriundos la historia de Simití mediante la oralidad.

Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando estas personas ya no estén? Es por ello por lo que para preservar la identidad cultural e histórica de Simití es necesario documentar la cultura y la historia en formato escrito.

Simití es un municipio de 482 años con una gran historia y arraigo cultural proveniente de ancestros muy remotos, los cuales transmitían de forma oral sus saberes y conocimientos adquiridos gracias a la experiencia; se podría afirmar que eran una especie de cuenteros. Bajo esa concepción, se puede explicar por qué sus habitantes en la actualidad transmiten su historia cultural a los visitantes de formar oral, a partir de personas que se les conoce con el nombre de gestores culturales. Por ello traigo a colación a Marcelo Hernández López, uno de los gestores culturales más importantes del pueblo y quien tiene un amplio y vasto conocimiento sobre Simití. Por lo general, cuando llegan

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“cachacos”10 al pueblo se dirigen a la casa de él para que les cuente sobre esa tierra que lo vio nacer: Yo soy un hombre afortunado. Hay dos personajes que les debo mucho a nivel cultural. El señor Tarfino Larios Iglesias: con Tarfino aprendí muchas cosas, en esa época cuando no había luz, solíamos cantar en los parques a oscuras y todo eso me sirvió para ir queriendo mucho más la cultura de Simití y para ser en gran parte lo que soy hoy. Otro personaje importante, Luis Presentación Cuellar Ramírez, a quien le debo un agradecimiento grande. Con él aprendí, por ejemplo, unos cantos que se llaman los gozos de todos los santos de Simití.

En fin, hoy en día es una responsabilidad que cae sobre mis hombros porque tengo que seguir defendiendo todo eso que aprendí y heredé de esos ancestros y seguir replicándolo a todas esas personas que quieran aprender. (Hernández, comunicación personal, 03 de junio de 2019)

Con ese testimonio se evidencia que, pasados cuatro siglos, aún en Simití se transmiten los conocimientos de forma oral. Esto parecería corresponder a una tradición milenaria, ya que, como Marcelo, muchas personas se suman a esta dinámica. Es una fortuna que él esté vivo para que se ponga en la tarea de transmitir aquellos conocimientos no de forma oral, sino por medio de los formatos escritos, debido que la oralidad es la principal causante de la perdida de información cultural e histórica de Simití. Algunos ejemplos de esas pérdidas culturales, solo por citar los que considero más importantes, son la composición musical de los gozos a la Virgen de la Concepción, en tanto solo una persona se los sabía de memoria y al fallecer se llevó a la tumba esa tradición que se le hacía a la Virgen, y las caracolas y las verdolagas (bailes autóctonos de Simití), sobre las cuales, aunque parezca raro, no se sabe nada salvo sus nombres. De ahí, la necesidad de documentar la historia para que la muerte de personas, en mayor parte los de la tercera edad, no sea una de las causas de esas pérdidas.

Sin embargo, diversos sectores consideran que la oralidad

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10. En los pueblos de la costa caribe se acostumbra a llamar a las personas provenientes del centro del país o de otros territorios de esa manera, aludiendo que no son oriundos de ese lugar en el que se encuentran como visitantes

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tiene más ventajas que los formatos escritos para transmitir historias, costumbres y tradiciones; por ejemplo, el historiador Santandereano Escamilla (2012), afirma que “los testimonios orales encierran una significación aún más especial que ninguna otra fuente aporta. Se trata del punto de mediación entre la historia y lo vivido, del cómo el sujeto incorpora su experiencia a un sentido histórico” (p. 387). Sin embargo, si la “vivencia” que habla el “sujeto” no se documenta queda simplemente en la memoria, la cual posee límites y puede verse afectada por diferentes enfermedades lo que puede causar que se pierda por completo. Dicho de otra manera, como lo afirma Cerrillo (2010), doctor en Filología Hispánica de la Universidad Autónoma de Madrid: La oralidad ha conllevado a frecuentes pérdidas, sobre todo en aquellos momentos en que la colectividad ha abandonado el interés por determinadas composiciones, bien porque perdieron actualidad, bien porque fueron sustituidas por otras nuevas. Además, la transmisión oral dificulta el estudio de estas manifestaciones, ya que, al ser textos abiertos, y antes de su fijación escrita, están permanentemente sujetos a posibles cambios, pérdidas o añadidos de elementos. (p. 2)

