En el período comprendido entre el año de 1825 y abril de 1827, el Perú amortizó poco más de 1.800.000 pesos de su deuda interna reconocida y quedaron por abonar 5.200.000 pesos aparte de los créditos por reconocer. Entre estos se hallaban los provenientes de la época virreinal. El Estatuto Provisorio dado por San Martín, el Congreso Constituyente, la administración dictatorial de Bolívar y la capitulación de Ayacucho indicaron que se reconocería aquella deuda que no hubiese servido directa y expresamente para ayuda en la guerra contra la libertad nacional. Desde antes de la guerra de la independencia la deuda interna era considerable. El gobierno español había recibido capitales cuyos intereses debían ser abonados al Tribunal del Consulado, a otros cuerpos colegiados, a muchas capellanías y obras pías y aun a personas particulares. Al Congreso de 1827 fue presentado un estado de esta deuda, ascendente a poco más de 14.200.000 pesos en establecimientos de Lima, de los cuales correspondían al Consulado 7.760.000. De esa cantidad, advirtió el ministro de Hacienda, debían rebajarse dos millones como pertenecientes a emigrados, residentes en país enemigo y desaparecidos. No se incluía aquí la deuda legítima contraída por los realistas en los departamentos del sur. De acuerdo con la reglamentación de la Caja de Consolidación, el Estado emitió billetes de crédito público y pagó, por este medio, créditos depurados. Vinieron a servir así dichos billetes como moneda y de ellos se tratará al hablar de la situación económica entre 1827 y 1842.
LA LEY QUE ADJUDICÓ mINAS AL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA Y SU RELACIÓN CON LA CUESTIÓN DE LA BREA Y PARIÑAS.- El Congreso aprobó el 5 de marzo y Bolívar y su ministro Unanue promulgaron el 9 de marzo de 1825, una ley que aplicó la extinción de la deuda pública “toda clase de bienes, haciendas, minas, casas, imposiciones y cualesquiera otros movibles e inamovibles que pertenezcan al Estado y de que pueda libremente disponer”. Debían ser preferidos en sus respectivos pagos “los acreedores que han contribuido con sus suplementos a la adquisición y sostén de la independencia y libertad del país”. La misma ley señaló normas procesales para el cumplimiento de estos dispositivos: los acreedores debían presentarse ante el Ministerio de Hacienda con los documentos que acreditaran sus acciones indicando el lugar donde querían se sustituyera su crédito, el examen de cada caso correspondía a la junta de liquidación y clasificación de deudas, necesitándose “apreciar por personas de inteligencia y rectitud lo que haya de servir para la recompensa”; ajustados los valores y convenidas las partes, era preciso mandar cancelar las escrituras antiguas y otorgar las que nuevamente correspondiesen por los administradores del tesoro público. Todavía no se había establecido entonces la Caja de Consolidación. Esta ley sirvió para que el gobierno, por escritura pública extendida en Lima el 28 de setiembre de 1826, cediera a José Antonio de Quintana mina de brea llamada entonces Amotape, y después La Brea y Pariñas, en pago de la cantidad de 4.964 pesos que le adeudaba el erario nacional. Así nació la ruidosa cuestión de La Brea y Pariñas.
ESTA LEY SIRVIÓ PARA QUE EL GOBIERNO, POR ESCRITURA PÚBLICA EXTENDIDA EN LIMA EL 28 DE SETIEMBRE DE 1826, CEDIERA A JOSÉ ANTONIO DE QUINTANA LA MINA DE BREA LLAMADA ENTONCES AMOTAPE, Y DESPUÉS LA BREA Y PARIÑAS.
[ CAPÍTULO 8 ] PERÍODO 1
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