Para los valientes que se atreven a pensar fuera de la caja, que se atreven a levantar la voz cuando atestiguan una injusticia y actúan. Para todos los actores locales, usuarios históricos y pueblos originarios que son héroes luchando por recuperar el control de sus territorios arrebatados por el ambientalismo neoliberal, mientras el resto del mundo cree que son los villanos de la historia.
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EN DEFENSA DE BACALAR TOMO I. ENTENDIENDO CÓMO FUNCIONA LA TRÍADA DEL AMBIENTALISMO NEOLIBERAL Versión narrada María Luisa Villarreal Sonora
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EN DEFENSA DE BACALAR. TOMO I. ENTENDIENDO CÓMO FUNCIONA LA TRÍADA DEL AMBIENTALISMO NEOLIBERAL Versión narrada
1ª Edición ISBN en trámite Publicado de manera independiente
Todos los derechos reservados © 2021 María Luisa Villarreal Sonora maluvillarreals@gmail.com Diseño de portada e imágenes: María Luisa Villarreal Sonora
Este libro no puede ser reproducido parcial o totalmente por medios impresos o electrónicos Sin el consentimiento de su autora
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CONTENIDO ¿POR QUÉ UNA VERSIÓN NARRADA? __________________________________ IX AMBIENTALISMO NEOLIBERAL o el negocio ambientalista ________________ 1 RAMSAR, a la mexicana _________________________________________________ 21 2011 – 2014 RAMSAR. 97,591 hectáreas para la tríada ____________________________ 39 APIQROO ______________________________________________________________ 49 ECOSUR y el IEUNAM, en APIQROO ________________________________ 54 Regla 23. Propuesta de PROTUR en APIQROO _________________________ 55 Regla 23. El CONCCLAB en APIQROO_______________________________ 57 La Secretaria de Marina y APIQROO _________________________________ 60 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS _____________________________________ 63 Las fallidas ANP, en Quintana Roo _____________________________________ 67 Reserva de la biósfera de Sian Ka’an __________________________________ 73 Sistema Lagunar Chacmochuch _____________________________________ 80 Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté ________________ 83 Parque Nacional Arrecifes de Xcalak _________________________________ 84 Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos___________________________ 91 Reserva de la Biósfera de Banco Chinchorro ____________________________ 94 Tulum ________________________________________________________ 96 Holbox _______________________________________________________ 98 Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal _______________________________ 99 Laguna Chichankanab ____________________________________________ 103 Propuesta ANP Bacalar _____________________________________________ 106 ¿Quiénes se benefician en las ANP? ____________________________________ 112 El Programa de manejo del ANP no soluciona los problemas _________________ 115 PROTUR ______________________________________________________________ 119 El Plan Maestro de Turismo Sustentable de Quintana Roo 2030 _______________ 121 La simulación de construcción participativa ______________________________ 126 FODA sin pies ni cabeza _________________________________________ 130 El cálculo inexplicable de Capacidad de Carga y Límite de Cambio Aceptable ______ 132 Los criterios inexplicables de zonificación _______________________________ 138 Balneario ejidal mágico Bacalar en la inexistente zona 9.9 __________________ 139 La subzona 5.1 Microbialitos de Buenavista ____________________________ 141 50% de la Laguna en Conservación o solo para Investigación _______________ 142 Las estrategias “innovadoras” que ponían en riesgo la laguna y la seguridad de los usuarios ________________________________________________________ 143 Estrategias____________________________________________________ 145 EP1. Instalación de boyas ______________________________________ 145 EP3. Estructuras de protección de Microbialitos ______________________ 148 EP4. Servicios _______________________________________________ 151
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Estrategias de control de contaminación ______________________________ 152 IBANQROO y el PROTUR __________________________________________ 153 ¡CARACOLES! AHORA UN HÁBITAT CRÍTICO _________________________ 155 EL PMOTEDU, COMO EL MONSTRUO DE FRANKESTEIN ______________ 164 CONSTRUCCIÓN DE MITOS __________________________________________ 171 El mito de la falta de regulación de la Laguna de Bacalar y su cuenca _____________ 172 Cientos de instrumentos para regular y sobre regular casi todo en Bacalar _____ 174 El mito colonialista del habitante local mezquino o ignorante __________________ 177 El mito de la Capacidad de Carga para Turismo ___________________________ 186 El Límite de Cambio aceptable ________________________________________ 201 El mito del turismo y el turismo en ANP, pro-pobres _______________________ 203 Desmitificando los Estromatolitos _____________________________________ 209 Mito 1: Son “piedras vivientes”, “bioconstrucciones”, “seres vivos” ___________ 211 Mito 2: Los Estromatolitos de Bacalar tienen 3500 millones de años __________ 213 Mito 3: Bacalar es un caso único. ____________________________________ 218 Mito 4: Las cianobacterias de los microbialitos de Bacalar son los principales productores de oxígeno que existen _________________________________ 220 Mito 5. Fijan Carbono ____________________________________________ 222 Mito 6. Los estromatolitos tardan miles de años en crecer unos centímetros ___ 223 Mito 7: Los Estromatolitos están en peligro por la actividad turística y la contaminación. _________________________________________________ 223 Mito 8: La propuesta de un instrumento de protección es de la comunidad _____ 225 Desmitificando ¿Qué es lo que sucede en Bacalar con los estromatolitos? ______ 227 ¿Cuánto valen las cianobacterias?____________________________________ 228 ¿QUÉ LE PASÓ AL VALLE DE CUATROCIÉNEGAS, EN LOS NOVENTAS? _______________________________________________________________________ 229 UNAS PALABRAS FINALES ____________________________________________ 247 LITERATURA CONSULTADA __________________________________________ 249
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A CARLOS, POR SU APOYO INCONDICIONAL Y SU FE
MI AGRADECMIENTO A TODOS LOS QUE APOYARON LA INVESTIGACIÓN DE DIFERENTES MANERAS, POR SU COMPROMISO, SU EXPERIENCIA, SU TENACIDAD Y SOBRE TODO, POR SU CALIDAD HUMANA
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¿POR QUÉ UNA VERSIÓN NARRADA? Ambientalismo neoliberal, cualquiera pensaría que se trata de una loca teoría conspiranóica, yo lo pensé también, por 5 minutos. No crean que fue hace muchos años, recién la escuché a mediados del 2020, un 5 de junio de 2020, para ser más precisa, dicho en una conferencia del Día Mundial del Medio Ambiente, precisamente de boca de un funcionario de muy alto rango de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de México. Había escuchado por décadas el término neoliberal aplicado a cuestiones económicas y de derechos humanos, violaciones de derechos humanos, para ser más precisa. Neoliberal lo relaciona uno con todo lo que ha estado mal en justicia social, pobreza, todo lo irracional a nombre del dinero, de las ganancias a costa de quien fuera, pero nunca me detuve a pensar que algo tan noble como la lucha ambiental, pudiera tener un lado oscuro tan profundo, tan malo, como era el adjetivo neoliberal. Si lo hubiera escuchado en cualquier otro lugar habría pensado que se trataba de un delirio de persecución de algún grupo anarquista contra el gobierno, pero era el propio gobierno, y no cualquier entidad del gobierno, precisamente la que más relacionada con medio ambiente estaba. Me pareció increíble que alguien de SEMARNAT estuviera explicando cómo venía funcionando el ambientalismo neoliberal, usando el pretexto del medio ambiente para hacer lo que el neoliberalismo sabe hacer mejor que nadie: explotar, violar derechos, controlar territorios, actividades, despojar y manipular, a nombre de alguna buena causa, pero realmente con el ojo fijo en las ganancias y el mercado, y presentándose como si fueran la mejor, la única alternativa; en las narices de todos. Había muchas cosas que, a lo largo de 30 años de trabajar como técnica comunitaria, sabía que estaban mal, muy mal. Pero no sabía como llamarlas o como entender el rompecabezas con las miles de piezas que fui
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guardando en una caja mental y como apuntes en libretas y en mi computadora. Sabía que mucho de lo que se hacía en nombre del medio ambiente y la lucha por su “conservación” y “protección” estaba mal; que había grupos que se beneficiaban mounstrosamente, mientras otros grupos eran aplastados. Era como una mafia, “la mafia verde” me dio por llamarle, a falta de un mejor término. Y seguí acumulando piezas sin entender por dónde comenzar a armar el rompecabezas. ¿Recuerda esa película donde un chico gana un concurso de preguntas y respuestas, porque las respuestas las había recopilado a lo largo de su vida en vivencias? Pues tras escuchar la exposición de la SEMARNAT ese 5 de junio, me pasó lo que al protagonista, todas las piezas del rompecabezas encajaron, y las respuestas comenzaron a llegar como flashbacks de los pasados 30 años. Era ambientalismo neoliberal. Cuando el ambientalismo neoliberal hizo encajar las cosas, estaba enfrascada ayudando a propietarios locales y usuarios históricos en torno a la Laguna de Bacalar, en el sureste de México, a evitar la imposición de un instrumento de regulación, aparentemente inocente, que la Secretaria de Medio Ambiente y la de Turismo del Estado habían creado, el PROTUR. Yo no me había involucrado realmente en el proceso y escuchaba en las noticias acerca de los movimientos de resistencia de la población para evitar lo que ellos consideraban era una imposición con un trasfondo oscuro. No era para menos, lo que estaba sucediendo en Bacalar ya había sucedido en otras regiones del estado de Quintana Roo, de hecho en otras partes de México, y probablemente a nivel mundial, con resultados nada favorables para las poblaciones locales, ni para el medio ambente. Los que estabamos trabajando para la conservación ambiental desde las comunidades lo habíamos visto suceder una y otra vez; los pobladores de la zona de Bacalar, aunque no estaban seguros de qué estaba sucediendo o que inte-reses se ocultaban tras la aparente imposición, con imagen pública de ser por el “bien común”, intuían que algo estaba muy mal. La apreciación de la opinión pública era que la oposición comunitaria respondía más a la “ignorancia” de los locales o a sus posturas mezquinas y oscuras. Es decir la opinión pública señalaba a los locales como “los malos” y a los académicos, organizaciones ambientalistas y al gobierno como los héroes que intentaban salvar la Laguna. Básicamente porque los locales se quedaban sin argumentos frente a los datos y las declaraciones
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supuestamente científicas que los académicos involucrados esgrimían frente a la opinión pública, que hacían llamadas urgentes para dar el control de la Laguna a un tercero, como la única forma de “salvarla” del desastre. Pero había inconsistencias y cosas “raras” en su información, variaban su discurso, dependiendo del público al que se dirigían, y señalaban con mucha prontitud culpables, sin que sus datos estuvieran realmente fundamentados, no se diga que fueran concluyentes. Y lo que era más preocupante, esto ya había sucedido en infinidad de ocasiones, justo antes de la imposición de Áreas Naturales Protegidas o instrumentos similares, en otras partes del país. Instrumentos que, revisando información de muchas fuentes, no habían realmente contribuído a los objetivos que justificaron las imposiciones. Los locales lo intuían, lo habían visto; en otras partes de Quintana Roo y de México, había aún muchos grupos locales luchando por recuperar el control de sus territorios arrebatados, que habían sido puestos a disposición del mercado de las actividades “sustentables” a precios muy elevados, y que inicialmente habían sido controlados en nombre del medio ambiente ¿Había sido un despojo orquestado en coordinación por varios grupos allegados al poder? ¿O era sólo una coincidencia? Las historias pseudoheróicas y de lo resultados casi milagrosos de las Áreas Naturales Protegidas y otros instrumentos se encontraban por todas partes, pero cavando un poco en las bases para dichas aseveraciones, me encontré con que la mayoría eran más mercadotecnia que ciencia. Todas las historias de éxito se contaban desde el punto de vista de los actores que habían contribuído a establecerlas, como una especie de adaptación moderna de “la versión de los vencedores”, pero ¿no había otras versiones? Toda historia siempre debe tener varias versiones, y yo quería averiguar si alguien, desde la ciencia, tenía otra opinión sobre estos instrumentos ambientales. Encontré muchísima información de fuentes inesperadas, las ciencias sociales; los científicos sociales habían venido cuestionando severamente no solo la forma en la que las comunidades y otros actores locales habían sido despojados de sus territorios, sino cómo los grupos favorecidos habían hecho su agosto con los territorios controlados, muy lejos del discurso altruista que les había ganado la opinión púbica, y los puntos, para imponerse. Pero estas investigaciones y opiniones estaban guardaditas, eran desoídas e invisibilizadas por los grupos en el poder que disfrutaban
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los beneficios de la lucha ambiental, y permanecían desconocidas la mayoría por la opinión pública o calificadas como anarquismo. En abril de 2020, algunos de los técnicos comunitarios y actores locales que conocía y que estaban activamente involucrados en los grupos de resistencia local contra el PROTUR, me proporcionaron el documento y me pidieron mi opinión al respecto. Se los habían presentado como un instrumento “voluntario”, construido de manera “participativa” por la comunidad, que pretedía ser como un reglamento para controlar el turismo, en pro de la conservación y protección de la laguna, que establecía bases científicas para imponer una capacidad de carga, como un número máximo de lanchas o personas y un límite máximo permisible para las actividades turísticas en el cuerpo de agua. Me tomó un par de horas percatarme que todo el documento era no solo una farsa, pero carecía de total fundamento científico o moral, porque había sido construido en una enorme pila de mentiras. Elaboré un informe que proporcioné al grupo para que complementaran sus argumentos y seguí mi camino, sorprendida e insultada por el nivel de cinísmo y descaro de los actores académicos, gubernamentales y de organizaciones ambientalistas habían alcanzado, para cínicamente tratar de tomarle el pelo a la población local y a la opinión pública con su documento. En un par de ocasiones más los actores locales me pidieron analizar las propuestas de los “ambientalistas” en otros instrumentos como el Reglamento de Operaciones de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, donde estaban intentando incluir su mapa de zonas restringidas, el plano tipo ANP del PROTUR. Eso me pareció muy bajo, y nuevamente me involucré analizando sus argumentos y bases; de nuevo, era casi ridículo el nivel de carencia de fundamento y los argumentos flojos para la inserción pero, como le dijeron a los grupos locales, no había otra propuesta. Lo cual era una argumento aún mas pobre, incluir un instrumento deficiente y un plano tendencioso, construído amañadamente, porque no había más, porque era lo menos peor. No era solo ridículo, era insultante. Casi al mismo tiempo sucedió el cambio de color de la Laguna de Bacalar, un fenómeno que los locales sabemos viene sucediendo de cuando en cuando, tras eventos extraordinarios de lluvias y escurrimientos. Y los argumentos escandalosos y amarillistas de los grupos a favor de imponer un instrumento de control en la Laguna se dispararon. Con lluvias de datos,
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rara vez fundamentados o generalizados desde una visión parcial o investigación pseudocientífica, presentada como ciencia sólida, investigaciones científicas publicadas con errores metodológicos, manipulación de información a conveniencia, y notas explosivas amarillistas poniendo presión sobre los grupos locales opositores para ceder, con ayuda de la opinión pública. Y entonces llegó el discurso de la SEMARNAT del 5 de junio de 2020, donde me topé con el ambientalismo neoliberal, y lo que estaba sucediendo, los grupos involucrados, su forma de actuar y los intereses oscursos y nada altruistas en los que basaban sus acciones, se volvieron claros, como la luz del día. En cada oportunidad los actores locales venían intuyendo lo que yo ya tenía claro, y solo tuve que ir poniéndole nombre y ordenando la información para disipar sus dudas. Mientras dilucidaba cómo funcionaba esta alianza entre grupos que se beneficiaban de la imposición de reservas disque en pro del medio ambiente, se me facilitó bautizarlos como la Tríada. De manera más específica, la Tríada Ambientalista Neoliberal, integrada por académicos (científicos), organizaciones no gubernamentales ambientalistas y agencias gubernamentales, relacionados todos con el medio ambiente. Lo que encontré pareció muchas veces algo como salido de una novela de conspiraciones, así que un compromiso que me hice y le hice a los actores locales fue el explicarles por escrito qué estaba sucediendo, que de hecho ya había sucedido en otros lugares durante décadas, y fundamentar de manera sólida los hallazgos, conociendo la estrategia de los miembros de la tríada por intentar desacreditar cualquier información que contradijera su dicho o tratara de exponerlos. Cuando comencé a escribir este libro pensé que iba a ser un informe de unas treinta páginas donde podía explicar brevemente cómo estaban actuando los promotores neoliberales ambientalistas en Bacalar. Habían estado tratando de imponer instrumentos de control en nombre del medio ambiente en el territorio, habían empezado por la laguna y poco a poco habían escalado a un territorio de más de 219 mil hectáreas que pretendían colocar bajo un sistema de protección ambiental. Estaban criminalizando y señalando a los grupos de habitantes y productores locales históricos, y claramente beneficiándose de toda esa campaña que se venían armando. A medida que la investigación fue avanzando surgió tanta información que se hizo necesario dividir los resultados de la investigación en tres tomos,
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en una colección que decidí llamar: “En defensa de Bacalar”. El libro resultante contenía muchísima información, toda fundamentada. Este libro es el tomo I y lo denominé “Entendiendo cómo funciona la tríada del ambientalismo neoliberal”. Aquí explico cómo los miembros de tres sectores de la sociedad (“la tríada”) se han coludido para imponer instrumentos del ambientalismo neoliberal de forma tan amalgamada y sutil que es casi imperceptible para el ciudadano incauto, un ciudadano que realmente cree que la motivación de este grupo es altruista y pro-medio ambiente o pro-pobres, que no sospecha que es solo una simulación increíblemente orquestada. Tal vez la palabra Tríada suene como algo de ficción, pero el nombre vino cuando quedó claro que era tres sectores de la sociedad, unidos por un vínculo de intereses particulares, beneficiándose alevosamente del discurso ambiental. Eso es la tríada. Pero no tengo pruebas para asegurar que es como una conspiración donde miembros prominentes de cada uno de estos sectores se reúnen para pactar intrigas contra el resto de la población. Tampoco podría decir que es una secta, aunque utilizan muchas estrategias de manipulación dominadora tipo secta, ya saben adquieren adeptos que lincharán socialmente a cualquiera que se oponga a la corriente de ideas de los cabecillas de la tríada. Mucho menos es un cónclave tipo Illuminati, al menos no a nivel local o regional. La tríada funciona como una desafortunada coincidencia de intereses y roles de tres sectores de la sociedad, al servicio del gran capital, que ha tomado al medio ambiente como bandera para controlar recursos y enriquecerse más, ante el beneplácito y aprobación internacional por medio de una pantalla altruista. La tríada local, en México, a la que nos vamos a referir en este libro, actúa más como una pandilla con intereses individuales propios, que coinciden. Cada uno de sus integrantes cumpliendo un papel para validar las acciones de los otros dos, una complicidad que les reditúa grandes beneficios a costa del resto de la población y los territorios. Una tríada muy bien engrasada, en la que unos necesitan obligatoriamente de los otros. El gobierno en su papel de rector y juez, los académicos funcionando como validadores, y las organizaciones no gubernamentales autonombrándose representantes del resto de la sociedad. Beneficiándose de muchas maneras. El descubrimiento más relevante de esta investigación que tal vez me sorprendió y decepcionó más, por increíble que parezca, fue la poca
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capacidad de la mayoría de la sociedad y de los medios de comunicación para evaluar la información que reciben de la tríada, sin un ojo crítico, recibiéndola de manera pasiva, sin cuestionarse fundamento, mucho menos intenciones. Esto sucede porque en una parte de la sociedad existe una necesidad tan grande de encontrar acciones heroicas entre tanto cinismo, de encontrar individuos y grupos que actúen desinteresadamente por el bien de todos, y otra parte de la sociedad y medios de comunicación tienen urgencia más bien de encontrar noticias sensacionalistas y amarillismo en su arrebato de recibir y de aportar material de consumo de noticias. Cualquiera de las dos actitudes sumerge a individuos y a grupos en un frenesí que los pone en un estado casi infantil de credulidad, que contribuye a dispersar los mitos creados por la tríada; una sociedad que reacciona lampareados por títulos académicos, etiquetas de “expertos” o la charola de autoridad de un puesto de gobierno, o peor, a chantaje sentimentaloide. Entre las cosas que encontramos hay de todo: procesos de planeación extremadamente deficientes, sin argumentos, simulados, que habían venido prosperando ante la inacción y la resignación, pero sobre todo, ante la actitud general del dominado que tiene la población, actitud que adopta la sociedad fuera de la tríada, convencidos de que el gobierno tiene el poder, los científicos la verdad última y la sabiduría, y las organizaciones no gubernamentales la misión…lo que me recordó muchas veces a la historia de la invasión española, hace más de 500 años a nombre de un dios de religión, solo que en este caso ha sido más como una nueva invasión colonizadora, esta vez a nombre de otro dios, el medio ambiente. Abanderando un supuesto interes altruista, los miembros de la tríada logran imponer instrumentos de control que ni siquiera cumplen con los objetivos para los que fueron creados, es decir: instrumentos que supuestamente fueron diseñados para proteger el medio ambiente, y que no lo protegen; instrumentos que supuestamente fueron creados para evitar el deterioro del ambiente y la biodiversidad, pero cuya aplicación hace lo contrario. Cuyo único objetivo real es beneficiarse individual o institucionalmente, solo para la obtención de territorios reservados para el gran capital, para generarle ganacias a la tríada, los que con el discurso y la bandera de estar protegiendo el medio ambiente, se llenan los bolsillos de dinero, la boca de “éxitos” y el pecho de medallas con una imagen cuidadosamente construida de semiheroicidad, ante una opinión pública que no se percata que se le miente y manipula descaradamente.
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Este grupo tiene una ambición desmedida, alentada por sus éxitos en despojar descaradamente y beneficiarse impunemente de recursos y paisaje, solo para seguir simulando, acrecentando el círculo vicioso de colocar mas restricciones e instrumentos a los locales, despojarlos del control sobe sus territorios y contribuir incluso a su criminalización, solo para continuar enriqueciéndose, a través de control de los sitios, los recursos de biodiversidad y ultimadamente, de los recursos genéticos existentes en territorios otrora ancestrales, mientras las comunidades locales terminan acorraladas, empobrecidas y desplazadas. ¿Cómo se me ocurrió la idea de crear esta serie de documentos? Fue una epifanía, porque no sabía ni como comenzar a escribir. La idea me la dio un escrito redactado por Víctor Toledo, exsecretario de la SEMARNAT, en julio de 2020 – unas semanas después de encontrarme con el término de ambientalismo neoliberal del 5 de junio. En su escrito Toledo cuestionaba las verdaderas intenciones de los firmantes de una carta, en la que acusaban al gobierno actual de “…minar, provocar el desmantelamiento, la erosión, y el desmoronamiento de las instituciones ambientales…” El documento que cuestionaba el entonces secretario de la SEMARNAT estaba firmado por 24 ex funcionarios ambientales, una conjunción muy sospechosa de políticos de partidos políticos abiertamente neoliberales (PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza) y de miembros de una organización ambientalista denominada Ceiba, formada por ex funcionarios ambientales, entre otros y a quien Toledo acusaba abiertamente de querer desacreditar al actual gobierno. El secretario de SEMARNAT señalaba que, sin excepción, los firmantes habían sido en algún momento autores principales o secundarios, cómplices o testigos silenciosos del ecocidio que el país había sufrido. La gran mayoría eran encubridores, socios, asesores o lavadores de imagen de empresas y corporaciones como Cemex, Grupo México, Coca-Cola, Bimbo, Monex, Volkswagen, Telmex, Walmart, Holcim, Ford, Banamex, etcétera, o bien estaban dirigiendo organizaciones empresariales verdes como el Consejo Consultivo del Agua. Y sugería: Su contubernio con los poderes económicos puede corroborarse examinando sus biografías. Finalmente, juntos y revueltos, los acusaba públicamente de haber “salido del clóset del ambientalismo neoliberal”. Me pareció una maravillosa epifanía y seguí el consejo. Algunos de los nombres de firmantes en esa carta aparecieron a lo largo de la investiga-
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ción, así que decidí indagar, para el caso de Bacalar, precisamente eso: la red de ambientalismo neoliberal, los conflictos de intereses y la posible motivación del grupo de promotores que por casi una década habían intentado una y otra vez hacerse del control del cuerpo de agua, pretextando su conservación. Este libro lo publiqué en septiembre de 2021, era una investigación muy completa pero tuvo un problema inesperado. Era, a decir de lo actores locales, muy denso para digerir y entender. Es decir, era muy extenso, lleno de términos técnicos, con muchos datos, muchas gráficas, muchas tablas y muchas referencias bibliográficas, lo que era perfecto técnicamente; pero lo había hecho poco accesible para los actores que me interesaba leyeran y entendieran todo el fenómeno del ambientalismo neoliberal y sus instrumentos simulados y fallidos. Además era muy costoso, dado que contenía muchos gráficos a color, lo que lo volvió poco accesible para el sector de la población que necesitaba leerlo. Así que me dí a la tarea de hacer esta versión más ligera, narrada desde la experiencia de la investigación y lo que encontré. Para reporteros y actores más interesados en el fundamento de la investigación, incluso para los actores de la tríada que sientan la urgencia irrefrenable de desacreditar lo que yo expongo, está disponible la vesión técnica extensa y a color, también una versión técnica, en blanco y negro. Esta versión de En Defensa de Bacalar, Tomo I espero sea más digerible, entretenida e iluminadora.
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AMBIENTALISMO NEOLIBERAL o el negocio ambientalista “La declaración de áreas protegidas sobre los territorios indígenas sin nuestro consentimiento y participación, ha tenido como resultado nuestro despojo y reasentamiento, la violación de nuestros derechos, el desplazamiento de nuestros pueblos, la pérdida de nuestros lugares sagrados y la lenta pero continua pérdida de nuestras culturas, al igual que nuestro empobrecimiento. Es por tanto difícil hablar de los beneficios para los Pueblos Indígenas cuando se declaran áreas protegidas en nuestros territorios de forma unilateral. Primero, se nos despojó en nombre de reyes y emperadores, después en nombre del desarrollo del Estado, y ahora, en nombre de la conservación. Declaración final de los delegados indígenas en el 5° Congreso Mundial de Parques, celebrado en 2003 en Durban, Sudáfrica
En los últimos 500 años1 de historia documentada, Bacalar ha sido un botín ambicionado por oportunistas e invasores que han llegado a estas tierras tratando de adueñarse de sus recursos naturales y territorios, intentando someter a las poblaciones locales en el proceso. Soy también una apasionada de la historia, donde encontré muchas respuestas para esta investigación y como comparación puedo casi asegurar que no hubo un asentamiento humano, durante la colonia española, que hubiera sufrido tanto acoso como Bacalar, que hubiera sido defendido tantas ocasiones, contra tantos enemigos distintos que parecían tomar turnos para atacar a los locales e intentar hacerse del control del territorio y sus riquezas. Muchos, a nombre de un rey en tierras muy lejanas; muchos movidos solo por su propia codicia o de su necesidad de trascender en la historia; pero como sucedió con los embates de los invasores, piratas, corsarios, baymen, contrabandistas, enemigos, traidores, que una y otra vez arremetieron contra las poblaciones locales en la época de la colonia, estos embates constantes construyeron una resiliencia increíble y una fuerza notable en
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Fe de erratas: En las primeras versiones anoté 300, pero fue a partir de la llegada de los españoles a esta zona, alrededor de 1511. Así que son poco mas de 500 años.
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los habitantes locales, que siempre se negaron a ser subyugados y se opusieron a entregar su patrimonio y sus territorios. Como entonces, en la historia actual, las poblaciones locales se vuelven a levantar contra los modernos piratas, invasores y vende espejitos que ahora toman la forma de organizaciones no gubernamentales institucionalizadas y locales, actores gubernamentales y académicos. Como sucedió durante la colonia española, donde la encomienda por la fe religiosa se utilizó para que los invasores se hicieran de tierras, control y poder, de los recursos naturales, patrimonio y las poblaciones locales, en el nombre de un dios traído desde Europa, violentando todos los preceptos de humildad, humanidad, compasión, misericordia y justicia que decían proteger con su fe, usándolo solo como una simulación para apoderarse de estas tierras y para enriquecerse; en la actualidad, como si se tratase de una moderna invasión colonial, estos encomenderos ambientales modernos intentan llevar a cabo un despojo espectacular a la vista de todos, en nombre de un nuevo dios, el medio ambiente, en una moderna cruzada de control y sometimiento de los locales, en el nombre de la conservación de la biodiversidad, de la protección ambiental, de la crisis climática, usando todas las estrategias del neoliberalismo, y como en el pasado incumpliendo los preceptos de su fe ambiental, de proteger, ser sustentables, justos, humanos, respetuosos de los locales y sus formas de vida, con ética, transparencia, legalidad, pero sobre todo con la protección de los territorios y sus riquezas naturales sin intereses ocultos y pactos en lo oscurito. La base de todo este libro es el sentido común, el conocimiento ecológico local, la intuición local como base y bajaremos de ahí al conocimiento científico occidentalizado, principalmente el de las ciencias exactas y naturales. ¿Por qué hacerlo al revés de cómo se estila? Es decir ¿Por qué ir del conocimiento de la comunidad a los científicos? Porque los científicos son recientes, el conocimiento local fue la forma de entender la naturaleza y unos a otros por miles de años, hasta hace un par de siglos que los científicos occidentales se autonombraron emperadores del conocimiento y se auto otorgaron la licencia para aparecer como los únicos capaces de bajar el conocimiento y la “sabiduría” de donde quiera que estuviera, al resto de la humanidad, casi como sacerdotes con conexión a lo divino, cuyo conocimiento y acceso era superior al resto de los mortales. Títulos académicos y cargos de gobierno manejados como títulos nobiliarios de la época colonial, al contexto actual. 2
Los científicos y el resto de la tríada han subestimando o discriminando a otro tipo de ciencias como las sociales y muy, muy abajo, considerándolo como algo folclórico o anecdótico sin valor, han dejado el conocimiento local, el cual generalmente se invisibiliza. Los académicos y el gobierno, argumentan que la sabiduría local carece de validez, dado que no parte de un grado académico, porque no se construye en un laboratorio, o porque no siguió el método científico; argumentan que está “sesgado”. Sin embargo, al revisar los casos donde los académicos han servido de respaldo a los argumentos de la tríada, se comprueba fácilmente que los criterios utilizados no solo tienden a simplificar, reducir y suprimir los rasgos particulares de los recursos y territorios, pero están sesgados porque obedecen a su propia especialización o sobre especialización y se ven influidos por sus conflictos de interés, lo que les da una visión miope, a muy corta distancia que no les permite, a su vez, entender escenarios geográfica y temporalmente complejos. Como quien ve por el ojo de una cerradura un paisaje extenso, que ve sólo lo que quiere ver, y además explica lo que ve según le convenga. Podría pensarse que los centros de investigación involucrados poseen suficientes recursos humanos en los que nuestro país ha invertido cantidades exorbitantes de fondos para su preparación, un cuerpo de investigadores con diversos enfoques como para reducir las limitantes que un solo investigador contando la historia, podría poseer; eso sería ideal si no fuera porque estas instituciones están en una permanente carnicería por prestigio, puntos, posiciones, fondos y niveles del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), son campos de guerra de egos, celos profesionales, envidias, desconfianza y rumores maliciosos, un juego sucio permanente por mantener posiciones y privilegios, lo que impide la mayor parte de las veces una colaboración ética, desinteresada y productiva, entre ellos. La marea está cambiando y el conocimiento local está empezando a verse bajo una luz diferente, sobre todo por su naturaleza flexible, integral y abierta, lo que les permite a las poblaciones locales entender todas las dimensiones, el cómo varían los fenómenos, procesos, como se mueven en todas direcciones, a lo largo y ancho del territorio. Para los habitantes locales el conocimiento ecológico local (CEL) es clave. Lo que los pobladores locales y usuarios históricos conocen, ha recibido el creciente reconocimiento y el impulso para su utilización a nivel internacional. En muchos foros se reconoce, entre otras cosas, la amplitud y alcance de la información obtenida, con fundamento. Algo en lo que los académicos de 3
la tríada han fallado, desde la poca confiabilidad de sus aseveraciones, el corto alcance de sus investigaciones, y el poco o nulo poder predictivo de sus propuestas, debidas a la pobre calidad y cantidad de datos generados. Y a pesar de todo el gobierno, las ONGA (Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas) y los propios académicos de la tríada insisten, en que solo SU ciencia es válida. ¿Por qué es tan importante fortalecer el conocimiento local, los saberes y la ciencia ciudadana? Primero porque la cantidad de datos generados por ellos, los miembros de la tríada, no puede compararse con la cantidad de información obtenida de la observación que realizan individuos o grupos de individuos de las comunidades locales, a lo largo de años, a lo largo de décadas o a través de generaciones, en su cotidianeidad. Esto ubica a los actores locales como verdaderos expertos, personas con experiencia relevante, amplia y profunda sobre un tema, porque tienen el conocimiento de primera mano. En segundo lugar, porque el conocimiento local genera información de la que pueden crearse instrumentos legitimados, porque vienen de la base social de conocimiento común. Pero la verdadera urgencia de posicionar y poner en valor el conocimiento local es porque quién pone la ciencia, y qué ciencia se toma como base, determinará quién tiene el control, el financiamiento y el poder sobre el territorio. Entonces si la ciencia occidental es tan deficiente ¿Por qué solo se ha escuchado la voz de los científicos occidentales hasta ahora? Sucede que todos los instrumentos ambientales, principalmente de política ambiental, fueron creados y organizados por científicos occidentales, burócratas, burócratas-académicos y organizaciones ambientalistas, que se autonombraron como “representantes de la sociedad” o por quienes financian a ambos, para perpetuar los intereses y mantener los beneficios de estos sectores, en una especie de matrimonio tóxico perverso. Una mezcolanza perfecta para el surgimiento y permanencia del ambientalismo neoliberal. Otro factor en común que encontramos en el discurso y mercadotecnia de la tríada, es que su intervención fue solicitada, que todas sus propuestas fueron solicitadas por las comunidades o fueron diseñadas y validadas de manera participativa por la sociedad, que los aprueba y los respalda incondicionalmente, lo cual nunca resultó cierto. Una y otra vez nos topamos con una simulación perversa de participación que es fácilmente desenmascarable. En este modelo de ambientalismo neoliberal, la participación social ya sea para un sitio Ramsar, para un Área Natural Protegida o 4
para una propuesta de Programa de gestión común (PROTUR), se reduce a un espectáculo bien montado de manipulación o a una triste simulación tokenista. ¿Qué es el tokenismo? Este concepto fue otro de los conceptos que me parece relevante definir. El tokenismo es una práctica muy recurrida por la tríada en cuanto a participación comunitaria concierne, es una simulación donde se muestra a la opinión pública que los grupos al poder (en este caso la tríada) han incorporado a determinadas minorías, grupos en desventaja o en este caso los habitantes locales o usuarios históricos, y que les “permiten” compartir su quehacer, participar al mismo nivel donde su opinión se toma en cuenta e incluso que la opinión comunitaria fundamenta las acciones o decisiones, pero al analizar los procesos y resultados resulta una simulación, una imagen falsa, una justificación sin fundamento o un adorno en un documento. No nos referimos a la simulación de incorporar Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas (ONGA) que sí son parte de la tríada, como representantes autonombrados de la sociedad; más bien me refiero a los casos donde integran a actores sociales reales para la foto, para poder validar su actuar. Cuando se analiza la forma en la que se les hace participar resulta más como una infantilización, dándoles los instrumentos ya creados, sometiéndolos a aceptar sin oponerse o anulándolos, invisibilizándolos o incluso humillándolos si tratan de protestar, hacerse escuchar y valer su opinión, cuando la opinión social es contraria a los intereses de la tríada, como sucedió con el PROTUR, como siempre les sucede a los participantes ajenos al grupo de poder. Para los sectores académicos de las ciencias naturales y los burócratas en México, el conocimiento local se ve como un asunto folklórico, algunas veces como un obstáculo para los “esfuerzos” de la conservación o del desarrollo, como un recurso para obtener y utilizar a su favor, un dato de referencia que hay que mejorar, o a lo más como un discurso para fundamentar intereses ajenos a la propia comunidad, en un supuesto proceso participativo para “mejorar” su gestión ambiental. En el peor de los casos se utiliza como información que se plagia o se patenta, lo cual es un delito que se ha pasado por alto infinidad de ocasiones. Lo que implica serios conflictos de intereses en su actuación. Entendamos la expresión «conflicto de interés» (CI) como aquellas situaciones en las que el juicio profesional sobre un interés primario y la 5
validez de una investigación, puede estar influida por un interés secundario, típicamente un beneficio económico, o de orden académico, como el deseo de reconocimiento profesional o la presión por publicar. En gobierno puede ser interés económico o de seguir una orden de algún actor de mayor jerarquía o poder y en las ONGA puede ser obedecer los intereses particulares de los socios, los financiadores o el gobierno, en lo oscurito. Aunque el interés secundario no tiene por qué ser ilegítimo, lo cuestionable es el peso relativo de estos intereses respecto del interés primordial. Basamos el análisis en los datos de beneficios y en la historia personal e institucional y las relaciones con otros actores, como sugirió Víctor Toledo en su artículo “El ambientalismo neoliberal sale del closet”. Como conflicto de intereses aparentemente no relacionado podríamos ejemplificar un individuo o grupo de individuos que por ejemplo necesitan conservar los incentivos perversos, que logran al “producir” mucha investigación – aunque no resuelva problemáticas o solo contribuya a engrosar un currículo-, para poder mantener su nivel y privilegios dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la consecuente compensación adicional a su sueldo que puede ofrecer su institución académica, adicional a su salario institucional. Estos académicos deben asegurar su “productividad”, la “relevancia” de sus temas de trabajo, su “liderazgo” en su área de investigación, producir “recursos humanos” de calidad, lo cual en algunos casos los obliga a realizar acciones poco éticas o permitir el sesgo en sus investigaciones, como veremos con más detalle, más adelante. Lo cuestionable y perverso son los criterios o indicadores de productividad del SNI – medida en artículos científicos en revistas extranjeras que hacen que la literatura científica mexicana esté escrita en inglés, inaccesible para las poblaciones locales que podrían requerir de la información obtenida, muchas veces con su participación e inversión. Los investigadores compiten muchas veces con falta de ética por comprobar la relevancia de lo que investigan, inflando o forzando sus resultados, como encontramos en muchos de los artículos publicados por algunos miembros académicos del grupo promotor ambientalista. Demostrar “liderazgo” –que de igual modo miden en número de publicaciones, cantidad de financiamiento, numero de tesistas o tamaño de sus laboratorios-; otro indicador es “producción de recursos humanos”, que se mide por número de posgrados que forman, los cuales terminan 6
adoctrinados a la misma visión improductiva, auto centrada y mezquina de ciencia que NO está disponible para la sociedad, ensimismados en sus propios currículos, ajenos a la responsabilidad de contribuir a solucionar problemas reales o comprometerse con el resto de la sociedad no académica, a quien ven como seres humanos inferiores. Otro muy serio conflicto de intereses puede ser un investigador o una institución que está buscando un beneficio económico considerable al patentar biotecnología a partir del material genético de la biodiversidad existente. Aún con la modificación a la ley de Ciencia y Tecnología en 2015, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto para permitir la inclusión de capital privado al apoyo público para generar tecnología y poder patentar descubrimientos a favor financiero (hasta en un 70%) para los investigadores, en el caso de material genético, sigue siendo bioprospección o biopiratería. Es denostable que el objetivo de la gran mayoría de la academia en México, se limite a ser miembro del SNI para asegurarse el incentivo financiero y prestigio de por vida, y de tener como ideal lograr una categoría SNI emérito para asegurarse un pago de por vida, por sobre cualquier cosa. Lo que es sin duda un incentivo perverso. En Bacalar un conflicto adicional de los miembros de la tríada, es la promesa de que van a beneficiarse por su cercanía con los grupos que van a “controlar” el área o su posición económica privilegiada (con capital en dólares o euros). Tal y como sucedió en Cuatrociénegas en la década de los noventas, para 2019 nos percatamos que la Dra. Luisa Falcón y sus colaboradores no habían dejado de insistir en su propuesta, y se habían dedicado a promocionar la urgencia de crear una reserva de estromatolitos y criminalizar ante la opinión pública a los habitantes y prestadores de servicios locales que, según ellos, estaban dañando irremediablemente la Laguna con sus actividades y a quienes, según sus declaraciones, había que detener. Hay que entender que, en el discurso de la tríada, el término conservación es igual a negocio. Si bien la conservación convencionalmente se interpreta como "salvar al mundo" de los excesos humanos del capitalismo, en realidad funciona para reservar la naturaleza al capitalismo, al mismo tiempo que crea posibilidades económicas más amplias para la expansión de quien pueda pagarlo.
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“…El capitalismo bien puede ser el enemigo de la naturaleza, pero conservar la naturaleza, paradójicamente, también parece haberse convertido en la mejor amiga del capitalismo…” (Kovel, 2002). Para poder entender el neoliberalismo ambiental practicado por la tríada, necesito que entendamos el neoliberalismo como política económica. El neoliberalismo económico se extendió en México a partir de la década de los 1970 - 1980 mientras permeaba en la mayoría de los países, a nivel mundial. En nuestro país fue el régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994) el que lo impulsó a todos los sectores, lo que “curiosamente” coincidió con la aparición y el despliegue del ambientalismo, que gradualmente se levantó como uno de sus pilares más notables y menos relacionados. Al respecto Víctor Toledo expone que: “… Al final, el ambientalismo fue cooptado, edulcorado y neutralizado por el despliegue del neoliberalismo. La consagración del discurso ambiental que tomó unas cuatro décadas se fue gradualmente desvaneciendo. Hoy, casi sin excepción, las posiciones de gobiernos, empresas, academias y organismos internacionales giran en torno a que la solución a la crisis ecológica mundial, sólo es posible mediante el mercado, las tecnologías y los arreglos institucionales. Para ello fueron introducidos conceptos aparentemente científicos como desarrollo sustentable, crecimiento y economía verdes, y capital natural, pero que en el fondo buscan ocultar la mercantilización de la naturaleza…” Toledo, siendo entonces secretario de la SEMARNAT en 2020, tuvo la honestidad – o la candidez - de reconocer que si bien la SEMARNAT había sido creada con “…gran vigor y calidad científica, una legislación poderosa y dio lugar a instrumentos administrativos para la regulación ambiental en 1994, al igual que en el resto del mundo, la eficacia de la SEMARNAP(T) se debilitó por las políticas neoliberales de los siguientes sexenios…” Esta declaración me dio una buena idea para orientar la investigación con el reconocimiento público de Toledo como secretario de la SEMARNAT, de los ecocidios que habían venido cometiendo los promotores del neoliberalismo ambiental, en México: 1.
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La llegada de funcionarios inexpertos y sin escrúpulos a los puestos claves;
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La entrega de casi la mitad del país a mineras para la extracción de oro, plata, hierro, zinc, cobre, incluyendo mil 900 concesiones en ¡68 por ciento de las áreas naturales protegidas!; 3. La imparable contaminación industrial de los principales ríos del centro y norte del país que han dado lugar a infiernos ambientales por el alto número de enfermos de cáncer y otros males; 4. La total inacción ante el uso de más de 80 plaguicidas tóxicos encabezados por el glifosato; 5. La toma de posición jurídica de la Semarnat del lado de las grandes corporaciones biotecnológicas y agroindustriales (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, Dupont) en el caso del maíz y la soya transgénicos; 6. La sobrexplotación, uso ilegal y fraudulento de los mantos acuíferos por grandes productores agropecuarios, las mineras, las cerveceras y las refresqueras; 7. La entrega obscena de playas y costas a los megaproyectos turísticos; 8. La indolencia de la política conservacionista que protegió flora y fauna en 30 millones de hectáreas, pero se olvidó de las 3 mil 697 comunidades que lo hicieron posible, 84 por ciento de las cuales hoy sufren ¡altos grados de marginación!; 9. El sospechoso rezago de trámites y pérdida de documentos en la Profepa; 10. El desdén por solucionar los conflictos ambientales (560 develados por mil 30 registros periodísticos); 11. La total ausencia de solidaridad con los 157 mexicanos asesinados, hasta 2020, por defender el ambiente, quienes habían sido completamente ignorados Muchos de los crímenes listados arriba se resumen en tres elementos compartidos por los integrantes de la tríada: Conflicto de intereses, Corrupción y Simulación; algo que los promotores del área natural protegida de Bacalar tuvieron en común. Todo esto encubierto con un aparato bien aceitado de simulación y urgencia por “conservar y proteger”, validado por una opinión pública que se dejó envolver con el sentimentalismo y las verdades a medias, sin analizar de fondo las razones de los impulsores para promover y forzar, casi de manera obsesiva, su cruzada proteccionista simulada. Las fórmulas del movimiento ambientalista neoliberal se basan en afirmar que la solución es combatir al capitalismo voraz con mecanismos 9
capitalistas, que tienen otro tipo de voracidad. En el ambientalismo neoliberal se dice que no hay otra forma de salvar a la naturaleza más que con acciones donde se le dé el control a uno de ellos, porque los dueños o los actores locales son ineptos, y ellos a su vez pues deben ver que los sitios generen potencial de ganancias o de lo contrario no hay incentivos para que los actores racionales conserven. Y entonces crean las instancias y se financian entre ellos para en una aparente acción desinteresada apropiarse del discurso y controlar los esfuerzos de conservación para su beneficio o de sus financiadores (el gran capital). Porque por beneficiarios nunca se refieren a los locales, sino a ellos y sus grupos afines. Algunos de los mecanismos neoliberales incluyen la compra de tierra para cederla a la conservación, las áreas naturales privadas, la incorporación de tierras privadas o sociales a áreas naturales protegidas o mecanismos similares, por decisión unilateral (Estado – Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas - Académicos) para ponerla bajo control o propiedad del Estado (Estado a la orden de los grandes capitales) o de terceros; la creación de fondos y fideicomisos privados para la conservación; el establecimiento de productos financieros -bonos, créditos- exclusivos para la conservación, manejados por terceros, la disminución de la presencia del Estado en la práctica de la conservación, así como su alianza con ONGA, empresas privadas, instituciones multilaterales o grupos dentro de las mismas comunidades, con intereses particulares que se abanderan por el “bien común”, y que son solo la visión propia de un grupo cercano y privilegiado siguiendo sus propios intereses. Del mismo modo, los financiamientos para la “conservación” o el “desarrollo sustentable” terminan siendo una lista interminable de proyectos para académicos y ONGA, quienes se autodenominan representantes y defensores del resto de la sociedad, como sociedad civil organizada, y que se les da el derecho de “administrar” y “aplicar” los fondos desde su visión de conservación, que se limita a investigación y más investigación; de desarrollo sustentable, limitado a talleres, organizar grupos vulnerables que desarrollen actividades económicas “aceptables” como artesanías o guianza; o para una larga procesión de consultorías y capacitaciones interminables, todo financiado por instancias nacionales o internacionales que la mayoría de las veces fueron creadas por los mismos miembros de la tríada, a escala internacional.
