Cabe señalar que también debe tomarse en serio el riesgo de corrupción y abusos en el financiamiento político, en particular en los casos en los que las instituciones son débiles. Después de cierto punto, el dinero permite que algunas voces opriman a otras. Los partidos con recursos insuficientes no pueden construir una participación popular; los partidos con recursos excesivos pueden sacar a los competidores y a la vez aislarse de sus propias bases sociales; los partidos que obtienen fondos de muy pocas fuentes no serán capaces de representar a amplios segmentos del público; los partidos en el poder pueden acceder a los “recursos administrativos”—facultades y fondos del Estado que no están disponibles para los partidos de oposición—que son muy útiles para recompensar a los amigos y castigar a los enemigos.8 Los dirigentes de los partidos, particularmente en sistemas parlamentarios fuertemente disciplinados, pueden establecer monopolios personales sobre los fondos, con lo cual se enriquecen, reprimen el debate intrapartidista, y en el proceso, ponen presiones exorbitantes sobre aquellos que realizan las donaciones; en otros tipos de sistemas, quienes están arraigados en el poder pueden llevar a cabo tácticas similares. En las democracias establecidas, surgen mercados de influencias en los que, por un precio, los partidos y los políticos fungen como intermediarios entre los intereses privados y los encargados de tomar las decisiones.9 Es importante evitar o revelar los abusos, pero en el largo plazo, la competencia abierta y vigorosa entre un pequeño número de partidos políticos fuertes y socialmente arraigados es una de las mejores maneras de controlar la corrupción y profundizar la democracia.
PARTIDOS, CONTIENDA POLÍTICA Y DEMOCRACIA
La democracia es un conjunto de procesos dinámicos de autogobierno de naturaleza tanto social como oficial. Son visibles, no solo como participación en la vida pública (por ejemplo, al defender, votar, reunir, contribuir con tiempo y dinero a los grupos), sino también en la forma de instituciones políticas, sociales y del Estado (las constituciones y los organismos que establecen, los derechos creíbles, la prensa libre, los procesos electorales y judiciales, los valores compartidos y las organizaciones sociales) que sustentan la participación y limitan sus excesos. La vinculación y el equilibrio entre la participación y las instituciones son esenciales: la participación sin las instituciones es caótica, ineficaz y es muy probable que beneficie a muy pocos a costa de muchos. En el mejor de los casos, las instituciones sin participación son un ejercicio vacío —y con frecuencia, en el peor de los casos, herramientas de control que provienen de arriba. Es más probable que la gente participe políticamente de manera vigorosa y continua cuando tiene un interés en los resultados. Paradójicamente, aunque la democracia es un bien común, el interés propio es crucial para su vitalidad. La participación abierta, competitiva y justa dentro de un marco de trabajo de instituciones legítimas y confiables les permite a los ciudadanos y grupos defender sus intereses, reaccionar ante los asuntos que les importan y exigir que los funcionarios rindan cuentas sobre las decisiones que toman. Las instituciones avivadas por la contienda entre los intereses socialmente arraigados pueden moderar el conflicto, agrupar las demandas en políticas públicas respaldadas por un consenso en funcionamiento, y obtener legitimidad. Los partidos políticos son de las instituciones más importantes en estos procesos. Los partidos representan tanto la participación como las instituciones y son fundamentales para negociar un equilibrio entre ambas. En sus muchas formas, no solamente compiten en las elecciones, sino que también movilizan y organizan las fuerzas sociales que impulsan la democracia de una manera continua. Incluso los demócratas más determinados requieren una base organizacional duradera, una reserva de recursos y una posición legal en el proceso político. Los partidos conectan a los líderes con los seguidores y simplifican las opciones políticas al formularlas en términos de los propios intereses de los ciudadanos. En muchas sociedades, los partidos también ofrecen una variedad de beneficios no políticos, incluyendo actividades sociales, reconocimiento y estatus para las personas y los grupos (consideren la vieja “dupla electoral étnicamente equilibrada”), y una sensación de seguridad, conectividad y eficacia. Los partidos también realizan funciones cruciales de moderación y compromiso identificadas hace mucho tiempo por E.E. Schattschneider, pero que hoy en día con frecuencia se pasan por alto.10 Dicho de otra manera, cuando los partidos son fuertes, los grupos de interés los necesitan más que lo que ellos necesitan a los grupos de interés. Los dirigentes de los partidos pueden, y normalmente deben, fungir como intermediarios, lograr compromisos y ver que estos se cumplan. Los partidos fuertes destacan los puntos en común y desalientan los excesos—no en nombre de la virtud cívica, sino en nombre de ganar las elecciones. Los partidos por sí mismos no excluyen a las personas que buscan el poder a través de las armas, los sobornos, el poder de un líder carismático, o la fuerza de la muchedumbre, y los partidos en sí están abiertos a una gran variedad de abusos, pero sin ellos, los ciudadanos y las sociedades tienen muy pocas alternativas auténticamente democráticas.
Recursos y concesiones
Es evidente que los partidos fuertes necesitan dinero. Asimismo, recaudar y gastar dinero en la política—lejos de echar a perder