Baptista y Mommer: Pensamiento Económico... – 59 competencia, el cártel de Estados terratenientes se vio obligado a asumir ahora el papel de un cártel de productores. Ello implica necesariamente algún sistema de cuotas, además de un acuerdo básico sobre los niveles deseables de los precios. Desde luego, la OPEP, en cuanto cártel de productores, funciona de manera bastante deficiente, dada su característica de ser una asociación libre de Estados soberanos. Peor aún, vinculados única y exclusivamente por el capricho de la naturaleza, las diferencias entre los países miembros son tales que se ha llegado incluso al extremo de confrontaciones bélicas entre varios países miembros. Empero, pareciera no haber alternativa: Venezuela tiene que seguir como miembro activo de la organización, siempre a la búsqueda de un consenso necesario y posible. No importa el regateo, el forcejeo, las trampas y los desacuerdos en la distribución de las cuotas; o el cambio de regímenes políticos y el desenlace de las confrontaciones bélicas. En este mundo agitado y turbulento, el interés de todos los gobernantes de los países petroleros en precios estables y relativamente altos los obligará siempre a volver a la mesa de negociaciones y para buscar llegar a un nuevo acuerdo. Por lo demás, debe tenerse muy presente el trasfondo natural de la estabilidad de la OPEP, lo cual resuelve lo que de otro modo aparece como un hecho asombroso. En efecto, esa base natural no es susceptible de corrosionarse ni por la competencia capitalista, ni por maniobras políticas algunas: en el mediano y largo plazo no hay manera de negar al país, que dispone de reservas suficientes, su activa participación en el mercado mundial.
EL PETRÓLEO EN CUANTO ACTIVIDAD PRODUCTIVA La nacionalización, en esencia, consistió en el pleno disfrute de la soberanía del Estado propietario del recurso natural o, como se decía en las resoluciones de las Naciones Unidas de la época, en el ejercicio de una 'soberanía permanente'. Es decir, desde entonces compete única y exclusivamente al Estado venezolano fijar el nivel de la renta por barril - y, por ende, los precios - y los volúmenes de producción. La resistencia sistemática de las concesionarias extranjeras a esta aspiración de Venezuela, y más en general, de todos los países petroleros del Tercer Mundo, condujo a su nacionalización. Al apoderarse del 100% de las acciones, el Estado se liberó de cualquier limitación en el ejercicio de sus derechos como propietario del recurso natural. Efectivamente, el Ministro de Energía y Minas, en quien se personifica la aspiración rentística nacional, pasó a representar también el accionista único de la compañía estatal. De manera que todo el poder de decisión en materia de política petrolera se concentra en sus manos. En cambio, a PDVSA se le asignó la condición de simple operadora al servicio de los intereses rentísticos nacionales, valga decir, que strictu sensu ni siquiera le correspondió el papel de una empresa estatal. En efecto, para la industria petrolera nacional la categoría del beneficio simplemente no existe. Es decir, por una parte, el Ministro aprueba - o desaprueba y manda a modificar - los planes de inversión y gastos de PDVSA; y, por la otra, el
