aquella que se ejerce en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. En México, la Constitución Política de la Ciudad (30 de enero, 2016) reconoce la violencia política contra las mujeres como una causal para la anulación de una elección. Cabe señalar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2013), ya define la violencia política de género como: “aquellos actos que busquen imponer estereotipos de género, o limitar el ejercicio de la función política de las mujeres” (artículo 21). En la actualidad, diversas entidades federativas han incluido el concepto de violencia política contra las mujeres y se ha tipificado como delito penal en algunas de sus legislaciones. El Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres (2016) formulado e implementado en México durante las elecciones 2015-2016, es una útil herramienta -que implicó el consenso entre diversas instituciones del Estado- para atender e intervenir frente a esta problemática. El Senado mexicano, en marzo de 2017, aprueba un Dictamen que tiene por finalidad: “Incorporar la definición de violencia política en razón de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Asimismo, la incorporación de sanciones para quien cometa este tipo de actos”. El dictamen se encuentra en la Cámara de Diputados y cuenta ya con la aprobación de la Comisión de Gobernación (abril de 2017), para su discusión en el plenario. Como puede observarse, la propuesta mexicana busca modificar y reforzar la legislación existente, en lugar de crear nuevas leyes. Es importante destacar que diversas instancias regionales han expresado su preocupación por las manifestaciones de violencia hacia las mujeres en la política, haciendo un llamado a los Estados para su prevención, atención y sanción. Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a los puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos po-
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Instituto Nacional Demócrata (NDI)
