PENSIONES Y CESANTÍAS E S P E C I A L
La “papa caliente” de las pensiones El nuevo gobierno tiene el reto de reformar un régimen que ofrece baja cobertura y otorga generosos subsidios a los trabajadores de mayores ingresos.
A FINALES DEL AÑO PASADO, LA COMISIÓN DE GASTO PÚBLICO ENTREGÓ LA QUE PODRÍA SER LA CARTA DE NAVEGACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO EN MATERIA FISCAL.
En pocas palabras, los nueve expertos que la integraron se mostraron alarmados por la brecha entre el bajo recaudo tributario (14% del PIB, por debajo del 16% de Latinoamérica y muy inferior al 34% de la OCDE, club al que Colombia acaba de ser admitida) y el gasto público, altamente inflexible a la baja: 19% del PIB. En palabras de la Comisión, la brecha fiscal estructural es del 3% del PIB, suponiendo que los ingresos no tributarios continúen aportando casi el 2% del PIB. Y aunque en sus 10 capítulos el informe analiza los desafíos fiscales que enfrenta el país, el dedicado a las pensiones pone el dedo en la llaga al advertir que el actual régimen “presenta una bajísima cobertura y el gasto público destinado al pago de las pensiones resulta fuertemente regresivo en términos de la distribución del ingreso entre los colombianos y alarmantemente costoso en términos fiscales”. ¿La razón? Más de una cuarta parte de los impuestos pagados por los colombianos se destina a completar faltantes para el pago de las pensiones.
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MÁS DE UNA CUARTA PARTE DE LOS IMPUESTOS PAGADOS POR LOS COLOMBIANOS SE DESTINA A COMPLETAR FALTANTES PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES ($40 BILLONES).
LOS RECURSOS DESTINADOS PARA CUBRIR EL DESEQUILIBRIO ENTRE LAS COTIZACIONES Y LOS BENEFICIOS EN LOS DIFERENTES REGÍMENES PÚBLICOS AUMENTARON DEL 0,6% DEL PIB EN 1990 AL 3,9%, EN 2017.
En efecto, según los expertos, los recursos destinados para cubrir el desequilibrio entre las cotizaciones y los beneficios en los diferentes regímenes públicos aumentaron del 0,6% del PIB en 1990 al 3,9%, en 2017, es decir, el 28% de los ingresos tributarios de la Nación (o más de 40 billones de pesos). Con una ‘camisa de fuerza’ (regla fiscal) que obliga al gobierno alcanzar un déficit total estructural de 1% del PIB en 2022, la Comisión advierte que el panorama fiscal no está despejado y que el nuevo gobierno deberá realizar ajustes por el lado de los gastos y/o ingresos. “La abrupta reducción de los precios internacionales del petróleo y de otros bienes básicos golpeó de manera importante el crecimiento económico, los ingresos externos y los del Gobierno”, explican al recordar que los ingresos del Gobierno Nacional Central se redujeron 3.3% del PIB (aproximadamente $24 billones) entre 2013 y 2016. Para enfrentar la caída de sus ingresos, el gobierno sacó adelante las reformas tributarias de 2014 y 2016 (esta última incrementó el IVA al 19%) y, dada la rigidez del gasto, hizo recortes importantes en la inversión pública afectando el crecimiento. A pesar de estos esfuerzos de ajuste, los niveles de deuda/ PIB se han impactado por el aumento en los niveles de déficit efectivo y la devaluación observada en los últimos cuatro años. Y aunque el envejecimiento de la población y el costo de las pensiones es un desafío de la mayoría de los países, en Latinoamérica la controversia se ha polarizado entre quienes proponen la eliminación del régimen de prima media (RPM) vs aquellos que plantean su completa privatización (régimen de ahorro individual, RAIS). El tema es polémico y a la mano está el caso de Chile, que optó por la segunda vía con pocas excepciones. En un artículo reciente, el New York Times recogía las protestas masivas de los chilenos de la siguiente manera: “El sistema de pensiones de Chile, modelo de privatización para muchos, se desmorona”.