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Todo esto en torno a la difusión masiva del mensaje de urgencia y desinterés para justificar tomar el control y despojar de su gobernanza a las poblaciones locales. El mensaje se resume así: Los grupos locales de las comunidades son incapaces de saber lo que “es mejor para ellos y el medio ambiente”, lo que justifica la necesidad de tomar el control desde afuera y ponerlos como espectadores o actores pasivos. Perpetuando la visión colonialista del encomendero, un nuevo colonialismo, con encomenderos ambientalistas, que luego la ponen a disposición de quienes puedan pagar por la conservación, bajo un modelo de “desarrollo sustentable”, o una “economía verde” como incentivo. Para lograr todo esto existe otro elemento clave: La opinión pública. Requieren de la opinión pública para ejercer presión; por ello los grupos de académicos, burócratas o tecnócratas involucrados invierten gran cantidad de recursos en publicitar su discurso y así generar posturas polarizadoras, basados en la criminalización de un sector de la población, generalmente productores, restadores de servicios o habitantes locales. Con los medios de comunicación hambrientos por noticias sensacionalistas o amarillistas, promueven notas catastrofistas que permean el discurso público, crean mitos y generan complicidades para hacer que los actores locales o propietarios sean criminalizados y vistos como causantes del deterioro de los espacios silvestres, y de este modo echar leña al fuego para crear pánico a fin de justificar sus propuestas de manera urgente y a como dé lugar. Estas complicidades no paran después de obtener el control del territorio, pues una vez que tienen el control, los mismos actores de la tríada cambian el juego para promover lo contrario a nuevos usuarios del territorio, generalmente los grandes capitales, y los consumidores (normalmente turistas o inversionistas) en forma de disponibilidad o acceso de espacios “silvestres” “conservados” de un “contacto más cercano e intimidad con la naturaleza”, con un beneficio económico, directo o indirecto, para el promotor y /o controlador del recurso o sitio “conservado”, que generalmente son los propios miembros de la tríada, que se presentan como guardianes ambientales o servidores públicos cumpliendo con sus obligaciones, pero recibiendo jugosos beneficios legales o ilegales, mientras perpetúan esta imagen pública de cruzados salvando el mundo. Utilizando dos simples citas colectadas durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en 2009, donde México era sede mundial para 11
dicha celebración, se expone cómo algunos sectores de la población visualizan el ambientalismo, desde la filosofía neoliberal. El evento se realizó en el antiguo sitio ceremonial maya de Xcaret, convertido en parque de diversiones. Entre los invitados, además de todo el gabinete del entonces presidente Felipe Calderón, académicos e investigadores, hubo empresarios destacados. Con esta imagen, la postura del ambientalismo neoliberal se ejemplifica claramente “…Hay que hacer más rentable la conservación y el uso sustentable de estos recursos naturales [...], el cuidado del medio ambiente será, en un futuro próximo, un sector económico muy importante y gran generador de empleos. Carlos Slim, empresario…” “…No es sorprendente que varias empresas en economías desarrolladas hayan incrementado sustancialmente su valor de mercado, en la medida en que han hecho plenamente compatibles el crecimiento propio de sus negocios y el desarrollo armónico del medio ambiente [...]; cuidar hoy nuestra casa común con la vista puesta en el bienestar de las futuras generaciones es la mejor inversión que podemos hacer [Agustín Carstens, secretario de Hacienda] (Presidencia de la República, 2009) …”
La mayoría de los instrumentos ambientales neoliberales, como las ANP, hacen promesas incumplibles ya que como diríamos en México, “Prometer no empobrece”. Se crean programas de manejo, si acaso se logran crear, con objetivos ambiciosos sin evaluar las condiciones, retos y capacidades de las propias agencias y otros actores de la tríada, objetivos y compromisos listados y promovidos de manera teórica, que difícilmente reflejan o se ajustan a la realidad actual de los sitios o las poblaciones en el sitio, en el contexto local o regional, e incluso al nacional. Siguiendo las acciones y compromisos que se les exigen desde el exterior, muchas veces desde las tríadas internacionales que vigilan la permanencia de todos los instrumentos proteccionistas que fueron creados en la complicidad academicista / burocrática del conservacionismo neoliberal a escala global. La relación entre los académicos y el resto de la tríada para beneficiarse mutuamente queda clara la declaración expresada a manera de presentación de un libro sobre investigación en las áreas naturales protegidas, por el desaparecido Gonzalo Halffter, un académico, burócrata de alto nivel, de la época de la hegemonía del PRI, considerado entre los miembros de la tríada como el creador del modelo mexicano de reservas de la biósfera. Halffter deja claro que: •
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Uno de los objetivos declarados de las áreas naturales protegidas (ANP), en especial de las reservas de la biosfera, era prestar apoyo
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logístico para el desarrollo de programas de investigación, de educación y capacitación. Que en los países desarrollados el principal vínculo que se daba entre la investigación científica y las ANP era el de un florecimiento de artículos y publicaciones científicas una vez que una ANP ha sido creada. Que en México la relación entre la investigación científica y las áreas naturales protegidas (ANP) se establecía en etapa mucho más primordiales de las ANP. Que las primeras reservas de la biosfera de México habían surgido del trabajo y tesón de investigadores científicos mexicanos laborando en instituciones de educación superior o en centros de investigación. Que la administración de las ANP en México había sido complicada, porque se necesitaba mucho dinero, gente y leyes para gestionar elementos biológicos y ecosistemas diversos. Que el fortalecimiento y a pesar de la incierta autonomía la CONANP estaban rindiendo frutos en cuanto al número y extensión territorial para la conservación de los diferentes ecosistemas. Que lo que más hacía falta era dinero, pues todavía “algunas de las ANP mexicanas carecían de vigilancia suficiente y permanente” ¿La solución? Un esquema de concesión a ONG con renombre y experiencia en el tema de conservación y los pobladores de estas áreas, que por ley se involucren directamente en la vigilancia, mantenimiento, conservación y distribución de los ingresos por los servicios ambientales de esta zona.
Este listado tiene todos los elementos de la estrategia de la tríada, que ya expliqué anteriormente. El texto demuestra la visión de los académicos de las ciencias naturales precisamente, de pluma de uno de sus promotores académicos más importantes, sobre el papel de la CONANP y de los pobladores locales, pero sobre todo de medir el éxito de la conservación por el número y extensión territorial de las ANP, pero sobre todo de darle el control a las ONG. Tan atrás como el siglo XVII al XIX, algunos de los filósofos “naturalistas” provenientes de clases privilegiadas, compartían la visión clasista. La visión de pertenecer a clases superiores para quienes los indios y la propiedad comunal representaban una amenaza para la conservación. En el siglo XIX, 13
Leopoldo Río de la Loza manifestaba que los indígenas de los pueblos propietarios de bosques, habían cortado y cortaban a su antojo los árboles, sin sujeción a la ordenanza antigua de bosques y sin observar siquiera el método que aconsejaba la razón en beneficio propio, sistema que había tratado de imponerse “infructuosamente” por los invasores españoles, luego por las clases políticas y sociales privilegiadas de la época independiente. Algunos investigadores sociales expresan que desde esa época los filósofos y científicos estaban preocupados por las terribles consecuencias de la deforestación, pero más que argumentos basados en datos científicos, su postura reflejaba la molestia por la situación, para ellos inaceptable, de que los indígenas pudieran transitar por veredas recónditas o enteramente desconocidas, y explotaran a su libre voluntad la “riqueza pública” sin que hubieran podido ser civilizados para poner fin a esa práctica para los gentiles y científicos de época, tan abusiva… porque no les daba beneficios a ellos. Desde entonces se notaba el compromiso que tenían con un modelo basado en el fomento a la propiedad privada; no mucho ha cambiado en 200 años. Más adelante, justo después de la segunda guerra mundial, la conservación a ultranza surgió, como la mayoría de las invasiones colonizadoras, desde Europa. Con la intervención de algunos académicos sobresalientes de las ciencias naturales en México, que sentaron los precedentes de los “modelos de conservación”; para ellos, los sistemas humanos eran un problema y/o se omitían y/o o se hacían a un lado y/o se anulaban. No sólo se trataba de un problema de clasismo, era también un problema de formación profesional, la conservación, diseñada desde las ciencias naturales aprobaba y continúa aprobando solo eso: La naturaleza; en sus ecuaciones el factor humano no se comprende. Biólogos, ecólogos, químicos, oceanólogos, genetistas construyeron todo el modelo de conservación desde los años 70 en México y esos investigadores, además de tener la visión de la cerradura de la puerta, pertenecían a la clase política hegemónica que gobernaba para entonces el país desde 1917. Las instituciones en nuestro país dedicadas a salvaguardar y conservar el entorno natural fueron creadas a lo largo del período de surgimiento y consolidación de la política neoliberal económica (a partir de la década de 1970 a 1980), durante procesos en los cuales el país requería financiamiento porque adquirió deuda externa y las instancias internacionales que lo proporcionaban comenzaron a condicionar el apoyo 14
para empujar a los países subdesarrollados a que se volvieran “sustentables” –traducción: que se dejaran recolonizar de nuevo-, para que siguieran las prerrogativas de los grupos de científicos a nivel internacional, que fue como el neoliberalismo se fue metiendo en todo. Grupos científicos que estaban a la orden del capital, grupos que fueron creando todos los instrumentos para los cuales, a través del discurso ambiental se podía obtener territorios completos, limitar las poblaciones locales, realizar bioprospección disfrazada de gestión del conocimiento de la biodiversidad, para poder monetizar primero los recursos biodiversos, después los valores intangibles cómo son los servicios ambientales y últimamente los recursos genéticos. Dado que esta unión entre la ecología y la economía neoliberal proviene de una construcción principalmente desarrollada por científicos de ciencias exactas y naturales, es muy difícil, casi imposible, encontrar en estas áreas análisis objetivos, críticas o denuncias de impactos negativos o de las consecuencias desastrosas de estos instrumentos para las comunidades humanas, y en consecuencia, para la propia naturaleza; porque los instrumentos ambientales se evalúan desde la visión inculcada y dirigida únicamente a los aspectos bióticos del sistema y posteriormente del beneficio que pueden representar en la “economía verde”. Este discurso ha privilegiado única y exclusivamente la idea ficticia de la naturaleza silvestre, intacta o salvaje, haciendo a un lado la interacción y el papel clave que las poblaciones humanas han tenido a lo largo de años con los recursos y su entorno. La tríada no considera que el medio ambiente sea un sistema cambiante, en constante proceso de desarrollo y cambio, influido por factores que escapan incluso del escenario local, como lo demuestra la geografía histórica e incluso la investigación arqueológica y paleontológica en la cuenca de la Laguna de Bacalar. En el caso de Bacalar, los ambientalistas neoliberales disfrazados de ciudadanos preocupados por el sistema lagunar y su futuro son, en su mayoría, arribistas recién llegados al territorio, funcionarios de gobierno y gente que desde su privilegio no duda en señalar y buscar culpables para poder justificar sus intereses, manipular discursos a conveniencia para ganarse adeptos entre la población más vulnerable, que cree que lo que se dice es verdadero e incuestionable solo porque quien lo dice tiene un cargo político o un título académico. Se sienten ofendidos porque el territorio y las actividades económicas de lugares como Bacalar estén en manos de 15
“salvajes”, de “indios”, como miran por encima del hombro a los ejidatarios y prestadores de servicios locales; y no por ellos, gente civilizada, gente “bien” que podría sacarle mayor provecho y conservarían mejor el lugar, desde sus ínfulas clasistas de primermundismo, región cuatro. Se apoyan con esa parte de la población que no cuestiona y que se aferra a un discurso, sin entender razones, desde el sentimentalismo y el chantaje, y que en el más puro estilo del sometido cree ciegamente lo que les han aleccionado, inculcado y difundido los modernos comenderos y sacerdotes de la “madre Tierra”, los “poseedores de la verdad ambiental absoluta” que vienen de fuera; es un caso muy interesante de trastorno de dependencia grupal por manipulación restrictiva, como si fuera una secta. La Tabla abajo, presenta un listado de las iniciativas de declaratorias o instrumentos similares que han ido surgiendo de diferentes grupos en Bacalar de los que vamos a ir hablando. Cómo puede notarse, las propuestas siempre han sido promovidas, respaldadas y gestionadas entre científicos, instancias de gobierno o individuos de instancias de gobierno, y ultimadamente organizaciones no gubernamentales: la tríada. Aprovechando cada una de las diversas etapas de intentona de instrumentos de política ambiental proteccionista sobre Bacalar, situación que viene sucediendo desde el 2011 en la zona, promovidos por esos grupos ambientales neoliberales, iremos delineando y aprovechando para no solamente hablar de lo que sucede, de los intereses y del proceso de cada uno de ellos, pero además aprovecharemos para analizar el trasfondo y los grupos que fueron construyendo cada uno de estos instrumentos: La convención de humedales de Ramsar, las Áreas Naturales Protegidas, el Hábitat Crítico, el registro de especies en riesgo o peligro de extinción, entre otros. Es resumen, veremos como todos los actores mencionados en la tabla y sus propuestas de instrumento ejemplifican el funcionamiento del ambientalismo neoliberal, y mostraremos cómo lo hacen para que pase desapercibido, porque como dice Durand (2014): El ambientalismo neoliberal ya no trata de vender la naturaleza para salvarla, sino de salvarla para negociar con ella.
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Iniciativas de declaratorias del ambientalismo neoliberal para tener el control del cuerpo de agua Laguna de Bacalar.
Año
2011
Institución proponente Líder de propuesta Tipo de propuesta Superficie (ha) Argumentos
Instituto de Ecología de la UNAM
Resultado
Dra. Luisa I. Falcón Designación de sitio RAMSAR 5,893 Creación de una reserva de estromatolitos en la Laguna de Bacalar No aprobado
Año Institución proponente Líder de propuesta Tipo de propuesta Superficie (ha) Argumentos Resultado
2014 APIQROO
Año Institución proponente Líder de propuesta Tipo de propuesta Superficie (ha) Argumentos
2014 Instituto de Ecología de la UNAM, ECOSUR
Resultado Año Institución proponente Líder de propuesta Tipo de propuesta Superficie (ha) Argumentos Resultado Año Institución proponente Líder de propuesta Tipo de propuesta Superficie (ha)
SCT Reglamento y pagos de concesiones Cuerpo lagunar Se le concesionó la administración del cuerpo de agua Decretado
Dra. Luisa I. Falcón Designación de sitio RAMSAR 22,255 Sistema de estromatolitos y conexión con Laguna Chile verde No aprobado 2014 Instituto de Ecología de la UNAM, ECOSUR Dra. Luisa I. Falcón Designación de sitio RAMSAR 22,255 Sistema de estromatolitos y conexión con Laguna Chile verde No aprobado 2014 Instituto de Ecología de la UNAM, ECOSUR y Secretaria de Medio Ambiente de Quintana Roo, CONANP Dra. Luisa Falcón RAMSAR: Corredor Transversal Costero Bacalar y Bahía de Chetumal 97,591
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Argumentos Resultado Año Institución proponente Líder de propuesta Tipo de propuesta Superficie (ha) Argumentos Resultado Año Institución proponente Líder de propuesta Tipo de propuesta Superficie (ha) Argumentos Resultado Año Institución proponente Líder de propuesta Tipo de propuesta Superficie (ha) Argumentos Resultado Año Institución proponente Líder de propuesta Tipo de propuesta Superficie (ha) Argumentos Resultado
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Creación de un corredor transversal además de la propuesta No aprobado 2017 Amigos de Sian Ka’an, AC, Diputados federales del PVEM, SEMARNAT, CONANP y Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo Dra. Luisa Falcón Área Natural Protegida 219,000 Área de Protección de Flora y Fauna Bacalar (APFFB) Rechazado 2019 Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y Secretaria de Turismo, municipio de Bacalar, GEO Alternativa SC, Agua Clara, AC Biol. Alfredo Arellano. MC Silvana Ibarra Programa de gestión turística con estructura de Programa de Manejo de ANP Cuerpo Lagunar PROTUR, Programa de Gestión común para el uso turístico en la Laguna de Bacalar Suspendido 2019 Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo ECOSUR, diputados locales del PVEM, Francisco Remolina, SELBA, AC Biol. Alfredo Arellano y Dr. Alberto de Jesús Navarrete (ECOSUR) Decreto de caracol Chivita (Pomacea flagellata) como especie en peligro de extinción Cuerpo Lagunar Base para declaratoria de Hábitat crítico ANP En proceso 2020 Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial del Estado de Quintana Roo, Municipio de Bacalar. Lic. Efraín Villanueva Arcos. Programa Municipal de Desarrollo Territorial, Ecológico y de Desarrollo Urbano. Bacalar Municipio de Bacalar Integración de todos los instrumentos existentes e intento de cubrir los vacíos regulatorios existentes En proceso
Año Institución proponente
2020 Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial del Estado de Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco. Dirección General de Desarrollo Urbano y medio ambiente. Municipio de Othón P. Blanco
Líder de propuesta Tipo de propuesta
Resultado
Otoniel Segovia. Programa Municipal de Desarrollo Territorial, Ecológico y de Desarrollo Urbano. Othón P. Blanco Municipio de Othón P. Blanco Integración de todos los instrumentos existentes e intento de cubrir los vacíos regulatorios existentes En proceso
Año
2019
Institución proponente Líder de propuesta Tipo de propuesta
Instituto de Ecología de la UNAM, Agua Clara, ECOSUR, SEMARNAT, Secretaria de medio ambiente del Estado de Quintana Roo y Ayuntamiento de Bacalar. Municipio de Bacalar Luisa Falcón y Francisco Remolina Día del estromatolito para propuesta de Hábitat crítico
Superficie (ha) Argumentos Resultado
Cuerpo lagunar Base para declaratoria de Hábitat crítico ANP Instaurada la fecha por cabildo municipal.
Año
2021
Institución proponente
Secretaria de medio ambiente del Estado de Quintana Roo, IBANQROO, Ayuntamiento de Bacalar, Agua Clara, AC
Líder de propuesta
Lic. Efraín Villanueva, Rafael Robles de Benito
Tipo de propuesta Superficie (ha) Argumentos Resultado
ANP Cuerpo Lagunar Área Natural protegida Laguna de Bacalar Retomada por SEMA
Año Institución proponente
2021 Consejo Ciudadano y Científico (IEUNAM, ECOSUR, SEMA, IBANQROO, Agua Clara, SELBA, Ayuntamiento de Bacalar, Geoalternativa, y otros grupos locales Dra. Luisa Falcón Sitio RAMSAR Cuerpo Lagunar y humedales alrededor Área natural protegida / sitio RAMSAR Retomada por ella y el Consejo Ciudadano y científico
Superficie (ha) Argumentos
Líder de propuesta Tipo de propuesta Superficie (ha) Argumentos Resultado
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RAMSAR, a la mexicana Para entender de dónde surge la Convención de Ramsar tendríamos que hacer una pregunta que parece el inicio de un chiste: ¿Qué tenían en común un árabe, hijo de un príncipe, un francés, dueño de una de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas más grande y poderosa del mundo, y un inglés hijo de un lord? Pero no es un chiste, lo que tienen en común es: 1. 2. 3. 4.
Los tres eran personajes influyentes en la política de sus regiones, Eran empresarios poderosos para los que el dinero no era un problema, Eran ornitólogos y… Crearon la Convención de Ramsar.
La página de Ramsar establece que sus fundadores fueron: Eskandar Firouz (ex ministro de Medio Ambiente de Irán), Luc Hoffmann de la estación de investigación Tour du Valat en la Camarga en Francia, y Geoffrey Matthews del Wildfowl &Wetlands Trust en Slimbridge, a finales de la década de 1960. Eskandar Firouz era un ornitólogo iraní, hijo del príncipe Mohammad Hossein Mirza Firouz; Luc Hoffman era en ese momento propietario y miembro del consejo de administración de Hoffman-La Roche. Vicepresidente de la UICN de 1960 a 1969. En septiembre de 1961, fue uno de los cofundadores del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y fue vicepresidente de la Junta directiva de esa organización de 1961 a 1988. También dirigió en 1961 el proyecto MAR, que finalmente dio lugar a la convención internacional para la protección de los humedales de importancia internacional, conocida como la Convención Ramsar, firmada en 1971 y fundó el Instituto Luc Hoffmann, del que hablaremos más adelante. Geoffrey Matthews era entonces director honorario de Wetlands International (entonces International Wildfowl Inquiry), una organización 21
fundada por Peter Scott, amigo cercano de Luc Hoffman, con quien también fundó IUCN y WWF. Geoffrey Matthews dedicó una buena parte de su carrera al desarrollo y promoción del concepto de una convención intergubernamental sobre la conservación y el uso racional de los hábitats y recursos de los humedales. En ese inter Luc Hoffman estaba en la mesa directiva como parte de la familia propietaria de Hoffmann La Roche. La convocatoria inicial de una convención internacional se produjo en 1962 durante una conferencia que formó parte del Proyecto MAR (de "MARshes", "MARécages", "MARismas"), un programa establecido en 1960 tras la preocupación de los países desarrollados por la rapidez con la que se estaban "utilizando" grandes extensiones de marismas y otros humedales de Europa, con una disminución resultante del número de aves acuáticas. La Conferencia MAR fue organizada por Luc Hoffmann, con la participación de la IWRB (International Waterfowl & Wetlands Research Bureau), la UICN (la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), el Consejo Internacional para la Preservación de aves, ICBP (ahora BirdLife International), y por supuesto el Instituto Luc Hoffmann, que tocamos anteriormente, todas ONGA creadas o con participación de Hoffman, que contribuyeron, y la Conferencia MAR se celebró en Les Saintes Maries-dela-Mer en la Comarca Francesa, del 12 al 16 de noviembre de 1962. Luc Hoffmann, el hombre detrás de todas estas iniciativas, era entonces miembro del Consejo directivo de la empresa de su familia: Los laboratorios farmacológicos Hoffman – La Roche. La historia de esta empresa es muy interesante, dado que actualmente es la empresa más poderosa en biotecnología y farmacología a nivel mundial, y está valorada en más de 62.1 billones de dólares, con un capital de mercado de 287.1 billones de dólares. Esta empresa familiar comenzó como un laboratorio farmacéutico modesto a finales del siglo XIX, vendiendo vitaminas y algunos medicamentos, hasta que dio con la vitamina C, la cual comercializa mundialmente hasta la fecha, este suplemento le permitió incrementar mucho sus ganancias pero no fue sino hasta después de la segunda guerra mundial, que Luc Hoffamnn, nieto del fundador, biólogo de formación y conocedor de la importancia y relevancia de la biodiversidad (era ornitólogo), entró al consejo de administración, que la compañía comenzó a volverse lo que es actualmente: La mayor farmacéutica y empresa de biotecnología del mundo. 22
La Convención de Ramsar se estableció en 1971 y fue un acuerdo entre 19 países (actualmente incluye 190 países) y su objetivo establecido y declarado era proteger las áreas importantes de anidación de aves acuáticas a nivel mundial. Aun cuando el acuerdo dice que se deben considerar propuestas de desarrollo sostenible para estos humedales registrados, las propuestas para declaratorias de sitios Ramsar se limitan a colocar valor a aquellos elementos que permitan resaltar la importancia del humedal en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos…no sociales, bioculturales ni socioeconómicos. Esto ha sido cuestionado por múltiples investigadores sociales dado que falla en impulsar mecanismos efectivos para garantizar el “uso racional” de los humedales que dicen proponer y solo se enfocan en el componente ambiental del sitio. Como corolario, la Convención de Ramsar trabaja muy estrechamente con seis organizaciones no gubernamentales (ONG) mundiales que, en la resolución VII.3 (1999), fueron confirmadas en la condición oficial de organizaciones internacionales asociadas a la Convención. Estas ONGA son: Birdlife International, UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Wetlands International, BirdLife International, International Water Management Institute (IWMI), Wetlands International, Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) y WWF, todas creadas y en algún momento dirigidas por Luc Hoffman y sus socios cercanos. Sin ir más allá, citamos a la Frase de Sánchez (2004): “… Las tres principales vías de obtención de fármacos son actualmente la naturaleza, la síntesis química y la biotecnología, que permite el hallazgo de moléculas mediante técnicas de ingeniería genética…” No presuponemos en este punto nada, pero dos de ellas requieren de los principios activos o el material genético de los recursos de biodiversidad y la conservación de los sitios donde ubicar el material parental. Aunque la Convención de Ramsar se estableció en 1971, a nuestro país le tomó pensarla unos 15 años antes de decidirse a declarar el primer sitio en territorio nacional, en 1986. Realmente pareció que se hizo por compromiso más que por otra cosa porque no hubo otra declaratoria hasta 1995, en el gobierno de Ernesto Zedillo (6 declaratorias para ser precisa). 23
Y luego, de la aparente nada, nuestro país se inspiró por los humedales y entre el 2000 y hasta el 2012, durante el gobierno de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, hubo una explosión de declaratorias: 58 en la época de Fox y 73 en la época de Calderón; alguien podría argumentar que había una enorme consciencia ambiental en esa época, pero ambos gobiernos fueron duramente cuestionados precisamente por la violación a derechos humanos de las comunidades y las simulaciones de creación de reservas para entregar a compañías extranjeras el manejo de recursos clave. Entonces, si esas dos administraciones no se caracterizaron por ser muy ecológicas ni comprometidas con las comunidades que se diga ¿Qué estaba sucediendo en esos dos sexenios (de 2000 a 2012) en nuestro país en materia de “conservación” y “protección” del ambiente? Cuando uno se hace esa pregunta se vuelve obligatorio analizar el contexto de la época en que se dio el “boom” de las declaratorias mexicanas de Ramsar. Es muy interesante notar que de las 142 áreas establecidas desde 1986 a la fecha, el 92% de los sitios se establecieron en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, 9 de cada 10. Es que aparentemente no les quedó de otra. Verán, en 1999, cuando Ernesto Zedillo –como presidente- y Julia Carabias –como secretaria de Medo ambientepreparaban su salida del gobierno federal para entregar la administración política del país a otro partido político después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo manejara de manera hegemónica durante 75 años, se aseguraron que los arreglos y manejos que el PRI había realizado a nivel Internacional no pudieran ser echados para atrás, o peor, no fueran a beneficiar a miembros de la tríada que ya no eran ellos; y cambiaron la ley. Antes de este cambio en la ley, los tratados internacionales estaban al mismo nivel de las leyes federales, debajo todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero Zedillo y Carabias, entre otros, lograron colocarlos por encima de cualquier regulación nacional, solo debajo de la Constitución. Las justificaciones de los jueces que impulsaron esta reforma se resumen de la siguiente manera: el país y el presidente quedarían mal parados si no cumplimos con los compromisos internacionales que adquirimos, así que el presidente y el Senado tienen el poder para obligarnos a todos a cumplir y no hacer el ridículo; y el segundo argumento era más o menos así: el presidente y el Senado pueden obligarnos en cualquier tema, aunque en cualquier otra situación no fuera 24
de su competencia. Y como al cabo a los Tratados Internacionales, por ser internacionales y no mexicanos, no les aplica el 124 constitucional, que limita la actuación legal de ciertas regulaciones mexicanas en México, pues nos la aplicaron a todos. Así, un tratado internacional o convenio, como lo es Ramsar, se colocó por encima de cualquier ley federal o estatal, y en este caso se les concedió a autoridades ambientales (porque es su sector) el intervenir cuando se considerara que se estaba perjudicando el humedal reconocido a nivel internacional y lo cual podría dejar mal parado a nuestro país por incumplir con una convención internacional. No fuéramos a hacer el oso mundial. Con respecto a las repercusiones, aunque los funcionarios de Ramsar a nivel internacional y regional insisten que tanto para este instrumento como otros instrumentos de política ambiental NO hay represalias contra una parte (un país firmante) por incumplirlo, la realidad es que, dados los mecanismos creados por este y otros instrumentos de política ambiental internacional si hay “castigo” a una parte (un país) que incumple sus compromisos, pero se hace disimulado. Por ejemplo, cumplir los compromisos de Ramsar, condiciona a países como México para obtener fondos internacionales, dado que Ramsar es prerrequisito, por ejemplo, del Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMAM), en Banco Mundial. Un incumplidor vería limitadas sus oportunidades de fondos y quedaría mal parado frente a la opinión mundial, por lo que está obligado a cumplir, aunque sea una simulación, y en un país como México la simulación ha llegado a ser cultura. Y como ese fondo en especial es el que paga sus asuntos de la mayoría de los miembros de la tríada, como financiamientos para ONGA, el Fondo para ANP de CONANP y los fondos de investigación, y todo lo que se les ocurra para desarrollo sustentable, economía verde y cuanto incentivo surja en “pro” del medio ambiente, pues no podemos quedarle mal al Banco, porque nos quedamos sin fondos para la tríada…que son los principales beneficiarios. En este sentido, dada la jerarquía y el “interés” del país para el cumplimiento de los compromisos ambientales y la urgencia de perpetuar la imagen de liderazgo y preocupación por la conservación ambiental que México se esfuerza tanto por mantener, no es una prioridad ni un obstáculo el respeto a los derechos de los locales y los pueblos originarios, cuando de colocar a ultranza este tipo de instrumentos sobre territorio de pueblos originarios o comunidades rurales se trata. Y que, como 25
veremos más adelante, para empeorar las cosas, son instrumentos ambientales realmente inoperantes. Regresando a 1999, las líneas de financiamiento internacional habían sido “blindadas” para asegurarse que los nuevos gobiernos (de otros partidos políticos) no tuvieran acceso a ellos, como ejemplo el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza que maneja desde 1998 el Fondo de Áreas Naturales Protegidas (FANP), convenido por el Gobierno de México y Banco Mundial. Con ese fondo esta ONGA ministraba (y ministra) directamente a las áreas naturales protegidas, en ese entonces les daban la atribución rectora a centros de Investigación y organizaciones ambientalistas locales, so pretexto de que no había en el gobierno una institución dedicada a las Áreas Naturales Protegidas, exclusivamente. Para 1997- 1998 el FMAM había colocado varios millones de dólares en el FANP y dado que el gobierno no había agarrado la onda de la importancia de tener una instancia administradora de las ANP, el dinero que comenzaba a llegar por carretadas se pasaba por enfrente de las narices, directamente a los promotores y operadores privados de la tríada, y aunque fueran tríada el gobierno no podía permitir eso. Me recordó a una frase de mi abuela “entre ladrones no hay honor”. Así que organizaciones como el Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQROO) o la ONGA Amigos de Sian Ka’an, en Quintana Roo, la hacían de administradores de ANP. El gobierno se remitía a desarrollar sus funciones a través de la SEMARNAP (T), pero no tenía acceso a los fondos como ente administrador, con lo que su tajada era reducida en relación a la que le tocaba a los privados y, para ser francos, a nivel internacional la presión neoliberal de los grandes intereses ya estaba posicionándose en el discurso ambientalista. Así que al inicio del sexenio de Fox se buscaron otras formas de financiar a su burocracia utilizando el discurso de la sustentabilidad, se estableció el denominado Plan Verde, con fondos FMAM (Banco Mundial al rescate). Este Plan iba a ser una estrategia de inclusión de aspectos de sustentabilidad. Se intentaba generar una imagen más neoliberal y articulada con la visión del desarrollo sustentable del nuevo gobierno, la industria limpia y la conservación ambiental, que estaba en boga. El Plan verde pretendía ser una consultoría de un año para establecer la línea base donde se construirían las políticas ambientales con visión de desarrollo que México necesitaba, de acuerdo a la corriente internacional.
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Fue más fácil decirlo que hacerlo. Si bien era un nuevo gobierno, bajo un nuevo partido político, se quedaron en pie muchas de las anteriores estructuras y “mañas” de 75 años de gobierno priista, como la propensión a “desviación”, “simulación”, “corrupción” y la total desarticulación de los actores, las políticas y las verdaderas intenciones; de este modo la iniciativa, y la consultoría de un año para estructurar la política ambiental del país se llevó 10 años. 10 años de pretextos, de solicitudes de más tiempo, más fondos, más consultorías, hasta que el FMAM ordenó cerrar y evaluar los logros alrededor de 2010. De las observaciones de la auditoría ordenada por Banco Mundial y supervisada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que para esa época era el brazo operativo de FMAM, se encontró que solo dos, de las casi 20 consultorías millonarias pagadas por este fondo, valían la pena, de acuerdo a los parámetros comprometidos. Solo el 10% del trabajo entregado, que tomó 10 veces más tiempo, y fondos, tenía alguna utilidad como para considerarse que podía haber aportado algo al desarrollo de una política de ese tipo, que para entonces era una iniciativa obsoleta. Es decir, se gastaron el dinero, tardaron 10 veces más de lo comprometido y solo un 10% de lo hecho medio hubiera servido para algo, pero ya el país estaba en otro asunto, era muy tarde. Muy mexicano el Plan Verde. Entonces al principio del sexenio de Fox, el gobierno federal no le había podido echar el guante al FANP libremente, dado que el fondo estaba controlado por una ONGA privada y la administración / operación de las ANP estaba en manos de ONGA y Centros de Investigación. Dado que en el inter México había hecho muchos compromisos a nivel mundial para ser “sustentable” (por pura presión de Banco Mundial, que como ya dijimos es quien realmente dirige las políticas de medio ambiente en todo el mundo – un Banco), la nueva forma de gobierno necesitaba demostrar que podía ser capaz de subirse al barco del ambientalismo, pero desde su perspectiva tecnocrática (lo cual era perfecto para el neoliberalismo). De este modo, a partir del año 2000, se buscaron formas de dar cumplimiento a los compromisos y posicionar al país en la creciente corriente de ambientalismo neoliberal que derramaba fondos a manos llenas para establecer mecanismos que “promovieran” la conservación a través del desarrollo sustentable, de modo que México conservara el papel de liderazgo a nivel Latinoamérica ante instancias internacionales como el 27
FMAM, mientras aplicaba los instrumentos diseñados a nivel internacional ex profeso (es decir, para eso mismo). El gobierno necesitaba urgentemente tomar la batuta, y se creó la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con todas las atribuciones para administrar, controlar y hacerse de los financiamientos para las ANP. Esto permitió recuperar el control administrativo de las ANP y fundamentar la necesidad de más fondos para seguir creando más ANP, para tener más personal, más gastos administrativos y poder publicitar que se estaban turnando fondos a comunidades a través de financiar ONGA y algunos grupos, siempre y cuando encajaran en la paradoja de la conservación neoliberal: aprovechamiento sustentable para la conservación, desde el punto de vista neoliberal. Pero había un problema de diseño con la CONANP, como lo dice un estudio que se mandaron a hacer, muchos años después: la CONANP nació quebrada, con la meta de colocar obsesivamente hectáreas bajo el esquema de ANP, sin detenerse nunca a pensar cómo iban a mantener las estructuras, personal, operación y requerimientos que implicaba cada adición, lo que a su vez acarreó problemas como la degradación de los sitios y la corrupción. Como una especie de acumulador compulsivo. Regresando a los tiempos felices de la recién creada CONANP, entre las atribuciones que se le dieron estaba el crear el Comité Nacional de Humedales, como órgano consultivo, y los conformó 3 años después de su creación (en el 2004). El objetivo de dicho Comité era encargarse de coordinar la aplicación de la Convención Relativa a los Humedales de importancia internacional (Ramsar). ¿Cómo estaba integrado el Comité? Sector gubernamental 60%, organizaciones de la sociedad civil 28% y academia 12%. El mismo trinomio de conservación neoliberal de siempre. Parecería lógico para la recién creada CONANP, el buscar consolidar su administración, fortalecerse como institución y para ello necesitaba consolidar algún tipo de herramienta “certificadora” que posicionara las áreas más allá de lo que los administradores anteriores habían logrado. Ramsar era una elección perfecta porque implicaba que no tenían que consultar con otros actores, como las comunidades o los propietarios que de por sí podrían estar “un poco furiosos”” con las áreas naturales protegidas que se les habían colocado, la mayoría, a la fuerza prácticamente en el patio trasero de sus comunidades o ANP que habían “planchado” sus territorios. 28
Para responder algunas de las dudas sobre lo que realmente ocurre y la manera en que funcionan administrativa y operativamente los humedales registrados, lo que hubiera pasado a Bacalar si este grupo hubiera conseguido su objetivo, haremos un breve análisis de cómo funciona Ramsar en México. Los párrafos a continuación analizan los resultados manifestados por México, tomados de los Informes nacionales sobre la aplicación de la Convención de Ramsar para nuestro país. Tomamos los Informes nacionales que se presentaron para la 12ª y 13ª reunión de la conferencia de las partes contratantes (COP12) en Uruguay, 2015, época alrededor de la que se promovió la propuesta por la Dra. Falcón y los demás actores, y una referencia comparativa del informe nacional para la COP13, donde incluimos datos del informe de 2018. Hablemos de números, para 2015 ¿Cuánta superficie había en declaratoria Ramsar? En la página 29 del informe de 2015 se estipula: superficie bajo declaratoria: 5’413,568.79 hectáreas. De poco más de 5 millones en 2015, brincó a poco más de 8 millones de hectáreas en 2018. Esto es relevante si nos detenemos a pensar que, EN NINGUNO DE LOS CASOS, se tomaron la molestia de consultar a los propietarios o usuarios de los territorios si querían o no colocar su territorio como sitio Ramsar; y aquí no cuentan las ONGA autonombradas representantes de la sociedad, ni los grupos cercanos de intereses ambientalistas similares, que por lo general no son ni propietarios ni usuarios históricos del territorio. 8 millones de hectáreas decretadas por decisión unilateral de un miembro o todos los integrantes de la tríada. ¿Cuántos sitios Ramsar había en 2015? 63 sitios que eran antes un Área Natural Protegida Federal, 79 Sitios que eran una ANP estatal o municipal o alguna figura de protección, o Sitios sin ninguna regulación normativa o figura de protección previa. Aquí retomemos este último dato de 79 sitios que eran o ANP estatal o eran ANP municipal, o tenían algún tipo de protección o no eran ninguno de los anteriores. Suena a broma, a mí me sacó una carcajada: dijimos a la comunidad internacional que 79 sitios eran rojo, o eran negro, o eran verde o no eran ninguno de los anteriores. Adivine usted cuál es cuál…que ¡oso contigo CONANP! ¿Por qué no simplemente separar los datos por categoría? Simple, porque no tenían el dato, o no querían dar el dato. Cuando declaras un sitio Ramsar ¿Qué sigue? Una vez establecida la declaratoria en un sitio, para todos los casos, la CONANP desarrolla un 29
Programa de Manejo o se adapta el existente (si es un ANP y ya cuenta con uno), que debe integrar las herramientas de monitoreo ecológico y de manejo, desarrollado por Ramsar. Porque el enfoque de Ramsar es ecológico y biológico, así que no importan los grupos sociales y las actividades económicas locales, que se supeditan al “bien común” del medio ambiente y las especies de flora y fauna o los procesos ecológicos. ¿Cuántos sitios Ramsar tienen Programa de Manejo? Se supone que un ANP tiene como base el programa de manejo, pero eso a la tríada mexicana no le parece relevante. Les explico, ya que había 63 ANP como sitio Ramsar, uno supone que al menos debió haber para 2015, aproximadamente 63 Programas de Manejo de las 63 ANP federales/ sitios Ramsar declarados, más algunos de los 79 ANP estatales / municipales, dejando fuera quien sabe cuántos que eran de otro tipo y los que quien sabe cuántos eran que no eran ninguno de los anteriores, también mencionados. Pero no, en el informe de 2015 se admitió que solo 12 Sitios Ramsar, menos del 10% del total de los sitios Ramsar en México, contaban con un instrumento así. ¿Qué pasó con todas las ANP que algunas tenían más de 30 años decretadas? ¿Por qué no usaron su Programa de Manejo? Tal vez porque NO tenían. Luego hacen una serie de aseveraciones que vemos por demás FALSAS, cuando revisamos los casos de ANP/Ramsar. CONANP asegura que los Programas de manejo de las ANP que también son sitios Ramsar, incorporan cuestiones sociales, económicas, ecológicas y un marco legal que permitirá la generación de estrategias para la conservación, protección, manejo (uso y aprovechamiento) y restauración de los mismos. Así mismo, asegura que fomentan el uso adecuado del sistema y promueven la realización de actividades productivas, en beneficio de la calidad de vida y el bienestar de la población con énfasis en las comunidades rurales e indígenas que viven cerca de los humedales. Continúa inflando el papel, argumentando que los lineamientos de manejo de los sitios Ramsar buscan garantizar un consenso con los actores involucrados, pero si tomamos en cuenta que incluso para 2018, las 8 millones de hectáreas que se declararon como sitios Ramsar se establecieron en primer lugar SIN consultar a los involucrados, sin su aprobación y que es más, la mayor parte de las ocasiones las comunidades, habitantes locales y usuarios históricos ni se enteraron que les declararon un sitio Ramsar sobre su territorio, pues es difícil comprobar su dicho. 30
El caso del ejido Dziuché, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, más adelante expuesto, sirve como ejemplo para desmentir la declaración de CONANP donde asegura que los documentos son consultados con las comunidades locales a través de talleres, particularmente, la propuesta de zonificación y su matriz de manejo, previo a su adopción como instrumento final. Los dueños del terreno ni se enteraron que les aplicaron un Ramsar en más de 11 mil hectáreas de su ejido, por Amigos de Sian Ka’an…y luego les quisieron meter un ANP ¿Así pos cómo? Así que la aseveración de los promotores de la declaratoria de Ramsar para Bacalar, donde argumentaban que la autoridad federal o estatal ambiental no se involucraría en determinar la forma de vida y destino de las actividades productivas de los locales porque Ramsar “NO se establecía mediante decreto, y no era como un ANP”, era FALSA. Cuando se crea un Programa de Manejo de Ramsar ¿Qué cosas se escriben en ellos? ¿Qué cosas dice el programa de manejo, que va a hacerse en el sitio Ramsar? ¿Con que acciones la tríada dice que el Programa de Manejo va a salvar al humedal? Sobre todo, tomando en consideración que necesitaba entender ¿Cómo lucía un Programa de estos para un sitio que no era previamente un ANP, como Bacalar? Ya que había 79 sitios Ramsar que eran ANP estatal, o municipal, o eran otra cosa o no eran ANP, supuse que, en ese montón de sitios, podría encontrar algo. No fue sencillo encontrar este tipo de ejemplos, lo cual da una idea de la escasa operación efectiva del modelo en nuestro país. Afortunadamente, doble afortunadamente, encontré uno de esos programas realizado en el 2014 para el sitio Ramsar Presa La Vega, en el Estado de Jalisco. Un sitio que no era antes algún tipo de ANP ¿Quiénes hicieron el Programa? Investigadores y académicos del comité técnico para el manejo integral de la Presa La Vega, que incluían al Centro Universitario de los Valles, funcionarios de la Comisión Estatal del agua de Jalisco, de la Secretaría del Medio Ambiente para el desarrollo sustentable, la Promotora de la conservación de la Cultura y Medio ambiente A.C. – triada de promotores del modelo del ambientalismo neoliberal-. ¿Por qué fue una doble fortuna? Porque encontramos que la consultora que hizo el programa de la Vega, denominada Geoalternativa, fue la empresa que luego sería contratada por la Secretaria de Medio Ambiente de Quintana Roo – a cargo entonces de Alfredo Arellano Guillermo – y la Secretaria de 31
Turismo a cargo de Marisol Vanegas, para crear el infame PROTUR, del que hablaremos en su momento. ¿Qué actividades incluía el programa del sitio Ramsar Presa La Vega? ¿Qué les interesó a los constructores del programa? ¿Qué actividades iban a contribuir a salvar al sitio Ramsar Presa La Vega? De manera resumida (y mencionando cuales son los tipos de acciones que incluyen): • Subprograma de protección, incluye vigilancia, capacitación sobre normas y regulaciones, señalización, impulsar declaratorias de ANP cuando las áreas no cuentan con ellas, acuerdos con universidades, centros de investigación, vigilancia sobre recurso agua, desincentivar actividades productivas “no compatibles” con la visión de conservación (de la tríada). • Subprograma de manejo: Incluye actividades de monitoreo ecológico y biológico, reforestación, más monitoreo, involucramiento de universidades y centros de investigación, capacitación, más monitoreo, promover Ordenamientos Ecológicos territoriales, gestionar ante SAGARPA y otras instancias la “reconversión” de sistemas de riesgo o actividades que hacen uso de agua en exceso, capacitación, creación de ordenamientos turísticos territoriales para atraer inversión, certificación de prestadores de servicios turísticos. • Subprograma de restauración, acciones para asignación “apropiada” del agua para el humedal, reforestación, gestiones ante diversas instancias para reforestación, vigilancia, aumentar especies en NOM 059, involucrar a universidades y centros de investigación para realizar restauración, estudios, consultorías, infraestructura municipal, más monitoreos y difundir información al público. • Subprograma de conocimiento o comunicación, incluye involucrar a los pobladores en las actividades de investigación que hacen centros de educación e investigadores – le llaman ciencia ciudadana, yo le llamo mano de obra barata y validación tokenista-, involucrar a instituciones educativas para que hagan investigación de modo permanente, monitoreo y más monitoreo, acuerdos con universidades e instituciones de investigación para investigación, sistema de información geográfica que generalmente quedará a cargo de alguna universidad o centro de investigación, crear centros de educación o difusión o educación ambiental manejados por organizaciones no gubernamentales, centros de investigación o universidades, promotores ambientales, organizar a los 32
productores para que cumplan los Programas de Operación Anual (POA), del plan de manejo, gestionar restauración involucrando a la comunidad). • Subprograma de educación, más capacitaciones a los productores, a educación oficial, inclusión de políticas de conservación en toma de decisiones de CONAGUA, talleres, diplomados, cursos, involucrar a universidades y centros de investigación para hacerlo, promover ecoturismo, capacitación y más capacitación, crear un centro de capacitación a ambiental o algo similar para que instituciones académicas y gubernamentales eduquen al público. • Subprograma de gestión, crear fondos, fideicomisos, gestionar apoyos, fondos y convocatorias en colaboración con instituciones gubernamentales, ONG, instituciones académicas para conseguir los fondos, diagnósticos, estudios, consultorías y planes, capacitación para que la población “aprenda a hacer bien sus actividades en el humedal”. NO hay que pensarle mucho para darse cuenta de que el programa fue diseñado entre académicos y autoridades; la consulta se limitó a talleres, sin describir metodología, ni tamaño o alcance de la misma, tampoco se proporcionaron datos de participantes y forma de validación ante asambleas comunitarias o ejidales o algún mecanismo de diseño que mostrara realmente que se cumplió con las reglas de la planeación participativa a nivel internacional o si quiera la normativa nacional, fuera de lo ambiental. No hay que tratar de entender lo que sucede entre la tríada repartiéndose los sitios y colocando sus actividades en papel para volverlo decreto. Los convenios y acuerdos se hacen entre gobierno, instancias académicas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales; la población solo es receptora pasiva de educación y proyectos afines a la visión de la tríada de lo que su papel debería ser: actividades “aptas” para ellos y el humedal, como actores pasivos, como si fueran solo observadores que ven de lejos esta fiesta entre los promotores de los sitios Ramsar y los creadores de los Programas de Manejo y Conservación para controlar y administrar su casa, sin estar invitados. ¿Es efectivo el manejo y conservación bajo el Programa de Sitio Ramsar en México? Uno supondría que tanto entusiasmo por la declaración de sitios en México, por parte de todas estas instancias de gobierno, académicos e 33
investigadores y ONGA, podría deberse a que la efectividad de este modelo para la conservación es excelente. Además, contando con la CONANP, una instancia de gobierno creada precisamente para asegurarse que la conservación y la protección de territorios funcionen, que cuenta con un fondo asegurado para operar cada año a través del Fondo de Áreas Naturales Protegidas (FANP), financiado por FMAM y administrado por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, tendríamos una garantía para asegurar la efectividad de las acciones en estos sitios, pero no es así. De las respuestas chavodelochescas de la CONANP a Ramsar, a la pregunta realizada por la Secretaria de Ramsar en el formato de informe para México COP12 ¿Se ha realizado alguna evaluación de la efectividad del manejo de los Sitios Ramsar?, en el Informe Nacional 2015, la respuesta de nuestro país fue: NO. ¿Qué significa ese NO? Significa que, 28 años después de que México estuvo sumando hectáreas, violentando los derechos de las poblaciones, jeringando que era por el bien común, por los humedales y era la única forma de conservar de manera efectiva un sitio; 28 años desde la primera declaratoria de Ramsar en México. 28 años después y los encargados NO sabían si los sitios Ramsar estaban o no siendo efectivos para lo que fueron decretados. Ya teníamos un montón de sitios, una superficie bajo manejo de humedal Ramsar en 5, 413,568.79 hectáreas y nunca habíamos hecho una evaluación para saber si estaban cumpliendo, no sabíamos si realmente funcionaban. Peor aún, ni siquiera el que la mayoría de estos sitios fueran áreas naturales protegidas declaradas previamente, con presupuesto, personal y una multiplicidad de actores de ONGA y academia e investigadores trabajando en ellas desde 1986 les proporcionó información como para poder responder esa pregunta de la secretaría de Ramsar. ¿Qué hizo México al respecto para poder mejor la respuesta a la pregunta para la siguiente COP13? ¿Se realizó la necesaria y obligada evaluación? ¿Se hizo lo que otros países? Es decir ¿enfocamos las baterías en los sitios existentes para consolidarlos y mejorar los indicadores? ¡No! Dijimos: no sabemos cómo están los 5 millones de hectáreas, así que ¡Vamos a declarar más hectáreas para que no se note! Así que, para el siguiente informe de 2018, nos presentamos con 142 sitios y más de 8 millones de hectáreas bajo denominación Ramsar en México. 34
Aún seguíamos sin saber si estaban funcionando, pero ¡a quién le importaba! qué bien nos vimos con casi tres millones de hectáreas más en nuestra repisa. No como los Estados Unidos, con solo 40 sitios y 1.8 millones de hectáreas, o Canadá, solo 37 sitios, aunque cubrían más de 13 millones de hectáreas, pero que en este último caso no habían declarado ningún sitio Ramsar desde hacía más de 15 años, y que ambos solo se habían dedicado a consolidar sus sitios y cumplir con los indicadores. Seguíamos con las mismas problemáticas de falta de fondos, poniendo como prioridades para México el conseguir fondos, pero sin cumplir aspectos clave: No había datos para determinar si los sitios Ramsar habían mejorado el uso del agua, o si se estaba aplicando planificación efectiva del manejo, sin contar planes de manejo oficiales, o sin saber si se había alentado al sector privado a un mejor uso de estos sitios y sus recursos. Para 2018, después de 32 años declarando obsesivamente Sitios Ramsar, solo un 28% de los sitios se habían caracterizado ecológicamente de manera completa y sólo un 36.6% tenían comités de manejo intersectorial, y eso porque CONANP utilizó los Comités asesores de reservas ya existentes declaradas sitio Ramsar, y ni así se cumplió. Imagine esta situación de Ramsar como la fiesta familiar de la familia Norteamérica, donde si los sitios Ramsar fueran hijos, Canadá y Estados Unidos habrían cerrado la fábrica para ya no seguir acumulando niños, y se habrían dedicado a darles educación, nutrición, dándoles las herramientas para ponerlos a trabajar y ver que cumplieran con su objetivo en la vida; y nuestro país es el hermano fanfarrón que llega a cada reunión familiar presumiendo que ya tiene más hijos…muertos de hambre, sin educación, en andrajos y piojosos. Y lloriqueándole a papá Banco Mundial para que le dé más dinero para mantenerlos porque no le alcanza con tanto chamaco, y así cada reunión familiar; dando excusas patéticas de por qué no tiene a sus hijos en mejores condiciones y remitiéndose a justificar que es porque no le alcanza el dinero nunca, porque su objetivo es tener más hijos, no mantenerlos ni asegurarse que estén bien. No cumplimos ni porque nos la pongan facilita. Para 2018 solo 18 sitios, de 142, habían sido sometidos a evaluación de la efectividad del manejo, ni porque nos pusieron el método R-METT, el cual es como una encuesta que se llena y en el cual se suman puntos para ver datos del sitio, nombre, tamaño, ubicación, identificación y descripción de los elementos ecológicos, y datos que se pusieron desde el principio; es una encuesta que 35
prácticamente uno mismo contesta y califica. Y, aun así, en México sólo se cumplió con 18 evaluaciones de este tipo, es decir un 12% del total de los sitios Ramsar declarados, en 32 años. Para 2018, no se habían hecho planes o proyectos para mantener o reforzar la función de los humedales para ayudar o mantener sistemas agrícolas viables. Este es un punto clave que debería ser prioritario en las iniciativas Ramsar en nuestro país, pues permitiría dejar de criminalizar a los producto-res agrícolas y establecer mejores estrategias que respetarían el patrimonio biocultural y mejorarían la relación de los humedales con las poblaciones humanas. ¿Qué hizo la tríada en este tema? Lo que mejor saben hacer: Criminalizar a los productores; por ejemplo, en Presa La Vega, la solución fue: eliminar las concesiones para uso agrícola una vez vencidas, si éstas habían implicado cambio de uso de suelo. Es decir, una especie de castigo y sanción retroactiva. Para el informe de 2018 tampoco se había trabajado sobre la documentación y el respeto al conocimiento tradicional, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales que se referían al uso racional de los humedales; es decir, no se cumplió la Meta 10 de Ramsar para la COP13. La Meta 11 para la COP13 de Ramsar requería demostrar, documentar y divulgar ampliamente las funciones, los servicios y los beneficios de los humedales. En México solo 2 (1.4%) de los 142 sitios cumplieron en parte con el requisito, ninguno incluyó valores culturales en la planificación del manejo. Así que tampoco se cumplió. Llama la atención la respuesta dada para el cumplimiento de la Meta 13 de la COP13: ¿Se han tomado medidas para aumentar la sostenibilidad de sectores clave como el agua, la energía, la minería, la agricultura, el turismo, el desarrollo urbano, las infraestructuras, la industria, la silvicultura, la acuicultura y la pesca cuando estos afectan a los humedales? La respuesta fue: SI. No sorprende de entrada que la respuesta haya sido SI, lo sorprendente fue la explicación de esta respuesta afirmativa. En México, las acciones para aumentar la sostenibilidad, repito: para aumentar la sostenibilidad, de sectores productivos clave en humedales fue: “…las Reglas de Operación de la SAGARPA NO otorgaran apoyos a terrenos catalogados como Sitios
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Ramsar, salvo aquellas actividades que no impliquen cambio de uso de suelo…” Ya no supe si reír o llorar. Es decir, la estrategia mexicana para aumentar la sostenibilidad de sectores productivos que eran clave y que veía la Secretaria de Agricultura y Ganadería, en humedales fue: negar los apoyos al sector agropecuario si implicaba agricultura y ganadería (cambio de uso de suelo) en un humedal. Respuesta: aumentamos la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería en humedales, negándoles apoyos para que dejen de hacer agricultura y ganadería. Y no es chiste, es anécdota. Probablemente esos productores terminaron siendo guías de turistas o artesanos, que eso es a lo que la tríada considera que los locales deben dedicarse. Para ser justos, habría que decir que no solo se trataba de no hacer el ridículo frente a la comunidad internacional diciendo que Ramsar está nomás de adorno para pedir más dinero y despojar a los locales de sus territorios, también habría que decir que se trataba de evitar que se nos castigara por no cumplir las cuotas neoliberales de la comunidad internacional. Aunque claro, sería más sencillo si no nos metiéramos en camisa de once varas para tener que seguir haciendo como que si cumplimos, sin realmente cumplir, y todos hacer como que no se dan cuenta que nuestro país usa excusas ridículas y explicaciones que parecen escribirse bajo los efectos de algún estupefaciente, a la hora de presentar informes que rayan en lo cantinflesco o tipo chavo del ocho. Otra cosa, Ramsar no es gratis. No es un acuerdo de buena voluntad, pertenecer a Ramsar no solo implica firmar un documento, también hay que pagar una cuota como país, porque es un contrato donde hay que hacer pagos anuales. También está en el formato de informe Ramsar ¿Ya pagó México sus cuotas a Ramsar? En promedio nuestro país desembolsó entre de 80 a 114 mil francos suizos al año - un promedio de dos millones de pesos al año, al cambio actual - entre 2012 y 2014 para pagar contribuciones a Ramsar. Entonces, si la estrategia de Ramsar está siendo implementada de manera tan mediocre en México, si está tan desarticulada y carente de un enfoque integral que permita al país cumplir con los requerimientos mínimos de sustentabilidad, respeto a la cultura y a los pobladores en el marco de la Convención ¿Por qué seguir incorporando sitios Ramsar?
