Revista Gerente Edición Nº 238

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INFRAESTRUCTURA

FINANCIACIÓN

espec i a l

El empujón de las Asociaciones Público-Privadas

A pesar del avance que se ha tenido en infraestructura, el país continúa enfrentando una serie de desafíos para potenciar la participación del sector privado. En los últimos ocho años, el desarrollo de infraestructura ha tenido un avance significativo.

Sin embargo, el propósito de tener vías de última generación ha llevado al país a tener que cruzar sus límites de inversión, superando su propia posibilidad de financiarlas. Claramente, se requiere un “empujoncito” para completar esta tarea. Según el reporte más reciente del Gobierno saliente, la inversión total en este frente asciende a 100 billones de pesos, logrando 30 concesiones de cuarta generación (4G) en marcha, 15 de ellas con cierre financiero y 9 en la Región Oriental. 40% de estos proyectos se ejecutarán al cierre de 2018, y el 60% se

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encuentra en proceso. Respecto a las dobles calzadas, a abril del 2018, iban 1.370 kilómetros y a julio se espera llegar a 1.400 kilómetros, además, están contratados 900 kilómetros adicionales. En total habrá 3 mil kilómetros de dobles calzadas en el país, una buena noticia para los combianos, a lo que se suma que el nuevo gobierno se ha comprometido a construir sobre lo construido en materia de infraestructura y a darle un empujón a las vias terciarias. Así mismo, van 470 puentes y viaductos construidos y hay 640 más en construcción. Para la Región Oriental son 87 puentes, entre ellos el puente binacional ‘Tienditas’ en Norte de Santander, que mejora la conectividad con Venezuela,

El gasto para financiar LAs vías podría superar los

60.000 MILLONES de dólares

EN LA PRÓXIMA DÉCADA.

y los puentes sobre el Río Putumayo en Santana, Putumayo, y sobre el Río Guamúez, que mejoran la comunicación con Ecuador, lo cual suena muy bien cuando se evalúa como un producto terminado, pero si nos fijamos bien, aún queda mucho por hacer, y la pregunta es ¿Cómo se financiará esto los próximos años? De acuerdo con Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, el gasto para financiar sus vías podría superar los US$60.000 millones en la próxima década, más de lo que pueden asumir los bancos locales. "Claramente, el financiamiento bancario local no es suficiente, esto necesita mercados de capital locales y mercados de capital internacionales", dice Córdoba. Y aunque el próximo Gobierno recibe un presupuesto anual de 600 mil millones de pesos adicionales “para integrar el territorio y consolidar la paz”, los retos en materia de financiación siguen existiendo, por lo cual las Asociaciones Público-Privadas (APP) se han convertido en herramientas importantes para avanzar en los proyectos. Desde el 2010 el país ha tenido un cambio normativo para este tipo de asociaciones, lo que ha impulsado la inversión privada en infraestructura. Su marco jurídico evolucionó con la aprobación de la Ley 1508 de APP en 2012 y en 2013 se puso en marcha el Programa de Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G). Como resultado de estos cambios, en 2015 la inversión en infraestructura alcanzó el 6,46% del PIB, una cifra representativa. De acuerdo con el estudio ‘Participación Privada en Infraestructura’, la evolución de la participación privada en Colombia ha generado un progreso evidente en el desarrollo de infraestructura para proveer servicios públicos. A lo largo de este proceso se han llevado a cabo cambios relevantes en una permanente búsqueda de mejora institucional y capacidad instalada, desde los sectores más maduros como transporte, energía, telecomunicaciones, hasta sectores como educación, salud y justicia. Sin embargo, Colombia continúa enfrentando una serie de desafíos para potenciar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura en el país a través del modelo de APP. A partir de la experiencia de 4G se identifican desafíos aplicables a otros sectores, estos incluyen: concentración de inversionistas y altos niveles de exposición de la banca colombiana, limitaciones de capacidad institucional; entorno de negocios afectado por problemas de integridad; y rezago de las iniciativas privadas.


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