Cartografía de las experiencias de las políticas de educación de jóvenes y adultos en las cárceles

Las políticas educativas en las prisiones Si bien han avanzado políticamente en la aprobación de importantes marcos legales sobre el tema, en cambio, los países no han logrado consolidar efectivamente los marcos operativos en la práctica, la ampliación del número de espacios escolares, la matrícula y las vacantes en el ámbito penitenciario asegurando el derecho a la educación de los sujetos que demandan la política. Tanto la educación escolar como la no escolarizada siguen teniendo una oferta muy inferior a la demanda potencial de los sujetos privados de libertad: Argentina (2018) atiende sólo al 48% de la población penitenciaria nacional; Brasil (2017), al 10,5%; Chile (2019), al 30,8%; Paraguay (2017), al 29,3%; y Uruguay (2017), al 21,3%.

En los últimos años se ha tenido en cuenta la necesidad de una organización administrativa que responda específicamente para la implementación de la política educativa en el ámbito penitenciario, creando instancias específicas en la estructura del poder ejecutivo para organizar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar las acciones educativas en desarrollo.

En Argentina, por ejemplo, en 2007 se creó la Coordinación de Educación en Contextos de Privación de Libertad dentro de la estructura del Ministerio de Educación para implementar las disposiciones de la Ley Nacional de Educación en relación con el tema. En algunas provincias se han creado coordinadores que son responsables locales de las acciones educativas en desarrollo. En su ausencia, la educación implementada en las prisiones está bajo la responsabilidad de los coordinadores de educación para la población juvenil y adulta en general de cada provincia.

En Brasil, la política nacional de educación en las prisiones está a cargo del Consejo Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación y, en algunos estados de la federación, se crearon coordinaciones y/o divisiones especiales que son responsables, en la estructura de los Departamentos Estatales de Educación, exclusivamente del tema. También en su ausencia, la educación implementada en las prisiones está bajo la responsabilidad de los coordinadores y/o divisiones de educación de jóvenes y adultos de los Departamentos de Educación del Estado.

En Chile, al igual que en Paraguay, no se han creado organismos especializados para coordinar la política educativa en el 141