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Línea 2. Gobernanza e institucionalidad cultural. Políticas culturales para el desarrollo El tratamiento y la situación de la cultura en el conjunto de las estructuras de los Estados modernos incide en su presente y condiciona su futuro, pero también en la posibilidad de incorporar la cultura como un potencial para el desarrollo sostenible. La situación socioeconómica y política, los conflictos internos y la ausencia de estabilidad política pueden generar debilidad en la función del Estado como garante de los derechos culturales, la defensa de sus identidades culturales y en el fomento de un sector cultural moderno. En un contexto de creciente globalización e interdependencia, la defensa de la idiosincrasia cultural y su capacidad de interlocución con otras culturas adquiere una importancia para la cohesión interna y para mantener el principio de la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad. Reforzar las estructuras de la institucionalidad pública de la cultura es un elemento imprescindible de cualquier sociedad para enfrentarse a procesos de desarrollo. Disponer de marcos normativos y legislativos, establecer diferentes instrumentos de gestión y la correspondiente generación de capacidades institucionales para los diferentes niveles de la administración local, regional y nacional se convierten en apremiantes necesidades para aprovechar los activos y recursos de los que cada sociedad dispone. En este sentido, los países socios (o contrapartes) de la cooperación internacional pueden identificar que la ayuda a la consolidación de una institucionalidad cultural y sus referentes legislativos son un elemento importante para superar las desventajas y proyectarse al futuro.
Reforzar la institucionalidad cultural permite una mayor participación activa en las políticas de desarrollo local, nacional y continental, incorporando la cultura en las necesarias contribuciones de todos los sectores en la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano sostenible. Una institucionalidad democrática permite una mayor participación cultural de la población por medio de canales de incidencia en la toma de decisiones en un proceso de configurar una ciudadanía cultural sobre la base del respeto a los derechos humanos y culturales. Los agentes culturales, y otros actores sociales, cuentan con más oportunidades y seguridad cuando su entorno dispone de un conjunto de políticas culturales articuladas con herramientas de gobernanza, seguridad jurídica y mecanismos de participación, reforzando el papel de la sociedad civil como motor representativo de la pluralidad cultural. Las acciones en la cooperación internacional en pro de la gobernanza cultural en los países socios permiten reforzar el papel del Estado en la defensa del interés general, aspectos tan importantes como la memoria colectiva, la conservación de su patrimonio y la tradición cultural. De la misma forma, puede ayudar a las dinámicas más amplias disponer de un sector cultural moderno capaz de incidir en el desarrollo local y proyectar sus formas culturales en el contexto nacional e internacional. Estas circunstancias inciden directamente en la posibilidad de incorporar la cultura a las políticas públicas de desarrollo y a la salvaguarda de la diversidad cultural a nivel global.