Además, “los archivos constituyen la fuente primaria de información histórico documental de los pueblos […] conservan, para las presentes y futuras generaciones, valiosas colecciones archivográficas, bibliográficas, cartográficas, fonográficas, hemerográficas y videográficas" (Castro, citado por Sánchez et al., 2017, p. 5), para que a través del tiempo se puedan seguir consultando. Por tal razón, documentos sobre la historia o la cultura fueron nombrados patrimonios documental por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Sánchez, 2006). Por consiguiente, para poder comprender la importancia de estos es necesario conocer sus valores, que se basan fundamentalmente en que constituyen patrimonio, memoria, identidad y conocimiento (Centro de Información y Gestión Tecnológica, 2007).

Como ya se mencionó anteriormente, la memoria de los seres humanos es limitada; por ello, la información histórica

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de Simití que conocen las personas de la tercera edad y los gestores culturales debe ser registrada. Una situación común es que, al dirigirme a las personas de la tercera edad, estas ya han olvidado mucha información: “ay mijito, yo ya ni me acuerdo de tantas cosas”, “cuando uno está viejo es así, se le olvidan las cosas” y “ya ni se cómo me llamo” son las expresiones más comunes que escucho por parte de ellos. Esta situación tiene una explicación científica: la memoria humana es limitada y no está exenta de enfermedades mentales como el Alzheimer. Gimeno (2001) especialista en el tema, afirma que “la memoria humana tiene una capacidad limitada, finita y, sobre todo, frágil” (p. 281), es decir, con el pasar de los años los humanos llegan a un punto en el que la memoria esta desgastada, por ende, no trabaja de igual forma ni posee esas capacidades para guardar o recordar información como antes. A ello se le suman enfermedades mentales como el Alzheimer: “trastorno neurológico progresivo caracterizado por la pérdida de la memoria, de la percepción y del sentido de la orientación” (Real Academia Española, s.f.).

Por tal motivo, ha surgido la necesidad de emprender proyectos ya sea de forma escrita o audiovisual para salvaguardar la identidad cultural e histórica de Simití. Sofía Torrenegra Romero, profesora de informática y español, con los estudiantes de grado 11, promoción 2018, llevaron a cabo una investigación titulada “conozco mi pueblo, me reconozco como simiteño y simiteña” sobre la historia y la cultura, cuya idea era crear un libro digital; no obstante, dicha propuesta no contó con asesoría de otras entidades. Por último, Marcelo de Jesús Hernández López ha redactado diferentes manuscritos en el que consigna el sentir de un “loco enamorado de la vida”, como se describe él mismo en su biografía. Sus sueños no tienen límites, por ello tuvo la iniciativa de publicar un libro sobre la historia, cultura, tradiciones, cantos, fiestas, leyendas propias de su pueblo, pero por falta de presupuesto y de

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patrocinio ese proyecto quedó en vano. Mientras tanto seguirá edificando a punta de lápiz y en hoja blanca la historia de su “terruño”, con la esperanza de que algún día su proyecto se haga realidad.

En conclusión, para preservar la identidad cultural e histórica de Simití es necesario hacer un ejercicio en formato escrito, debido a las implicaciones que trae consigo la oralidad y las limitaciones de la memoria humana. De ahí la necesidad de las personas simiteñas por emprender proyectos para documentar todas las dinámicas pasadas y presentes. Si bien es cierto que se han hecho procesos para salvaguardar la identidad cultural e histórica del pueblo, son muy pocos los que se han llevado a cabo y no en las mejores condiciones. Tal es el caso del proyecto de la profesora Torrenegra y el de Marcelo Hernández. De esta manera, es necesario que los entes gubernamentales, como la Alcaldía o la Casa de la Cultura, propicien espacios y apoyen estos proyectos tan importantes que mantienen viva la cultura e historia del pueblo.

En Simití, a medida que pasan los años, son más las personas que se suman a documentar la historia porque se dan cuenta que es imprescindible para que no se pierda y, del mismo modo, para saber de dónde vienen y hacia dónde van. Tal y como lo menciona el periodista jamaicano Marcus Garvey: “un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, el origen y la cultura es como un árbol sin raíces”. Entonces, La invitación es que desde sus territorios a título personal emprendan proyectos con el objetivo de salvaguardar eso que como comunidad los identifica frente al resto.

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