Opinión
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LO QUE OCULTAN EN ELECTRICARIBE
Jorge Enrique Robledo Senador de la República Polo Democrático Alternativo
A
l final de marzo pasado, el gobierno partió a Electricaribe en dos empresas –Caribe Mar y Caribe Sol– y se las vendió, respectivamente, a EPM y a un consorcio de Alberto Ríos Velilla. Al anunciarse la decisión, Natacha Avendaño, la Superintendente de Servicios Públicos a la que el presidente Duque puso a dar la cara, dijo que no revelaba los precios pagados porque el gobierno había determinado que fueran secretos. Al mismo tiempo y por confusión, Enerpereira, la empresa principal del consorcio de Ríos, informó que pagaron 285 mil millones de pesos por su parte, el 44 por ciento del total de Electricaribe, suma bajísima, como se verá. Que corrieran a borrar la cifra no evitó que se conociera (bit.ly/3gd1t2h), para vergüenza de la Casa de Nariño. Ante mi requerimiento en el Senado, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, no descalificó por falsos los 285 mil millones pero, viva, tampoco los reconoció, ratificó que las cifras eran secretas y se atrevió a defender el ocultamiento con la fábula de que “la nación no es una parte de la transacción” y que los pagos eran ocultos por “ser una transacción entre privados”, decires que entran a la galería de las mayores falacias oídas en el Congreso. Porque entre los vendedores de Electricaribe no hubo ni un solo actor –¡ni uno tan solo!– del sector privado, dado que, por decisión legal que castigó sus incumplimientos y abusos contra los usuarios, toda la propiedad de los españoles de Gas Natural Fenosa sobre Electricaribe pasó al Estado colombiano, hechos que indican que además estamos ante otra privatización. Las siguientes son otras verdades que, con su secretismo y violando la Constitución, Duque y el Consejo de Ministros intentaron
