Editorial
Participación urgente y necesaria El concepto de cogobernanza es relativamente nuevo en nuestros países. Sin embargo, en otros, hace un tiempo es objeto de estudio por parte de investigadores, especialmente en el área de las ciencias políticas. Será el tema central de un congreso mundial promovido por el Movimiento de los Focolares que se realizará en octubre. Aunque el término en sí puede resultar extraño para algunos, cogobernanza se refiere a valores conocidos. Hablar de cogobernanza es hablar de un gobierno participativo (de un país, departamento, ciudad o incluso desde una organización), en el que todos los actores involucrados tienen algo que decir y hacer. Y se convierten en protagonistas, porque los mueve la convicción de que la fraternidad universal los une y los iguala en dignidad. Por actores, nos referimos no sólo a los líderes, sino a todas las personas involucradas. Como ciudadanos, conocemos nuestro compromiso de hacer nuestra parte para que la gestión de los asuntos públicos se realice de manera adecuada y justa. Muchos de nosotros incluso podemos sentirnos con la conciencia tranquila al respecto, porque creemos que estamos al día con nuestros compromisos con la sociedad. Puede ser. Pero si miramos a nuestro alrededor, nos veremos obligados a admitir que nuestra parte no ha sido suficiente. La crisis social, política, económica y de salud provocada por la pandemia del Covid-19 expuso aún más nuestras debilidades históricas como sociedad que, “en realidad”, hemos insistido en “barrer bajo la alfombra”. Por eso, la participación en los asuntos de interés público ha requerido actos generosos, comprometidos, incluso heroicos, como los que han hecho muchos profesionales de la salud y de la educación, solo por mencionar algunos de los
héroes que la lucha contra la pandemia ha puesto de manifiesto. La crisis sociopolítica generalizada exige más de cada uno de nosotros, aunque el esfuerzo que pide varía mucho de una persona a otra. (Sin duda, pide más a los menos vulnerables). Ante este complicado escenario, se necesita una participación más activa en el seguimiento y en el control a las autoridades públicas a todos los niveles. Sólo con participación es posible que la administración de las demandas, de las posiciones y de los distintos intereses en la sociedad, sea equilibrada y sea prioritario el servicio a los más vulnerables. La crisis en la participación pública —de características diferentes en cada país— que en términos generales ya era grave, en América Latina se ha agudizado. Ya casi ni llama la atención, por ejemplo, la desafección de los peruanos hacia la política. En las elecciones presidenciales de abril, uno de tres electores no fue a votar, y ningún candidato alcanzó siquiera el 20 % de los consensos. Es un caso emblemático: en el país andino, los últimos cinco presidentes de la República han sido condenados o indagados por la Justicia. En Paraguay, la pésima gestión gubernamental de la provisión de medicamentos y vacunas para hacer frente al Covid-19 ha desnudado completamente los vicios endémicos de la administración pública nacional y ha agotado la paciencia de los parientes de las personas infectadas. Eso ha llevado al ejercicio de la función de contralor de la ciudadanía por medio de protestas que han provocado la renuncia de cuatro ministros, y han logrado que las nuevas autoridades por lo menos se movilizaran con más decisión y celeridad.
Las posturas erráticas motivadas exclusivamente por intereses de poder indignan, y más cuando juegan literalmente con las vidas de millones de personas y provocan miles de muertes que se podían haber evitado. También indigna la irresponsabilidad de ciudadanos que con sus descuidos o su indiferencia provocan también muertes evitables. Esto evidencia aún más las carencias educativas de los hogares y de las escuelas, lo que a su vez demuestra que tampoco alcanzaría con tener una buena clase política. Por estas razones, la aplicación del concepto de cogobernanza nunca ha sido más pertinente y urgente. Se acabó el tiempo de relegar la tarea de gobernar sólo a los políticos. El caso chileno es un ejemplo de ello: la desigualdad de oportunidades provocó la necesidad de participación, y en junio 155 representantes elegidos del pueblo comenzarán a redactar una nueva Constitución. A medida que llevamos a cabo iniciativas de gestión más participativas, tenemos más oportunidades de hacer la diferencia y obtener resultados significativamente mejores. Para eso, todos debemos sacrificar un poco de nuestra comodidad, de nuestro egoísmo y de nuestra indiferencia, y ayudar a los otros a hacer lo mismo. Luis Henrique Marques y Silvano Malini Ciudad nueva - Junio 2021
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