Revista Gerente Edición Nº 248

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ENTORNO

reintegración

Los desafíos de la reinserción

Dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, el Gobierno todavía tiene importantes retos en cuanto a la reincorporación de los excombatientes de las Farc como lo son la seguridad y los procesos productivos. Desde hace varios meses, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad han manifestado su preocupación por los altos niveles de inseguridad en los que se encuentran los exintegrantes de las Farc que han decidido reintegrarse a la vida legal y lo poco que ha podido lograr el gobierno para garantizarles seguridad.

De acuerdo con la Fundación Ideas Para la Paz, FIP, si bien las agresiones contra los excombatientes de las Farc no son algo nuevo, sí preocupa que puedan alcanzar los niveles que tuvieron en su momento los ataques contra integrantes de las Autodefensas y paramilitares. Según datos de la FIP, 560 exintegrantes de las Autodefensas fueron asesinados en los dos años posteriores a la desmovilización (2007 y 2008), lo que equivale al 2% de los 31.671 paramilitares que dejaron las armas de manera colectiva. Años más tarde, entre el 2003 y el 30 de julio de 2018, 3.656 desmovilizados de las AUC fueron víctimas de homicidio, de los cuales 3.334 se encontraban en la ruta de reintegración del Gobierno. Para el gobierno colombiano, el problema de no poder garantizarles la seguridad a los excombatientes tiene mucho que ver con el proceso de dispersión por el cual han pasado los miembros de las Farc.

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“En medio de la polarización que rodea la implementación del Acuerdo de Paz, el Estado y las FARC deben trabajar de manera corresponsable en el impulso del proceso de reincorporación, identificando y promoviendo opciones concretas para los excombatientes”, informe de la FIP

Según la FIP, “en la actualidad, una tercera parte de los excombatientes se encuentra en los ETCR, mientras que los demás han seguido distintas trayectorias de reincorporación individual y colectiva, como la de los Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPR). Según los cálculos, en abril de 2018 había 31 Nuevos Asentamientos de las FARC, con casi 1.800 excombatientes; aunque no contamos con cifras actualizadas, a través del trabajo de campo identificamos una tendencia al aumento. Es cierto que se desconoce la ubicación del 9% de los excombatientes, pero esto no significa que se encuentren en la ilegalidad o estén vinculados a algún grupo armado al margen de la ley”. Sin embargo, de los cerca de 13.190 excombatientes que fueron acreditados por el Gobierno luego de dejar las armas 13.011 se encuentran en el proceso de reincorporación. Un 26% del total (es decir, 3.366) están en los 24 Espacios de Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y para ellos el Gobierno ha asegurado que piensa garantizarles la seguridad siempre y cuando sigan el proceso. Para ello, la FIP ha recomendado invertir en coaliciones locales, avanzar de manera decidida en la reincorporación comunitaria; fortalecer la Unidad Nacional de Protección; impulsar el Pacto Político Nacional y desarrollar una estrategia de prevención de la violencia sexual y de género.

¿Cómo ser más productivos?

Otro de los retos a los que se enfrentan los desmovilizados y el gobierno para poder reintegrarse a la vida civil es el de la formación y el sostenimiento de proyectos productivos que les garanticen una mejor calidad de vida. De acuerdo con la FIP, el cuello de botella está en la formación de proyectos productivos en zonas rurales, pues de acuerdo con la ARN, si bien el 96% de los reintegrados ven como positivos sus negocios, de las 16.219 unidades de negocio desembolsadas a excombatientes de las AUC y desmovilizados individuales de las guerrillas, 7.150 se encuentran en funcionamiento (44%), implementadas en su mayoría en áreas urbanas. En materia de empleabilidad, cerca del 70% de los excombatientes de las AUC y desmovilizados individuales de las guerrillas están ocupados, pero tan solo un 25% se encuentra en la formalidad. Estas cifras que reflejan el gran esfuerzo que significa consolidar procesos de generación de ingresos sostenibles.


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