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Como ya mencionamos antes, la respuesta es sencilla, los promotores de estas declaratorias que vienen de la academia o de la investigación, no les interesa las poblaciones humanas, porque su enfoque, tema y muchas veces su conflicto de intereses son especies, ecosistemas o su idea del sitio silvestre intocado, los fondos, los reconocimientos o los puntos en el Sistema Nacional de Investigadores. Las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, por otra parte, como representantes auto nombradas de la sociedad, “sobreviven” y algunas “viven bastante bien” de estas iniciativas, recibiendo importantes beneficios económicos, prestigio y reconocimiento sin que realmente puedan probar un impacto positivo de sus acciones. Y pues gobierno, obtiene reconocimiento, fondos y otros beneficios jugosos que se crean de la sobre regulación y el control impuesto de manera forzada sobre los actores locales, lo que muchas veces resulta en el jugoso negocio de la corrupción. Como en el resto del país, la mayoría de los sitios Ramsar en Quintana Roo fueron declarados entre 2003 y 2008. Se establecieron 13 áreas que se aprobaron, y una propuesta adicional, la de 2014 para Bacalar, impulsada por Luisa Falcón y su equipo, que no procedió. De estas, 9 fueron propuestas directamente por las Direcciones de la misma reserva, como parte de la CONANP, sin decir ni agua va a las comunidades locales. Dos sitios fueron propuestos por Amigos de Sian Ka’an, una por un grupo local de ONG ambientalistas y una más por la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Todas declaradas entre el año 2003 y 2009, durante el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Laguna de Chichankanab es un caso inédito que sentó un precedente de los propietarios del territorio ganando su derecho a eliminar un decreto de ANP impuesto por los miembros de la tríada, sobre su territorio. Pero no pudo eliminarse la declaratoria de Ramsar. Amigos de Sian Ka’an registro el humedal de 11,609.73 hectáreas del territorio del ejido Dziuché, un núcleo ejidal indígena, localizado en el municipio de José María Morelos, al poniente del Estado de Quintana Roo, donde se localiza el sistema lagunar y de humedales de Chichankanab…sin notificar y sin la autorización del ejido. Posteriormente, tal y como la estrategia mexicana lo dispone, se intentó convertir este territorio en un Área Natural Protegida por el gobierno del estado de Quintana Roo, pero el ejido logró revertir el decreto en la corte, no así la declaratoria de sitio Ramsar. 38
Tras revisar los procedimientos de Ramsar, no se pudo encontrar un procedimiento para “dar de baja” o “sacar” un sitio designado de la Lista. Solo existe un mecanismo de reubicación de sitos al mecanismo de Montreaux, para sitios Ramsar que están sujetos a cambios negativos, pero ¿Y si los dueños de las áreas donde está el humedal no querían en primer lugar su sitio incluido? Si la designación fue de un tercero, sin autorización. En el caso de Laguna Chichankanab, el sitio, sin Ramsar y sin ANP, funcionaba bien y estaba bajo un esquema de aprovechamiento y conservación mediante Programa de Manejo Forestal y de vida silvestre con autorización a nivel federal, muchos años antes, por decisión y aprobación comunitaria real. Porque la comunidad no necesitaba encomenderos ambientales, tal vez por eso. Si no fueran como ANP, si solo se tratase de sitios para conservación de especies silvestres de aves, como era el espíritu inicial de la convención (o su pretexto) – se razonó localmente - estarían supervisadas y bajo el manejo y supervisión de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la misma SEMARNAT, que es precisamente a quien se le concede el tema de manejo y protección de manglar y especies en categoría de riesgo de flora y fauna, como las aves acuáticas, desde la época de la Presidencia de Felipe Calderón. Es decir, un sitio Ramsar sería más una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), supervisada por la DGVS; y no serían un Área Natural Protegida (ANP) manejada por al CONANP.
2011 – 2014 RAMSAR. 97,591 hectáreas para la tríada ¿Qué incluía la propuesta de Ramsar para Bacalar? Entre 2008 y 2009 algunos académicos e investigadores de ECOSUR y la Universidad de Milwakee, habían venido preparando el terreno mediáticamente para crear una ANP, impulsando foros y reuniones de trabajo en torno a la urgencia de establecer algún sistema de protección para el frágil ecosistema de la laguna de Bacalar. Pero no fue hasta 2011 que dos investi39
gadoras del Instituto de Ecología de la UNAM (IEUNAM), encabezadas por la Dra. Luisa Falcón, especializada en ecología microbiana, tapetes microbianos, microbialitos y biofilms, en diferentes ambientes acuáticos, y la M.C. Osiris Gaona, especialista en microbiomas de murciélagos, presentaron de manera unilateral la propuesta de incorporación de la Laguna de Bacalar como un sitio Ramsar. Pareciera que desde que hicieron su propuesta para Bacalar, se propusieron hacerse del respaldo de otros actores de la tríada y esto fue no solo para impulsar su idea, pero para incrementar el número de hectáreas que iban a obtener y dejar bajo protección / control, a costa de quien fuera. La relación a continuación expone no solo los actores involucrados que se montaron en la propuesta, pero también el número de hectáreas que cada incorporación le sumó a la propuesta de Falcón y Gaona: • 2011. Propuesta por Instituto de Ecología de la UNAM. Cabildeo con investigadores, académicos, organizaciones y gobiernos locales (5,893 hectáreas) • 2014. Incorporación de investigadores de ECOSUR: Dr. Héctor Hernández Arana (con especialidad en ecología Béntica Marina), entonces director de ECOSUR, el Dr. Miguel Ruiz Zárate (especialidad organismos bénticos y, después de 2015, percepción remota) y el MC Alejandro Vega Zepeda (Ecólogo marino, SIG y percepción remota) para replantear la propuesta para Ramsar, ahora planteando estromatolitos y conexión con Laguna Chile verde al oriente del sistema Bacalar (22,255 hectáreas). • 2014. Segunda propuesta. (26,422 hectáreas), incluyendo ecosistemas humedales entre laguna de Bacalar y Estero de Chac. • 2014. Tercera propuesta. Expansión de actores involucrados: Secretaría de Medio ambiente, representada en esa época por el licenciado Rafael Muñoz Berzunza, el subsecretario Lic. José Luis Funes Izaguirre, el director de la Reserva del Manatí, Biol. Víctor Manuel Hernández y el director estatal de ordenamientos el Biol. Salvador Poot Villanueva. (92,591 hectáreas). Esta propuesta estuvo apoyada por el ayuntamiento de Bacalar, presidido por José Alfredo Contreras Méndez, y el ayuntamiento de 40
Othón P. Blanco, encabezado por Eduardo Espinoza Abuxapqui. Esta iniciativa era mucho más ambiciosa, ya que incluía ecosistemas terrestres y acuáticos en los territorios de propiedad comunitaria de 11 ejidos, con 4 centros de población, directamente afectados, así como otras 4 poblaciones, afectadas de manera indirecta. Ni ejidos ni pobladores fueron consultados o tomados en cuenta. Se incorporaba el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, El Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal (71% de la propuesta) y el restante 29% se encontraba en áreas “no protegidas” como el Estero de Chac (Hernández-Arana, et al, 2015). • 2014. Cuarta propuesta. La anterior superficie no les pareció suficiente y finalmente se incorporó el cuerpo de agua, aparentemente propuesto por la CONANP. Esta propuesta final contó con 97,591 hectáreas. Actores involucrados: Secretaría de Medio ambiente, representada en esa época por el Rafael Muñoz Berzunza, José Luis Funes Izaguirre, el director de la Reserva del Manatí, Víctor Manuel Hernández y el director estatal de ordenamientos Salvador Poot Villanueva. También se incluyeron los ayuntamientos de Bacalar, encabezado por José Alfredo Contreras Méndez y de Othón P. Blanco, encabezado por Eduardo Espinoza Abuxapqui. Como representante de la CONANP se citaba a Alfredo Arellano Guillermo, pero en el documento de “carta de intención” no aparece la firma de algún representante legal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aunque en la zonificación de esta propuesta se expresa que las últimas 5,000 hectáreas adicionales incluidas, que corresponden al cuerpo lagunar, fueron propuestas o se incluyeron por iniciativa de la CONANP. A la par, los académicos crearon una propuesta paralela para “reforzar científicamente” la propuesta de sitio Ramsar. Ya fuera como justificación o como futura incorporación, los investigadores de ECOSUR y del instituto de Ecología UNAM crearon una propuesta más extensa y la denominaron Corredor Transversal Bacalar – Bahía de Chetumal. Tal y como suele funcionar para la tríada, esta propuesta paralela les generó fondos y prestigio. Este corredor pretendía la conexión entre el área propuesta de 97,591 hectáreas y un corredor mucho más amplio que incluía toda la Bahía de Chetumal y Mahahual, al sur – oriente, con límite con Belice, para incluir el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak (también un ANP federal). 41
El pretexto era que todas estas zonas estaban interconectadas y la declaratoria de Ramsar garantizaba la permanencia de los procesos biológicos de los ecosistemas interconectados, su mantenimiento, conservación y protección. Si hubieran preguntado a los actores locales cómo funcionaba el sistema geohidrológico de Bacalar, se hubieran enterado que las interconexiones más relevantes y los impactos significativos provienen de los límites de la cuenca alta del sistema, al poniente, NO al oriente como era la propuesta del corredor. Es decir, su propuesta de corredor estaba en el extremo opuesto, la parte receptora de impactos a los procesos geohidrológicos y biológicos. La zona de origen de impactos está a 300 kilómetros al poniente entre los límites de Campeche y Tabasco, y en el norponiente, en los límites de Quintana Roo y Yucatán. NO había mucho por hacer para proteger los procesos biológicos de la zona de Bacalar y hacia la Bahía de Chetumal, de los impactos que sucedían cuenca arriba. Pero trabajar con comunidades agropecuarias y forestales no parece ser tan de caché y, como varios investigadores de la tríada me han referido a mí en lo personal, ellos trabajan con caracoles, con estromatolitos, con contaminación de agua y dando pláticas en escuelas o eventos académicos, pero NO trabajan organizando gente, menos de comunidades. Pueden dar pláticas para enseñarle a la gente cómo “cuidar” su medio ambiente, pero no se van a poner a organizarlos. Ellos no se dedican a eso (ni les interesa). Además, el que las propuestas tengan fundamento o tengan un impacto real positivo nunca es el objetivo de la tríada, con que suenen científicos para la opinión pública es suficiente, como me tocó verificar en más de una ocasión; sus intenciones siempre son beneficiarse ellos. Para el caso de la propuesta del Corredor Transversal, los grupos de la tríada ya estaban recibiendo beneficios por proponer el sitio, aun sin haberlo declarado. Y no tuvieron remilgos para exponerlo abiertamente en una presentación realizada para atraer a otros grupos afines interesados, donde dejaron claro que los beneficiados por las oportunidades que el sitio Ramsar traería a Bacalar, serían los investigadores y académicos, ONGA y autoridades. Si tomamos como ejemplo la propuesta del Corredor Transversal Costero, que es una iniciativa de ECOSUR Chetumal, su inclusión en la propuesta de Ramsar le daba una razón de ser y la validación para justificar que se estaba utilizando la antena ERIS que había estado en reparación los dos años previos, a un costo de 4 millones de pesos; así que era la 42
oportunidad de generar una serie de proyectos para hacerse de fondos y mostrar que esta-ban utilizando esta tecnología para el bien común. Entre 2014 y 2015, eso le costó a México 15 millones de pesos, para un proyecto de investigación en el cual se involucraron ECOSUR, liderado por Héctor Hernández Arana, entonces director de esa institución en Chetumal, la Agencia espacial mexicana, con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en una alianza con la agencia espacial del Reino Unido y la Universidad de Surrey (Inglaterra) que invirtieron 1.5 millones de libras esterlinas (aproximadamente otros 38 millones de pesos a tasa de cambio de 2015) para realizar un análisis de percepción remota, que entre otras cosas servía para justificar la declaratoria de Ramsar. 53 millones de pesos para investigación que redituó en una serie de artículos científicos, algunas entrevistas, un taller para científicos, ONGA y gobierno, y méritos en el Sistema Nacional de Investigadores, pero que fuera de eso, después de 6 años, no ha demostrado su utilidad práctica en el territorio, aunque sigue siendo utilizado para fundamentar sus peticiones “urgentes” de instaurar un instrumento de control (después de Ramsar, fue el ANP, PROTUR y Hábitat crítico, y otra vez Ramsar), más publicaciones, fondos y más investigaciones. Tratando de vender su propuesta, en esa presentación, los promotores al presentar los beneficios supuestos de la declaratoria del sitio Ramsar, exponían: • Un recuento alegre de complementar los objetivos de la iniciativa REDD+ El Programa de Reducción de Emisiones derivadas de Deforestación y Degradación impulsado por la Convención Marco de Cambio climático de la ONU, un grupo internacional que cada cierto tiempo generan carbono a lo bestia para viajar y reuniré por semanas para hablar y planear qué hacer para detener el cambio climático. Al 2021 ya llevan 26 reuniones. Regresando a 2005, en la reunión 11ª se planteó la idea de financiar acciones para que los países en desarrollo redujeran las emisiones por deforestación y degrada-ción de sus ecosistemas. Muchos se preguntarán por qué no mejor frenar y reducir las actividades generadoras de gases de efecto invernadero de países desarrollados, bueno, primero porque no les da la gana dejar de hacer lo que hacen, porque les da pretexto para criminalizar a los países pobres que tienen los bosques y acusarlos de que 43
no sabemos cuidar lo que tenemos y es necesario que nos presionen mientras controlan nuestras economías por presión internacional y porque ellos tienen el dinero y nosotros los subdesarrollados necesitábamos el dinero. Como un ciclo de violencia internacional donde papá Banco Mundial golpea a mamá México, y mamá y sus hijos favoritos, despojan, matan de hambre y humillan a sus hijos más débiles indígenas y grupos locales para tener contento al padre a fin de que no los mate de hambre y los premie por ser obedientes. Algo así. REDD+ realmente ha pasado sin pena ni gloria y sigue sólo beneficiando a consultores y a intermediarios. Y hora les sirve a los gobiernos para condicionar y hacerse de los fondos por captura de carbono o por deforestación evitada. Y que es actualmente un modelo donde el gobierno federal, a través de sus instituciones del sector ambiental y forestal, se benefician directa-mente para obtención de pagos de bonos de carbono. Aun cuando las zonas estén bajo propiedad privada o comunal, requieren de autorización institucional, para lo cual, a través de CONAFOR, implicaría consultar al resto de las instancias ambientales de gobierno para obtener su venia, principalmente la CONANP, si un área pasara a ser sitio RAMSAR. • Los beneficios económicos por el desarrollo biotecnológico por ejemplo de las cianobacterias de los estromatolitos que pueden degradar contaminantes. ¿Pues no que los contaminantes los matan? El discurso de la tríada para criminalizar a los locales se va al traste con esta propuesta de los promotores. Resulta que las cianobacterias degradan contaminación y puede ser un buen negocio biotecnológico. Pónganse de acuerdo, pues. Este tema de interés personal para Luisa Falcón y otros académicos que están buscando beneficios para sí, como puede comprobarse con la patente sobre cianobacterias, solicitada a su nombre y nombre de su mentora Valeria Souza en 2012, aprobada en 2014 y concedida por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, justo un año después de que comenzaron a promover su urgencia de decretar a Bacalar como sitio Ramsar. Este beneficio está relacionado con el beneficio supuesto de potencial de mercado / servicios ambientales por fijación de nitrógeno como fertilizante, con fijación de carbono. Eso es bioprospección – potencial biopiratería-, aun con las modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología realizadas en 2015 que la promovían. Yo no sé ustedes, pero 44
yo lo llamaría “Conflicto de intereses de dimensiones estratosféricas” si estos actores que promueven la delimitación de instrumentos de protección donde se localiza este tipo de recursos, estuvieran realizando bioprospección / biopiratería. • Un potencial pago por servicios ambientales de estromatolitos y manglar para fijación de carbono. Para tener una idea de a qué se refería Luisa Falcón con esta declaración basta darle un vistazo al reporte de Russi, D. y otros autores, denominado: “The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetland” (La economía de los ecosistemas y biodiversidad para el agua y humedales), publicado en conjunto por Ramsar, el Instituto Europeo de Política ambiental, Wetlands international, la Convención para la Diversidad Biológica, IUCN y el Centro Helmholtz para Investigación Ambiental UFZ, un reporte donde se calculó el valor monetario de los servicios proporcionados por los humedales en dólares internacionales, por hectárea, por año. Se les puso valor monetario a cuatro tipos de servicios: 1) Los servicios de provisión, 2) Los servicios de regulación, 3) Los servicios de hábitat y 4) Los servicios culturales. En ese documento, el grupo consultor presenta una tabla de valores monetarios mínimos y máximos que los humedales pueden generar. Si se siguen los criterios definidos por ellos, el valor de los servicios generados por los humedales como la laguna de Bacalar, que entra en la clasificación de “lagos” alcanzaría un valor mínimo de $1,779 dólares internacionales por hectárea a un máximo de aproximadamente $13,487 dólares internacionales por hectárea al año, dependiendo de los servicios provistos, calculado para una superficie de 5,814 hectáreas. Pero existe además una extensa zona de humedales que comprende las planicies sedimentarias o inundables que se ubican al centro y los esteros, como el Estero de Chac, los cuales alcanzarían un valor mínimo de $981 dólares internacionales por hectáreas por año a un máximo de $44,590 dólares internacionales por hectárea por año, en el área de planicies sedimentarias, suelos lacustres, humedales, áreas inundables, sabanas y petenes, y comprende aproximadamente 8,413.12 ha y se localiza en las inmediaciones del cuerpo de agua, pero principalmente en el área central. Ya se imaginarán cuantos actores neoliberales ambientalistas se frotaron las manos y les renació el “amor” por proteger y colocar bajo protección (control) tantos humedales como fuera posible. 45
Se hacen los desetendidos con las comunidades quienes están desarrollando, desde la década de 1980, diversos instrumentos para conservar sus territorios. Éstos incluyen la certificación de impacto sobre servicios ambientales de sus buenas prácticas de manejo del territorio, tal como la certificación internacional del Forest Stewardship Council, y los mercados voluntarios para captura de carbono, gestionados a través de las comunidades y sus equipos técnicos. Si bien estos mecanismos de incentivos, fueron generados en el plano del ambientalismo neoliberal, del mercado para “salvar a la naturaleza”, las comunidades a la vez que las resisten, las adecúan y las aprovechan. No requiere un sitio Ramsar para impulsar el pago de Servicios ambientales. • Que Bacalar funcionara como una especie de laboratorio natural A disposición de municipios, el Estado, ONGA o centro de investigación pública universidades e instituciones de educación media, dado que las zonas delimitadas no estaban ni en el agua ni en los polígonos ejidales o de propiedades privadas o posesiones, más bien en zonas de planicies sedimentarias inundables y el cuerpo de agua que posteriormente se colocaron como zonas de protección, pero que la mayoría son posesiones. • Finalmente, el área propuesta tendría el beneficio potencial, argumentaban, de ser presentada como una “zona con un uso sustentable de los recursos naturales en materia turística”. Cómo veremos más adelante ni los sitios Ramsar, ni las ANP, ni el turismo han podido garantizar eso. Una simulación muy bien orquestada entre gobierno y académicos, y una forma efectiva de tener territorios reservados, plenos de biodiversidad que pueden posteriormente comodificarse, es decir, se les puede poner precio como si fueran una cosa, en beneficio de los gran-des capitales. Además de estos atractivos beneficios para los actores de la tríada, estaba el poder controlar un territorio enorme. La iniciativa Ramsar para Bacalar, que empezó con solo 5,893 hectáreas incluía la laguna, el estero de Chac y los humedales entre ambos y terminó proponiendo 97,591 hectáreas (un incremento del 1653% en 3 años), donde se incorporaba el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, el Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal, que en conjunto conformaban el 71% de la propuesta, y el restante 29% en áreas “no protegidas” como Laguna de Bacalar. La tríada engolosinada y en 46
ningún momento los propietarios legales de los territorios colindantes, los pobla-dores y usuarios de los ecosistemas, fueron incluidos en las negociaciones o siquiera consultados. Afortunadamente la declaratoria de sitio Ramsar para la Laguna de Bacalar quedó en suspenso en 2014. Tal vez los beneficiados son llegaron a un acuerdo, y se dieron cuenta, municipios y estado que todo iba a quedar bajo supervisión y seguimiento de la CONANP, o lo que extra oficialmente haya sucedido, la propuesta no fructificó. Sin embargo, al menos Luisa Falcón no ha cedido en su intención; de hecho, para abril de 2021, hizo una declaración pública que apunta a que el grupo promotor vuelve a las andadas para declarar un sitio Ramsar a la Laguna de Bacalar. Decía: “…La universitaria afirma que diversos grupos científicos advirtieron del deterioro de la Laguna Bacalar, al menos siete años atrás, y se ha solicitado que se incluya entre los sitios RAMSAR de México -referente a Humedales de Importancia Internacional- o bien, se declare Área Natural Protegida o Hábitat Crítico, a fin de procurar su conservación…” Sin embargo, dichas propuestas no han prosperado y la persecución de la ganancia rápida ha ido en deterioro del ecosistema. “Hay un concepto equívoco con la conservación. La gente cree que no podrá hacer nada; no obstante, es al revés. Si cuidas el recurso lo puedes aprovechar el resto de tu vida”, recalcó...” (Gaceta UNAM, 27 de abril de 2021) Todos los elementos de la manipulación y creación de mitos, criminalización de los locales como ignorantes y mezquinos, justificando las acciones de la tríada como algo casi heroico. Lo cierto es que quien se ha estado beneficiando, incluyendo obtener jugosos beneficios de puntaje en el Sistema Nacional de Investigadores, fondos para establecer un laboratorio de ecología evolutiva, pago de tesistas, equipamiento, sin contar una patente a su nombre para futuros desarrollos de fertilizantes a partir de material genético de cianobacterias y visibilización mediática ha sido la entrevistada. No sé ustedes, pero eso es realmente una “ganancia rápida”, por solo desgarrarse los ropajes, cambiar de discurso dependiendo frente a quien esté hablando y manipulando a sus seguidores con datos “científicos” que va modificando a medida que los locales desenmascaran y rebaten sus señalamientos. 2000 millones de dólares potenciales que vale el mercado de biotecnología de cianobacterias para fertilizantes, como la patente que tiene, también podrían considerarse 47
ganancia, tal vez no tan rápida porque hay que venderla, pero es más de lo que cualquier grupo local soñaría ganar con sus actividades económicas sumadas, sin contar que es un serio Conflicto de Intereses, o biopiratería, como prefieran llamarle. En Bacalar, Luisa Falcón y su cada vez más grande grupo de entusiastas precursores de la declaratoria de Ramsar insistieron una y otra vez que Ramsar NO era como establecer un ANP. Los locales, en su intuición y entendimiento se preguntaron ¿Por qué si se declarar un sitio Ramsar no significa establecer un Área Natural Protegida, este sistema estaba bajo la administración y seguimiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas? Pues porque, efectivamente SI era algo muy similar a un Área Natural Protegida.
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APIQROO El 2 de enero de 2014, mientras la tríada promotora de la declaración de la Laguna de Bacalar como sitio Ramsar se reunían y planeaban la incorporación de más actores y más hectáreas, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) S.A. de C.V., se hizo de la concesión para administración de la Laguna de Bacalar. Una especie de madruguete. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) le concedió a la APIQROO la concesión para la Administración Portuaria Integral de los puertos de Isla Cozumel, Chetumal, Puerto Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, en el Estado de Quintana Roo, desde 1994. Esto le dio autoridad para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio público de la Federación y de las obras e instalaciones propiedad del Gobierno Federal, así como para la construcción de marinas, terminales e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en los mencionados puertos. En 2014 se realizó un addendum donde la SCT le concesionaba también la administración de la Laguna de Bacalar. Gobierno del estado se hizo del control de la Laguna con su empresa. Una API (Administración Portuaria Integral) es una sociedad mercantil a la que se encomienda la planeación, programación, desarrollo y demás actos que estén relacionados con los bienes y servicios de un puerto mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios respectivos. Es decir, los puertos mexicanos son propiedad de la Nación (les pertenecen a todos los mexicanos) pero la ley permite que puedan ser concesionados para su administración, construcción y operación. De acuerdo a lo anterior, la función de cada API es construir y operar las terminales dentro del recinto portuario y de prestar servicios portuarios o de contratar a operadores privados. En Quintana Roo, la Administración Portuaria Integral (API) se encuentra bajo responsabilidad Estatal. Esta incluye las API de Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Morelos, Cancún y Puerto Juárez. También 49
incluye algunos puertos y terminales No concesionados a una API, como es el caso de La Aguada, Xcalak, Mahahual, Punta Allen, Puerto Aventuras, Cancún, Holbox y parcialmente el puerto de Punta Venado. Bacalar, concesionado en 2014, es parte de la API de Chetumal. La Dirección General de Puertos tiene entre sus atribuciones: “tramitar las concesiones, permisos y autorizaciones en los puertos de México, autorizar o construir obras portuarias, marítimas y de dragado; autorizar los programas maestros de desarrollo portuario”, lo que incluye la regulación de la operación de las API y la aprobación de sus contratos. Dado que la Laguna de Bacalar fue declarada propiedad nacional, junto Huay Pix, arroyo (estero) de Chac laguna y Milagros en 1990, son bienes que caen en la competencia tanto de CONAGUA, como de SCT y SEMAR. Si bien todas las API están ubicadas en zonas costeras, las capitanías de puerto se incluyen para costas y para cuerpos de agua interiores, como es el caso de los lagos de Chapala, Cuitzeo o Catemaco, entre muchos otros. Cuando se dio la concesión sobre la administración del cuerpo de agua interior que era la Laguna de Bacalar, surgió el rumor que dicha concesión no era de la competencia de la SCT, dado que quien estaba facultado para administrar el agua en México era la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). No obstante, revisando la normatividad, la competencia de CONAGUA se remite a la cantidad y calidad del agua de cuerpos de agua superficiales y subterráneos, a su concesión para aprovechamiento directo del recurso hídrico, la infraestructura para su extracción o lo referente a aguas residuales, definido en la Ley de Aguas Nacionales, artículo 9, incisos I al LIV. La ley de navegación y comercio marítimo, por otra parte, define los cuerpos de agua como vías generales de comunicación por aguas o vías navegables en su artículo 3, inciso c), incluye: los vasos, lagos y lagunas interiores navegables. Esta ley establece la jurisdicción federal (artículo 4) sobre ellos. En este sentido, son la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, junto con la Secretaria de Marina, en el ámbito de sus propias competencias, las que cuentan con la atribución en materia de marina mercante. Para navegación e infraestructura relacionada a la navegación, es competencia de SCT, ahora de SEMAR, y por lo tanto de APIQROO.
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De inmediato APIQROO procedió a realizar el ajuste de cobros por uso de muelles, embarcaciones y otros derechos, como el uso de zona exclusiva a los propietarios y posesionarios históricos. De inmediato los propietarios de los predios en la laguna de Bacalar y Xul Ha se inconformaron, a través de la Asociación Amigos de Xul Ha, sumados a representantes ejidales de Pedro Antonio Santos, Buenavista, Aarón Merino, Bacalar, Juan Sarabia, Santa Elena, La Península, Laguna Guerrero y Raudales, estuvieron en desacuerdo con el reglamento que pretendía establecer la APIQROO, manifestando “…La Administración Portuaria Integral pretende obtener de la SCT la administración de la vía marítima de 1 a 100 metros de la laguna desde la orilla”, explicó el entrevistado al momento de exponer que pretenden cobrarles 8 pesos el metro, y que en caso de que un propietario no pueda cubrirlo la paraestatal podría otorgar esta concesión a terceros. Explicó que, aunque los 8 pesos por metro parecieran bajos, habría que calcular de acuerdo a la extensión de los predios, y al hacerse el cálculo por propios representantes de la APIQROO resultan cantidades impagables…” Había un sentimiento profundo, adicional, de injusticia, que a la fecha continua permeando, tras años de estar defendiendo el territorio contra las propuestas abusivas de investigadores, agencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales ambientalistas que continuaban aplicando estrategias de guerra sucia, consistentes en acoso y desacreditación de los empresarios y habitantes locales, y su criminalización, producto del bombardeo constante de información parcial y manipulada de la tríada con su propuesta de despojo, ahora había que lidiar con una empresa que se había hecho de la administración del cuerpo de agua y quería obtener dinero, a quemarropa. Para terminarla de complicar, unos meses antes de la llegada de APIQROO y del cobro de derechos de uso de muelles, CONAGUA llegó a los predios colindantes con la Laguna, a realizar mediciones para delimitar la Zona Federal Lagunar. Entre los habitantes y usuarios históricos de la laguna se incluyen ingenieros civiles y topógrafos con amplia experiencia. Ellos observaron y acotaron a los equipos técnicos de CONAGUA sobre errores de medición en que estaban incurriendo, y que provocaban que la zona federal se desplazara más de los 10 metros reglamentados por ley desde la orilla de la laguna, en algunos casos introduciéndose hasta 300 metros tierra
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adentro. Realizaron las observaciones pertinentes a fin de prevenir un conflicto potencial cuando se obtuvieran las medidas y los planos oficiales. “…Nosotros, quienes vivimos alrededor de la laguna, hemos puesto esperanzas en el desarrollo turístico. Estamos de acuerdo en que debe haber normas, pero deben ser acordadas de manera armónica entre los ciudadanos y la autoridad…” Héctor Peña, presidente de la Asociación Amigos de Xul Ha. Pero era el período de gobierno de Roberto Borge Angulo. Las violaciones a derechos humanos, despojos y otros delitos cometidos, encubiertos por el gobierno del estado eran comunes, así que era mejor llegar a un buen acuerdo, que involucrarse en un mal pleito. De algún modo muchos de los usuarios de la Laguna vieron a APIQROO como “el menor de los males”. “…Al final sentimos que era preferible tener a APIQROO, que a un administrador de Área Natural Protegida…que era preferible APIQROO que tener un ANP, y ya no le movimos al menos con APIQROO podíamos razonar y no nos limitaba ni acosaba como lo haría una ANP. APIQROO solo se mete con la navegación o con los muelles. Sabíamos que no era legal lo que hicieron con su concesión, pero no nos quedó más que apechugar…al menos no era una reserva…” Prestador de servicios turísticos. 62 años de edad. 30 años de laborar en la laguna. Finalmente se realizó la instalación del Comité de Operaciones de APIQROO para la Laguna de Bacalar, en él se dio oportunidad de participar a los prestadores de servicios y miembros de la comunidad y se llegó un acuerdo para dejar que APIQROO operara los aspectos náuticos y lo relacionado en la Laguna de Bacalar. Cuándo se lee detenidamente los capítulos del Reglamento de Operaciones uno cae en la cuenta de que se contempla un programa maestro de desarrollo portuario, aspectos de mantenimiento y en los alcances de aplicación de las reglas se establecen claramente los horarios en los cuales se puede realizar navegación, se establece de manera muy específica y bien definida aspectos como los tipos de embarcación, el calado, el tipo de muelle de acuerdo a su uso, comunicación y la regla 23, que corresponde a velocidades máximas y mínimas dentro la laguna y algunos sitios de restricción a la navegación, se contemplan aspectos de servicios portuarios, procedimientos, maniobras marítimas en la laguna, aspectos de seguridad e higiene y en ese aspecto se contemplan incluso las 52
seguridad y en caso de daños o accidentes los procedimientos en específico. Relacionado con el discurso de la tríada de la falta regulación ambiental en la laguna, el Reglamento de APIQROO cuenta en el capítulo 10 y nos detenemos a observar que este capítulo incluye aspectos de control ambiental y prevención de la contaminación en las cuales incluso la regla 47 engloba control de la contaminación de la laguna y restricciones de acceso. El Reglamento de operaciones de APIQROO echa por tierra los discursos de la tríada qué no existen reglas ambientales que reduzcan el impacto de las lanchas en el cuerpo de agua. Incluso el capítulo 12 establece las sanciones por el incumplimiento de las reglas y las infracciones a las que los propietarios y operadores de embarcaciones y de los recintos portuarios en la laguna son acreedores en caso de incumplimiento. Para 2019, APIQROO resultó de manera imprevista una ventaja para proteger el sistema contra las intentonas de decreto del Área Natural Protegida. La existencia del Capítulo 10, se volvió clave para la defensa contra la tríada que volvió promoviendo un decreto de ANP, argumentando que “NO había instrumentos de regulación de las actividades desarrolladas en la Laguna” como una de sus justificaciones. APIQROO no solo estaba facultada legalmente para administrar el cuerpo de agua, se manejaba con reglas y tenía la facultad de articular su reglamento con otras regulaciones y la capacidad de sancionar el incumplimiento de las mismas. Era muy ingenuo pensar que aún con todo el trabajo de análisis y el fundamento aportado por los grupos técnicos comunitarios, se iba a lograr contener la ambición de la tríada por hacerse del control de la Laguna de Bacalar. Durante el proceso de revisión y actualización de las Reglas de operación de APIQROO, en 2020, la tríada trató de colar un instrumento promovido por la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaria de Turismo del estado de Quintana Roo a través de una consultora Geoalternativa: El PROTUR. Dado que el único organismo reconocido con una concesión para administrar el cuerpo de agua lagunar era APIQROO y los intentos de insertar la propuesta de Ramsar o de un ANP por parte de sus grupos promotores no estaba siendo tan sencillos, sobre todo por la oposición local y su falta de argumentos sólidos, los miembros de la tríada intentaron insertar sus propuestas en el espacio de apertura que dio APIQROO para 53
la revisión y actualización de las Reglas de Operación de Laguna de Bacalar, a pesar de que los promotores siguieran insistiendo y manejando ante sus seguidores y los medios de comunicación que no había instrumentos que regularan la laguna, por eso la urgencia de decretar un ANP o declarar un sitio Ramsar y luego el PROTUR. Trataron de insertar su propuesta en el Reglamento para que se validara lo que de otro modo no iban a validarse, dado su origen unilateral y sesgado. Algo así como colarlo por debajo de la puerta, pero la comunidad los pateó de regreso. Para 2019 los grupos locales y organizaciones de base estaban defendiendo el territorio desde varios frentes: contra el PROTUR (promovido por Geoalternativa, SEMA y Turismo estatal), contra una nueva propuesta con un esquema de declaratoria intersecretarial para Hábitat Crítico en la Laguna de Bacalar (con una nueva ONGA en el área: SELBA, AC y exintegrantes de CONANP), se seguía promoviendo Ramsar (por la gente de IEUNAM y ECOSUR), se seguía tratando de implementar una área natural protegida sin tener argumentos (SEMA y ONGA locales y regionales), manipulando la opinión pública y creando mitos en el camino para validar sus propuestas invalidables, insistiendo que dichas solicitudes provenían de la comunidad pero eran las comunidades las que estaban luchando contra estas propuestas. Y luego llegó la propuesta de modificación de la tríada para la Regla 23 del Reglamento del APIQROO.
