la época de Porcell estuvieron al mando de la entidad, lo cual puede debilitar la institucionalidad. Igualmente, es relevante devolver al Procurador General de la Nación las atribuciones disgregadas en otras nuevas instituciones creadas a través de leyes y nuevas Instituciones o Autoridades. Frente a esta realidad, se debe revisar la estructura constitucional del Órgano Judicial, definiendo en títulos separados los principios orientadores, políticas y atribuciones de cada una de las instituciones del Poder Judicial, Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de la Administración. Igualmente importante es promover un diálogo activo, con el fin de renovar la formación en derecho de todas las universidades en Panamá. Esto lo decimos, porque la escena jurídica panameña carece de una sólida cultura de legalidad, del vocabulario propio de la profesión de abogados, que fomente el apego y el respeto a las leyes, a las instituciones, a la colaboración y a la confianza entre los Órganos del Estado. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Luis Ramón Fábrega, manifestó con preocupación que del seminario de inducción que cursan los nuevos abogados para obtener la idoneidad, sólo el 50% logra aprobar el seminario. 4.5.
Reformar el sistema
Así pues, es necesario profundizar con detenimiento y esmero la cultura jurídica en general, potenciando una docencia integral. Hay que esforzarse en encontrar el balance de los fundamentos filosóficos entre las tradiciones y el progreso; volver al camino evolutivo y reaccionar ante los paradigmas jurídicos convencionales y la nueva realidad política panameña. En suma, a lo que se aspira es a contar con un Ministerio Público medido a través de criterios cualitativos más que cuantitativos, y reconstruir el Sistema Judicial a través de un proceso global y complejo de libre diálogo y acuerdo sin coacciones externas desde abajo y hacia arriba y a la inversa,
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