necesario reevaluar el papel que desempeñan los grandes donantes individuales. Podríamos, por ejemplo, permitir que un pequeño número de grandes donaciones privadas ayuden a lanzar campañas y, al mismo tiempo, preocuparnos por la capacidad de los donantes súper ricos y sus organizaciones personales de suplantar a los partidos políticos, especialmente en tiempos de crisis (véase el ejemplo anterior de Forza Italia). Los patrocinadores en especie han sido fuente de inquietud para las políticas desde hace algún tiempo, pero fácilmente se puede imaginar que surgirán nuevas cuestiones en relación con sus actividades. ¿Se debe considerar que una cadena de noticias en televisión con una orientación abiertamente partidista está dando ayuda en especie a sus partidos o candidatos favoritos? Y en ese caso, ¿qué tipo de políticas en respuesta (—por ejemplo, incluir dichas “donaciones” en el total que se le permite al partido o al candidato recibir, o reevaluar el estatus fiscal y regulatorio de dichas redes—) podrían ser requeridas? Grupos de la sociedad civil. Algunos de los grupos de la sociedad civil, aunque no todos, que participan en actividades, la recaudación de fondos, y el gasto de carácter abiertamente político pueden también estar sujetos a los límites de donación y gasto, requisitos de divulgación, y otros similares. Pero también podrían recibir subsidios o premios por el número de votantes registrados, por ejemplo, o ser recompensados por conseguir pequeñas donaciones de personas físicas. Entre los más polémicos se encuentran aquellos grupos que aprovechan el estatus legal que se les otorga a las organizaciones benéficas, pero funcionan como subsidiarias virtuales de organizaciones de campaña o de los propios partidos.
Hacia una visión estratégica
Es fácil pensar en otros posibles objetivos y agentes: los medios noticiosos, varios sectores comerciales, la inteligencia (o intelligentzia) y (particularmente en democracias emergentes) los grupos de ayuda y asesoría internacionales desempeñarán un papel en el éxito o fracaso de cualquier política de financiamiento político. Asimismo, predecir o evaluar las implicaciones de las distintas medidas, incluso para nuestras cuatro principales categorías de actores es una tarea complicada: los contextos difieren, los propios objetivos y agentes cambiarán de manera importante de una sociedad a otra, y cada área de política analizada en este documento está abierta a una amplia gama de variaciones. No obstante, se puede hacer una evaluación general de los efectos, por lo menos al nivel de elegir los lineamientos generales de la estrategia. El cuadro 3 arriba sugiere los probables efectos de las herramientas regulatorias (“R”) y distributivas (“D”) para cada uno de los cuatro grupos de objetivos antes mencionados, no principalmente con respecto a los costos o beneficios para esos grupos, sino más bien con respecto a las cuatro metas o funciones analizadas anteriormente: la competencia, la organización, la movilización y la rendición de cuentas. Al parecer los partidos tienen más probabilidades de verse fortalecidos por los recursos que ofrecen las políticas distributivas que por las restricciones creadas por las herramientas regulatorias (principalmente, en la mayoría de los países, la divulgación y los límites o prohibiciones). La excepción a esta generalización se da con respecto a la rendición de cuentas, donde la aplicación acertada de los requisitos de divulgación y transparencia—asumiendo que no se ha elegido establecer fideicomisos ciegos—puede tener resultados positivos, y donde un proceso distributivo excesivamente generoso o mal diseñado podría sustituir los recursos públicos por vínculos con los grupos de electores y patrocinadores. Básicamente ocurre lo mismo con los posibles aliados de los partidos en la sociedad civil: si bien la aplicación de políticas regulatorias y distributivas a los grupos de la sociedad civil no tendría grandes implicaciones para las estructuras organizacionales de los partidos, es probable que la distribución de los recursos—idealmente, de manera que recompense el compromiso activo con los partidos y los procesos electorales—aumente la capacidad que tiene la sociedad civil de ayudar a los partidos a competir, movilizar a los ciudadanos y hacer que los partidos rindan cuentas. En contraste, las herramientas regulatorias aplicadas a los grupos de la sociedad civil al parecer tienen pocas probabilidades de coadyuvar a la capacidad de funcionamiento de los partidos, a la vez que conllevan importantes riesgos antidemocráticos con respecto a la vitalidad e independencia de la propia sociedad civil. Con esto no se pretende argumentar en favor de una estrategia de laissez faire total con respecto a la sociedad civil: no quisiéramos que un puñado de grupos de la sociedad civil dominaran esa área o se convirtieran en las principales fuentes de recursos de dinero político; más bien, preferiríamos ver una participación y organizaciones más variadas y con una base más amplia. Aun así, este último resultado es más probable en la medida en que los ciudadanos y los grupos se sientan libres, y de hecho alentados, para organizar y defender sus intereses de la manera más enérgica y constante posible. En el caso de los candidatos y donantes individuales el panorama es diferente: repartir los fondos y otros recursos a los candidatos individuales tendrá algunos beneficios potenciales con respecto al aumento de la competencia, pero incluso así, la capacidad de los partidos para competir puede verse disminuida. Más allá de ese beneficio limitado, las políticas que se enfocan principalmente en los candidatos individuales en lugar de en los partidos, hacen muy poco por aumentar el papel que desempeñan los partidos en la vida democrática, independientemente de que el énfasis sea en las herramientas regulatorias o distributivas. Incluso en el área de rendición de cuentas, dichas ganancias se obtienen a costa de la posibilidad de utilizar a los partidos como