ECOSUR y el IEUNAM, en APIQROO Sí quedaba la duda de cómo actúa la tríada para validarse unos a otros, está el documento que se envió al Comité de Operaciones de APIQROO donde precisamente se recalca la importancia de dejar las zonas de conservación derivados de las investigaciones de Luisa Falcón y Alfredo Yáñez, sin especificar cuáles han sido estas investigaciones, simple y sencillamente colocando un mapa hecho a mano alzada con Google Earth y brindando argumentaciones que han ido repitiendo una y otra vez como parte de sus estrategias para obtener sus objetivos. Dirigieron una carta a la directora del APIQROO a fin de tratar de incidir en el diseño del instrumento. En esta se mencionaba a Luisa Falcón (IEUNAM) y a Alfredo Yáñez de ECOSUR, cuyas opiniones se 54
consideraban con suficiente autoridad para incidir y cambiar los lineamientos del instrumento de APIQROO sin más probatorias que su grado universitario, mediante declaraciones tajantes que eran opiniones tomadas por hechos. En este caso, de la misiva enviada por IEUNAM y ECOSUR, la parte académica de la tríada, se proponía y reforzaba la propuesta de una de las ONGA de la tríada que impulsaba el establecimiento de un Hábitat crítico y las propuestas que ellos mismos insertaron en el PROTUR, otro instrumento promovido por la parte gubernamental del grupo. Es decir, era parte de una estrategia, concertada o no, que pretendía validar de manera indirecta sus propuestas de control, desde varios flancos.
Regla 23. Propuesta de PROTUR en APIQROO De manera paralela, la parte gubernamental de la tríada, trataba de insertar otro instrumento creado por ellos, el PROTUR, en el proceso de actualización de las Reglas de operación de APIQROO. Los promotores de PROTUR, autonombrándose poseedores de un instrumento construido y validado por la comunidad sin más pruebas que el documento y el venir de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Turismo, ambos del gobierno del estado de Quintana Roo, incluyeron una propuesta de incorporación de sus criterios, y trataron de validar un documento que estaba siendo, en ese momento, cuestionado severamente –yo diría que despedazado olímpicamente- por los habitantes y técnicos locales. La estrategia, en este caso, fue manipular el texto de la regla 23 del Reglamento de APIQROO, referente a velocidades mínimas y máximas del Reglamento de Operaciones y colocando de manera forzada el plano del PROTUR en el Anexo III del Reglamento en cuestión. Esta regla requiere de un plano de zonas donde podía transitarse a distintas velocidades o zonas de restricción para la navegación, un plano operativo de control de tránsito y movimiento de embarcaciones, nada más. Pero la tríada intento colar su plano de zonificación del PROTUR de manera integral, un plano que incluía zonas en tierra y que se remitía a una regulación restrictiva y un formato tipo ANP (como veremos más adelante). La propuesta de los promotores del PROTUR buscaba validar su propuesta de zonificación y fue insertada bajo la justificación de que era un instrumento propuesto, construido y validado por la comunidad, de 55
manera participativa, dividieron la Laguna de Bacalar en dos zonas: 1. Zona de baja velocidad, indicando zonificación y estableciendo actividades permitidas refiriendo las leyes ambientales. Y II. Zona de restricción zonas de no navegación. De acuerdo a los promotores de PROTUR, solo había dos zonas: de baja velocidad y de restricción. Es decir, la tríada decía o vas a muy baja velocidad o no navegas. Esta “reglamentación” indicaba un desconocimiento total del funcionamiento y de la dinámica de uso histórico de la Laguna y de operación náutica. El plano solo era una copia del PROTUR que a su vez era una copia de las propuestas precedentes de Ordenamientos y propuestas de Ramsar. Analizamos esto más adelante, en la sección de PROTUR. La propuesta de PROTUR NO era una propuesta de zonas de velocidad, y el plano era solo una copia burda de las propuestas de áreas protegidas que venían cocinándose por la tríada desde 2011. Si se trataba de un plano de velocidades de navegación y zonas de navegación restringida ¿Por qué el plano de PROTUR que se incluyó como propuesta de Geoalternativa, SEMA y Turismo estatal incluía las zonas de humedales donde no había canales o zonas navegables? NO tenía sentido desde el punto de vista del objeto del Anexo III y la regla 23, pero era lógico si la intención era validar su documento para establecer las bases de control y restricción tipo ANP, a como diera lugar, utilizando el instrumento de regulación existente válido de APIQROO para ello, pero APIQROO NO posee autoridad sobre zonas de tierra y el objeto de la Regla 23 era claro: Zonas de Navegación. Para cuando los representantes de las comunidades se percataron de esta intentona y se inconformaron ante la dirección de la APIQROO, ya era junio de 2020 y los directivos de APIQROO observaron que era la única propuesta que se había presentado, la comunidad desconocía que podían presentarse propuestas, así que pidieron la oportunidad de construir un documento, desde la participación y el conocimiento ecológico local, y la capacidad de sus tecnólogos comunitarios.
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Regla 23. El CONCCLAB en APIQROO Dado que APIQROO argumentó que no había otra propuesta de zonas de velocidad y de áreas de restricción de navegación, los representantes de las comunidades en el Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar (CONCCLAB), que estaba conformado por habitantes locales, representantes y técnicos comunitarios, quienes venían combatiendo las propuestas de la tríada casi desde el inicio, y que finalmente constituyeron un grupo de base, solicitaron la oportunidad de construir un plano desde la base del conocimiento local de los expertos en la laguna, los capitanes de embarcaciones y usuarios náuticos históricos de la laguna. Requirieron la oportunidad de demostrar cómo estaba construido un plano de la Laguna desde la base de la experiencia real. Se les concedió un plazo de dos semanas para presentar los argumentos y propuestas. El CONCCLAB se organizó para convocar a los capitanes de embarcación más reconocidos en las diferentes comunidades a fin de poder ubicar a aquellos que surgieran como expertos reconocidos, es decir aquellos más mencionados y reconocidos por sus iguales, como los que tenían más conocimiento del sistema. Se requería de informantes clave que conocieran de navegación, de la laguna, zonificación, aspectos restrictivos para navegar, conocimientos de los diversos tipos de embarcación existentes, variaciones de la laguna a lo largo del tiempo y la geografía. Se decidió preguntar a los lancheros, a los miembros de cooperativas y a los usuarios históricos (porque muchos de los propietarios de casas junto a la laguna son dueños de embarcaciones particulares y habían recorrido la laguna por generaciones). Por las restricciones de distanciamiento social se decidió limitar las reuniones a un máximo de 5 personas. Se obtuvieron 5 nombres de expertos locales en navegación de la laguna de Bacalar. Se les informó la intención de construir un mapa hablado de la Laguna, que incluyera: a) b) c) d) e) f)
Navegación, de la laguna, Zonificación de velocidades, Aspectos restrictivos para la navegación, Conocimientos de los diversos tipos de embarcación existentes, Zonas y variaciones lo largo del tiempo en la laguna, Requerimientos particulares en la geografía del cuerpo de agua. 57
Dado a que la mayoría de los informantes pasaban de los 55 años de edad y con los riesgos epidemiológicos vigentes (junio de 2020) por COVID19, se les sugirieron dos alternativas para la construcción del plano, se les proporcionaría material y se trabajaría de manera individual con cada uno para construirlo. Luego se tendría un instrumento unificado y se realizaría una validación individual o bien se realizaría un evento virtual con todos ellos para trabajar el mapa en conjunto. Pero todos los informantes admitieron se sentían más cómodos con ejercicios de construcción interactivos presenciales lo que les permitía respuestas más ricas y en el momento, validadas entre pares de expertos en el momento. Se tomaron las medidas necesarias para proteger la salud de los asistentes y a lo largo de un fin de semana se recabó la información conjuntando la experiencia de 5 capitanes de lancha de los que 3 eran de servicio público para tours y dos poseían embarcaciones privadas. También se obtuvo información de propietarios de predios colindantes con el cuerpo de agua que han habitado la zona de manera continua por más de 30 años. Un total de 8 informantes expertos clave. Se trabajó creando un plano de velocidades, superponiendo un plano de la laguna y dejando que los expertos locales indicaran la ubicación y alcance de dichas áreas. Se colocó a la vista los lineamientos de necesidades de información que debían cubrirse con el ejercicio para que estuvieran presentes en la discusión y construcción. Los aspectos que se consideraron para construir el plano y la regla incluyeron: Navegación de la laguna, Zonificación de velocidades, Aspectos restrictivos para la navegación, Conocimientos de los diversos tipos de embarcación existentes, Zonas y variaciones lo largo del tiempo en la laguna y los Requerimientos particulares en la geografía del cuerpo de agua. ¿Qué se consideró como actividades de navegación en la laguna? Navegación pública para servicios náuticos y Navegación privada. En el primer caso se consideraron Cooperativas, donde había prestadores de servicios privados que subarriendan muelles o tienen acuerdos con negocios locales y aquellos que eran propietarios de sus muelles y negocios. De la navegación privada se consideraron propietarios que se desplazan con fines recreativos y aquellos que se desplazan de una población o sitio a otro, usando la laguna como vía de desplazamiento. 58
¿Cuál era el uso de la Laguna? Se realizó una caracterización completa de los usos. Se encontraron muelles, privados como los de casa habitación, de negocios, balnearios y embarcaciones o solo embarcaciones. También muelles comunitarios de balnearios y embarcaciones o solo embarcaciones. Hay balnearios solo para nado y aquellos de nado y tránsito de embarcaciones. Otro uso son las zonas de maniobras y aproximación, como aquellas colindantes con muelles y balnearios y poblaciones, las que están entre zonas de diversa velocidad y las que están a la entrada de cenotes, “lagunas” y manantiales. Finalmente están las zonas de navegación restringida, como los humedales en la porción oriente colindante con la laguna, blanquizales y microbialitos. Los aspectos restrictivos para la navegación que se consideraron para determinar las zonas incluyeron datos de profundidades, zonas con presencia de personas en embarcaciones menores, presencia de personas en el agua (nado), infraestructura y áreas con mayor densidad de embarcaciones. Al final se obtuvo una propuesta de zonificación de velocidades. Las zonas eran de 4 tipos: Baja velocidad, Zonas para actividades de muy baja velocidad, Alta velocidad y Zonas no navegables. Independientemente del tipo de embarcación existían cuatro tipos de velocidad para las de motor: alta, media, baja y aproximación. Las embarcaciones de vela o de tracción humana tenían su limitación inherente. Se buscó construir parámetros de velocidad para los diversos tipos de embarcación y de uso (alta velocidad), de media velocidad, que se dividió en tour y traslado; baja velocidad, que se dividió en vela y tracción humana. Y la velocidad de aproximación y maniobras, que era la más baja. Se identificó el flujo de la corriente, la dirección de vientos a lo largo del año y las variaciones geográficas de composición del sustrato y del agua. Se ubicaron las zonas poco profundad y con estructuras pétreas, blanquizales y microbialitas. Se identificaron las diferencias entre zonas que limitaban el uso de uno u otro tipo de embarcación. Se agruparon las zonas por sus características similares y por las condiciones compartidas en cuestión de navegación. Una vez que se obtuvo la información las zonas se ubicaron en el mapa y se calcularon las hectáreas aproximadas. Quien propuso el ejercicio fue el Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar (CONCCLAB) que pertenece a una Alianza de organizaciones de base y de asistencia técnica comunitaria a nivel de la 59
cuenca. El plano resultante se colocó en archivo KMZ en trazo de Google earth y después se derivó a los tecnólogos comunitarios de las organizaciones amigas del CONCCLAB, que lo georreferenciaron en ArcInfo, realizaron correcciones de traslapes, delimitaron los tipos de zonificación y presentaron el plan en Autocad, archivos kmz, y shape, para presentarlo. Se integró además un glosario. Este ejercicio se hizo con la participación comunitaria, sin financiamiento externo y se tuvo listo en 10 días. La información se presentó a APIQROO para su consideración. Se incluyeron las estructuras microbialíticas en la sección de zonas no navegables, por sentido común de los expertos locales, porque se trataba de zonas de riesgo de encallamiento, y no por el escándalo e información mediática manipulada de los investigadores y ONGA. Las zonas de alta velocidad se localizaban en la porción central de la laguna, donde existe mayor profundidad, y se limitaba la presencia de personas nadando o con embarcaciones de baja velocidad o tracción humana (esto se encuentra en las zonas cercanas a las orillas o en las zonas limitantes con las áreas de alta velocidad). Más adelante se clarificó lo que se consideraba alta, mediana o baja velocidad, desde el sentido común de la capacidad de uso, zonificación y actividades realizadas en la Laguna. La propuesta del CONCCLAB se sometió a la propuesta de Reglas de Operación, pero a la fecha (2021) la Secretaria de Comunicaciones y Transportes no ha validado la actualización del documento, y desconocemos cuál fue la versión final de Regla 23 que se incorporó al documento enviado para autorización. Y la tríada insiste que los actores y técnicos locales carecen de capacidad.
La Secretaria de Marina y APIQROO Como parte del combate a la corrupción, el gobierno federal estableció la estrategia de control de puertos y costas por parte de la Secretaría de Marina (SEMAR), el 7 de diciembre de 2020, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicaba el Decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. 60
En este decreto se destacaba que los recursos humanos, financieros y materiales con que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contaba para la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), incluidas las Administraciones Portuarias Integrales (API) – como el caso de Bacalar - y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de sus atribuciones eran trasladadas a la Secretaría de Marina (SEMAR). A partir de la entrada en vigor, 180 días a partir de la fecha de decreto, la SEMAR se va a encargar de Regular las comunicaciones y transportes por agua, Formular y conducir las políticas y programas para su desarrollo, de acuerdo a las necesidades del país; Dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante; Regular, promover y organizar a la marina mercante; Establecer los requisitos que deba satisfacer el personal técnico de la marina mercante; Conceder las licencias y autorizaciones respectivas; Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la Armada y la Secretaría de Marina, así como las obras marítimas, portuarias y de dragado que requiera el país; Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua con embarcaciones o artefactos navales; Coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios; Coordinar los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación; Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal; Otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios y fijar tarifas. Lo anterior significaba que, a partir del 6 de junio del 2021, la Secretaría de Marina-Armada de México es la encargada de ejercer como autoridad marítima nacional en costas, puertos, recintos e instalaciones portuarias, terminales, marinas, entre otros. Dado que “…La Autoridad Marítima Nacional trabajará hombro con hombro con quienes desarrollen actividades en las zonas marinas mexicanas para lograr un ordenamiento del sector, que beneficie a los usuarios en términos de seguridad, protección y preservación del medio ambiente marino…” y que dicho cambio se está generando al tiempo que se escribía este documento, habrá que esperar a que la SEMAR comience a administrar el recinto portuario de manea justa, equitativa y escuchando todas las voces para emitir una opinión sobre su enfoque o desempeño. 61
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS En 2017, estando a la cabeza del sector ambiental en el estado de Quintana Roo un controversial exdirector regional de la CONANP, surgió la propuesta de establecer un Área Natural Protegida sobre la Laguna de Bacalar. Las comunidades no habían terminado de respirar por el cansancio que implicó pelear contra la tríada y la opinión pública manipulada por la tríada cuando ya tenían una ANP a punto de ser montada sobre la Laguna. Esta propuesta fue promovida unilateralmente por Luisa Falcón, otra vez, del Instituto de Ecología de la UNAM, como ella misma lo estableció en una entrevista periodística, dado que ya había fracasado en su intentona de liderar la propuesta de sitio Ramsar entre 2011 y 2014. Esta propuesta era aún más ambiciosa que la del sito de Ramsar, que era ambiciosa de por sí. La ambición de las propuestas de colocar territorio bajo el esquema de área natural protegida, propuestas que comenzaron en 5,893 hectáreas como sitio Ramsar, para 2017 se habían convertido en 219,000 hectáreas en ANP, con territorios comunitarios y privados, incluidos. Lodger Brenner, en su artículo de 2010, “Gobernanza ambiental, actores sociales y conflictos en las Áreas Naturales Protegidas mexicanas” ejemplificaba la forma en la que las comunidades y actores locales no son considerados como actores capaces de decidir, analizado desde lo que sucedió con el establecimiento y administración de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, pero aplicable a todas las demás ANP mexicanas. En su investigación los actores de la tríada consideran que la solución de un problema socio–ambiental, como la gestión eficaz de una Reserva de la Biosfera, es responsabilidad exclusiva y preponderante de uno o varios actores particulares – miembros de alguno de sus grupos-, los cuales deben lograr ciertos objetivos, apoyándose en una gama de recursos de poder político, económico, social y moral a su alcance. Para ellos "el resto de la sociedad" es considerado como un conjunto de actores influenciables, sin capacidad ni legitimidad para evaluar la naturaleza o la severidad de los problemas ambientales; y mucho menos para resolverlos, lo cual no sólo 63
merma la legitimidad de las ANP mexicanas, sino que también afecta su eficiencia. Si se habla del turismo como eje rector para crear ANP bastará con leer los documentos coordinados o escritos por Gustavo Marín Guardado (2012 y 2015) para percatarse que el turismo como eje rector del establecimiento de un ANP ha comprobado ser perjudicial para las comunidades locales porque la revaloración de la tierra y los recursos naturales que quedan dentro de las ANP tiene desde luego importantes repercusiones económicas, sociales y ecológicas en la vida de las comunidades involucradas, ya que estos espacios se vuelven objeto de codicia por parte de los grandes capitales y los gobiernos. En sus investigaciones expone como en las últimas décadas, en países en vías de desarrollo, grandes extensiones de territorio que antes pertenecieron a comunidades indígenas, sociedades campesinas o grupos de pescadores, han pasado a ser propiedad de inversionistas, empresas comerciales, o bien, han pasado a ser espacios administrados por organizaciones internacionales o dependencias del gobierno. Lo cual en gran parte tiene que ver con la puesta en marcha de políticas y programas de desarrollo, turísticos y de conservación ambiental, a través de los cuales organizaciones mundiales, instituciones de estado y particulares logran tener el control de estos territorios. No soy la única que se dio cuenta de esto ¿ven? Zizumbo-Villarreal, en 2012, exponen que la creación de Áreas Naturales Protegidas en México es resultado del proceso de refuncionalización de las zonas rurales, a partir del cual se busca terminar con la producción campesina de alimentos, para dar paso a actividades económicas que aparentemente usan como principio la sustentabilidad, con la que se pinta de verde el capitalismo y se justifica el proceso de despojo de recursos y expulsión de pobladores rurales originales, argumentando que se les restringe el uso tradicional en pro de la conservación del territorio y los recursos naturales para luego poder pasarlo a manos de inversionistas con grandes capitales. Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) han sido desde hace décadas la solución más cómoda y conveniente para los que abanderan la sustentabilidad forzada y tendenciosa hacia lo ecológico, sin considerar ni respetar los otros dos pilares de la sustentabilidad, lo social y lo económico para las comunidades que restringen. Porque los beneficios sociales y 64
económicos se reservan para los proponentes, promotores y las instancias que se quedan con la administración de las áreas, lo que les resulta un excelente negocio. Peor aún, para proponer una ANP las instituciones se alían con las ONG ambientalistas, los centros de investigación y las instituciones de educación, y hacen oídos sordos a los habitantes y a los usuarios tradicionales cuyo patrimonio queda cercenado. En México, las ANP están localizadas en territorios donde coexisten poblaciones humanas desde hace generaciones, donde existe patrimonio histórico, biocultural y económico de los pobladores históricos, pero se plantean, proponen y decretan como si fueran espacios deshabitados. En su investigación Robles-Zavala, lo describe claramente recalcando que las áreas protegidas no son una entidad aislada, establecida en un vacío, sino al contrario, están incluidas en un entorno ambiental, socio-económico, político e institucional y comunitario. Desde el inicio de la explosión del proteccionismo ambiental y las reservas, algunos investigadores de ciencias sociales comenzaron a observar que existía una combinación de factores que explicaban el aumento de la “preocupación mundial por los espacios silvestres” que surgían de preocupaciones éticas por la pérdida de ecosistemas naturales y de biodiversidad, pero que también estaban incentivados por la creciente disponibilidad de fondos internacionales para la conservación y la posibilidad de generar rentas por actividades que aprovechaban los espacios protegidos, como el turismo en las áreas protegidas. Otros incentivos para establecer ANP fue el transformarlas en armas políticas para las élites dominantes o como un canal para obtener ayuda financiera externa. Con la creación de una estructura internacional con muchos millones de dólares en estímulos, y estudios como el valor económico de los servicios ambientales de los humedales – en dólares internacionales-, se volvió real el riesgo de introducir voluntaria o involuntariamente incentivos perversos, en virtud de los cuales se crearon proyectos, instrumentos o políticas para apa-rentar resolver un problema de forma integral, pero generando en su lugar un problema adicional o empeorando el o los problemas ambientales, socia-les o económicos existentes. La generación de incentivos perversos forjados por el creciente mercado de los negocios verdes, lo ecológico, la conservación, el desarrollo sustentable, los fondos compensatorios para mitigar impactos ambientales y todo el mercado de 65
fondos que surgen alre-dedor, incluye no solo el pago directo a productores o propietarios de territorios, pero también el financiamiento de investigadores, ONGA y agencias gubernamentales que fuerzan instrumentos, territorios y políticas ambientales a cambio del beneficio económico directo o indirecto por su “aportación”, “logro”, “trabajo” o “investigación”. En este escenario de incentivos perversos, las ANP nacieron de las estrategias ambientalistas neoliberales donde los procesos de privatización, comoditización (transformar algo en una cosa con precio), desregulación y reregulación, característicos del neoliberalismo, se manifestaron en el ámbito de la conservación a través de fenómenos como el crecimiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y de investigadores que recibían muchos beneficios a cambio de proponerlas y respaldarlas; la creación de nuevas mercancías in situ y de actividades económicas que sustituían la falta de acceso a los recursos (ecoturismo, pago por servicios ambientales, bioprospección, certificación, productos forestales no maderables); la aportación de capitales a ONGA para la compra de tierra para ponerla al “servicio” de la conservación en áreas naturales privadas; la incorporación de tierras privadas a áreas protegidas propiedad del Estado sin consentimiento de los propietarios; la creación de fondos y fideicomisos privados para la conservación; el establecimiento de productos financieros y la horda de desarrolladores de mercados de carbono que se llevan una parte – a veces enorme – de bonos, acciones, créditos de compensación (offset) - y la disminución de la presencia del Estado en la práctica de la conservación beneficiando a grupos particulares de allegados que se hicieron de los incentivos promovidos por las instituciones, así como su alianza con ONGA, empresas privadas, comunidades e instituciones multilaterales para la ejecución de proyectos de conservación (Igoe y Brockington, 2007). En México, los miembros de las comunidades tenían no solo el enojo del abuso de poder de las autoridades que querían disponer unilateralmente de sus territorios, sin respeto a la posesión histórica que la Nación, represen-tada por el gobierno, les había concedido mediante decreto en algunos casos desde la década de los 1930; la falta de respeto de los promotores por sus legados bioculturales, aunado a la preocupación de la ineficiencia burocrática y la corrupción de las agencias responsables de las ANP, su red de actores “influyentes” y sus verdaderas intenciones. Para esto último solo bastaba revisar algunas fechas en las reservas decretadas 66
en el estado, muchas ANP de la entidad quedaron en un limbo regulatorio al carecer de Programas de Manejo, algunos de los cuales tardaron décadas en construirse, tal fue el caso de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, decretada el 20 de enero de 1986, cuyo Programa de manejo se decretó el 23 de enero de 2015. 29 años después de su decreto; Arrecifes de Sian Ka’an, decretado en 1998, cuyo Programa de Manejo fue decretado en 2011, 13 años después; Isla Contoy, decretada el 02 de febrero de 1998, y su Programa de Manejo el 09 de julio de 2015, 17 años después; Yum Balam, decretada el 06 de junio de 1994, cuyo Programa de Manejo se decretó el 05 de octubre de 2018, 24 años después. ¿Cuál era la urgencia de decretar un área para manejarla, conservarla y protegerla, si tomó casi 30 años, en el caso de Sian Ka’an, crear el instrumento que precisamente permite hacerlo de manera clara, transparente y fundamentada? El Programa de manejo es tan importante en un área natural protegida que los propios decretos establecen un promedio de 6 meses a un año como máximo para la creación y decreto de dicho programa, pero como lo demuestran los casos arriba mencionados, prácticamente ninguna agencia responsable de las ANP lo vieron así, prioritario. La urgencia, pareció ser en todo momento tomar el control del sitio, aunque no se trabajara con reglas, en algunos casos, casi por tres décadas.
Las fallidas ANP, en Quintana Roo El estado de Quintana Roo posee 5’021,200 hectáreas de territorio continental. De esa superficie, el 21% del territorio estatal está incluido en un ANP. Es decir, 2 de cada 10 hectáreas de la superficie estatal están bajo control de alguna autoridad ambiental, principalmente las zonas costeras / turísticas. Esto sin contar con las 6’383,701.59 hectáreas de mar territorial que CONANP, con respaldo de las ONGA como Amigos de Sian Ka’an, A.C., se adjudicó bajo administración en Banco Chinchorro, Arrecifes de Xcalak, de Puerto Morelos, pero sobre todo con la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, que en 2016 colocó como ANP un total de 5’754,055.36 hectáreas de mar territorial frente a la costa de Quintana Roo. Déjenme ser más específica, CONANP colocó como ANP gigantesca TODO el litoral de Quintana Roo, todo lo que no estaba en ANP marina / costera previamente, quedó incluida en esta ANP. 67
Valdría la pena mencionar que resulta increíble que, para establecer y decretar una reserva de este alcance y de este calibre, haya tomado 5 meses (de julio a diciembre de 2016) desde su estudio justificativo hasta su decreto y programa de manejo incluido, y que a pesar de que afectaba una superficie mayor a la de todo el Estado fue presentada y promovida por la CONANP y ejidatarios de la Reserva de Yum Balam, que no se vieron afectados por su decreto porque ellos tenían la reserva de Tiburón Ballena y Yum Balam, pero dieron la validación social para enjaretarle una ANP al resto del litoral hasta el límite con Belice. CONANP podrá decir cumplió con la consulta para opinión pública, que se realizó solo de manera virtual, tal y como se cita en el informe de MarFund, unos cuantos días, y tomando en consideración que afectaba a TODOS los habitantes, usuarios, prestadores de servicios y a todo aquel cuya propiedad colindara con esta reserva y ahora va a tener que pedir su bendición a CONANP para cualquier proyecto o negocio que quiera desarrollar en el área colindante o en el litoral que incluye esa reserva, prácticamente nadie se enteró. La Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, cuya gestión y consulta pública pasó desapercibida para la mayoría de las personas, tiene una superficie marina mayor a toda la superficie terrestre del estado. Lo que quiere decir que ahora CONANP tiene el control y dictamina lo que se puede y no se puede hacer en TODO el litoral de Quintana Roo, cuando le plazca y según sea el caso/cliente. Es casi insultante lo que confirma MARFund en su reporte ¿La justificación? esta ANP tuvo un fast track porque le urgía al gobierno de México, en ese entonces presidido por Enrique Peña Nieto, para hacer el show y tener algo que mostrar en la inauguración de la 13 Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre Diversidad Biológica. Este decreto permitiría la actividad turística en la zona, pero la blindaría contra la exploración y explotación de hidrocarburos. A su vez, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que con el decreto se protegían 37 mil hectáreas de selva y manglares. 5 meses incluyendo la revisión y estructuración del Programa de Manejo y no solo el decreto. La aprobación en 5 meses incluyó un Programa de manejo que deja muchísimas dudas y levanta muchas preocupaciones. Como un ejemplo, establece de manera tajante en su Regla 53. “Queda prohibida la construcción de muelles, espigones, rompeolas, escolleras, embarcaderos, plataformas o cualquier infraestructura, a excepción de arrecifes artificiales; que afecte formaciones coralinas, pastos marinos, dunas o 68
modifique la dinámica costera”, o sea en toda la costa. Las implicaciones de esas líneas son increíblemente complejas. Los procesos y consecuencias de este decreto hiperrápido merecen una investigación y un libro completo. Por contraste, muchas de las áreas naturales protegidas estatales y municipales en Quintana Roo, a la fecha de esta investigación, no contaban con un programa de manejo en su mayoría, es decir el gobierno del estado y el gobierno municipal habían estado decretando áreas naturales protegidas desde 1983 sin tomarle igual importancia a la obligación de generar y decretar el programa de manejo, creando áreas naturales protegidas como una forma de acopiar hectáreas bajo su control, sin reglas escritas, sin zonificación. ES entendible, porque como le pasa a la CONANP, el estado, ahora con el IBANQROO (Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Q. Roo) nunca tiene fondos suficientes para operar adecuadamente sus ANP. Un territorio fértil para el caos y la corrupción. Estas áreas naturales protegidas se establecieron utilizando solo representantes de grupos de las comunidades, en nombre de toda la comunidad; sobreexplotando lo mediático para construirse discursos a la medida, con procedimientos y zonificaciones diseñados a gusto del cliente, para acrecentar prestigio o garantizar obtención de fondos, manipulando la información que proporcionan, maquillando la participación comunitaria como si realmente existiera, e insistiendo que las ANP funcionan, sin dar argumentos sólidos, son solo algunas de las estrategias de los promotores de estas áreas naturales protegidas, cuando los informes nacionales de México a entidades internacionales y comités de expertos no son otra cosa que listados de excusas de porque no se han cumplido compromisos, la inexistencia de parámetros reales de desempeño o su medición objetiva, mientras se siguen decretando más ANP. También está el modelo de Área Destinada Voluntariamente a la Conserva-ción (ADVC), que es una estrategia adicional de generación de áreas prote-gidas en territorios de propiedad privada o social para continuar acumulan-do superficie, que justifique el cumplimiento de los compromisos de país ante la comunidad internacional, con la promesa de beneficiar a los poseedores de los territorios con los mismos beneficios que reciben las reservas, consolidando la gobernanza local y protegiendo la biodiversidad, pero solo contribuyó a la compulsión maniática de 69
CONANP de acumular hectáreas, sin detenerse a verificar que estas nuevas ANP privadas comunitarias se fortalezcan, y creando esquemas nuevos de presión o de incentivos (que parecen mucho a condicionamiento / amenaza) para que los propietarios sociales y privados “se animen” a incluir sus territorios como ADVC. Y como el esfuerzo es acumular hectáreas, mientras la CONANP se apunta más estrellitas a costa de los locales, las ADVC se van sumando a las ANP de papel, con honrosas excepciones gracias a los propietarios, no a la a la tríada. Pero ese es tema de otro documento. Cuando se revisan los decretos estatales y estatales en conjunto, se puede fácilmente determinar cómo opera la tríada en ellos, revisando los elementos en común entre ellos: • La vigilancia y administración está a cargo de alguna de sus instancias en materia ambiental, SEMA o la instancia estatal asignada, en este caso sería el IBANQROO para el estado y SEMARNAT, en este caso CONANP, para la federación. • Los planes o programas de manejo quedan a cargo de la autoridad y alguna ONGA, y se convoca a otras autoridades, investigadores o académicos: NUNCA a las comunidades. • La autoridad queda cargo de autorizar todo tipo de aprovechamiento en el ANP (aunque antes no haya sido de su competencia). • La autoridad estatal o federal a cargo puede hacer “convenios” con terceros que desarrollen actividades dentro del ANP incluyendo administración o aprovechamiento (y generalmente esto significa otorgarse concesiones entre actores de la tríada). • Todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizar dentro del área natural protegida, o en su zona de influencia, deberá contar con la autorización de las instancias “administradoras” de las áreas y deberá estar en congruencia con los lineamientos que establezca el Programa de Manejo que, como mencionamos anteriormente, puede tomar más de 20 a 30 años en decretarse, lo cual somete a las poblaciones locales y otros actores, fuera de la tríada, que deseen intervenir en el territorio, a un vacío legal y merced de este grupo, por décadas. Cuándo se analiza a detalle la superficie del territorio Estatal en áreas naturales protegidas ya sea de administración federal o estatal, podemos darnos cuenta que poco más del 70% de la superficie es más administrada, 70
manejada y controlada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un total de 7,140,318.63 hectáreas o 71,403.1863 km2, equivalente a la suma de las superficies de los estados de Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Colima, Aguascalientes, Tlaxcala y la Ciudad de México, que debe ser administrada, vigilada y gestionada (en teoría articulada a las acciones y políticas de otros sectores) por la CONANP de Quintana Roo, que cuenta con un número limitado de personal, entre 50 y 200 personas, con infraestructura y equipamiento deficiente, y siempre sin dinero para operar. ¿Por qué decimos que siempre está quebrada? Porque en los informes como Ramsar la respuesta a la pregunta ¿Qué necesita?, siempre es “Dinero”. El estado tiene el mismo problema con aún menos personal es responsable de la gestión integral de 312,860.61 hectáreas. Este último punto es clave, cuando se quiere entender ¿por qué tanta insistencia en decretar un ANP en Bacalar? De manera simplista los seguidores de la tríada tienden a considerar la reacción de oposición al decreto del ANP en el cuerpo lagunar de Bacalar como “ignorancia” de parte de los habitantes y usuarios históricos, pero desconocen que el asunto clave no es el decreto del ANP, ni la protección, ni la conservación. La clave de imponer un ANP es el darle “jugada” al estado o federación en la autorización de proyectos en el ANP y en la zona de influencia. El ANP es clave porque le da poder y control a la tríada para lograr sus objetivos materialistas, mientras simulan conservar o proteger. Realmente lo que se promueve es “salvar a la naturaleza para negociar con ella”. Los defensores podrían argumentar que establecer el ANP es algo positivo porque evitaría los impactos ambientales negativos, pero olvidan que ya existen regulaciones para evitar eso, que ya hay instrumentos de planeación y regulación y que, en el caso de Bacalar, el municipio no ha cumplido con su obligación de crear los instrumentos clave para regular el desarrollo urbano: como el Programa de Desarrollo Urbano y los reglamentos de construcción o reglamentos clave para actividades económicas en su ámbito de actuación. Dado que es precisamente el municipio quien tiene la responsabilidad directa del área urbana, colindante con la Laguna. Las ANP en Quintana Roo ¿han servido para detener la contaminación? No lo parece, como ejemplo Sánchez et al (2013) al realizar un estudio sobre el contenido de isótopos estables de Nitrógeno producto de 71
actividades antropogénicas en varios cuerpos de agua en Thalassia testudinum, un alga muy común en todas las zonas costeras del estado, no solo encontraron, como era de esperarse, este componente en las muestras que ya sabemos se encuentra afectadas por contaminación de descargas de aguas residuales como la Laguna Nichupté, en Cancún; también encontraron que: “… La Reserva Yum Balam y la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an mostraron valores d15N más altos, aunque se encuentran en áreas de bajo desarrollo y con la actividad turística restringida…” Pues me van a disculpar los investigadores, que tal vez quisieron matizar el hallazgo, pero Yum Balam y Sian Ka’an, no son simples áreas de bajo desarrollo y con la actividad turística restringida, son Áreas Naturales Protegidas desde hace por lo menos 30 años, como para mostrar este tipo de valores de Nitrógeno. Este hallazgo es especialmente relevante, porque Luisa Falcón ha utilizado el argumento del aumento de Nitrógeno en el agua de la Laguna de Bacalar como una de sus justificaciones para continuar promoviendo el establecimiento del sitio Ramsar, tal y como lo declaró para un periódico, en mayo de 2021 “…Falcón conoce bien la laguna. Llegó por primera vez en 2004 a hacer una tesis de maestría. Entonces, el nivel de nitrógeno en el agua cristalina era tan bajo que no podía detectarse en sus medidores. Desde entonces ha viajado tres veces por año para seguir el monitoreo y ha comprobado el crecimiento drástico y acelerado de sustancias en el agua. “Llevamos años diciendo que los niveles de nitrógeno y fósforo están aumentando”, expresa indignada. “Solicite la ANP en 2017, pero necesitaba el consenso social de la comunidad de Bacalar. Trabajamos esa propuesta durante años y no prosperó, nunca salió de las oficinas porque no quieren un estatus de protección para la laguna”, añade. Con todo, no se rinde. Hay en marcha una solicitud para que la laguna se sume a los 142 parajes designados como Humedales de Importancia Internacional (sitios Ramsar) en México. Pero Falcón teme que el compromiso de conservación llegue tarde al ritmo de deterioro del ecosistema…” Más adelante, en el tomo III presentamos “El discurso cambiante de Luisa Falcón” donde analizamos, con la metodología del análisis del discurso y más de cerca, con las propias declaraciones mediáticas como ha ido cambiando su estrategia mediática, en las que medios de comunicación tan prestigiosos como El País®, la BBC® y El New York Times®, han caído en 72
la trampa de no verificación de fuentes o de no realizar una verdadera investigación crítica, en aras de participarse de un discurso y escandalo amarillista con las mismas fuentes que tienen conflictos de intereses poderosos. Si, como veremos más adelante, muchas – la mayoría - de las ANP fueron decretadas sin que la comunidad participara o se enterara, o mediante manipulación de la información y procesos de “participación” simulados, que muchas de las ANP no cuentan con programa de manejo, que no se ha detenido la contaminación, ni el desarrollo urbano descontrolado, ni la extracción ilegal de recursos naturales, y si se ha privilegiado a terceros para hacer uso de los sitios, se ha validado el despojo e incluso incentivado, para limitar el acceso de locales a lugares prístinos, para contar con sitios exclusivos que puedan poner a la orden del mejor postor (el gran capital), o donde pueden realizar sus investigaciones (sus laboratorios naturales exclusivos in situ), condicionar el acceso a quien lo pueda pagar, para que los “disfruten” los turistas, y luego reestructurar los instrumentos para ajustarse al cliente, es muy claro el objetivo de los promotores de las reservas por tener el control de una manera disimulada. Reserva de la biósfera de Sian Ka’an ¿Qué son las Reservas de la Biósfera? El Programa MAB-UNESCO las describe como “espacios de aprendizaje para el desarrollo sostenible”. Establece que son lugares destinados a probar enfoques interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e interacciones de los sistemas sociales y ecológicos, como laboratorios gigantes, donde se supone que los investigadores pueden entender la prevención de conflictos y la ordenación de la biodiversidad. UNESCO supone que estas reservas funcionan como laboratorios donde se pueden “ofrecen “soluciones locales a problemas mundiales. Estas reservas se candidatean por los gobiernos, y se validan y reconocen por la comunidad internacional. La página del Programa de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) describe el Programa el Hombre y la Biósfera del Programa (MAB- UNESCO) como una iniciativa científica intergubernamental destinada a establecer una base científica con objeto de mejorar la relación entre los seres humanos y el medio ambiente. Pero el MAB se enfoca en las ciencias exactas y naturales para supuestamente mejorar los medios de subsistencia de las personas y preservar ecosistemas naturales 73
u ordenados, promoviendo de esta manera planteamientos supuestamente innovadores del desarrollo económico que sean adecuados desde el punto de vista social y cultural y sostenible desde la óptica medioambiental. No obstante, se queda miope de alcance debido a su enfoque científico de un solo lado de las ciencias (exactas y biológicas) que son las que mantienen su hegemonía en el sistema de declaratorias de ANP, por lo que a todas luces es solo una iniciativa de autovalidación. Esto es relevante porque han sido los científicos sociales quienes durante las últimas décadas han estado levantando la voz para denunciar las consecuencias nefastas de la imposición de este tipo de mecanismos ambientalistas neoliberales, no solo sobre las poblaciones humanas, sino sobre los propios ecosistemas y el patrimonio biocultural. Pero la tríada tiene su fiesta privada, y como les sucede a los habitantes locales y usuarios históricos de los territorios, los científicos sociales tampoco están invitados. En este punto no es de extrañar que, a principios de la década de 1980, un equipo de investigadores del Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQROO) y personal enviado de la Ciudad de México, integrantes de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) llevara a cabo extensas investigaciones preliminares sobre la región oriental de Quintana Roo y que esas investigaciones terminaran en un decreto de ANP. Los investigadores estudiaron los aspectos biológicos y ecológicos de la zona, sus hábitats, geología, climatología y vida silvestre con el fin de argumentar el alto nivel de diversidad de su ecosistema. También estudiaron las actividades productivas de las poblaciones locales, incluyendo la etnobotánica y la caza. La investigación fue financiada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y por el Consejo Nacional Mexicano de Ciencia y la Tecnología (CONACYT); los hallazgos fueron publicados en 1983 y fundamentaron la creación de la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an fue establecida por decreto presidencial en 1986. Esto su sucedió exactamente cuándo G. Halffter, el creador y principal promotor del concepto mexicano de Reservas de la Biósfera, era director adjunto de Desarrollo Científico de CONACYT (1982-1986) y estaba en el proceso de ganarse los méritos para ser nombrado presidente del Consejo Internacional del Programa MABUNESCO (1984-1986).
