A partir de este marco teórico, guiaremos nuestro recorrido a través del impacto en la institucionalidad de la gestión de Gómez, pasando a dilucidar los cambios legales hacia un sistema penal acusatorio que dieron un giro inesperado a todos los esfuerzos que hasta entonces se habían realizado para fortalecer un sistema mixto de instrucción penal y por último realizo un análisis retrospectivo de las huellas de la administración de Gómez en la Procuraduría General de la Nación y consecuentemente en el Ministerio Público. 3.1.
Resquebrajamiento de la institucionalidad
Las instituciones básicas de la sociedad -sostiene John Rawlsno deben distinguirse simplemente por ser ordenadas y eficientes: ellas deben ser, sobre todo justas. Y si no lo son, entonces, deben ser “reformadas o abolidas”. A partir de este tipo de criterio (que le llevan a caracterizar a la justicia como la “primera virtud de las instituciones sociales”), Rawls orienta buena parte de su trabajo a responder a la pregunta de cuándo podemos decir que una institución funciona de un modo justo. Tomando como punto de partida el planteamiento de Rawls, me gustaría analizar los hechos que se suscitaron durante la gestión de Gómez, sobre todo por el impacto que tuvieron en el rol del Ministerio Público dentro de la administración de justicia116. En este orden de ideas, debo partir del manejo dado al capital humano que constituye el recurso más importante de la institución para el cumplimiento de sus funciones constitucionales de persecución de los delitos. En este sentido, en el proceso de construcción, deconstrucción y evolución, en la cual todas las instituciones se van LA PRENSA (2014, Diciembre 28). El MP obligado a pagar $3 millones, Panamá, Recuperado de:https://www.prensa.com/impresa/panorama/MPobligado-pagar-millones_0_4105839532.html [consultado el 5 de enero de 2021] 116
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