capítulo 4. la adjudicación de obras de infraestructura pública
En aquellos casos en los que se acudió a la Comisión Arbitral, de aquellos finalizados (8 de 14, equivalentes al 57%), en 7 de las 8 ocasiones la Comisión acogió, de manera parcial o total, la recomendación del Panel. A modo de referencia, un seguimiento parcial de recomendación del Panel da cuenta de una confirmación de la Comisión respecto del criterio general de este, por ejemplo, al determinar que corresponde un pago de compensación a la concesionaria, pero no necesariamente de todos los detalles asociados a la recomendación, tales como los montos a desembolsar. Dado lo anterior, este tipo de mecanismos parece relevante a la hora de disminuir los riesgos de los contratistas, en el sentido de entregar una instancia intermedia que incentive el logro de acuerdos, sobre la base de una opinión técnica imparcial que permite anticipar los resultados de un potencial juicio.
Riesgos de la vía judicial para el contratista En particular para el contratista, la evidencia da cuenta de los riesgos de recurrir a la vía judicial en caso de existir divergencias. A nivel global, esto se aprecia en las siguientes cifras: •
Según el Observatorio Judicial, entre 2012 y 2016, de las 3.789 demandas en contra del Estado, este ganó 2.707 (71%).106
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Por su parte, según datos del Consejo de Defensa del Estado, entre 2016 y 2018 el Estado fue demandado por M$1.528.000.000. Sin embargo, durante dicho periodo, fue condenado a pagar M$ 91.000.000, lo que equivale al 6% de dicha suma.107
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En materia de obras públicas, el escenario es similar.
Entre los años 2009 y 2019 se identificó un universo de 85 causas judiciales relacionadas con contratos de construcción de obra pública regulados por el ds mop 75 de 2004,108 por montos en promedio de mm$ 5.600,109 a partir de las cuales pueden extraerse las siguientes conclusiones: a. El Fisco es el principal demandado:
106 107 108
109
Observatorio Judicial, 2018. cde, 2019. Estas causas judiciales dicen relación con contratos de construcción de obra pública, regulados por el ds mop 75, de 2004, entendidos los contratos en un sentido amplio (mejoramientos, reposiciones, conservaciones, construcciones, rehabilitaciones, habilitaciones, ampliaciones, etc.) y, fundamentalmente respecto de infraestructura vial. Promedio se obtuvo respecto de 77 causas en las que el dato fue posible de recabar.
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