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El decreto de Sian Ka’an, contó con el respaldo del Gobernador de Quintana Roo, en esa época, Pedro Joaquín Coldwell, y el respaldo técnico del Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQROO) de donde G. Halftter se volvió Miembro del Consejo Técnico (1986-1995). La Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an se convirtió en bandera del modelo mexicano de reservas y entonces comenzaron a llegar recursos para cumplir el objetivo de investigación de dichos modelos. Dado que la administración, el organismo rector de la reserva, se asignó a CIQROO (que luego se volvería ECOSUR), cerca del 70% del presupuesto de investigación de esta institución durante ese período estaba destinado a proyectos en Sian Ka’an, y muchos de estos proyectos se realizaban en cooperación con instituciones y fondos internacionales. CIQROO (bajo el seguimiento y con respaldo de Halffter), junto con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y del gobierno estatal crearon un Consejo de Represen-tantes, que fue establecido en 1986, pero que dejó de funcionar en 1988. Esto se debió a una ruptura entre SEDUE y CIQROO por aspectos de administración y enfoque de ambas instancias. Después del decreto de Sian Ka’an en 1986 y su incorporación a la red MAB-UNESCO, la SEDUE, nombró a uno de sus subdirectores de la ciudad de México, el biólogo Juan José Consejo, como director de la reserva. No obstante, los recursos eran para operar a través de CIQROO y al cabo de unos cuantos meses, surgieron diferencias con el director del CIQROO sobre el enfoque y la gobernabilidad de la reserva; estas diferencias finalmente irreconciliables polarizaron a las instancias que estaban involucradas en el concejo de Sian Ka’an y finalmente resultaron en una ruptura entre ambas instituciones. Este conflicto creó incertidumbre entre fundaciones y organizaciones internacionales las cuales optaron por apoyar a la recién creada asociación civil Amigos de Sian Ka’an (ASK), una organización creada por personajes destacados de la política y los empresarios de Cancún, todos personajes influyentes, muy influyentes, involucrados en negocios inmobiliarios, hoteleros, restauranteros, algunos políticos y socialités. La reserva se decretó el 20 de enero de 1986, para el 5 de junio de ese año se constituía Amigos de Sian Ka’an. Lo cual fue muy conveniente. ASK tomó el liderazgo en la instrumentación de proyectos alternativos en Sian Ka’an. El consejo de la reserva fue reinstaurado con la participación 75
de grupos de interés en 1994, que más tarde incluiría a representantes de comunidades del área de influencia de la reserva, pero consideremos el tipo de participación ciudadana el modelo de participación de los miembros de las comunidades se quedó en un como consulta o a lo más como un mecanismo de aplacamiento, porque desde la composición de dichos consejos, la base de la información para la toma de decisiones y la decisión última estaba en poder de las autoridades y científicos de ciencias naturales y exactas (y sus grupos de interés). La reserva de la Biósfera de Sian Ka’an está localizada en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, en Quintana Roo, comprende un polígono de 652 mil 192 hectáreas declarado como reserva en 1986, y unos años después declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y Sitio Natural Patrimonio de la Humanidad. Es una de las zonas beneficiarias del Fondo para ANP y del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial entre muchas otras fuentes de financiamiento, cuyos fondos se “bajan” a través de ONGA y Centros de investigación. Si bien el gobierno, los académicos y las organizaciones ambientalistas consideran esto un triunfo, porque al fin y al cabo ellos son los beneficiarios: La Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, fundada en 1986, en Quintana Roo, es un buen ejemplo de un área natural bien gestionada basada en la participación local. Lane Simonian, Defending the Land of the Jaguar (1995)
Contrasta con la percepción de las comunidades de pueblos originarios que fueron desplazadas con el decreto: El presidente de la República estableció a Sian Ka'an y nos quitaron parte de nuestra tierra del ejido sin preguntarnos. Tampoco nos compensaron porque afirmaron que era territorio federal. Esteban Poot, residente de Chumpón (entrevista personal) (MartínezReyes, 2016)
En su investigación Martínez-Reyes expone que, desde el establecimiento de la reserva de la biosfera, pero particularmente entre 1993 y 2006, todos los nuevos proyectos parecían estar titulados "Aprovechamiento", ya sea que el recurso fuera miel, madera u orquídeas. Estas iniciativas y programas 76
surgieron de una perspectiva que a menudo entraba en conflicto con la ecología moral maya, y en el caso documentado del Ejido Tres Reyes, su implementación engendró un choque de puntos de vista basado en la condición de colonialidad de la naturaleza. En 2009, después de tres décadas de colaboración con varias ONGA (Organizaciones no gubernamentales ambientalistas) y agencias mexicanas de recursos naturales en proyectos de conservación, la comunidad ya había tenido suficiente. Un líder le comentó al autor que “Tuvieron que echar a todas las ONG de ahí. No querían saber más sobre la conservación". ¿Qué impulsaría la drástica decisión de la comunidad de declarar colectivamente la independencia de las ONG y de la intervención del Estado? Desde el punto de vista de la comunidad, la decisión no tuvo nada que ver con estar en contra de la conservación o la protección de los ecosistemas. Más bien, se percibía que el amplio tiempo y esfuerzo que el pueblo de Tres Reyes había dedicado a trabajar en iniciativas con diferentes ONGA había dado lugar a pocos beneficios para la comunidad, ya que la burocracia gubernamental, los organismos ambientales y las ONG impulsaron la implementación de proyectos ineficaces que fueran participativos en nombre y no en efecto”. Los habitantes locales que luchan en Bacalar llegaron, entre otras, a la misma conclusión. Las ONGA, autodenominadas representantes de la comunidad, se beneficia-ron y continúan beneficiándose de este rol auto validado por ellos y otros miembros de la tríada, al tiempo que justifican de los recursos que los financiadores canalizan a las comunidades, a través de ellos por ser “representantes” de la sociedad. El estudio de Martínez-Reyes realiza muestra como actuaron en Tres Reyes dos ONGA: la ONGA “institucionalizada”: Amigos de Sian Ka’an y una ONGA “localizada”: U yol Ché (que de hecho fue creada por exempleados de Amigos de Sian Ka’an – más de lo mismo, pero más chiquito). Su estudio expone las debilidades de los proyectos y cómo finalmente fracasaron. Creo que llega un punto donde la comunidad se da cuenta que tres letreros espectaculares y dos talleres de educación ambiental no requieren un millón de pesos… que recibe la ONGA. Esta situación se repite una y otra vez con los fondos manejados por ONGA, en la mayor parte de las comunidades localizadas en áreas de ANP o en su zona de influencia. Proyectos cuya visión es una mezcla de paternalismo y condescendencia hacia las poblaciones locales, que despojadas y sometidas al control de sus 77
territorios “por el bien de la naturaleza y de su propio futuro”, “en nombre del bien común”, son “compensados” con subsidios puntuales miserables para aplacarlos, darles la sensación de progreso a su nivel, porque los grupos de poder consideran que los locales no pueden ir más allá de ser artesanos, acopiadores, guías o lancheros, por lo que los proyectos son solo una forma de simular que se les incluye en desarrollo sustentable, pero quien se lleva el negocio son las ONGA. En su investigación Martínez-Reyes menciona que cuando se creó la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, los proponentes (la tríada) pidieron permiso al presidente municipal, así como de los propietarios de los lotes privados a lo largo de la costa de Sian Ka'an, pero no a las comunidades mayas locales, esto generó diversas reacciones que iban desde la resignación, la rabia hasta la incredulidad entre los estas poblaciones de habitantes y usuarios originales. Esto motivó que las poblaciones locales se involucraran en una lucha de más de tres décadas intentando recuperar no solo los territorios que les pertenecieron por generaciones, pero el acceso a la zona costera, ya que el decreto de Sian Ka’an despojó al municipio de Felipe Carrillo Puerto – donde se ubican estas poblaciones en lucha – del acceso a toda su zona costera, a lo largo de 280 km. Es interesante que, en el decreto de la reserva, publicado el 20 de enero de 1986 se haya estipulado “…Que de los estudios e investigaciones que se refiere el considerando octavo, se determinó que se requiere de una superficie total de 528,147-66-80 Has. Esta superficie está integrada por terrenos nacionales que la Secretaría de la Reforma Agraria, por considerarlo de interés público, ha reservado para el establecimiento de la "Reserva de la Biósfera "Sian Ka'an" en los términos y condiciones que prevé este Decreto…” pero en el ARTICULO DECIMOSEXTO del mismo decreto se contradice estableciendo que.- “…Los ejidos y comunidades establecidos en la superficie que comprende la "Reserva de la Biosfera "Sian Ka’an estarán obligados a la conservación y cuidado del área conforme las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 de la Ley Federal de Reforma Agraria…” Lo que los ejidos y las comunidades mayas han venido diciendo desde entonces: donde establecieron la reserva habían estado territorios de ejidos y comunidades de manera ancestral, y nadie les pidió opinión, mucho menos permiso. Si tomamos en consideración que el litoral de Quintana Roo comprende 1,157 km de costa (INEGI, 2010), Sian Ka’an “reservó” no solo el territorio 78
de comunidades y ejidos, pero el 100% de la costa de un municipio, que a la vez era el 24% del litoral Quintanarroense; 24% del litoral colindante con el Mar Caribe, para privilegio de algunos miembros de la tríada y aquellos que pudieran pagar el precio del ambientalismo neoliberal para estos paisajes aislados por ley, prístinos y hermosos. Regresando al decreto de Sian Ka’an, casi de inmediato las ONGA comenzaron a traer proyectos de “desarrollo sustentable”. MartínezReyes expone que, a pesar del entusiasmo de los proyectos iniciales, había un sentimiento compartido entre los residentes: Que después de despojarlos, el gobierno y las ONGA llegaban ofreciendo proyectos, los cuales casi nunca se concretaban, y de nuevo, regresaban con más proyectos tan rápido como descartaban los que habían propuesto previamente. Llegaban y hacían sus propuestas para mejorar la agricultura, la apicultura, el aprovechamiento de madera, etc. pero los mayas locales no vieron los beneficios de estos proyectos. Y cuando los fondos se agotaban, a menudo antes de que se materializaran los resultados, las ONGA abandonaban las comunidades. “…Esta es la experiencia que la comunidad de Tres Reyes tuvo con Amigos de Sian Ka'an, la ONGA que fue en gran parte responsable de abogar e impulsar la creación de la reserva, y el por qué no querían trabajar con ellos al final. Consideraban que los ONGA sólo querían el dinero que recibían de las agencias de financiamiento y que pasaban de una comunidad a otra, iniciando proyectos en busca de fondos y sin dar seguimiento a sus actividades anteriores. U Yool Ché fue creado como consecuencia de este problema: sus miembros, una vez miembros de Amigos, rompieron lazos con ellos porque querían hacer un seguimiento de los proyectos de desarrollo incluso cuando no había más fondos con la esperanza de que eventualmente pudieran obtener más en el futuro para continuar su trabajo. Otras organizaciones como la UNAM y organizaciones “de gringos” también llegaron con proyectos que terminaron abandonando. Los primeros para plantación, pero el proyecto se abandonó. Los “gringos” llegaron para demostrar uso de pesticidas para sus cultivos, pero los mayas evitaron usarlos porque “los insectos y animales se volvían más fuertes y resistentes a ellos. La abrumadora sabiduría compartida fue que la mayoría de los proyectos de desarrollo carecían de resultados positivos y dio lugar a que la comunidad se volviera cada vez más escéptica sobre las intenciones de los fuereños…” 79
De los casos descritos por Martínez-Reyes en Sian Ka’an y Galván, en Cuatrociénegas – ver ¿Qué le pasó al Valle de Cuatrociénegas en los noventa?, se muestra como las ONGA institucionalizadas (y, en muchos casos, los académicos e investigadores) se especializan en hacer proyectos y gestionar donaciones internacionales y nacionales, para asegurarse prestigio, fondos o posiciones, pero no trabajan con los pobladores locales. Como cita Igoe, J. (2010) “…Esto es resultado del crecimiento de la “industria de la naturaleza”, que se apoya en “el espectáculo” de promover la conservación, y estar desconectadas de lo local…” Otros investigadores que dilucidaron el fenómeno de la acumulación del capital para el turismo a través del despojo realizado con el decreto de esta ANP, exponen el papel del turismo y las ANP como facilitadoras del despojo, el cual no se reduce a quitar la posesión de algo en específico, sino que se da mediante un proceso de acumulación de bienes comunes para convertirlos en propiedad privada. Explican como las ANP truncan el derecho al acceso a las áreas de mayor valor para la comunidad y la reservan para quien tenga el capital. Como les pasó a los pueblos mayas de Sian Ka’an. Toman estas áreas y sus recursos y paisajes y los monetizan. Mientras las comunidades que quedan desposeídas y desplazadas, y no les queda más que trabajar para el gran capital, no les queda más que migrar a los polos turísticos. La Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an y la injustica cometida contra los pueblos originarios mayas con el establecimiento del ANP en 1986, merece un libro completo.
Sistema Lagunar Chacmochuch El Sistema Lagunar Chacmochuch, que es una ANP estatal decretada en 1999, ubicado en la zona continental de Isla Mujeres, al norte del estado, viene padeciendo de impactos negativos, por falta de un PDU en la zona colindante a la reserva. El hecho de que sea un ANP desde hace 22 años, no ha detenido el desarrollo desequilibrado en toda su zona de influencia y en el mismo sistema. Incluso es parte de un POET (Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial), pero este fue modificado en varias ocasiones incrementando las hectáreas de aprovechamiento. Originalmente el documento establecía que se podían explotar 2 mil 293 hectáreas debido a la fragilidad del ecosistema, pero actualmente se 80
contemplan nueve mil hectáreas y aumentaron el número de cuartos de hotel al pasar de 19 mil a 22 mil, tal y como lo denuncian grupos locales. En su decreto, específicamente en el Artículo Octavo establece “…Todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizar dentro del área natural protegida, o en su zona de influencia, deberá contar con la autorización del Gobierno del Estado y de los Municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, y deberá estar en congruencia con los lineamientos que establezca el Programa de Manejo…” Pero la conservación de su calidad ambiental y escénica se continúa perdiendo, la contaminación y la presión sobre el ecosistema no se ha detenido, y el fundamento que dio origen a su decreto solo quedó en papel como se muestra en la nota de 2015 el Desmedido auge hotelero, alerta la Conabio. Agoniza sistema lagunar en Cancún-Isla mujeres, donde de acuerdo a la CONABIO (Comisión nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad) los problemas están documentados, son considerables y llevan años sin resolverse ante la falta de vigilancia de la autoridad ambiental, en este caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Hay contaminación por lixiviados y residuos, aún a cinco años de cerrarse el basurero de la zona continental, los fluidos contaminantes aún escurren desde las montañas de basura y van a dar al agua. En la zona d influencia se autorizaron 27 mil cuartos de hotel en un área de mil 125 hectáreas, el megaproyecto de Ciudad Mujeres, donde aparecen nombres de empresarios como Carlos Hank Rhon. Esta es la situación del nuevo Cancún, a costa de la reserva de la laguna Chacmochuch, castigada por la depredación…” Otras notas indican que, cinco años después la cosa no había mejorado, la nota de 2020 titulada Grave contaminación de laguna Chacmochuch. El hotel «Villas del Palmar» de Punta Sam vierte aguas residuales a los cuerpos de agua, Antiguo relleno sanitario está generando grave contaminación en la laguna Chacmochuch, denuncian ambientalistas, ante la ausencia de las autoridades, los grupos de vigilancia ambiental impulsados de entre las propias comunidades alrededor del sitio hicieron denuncias, que las autoridades ignoraron. Señalaron a la administración de Paul Carrillo, la falta de mantenimiento del relleno sanitario sin que las denuncias que han realizado hubieran sido atendidas por la PROFEPA o la Procuraduría de Protección Ambiental (PPA). Denunciaron la tala de mangle para construir puestos de venta de mariscos y pescados, y lo único que las autoridades 81
hicieron fue “lavarse las manos” y cobrar “mochadas” de fiscalización y salubridad. También hay estudios científicos que corroboran esta situación, un estudio de contaminantes en pastos acuáticos encontró evidencias de deterioro ambiental del área de estudio, probablemente debido a la cantidad de nutrientes que estaba cambiando las condiciones de la laguna. Este sistema ya tenía entre 16 y 21 años de ser un ANP cuando estas notas y estudios fueron realizados. El ANP no ha contribuido a frenar el deterioro del mismo, ni siquiera cuenta con un programa de manejo, 22 años después de su decreto. Chacmochuch NO necesitaba un ANP, necesitaba un PDU operante, refor-zar y mantener actualizada la normatividad en materia de desarrollo y medio ambiente, combatir la corrupción, necesitaba un manejo integrado, real de su CUENCA, no solo del humedal que es la reserva. No se trataba de dejar una isla de área sin construcción, se trataba de articular el desarrollo alrededor, de reducir los riesgos inherentes a ecosistemas interconectados y lo único que se logró ha sido ir dejando una isla de pasto acuático en el cuerpo de agua riquísimo en nutrientes de lixiviados, desarrollos y escurrimientos superficiales de las áreas de influencia, donde la autoridad no ha puesto orden y solo se ocupó de crear un decreto para tener opinión y control sobre el desarrollo alrededor del cuerpo de agua, no para regularlo, sino para negociar con los promoventes, con otras autoridades. Corrupción. “Salvar a la naturaleza para negociar con ella”, no significa en ninguno de estos casos salvarla realmente. Solo significa que la tríada debe simular que la salva con un ANP, consigue obtener beneficios y luego la deja morir lentamente porque no se resolvió realmente el problema de fondo, solo se simuló. Mientras esta misma agonía la continúan utilizando para capitalizar más apoyos, sin que nadie cuestione por qué su propuesta y promesas, que dieron pie al ANP, no resultaron…y las pruebas saltan a la vista.
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Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté Esta ANP se estableció mediante decreto federal publicado el 26 de febrero de 2008, supuestamente para combatir su muy grave problema de contaminación, manifestado en un documento científico de 2007, que fue utilizado entre otros como justificación pública para decretar la reserva. El documento se titulaba: Contaminación ambiental del sistema lagunar de Nichupté (Cancún ‐ México) ¿y se resolvió? No, el problema sigue siendo gravísimo como lo demuestran los encabezados de muchas notas: Laguna Nichupté se encuentra en riesgo por metales tóxicos, Por su contaminación, la Laguna Nichupté podría dejar de ser un área natural protegida, Contaminación mata Laguna Nichupté, Hidrodinámica y transporte de contaminantes y sedimentos en el sistema Lagunar Nichupté - Bojórquez, Quintana Roo, México(CQ063). En su estudio, Romero-Sierra, et al (2018), reconocen que el ANP no ha servido para evitar dichos impactos establecen que los cambios en la estructura geomorfológica se debieron al desarrollo hotelero y residencial, y era necesaria una evaluación de la calidad ambiental de larga duración. Los resultados pusieron de relieve la necesidad de establecer medidas urgentes para su recuperación y protección, ya que la presión con los nuevos desarrollos estaba aumentando. Incluso si el manglar del Sistema Laguna Nichupté estaba dentro de un Área Natural Protegida, el plan de manejo debía mejorar y proteger las masas de agua con medidas más fuertes. El que tenga 13 años de haber sido decretada como reserva no ha evitado en el sistema lagunar las descargas de aguas residuales, que se han ido incrementando a través de los años, dando como consecuencia un desequilibrio químico y la presencia de microorganismos patógenos, lo que potencialmente representa un problema ecológico y de salud humana ¿De qué sirvió que se estableciera el ANP? En su investigación, Maya & Ferrusca (2014) muestran un escenario preocupante que ha ido repitiéndose a medida que se detonan los centros de desarrollo turístico en la costa caribeña de Quintana Roo. Su investigación analiza el fenómeno de la planeación “que se queda corta”, para los destinos turísticos como Cancún. Planeación que se concibe a corto plazo, visualizando las zonas turísticas y sus necesidades, sin 83
considerar la dotación de servicios que garanticen la calidad de vida de los individuos y familias que se desplazan al sitio, atraídos por la promesa de trabajo y de oportunidades de una mejor calidad de vida para trabajar en esos servicios turísticos. Una visión también neoliberal del turismo. Los planes de desarrollo no consideran que en algún momento los planes y sitios sean rebasados en su capacidad de sostener poblaciones humanas, lo que aunado a una planificación deficiente a largo plazo trae consigo carencias exacerbadas. Exponen que no era suficiente diseñar e implantar la inversión de nuevos proyectos de desarrollo turístico, también era necesario replantear la coexistencia del turismo de alto impacto y la capacidad de carga social y ambiental para no rebasar los límites críticos de sustentabilidad de Cancún y su zona metropolitana. Ya no solo es asegurar que se cumplan los parámetros de sostenibilidad, también es garantizar que la sustentabilidad contribuya a la construcción de una sociedad más justa y equitativa en el presente y para el futuro, en los destinos turísticos como éstos. Nichupté no requería una ANP, requería de una planeación a largo plazo del área de influencia, y combatir la corrupción que permitió el crecimiento desmedido y la simulación de sustentabilidad a su alrededor. Necesitaba reforzar las reglas de operación de APIQROO, que administra la navegación en los cuerpos de agua en Quintana Roo, reforzar la regulación de construcción, de desarrollo urbano del área de influencia, no solo del espejo de agua, del humedal, sino de toda su cuenca, y poner en práctica sanciones para desalentar la contaminación, necesitaba eliminar la corrupción.
Parque Nacional Arrecifes de Xcalak El caso de esta ANP, desde el punto del impacto sobre la comunidad y las consecuencias del establecimiento del ANP, se expone en el artículo periodístico El pueblo que cambió la pesca por el turismo y se arrepintió, donde los pescadores pasaron a percatarse de que el ANP no solo incumplió el compromiso de traer bonanza y desarrollo sustentable, de proteger las oportunidades de desarrollo para los locales que se les había prometido aquellos que les fueron a promover, en este caso la ONGA Amigos de Sian Ka’an, y generar las condiciones para el decreto en 2000. 84
La propuesta de establecimiento del ANP Xcalak provino de la asociación Amigos de Sian Ka’an, quienes como ya mencionaron algunos autores son una ONGA institucionalizada dedicada a promover este tipo de iniciativas publicitando que lo hicieron “a nombre de las comunidades” o “por solicitud de las comunidades”, por las que reciben muchos fondos y premios interna-cionales. Pero estas declaraciones son cuestionables. Para el 2000, se dio inicio al proyecto de desarrollo turístico regional llamado "Costa Maya", impulsado por FONATUR. Este proyecto proponía la detonación de 4 nuevas poblaciones, Nuevo Xcalak, Xahuaxol, Nuevo Mahahual y Pulticub, en el sur del estado, en la región conocida como Costa Maya. La visión era crear un turismo de baja intensidad supuestamente promoviendo el desarrollo sustentable. Planteaba reubicar el poblado de Xcalak, al extremo sur de esta zona, como Nuevo Xcalak. Dos kilómetros al oeste, hacia la zona denominada La Aguada. La Secretaria de la Reforma Agraria autorizó al gobierno del estado de Quintana Roo la cesión de terrenos nacionales donde se construiría la nueva población, lejos de la costa. Estos terrenos serían operados por Fidecaribe (Fideicomiso Caleta Xel-ha y del Caribe) un fideicomiso estatal quien asumió la responsabilidad de integrar – en teoríacomo socios del desarrollo turístico a los propietarios de terrenos, a los inversionistas y al gobierno del estado mediante la asignación de terrenos y el control de las inversiones en Costa Maya. El Capítulo 4 de la tesis de David Tello (2009) denominado “El proceso de gestión del área marina protegida como montaje para la mediación de intereses” relata de manera clara y puntual, cómo el proceso de establecimiento del ANP y las declaraciones mediáticas de Amigos de Sian Ka’an, el gobierno del Estado y los financiadores extranjeros de una reserva hecha “por solicitud de la comunidad”, no sucedió del todo así. Es increíblemente necesario exponer este mito porque se ha seguido repitiendo para justificar la creación de otras ANP supuestamente por “requerimiento de las comunidades”, el que organizaciones como Amigos de Sian Ka’an se colocaran en posiciones clave para canalizar recursos y tomar decisiones, autonombrándose representante de la sociedad y blandiendo el caso de Xcalak como uno de sus mayores logros. Es obligatorio ir paso a paso para asegurarse de que no suceda en otras comunidades, en otras zonas.
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La versión de los promotores gubernamentales, académicos y ONGA (Amigos de Sian Ka’an) de cómo se obtuvo el decreto de la reserva de Xcalak es más o menos así: 1. Se hizo una solicitud expresa de la comunidad para establecer una zona para la conservación 2. Se creó un Comité comunitario con el apoyo de Amigos de Sian Ka’an 3. Se decretó el ANP 4. Todos felices Lo cierto es que ASK llegó, como dijo su entonces director, Juan BezauryCreel, cuando la oportunidad estaba “servida en charola de plata”. ¿Qué estaba sucediendo en Xcalak antes de la reserva? Unos 8 años antes del decreto, en 1992, la cooperativa Andrés Quintana Roo que agrupaba a los pescadores de la comunidad y algunos pescadores del vecino país de Belice, se enfrentaron no solo a una necesidad de tener más cuotas de captura, pero también a una “Nueva Ley de Pesca” y su reglamento, que cancelaba al “sector social” de los derechos exclusivos de pesca de ciertas especies que habían estado reservadas para grupos como ellos. Esto era un riesgo porque el sector privado tenía mayor capacidad de inversión que ellos. Para 1993 además de la presión sobre la pesca, el gobierno estatal comenzó a generar un proyecto de inversión para desarrollar la zona costera sur del caribe mexicano con un proyecto turístico integral (PTI) para el corredor Xcalak- Punta Herrero. Y entonces, como si eso no fuera suficiente, al año siguiente se desapareció la Secretaria de Pesca y se integró a medio ambiente, creándose la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Significaba que a partir de ese momento cualquier asunto a tratar pesca incluía lo ambiental, que ya comenzaba a verse conservacionista y proteccionista (ambientalismo neoliberal). Ese mismo año, en 1994, se publicó el Plan maestro de Costa Maya. Éste era un mega desarrollo turístico que supuestamente era “armonioso con la naturaleza”, pero cuya propuesta era muy similar a la estructura que Cancún y Riviera Maya tuvieron: un litoral disponible a los desarrolladores y “ciudades de servicios” donde meter a los trabajadores de esos centros turísticos, que migraban por carretadas de otras partes del estado y del país para vivir en condiciones paupérrimas a mayoría de las veces. Para la zona se propuso “Nuevo Xcalak”, una ciudad sustentable y de baja 86
densidad, pero FONATUR, que promovía el proyecto, no tenía idea de que significaba el concepto “baja densidad”. Se planteó una población de aproximadamente 160 mil habitantes distribuidos en las 4 poblaciones. El control del proyecto se otorgó a FIDECARIBE, un fideicomiso creado por gobierno del estado para manejarse como inmobiliaria y desarrolladora, que vigilara la legalidad de todo, pero terminó promoviendo el fraccionamiento de lotes, la especulación, el despojo, el caciquismo y los conflictos de tenencia de la tierra, que se agravaron con los precios inflados que alcanzaron los lotes costeros. Mientras esto sucedía, en Banco Chinchorro, que era la zona de pesca de la cooperativa pesquera de Xcalak, se preparaba su designación como una reserva de la biosfera, con la participación de Amigos de Sian Ka’an, y, por lo tanto, toda la dinámica de pesca, permisos y autorizaciones quedó bajo control de “los biólogos”, como llamaban a los funcionarios de SEMARNAP y a los técnicos de Amigos de Sian Ka’an que promovieron esta propuesta. Se reorganizaron las zonas de aprovechamiento, se modificó el acta constitutiva de la cooperativa, se excluyeron a los socios beliceños, se aceptaron pescadores de fuera de la comunidad. Y los jóvenes, viendo la cercanía del turismo, comenzaron a apostarle a esta actividad. En ese momento, descolgándose de Chinchorro, Amigos de Sian Ka’an aprovechó las acciones de planeación de Chinchorro con la cooperativa para llegar a Xcalak. Aprovechando que la cooperativa buscaba asegurar y proteger sus derechos y sitios de pesca, que veían peligrar con el desarrollo turístico que iba a competir por los mismos sitios, con la creciente idea de que el pueblo iba a ser reubicado lejos de la costa para darle a los grandes capitales turísticos la zona costera, fue fácil convencerlos de que un ANP los protegería de cualquier abuso. Lo único que hizo Amigos de Sian Ka’an fue acomodar el discurso de desarrollo sustentable ligado al establecimiento de la ANP, según lo cual el ANP iba a proteger sus actividades económicas históricas, su forma de vida, sus derechos, del impacto negativo que se cernía sobre la comunidad y el arrecife, producto del desarrollo turístico neoliberal que se cernía sobre sus cabezas y amenazaba a su comunidad, la belleza y la riqueza pesquera y de biodiversidad de su arrecife. 87
Con todo eso, la mayor parte de la comunidad no confiaba del todo en los ambientalistas. Como refiere Tello, “…la duda de los pobladores de Xcalak estaba en saber de qué lado estaban los conservacionistas, pues no se estaba seguro de “pa` quién es que chambean los biólogos …”. La forma de proceder de Amigos de Sian Ka’an, como ONGA institucionalizada, en ese caso y en los siguientes decretos en los que estuvo involucrado tiende a generar desconfianza dado que su forma de aproximación aparentemente “bottom up” (de la base hacia arriba) no fue más que una muy bien orquestada simulación y estrategia mediática. La desconfianza surgió desde que los pobladores se encontraron con la noticia de que “habían sido supuestamente ellos los que habían solicitado al gobierno una reserva”, como publicitó ASK, lo cual no era cierto. A diferencia de lo que afirman las publicaciones de Amigos de Sian Ka`an y de la CONANP, el punto de partida de la iniciativa no fue la propuesta de la comunidad materializada en los dos escritos dirigidos al despacho del gobernador del Estado y al Instituto Nacional de Ecología. De acuerdo a algunos pobladores, como describe Tello en su investigación, antes de esas solicitudes ASK “trabajó” a la comunidad de manera manipuladora, de las cuales resultaron las ideas que derivaron en las cartas de la cooperativa y el delegado del pueblo enviaron. De acuerdo a los pobladores locales fue el delegado de la comunidad el primero al que se acercaron “unas personas de México”. Como el delegado era pescador llamó a la cooperativa. Estas personas que llegaron de fuera les hablaron del desarrollo que venía, de los cambios que iban a sucederle a la comunidad y que el quedarse como pescadores los iba a estancar, que los que iban a llegar les iban a robar sus riquezas. Esto causó pánico en la cooperativa y muchas familias de la comunidad…y entonces apareció Amigos de Sian Ka’an. Los entrevistados de Tello, mencionan que en el grupo que vino a hablarles en un principio estaba Juan Bezaury, que él fue quien les habló y recomendó a Amigos de Sian Ka’an. El grupo de personas que llegaron de México para crear pánico y urgencia de crear una reserva en Xcalak, era Amigos de Sian Ka’an, o al menos era el director de esa asociación y otras personas, y de ahí convencieron a la comunidad de dejar entrar a su personal para “ayudarlos”. Amigos de Sian Ka’an llegó a Xcalak aprovechando un financiamiento de USAID, la agencia de financiamiento del gobierno de Estados Unidos, para promover manejo costero, con la Universidad de 88
Rhode Island. Mezclaron el discurso del modelo de manejo costero que traía los fondos, para impulsar el ANP. De ese modo la mezcla de información de una iniciativa de fortalecimiento comunitario, se manejó de forma que justificara el establecimiento de un ANP. Los pobladores fueron representados como comunidad usando a la cooperativa, pero la cooperativa, como figura, no representaba a los pobladores de Xcalak. Para algunos, la petición incorporó solamente los intereses de una fracción de la cooperativa de pescadores: los directivos de la nueva generación. Se consiguió convencer a un grupo reducido que ASK nombró como representantes de la comunidad, sin una verdadera legitimidad y trabajó con ellos para impulsar su discurso de diseño participativo. El comité comunitario fue una historia similar. Amigos de Sian Ka’an llevó a algunos socios de la Cooperativa (no de la comunidad) a visitar la reserva de Hol Chan y la Isla de San Pedro, en Belice donde se les sembró la idea de lo que podían lograr, lo que terminó por convencerlos de organizarse. Entonces, como Tello refiere: “…Pero cuando se integró el Comité comunitario, la comunidad dejó de importar…” Los acuerdos y nuevas reglas para el manejo y decisiones, gestiones, interlocución con otros actores, validaciones y construcciones, con respecto al área natural protegida se construyeron con el comité. Este comité estuvo integrado por representantes por sectores productivos y de servicios locales. Eran cuatro representantes más el personal de apoyo, que servían como vocales y portadores de la información que, por vía suya, era reproducido en el resto de la población local. Fue una “iniciativa del pueblo”, pero el título que llevaba, de protección y manejo, “se les ocurrió a los de amigos de Sian Ka´an”. Posteriormente en 1997 la Universidad de Quintana Roo intervino para “ajustar” la propuesta de la ANP al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Costa Maya, que estaban construyendo como consultores de gobierno. La comunidad se mostró escéptica y reticente a aceptar la modificación de la poligonal que el comité había construido, más si venía desde el exterior, así que el propio rector de la entonces Universidad de Quintana Roo acudió a la comunidad a convencerlos de que el Ordenamiento y el ANP podían integrarse sin ocasionarles algún conflicto no previsto. El rector de la Universidad de Quintana Roo en ese período era Efraín Villanueva Arcos, socio fundador y operador reconocido para el
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sur del estado de la propia ONGA Amigos de Sian Ka’an. Esta promesa, como se ha venido demostrando a lo largo de los años, resultó falsa. En Xcalak, para 2006, los actores locales con mayor fuerza en el poblado eran los miembros de la cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo y la cooperativa turística; no obstante, para esta fecha se observaba una rivalidad entre estos grupos y los pescadores libres, ya que se acusan mutuamente de no respetar las vedas y las áreas asignadas para la pesca dentro de las áreas naturales protegidas (arrecifes de Xcalak y Banco Chinchorro). No obstante, el principal conflicto detectado se dio entre los habitantes locales y los inversionistas extranjeros, así como entre estos dos actores y el Estado, representado en este caso por el Fidecaribe, la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que quedó de manifesto por las denuncias por parte de inversionistas que acusaban de extorsión a Fidecaribe y varios empresarios que se quejan de que se les cobran multas ilegalmente por parte de la SEMARNAT. Los empresarios denunciaron que estas acciones eran una forma de presión o represalias por no ser del agrado o quejarse abiertamente de los miembros de la institución ambientalista (SEMARNAT y/o CONANP), representada localmente por la Dirección de la Reservas de Chinchorro y Arrecifes de Xcalak. El supuesto orden que traen consigo las ANP. La misma ANP que la comunidad había ayudado a construir y que supuestamente iba a contribuir a fortalecer su desarrollo sustentable, según Amigos de Sian Ka’an, la ONGA que la promovió, los hundió. El decreto de ANP no detuvo la contaminación, ni el deterioro del arrecife, ni la deforestación del manglar (Agentes de deforestación de manglar en Mahahual–Xcalak, Quintana Roo, sureste de México*). Xcalak no necesitaba un ANP, necesitaba un PDU, fortalecer las reglas de operación de APIQROO y fortalecer la gobernanza real de la comunidad. En una reciente charla telefónica con un alto funcionario de la SEMARNAT (2021) me comentó: - Estamos lidiando con las broncas de degradación que padece Xcalak, es un desastre. – me dijo - ¿Qué no tiene un ANP que evita todo eso? - pregunté 90
Hubo un silencio al otro lado de la línea telefónica. No hubo respuesta a mi pregunta.
Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos El movimiento para la protección del arrecife de Puerto Morelos fue más como una acción social comunitaria en respuesta a la pérdida de oportunidades de desarrollo económico – no el medio ambiente - por parte de los habitantes locales. Puerto Morelos es un ejemplo claro de la falla en el diseño de políticas ambientales en México que se crean sin considerar las actividades económicas y a las poblaciones que dependen y viven de los sitios y los recursos. En 1995, un grupo de la comunidad sintió amenazado su forma de vida (que era principalmente la pesca) con la migración forzada de prestadores de servicios turísticos que tuvieron que desplazarse desde Isla Mujeres y Cancún, específicamente del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, cuando la creación de Áreas Naturales Protegidas, es decir, las Direcciones de las ANP de CONANP los patearon y excluyeron, como se diría oficialmente, cuando en estos sitios limitó el número de prestadores (la famosa capacidad de carga que se restringe o ensancha dependiendo de la cantidad de dinero que tengas como prestador de servicios), haciendo que los ‘expulsados’ se trasladaran a Puerto Morelos. La falta de sensibilidad y la visión exclusivista de las políticas de creación de ANP que pretendían conservar un sitio, ocasionaron un grave problema en otro, 36 kilómetros al sur. Los pobladores locales solicitaron la creación del ANP e inmediatamente se arrepintieron y exigieron la cancelación de las normas que prohibían el acceso a ciertas zonas, debido a las restricciones impuestas por la zonificación para proteger las zonas de mayor riqueza ecológica. Pero ya no había vuelta atrás. Los intereses que llevan a crear un ANP, aunque se diga que surge desde la comunidad, pueden tener orígenes más oscuros, tal y como ejemplifica Erika Cruz Coria y otros autores en la investigación denominada: “La confronta-ción social por el espacio costero: la configuración de paisajes turísticos en Puerto Morelos, Quintana Roo”. Ella explica que, durante la década de 1990, en el país surgió con mayor fuerza una tendencia generalizada por la supuesta conservación de los recursos naturales, que 91
en Puerto Morelos se materializó a través de la creación de un área natural protegida (ANP), cuyo objetivo aparente fue evitar que agentes externos continuaran deteriorando el recurso, esto sin dejar de mencionar que se estaban aprovechando económicamente del mismo. Pero la realidad revela que la creación de esta ANP se debió, sobre todo, a la presión ejercida por actores que pretendían la generación de recursos económicos, así como el control político y administrativo de los permisos y concesiones para el aprovechamiento turístico del arrecife. Les dijeron que mientras no existiera una institución gubernamental que administrara el recurso, no iba a haber control. Se creó una urgencia por decretar el ANP ¿dónde hemos leído eso antes? ¡Ah si! En las últimas tres reservas que hemos descrito. Pues aquí también les crearon pánico y los empresarios hoteleros y restauranteros vieron amenazado el principal atractivo que generaba la afluencia turística de extranjeros a sus establecimientos, así como también su expansión para ofrecer servicios náuticos. Para la delegación municipal, la explotación ilegal del arrecife representaba una fuga de dinero para el poblado, que bien podría utilizarse para el mejoramiento de la infraestructura turística. Por su parte, el interés de los prestadores de servicios náuticos locales estaba centrado en la defensa de su principal fuente de empleo, cuya demanda estaba siendo acaparada por empresas externas. Los pescadores creyeron que con la creación del ANP sus zonas de pesca serían respetadas e incluso pensaron que tendrían uso exclusivo sobre ellas. Con la creación del parque, el paisaje costero del litoral comenzó a transformarse, de ser un espacio compartido y administrado por quienes históricamente se habían dedicado a la pesca, quedó dividido en varias zonas de aprovechamiento que han causado enfrentamientos entre los actores sociales que las explotan como atractivo turístico El movimiento estuvo liderado por la Delegación municipal en el poblado, los académicos de la UNAM, específicamente del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM quienes fueron los principales impulsores del movimiento debido a sus conocimientos respecto al arrecife y procedimientos para la constitución del Parque Nacional. Durante tres años trabajaron para establecer el ANP, de manera organizada y dirigida por los investigadores de la UNAM y por el delegado del Puerto. Pero, como sucedió en otras poblaciones y en otras ANP, la participación comunitaria 92
se limitó a invitar a participar a los usuarios directos con interés económico en los recursos en cuestión, es decir, solo los náuticos y los pescadores se integraron como si fueran la comunidad. Al resto de la población solo se informaba a través de representantes. A fin de evitar conflictos se manipuló la información hacia los demás sectores de la población, algo muy recurrido por los miembros de la tríada para sus ANP, manifestándoles que el ANP traería beneficio para todos por igual. Una estrategia a todas luces del ambientalismo neoliberal descrito por Zizumbo-Villarreal et al (2012) de manera clara: “…de esta manera se evitó que la gente que no tenía modo de integrarse a alguna cooperativa, debido a falta de recursos, reclamara algo, se les hizo creer que el movimiento era abierto y todos podrían participar, cuando en la realidad se vio que solo un grupo específico podría ser parte de él. Una vez que el ANP fue formalmente decretado, comenzaron los problemas, lo que coincidió con la realización de obras para mejorar la comunidad e incentivar la inversión. Las opiniones de la población se dividieron y expresaron su sentir respecto a que no fueron informados y que sus opiniones no eran representadas...”. Otro ejemplo descrito en la investigación especifica que se dieron diversos choques sociales, porque una parte de la población fue excluida. “…Ejemplo de esto es que, al crearse la cooperativa de náuticos, se abrió una convocatoria para integrarse, sin embargo, solo fue posible para las personas con los recursos económicos para adquirir una lancha o acondicionar las que ya se tenían a los nuevos requerimientos. Esta situación generó en cierta parte de la población el sentimiento de haber sido excluidos…” Para no variar, el contenido del Programa de manejo fue desarrollado por personal de la tríada: Académicos, ONGA y Gobierno: personal del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, del Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín, de El Colegio de la Frontera Sur, de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales de la localidad (Lu'umK'aanab A.C., Yumbalam A.C., Sin Fronteras A.C), así como de autoridades estatales y federales. Con financiamiento del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. La exigencia por parte de la comunidad se convirtió en un movimiento legitimador de la tríada, que termino controlándola, como agentes externos a la comunidad (UNAM y las ONGA), y representantes de 93
organismos institucionales (FMCN, SEMARNAT, CONANP, SEMAR, SHCP, PROFEPA y SAGARPA), y se desviaron los objetivos iniciales, pasando el control de la acción a las instituciones, principalmente el gobierno a través de la CONANP. Dichos cambios se dieron de una manera discreta y paulatina, al grado que actualmente, solo una parte de la población se ha percatado de la pérdida de control sobre el recurso. Puerto Morelos no necesitaba un ANP, necesitaba, de nuevo, un manejo adecuado, operativamente sustentable del paisaje aledaño al cuerpo de agua, de su CUENCA, actualizar el PDU, sus reglamentos de ecología, desarrollo urbano, construcción, una planeación territorial integral que evitara el desplazamiento de personas y familias que perdieron sus oportunidades laborales por la imposición de un ANP en otro sitio, pero sobre todo combatir y sancionar la corrupción de manera efectiva.
Reserva de la Biósfera de Banco Chinchorro En Banco Chinchorro el decreto de ANP les ha traído una serie de conflictos que David M. Hoffman, describió a la perfección en su artículo Conch, Cooperatives, and Conflict: Conservation and Resistance in the Banco Chinchorro Biosphere Reserve (Hoffman, 2014) (Caracol, Cooperativas y Conflicto: Conservación y Resistencia en la Reserva de la Biósfera de Banco Chinchorro). Este autor documentó de manera muy completa los conflictos que la ANP creó (y sigue creando) para los usuarios históricos. Hoffman describe los conflictos de la cooperativa pesquera de Banco Chinchorro con las autoridades de conservación. Primero, las cooperativas estaban siendo aplanadas por la realidad biológica y regulatoria de la pesquería caracol. Ellos habían cumplido reduciendo las cuotas de captura, pero las autoridades no cumplieron con aumentar la vigilancia. En segundo lugar, el régimen de conservación en el Banco no cumplía dos mandatos del modelo de reserva de la biosfera: 1) el apoyo a los medios de vida locales; y 2) la inclusión de los usuarios de recursos en la gestión de la reserva. Los pescadores sentían que se estaba ejerciendo una presión indebida sobre su utilización del caracol, mientras que los pachucheros o pescadores ilegales seguían pasando en gran medida "desapercibidos", "no regulados" y casi nunca eran sancionados. La participación de los pescadores en la toma de decisiones de la reserva también fue mínima en 94
ese momento. Fueron excluidos en gran medida de la toma de decisiones con respecto a las políticas de reserva que se hicieron en la sede de SEMARNAT en la ciudad de Cancún (y más tarde Chetumal). Tras citar un caso de detención y encarcelamiento de un pescador por extracción de caracol para autoconsumo, una parte de su identidad cultural, pero fuera de temporada impuesta por la tríada (ONGA, académicos y gobierno), los miembros de la cooperativa pesquera y la comunidad en general se indignaron por este evento por varias razones. Uno, el pescador no estaba explotando comercialmente caracol. La cantidad que tenía a bordo obviamente no estaba destinada al mercado negro, ya que no habría interés real por parte de los compradores por una cantidad tan pequeña de caracol. Dos, muchas personas citaron que las autoridades pasaban demasiado tiempo detrás de pequeñas infracciones como esta, hechas por pesca-dores cooperativados, sólo para dar escarmientos de ellas. Mientras tanto, los pachucheros tomaban libremente lo que querían justo debajo de las narices o en contubernio con las autoridades, específicamente señalaron a la Dirección de la Reserva. Hubo acusaciones generalizadas de que tanto las autoridades pesqueras como las de conservación estaban recibiendo pagos (la pachocha) para ignorar la continua extracción de caracol destinado al mercado negro. Por último, las tradiciones son difíciles de romper, y la idea de que un pescador cooperativado no pudo regresar a casa desde Chinchorro con caracol para la familia les estalló en la cara de su identidad. Tello (2009), en su estudio sobre Xcalak (la población donde viven los miembros de las cooperativas pesqueras que pescan en Chinchorro) describe el proceso de decreto del ANP de Chinchorro, donde dice que el proceso fue más académico. Los promotores, que fueron Amigos de Sian Ka’an, llegaron a presentarles a los pescadores lo que ya se iba a hacer. No fue una construcción participativa, fue una simulación tokenista. Pasó lo mismo que en Xcalak, crearon pánico y riesgo para su forma de vida y les presentaron el ANP como la única solución. Pero Banco Chinchorro no necesitaba un ANP, necesitaba respaldo real a las cooperativas pesqueras que históricamente se hicieron cargo del área y eran las más interesadas en que el recurso y el ecosistema se conserven. Requería sancionar a los pachucheros (pachocheros), combatir la corrupción. 95
Tulum En su investigación Marín-Marín, et al (2020) describen un escenario atroz de despojo y abuso del estado a favor del capital, contra los ejidatarios del Ejido Pino Suárez, localizado entre la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an y el parque Nacional Arrecifes de Tulum. Se describen las estrategias que las tríadas implementan contra los locales “…Como parte de la necesidad de expansión y reconfiguración del capital ante sus crisis, la intensa búsqueda de zonas para desarrollarlas productivamente ha posibilitado que territorios, antes considerados improductivos, entren en una dinámica de mercantilización, ocasionando problemáticas en torno a la gestión y acceso a los recursos. Así, las diversas formas de valorización, gestión, acceso y control de la naturaleza y el territorio han creado fuertes tensiones entre el Estado, el capital y las poblaciones, ya que los distintos intereses en relación con la naturaleza ocasionan disputas sobre todo entre dos grupos principales: el primero, formado por el Estado y el capital, los cuales funcionan como una compleja red de poder que domina, entre otras formas, a través de la instauración de políticas; mientras que el segundo incluye a los pobladores locales, que son quienes, mayoritariamente, gestionan los recursos, encaminados a su propia subsistencia…” (Marín – Marín, et al, 2020) El ejido Pino Suárez ejemplifica los procesos y los contubernios entre el Estado y el capital económico que protege los intereses de quienes pueden pagar la conservación neoliberal, a partir de la cual se hacen oídos sordos a las disputas y los violentos despojos por parte del Estado y el capital, para la apropiación de los territorios y recursos de las comunidades. “…El entramado de actores que controlan la economía y la política no basta, es necesario también controlar los recursos naturales siguiendo la lógica de acumulación de capital, lo que ha llevado a un imperialismo ecológico…” (Bellamy & Clark, 2004, en Marín-Marín, 2020). Ya desde antes, Arroyo, et al. (2013) analizaban la desarticulación de la visión y el discurso de turismo sustentable con lo que venía sucediendo en la zona litoral de Tulum. Aún con la existencia del ANP y diferentes leyes ambientales, éstos se supeditaban a los objetivos del turismo, sin resolver las problemáticas ambientales como la pérdida de manglar, la contaminación del freático y su sobre explotación de éste por los resorts 96
y los mega desarrollos que se permitieron construir en la zona litoral, así como las problemáticas sociales que han generado un marcado desbalance para favorecer y garantizar la proveeduría de servicios urbanos para los complejos residenciales que albergan a los turistas con alto poder adquisitivo, sin hacer lo mismo para las áreas donde viven las poblaciones locales, que carecen de estos servicios. Tulum es un destino no sostenible. Gustavo Marín Guardado hablando en este sentido, dice: "...pone en evidencia los asuntos turbios del desarrollo turístico y las relaciones entre políticos, empresarios y especuladores de bienes raíces… Empero, no siempre los afectados directos son propietarios privados o comuneros agrarios, sino que en muchas ocasiones se trata de formas de apropiación de reservas naturales o playas, que suelen ser bienes públicos o regidos por leyes federales, en donde se intenta imponer proyectos aún y cuando las leyes ambientales prohíben su construcción, o cuando las sociedades locales están en contra de ciertas formas de desarrollo...” (Turismo, globalización y sociedades locales en la península de Yucatán, México). El escándalo público más reciente sobre este tema deriva del reportaje “Tulum: Tierra de ambiciones” de la periodista Lydia Cacho (2015) En este reportaje documenta "...Desapariciones forzadas, homicidio, persecuciones, amenazas, extorsión... así se consigue despojar de tierras a ejidatarios de la Riviera Maya. Las dinámicas de despojo responden a una guerra abierta entre empresarios corruptores y políticos corruptos, que han tomado a los tribunales agrarios como rehén, corrompiendo jueces en ocasiones. Tulum es un botón de muestra de lo que enfrenta el país: una batalla por desaparecer los ejidos en un contexto de pulverización institucional en el que la ambición empresarial se impone a la ley y a los planes de desarrollo sustentable..." (Tulum, tierra de ambiciones.). Tulum NO necesitaba un ANP, necesitaba fortalecer las capacidades y gobernanza de los locales, del ejido, requería de brindar realmente oportunidades a la población local, fortalecer las instituciones locales, combatir la corrupción.
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Holbox El ANP no impidió, de hecho, se usó a favor de, que intereses económicos ajenos a los ejidatarios los despojaran de su patrimonio (Isla Holbox: Crónica de un despojo); Caballero (2014), reportaba: “…La isla quintanarroense de Holbox es el centro de un conflicto entre ejidatarios y un consorcio que pretende establecer ahí un desarrollo turístico de altos vuelos. Península Maya Developments ha recurrido a jugadas sucias: con engaños se apoderó de la asamblea ejidal y despojó de derechos agrarios y de parcelas a los tenedores originales de la tierra; con violencia evitó que los comuneros se defendieran del saqueo y para rematar acusó a algunos de ellos de delitos ambientales, cuando el complejo hotelero se asentará en un área natural protegida. Y las autoridades no acudieron en auxilio de los holboxeños, sino al contrario…” En su investigación López-Santillán (2014), muestra como Holbox continúa en una espiral de crisis ambiental, a pesar de contar con un ANP, algunas notas periodísticas refuerzan lo investigado: Holbox, el paraíso mexicano amenazado por contaminación y falta de agua, Profepa interviene en Holbox por contaminación de la isla, Holbox, paraíso del Caribe, en riesgo. En su nota periodística de 2017, Darinka Rodríguez hace una extensa investigación sobre cómo funciona la corrupción en torno a los permisos para embarcaciones que la CONANP otorga a los prestadores de servicios en Holbox. Cita: “…Las actividades turísticas derivadas del nado con el tiburón ballena dejaron una derrama de 1.4 millones de dólares tan sólo en 2014, motivo suficiente para que empresas extranjeras compitan contra los prestadores de servicios de la zona, quienes se encuentran en una lucha constante por los permisos otorgados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como el número de turistas que trasladan a la zona protegida… En otro punto de la isla, “Ramón”, que lo mismo ofrece paseos con tiburones ballena o vende llaveros y recuerdos a los paseantes, reconoce que este año el turismo fue mucho más abundante, pero a él cada vez le cuesta más trabajo obtener los permisos de la Conanp, pues acusó que el director de la reserva da preferencia a las empresas más grandes…Cada permiso son 30 mil pesos, además de que tener la lancha como la piden las autoridades sale muy caro. Yo y varios de aquí cada año tenemos que pelearnos los permisos…” 98
“…Ha sido muy evidente el monopolio de compañías allá que tienen unos 30 permisos, lo cual es grave; una misma empresa tiene muchos permisos, es una lástima porque es un recurso. Si tú vas en una lancha de los pescadores, también están en muy buenas condiciones, donde los locales cuidan al tiburón ballena”, comenta Ramírez...” “…Para la temporada 2016 de nado con tiburón ballena, se emitieron 160 permisos para 294 embarcaciones en el área, según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Los permisos otorgados van en constante aumento, pues, de acuerdo a una investigación realizada por el consultor ambiental Carlos Álvarez, en 2009 se otorgaban de 90 a 120 permisos… Ignacio Millán, subprocurador de Recursos Naturales de esta dependencia (PROFEPA), indicó que se tienen registrados 206 permisos, en contradicción con lo señalado por la Conanp, que asegura que son 160…” En el año 2008, una investigación llevada a cabo por TNC (The Nature Conservancy) y CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -Costa Rica-) (Cepeda et al, 2008), justo antes de la declaratoria de área natural protegida en Holbox, identificaba una serie de amenazas, en un análisis FODA; 12 años después del decreto de la reserva de la biosfera tiburón ballena, las amenazas no sólo continúan, sino que han empeorado. La mayoría de las debilidades y amenazas detectadas en ese estudio han sido estudiadas y denunciadas en los últimos años por reporteros e investigadores sociales; como un fenómeno no solo presente, pero creciente. Holbox no necesitaba un ANP, necesitaba un PDU, regulaciones municipales, fortalecimiento de las instituciones municipales encargadas de los servicios públicos, hacer un manejo integral de toda la isla y la cuenca de influencia en tierra, fortalecer la gobernanza de los locales y eliminar la corrupción.
Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal El 24 de octubre de 1996 se decretó la reserva estatal Santuario del Manatí, con una superficie de 277,733.669 hectáreas. Territorios totales o parciales de 5 ejidos, 4 asentamientos humanos: Laguna Guerrero, Raudales, La Fe, Calderas de Barlovento, y un gran número de propiedades privadas y 99
posesiones rurales quedaron dentro del polígono. En el caso de los ejidos Tollocan y Calderas Barlovento, la totalidad de su territorio quedó inmersa en el polígono del ANP. El programa de manejo se decretó el 24 de junio de 2008, 12 años después de la imposición del ANP. Como en los demás casos, esta ANP fue establecida sin consultar a las comunidades propietarias, avalada por la representación de ONGA y grupos cercanos a la tríada, como representantes únicos autodenominados de las comunidades. La prueba es que las comunidades, sobre todo aquellas cuyas parcelas quedaron en las zonas núcleo, han estado luchando por recuperar sus áreas productivas, desde el decreto. En la ficha técnica del ANP, publicada por el IBANQROO (Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo), se afirma que 25 años después de su decreto, este ecosistema binacional (compartido con Belice) no tiene un acuerdo binacional de manejo, pero hay “la intención”. Es decir, tenemos un ANP sin manejo o protección, sin restricciones ambientales en el 15 a 20% del ecosistema, y la zona de influencia, al sur, porque es parte de otro país y ha sido así por 25 años. No existe un análisis del impacto residual y la sinergia de las aportaciones de impactos ambientales provenientes del territorio de Belice, que se agregan a la problemática del sistema, mientras se sigue insistiendo en criminalizar a las comunidades al norte, del lado mexicano, a quienes se les imponen ANP, restricciones, se les priva de sus zonas de parcelas, se les condiciona y acosa, se fomenta la sobrerregulación y la corrupción, mientras se sigue teniendo la intención de hacer un acuerdo de entendimiento tras 25 años de calamidades y de que el ANP no ha servido más que para control de las autoridades para su beneficio, y para obtener fondos para las ONG y académicos. Adicionalmente, en dicha ficha se da por sentado que el sitio se convertirá en un sitio Ramsar. “…Sitio Ramsar: Propuesta para declarar el Corredor Transversal Costero Bahía de Chetumal – Bacalar, la cual se trabaja en coordinación con la UNAM, ECOSUR y los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco…” Lo que se suma a la estrategia de inserción mediática y manipulación de la opinión pública que utilizan también otros miembros de la tríada como el caso de la académica promotora de esta iniciativa, Luisa Falcón, quien, como ya citamos para el caso de estudio de Ramsar, declaró púbicamente en mayo de 2021 (7 años después de que la propuesta de Corredor 100
Transversal Costero Bahía de Chetumal – Bacalar, no progresara) que continúa gestionando un sitio Ramsar para el complejo Bacalar – Bahía de Chetumal, como si tuviera el derecho divino de imponerse sobre el destino de miles de familias y cientos de miles de territorios comunitarios, con el beneplácito de los otros integrantes de la tríada, la admiración sectaria de sus defensores y seguidores y la incredulidad de los locales. Esta es una estrategia clara de cómo funcionan los mecanismos de interacción entre los miembros de la tríada, a través de la ficha técnica del ANP se “valida” la propuesta que construyeron de manera unilateral con los académicos para la opinión pública y ONGA, a pesar de la oposición de las grupos comunitarios (que no son los mismos que la “sociedad civil organizada” de ONGA, que son parte de la tríada) y para demostrar el respaldo y aprobación en caso de consulta de la autoridad nacional y la misma Secretaría de Ramsar, aparentando que existe una aprobación amplia de la población, cuando no es verdad. Otros Aspectos que resalta la ficha técnica del ANP incluyen: La existencia de Estudios y Proyectos que en apariencia parecieran participativos, pero cuando se revisan a fondo las investigaciones son declaraciones difíciles de verificar. Por ejemplo, se declara en la ficha técnica que existe un proyecto de Monitoreo Satelital del Manatí Daniel, con participación comunitaria. Esta última parte de la declaración “con participación comunitaria”, hiciera parecer que las comunidades están participando en el monitoreo satelital, presuponiendo que el proyecto les está dando herramientas y capacidades, empoderándolos tecnológicamente. Cuando uno lee el proyecto de investigación no resulta claro si la participación comunitaria realmente implicó este tipo de empoderamiento o solo se limitó a apoyar la captura de los especímenes o a indicar si se les ha observado en alguna parte del cuerpo de agua. Las menciones de estudios y proyectos son generalizadas, sin proporcionar los datos específicos para corroborar lo dicho. De este modo, investigando para dilucidar sobre el proyecto de monitoreo satelital de manatíes, nos encontramos estudios de 2006 y 2007, que continuaron republicándose hasta 2014, sin saber a ciencia cierta si la mención de IBANQROO, realizada alrededor de 2020 estaba relacionada con estas investigaciones o algunas más recientes, pero no se proporcionaron suficientes datos para corroborar lo declarado. 101
Otras declaraciones de estudios y proyectos incluyeron: Monitoreo de la Calidad del agua. Implementación de la Estrategia de Desarrollo Comunitario. Vigilancia ambiental comunitaria a través de los guardianes comunitarios. Implementación del Programa de Educación Ambiental. Sin especificar períodos, actores, financiamiento o beneficiarios directos e indirectos. Lo que presupone no una herramienta de transparencia, sino más un esquema auto justificativo y mediático para que parezca que algo está sucediendo de manera permanente y con impacto comunitario, pero no es posible verificarlo. También menciona los Proyectos Regionales que se trabajan en el ANP: “… Actualmente somos área prioritaria y elegible dentro del Proyecto Conservación de Recursos Marinos en Centro América fase II, el cual es financiado por el Banco Alemán KfW y administrado por el Fondo SAM (MARFund). Área prioritaria para el proyecto Manejo Integrado de la Cuenca al Arrecife del Sistema Arrecifal Mesoamericano” (MAR2R), el cual fue aprobado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF), ejecutado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) e implementado por WWF…” El proyecto contaba con una junta directiva presidida, en 2017, por Lorenzo de Rosenzweig que era el director ejecutivo del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN) desde 1994 y hasta 2019– que como mencionamos antes, también maneja el FANP (Fondo de Áreas Naturales protegidas). En la declaración del FMCN sobre este proyecto se establecen dos líneas de trabajo: 1) Consolidación de áreas marinas protegidas y 2) Fomentar el bienestar económico y mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Sólo que la ficha de IBANQROO no clarifica que el proyecto terminó en 2019, y en 2021 se publicita como si continuara ejecutándose, sin detallar que el período que abarcó fue de 2014 a 2019; no clarifica que los proyectos se ejecutaron por ONGA, en el caso de México se elegía una ONGA distinta cada año, como el caso de PRONATURA, Península de Yucatán para 2016, por agencias de gobierno o por centros de investigación, y que los fondos para “Fomentar el bienestar económico y mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales”, por cualquiera de los dos subfondos administrados por el FMCN, se utilizaron para capacitación en materia de monitoreo, restauración de corales, buenas prácticas en turismo, gestión de residuos sólidos y líquidos, cambio climático, gestión 102
participativa de AMP, entre otros, pero cuando se leen los informes, dichas acciones y resultados no clarifican como se dio con ellos el fortalecimiento de grupos comunitarios, ni como este tipo de fortalecimiento contribuyó a “fomentar el bienestar económico y mejorar la calidad de vida” de los locales. Los fondos de la parte proporcional para México, del subfondo de Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica, se utilizaron básicamente para equipar laboratorios, construcción de casetas de vigilancia, reuniones, estudios y consultorías, acciones de PROFEPA contra pescadores, decomisos, vigilancia y capacitación. Beneficiarios directos: ONGA, Gobierno y Académicos; la tríada.
Laguna Chichankanab Laguna Chichankanab es un cuerpo de agua ubicado en el ejido Dziuché, al límite del Estado de Quintana Roo y Yucatán, posee una superficie de 25,674.88 hectáreas (Phina, 2021) En marzo de 2018 el comisariado ejidal promovió un amparo contra el gobierno del estado de Quintana Roo porque esta instancia decretó un área natural protegida sin notificación, y mucho menos consentimiento, del ejido, propietario de las tierras legalmente, desde su decreto en 1936 y su ampliación en 1944. El decreto del ANP se publicó el 1 de abril de 2011, cuando faltaban 4 días para que el entonces gobernador Félix González Canto terminara su mandato. El ejido había rechazado la petición del gobierno del estado y de Amigos de Sian Ka’an, para que “donaran” 14,026 hectáreas para crear el ANP estatal, un 54.6% de su superficie ejidal. Así que Amigos de Sian Ka’an y el gobierno del Estado procedieron unilateralmente y decidieron tomárselas por su cuenta. Después de todo, Amigos de Sian Ka’an había tramitado unilateralmente un Sitio Ramsar para esa superficie unos años antes. En su nota, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible narra: “…También administra el ingreso a la Laguna Chichankanab, abierta al público para disfrute de familias locales, al ser el único balneario natural al que tienen acceso; la visitan además habitantes de poblados de Yucatán, como Peto, Tekax y Oxkutzcab. Para lo anterior, el Ejido ofrece servicios turísticos a los visitantes como el uso de palapas, y renta de kayaks y bicicletas. 103
Este cuerpo de agua posee un alto valor ancestral para la comunidad de Dziuché, pues en ella se celebran aún rituales ligados a la cultura maya, como “Las Primicias”, para dar gracias a las deidades por la lluvia y el sol, y renovar los votos con la naturaleza, con la Madre Tierra, en los que participa todo el pueblo, lo cual garantiza la conservación de sus tradiciones, y usos y costumbres. “Es un privilegio tener la laguna. Para cuidarla, tenemos reglas como Ejido, que prohíben las lanchas de motor, para no afectar a la fauna y a los estromatolitos; no se tala un solo árbol a 100 metros de distancia, porque buscamos cuidar, pensando en las siguientes generaciones”, remarca la autoridad ejidal. Los representantes del Comisariado Ejidal subrayaron que detrás de la declaratoria de área natural, existe interés de arrebatarles las tierras y el manejo del sistema lagunar, debido a que existen documentos en los que “mediante juegos de palabras”, les restringen el uso de los recursos dentro del polígono…” A pesar de que esta declaratoria fue a todas luces ilegal, y demuestra de nueva cuenta las estrategias de despojo que realizan los promotores de ANP, también se ejemplifica como se coluden entre ellos para ejercer presión. Para los que se pregunten porqué las comunidades y los locales se ven afectados por los decretos de Áreas Naturales Protegidas, cómo les afecta estos y cómo se controla a una comunidad con un área natural protegida, aunque sus actividades no se encuentren dentro del polígono decretado, se ejemplifica a continuación siguiendo el caso de Dziuché. Después del decreto de ANP pasaron 2 años para que el ejido se percatara de lo que había sucedido, como ellos mismos narran, porque autoridades de SEMA, miembros de Amigos de Sian Ka’an y otras personas llegaron con lancha a recorrer la laguna, supuestamente porque iban a comenzar a ver cómo desarrollarla, un despojo disfrazado, así lo vio la comunidad. A partir de ahí comenzó la resistencia de la comunidad contra la Secretaria de Medio Ambiente del estado y contra Amigos de Sian Ka’an. En ese inter, y después de que el ejido había estado realizando aprovechamiento forestal bajo manejo durante décadas, que contaban con una UMA y habían estado recibiendo pago de servicios ambientales por buenas prácticas de manejo, en 2016 la SEMA les prohibió el aprovechamiento forestal al Ejido (aunque es competencia de la 104
SEMARNAT) mientras no se tuviera el Programa de Manejo del Área Natural Protegida. Cuando se revisa el decreto se observa que este documento establece: • Artículo tercero: La administración, conservación, desarrollo y preservación de los ecosistemas y sus elementos, quedan a cargo de la SEMA. • Artículo cuarto. SEMA y Amigos de Sian Ka’an van a elaborar el Programa de Manejo invitando a Otras dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, asociaciones civiles, centros de investigación e instituciones de educación superior. De nuevo, una fiesta privada donde NO se consideró a los dueños del territorio: el ejido. • Artículo Noveno: SEMA podrá celebrar convenios de concertación para “concesionar la administración del área protegida”. Un despojo simulado en nombre de la Conservación Reclaman los representantes del Comisariado Ejidal, cita el artículo del CCMSS. “…En ese proceso, ¿dónde quedamos nosotros? Lo que vemos es dolo y saña para despojarnos de nuestras tierras y las tierras de nuestros hijos, a beneficios de otros…” Como ya tocamos antes, aquí el gobierno del estado quiso aplicar la de “por el bien común”. Según el artículo de CCMSS “…La Consejería Jurídica del gobierno estatal admitió el acto de autoridad y, posteriormente, lo negó. En lugar de revisar a fondo el caso y admitir los agravios y violaciones fundadas y motivadas, el gobierno del estado argumentó que el decreto atiende a los derechos de “una mayor población” …” Como hemos argumentado anteriormente, para el caso de Ramsar, Amigos de Sian Ka’an ya había incorporado Laguna de Chichankanab como Sitio Ramsar en 2004. Esta ONGA y el gobierno del estado, procedieron a tratar de negociar con el ejido “la donación” de poco más de la mitad de su territorio” en 2005, y cuando el ejido se negó, solo procedieron a decretar un ANP por su cuenta, sin consultar a los propietarios. Si bien la suspensión del decreto de ANP se emitió en 2018, y sentó un precedente, la ficha y el polígono de la Reserva de ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESERVA ESTATAL SISTEMA LAGUNAR CHICHANKANAB continúa apareciendo en la página del IBANQROO y la Bitácora Ambiental de SEMA. 105
Propuesta ANP Bacalar Si bien, en 2014 se detuvo momentáneamente la propuesta de Ramsar para Bacalar, y la laguna ya contaba con una instancia administrativa (APIQROO), los actores de la tríada no quitaron el dedo del renglón y regresaron en 2017 con otra propuesta. Si recordamos la propuesta de sitio Ramsar de 2014, denominada Corredor Transversal Costero Bacalar - Bahía de Chetumal, un polígono de 97,591 hectáreas, propuesto de manera unilateral por Luisa Falcón y ECOSUR, estaba constituido por tres polígonos: 1. 2. 3.
Una zona de humedales, en el centro de la laguna, de 5,499 hectáreas Una zona de 87,092 hectáreas que era el ANP estatal Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal y Una zona de 5,000 hectáreas propuesta por la CONANP que se localizaba sobre el cuerpo de agua de la laguna de Bacalar
De nuevo el Instituto de Ecología de la UNAM y ECOSUR, ahora con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la organización ambientalista Amigos de Sian Ka’an, AC, quienes se aliaron a su vez con legisladores federales del Partido Verde Ecologista de México y funcionarios de SEMARNAT y CONANP, y de nuevo arremetieron tratando de justificar un decreto de un Área Natural Protegida (ANP) competencia de la Federación, a la que denominaron Área de Protección de Flora y Fauna Bacalar (APFFB), la cual contaba con una extensión de 219 mil hectáreas que abarcaba los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco en territorio de 12 ejidos y 18 localidades. En la propuesta de 2017 regresaron los mismos actores, algunos en diferentes instituciones, pero con una propuesta más extensa y agresiva. La propuesta de ANP de 2017, afectaba territorios de los ejidos de Bacalar, Aarón Merino Fernández, Laguna Guerrero, Calderitas, La Península, Úrsulo Galván, Santa Elena, Buenavista, Pedro A. Santos, quienes contaban con superficies de reservas forestales importantes que alcanzan las 11,800 hectáreas aproximadamente, la mayoría con registros ante SEMARNAT y SEMA, con un promedio de 13 Unidades de manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) para la reproducción y aprovechamiento de especies normadas de flora y fauna, ecoturismo, la mayoría de los ejidos contaban con un Ordenamiento Territorial Comunitario, programas de 106
reforestación y sanidad forestal, servicios ambientales, brigadas comunitarias contra incendios forestales, protección y conservación del mangle, todos ellos apoyados con la asistencia de la CONAFOR, SEMARNAT, SAGARPA, INAES (Instituto Nacional de Empresas Sociales) y el Gobierno del Estado. De igual manera existían en ese entonces 27 proyectos de ecoturismo y turismo alternativo de bajo impacto, unos activos y otros suspendidos por falta de apoyos para su operación, más de 12 proyectos de acuacultura, que a partir de la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Othón P. Blanco en el 2015, había permitido que esta actividad tuviera un crecimiento sostenido en la región. Los ejidos de Calderitas, Úrsula Galván, Laguna Guerrero, La Península, Tollocan, Calderas Barlovento, estaba de por sí ya inmersos en el área natural protegida estatal, conocida como Bahía de Chetumal, con la categoría de zona sujeta a conservación ecológica Santuario del Manatí con un total de 281,320 hectáreas ubicadas en su totalidad en el Municipio de Othón P. Blanco, en la que desde su creación en 1999 había sumido a los productores en la necesidad casi obligada de asistencialismo dado que más de 10,000 ha de sus territorios productivos habían sido separados por el decreto del ANP como zona núcleo intocable. Y eso sin considerar los terrenos privados, nacionales y en posesión que quedaron dentro del polígono. Eran prácticamente los mismos actores. En este momento este grupo trabajó la estrategia mediática para la opinión pública de decir que esta iniciativa era parte de solicitudes de grupos ambientalistas y de la sociedad civil organizada. Sin embargo, como lo admitió en una entrevista en 2021, esta iniciativa surgió de la solicitud directa de Luisa Falcón de la UNAM, como ella lo menciona regularmente en algunas notas de prensa, con el apoyo de Alfredo Arellano, entonces secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo, ex director regional de la CONANP. En el estudio de factibilidad para el establecimiento del ANP, realizado por Amigos de Sian Ka’an, se menciona que su elaboración se financió con recursos del Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (FMAN) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que maneja el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), como mencionamos anteriormente, quienes en la página de CONANP se informa se les autorizaron $400,00.00 para llevar a cabo un Estudio previo 107
justificativo para declaratoria de ANP (identificada como RPC Bacalar), Estudio de Tenencia de la Tierra y con fondos propios de Amigos de Sian Ka’an A.C., en colaboración con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo (SEMA) que estaba a cargo de Alfredo Arellano Guillermo. Como mencionamos Alfredo Arellano Guillermo, el secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo que promovió la iniciativa de ANP había sido previamente director regional de la CONANP en el Norte de Quintana Roo, así que estaba muy familiarizado con los mecanismos para establecimiento de áreas naturales protegidas, los financiamientos y los beneficio que podían obtenerse de ellas. Es un personaje controversial sobre el que penden muchas denuncias por corrupción. Cuando las comunidades se reunieron para protestar contra esta iniciativa se hizo claro que NO habían sido consultadas o sus opiniones tomadas en cuenta para incluir, en algunos casos, sus territorios completos dentro de un Área Natural Protegida. De manera repetitiva en todas las propuestas de la tríada para imponer los instrumentos de política ambiental, para justificar acciones como el establecimiento de un sitio Ramsar o un ANP, siempre hay cuatro elementos: 1. Un recuento de recursos naturales o especies que es “urgente” salvar, con declaraciones muy generales sin justificar con datos dichos enunciados. 2. Uno o varios grupos de actores que se criminalizan y señalan como causa. 3. Un peligro inminente, y 4. La mención de que el instrumento es LA MEJOR SOLUCIÓN. Hacían su recuento de cosas que era urgente salvar argumentando que las 219,000 hectáreas eran necesarias porque permitía la presencia de especies emblemáticas y protegidas que estaban en riesgo de supervivencia como los estromatolitos, caracol chivita, gavilán caracolero, mariposas, reptiles y aves, así como mamíferos y peces. Subrayo los estromatolitos porque son piedras, lo que está vivo y puede considerarse “especies” son los microorganismos que habitan en el milímetro o dos de tapete microbialítico en su superficie, y que ni el meteorito de Chicxulub puso en peligro, pero construirles un mito para 108
su protección y urgencia por salvar estas piedras construidas por acumulación de sarro, se volvió pieza clave en su discurso mediático. También argumentaban que debido al potencial turístico de la zona y el desarrollo que se veía venir, en un medio tan frágil hacían urgente un área protegida. Pero si regresamos a la presentación de los beneficios del sitio Ramsar para la tríada que presentó Luisa Falcón, está la capacidad de las cianobacterias como base de biotecnología para procesar contaminantes. Es muy fácil evaluar y demostrar cómo cambia el discurso de la tríada, dependiendo de a quién se le esté vendiendo la naturaleza. También argumentaron que, al sumarse al programa de ordenamiento ecológico local, al plan de desarrollo urbano, a un programa estricto y adecuado de colecta y tratamiento de aguas residuales haría posible el desarrollo sustentable de los municipios de Othón. P. Blanco, Bacalar y, en general, del sur de Quintana Roo. Si quitamos del texto la frase: el área natural protegida, todo lo demás ha sido una solicitud de la población local desde hace muchos años. La tríada puso como eje central de su llamado el ANP y lo enlazó con lo demás, argumentando que el decreto iba a ser un mecanismo para facilitar la gestión institucional de otros procesos para la preservación de los valores ambientales de los ecosistemas, representados dentro del área, como instrumento jurídico idóneo y termina con el chantaje emocional su exposición: “…para proteger a una serie de ecosistemas que rodean la laguna de Bacalar, un cuerpo de agua único en México y en el mundo, por su extensión, belleza paisajística, biodiversidad y conectividad con la selva maya y el arrecife mesoamericano, dos ecosistemas de relevancia continental y global…” Cuando se analizan los discursos de este tipo puede verificarse que se repiten en decretos, solicitudes y en toda la mercadotecnia ambientalista de las ONGA, las agencias gubernamentales de medio ambiente y los científicos, para convencer a la opinión pública de que se está actuando en pro de salvar a la naturaleza, de manera desinteresada, altruista y casi heroica. Ese servilismo ante los títulos académicos y los puestos de gobierno hace que la población no se haga preguntas y no se atreva a cuestionar cosas como: • ¿Cómo el ANP va a hacer eso? Si quitamos de la ecuación el ANP, el resto de los instrumentos, implementados correctamente y para lo que 109
fueron creados, por sí solos, solucionarían cualquier tipo de impacto negativo que se estuviera generando sobre el cuerpo de agua. • ¿Cómo entra en la ecuación el ANP que la vuelve clave para que ahora lo que no ha funcionado, funcione? De las respuestas se desprenden otros cómo, que los promotores no se toman la molestia de explicar. • ¿Cómo van a ponerse de acuerdo las autoridades en los diferentes niveles de gobierno y los diferentes sectores, si no han sido capaces de ponerse de acuerdo anteriormente? • ¿Cómo otro instrumento más de política ambiental, ya hay tres y vienen dos más (ver más adelante) va a articularse para hacer la diferencia? • ¿Cómo va a impactar positiva y negativamente a la población? Con indicadores y proyecciones, no con sueños y esperanzas. • ¿Cómo se piensa que se van a asumir los costos para la protección / conservación (no solo económicos, pero sociales, productivos, técnicos, patrimoniales, ambientales)? • ¿Quién va a asumir los costos? • ¿Cómo vamos a evitar corrupción, como ha sucedido en otras ANP? La opinión pública continúa asumiendo que los promotores de la tríada tienen la respuesta, pero rara vez es así. Más allá de una declaración mercadológica de tintes heroicos, las declaraciones de investigadores y de ONGA aseveran algo que no se ha podido demostrar de manera práctica y concreta con las ANP y otros instrumentos de política ambiental en el país los últimos 44 años. Para entender el modelo de las ANP en México, habría que hablar del origen del modelo de las áreas naturales protegidas el siglo XIX, particularmente en los Estados Unidos; cuya finalidad era “proteger la vida salvaje (wilderness) amenazada por una creciente expansión de la civilización urbano-industrial concebida como destructora de la naturaleza y de cómo este concepto de áreas naturales protegidas chocó con la realidad de los países “tercermundistas” de Latinoamérica, donde los pobladores no sólo viven de manera cercana con la naturaleza, pero además coexisten con ella, pero eso lo trataremos más adelante cuando hablemos del mito de la capacidad de carga turística, porque están enlazados. 110
Irónicamente, muchos de los discursos de los promotores de estas áreas se basan en una idea romántica del paraíso en peligro, como sucedía con los naturalistas del sigo XIX, de donde provienen las ANP. Se maneja prácticamente el mismo discurso de los naturalistas y reservistas de esa época – hace dos siglos-: la única forma de proteger la naturaleza era apartarla del hombre, por medio de islas desde donde “los que amaban la naturaleza” podían admirarla. Cuando uno escucha con atención las justificaciones de la tríada que involucran conceptos espiritualoides, new age, son discursos centenarios, desde la visión colonialista de los paraísos fuera del alcance de los salvajes, para el disfrute y uso de la gente civilizada (pudiente) que requiere de esos lugares paradisíacos para reponer sus energías gastadas de la vida estresante de las ciudades y del trabajo monótono…y que pagan muy buen dinero por ello, vemos que seguimos prácticamente en e l mismo sitio que hace 200 años. Me encanta la reflexión que nos deja Diegues (2000) en su investigación donde dice que esta situación se debe a una reproducción actualizada del mito del paraíso perdido y buscado por el hombre después de su expulsión del Edén. Este neomito, o mito moderno, viene, sin embargo, impregnado del pensamiento racional representado por conceptos como el de ecosistema, diversidad biológica, etc. El pensamiento técnico-racional parasitado por el pensamiento mítico y simbólico. Para la propuesta de ANP de Bacalar las comunidades se defendieron haciendo un análisis técnico, social y político de la propuesta y promoviendo una serie de acciones dirigidas a sensibilizar a la opinión pública. El 22 de octubre de 2018 las autoridades de los ejidos Pedro Antonio de los Santos, Buena Vista, Aarón Merino Fernández, Bacalar, Juan Sarabia, Santa Elena, Calderitas, Laguna Guerrero, La Península, Úrsula Galván, Tollocan, Calderas Barlovento, y la Asociación Civil Amigos de la Laguna de Xul Ha y Bacalar, en representación de sus asambleas ejidales, remitieron un oficio extenso, establecieron su postura en contra y sus razones técnicas. Esta carta resumía todos los argumentos que hemos venido planteando desde el inicio de este documento. Con la presión mediática ejercida por las comunidades y las gestiones realizadas por sus representantes ante legisladores y altos funcionarios de gobierno, se detuvo el intento de la tríada de decreto del ANP… momentáneamente.
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¿Quiénes se benefician en las ANP? “…Para los mayas, el paisaje en el que viven, el k'aax (bosque), tiene una ecología moral. Es el lugar donde se sienten "como en casa en el mundo", donde están situados en un compromiso diario con su entorno. También es donde su historia, identidad, creencias espirituales, comunión con otras especies, y en última instancia su supervivencia, están arraigadas. El límite étnico que hicieron conmigo, aunque pueda parecer gracioso o incluso trivial, es un marcador de su identidad como un grupo vinculado a un territorio. Mientras continúan haciendo un sustento en el bosque, una industria de la naturaleza, liderada por gringos, debate lo que deben y no deben hacer con su tierra. Algunos de estos fuereños incluyen burócratas gubernamentales, ONG ambientales, empresarios privados, biólogos de conservación, administradores de reservas de la biosfera e incluso antropólogos…” (Martínez-Reyes, 2016). Tal vez la respuesta a esta pregunta reside en el origen del modelo de Reservas más prominente en México: La reserva de la biosfera. Este modelo fue elaborado en 1974 por un grupo de trabajo del programa del Hombre y la Biosfera (Man and Biosphere – MAB). Desde su fundación y hasta la fecha el programa MAB promueve el establecimiento de Reservas de la Biósfera; en su esencia es un programa científico intergubernamental que, desde el principio, tiene por finalidad establecer una base acreditada para mejorar la relación entre los seres humanos y el medio ambiente. Resaltamos que tiene una base científica e involucra a numerosos actores, pero su enfoque es academicista, desde las ciencias exactas y naturales, combina investigación, educación y capacitación, incluye sitios de demostración y produce información para varias circunscripciones, pero las ciencias sociales que se dedican a trabajar con los conceptos de patrimonio, interacción humana y todo lo referente a las poblaciones humanas, no se incluye en el programa MAB, irónicamente. A la fecha hay 16 Reservas de la Biósfera en nuestro país, al menos las primeras inscritas: Mapimí (1977), La Michilía (1977), Montes Azules (1979), Sian Ka’an (1986) y El Cielo (1986) se le atribuyen al precursor de las reservas de la biósfera en México: el entomólogo mexicano Gonzalo Halffter, fundador del Instituto Nacional de Ecología en 1975. Halffter estableció las primeras dos reservas de la biósfera en México, con el apoyo del Gobernador de Durango, el Dr. Héctor Mayagoitia, un químico 112
bacteriólogo que luego fue nombrado director del Instituto Politécnico Nacional en 1979, y en 1983 fue nombrado director del CONACYT, donde Halftter era director adjunto de Desarrollo Científico en la misma institución (1982-1986). Entre estos dos científicos convertidos en burócratas de alto calibre se establecieron las dos primeras reservas de la biósfera: Mapimí y La Michilía. Uno desde la academia y otro académico desde su posición privilegiada como gobernador de Durango. Ambos recibieron reconocimientos y premios por su contribución por parte de la CONANP, varias décadas después. El modelo mexicano de reserva de la Biosfera desarrollado por Halffter proponía alcanzar la compatibilidad entre la conservación y el desarrollo, investigando y promoviendo alternativas ecológicamente sustentables y económicamente productivas para los habitantes locales, además de convertirlas en centros de cooperación científica. De nuevo, algo así como generar laboratorios naturales reservados para la ciencia medioambiental in situ. Las poblaciones humanas no eran parte de la ecuación, aunque eran mencionados conceptos como desarrollo sostenible o uso racional o se les veía como meros receptores pasivos de la sabiduría generada por la academia para que aprendieran a producir y trabajar en armonía con el medio ambiente, porque los encomenderos academicistas neoliberales consideraban necesitaban ser salvados de sí mismos. Cuando se revisa el currículo de Halffter no resaltan las 97 páginas de éste, sino el claro perfil de científico y académico de este Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores desde 1995, y se comprende por qué el enfoque de las Reservas de la Biosfera en México haya sido investigación. Para cuando propuso y promovió la creación de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an en 1986, siendo Director adjunto de desarrollo científico de CONACYT (1982-1986) y como Presidente del Consejo Internacional del Programa MAB-UNESCO (1984-1986), llegando a ser incluso Socio consejero de Amigos de Sian Ka’an y miembro del Consejo Consultivo de CIQROO, le resultó bastante sencillo, ya que para este punto gozaba de una posición ideal, como burócrata de alto rango, muy bien relacionado, para promover a escala nacional su modelo “Mexicano” de reservas de la biósfera, forjando alianzas con gobernadores, y apoyando el fortalecimiento de instituciones científicas relacionadas con las reservas de la biósfera. Muy a la usanza hegemónica de la escuela del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno; no perdamos de vista que la década de los 70s y hasta los 90s en México no solo se dio el boom 113
neoliberal, sino que, en contexto, el país estaba sometido a la hegemonía totalitaria de la dictadura, disfrazada de democracia dura, del PRI. Las reservas fueron creadas por y para investigadores, si queda duda de ello solo basta citar un fragmento de la presentación del libro “Las áreas naturales protegidas y la investigación científica en México” que deja claro la visión y postura de los académicos, principalmente de las ciencias naturales. En él se declara que “…Así como la década de 1960 fue verdaderamente prodigiosa por la revolución que provocó en las artes y la cultura, la década de 1970 fue para México un momento singular de crecimiento explosivo de la ciencia y la tecnología, así como de formación de algunos de los cuadros más destacados de la ecología mexicana moderna. En la actualidad, la ecología y la ciencia de la conservación en México son Realmente áreas de vanguardia a nivel mundial... Sin temor a exagerar, podemos decir que los trabajos de los científicos mexicanos están en la base de nuestra legislación ambiental, y fueron el factor central en la decisión de crear la Comisión Nacional de áreas naturales protegidas - la CONANP. Pero no todo, afortunadamente, razón para auto congratularnos. Después de años de esfuerzos para lograr la profesionalización del personal de la CONANP, décadas después de haber logrado introducir los criterios de la ciencia en la legislación en materia de áreas naturales protegidas, las prioridades de las decisiones políticas, y no técnicas, amenaza nuevamente la gestión de las áreas naturales protegidas en México. Mientras, por un lado, nuestros gobernantes nos prometen nuevas áreas protegidas, por otro lado, se está reduciendo aceleradamente el presupuesto para la conservación del capital natural de México. Corremos el inmenso riesgo de regresar una vez más, al tiempo de las “reservas de papel”, sin personal y presupuesto, que sólo existen en decretos oficiales, pero no tienen manifestación concreta en el campo. … no hay - no debe haber - marcha atrás. La conservación basada en una ciencia rigurosa es la única alternativa que tiene México para un futuro próspero y una economía viable…” Una visión clara de la postura neoliberal endogámica del sector académico, que ve a las áreas naturales protegidas no solo como su creación, sino como su derecho.
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Más adelante analizaremos la estrategia de la academia, las organizaciones ambientalistas y el gobierno para presionar el establecimiento de un ANP en el cuerpo de agua de la Laguna de Bacalar, mediante la manipulación no solo de datos e investigaciones presentadas como científicas, sin cumplir con la rigurosidad del método o con serios errores de percepción u obtención de datos, mediante campañas mediáticas de desinformación en las que muchos medios de comunicación de prestigio, como el New York Times®, la BBC® y El País®, participaron de manera voluntaria o involuntaria y analizaremos a los actores que toman parte de esta simulación bien organizada de ambientalismo neoliberal, de “salvar la naturaleza para negociar con ella”, con serios conflictos de interés. Mientras incrementaban la urgencia y amarillismo de sus discursos, a las ONGA, académicos y a instituciones gubernamentales ambientales, comenzaron a llegarles recursos financieros en grandes cantidades, para “contribuir” a su cruzada.
El Programa de manejo del ANP no soluciona los problemas Por irónico que parezca, el argumento de que es necesario establecer un Área Natural Protegida para que, a través de su Programa de Manejo, se resuelvan los problemas de contaminación, desarrollo incontrolado y desorganizado en sus inmediaciones y se regulen las actividades económicas, no tiene fundamento. Los habitantes locales y las comunidades, han insistido que el Área Natural Protegida y su Programa de Manejo no resuelven los retos que enfrentamos, que es necesario que el municipio, por ejemplo, tome su responsabilidad para la consolidación de Programas de Desarrollo Urbano bien fundamentados, los ordenamientos ecológicos territoriales y la reglamentación municipal para resolver aspectos puntuales, además de la inversión para mejorar los sistemas de servicios públicos de las poblaciones en las inmediaciones de la cuenca y en la cuenca. El documento denominado “Áreas naturales protegidas y descentralización en la Península de Yucatán” lo expone claramente:
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“…El Programa de Manejo es el instrumento con el que las ANP cuentan para la planeación de los usos del suelo y las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, este instrumento presenta serias limitaciones, aun cuando se plantea como el más indicado para reflejar una verdadera integración de las políticas públicas. Tiene poco peso jurídico, ya que para su elaboración tiene que supeditarse a lo establecido en las distintas leyes y reglamentos de administración territorial, de usos del suelo y de aprovechamiento de recursos naturales. Esto es, no puede establecer nuevas normas y regulaciones si éstas ya están definidas en algún otro instrumento regulatorio, por lo que difícilmente puede resultar un instrumento ad hoc para atender todas las necesidades específicas del manejo particular de cada ANP. Asimismo, los Programas de Manejo entrañan limitaciones para la regulación de las densidades y reglas de construcción de obras de desarrollo al interior de las ANP, de suerte que el uso de los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET-POEL) y los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) se convierten en instrumentos alternativos de planeación y regulación. Con base en esta premisa, para atender la necesidad de regular las densidades de construcción en la zona costera de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an fue elaborado un POET, mientras que los Parques Nacionales de Xcalak y Tulum se han considerado dentro de la planeación de POET regionales o locales. En las ANP marinas también resultan limitados los Programas de Manejo para la regulación de actividades pesqueras y de otro tipo de actividades contenidas en otros instrumentos jurídicos. Dentro de esta complejidad están los procesos de consulta pública para someter los Programas de Manejo de las ANP, en los que se presenta el problema de la representatividad de los sectores económicos, de la “comunidad” y de las dependencias federales, estatales y municipales. Otro problema es el referente a la continuidad de los consensos y a la “apropiación”: el hacer propias o compartir las responsabilidades por parte de los sectores involucrados. Generalmente los sectores sociales orientan las responsabilidades de manera unidireccional, dejando recaer en el gobierno la solución total. Y por el lado del gobierno, es el municipio el que con frecuencia no adopta las responsabilidades y capacidades que le corresponden. El problema de la comunicación y negociación tiene que ser considerado no sólo en lo que corresponde a los órganos de gobierno y sus diferentes niveles, sino también a las ONG tomando en cuenta su fuerte 116
dependencia de los momentos y actuaciones de los organismos que financian las actividades de conservación y desarrollo… (Arellano et al, 2008)” Dos de sus autores, Alfredo Arellano Guillermo y Rafael Robles de Benito poseen amplia experiencia directa sobre la gobernabilidad y este tipo de instrumentos en ANP, el primero fue funcionario de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas por más de 12 años, posteriormente fue secretario de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo (de 2016 a 2020); el segundo es actualmente (2021) director del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales del Estado de Quintana Roo. No obstante, ocupando estos puestos, sus argumentos son lo opuesto. Para el caso de Bacalar, argumentaban que el establecimiento del ANP y, en consecuencia, su programa de manejo, iba a “salvar” a la laguna de los impactos del turismo, sabiendo que no existe PDU (Programa de Desarrollo Urbano) en Bacalar, que no se ha concluido el proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y que faltan muchos instrumentos municipales, en los que los actores locales insisten se invierta primero.
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PROTUR Para 2019 la propuesta de ANP, regresó “transformada” en un instrumento denominado PROTUR, una forma corta de llamar al “Programa de gestión común para el uso turístico en la Laguna de Bacalar”, un supuesto programa voluntario, producto de una consulta simulada y de un diseño deficiente, por la premura de crear un instrumento que fuera algo cercano a un Programa de Manejo de una ANP (del cual tiene toda la estructura y zonificación) aunque se llamase de otra manera y lo promoviera turismo. Ese año ya se tenía muy clara la inclusión de la región en el megaproyecto Tren Maya, impulsada por el gobierno federal. Uno podría pensar y tener el “sospechosísimo” (concepto que significa tener una enorme cantidad de sospechas o una sospecha muy poderosa, y que fue utilizado en su artículo de 2017, por Rafael Robles de Benito, ahora director del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo) que con la proximidad de los proyectos de desarrollo y la mejora de oportunidades para la zona sur del estado de Quintana Roo, era urgente para el Estado el consolidar su ANP para poder “salvar a la naturaleza”. No tendríamos espacio aquí para argumentar que el interés insistente del Estado por hacerse del control del cuerpo de agua parecía ser puramente económico o de golpeteo político, dado que el Gobierno Federal, promotor del proyecto del Tren Maya pertenecía a un partido político contrario, y la política de austeridad republicana a nivel país, instaurada desde 2018, había restringido muchos de los fondos discrecionales con los que el gobierno estatal estaba habituado a operar. Dada la fuerte resistencia de las comunidades hacia la idea del Área Natural Protegida o del sitio Ramsar, apareció una nueva propuesta donde el argumento era que se requería de manera urgente un instrumento regulador y de zonificación que solventara la “falta de regulación que existía en la Laguna”. En el apartado más adelante denominado “El mito de la falta 119
de regulación en la laguna de Bacalar”, demostramos que esa supuesta falta de regulación es un argumento completamente falso. Así que exploramos los escenarios alrededor de esa propuesta, sus promotores tenían, en este punto, claros conflictos de intereses; muy bien disimulados por la parafernalia pseudoambientalista de “salvar a la laguna”. En realidad lo que se fue haciendo cada vez más claro, como hemos visto hasta este punto, es lo lejos de las luchas legítimas por el medio ambiente y el manejo sensato e intuitivo que los locales habían venido realizado por generaciones, por un verdadero bien común, por el medio ambiente; estos promotores con sus discursos sentimentaloides sin fundamento, de visión parcial, desarticulada y casi irracional, estaban más cercanos a una necesidad de recursos y afianzamiento de poder sobre un sitio con un valor alto de negociación a nivel político y, económico. Buscamos las razones por las que se insistía en la propuesta proteccionista en el cuerpo de agua de la Laguna de Bacalar, supuestamente para protegerla de la contaminación que el turismo, y por consiguiente, el desarrollo que el Tren Maya iba a ocasionar; en parte todos los actores fuera de la tríada coincidían en que se requería un desarrollo bien planificado y mejor ejecutado, por lo que junto con la lucha contra los promotores la comunidad, integrada por organizaciones de productores y de base, se han involucrado en una lucha de actores locales y comunidades donde insisten en muchas ocasiones en que el gobierno debía entonces apurar el paso y terminar de crear los instrumentos de planeación urbana, a nivel municipal, presionar por inversión en infraestructura y servicios en las comunidades aledañas al cuerpo de agua y cuenca arriba, de donde llegaban los escurrimiento y las descargas principales que afectaban a la Laguna, en lugar de centrarse en proteger el cuerpo de agua, receptor de los impactos, con lo que realmente no se solucionaba el problema, tal como sucedió en otros cuerpos de agua que ahora eran ANP en el estado y cuyos índices de contaminación eran escandalosos, porque el problema estaba alrededor cuenca arriba, no en el cuerpo de agua. Pero los miembros de la tríada se hicieron oídos sordos. ¿De dónde surgió esta nueva intentona?
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El Plan Maestro de Turismo Sustentable de Quintana Roo 2030 Para poder entender de dónde surgía la propuesta del PROTUR. Esta propuesta y las propuestas que le han seguido, vale la pena repasar lo que estaba sucediendo en ese momento alrededor en el contexto estatal y nacional. En 2016 había sucedido el cambio de gobierno en el estado de Quintana Roo y el partido revolucionario institucional, que había gobernado el estado en los últimos 40 años ya no estaba en el poder. El nuevo gobierno, una alianza extraña entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática estaba en el gobierno (la derecha y la izquierda), y presentó su Plan Estatal de desarrollo 2016 – 2022 donde, en el Eje I, programa 4, Acción 1.4.2 establecía el “Diseñar e implementar el Plan Maestro de Turismo Sustentable” Cuando uno lee el documento nota que la base del Plan maestro se hace a partir de un diagnóstico, creado por el sector Turismo, en este diagnóstico se delimitan cinco causas por las cuales el modelo de desarrollo turístico en Quintana Roo no se consideraba suficientemente competitivo, y con lo que se justificaba la necesidad de crear un Plan Estratégico de Turismo Sustentable. Las causas de la no sostenibilidad del turismo, incluían: 1. El modelo de gobernanza de sector público turístico no había incorporado plenamente los criterios de sostenibilidad validados internacionalmente. 2. El modelo de desarrollo turístico había generado impactos ambientales en ecosistemas clave. 3. El modelo de turismo privilegiaba una inversión desequilibrada. 4. El modelo de turismo impulsaba poco la sostenibilidad y la Innovación 5. El modelo de turismo en el estado había generado brechas de desigualdad social. Estos “descubrimientos” que ya se había denunciado desde hacía décadas por investigadores sociales y grupos locales, resultaron contradictorios a lo que en múltiples ocasiones los actores oficiales de la Secretaria de Medio Ambiente Estatal y de la CONANP habían esgrimido. Ellos insistían que su política, los instrumentos, la gobernanza y en general todo el modelo de ANP que había venido desarrollándose en Quintana Roo desde la década de los ochentas con el pretexto del turismo, habían creado sostenibilidad, 121
prevenido o evitado impactos ambientales, beneficiando inversión para todos y contribuido a la igualdad social. Pero el sector turismo oficial desmintió esas aseveraciones. La actividad focal clave –el turismo - en torno a la que el sector ambiental creó sus instrumentos, o al menos que sirvió de pretexto para ello, no cumplía, más de treinta años después de comenzar a ser utilizada como excusa de control, con los lineamientos básicos de la sustentabilidad, ni siquiera los había considerado. La declaración más reciente emitida por el sector ambiental en el estado de Quintana Roo, anuncia que han servido para proteger los ecosistemas entre las reservas (el caso del corredor biológico Calakmul y Sian Ka’an), lo cierto es que, en los últimos 30 años, la fragmentación de los ecosistemas en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Othón P. Blanco, Calakmul y Hopelchén, en ese corredor, suma más de medio millón de hectáreas. Un aumento de más del 1000% desde 1986. A las comunidades el establecimiento de instrumentos de ordenación ambiental, se les presentó como una oportunidad única, para poder involucrarse como beneficiarios del desarrollo turístico sustentable, eso dijo el sector medio ambiente, las ONGA y la CONANP; le dijeron a las personas que establecer un ANP les iba a beneficiar con ecoturismo, artesanías y venta de sus productos o generación de empleos; pero el sector turismo decía, al mismo tiempo que el modelo de turismo (en Quintana Roo) privilegiaba una inversión desequilibrada (Ver más adelante, El mito del Turismo y el turismo en ANP, pro pobres). Si hacemos el ejercicio de comparar ambas posturas:
El sector ambiental dice
El sector turismo dice
Nuestro modelo de gobernanza de sector público ambiental con instrumentos de protección creados en torno al turismo, promueve plenamente los criterios de sostenibilidad validados internacionalmente.
Nuestro modelo de gobernanza de sector público turístico no ha incorporado los criterios de sostenibilidad validados internacionalmente que dice medio ambiente.
Para eso están las ANP y los sitios Ramsar, que promueven sustentabilidad y protegen nuestros recursos naturales y la biodiversidad
Aunque nuestras actividades de turismo se desarrollen en esas áreas (ANP, sitios Ramsar) no
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El sector ambiental dice
El sector turismo dice
entorno a las actividades turísticas (en respuesta a lo cual se establecieron, en primer lugar)
hemos integrado un ambiental sustentable.
modelo
Nuestros instrumentos permitieron proteger los ecosistemas
El desarrollo turístico ha generado impactos ambientales (porque no sigue un modelo sustentable) en ecosistemas clave, para la misma zona de las ANP y sitios Ramsar.
Nuestros instrumentos creados en zonas de interés turístico han beneficiado a las comunidades locales.
El turismo, incluso donde hay ANP y sitios Ramsar en Quintana Roo ha ampliado las brechas sociales y privilegiado una inversión desequilibrada.
El Plan Maestro de Turismo Sustentable de Quintana Roo 2030 (SEDETUR, 2021) expuso en el diagnóstico de su justificación que el turismo había generado diversos problemas: a) Agotamiento de los recursos naturales b) Economía de corto plazo sin una derrama económica distribuida localmente c) Descomposición del tejido social en el estado En los aspectos de políticas públicas y gobernanza también expusieron las debilidades del sector, que definitivamente la habían mantenido no sustentable. Estas debilidades incluían que las leyes y demás lineamientos normativos existentes para turismo en el estado estaban desactualizados; que estos lineamientos no estaban articulados con compromisos de sustentabilidad a nivel internacional en los que se incluían en nuestro país; que no existía inversión desde el sector público en turismo, siendo esta la principal actividad en el estado; que no existía seguimiento o monitoreo a nivel sectorial en este sector tan importante para la entidad, y que había una falta de coordinación entre instituciones de gobierno, sociedad civil y el sector privado y academia. Parte de los planteamientos para evaluar y determinar el nivel de crecimiento óptimo para la actividad turística en el programa están relacionados con la medición de capacidad de carga turística (CCT) de los destinos o de límite de cambio aceptable (LCA). No obstante, hace más de 30 años se viene evaluando y se ha determinado por numerosos 123
investigadores que la CCT no es adecuada para evaluar la capacidad que tiene un sitio para soportar un determinado uso, porque los sitios NO poseen una CCT natural. Más adelante vamos a hablar sobre la falla de fundamento del modelo de capacidad de carga para la planeación (Ver El mito de la capacidad de carga turística). Otra aseveración no comprobable del documento específica que el turismo, como actividad económica, ha contribuido a reducir la pobreza en nuestro país, este punto también se discute más adelante (Ver El mito del turismo y el turismo en ANP, pro pobres). En el marco del Plan Maestro de Turismo Sustentable se establecía que este era un instrumento estratégico para implementar un nuevo modelo de desarrollo turístico, con criterios que podían contribuir a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que implicaba que el modelo anterior, del que se sirvieron y pretextaron las ANP y sitios Ramsar, NO estaba funcionando. En este marco de referencia surgió el PROTUR. El PROTUR, estaba ahora amparado por la secretaria de Turismo a cargo de Marisol Vanegas Pérez y del entonces secretario de medio ambiente del estado de Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo. La consultora fue Geoalternativa, liderada por Silvana Ibarra Madrigal, que había estado involucrada como funcionario público para el gobierno de Jalisco a cargo de sitios Ramsar y a la vez como parte de una empresa consultora para el propio gobierno, y tuvo el beneplácito y respaldo abierto del ayuntamiento de Bacalar, a través del director de Ecología municipal, Romel Cano Álvarez, quien se involucró activamente. Como comentario adicional los mismos actores que promovían el PROTUR se construyeron en 2019 otro instrumento paralelo: Territorio Sensible al Agua en Quintana Roo (también construido con Geoalternativa) a decir del entonces secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo, se trataba de un esquema de planeación con base en el acuífero subterráneo, el cual fluía hacia la laguna de los siete colores, que es la base del desarrollo turístico de municipio y pretendían incluirlo en la normatividad. El documento precisó que se estaban incorporando algunos lineamientos de territorios sensibles al agua al Ordenamiento Territorial de Bacalar, que lo convertía en un método de planeación innovador, que estaría poniendo un ejemplo a nivel estatal y principalmente para la Península de Yucatán. 124
Pero el Ordenamiento Ecológico Territorial de Bacalar aún continuaba en revisión (desde 2011), el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) estaba construyéndose desde la fundación del municipio, casi 10 años antes, y no se estaba construyendo de manera participativa real, sino a través de una consultoría de gabinete, y a pesar de todas las exigencias de la comunidad por actualizar este instrumento, tampoco había fructificado en una revisión y un decreto. Hubo muchas contradicciones en la forma en la que se manejó y muchas deficiencias de procedimiento del PROTUR. La justificación del PROTUR se cita de la página 36 del propio documento: “…Justificación del PROTUR De acuerdo con el análisis de los elementos naturales de la Laguna de Bacalar, podemos indicar que es única, y su paisaje biocultural ha fascinado al turismo, pero de forma acelerada, con falta de ordenamiento. La problemática socio ambiental actual también limita las posibilidades de lograr un territorio sostenible. Es por ello que el presente PROTUR se deriva de la urgencia de una planificación territorial y coordinación entre los sectores sociales. La problemática socio-ambiental pone en riesgo el patrimonio biocultural, siendo indispensable un programa de uso público conforme al método de Límite de Cambio Aceptable y Capacidad de Carga Turística…” Sonaba muy ambicioso, pertinente y justo, en el papel. En realidad, no alcanzó a cumplir ninguna de las expectativas con el que se vendió a la opinión pública. El problema surge cuando se analiza a detalle el documento. Lo grave es que se usó validado por el gobierno del estado para intentar hacerlo funcionar como documento regulador / rector de las actividades en la Laguna de Bacalar. Contaba con dos elementos: un documento de base y un mapa de zonificación (en el documento y uno interactivo). Revisando con detenimiento nos topamos con muchos planteamientos y aseveraciones infundadas, lo cual hizo surgir muchas dudas sobre su verdadera intención y alcance. El documento argumenta que se utilizaron 4 criterios para determinar los elementos clave para la zonificación: 1) Las condiciones ecológicas, 2) El acceso prevalencia, 3) La duración de los impactos y 4) La visibilidad de los impactos.
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Mencionan haber desarrollado la metodología, de límite de cambio aceptable y capacidad de carga turística y rango de oportunidades recreativas, y haberlas realizado de manera participativa. Pero no sucedió así. Repasaremos cuatro puntos del PROTUR que demuestran lo que “está mal” con el PROTUR y en general con la mayoría de los instrumentos creados desde la visión de la tríada, que terminan siendo fácilmente demolidos por carecer del fundamento que se consolida con un trabajo técnico-comunitario real y sólido. Los cuatro puntos que son un desastre con el PROTUR incluyen: 1. La simulación de construcción participativa, 2. El cálculo inexplicable de capacidad de carga y límite de cambio aceptable, 3. Los criterios inexplicables de zonificación y 4. Las propuestas “innovadoras” que realmente ponían en riesgo la laguna y la seguridad de los usuarios.
La simulación de construcción participativa El diagnóstico, al principio, solo es un recuento de estadísticas proporcionadas por Capitanía de Puerto para junio del 2019 y concluye con datos de tres elementos: actividades, infraestructura y embarcaciones. Tomando en consideración que el diagnóstico debería basarse y referirse a la Laguna de Bacalar, al cuerpo de agua, es extraño cómo el listado de actividades realizadas en la laguna empieza con la visita a zonas arqueológicas y culturales, incluye renta de bicicletas y motonetas, descanso en spa y yoga, renta de cabañas, entre otras actividades turísticas. Lo cual ya indica de entrada una visión desenfocada del objeto del estudio. A los actores sociales que fueron invitados a conocerlo (e indirectamente a validarlo) se les presentó el discurso de que este era un instrumento voluntario, inofensivo, de acuerdo común que iba a echarse a andar con la voluntad de todos, en respuesta a una crisis gravísima que requería de una acción comunitaria solidaria, inmediata; un reglamento inofensivo para “salvar a la laguna”, muy a la usanza de la tríada con Ramsar. Pero los mismos promotores de la tríada en otros foros de ONGA y académicos, específicamente la coordinadora de la consultoría, Silvana Ibarra, estipulaba otra cosa como objetivo del PROTUR, les dijo que iban a construir un instrumento de política pública que era posible convertir en una disposición 126
normativa. Desde los deseos, proyectos de la sociedad, la asesoría y facilitación de personas estudiosas del sistema natural y el turismo de naturaleza. Un doble discurso y una manipulación discursiva descarada. ¿Cómo lo iban a hacer? Ibarra estipuló que entre febrero y marzo de 2019, decía en su invitación, habría 4 eventos, con diversos temas a compartir, además del trabajo de oficina, gestión y algo de campo para verificación de puntos clave. Se refería a 3 talleres y un seminario. El primero iba a ser para mapeo de elementos turísticos y análisis FODA a llevarse a cabo en las comunidades de Buenavista y Bacalar; el segunda era para delinear actividades de turismo de naturaleza y estrategias de reducción de impactos socio-ambientales, a llevarse a cabo en las mismas comunidades; el tercero era de estrategias de manejo de visitantes, y finalmente un Seminario Reducción de impactos del turismo en la laguna. Al final lo que se obtuvo fue una revisión bibliográfica escueta, un mapeo de zonificación de la Laguna, basado en el mapa por consultas puntuales, sin una verdadera justificación del criterio de selección de informantes clave, procedimiento que se repite por los promotores de ANP: sus informantes y participantes es su grupo de “cuates” o grupos afines a los intereses o el discurso de la tríada, en su mayoría. Uno de los elementos que más se repetían como justificación para querer imponer este instrumento es que había sido construido de manera participativa y consensuada, y que había sido validado por los actores locales, validado por las comunidades de la zona de la laguna de Bacalar. Pero una vez más eran las comunidades las que se opusieron a su establecimiento. Lo cual, hacía parecer que las comunidades estaban cayendo en la intransigencia. No obstante, la oposición, como ya puede irse dilucidando en este documento, vino de argumentos sólidos para no aceptar las imposiciones de la tríada, imposiciones construidas de manera simulada con objetivos muy alejados de la conservación ambiental, ahora en el PROTUR. Retomando el ejemplo de lo que sucedió en el ANP de Xcalak (Tello, 2009), el concepto de comunidad del PROTUR estuvo personificada en la representación simplista de un grupo de personas que, la mayoría, estaban ahí porque compartían intereses comunes de grupos ambientalistas, académicos o gobierno; el grupo era parte de la comunidad, pero NO era representativo de la comunidad. Peor aún, eran parte de una porción
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minúscula de las comunidades de la zona de la Laguna, seleccionados por afinidad de ideas. Si hablamos de procesos participativos, donde se diseñan instrumentos de planeación como este, hay dos cosas que no aparecen en el PROTUR: el cómo se seleccionó a los participantes (en base a las necesidades de información muy específicas) y el cómo se enlazó la información del diagnóstico/análisis de base para construir el resto del instrumento. Ya que se estaba tratando de construir un instrumento de política ambiental para el cuerpo de agua, basado en el conocimiento local, un tema esencial en este tipo de investigación obligadamente tiene que ver con los medios por los cuales los expertos locales son identificados y convocados. Y por expertos me refiero a las personas con experiencia, no a los académicos de la tríada. De entrada, el supuesto de construcción participativa del PROTUR pierde toda validez porque no se construyó con la consideración de todos los actores posibles que tenían que participar y en cambio se hizo un ejercicio rápido tratando de aparentar y justificar el aspecto participativo con grupo cercanos, sin criterios claros de selección. No se trataba de una reunión social, ni se trataba de un ejercicio de deseos y sueños, se trataba de un ejercicio de planificación de actividades turísticas, principalmente turismo náutico, dado el objetivo del instrumento, establecidas desde la base de la comprensión del sistema ambiental, pero también de la dinámica de uso de la laguna, para establecer las bases de un instrumento regulatorio (un reglamento). Se requería experiencia vivencial y no solo conocimiento académico-científico de gabinete; pero además, se requería de un conocimiento amplio del sistema con experiencia in situ, para caracterizarlo desde esa perspectiva, conocer parámetros como profundidades, variabilidad estacional, áreas críticas, estrategias de navegación, tipo de acceso a las zonas, riesgos potenciales, interacción humanas en las diversas actividades, hot spots, estrategias de navegación de acuerdo a los tipos de embarcación, para entender cómo estaba concebido el sistema que se pretendía regular. En Bacalar, si se sabe trabajar con las metodologías de identificación de informantes clave es fácil dilucidar que esa información la tienen los capitanes de embarcaciones y los usuarios históricos de la laguna, tal y como se hizo con la propuesta de la Regla 23 del reglamento de operaciones de APIQROO que propuso el Consejo Comunitario de la 128
Cuenca de la Laguna de Bacalar (CONCCLAB), descrito en el capítulo de APIQROO. En el PROTUR, muchos de los procedimientos que utilizaron para validar el producto fueron, sin otra forma de definirlo, “simulados”. Esta perspectiva de la simulación la obtuvimos desde el inicio del análisis del instrumento, con las respuestas, producto de entrevistas directas con alguno de los actores que fueron convocados a participar en estos talleres y de la opinión sobre el comportamiento y procedimiento en especial de Silvana Ibarra, coordinadora de la consultoría, durante las supuestas consultas, con lo cual nos dimos una idea de cómo se dio la supuesta “construcción participativa”. “…nos invitaron para oír una propuesta y cuando dimos opiniones a Silvana no le gustó si no estábamos de acuerdo y a fuerza quería que aceptáramos lo que ella decía, yo mejor terminé nomás escuchando, porque al final ella hizo lo que quiso…” Joaquín Calderón. Miembro de la cooperativa de Prestadores de Servicios Náuticos
Es importante en este punto hacer la observación de que algunos de los involucrados aparecen en el documento de PROTUR como parte del equipo núcleo de logística convocatoria, gestión y facilitación de talleres, pero cuando se les entrevistó para obtener información sobre la forma de integración y gobernanza de dicho equipo, su agenda y su estrategia de trabajo participativo, estos actores sociales que fueron señalados por Silvana Ibarra como parte de su equipo núcleo de trabajo… no sabían de qué estábamos hablando. Aclararon que, como el resto de los actores, asistieron como invitados, pero no se les había informado que eran parte de un equipo de trabajo, logística o promoción de algún instrumento, y nunca actuaron como tales. Obviamente el documento carece de las bases de diseño participativo, y había sido presentado en este punto de manera descaradamente tramposa. Era lógico que cuando llegó a la oportunidad de presentarlo ante los miembros de las comunidades hubieran surgido molestias e intentos de discutir lo que estaba planteado, pero no se les dio oportunidad. “…Pues si nos invitaron a una presentación, de una idea que tenían…pero no nos dijeron que iban a hacer una cosa como una reserva…eran como sus ideas y yo fui y dije ah, pues está bien venir y escuchar esa idea que tienen…pero hasta ahí” 129
Luis Chimal Balam. Presidente del Comisariado ejidal del ejido Bacalar 2018 – 2021.
En cuanto a porcentaje de participación, el sector social convocado solo incluyó 4 actores, un 7% de la muestra total, mientras que los prestadores de servicios turísticos, fue del 33%. Se mencionan 300 participantes, pero de la plática con los representantes de los ejidos Bacalar y Aarón Merino (el 50% de los actores sociales que asistieron) se constató que la participación no fue informada, y solo asistieron uno o dos representantes a una o dos convocatorias. Cuando uno revisa el documento de PROTUR lo primero que surge con claridad es que trató de solventarse la deficiencia de convocatoria y de participación Incluyendo a los voluntarios y estudiantes, y tratando de darle más formalidad a la estructura, colocando algunos de los asistentes como si hubiera sido parte del equipo núcleo, cuando sólo fueron asistentes. En todo momento el proceso fue manipulado y dirigido, y en algunas ocasiones liderado por el ayuntamiento de Bacalar, que geográficamente sólo tiene injerencia en aproximadamente el 30% todo el sistema. Se obvió la participación del ayuntamiento de Othón P. Blanco, que tiene injerencia en el 70% restante. En conclusión, se invitó a las reuniones y talleres a personas afines y a personas “necesarias” para demostrar que se había tomado en cuenta a otros sectores de la población de manera “justa”. Una estrategia tokenista para simular participación. Pero los ejercicios estuvieron dirigidos, manipulados, y los asistentes no tenían capacidad ni experiencia o conocimiento vivencial del sistema como para contribuir adecuadamente a un primer instante de planeación que iba a fundamentar todo el instrumento.
FODA sin pies ni cabeza En el paso 3 de la metodología del PROTUR se utilizó el FODA para el diagnóstico de base, que presentan como si fuera un análisis, para la estructuración del proyecto. Según el equipo que estaba construyendo el PROTUR, se suponía que el FODA "...contribuiría a determinar ventajas y desventajas para operar la actividad turística de naturaleza en el presente y futuro tomando en cuenta factores económicos políticos sociales y culturales al igual que aspecto de servicio que 130
brinda financieros y de mercado, organizativos de control que representan las influencias del ámbito externo e interno a la comunidad también se identificaron estrategias para las oportunidades y amenazas y para dar potencializar las fortalezas y dar soluciones a las debilidades identificadas…” (Geoalternativa, et al, 2020) Pero el FODA presentado como resultado quedó muy lejos de la imagen objetivo y el compromiso que en la metodología sé esperaba que constituyera este ejercicio. La metodología de análisis FODA utilizado para el PROTOUR iba a determinar ventajas y desventajas para operar la actividad turística de naturaleza en el presente y el futuro, tomando en consideración factores económicos políticos sociales y culturales. Para identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de manera lo más objetiva posible debe de asegurarse que los participantes tengan un conocimiento pleno del tema, para ubicar y fundamentar los elementos seleccionados y las categorías delineadas de manera coherente y útil. El FODA tiene limitantes, porque sólo es una herramienta de diagnóstico: puede volverse un listado de cosas o situaciones seleccionada sin una buena definición u objetivo, por prejuicios, formación o visión, incluso estado de ánimo del participante. Lo que está listado puede entrar en una o más categorías – puede ser una amenaza para algunos y una oportunidad para otros -, o puede que no caiga en ninguna categoría, puede no tener fundamento. Y por supuesto, la crítica más importante sobre la construcción del FODA, es lo fácil que puede hacerse tendencioso. Es decir, es riesgoso utilizar esta metodología de diagnóstico si no se garantiza la selección objetiva y correcta de los informantes, porque se obtendrá una visión parcial y subjetiva creada a partir de los propios intereses, perfiles del grupo, ignorancia o conocimiento del tema, o de la manipulación (intencional o no) de los facilitadores, como sucedió en el FODA del PROTUR. El FODA del PROTUR es una mezcolanza donde es complicado entender el criterio que se siguió para presentarlo. En la figura 31 del documento del PROTUR se muestra el resultado del FODA mezclando las categorías: Fortalezas internas y externas - que deberían ser Oportunidades colocándolas contra debilidades (internas), pero no aparecen las amenazas. Esto demuestra cómo la facilitación de la consultoría, o bien desconocía el uso y limitantes de la herramienta o tomó el diagnóstico y lo presentó 131
como quiso. Sobra decir que el factor de oportunidades y la contraparte de amenazas se presentaron en una tabla aparte. Llama la atención que las propias categorías fueron modificadas, sólo se delimitaron fortalezas (se suponían internas) pero el listado incluía factores internos y externos, a los que luego se aplicaron debilidades. Un FODA confuso, que daba una imagen estilo Picasso. Pareciera una carencia de experiencia en este tipo de construcción o una simulación descarada de participación tokenista. Pero el resultado es escueto, poco fundamentado, y completamente desarticulado del objetivo, rayando en lo confuso. Cuando los actores locales confrontaron a los consultores con las deficiencias de su “metodología participativa” los consultores empeoraron la situación tratando de compensar dichas deficiencias. Realizaron convocatorias grupales en medio de la contingencia sanitaria por COVID19, estando la entidad en semáforo rojo, sin importarles poner en riesgo a los participantes convocados, lo cual desató críticas aún más severas en contra. Esto demostró no solo la falta de consciencia social y empatía de la consultora hacia las comunidades locales, pero su desconocimiento total o total falta de calificaciones para realizar el trabajo comprometido.
El cálculo inexplicable de Capacidad de Carga y Límite de Cambio Aceptable La Organización Mundial del Turismo define la capacidad de carga como ''el nivel de visitantes que utilizan un área puede acomodarse'' (Buckley, 1999,). Sin embargo, existe aún mucha confusión sobre este concepto. Hablaremos extensamente de las razones porque la comunidad científica a nivel internacional y los habitantes locales, los actores sociales, cuestionan el uso de los números surgidos de la Capacidad de Carga Turística (CCT) y de Límite de Cambio Aceptable (LCA) (Ver el Mito de la capacidad de Carga Turística, más adelante); por el momento nos limitaremos a analizar los conceptos y datos contenidos en el PROTUR. Cuando se revisa en el Anexo 1 del documento del PROTUR, donde supuestamente se explica la forma en la que se obtuvieron los datos y 132
cálculos de la Capacidad de Carga, resultan inexplicables los datos que se utilizaron para determinarla; más que inexplicables, carecen de explicación. Como ejemplo, el cálculo de Capacidad de Carga Física, se ejemplificó con un solo sitio como base de referencia que fue El Canal de los Piratas (Tipo de oportunidad II, según PROTUR): Resultado: Capacidad de Carga Física: 21,345.04 personas al día. Se calculó entre 5 a 14 personas por embarcación de hasta 27 pies, lo que dio 1,778.75 embarcaciones. Utilizó la fórmula de capacidad de carga física: CCF = S*NV Sp Dónde: S= Superficie disponible sp= Superficie usada por las personas NV=Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un día (factores Tv/Hv) Pero al momento de revisar los datos nos topamos con que: Hv/Tv = 13/Varía según sitio. Más que otra cosa no explica de dónde obtiene sus cifras y sus factores de corrección. Esto no permite corroborar los datos de referencia para que uno pueda realizar el cálculo que la consultora realizó. Sin embargo, más abajo se realiza el cálculo de la siguiente manera (página 118 del PROTUR): Capacidad de Carga Física= 46571*3.666666667 = 21,345.04 personas al día. ¿Para el canal de los Piratas únicamente? Uno supone que 46571 (¿m2?) es el área del Canal de los piratas (S) que se menciona como ejemplo (Tipo de oportunidad II), pero el cálculo presentado no sigue la fórmula y de hecho está equivocado. Si tomamos directo el dato como está en el documento: 46571*3.666666667= 21,345.04 personas al día, si se hace de ese modo el cálculo, 46571*3.666666667= 170,760.33 personas al día. A menos que la superficie utilizada por persona hubiese sido 8 (m2), que es lo que da 170,760.33 entre 21,345.04 = 8. Pero el documento nos deja adivinando ¿de dónde salieron todos esos números? Y va más allá, presentando un recuadro de datos y resultados de la CCF, con otro número inexplicable:
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Clase de oportunida d
Capacidad de carga física (personas por día)
Personas por grupo/ embarcaciones de hasta 27 pies
Capacidad de carga embarcaciones por día
II
21,345.04
5-14
1,778.75
Fuente: Tomado de la página 118 del http://www.geoalternativa.com/acervo/PROTUR_2020.pdf
documento
PROTUR.
En:
No explica como promedió las 5 a 14 personas por embarcación, para que resultaran 21,345.04 (que ya vimos es un numero inexplicable), determinara 1,778.75 embarcaciones por día, antes de los factores de corrección. El número de personas para que nos dé ese resultado es 12. ¿Cómo se estableció el criterio para que 12 fuera el número mágico en el rango de entre 5 y 14? Si utilizáramos un razonamiento práctico, tomaríamos 9.5, que es el promedio entre 5 y 14. Pero eso hubiera dado un número mayor de embarcaciones: 21,354.04 / 9.5 = 2,246.8 embarcaciones. 460 embarcaciones más del resultado que obtuvo la consultora. En una versión posterior del documento se modifican las cifras, pero es más o menos el mismo razonamiento. No decimos que este número sea o no correcto, de entrada, es complicado entender los razonamientos iniciales para este cálculo de capacidad de carga física, no se diga de los criterios para determinar sus valores y la forma en la que se comunicaron los resultados, y así con el resto del Anexo 1. Los Factores de corrección tampoco se explican, y dado que no se refieren citas bibliográficas o memorias de cálculo, todos los números obtenidos parecen haber aparecido mágicamente. Como comentario, actualmente existe un conflicto marcado entre los lancheros y serios cuestionamientos de la opinión pública sobre el número de lanchas existentes en la laguna, con apenas 500 o 600 lanchas operando. La Capacidad de Carga del PROTUR estableció prácticamente el triple de ese número: 1,779 embarcaciones; si corregimos el cálculo como lo hice, dividiendo entre el promedio de 9.5 y no de 12, como inexplicablemente lo determinaron, el número de embarcaciones subiría a 2,247. PROTUR habría determinado casi 4 veces el número de embarcaciones. Sin embargo, Capacidad de Carga no es un método recomendable, como puede verse en la sección correspondiente de mitos a este respecto.
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Con respecto al Límite de Cambio Aceptable, en la presentación de los métodos (página 41 del documento) el PROTUR determinaba: “…El método de límite de cambio aceptable se basa en determinar las condiciones deseadas en un lugar para planificar las acciones necesarias para alcanzar dichas condiciones (García Rivas, et al 2005) El límite de cambio aceptable incluye elementos sobre la experiencia del visitante, compatible con el turismo de naturaleza y considera sobre todo el empoderamiento Social para que sea la sociedad quien ejerce el cumplimiento de sus decisiones en planificación, entonces precursores de la sostenibilidad en su territorio a través del monitoreo. Un proceso de siete pasos… se tiende a la planeación estratégica de las actividades en la laguna…” Pero se queda corto. En el texto se vuelve confusa la forma en la que construyeron todos los elementos y no alcanza a comunicar adecuadamente el fundamento de sus procedimientos. Para mayores detalles en Límite de Cambio Aceptable, ver más adelante en la sección de mitos. Acerca de la metodología de LCA en el PROTUR utilizada se realizan aseveraciones muy fuertes (para marketing), pero que difícilmente se ven cumplidas en el desarrollo del documento. La consultora asegura: "... El límite cambio aceptable incluye elementos sobre la experiencia del visitante, compatible con el turismo de naturaleza y considera sobre todo el empoderamiento Social para que sea la sociedad quien ejerce el cumplimiento de sus decisiones en planificación, siendo entonces precursores de la sostenibilidad en su territorio a través del monitoreo. Mediante un proceso de siete pasos (Figura 25) se tiende la planeación estratégica de las actividades en la laguna..." Si nos detenemos a razonar esta declaración, se desprende que para el PROTUR el LCA buscaba como objetivo satisfacer la experiencia de los turistas, no del conocimiento del sistema, ni su enfoque era la protección ambiental. Lo cual es comprensible ya que es una evaluación de actividad turística para beneficio únicamente de la experiencia del turista, no de la protección del ecosistema. Pero a la comunidad se le vendió en un discurso de protección ambiental. También decía que el criterio de límite de cambio aceptable era para turistas cuyas preferencias de experiencia eran compatibles con el turismo de naturaleza. Pero, esa es una aseveración mercadológica y simplista sin base, si se toma en consideración que la forma en que un turista podría interpretar una experiencia y determinar una preferencia depende de 135
valoraciones individuales muy complejas, si solo tomáramos en consideración cómo los seres humanos priorizamos individualmente lo que es importante para nosotros. No puede hacerse una declaración simplista de las emociones de los clientes de turismo, ni tener una idea simplista de lo que buscan, dado que habría que incorporar otros aspectos como su condición humana, su bagaje, la publicidad, la atracción desde la oferta turística, y de diversos factores que estimulan las decisiones del turista. Otra parte del objetivo del LCA era que la misma sociedad, basada en las preferencias del turista, iba a tener que construir un escenario con reglas y acatarlas. Pero se construyó desde un lugar endeble y desinformado, sin conocimiento del objetivo, con un proceso desarticulado y con un nivel de participación tokenista, simulado. Finalmente aseveraba que el empoderamiento social iba a limitarse a seguir las reglas para cumplir las expectativas del turista y aprender a monitorear el sistema para garantizarle al turista que va a tener esas experiencias. Lo que se entiende es que el empoderamiento social impulsado por el PROTUR, consistiría en dejar que el grupo de actores cercanos a los que se les invitó, convocó y otorgó la facultad de decidir a nombre de toda la sociedad (para simular que se hizo "de manera participativa"), iba a establecer y decidir sobre los criterios que el resto de la población iba a tener que seguir y monitorear obligadamente; mientras ellos (con acceso a administrar fondos o beneficios directos) y el resto de la comunidad (obligados por la decisión de la tríada) garantizaban que la Laguna iba a ser un lugar donde los visitantes tuvieran una experiencia satisfactoria de un recurso natural cuidado, a pesar de lo que fuera. Eso, para los promotores del instrumento era el empoderamiento social y la clave de la conservación de la Laguna: Comprometer a la sociedad, con lo que decidió un grupo seleccionado por ellos mismos, con criterios unilaterales, con una planificación "participativa" simulada, para garantizar que los turistas pudieran tener un sitio “reservado” y “protegido” que les garantizara una experiencia de disfrute de la Laguna. ¿Dónde había quedado la justificación inicial del PROTUR? de ser una solución a problemática socio-ambiental y para la protección del patrimonio biocultural. Los promotores del PROTUR, como parte de la tríada, creyeron que la participación pasiva de la comunidad era el objetivo final del empoderamiento, estar ahí, validando lo que se les proporcionaba, y no como parte de una construcción real. Creyendo también que el 136
paradigma del turismo sostenible iba a funcionar como por arte de magia, sin que los habitantes locales estuviesen realmente empoderados. El fortalecimiento y empoderamiento de los residentes, es decir los habitantes locales, puede no significar lo mismo para los actores locales que para el gobierno, para las organizaciones no gubernamentales ambientalistas o para los académicos, lo que sí se reconoce es que "si el gobierno no empodera a los residentes, el éxito del desarrollo turístico y la sostenibilidad no se puede garantizar" (Choi & Murray, 2010). Al enfocarse en los gustos preferencias y necesidades de los turistas como base de la planeación de un instrumento regulador a partir de lo cual “empoderar” a los locales, es decir, si el objetivo del instrumento es reglamentar el sitio para mantener la laguna "bonita " para los visitantes, y luego pretender que esta decisión y visión se “construyó” a través de una metodología participativa, construida con los locales, como el PROTUR y sus promotores, se viola abiertamente la declaración de Berlín sobre diversidad biológica y turismo sostenible que se emitió en 1997. “…: El turismo debe desarrollarse de manera que beneficie a las comunidades locales, fortalezca la economía local, emplee a la fuerza de trabajo local y, donde sea ecológicamente sostenible, utilice materiales locales, productos agrícolas locales y habilidades tradicionales. Deberían introducirse mecanismos, incluidas las políticas y la legislación, para garantizar el flujo de beneficios a las comunidades locales. Las actividades turísticas deben respetar las características ecológicas y la capacidad del entorno local en el que se llevan a cabo. Se deben hacer todos los esfuerzos para respetar los estilos de vida y las culturas tradicionales…” (Biodiversidad y Turismo, 1997) …” La literatura de referencia para construir el PROTUR vino de la CONANP. Aunque se insista que el PROTUR no intentaba ser un Programa de manejo para una ANP, solo bastaba estar consciente de que la Capacidad de Carga Turística y de Limite de Cambio Aceptable son conceptos que se desarrollaron para Áreas Naturales Protegidas…Bacalar no es un área natural protegida. La metodología usada por el PROTUR se adaptó de los manuales de Desarrollo de Programas de Uso Público basados en la metodología de Límite de Cambio Aceptable en las áreas naturales protegidas de México (CONANP 2016) y el Manual de método de elaboración de programas de 137
uso público en la región del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) aunque no pudo encontrarse en la literatura de referencia proporcionada en PROTUR para verificar. Con todo lo anterior y volviendo a poner en tela de juicio la capacidad del despacho y de su encargada de trabajar con este tipo de instrumentos y con la población local, la incapacidad, dejadez o total cinismo de los investigadores y “expertos” de la tríada que no tuvieron ni siquiera el criterio o principios para asegurarse de que los cálculos no solo tuvieran fundamento, sino coherencia, era lógico que los pobladores locales y los actores fuera de la tríada cuestionaran severamente el PROTUR y a sus promotores, algunos de los cuales ya habían venido participando en las anteriores intentonas desde 2011.
Los criterios inexplicables de zonificación Paralelo a la “etapa participativa” lo que se obtuvo fue un mapeo de zonificación de la Laguna, proponiendo una división de usos nada comprensible, si lo que se buscaba era la conservación de los diversos ecosistemas de la laguna, los estromatolitos y microbialitos de la Laguna e incluso asegurar la belleza paisajística para que los turistas siguieran disfrutando el sitio. El plano base de PROTUR consistía en una representación del cuerpo de agua principal de Laguna Bacalar, Laguna Mariscal, una porción de Estero de Chac y la zona de conexión entre la parte norte de la laguna de Bacalar y Laguna chile verde. La zona estaba dividida en cinco tipos de uso (Geolternativa et al, 2020), que de acuerdo al documento de PROTUR eran las zonas categoría 0 o Zonas de conservación, o zonas sin acceso a turistas; zonas tipo I. Zonas exclusivas, en las cuales el turista puede tener una experiencia de calidad en un lugar de alta integridad ecológica; Zonas tipo II. Zonas que son naturales, sin embargo, se pueden detectar signos de impactos turísticos por una mayor frecuencia de turistas; Zonas tipo III. Zonas que tienen el mayor Impacto y Zonas tipo IV. Zonas urbanas. Lo primero que salta a la vista en el plano de zonificación de PROTUR es lo mucho que se parece su zonificación a un ANP. El plano, si hubiera sido construido de manera participativa, realmente participativa, hubiese sido difícil que repitiera los mismos criterios de los instrumentos anteriores que 138
fueron abiertamente planificados y diseñados desde el exterior de la comunidad, creados por agentes institucionales “de afuera”, que solo fueron consultados, no construidos, con la población. Es un plano que guarda muchas similitudes y criterios basados en, por ejemplo, el plano de propuesta base de sitio Ramsar de 2011, propuesto por Luisa Falcón, del Instituto de Ecología de la UNAM, y ambos coincidían con los planos y zonificaciones base de los Ordenamientos Ecológicos de Bacalar (2005) y de Othón P. Blanco (2015). Aquí hay que aclarar dos cosas, del plano del PROTUR: El plano en el documento decía una cosa y el plano interactivo detallado por zonas contaba una historia muy diferente. Como asesora técnica de varios miembros del comité de operaciones de la laguna de Bacalar ante APIQROO, se me proporcionó el enlace para revisar el plano interactivo propuesto por la consultora. Este enlace no está funcionando actualmente, pero lo revisamos, descargamos el archivo kmz y tuvimos la oportunidad de hacer observaciones en su momento. Una cosa es lo que se presentaba en el documento que tanto se defendió en todos los grupos de apoyo y otra cosa diferente es lo que aparecía en el mapa interactivo que se presentó a las autoridades, que fueron la principal causa del conflicto potencial real que detectó la comunidad. Dejo algunos ejemplos, de los muchos que se encontraron como criterios inexplicables de zonificación.
Balneario ejidal mágico Bacalar en la inexistente zona 9.9 Cuando uno lee el documento de PROTUR y encuentra el Balneario ejidal mágico Bacalar, a la escala que puede observarse en el plano, se encuentra dentro de la zona 9. Paisaje biocultural. En el documento de PROTUR se establece que es una clase de oportunidad III. Y cita: "... Esta constituye la unidad de mayor actividad turística y se encuentra frente al centro urbano de Bacalar. Compone de diversos elementos naturales e inducidos que muestran acontecimientos sociales e históricos relacionados con piratas y luchas de los pueblos Maya por su territorio. Litoral oeste está abarcado por hoteles restaurantes y viviendas de renta. Siete subunidades dentro de la laguna y tres fuera de ellas en las que se es deseable instalar centro de recepción de visitantes y monitoreo (apartado de estrategias de reducción de impacto), donde se reciba el turista con alta calidad centrado en un mensaje de contextualización 139
de lo especial del sitio que se visita y los formas de cuidar lo previo a la entrada a la laguna...” Hay que tomar en consideración que este plano interactivo que revisamos y que actualmente ya no está disponible, fue el plano que se sometió a consideración de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, no puede argumentarse que era un plano cualquiera, era un plano que se sometió a consideración de la entidad administradora legal del cuerpo de agua, con la posible esperanza de que fuera revisado, incluido y validado durante el proceso de revisión anual de las reglas de operación. De entrada, parecía que los criterios y restricciones aplicaban de manera equitativa para todo el polígono, pero al colocar el cursor sobre la zona se trataba de una subzonificación que aparecía como 9.9 Microbialitos Bacalar. No obstante, cuando se revisa al documento de PROTUR de la misma fecha, en la tabla de subzonificación sólo llegaba a 9.7 establecido como Cenote Cocalitos, la versión de junio de 2020, y la de agosto 18 y una de noviembre que llega hasta en la subzona 9.8 (Geoalternativa, et al, 2020). La subzona donde estaba el Balneario ejidal era la 9.9 en el plano interactivo, solo colindaba con tierra en el polígono del Balneario ejidal. Los usos establecidos eran: Corralitos de estromatolitos, snorkel y nado. ¿Por qué no aparecía en el documento? Afortunadamente le tomé captura de pantalla a todo, por si luego me argumentaban que nunca existió, y más importante ¿Cuál fue el criterio para determinar que únicamente el balneario ejidal “Mágico Bacalar” propiedad del Ejido Bacalar, quedara con un frente de laguna restringido solo para Corralitos para estromatolitos, snorkel y nado? Casualmente el balneario más exitoso de la zona, el más antiguo, que ha venido operando desde finales de la década de 1940, y que involucra a las familias de los 155 ejidatarios y sus familias, aproximadamente 3000 personas, un predio de casi 5 hectáreas, céntrico, con servicios, básicamente privilegiado, y un balneario que cuenta con uno de las mayores flotas de embarcaciones para tours, restaurante y actividades, y que con el PROTUR se le colocaba en una zona restringida que por supuesto iba a colocarlo en desventaja competitiva contra los que estaban como unidades turísticas funcionales y no tenían ninguna restricción del PROTUR. ¿Cuál fue el criterio para colocar la zona 9.9 Microbialitos Bacalar, que no planteaba navegación, en la zona justo fuera de los muelles del balneario y de todos los negocios de la costera en la ciudad, antes del área de 140
navegación? Existen islotes y estromatolitos en la orilla, pero solo afectaba la zona acuática colindante al balneario ejidal ¿Quién decidió ese criterio? Hicimos patente nuestra suposición de que no estaba relacionado con la franca oposición del ejido al instrumento. Si el instrumento se construyó con representación del ejido Bacalar, como publicitó la consultora y el estado, ¿Por qué aprobaron este uso tan restrictivo para su propia área colindante con el cuerpo de agua, más si su balneario cuenta con la autorización de uso exclusivo de APIQROO y una de las flotas de embarcaciones para tours en la Laguna, con más antigüedad y reconocimiento? Si el criterio era proteger la línea de litoral, dónde se ubican los estromatolitos y los microbialitos y todas estas estructuras delicadas que ante la insistencia de grupos de la tríada (organizaciones no gubernamentales, científicos y gobierno) se querían proteger dado que el corredor se llama microbialitos de Bacalar ¿Por qué la zonificación dejó fuera a todos los negocios y casas de la zona litoral frente a Bacalar, excepto el balneario ejidal? Más preocupante fue el hecho de que el documento no menciona nada de esto, de hecho, la subzona 9.9 no aparece en la versión de 2019 ni la versión de 2020, pero si aparece en el plano interactivo que Geoalternativa quiso someter a aprobación del comité de APIQROO.
La subzona 5.1 Microbialitos de Buenavista Al norte de la Laguna, sobre la zona litoral sur del ejido Buenavista, en comparación, se le coloca una serie de oportunidades más laxas, igual de restrictivas, pero más laxas. Esta parte del litoral quedaba en el plano con usos como veleo, remo, snorkel, cultura, vivero, buceo, posiblemente palafitos. La navegación solo en tránsito (¿hacia dónde?) Aunque le fue mejor que al ejido Bacalar, tal vez porque no se opusieron tan abiertamente. De nuevo se coloca la restricción a la navegación frente al pueblo, pero se deja abierta la posibilidad fuera de la zonificación 5.1 de Buenavista para todos los predios que están ubicados sobre la zona litoral. Había algunos usos permitidos que nos llamaron la atención, dado que era zonificación en el cuerpo de agua ¿Vivero? ¿Cultura? Y sobre todo nos llamó la atención “posiblemente palafitos”. Quiero explayarme un poco con este último uso permitido. En un reglamento o lineamiento de usos no 141
puedes utilizar adverbios, probablemente quiere decir “quizás” o “tal vez”. ¿Tal vez se permitirán palafitos? ¿Qué tipo de reglamento es ese? Y sin criterios técnicos para justificar la construcción de infraestructura en el cuerpo de agua que es una atribución de otras autoridades. Tal vez solo fue una coincidencia que por esas fechas hubo algunas propuestas controversiales de establecimiento de desarrollos tipo palafito por grades capitales apoyados por algunos funcionarios de gobierno en algunas zonas de la laguna.
50% de la Laguna en Conservación o solo para Investigación ¿Quién decidió que un 50% de la Laguna de Bacalar se quedara solo para Conservación e Investigación? Pues la parte de ONGA y de académicos de la tríada. Las zonas 0.0 clasificadas como Humedal y señalizadas en Verde por el PROTUR. En estas zonas, justo en el medio de la Laguna de Bacalar y comprendiendo casi un 50% de su superficie su categoría era Conservación, no se permitía la navegación y los usos permitidos eran Conservación e investigación. Sin estancia turística, Sin uso con Nula posibilidad de visitar o encontrarse entre grupos de visitantes. Y si acaso el tamaño de grupos mínimo indispensable para investigación y conservación. Estas eran las “zonas de conservación”. Después de analizar las propuestas de Ramsar y del ANP quedaba claro que existía y existe uno o varios grupos de interés que han estado insistiendo detrás de estas zonas para supuestas cuestiones de conservación y para asegurarse una “reserva” solo accesible para investigadores, específicamente los promotores de los instrumentos de Ramsar a la fecha que es la doctora Luisa Falcón, el doctor Hernández y otros actores de gobierno que se han ido sumando a esta estrategia de hacerse del control de la Laguna. El documento establece que estas eran las áreas de conservación y que fueron establecidas durante el proceso de construcción participativa por la comunidad, ya hablamos sobre la declaración falsa de la participación comunitaria en la construcción de este documento, por lo tanto, suponemos que fueron grupos interesados en que esta zona se quedarán con criterios de cero utilizaciones. Argumentando que esta zona no tenía oportunidades de actividades turísticas.
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Zonas de conservación Son las que durante el proceso de construcción participativa la comunidad señaló como clase de oportunidad cero o sin actividades turísticas. Son zonas que resguardan ecosistemas cuyas características psicológicas son aún funcionales y es deseable su conservación por lo que sólo pueden ser utilizadas para fines de Educación e investigación. Partiendo de la deficiente construcción del PROTUR o diseños tendenciosos falto de validación comunitaria ¿Qué parte de la comunidad hizo ese señalamiento? Tomando en consideración que esas son zonas con propiedades privadas y posesiones de terrenos nacionales con documentos. Como ya revisamos a profundidad, no hubo tal construcción participativa, solo se tomaron la libertad de hacer este tipo de declaraciones, un discurso autovalidatorio. No existe en el documento de PROTUR indicios de que se haya trabajado un diagnóstico fundamentado por zonas, revisando el FODA y tomando en consideración que el Límite de Cambio Aceptable que se construyó en base a las experiencias o preferencias de los turistas, se vuelve inexplicable la forma “participativa” de definición de este sitio como clase de oportunidad cero. Otras zonas de conservación eran los humedales, las microbialitas del litoral noreste, las microbialitas del litoral sureste, que eran 11 km de microbialitos, finalmente la isla de los pájaros y la isla corazón que eran un par de lotes ubicados frente al centro urbano.
Las estrategias “innovadoras” que ponían en riesgo la laguna y la seguridad de los usuarios Las estrategias que se establecieron para supuestamente proteger la experiencia paisajística de disfrute de los turistas en Bacalar, eran de dos tipos, las Particulares, para aplicar en algunas zonas y las Generales, de aplicación en todas las zonas, similar a los criterios generales y criterios particulares de los Ordenamiento territoriales. Dos de los tres objetivos de estas estrategias eran para beneficio del turista, ni siquiera del cuerpo de agua. El primer objetivo era garantizar la integridad física del visitante y lo elementos comunes del patrimonio natural y cultural; el segunda era garantizar la satisfacción de los visitantes en el desarrollo de las actividades 143
recreativas y el tercero era difundir y concientizar de la importancia de la naturaleza y los espacios naturales. Antes de llegar a las estrategias, se generaron unos indicadores que no parecen estar articulados con otros puntos del documento, o más bien parecieron generarse a solicitud. En las tablas 10 a la 14 del PROTUR se establecieron propuestas de indicadores para determinación de problemática, pero, como el resto del documento, son propuestas desarticuladas, más relacionadas con la especialidad del proponente que con un esquema articulado para obtención y seguimiento de indicadores para límite de cambio aceptable. En el PROTUR se establece el desarrollo de indicadores de operación náutica y de desechos orgánicos mediante el análisis de ADN de fitoplancton y zooplancton de sistemas oligotróficos (de aguas sin nutrientes) para asegurarse de que no cambien en el tiempo por los microorganismos de sistemas eutróficos (con abundantes nutrientes). No obstante, en todos los elementos analizados NO se había manejado combustibles como fuente de eutrofización del agua, sino agroquímicos y materia fecal de los drenajes de las casas y comercios de Bacalar, pero el orientador del indicador se refiere a fecalismo al aire libre ¿De dónde sacan como prioridad que los combustibles son indicadores de eutrofización? También se propone para desechos orgánicos, pero la propuesta es investigación y más investigación, identificar ADN de microorganismos de fitoplancton y zooplancton de la laguna y lo justifican a partir de ¿fecalismo al aire libre? ¿En qué parte del diseño de FODA y de los análisis restantes surgió esta problemática? ¿Por qué realizar análisis de ADN? Tal vez porque es la especialidad del proponente, el Dr. Manuel Elías de ECOSUR y su interés de investigación es precisamente ese. Igual sucede para la evaluación de la chivita (Pomacea flagellata) especialidad del proponente Dr. Alberto de Jesús Navarrete de ECOSUR. También se propone evaluar el nivel del agua (Tabla 11 del PROTUR) en la laguna, el comportamiento de cumplimiento de normas de conservación de hábitat frágiles (Tabla 13 del PROTUR) y el indicador de eutrofización (Tabla 14 del PROTUR). Respondieron aparentemente al interés particular de cada investigador consultado, sin estar relacionado con el objeto del PROTUR o al FODA. Y entonces llegamos a las propuestas de Estrategias.
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Estrategias Si se trató de justificar que las estrategias y propuestas habían surgido de un proceso participativo, con un diagnóstico completo que permitió la generación de resultados para establecer a través de la metodología de Límite de Cambio Aceptable, y de Capacidad de Carga, las estrategias y sus indicadores, también fallan ostensiblemente. Aquí algunos ejemplos de lo injustificables, y en algunos casos peligrosas, propuestas “innovadoras”.
EP1. Instalación de boyas Los diseñadores del PROTUR proponen como estrategia el boyado. Específicamente dicen: Se realizará la instalación y mantenimiento de boyas en zonas de conservación para lograr el control de las actividades, a través de los límites de navegación, amarre o zonas predestinadas, lo que disminuirá el impacto físico del anclaje de embarcaciones en manglares, y otros elementos naturales. También podrán instalar grandes boyas de amarre para establecer turnos de visita a cada lugar, como una forma de organización para aplicar la capacidad de carga. La actividad náutica en general puede ocasionar una serie de impactos ambientales que derivan de las acciones de anclajes y por la contaminación ocasionada por la descarga de residuos al agua, la basura, la pintura anti incrustantes, el aumento de la turbidez y la erosión, el ruido, la propagación de especies invasoras, y embarcaciones que golpean animales (Forrester, 2020). La gestión exitosa de los crecientes niveles de actividad de los barcos en la laguna, por lo tanto, requería comprender dónde y cuándo ocurrían este tipo de impactos, dicho análisis no aparece en el diagnóstico o en las propuestas de indicadores sugeridos. Adicionalmente, si bien las boyas de anclaje han probado ser eficaces a la hora de reducir los incidentes de amarre de embarcaciones en estructuras frágiles como arrecifes, los campos de boyas en diversos sitios de actividades náuticas y de turismo han sido motivo de discusiones en las últimas dos décadas. La cuestión gira en torno a su implantación, los impactos ambientales que generan y la sostenibilidad de su manejo y mantenimiento como elementos artificiales en zonas naturales “frágiles”. Para la instalación de boyas no bastan las buenas intenciones, es necesario determinar las áreas de abrigo aptas para dicha instalación, el análisis de elementos existentes en el sitio, determinar adecuadamente los elementos 145
implicados en el buen funcionamiento de la actividad relacionada con el boyado. Es decir ¿cuál es la finalidad del boyado? Los expertos en boyado listan una serie de acciones previas a la instalación de las boyas, como la evaluación de los trenes de fondeo, los parámetros y dimensiones adecuadas para garantizar no solo que soporten la tensión necesaria, sino que generen la menor cantidad de impactos ambientales posibles, debe considerarse un mapeo real de profundidades, tipo de sustrato del fondo, dirección del viento y de las corrientes, el peso y dimensiones de las embarcaciones que van a anclarse, si ese va a ser la función de la boya, para determinar los trenes de fondeo, las anclas y su confiabilidad a fin de evitar incidentes futuros e impactos. En Bacalar debe de evaluarse aspectos como el efecto de intemperismos estacionales, como los huracanes, la elevación del nivel de la laguna durante la temporada de lluvias, las corrientes y el cambio de dirección de las mismas y el arrastre de sedimentos en algunos sitios durante estas temporadas. Puede parecer simple, instalar boyas por doquier, pero, tal y como lo establece la guía de PADI (2005) a nivel internacional la instalación de boyas de amarre requiere experiencia profesional en todas las fases de la planificación e implementación del proyecto. Se deben considerar varios hechos y, en muchas situaciones, el alcance del proyecto exigirá un esfuerzo de cooperación entre los organismos gubernamentales pertinentes y las partes interesadas. El uso previsto de la zona determina el número, la ubicación y el tipo de amarres desplegados. Debe organizarse la financiación de la instalación y el mantenimiento continuo, un elemento crucial de cualquier sistema de boyas de amarre. Se deben llevar a cabo programas educativos para garantizar que los usuarios privados entiendan para qué sirven las boyas y que se adopten las disposiciones adecuadas para la aplicación de las regulaciones del proyecto o del sitio En la propuesta de indicadores, hubiera sido útil un estudio cuantitativo del hábitat bentónico donde se despliegan los anclajes, sustratos, batimetría y el grado en que las tasas de anclaje en hábitats sensibles cambian cuando se instalan boyas de amarre (Lloret et al., 2008; Sagerman, et al., 2020) y con qué frecuencia se despliegan anclas, esto es obligatorio, y no se consideró. De acuerdo al manual de PADI, es necesario considerar los impactos que implican los campos de boyas (PADI, 2005). Estos impactos incluyen el 146
impacto visual. El área se enfrentará al impacto visual de las boyas flotantes de plástico que bordean el horizonte. A muchos turistas no les va a agradar ver campos de boyas en su paisaje prístino, además del impacto visual de las boyas, el impacto visual y el incremento del efecto de “atestamiento” (crowding) por lanchas amarradas muy cerca de unas a otras (una misma boya) ¿No era el objetivo del PROTUR “garantizar una experiencia satisfactoria cercana al paisaje prístino para el turista”? Por lo tanto, la concentración de boyas en las zonas costeras puede convertirse en un problema estético que habrá que considerar. Además, debe garantizarse un programa de mantenimiento permanente a fin evitar el deterioro de las boyas y el detrimento de la calidad estética de la experiencia del visitante. También están los impactos ambientales. Para el caso de las boyas de anclaje, debe de evaluarse y establecer estrategias para prevenir los efectos ambientales de la concentración de embarcaciones en áreas poco profundas que puedan no contar con una buena circulación de agua. La concentración de productos químicos y contaminantes en áreas de amarre puede afectar la calidad del agua local y, a su vez, dañar los organismos en el entorno. Las boyas de amarre también pueden aumentar el uso de un área, con impactos asociados. Habrá que establecer LCA óptimo y establecer límites de cambio aceptable y si se exceden esos límites, se deberá disminuir el uso. Es probable que la demanda de boyas de amarre aumente con la oferta, así que habrá que limitar el número de boyas de amarre instaladas en áreas con una capacidad limitada para acomodar embarcaciones. Es importante también considerar los conflictos de uso ya que una vez que las boyas de amarre se ponen a disposición del público, se desarrolla el potencial de conflictos. En pequeñas áreas aisladas con uno o dos operadores comerciales turísticos y solo un navegante o pescador ocasional, los conflictos serán mínimos. Sin embargo, en áreas de alto uso y alto tráfico pueden surgir conflictos que se deben anticipar. Otro aspecto a considerar es el propio sistema de la Laguna, especialmente la composición química del agua. Como el propio manual de PADI establece: Las líneas descendentes de las Boyas a menudo desarrollan el crecimiento de la vida acuática y construyen un pequeño ecosistema. Esto es especialmente cierto para el caso de Bacalar, donde cualquier objeto en el agua tiende a petrificarse con el tiempo, parte de un proceso natural que involucra microorganismos y las altas concentraciones de soluto en el agua 147
de la Laguna de Bacalar (Villarreal-Sonora, 2021), como el calcio, magnesio y azufre. La creación de largas procesiones de materiales que pueden ser colonizados por colonias bacterianas que generan depositación de sólidos alrededor de las boyas de delimitación, puede contribuir a la turbiedad del agua y la consecuente afectación de las zonas frágiles, que se trataba de proteger. El ecosistema oligotrófico de la porción “azul” de la laguna, requiere de mantener despejado el sustrato blanquecino, de carbonato de calcio que permite el reflejo de las tonalidades de azul, este sustrato es susceptible al establecimiento de parches de otro tipo de materiales donde pueda generarse un proceso sucesional. Una vez establecido el plancton, de ahí los parches de pastos acuáticos o cualquier otro tipo de vegetación, la zona pierde su cualidad “azul”. Además ¿Por qué es preocupante la propuesta de este tipo de estrategias? Porque dan pie a INICIATIVAS POR INSPIRACIÓN como la iniciativa de boyado de 4 kilómetros del cuerpo de agua en la Laguna de Bacalar sin considerar los aspectos arriba mencionados, movilizado por ciudadanos bien intencionados, pero sin contar con la información de base que los expertos en boyaje requieren y sin conocer los procesos geohidrológicos de la propia laguna. Existe normatividad suficiente para garantizar la sustentabilidad de las actividades en la Laguna de Bacalar (Ver El mito de la falta de regulación en la Laguna de Bacalar y su Cuenca, más adelante), se requiere consolidar un esfuerzo de educación y vigilancia entre los usuarios y prestadores de servicios, con el fortalecimiento y articulación de la regulación existente; un análisis amplio e integral con los factores recomendados para determinar el sistema y estrategia de instalación y mantenimiento del boyado, así como los indicadores.
EP3. Estructuras de protección de Microbialitos La estrategia se justifica así: es una de las Estrategias físicas de control de visitantes. EP3. Estructuras de protección de Microbialitos. Y refiere: Los microbialitos deben protegerse de impactos físicos por agua y tierra con infraestructura: construcciones temporales (sin cemento, vidrios, ni metales) con pilotes, debe permitir el flujo de agua y el paso de la luz solar a los 148
Microbialitos, pero el paso de la luz no debe ser aumentado por ningún material, como vidrio (por ejemplo) pue son fotosintéticos. El diseño fomenta que el turismo aprenda de ellos sin contacto físico como pararse o sentarse, también evita que las personas se acerquen a ellas con la distancia suficiente para evitar su contacto. La instalación de esta infraestructura deberá ser susceptible de excepción de impacto ambiental en zonas propiedad federal o realizar manifestación de impacto ambiental para la instalación de infraestructura. Para las orillas de predios particulares, el propietario podrá incluirlos en las manifestaciones de impacto ambiental correspondiente a las obras y actividades de su predio (PROTUR, 2020). En las primeras versiones del PROTUR se denominaban corralitos de microbialitos. La propuesta era construir una barda alrededor de las estructuras de Microbialitas existentes en la laguna. La propuesta implicaba la colocación de barreras de madera a lo largo de tramos de hasta de 11 kilómetros, de manera continua o con espacios, en las estructuras cercanas o dentro de los balnearios existentes en la laguna, las casas y toda la infraestructura costera. Esta estrategia demuestra un desconocimiento amplio y atroz de los procesos geohidrológicos y edáficos de los que las microbialitas en Bacalar son protagonistas. Adicionalmente se plantea como estrategia el dejar su construcción e instalación fuera del mecanismo de evaluación de Impacto Ambiental en las zonas de propiedad federal, referidas a la parte central que el instrumento determina como zonas de conservación y que durante más de una década han sido una de las áreas que el grupo promotor desea reclamar para sí. No existen estructuras de protección de microbialitos en ninguna otra parte del mundo, y no es por una razón gratuita. Cuando 149
se conoce el proceso de edaformación del que los microbialitos son la base y que es fácilmente observable en los márgenes de la laguna, a lo largo de la escala sucesional, desde el centro del cuerpo de agua hacia los ecosistemas terrestres al oriente y poniente puede notarse un proceso que simplificamos así: Los tapetes microbialíticos (tapetes de microorganismos que acumulan las sales de calcio y magnesio predominantes de la Laguna de Bacalar) se conforman en esteras que van acumulando sedimento, cementándolo y formando las columnas planas en los márgenes, prácticamente columnas de sarro. Una vez que la columna de material petrificado (el estromatolito) sobresale del cuerpo de agua, o queda con una película delgada de agua, o que el espejo de agua se reduce o desvía, como efecto colateral de la acumulación de estas plataformas y columnas de sarro, comienza a colonizarse con otro tipo de componentes. Esta película tiende a acumularse en torno a cualquier estructura que esté determinado tiempo en el agua, sucede con muelles, embarcaciones y boyas (ya explicado en la propuesta de boyado), y se comienza a dar la sucesión para desarrollar sobre estas columnas y plataformas, suelo, lodo, humedales y vegetación. Colocar barreras artificiales, aunque permitan pasar el agua, pero que reduzcan el flujo y aumenten la superficie de acumulación de partículas cementables alrededor de las columnas que de por sí están acumulando sarro, va a generar impactos. Pero además se propone NO evaluar el impacto ambiental para las zonas federales que le interesan a la tríada, este tipo de decisiones de establecimiento de infraestructura requieren de una evaluación detallada y con conocimiento para prevenir impactos acumulativos que ocasiones una afectación negativa producto de la sinergia acelerada de introducir elementos artificiales de manera extensiva. Agregando además el impacto potencial por el anclaje de estas estructuras en torno Adicionalmente está el aspecto de seguridad. La estrategia propone construir cercados de madera dentro del cuerpo de agua, la profundidad en algunas zonas en torno a los microbialitos es de más de 3 m, por lo que colocar un entramado de regletas de madera de 4 a 5 metros, donde al menos un 30% habría que estar enterrado en el sustrato, en zonas donde hay corriente de 1 a 3 nudos (algunas temporadas) significa el someter áreas a un impacto permanente desde la base de la estructura y por debajo; crear barreras innecesarias sin una evaluación a profundidad y con bases 150
de cómo funciona el sistema, más por una inspiración, resulta no solo peligroso sino ofensivo. Su solución a prevenir el impacto de que las personas se acerquen a la columna de carbonato de calcio (sarro) es colocar cercados permanentes alrededor. Una visión colonialista e infantil, simplista y peligrosa. Además, la foto que aparece cortada en el documento es parte del conjunto de Hamelin Pool en Australia, un ecosistema de estromatolitos marinos muy distinto a lo que es Bacalar e incluso en ese sitio, la estructura no es un cercado, es un puente observatorio de 220 metros, en condiciones muy distintas. Un franco ejemplo de la forma en la que se manipula la información a conveniencia del grupo promotor.
EP4. Servicios Proponen servicios básicos de baño, regadera y planta de tratamiento por evapotranspiración en lugares públicos y sitios de abordaje. Solo habría que citar a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos que establece que un sistema ET (evapotranspiración) es una opción factible en climas semiáridos donde la tasa de evaporación anual excede la tasa anual de precipitación. La cantidad que la evaporación excede la precipitación es la capacidad de aplicación de aguas residuales. Como dato de referencia, los climas semiáridos en México se localizan principalmente en el centro y norte del país, poseen un promedio de precipitación pluvial de entre 400 mm a 1,000 mm, una humedad relativa media anual de 59%, en contraste con las zonas como Quintana Roo, que se clasifican como cálidas subhúmedas donde el promedio anual de precipitación va de 1,000 mm a 4,000 mm, con un promedio anual de 1,500 mm y con una humedad relativa media anual del 66% al 88% casi todo el año, con una precipitación pluvial de alrededor de 1,500 mm que pueden caer en un día, cuando sucede un huracán. Los requerimientos para el uso de sistemas de tratamiento tipo evapotranspiración (ET) incluyen Calor latente de aproximadamente 590 cal/g de agua evaporada a 15 °C, la existencia de un gradiente de presión de vapor entre la superficie evaporativa y la atmósfera para eliminar el
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vapor por difusión, convección o una combinación de los dos y un suministro continuo de agua a la superficie evaporativa. Las desventajas de estos sistemas es que se rigen por condiciones climáticas como la precipitación, la velocidad del viento, la humedad, la radiación solar y la temperatura. No son adecuados en áreas donde la tierra es limitada o donde la superficie es irregular o donde se pueden recibir hasta 1,300mm de lluvia anualmente, como es el caso de Quintana Roo, sin contar la precipitación que pueda caer durante un huracán o tormenta tropical. Los sistemas ET tienen una capacidad de almacenamiento limitada y, por lo tanto, no pueden almacenar mucho volumen de aguas residuales cuando hay una cantidad de humedad en el ambiente, para su evaporación. Existe la posibilidad de sobrecarga por infiltración de precipitaciones, algo que ya ha quedado demostrado en infinidad de ocasiones durante los eventos de lluvias intensas que se suceden en la zona. Generalmente se limitan a sitios donde la evaporación excede la precipitación anual en al menos 24 pulgadas (es decir, para las zonas áridas y semiáridas, no las tropicales). La transpiración y la evaporación pueden reducirse cuando la vegetación está latente (es decir, los meses de invierno). La acumulación de sal y otros elementos pueden eventualmente eliminar la vegetación y, por lo tanto, la transpiración. En una zona donde el agua tiene un alto contenido de sales (calcio y magnesio) como Bacalar, es otro riesgo no medido.
Estrategias de control de contaminación Es interesante observar como el PROTUR coloca estrategias administrativas para control de visitante, refiriendo el reglamento de municipio para prestación de servicios en sitios turísticos de embarcaciones olvidando que existe un reglamento específico por la autoridad pertinente que en este caso es la APIQROO y que establece de manera muy clara la forma en la que pueden o no operarse las embarcaciones, los horarios y los recintos de infraestructura portuaria en toda la laguna. Si bien el municipio puede sancionar a los lancheros, no es la autoridad correspondiente. Para sus estrategias de prevención de derrames aquí también queda patente el deficiente conocimiento de la regulación que ya existe a nivel 152
nacional para prevención de la contaminación en cuerpos de agua y se remite a establecer la regla 51 del reglamento municipal de turismo dónde queda prohibido derramar la laguna combustibles, lubricantes, aguas residuales y basura, pasando por alto que existen normas específicas en la legislación mexicana. El documento comete el pecado de presentar supuestas propuestas innovadoras, producto de inspiración, carentes de fundamento técnico, que van a representar un riesgo. No vamos a extendernos más allá porque considero que ya dejamos claro este punto. Es también incongruente con el discurso de los ambientalistas, de la propia tríada, que publicitan que la contaminación y los impactos a La Laguna se generan principalmente por las escorrentías derivadas de zonas agrícolas o las zonas urbanas aledañas a la laguna de Bacalar, y estructuran el PROTUR como un instrumento que pareciera única y exclusivamente avocarse a controlar el cuerpo de agua, receptor de los impactos, no las fuentes de contaminación. Y más allá, realiza un enorme esfuerzo por delimitar y controlar el número de personas que ingresa al cuerpo de agua y las actividades de turismo que van a desarrollarse para garantizar el disfrute del visitante, sin un análisis o fundamento del sistema ambiental completo.
IBANQROO y el PROTUR Si quedaba alguna duda sobre la intencionalidad de crear el PROTUR como un instrumento disimulado de política ambiental para control, similar a una ANP, para la Laguna de Bacalar, en un ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE INSTRUMENTOS realizado por el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo y la Secretaria de Medio Ambiente de Quintana Roo y entregado a miembros del Consejo Comunitario de la Cuenca de La Laguna de Bacalar, en una reunión convocada por ellos el 20 de octubre de 2020, se presentó una tabla comparativa entre Indicadores para la elaboración de Programas de Manejo de ANP de competencia federal y el PROTUR. La intención del IBANQROO era de algún modo validar el instrumento como alternativa al ANP. Analizaba la similitud de ambos instrumentos, para los 12 indicadores utilizados para la elaboración de Programas de manejo de ANP de competencia Federal. Así que podría decirse que esta fue otra estrategia de integrantes de la tríada (gobierno) 153
por validar un instrumento de control, argumentando que contaba con la mayor parte de los componentes de un ANP, sin serlo. Pero evadieron aclarar lo mal construido que estaba el PROTUR. Con detalle señalaron dónde específicamente en el PROTUR se cumplía con el lineamiento de ANP. Lo extraño es que la tabla la hicieron para demostrar que el PROTUR no era como un ANP, cuando mostraba todo lo contario. Era como un ANP, sin ser una ANP, contemplando volverse ANP, como sucede con las declaratorias de Ramsar. Es increíble la cantidad de tiempo y recursos que la tríada invierte en validar sus discursos y mitos, rayando en la ridiculez e incoherencia, en su desesperación, en lugar de hacer bien las cosas. Pero eso significaría empoderar a los locales y eso es algo que ellos no están dispuestos a conceder. Afortunadamente los argumentos de los grupos técnicos de la comunidad evitaron también su imposición.
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¡CARACOLES! AHORA UN HÁBITAT CRÍTICO Y luego surgió la propuesta de veda del caracol Chivita (Pomacea flagellata) para imponer un Hábitat crítico. Cuando la propuesta de Área Natural Protegida de 2017 no fructificó por la resistencia de los habitantes locales, la tríada buscó OTRO canal para intentar establecer su Área Natural Protegida, y la transformó en una propuesta de Hábitat crítico. El 1 de mayo de 2019, en la reunión de trabajo de las comisiones unidas del Congreso del Estado de Quintana Roo, se tomó un acuerdo con el que se pretendía declarar el Sistema Lagunar de Bacalar como un Área Natural Protegida, y, considerar al caracol chivita (Pomacea flagellata) dentro de la NOM-059-SEMARNAT-010. Esta iniciativa fue promovida por la fracción parlamentaria del partido Nueva Alianza, encabezada por el Diputado Ramón Javier Padilla Balam. En su exhorto se solicitaba a la SAGARPA, SEMARNAT, y SEMA para dar inicio a los trabajos para incluir al caracol chivita (Pomacea flagellata) en la NOM-059-SEMARNAT 2010, bajo la categoría de especie amenazada, al tiempo que se decretaba una veda de 10 años para su aprovechamiento y se solicitaban acciones de protección de los estromatolitos de Bacalar, es decir poner un tipo de reserva. En este documento, independientemente de los argumentos sentimentaloides y la parafernalia de estadísticas de consumo y pesca de caracol, no había un fundamento técnico científico, además de citar tres estudios: uno de dinámica poblacional con enfoque de acuacultura, uno de percepción de consumo y una nota periodística, no establecía una argumentación sólida para dicha propuesta. La solicitud de colocar en estatus de protección como especie amenazada a Pomacea flagellata NO se
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justificaba, dado que, en sí, el género Pomaceae es bastante común y está muy bien distribuido. Este caracol posee una amplia distribución natural que va desde el sur de Estados Unidos a Colombia, y en ninguna parte de esa región se ha reportado amenazado o en peligro, porque además es una especie que, está siendo utilizada como cultivo comercial, demostrado con la amplia lista de publicaciones existentes al respecto. Su inclusión como especie amenazada no solo no estaba justificada por la falta de fundamento, sino que hubiera dado al traste con la economía de producción de una especie que es abundante y de hecho es significativa en su distribución en cuerpos de agua dulce y salobre. Otros aspectos relevantes del género y de la especie es que son considerados de importancia médica al ser transmisores de parásitos que afectan al hombre y que generan bioacumulación de toxinas, lo que los hace un alimento riesgoso; en este género también hay especies consideradas plaga, hay gobiernos que cuentan con programas de control y erradicación de algunos de sus parientes. Si bien P. flagellata en Bacalar es local, algunos de sus parientes como P. caniculata han probado ser especies invasoras muy agresivas y cosmopolitas, diezmando cultivos como el arroz, en muchas regiones de América Latina, Asia y Europa. Con esta propuesta de veda y de inclusión de la chivita como especie en riesgo, se pretendía dar base a otra propuesta de instrumento de control en la laguna de Bacalar, el establecimiento de un Hábitat Crítico. Esta propuesta surgió como parte de un proyecto impulsado por SELBA, AC, una ONGA, con fondos del Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PPD del PNUD). El Hábitat Crítico es un instrumento de conservación neoliberal ambientalista – léase control - que deriva de la definición establecida en 1973 en el Acta de Especies en Peligro promulgada en Estados Unidos de América. Si, otra importación del vecino del norte, tal como sucedió con el caso de las Áreas Naturales Protegidas, el concepto de Hábitat crítico se tomó como importación adaptada de la legislación del vecino país. En México, el concepto de hábitat crítico se insertó en la Ley General de Vida Silvestre, específicamente en el título VI, que se refiere a la conservación de la vida silvestre, y ahí, en su capítulo II, el cual contiene lo relativo al hábitat crítico, en dos artículos (63 y 64). 156
La Ley establece como justificación para decretar un Hábitat Crítico: 1) Que la conservación del hábitat natural de la vida silvestre es de “interés público”. Lo que quiere decir, como ya vimos anteriormente, que puede ser impuesto, y en este caso, puede ser determinado unilateralmente en beneficio del “bien común” (siempre que el interés común sea el interés de la tríada). 2) Que el hábitat crítico debe establecerse mediante acuerdo secretarial. A diferencia del ANP, que requiere del consenso de los actores locales, el hábitat crítico es más como un tipo declaratoria de Ramsar, solo requiere que las instancias de gobierno relacionadas con medio ambiente (la parte gubernamental de la tríada) se pongan de acuerdo. Esto fue algo que se intentó hacer en el foro virtual del Día del Estromatolito, el 15 de julio de 2020, donde los tres secretarios de medio ambiente de los estados de Puebla, Coahuila y Quintana Roo, donde había estromatolitos, se posicionaron y colocaron el mismo título a cada una de sus presentaciones: “Alianza para conservar los Estromatolitos de México”, con lo que estaban dando la pauta para el acuerdo intersecretarial, en presencia del Secretario de Medio Ambiente Federal, que en ese momento era Víctor Toledo. La declaratoria intersecretarial no especifica la necesidad de una consulta con los propietarios, solo un acuerdo entre secretarios. El Hábitat Crítico se puede establecer, de esta manera prácticamente unilateral, “cuando se trate de” Áreas específicas dentro de la superficie en la que se distribuya una especie o población en riesgo al momento de ser listada, en las cuales se desarrollen procesos biológicos esenciales para su conservación. O bien de áreas específicas que debido a los procesos de deterioro han disminuido drásticamente su superficie, pero que aún albergan una significativa concentración de biodiversidad. También para áreas específicas en las que existe un ecosistema en riesgo de desaparecer, en caso de seguir actuando los factores que lo han llevado a reducir su superficie histórica o bien en áreas específicas en las que se desarrollen procesos biológicos esenciales, y existan especies sensibles a riesgos específicos, como cierto tipo de contaminación, ya sea física, química o acústica, o riesgo de colisiones con vehículos terrestres o acuáticos, que puedan llevar a afectar las poblaciones.
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Obviamente con datos aportados por la parte académica y las ONGA de la tríada, sin importar, como sucedió en Coahuila y Bacalar, lo que la población local, científicos de otras ramas de la ciencia, habitantes y usuarios históricos de los recursos y los ecosistemas opinaran al respecto. Lo que las propuestas de veda de la chivita y las ponencias alarmistas del día de los Estromatolitos quisieron demostrar con el bombardeo mediático era que las autoridades estaban tomando una decisión unilateral por el bien de algo, porque no era una especie de vida silvestre que estuviera siendo reducida, y así en un escenario neblinoso pretendieron imponer una declaratoria de Hábitat Crítico para proteger los estromatolitos, pero el Hábitat Crítico no aplica para los Estromatolitos. Este instrumento es para especies de vida silvestre, es decir que la ley dice que sirve para proteger especies y hábitats de vida silvestre, y los estromatolitos son piedras con bacterias y otros microorganismos, no están como tal catalogadas como especies de vida silvestre y no se ha demostrado que las especies de microrganismos estén en la NOM 059, que le daría su calidad de vida silvestre, a algo que no es flora, ni fauna. Por lo tanto, no podía cubrirse con la declaratoria de Hábitat Crítico…excepto que a la par la chivita fuera declarada amenazada, y entonces podía encajar todo perfectamente. Sin evaluaciones objetivas de que estaba en peligro intentaron nuevamente manipular la opinión pública presentando la imagen de que era una emergencia, que la especie estaba siendo diezmada y era culpa de los habitantes locales que estaban contaminando y depredando. Que habían tenido que tomar esa decisión unilateral por “el bien común” y de la especie. Y aunque la población no hubiese sido consultada adquiría la obligación de sujetarse a las condiciones que se establecieran como medidas especiales sobre manejo y conservación en los planes de manejo de que se trate, así como del informe preventivo correspondiente. Tal como un ANP o una declaratoria de sitio Ramsar, con otro nombre: Hábitat Crítico. Y remató con la declaración de que podía imponerse la “facultad” de que el Ejecutivo Federal impusiera limitaciones a los derechos de dominio en los predios que abarquen dicho hábitat. Este es el aspecto más grave de este instrumento, tal como Ramsar, concede la facultad de imponer restricciones por encima de los derechos de las comunidades locales y los 158
propietarios de los territorios, totalmente alevoso, rayando en lo ilegal, pues excusando la urgencia de “salvar” a la chivita, se abría la posibilidad de imponer limitaciones a los derechos de dominio en los predios que abarquen dicho hábitat y nos remitía a la Ley de Expropiación. Si Bacalar hubiese sido designado Hábitat Crítico, implicaría la obligación del gobierno federal a NO autorizar proyectos o proporcionar fondos en todos los ámbitos, si las áreas o predios involucrados hubiesen quedado dentro del territorio declarado hábitat crítico. Algo muy similar a lo que sucede con las poblaciones y predios que quedan en una zona núcleo de una ANP regular o lo que sucede con los humedales de sitios Ramsar donde se excluye a los productores de los programas de apoyo. De acuerdo a Olivo-Escudero, J (2016) en México el modelo de Hábitat Crítico jamás se ha utilizado, sugiriendo como causa “…que la LGVS y su Reglamento no aportan claridad en cuanto a la parte procedimental para lograr establecerlo, y que sus alcances referentes al sentido negativo de la emisión de autorizaciones y a la generación de causas para imponer modalidades a la propiedad privada aparentan ser muy restrictivos…” Afortunadamente la propuesta de Bacalar, tuvo una serie de inconsistencias y no prosperó. Para el caso de la Chivita (Pomacea flagellata) la propuesta de veda y de inclusión en NOM 059 SEMARNAT 2010 no prosperó, porque tampoco se fundamentó adecuadamente el riesgo o amenaza sobre la especie. ¿Por qué NO procedió la propuesta de inclusión de Pomacea flagellata en la NOM 059? Porque no cumplía los requisitos de inclusión en NOM059, no se justificaba en el procedimiento establecido en el numeral 5.7 de la NOM 059 para determinar el grado de amenaza y acorde al proceso de verificación de Riesgo, no había una línea de base de estudios poblacionales para determinar su estatus de "amenazada" (si no tenían como comparar el tamaño de la población anteriormente) y no podían estar seguros qué era lo que afectaban su densidad poblacional no solo en la Laguna de Bacalar, si iban a proponer su inclusión a nivel nacional, se debieron haber recabado los datos a nivel nacional o al menos dentro de su rango de distribución nacional. No podía argumentarse inclusión en una NOM nacional por una solicitud para un cuerpo de agua local. Chivita no está en CITES, no estaba en Lista Roja de UICN, no estaba en NOM059. Porque a nivel internacional este 159
género es considerado cosmopolita, inclusive una plaga, transmisora de parásitos perjudiciales en vida libre y es una especie de amplio manejo para reproducción comercial. La solicitud de veda y de creación de ANP o hábitat crítico, a partir de la inclusión de chivita como especie amenazada se basó en varias investigaciones científicas, las cuales analizamos y señalamos tenían serias deficiencias de sustento. Se listan abajo y se explica en qué consistían dichas deficiencias. En este punto quiero recalcar algo, los académicos científicos que abanderan la ciencia occidental como la única capaz de proporcionar bases sólidas para las propuestas de protección, manejo o conservación, son humanos y en muchos casos se sujetan a conflictos de intereses y, como les muestro adelante, presentan serias deficiencias en sus investigaciones. Tal vez acostumbrados a que el grado académico sea suficiente validación para su dicho. En el artículo Abundancia, distribución y producción secundaria del caracol manzana Pomacea flagellata (Say, 1829) en el lago Bacalar, un sistema kárstico tropical en el sur de México, De Jesús-Navarrete, A., OcañaBorrego, FA, Oliva-Rivera, JJ, De Jesús-Carrillo, RM, & Vargas-Espositos, A, publicado en el 2018 se establece como resultado que la densidad (el número de chivitas por m2) iba de 1.27 a .11 caracoles y se discute que hay densidad de caracol relativamente baja en comparación con otras especies de Pomacea. En Venezuela, las densidades de P. dolioides fueron de 100 ind.m-2; mientras que P. haustrum de Brasil alcanzó 20-215 ind.m2; P. canaliculata también tenían densidades más altas (130 ind.m-2) en Hawái; y en Hong Kong (25,6–42,7 ind.m-2); Pomacea paludosa en los humedales de Florida mostró muy baja densidad (0,05–1,0 ind.m-2; 0,33– 1,58 ind.m-2). Parecería lógico pensar que la base de comparación se realizó para la misma especie o una especie de ecología similar en condiciones similares de hábitat, lo cual validaría la comparación, y justificaría la preocupación que surgió de la aparente densidad tan baja del caracol chivita en Bacalar, pero dado que en este y los otros dos documentos de investigación realizado con caracol chivita en Bacalar y en Laguna Guerrero se argumenta que la densidad poblacional depende de las condiciones del medio, valió la pena revisar a detalle las referencias de comparación. En Bacalar, la chivita se localiza en ecosistemas colindantes con el cuerpo de agua, de una laguna oligotrófica (ecosistemas improductivos, 160
caracterizados por deficiencias de nutrientes) se tiene una primera idea de porque la baja densidad, sin embargo, hay un cierto impulso de urgencia al ver que comparado con los otros casos mencionados la densidad es bajísima. No obstante, de las fuentes de donde se obtuvo “la comparación” para justificar la muy baja densidad de la población de chivita en Bacalar: • En el estudio de Venezuela, las densidades de P. dolioides fueron de 100 ind.m-2 (Donnay & Beissinger 1993). Pero el estudio se realizó en un cultivo de arroz inundado donde Pomacea dolioides es una especie invasiva en un sitio con alta productividad primaria, sitio de resguardo, baja profundidad, mucho alimento. Un ecosistema antropogénico, donde es plaga y sabemos que la característica de las plagas invasoras es precisamente la capacidad de multiplicarse y volverse un problema. • P. haustrum en el estudio de Brasil alcanzó 20-215 ind.m-2 (Freitas et al. 1987). Se trata de un reservorio creado recientemente por el establecimiento de una presa, un ecosistema nuevo que fue rápidamente colonizado por especies de caracoles invasores, para nada comparable con Bacalar. • Las especies invasoras como P. canaliculata también tenían densidades más altas (130 ind.m-2) en Hawái (Cowie 2002) y Hong Kong (25,6– 42,7 ind.m-2) (Kwong et al. 2010). Cultivos de arroz, donde son una plaga problemática. • Pomacea paludosa en el estudio de los humedales de Florida mostró muy baja densidad (0,05–1,0 ind.m-2, Karunaratne et al. 2006; 0,33– 1,58 ind.m-2, Bennetts et al. 2006). Se trataba de ecosistemas con variaciones importantes de seca y humedad a poca profundidad, no una laguna, mucho menos una laguna oligotrófica. ¿Dónde estaba la base científica de comparación? Dado que se argumentaba en muchos casos en los estudios de Pomacea flagellata que NO había mucha información de referencia, lo cual no es del todo cierto ¿cómo se hacían declaraciones alarmistas de baja densidad poblacional con estas referencias? No satisfechos con eso continuaron argumentando que, en otra laguna de la zona, Laguna Guerrero, se encontró una densidad de 1.43 caracoles, pero inmediatamente se justificó argumentando que se debía a la ecología y biología de la especie, aun así, se comparó con datos para P. canaliculata, 161
una especie invasora con estrategias de plaga. Resultó obvio que se encontraran grandes diferencias de la biomasa de ambos caracoles en distintos estudios. Pero no se justifica el hacer declaraciones alarmistas y mucho menos concluir: “…Dada la lenta tasa de crecimiento de la especie y la lenta recuperación de la población, proponemos una prohibición total de la recolección de caracoles P. flagellata durante al menos 10 años en el Lago de Bacalar. Será importante aplicar programas de acuicultura para proteger y conservar este recurso…” Otro artículo utilizado con base para la propuesta de veda de P. flagellata fue: Ocaña FA, De Jesús-Navarrete A, Oliva-Rivera JJ, De Jesús Carrillo RM, Vargas-Espósitos AA. 2015. Population dynamics of the native apple snail Pomacea flagellate (Ampullariidae) in a coastal lagoon of the Mexican Caribbean. Limnetica. 34(1):69–78. Pero su investigación admite un terrible error en la metodología. En su discusión de resultados admite que los valores reportados fueron subestimados por un ERROR en el método de muestreo, porque las crías eran transparentes, pequeñas y se confundieron con el sustrato, pero salvan el asunto argumentando los siguiente: los locales dijeron que había menos caracoles y ahí si tomaron en cuenta a los locales ¡ah ja! Y aunque no había datos previos para confirmar esa sugerencia, y la distribución espacial de P. flagellata no pudo explicarse por ninguna de las variables ambientales estudiadas pues bastó para decir que el caracol estaba amenazado. Entonces ¿Cómo asegurar que la chivita corría algún peligro? Ni siquiera estaba ni está considerada como especie de riesgo en las categorías más livianas de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, no se localiza en CITES porque ninguno de los otros países donde se ubica su distribución ha solicitado esa inclusión. Es absurdo que hubiera quienes proponían incluirla dentro de la NOM 059 como “especie amenazada”, porque no había datos del peligro en su distribución natural, del sur de Estados Unidos a Colombia. Hay muchos estudios para un primo de este caracol, que es el Tegogolo de Catemaco, y muchísimos otros para caracoles similares, porque se consideran plagas a nivel América, Europa y Asia, o porque pertenecer a un tipo de caracoles que son importantes transmisores de parásitos, incluso transmisibles al hombre; pero también es cierto que es un recurso de uso alimenticio como cultivo controlado y ya hay muchos paquetes tecnológicos. 162
En este último punto existe una enorme incongruencia legal y de políticas: diversos productores locales habían venido solicitando reiteradamente desde hace años autorización para cultivar la chivita de manera intensiva, pero no se los había permitido ya que, en Bacalar los Ordenamientos Ecológicos Territoriales de Bacalar y Othón P. Blanco, no permiten desarrollar proyectos de acuacultura, irónico. Pero la misma parte académica de la tríada que estaba proponiendo la veda, estableció como necesidad urgente más investigación para desarrollar paquetes tecnológicos que permitieran la reproducción intensiva y controlada para reintroducción, lo cual fue aplaudido por el resto de sus compinches, aunque desde hace más de 10 años los paquetes tecnológicos probados ya existían, pero la acuacultura productiva no se había permitido como actividad para los emprendedores locales en todo ese tiempo. Proponer una veda y una zona de protección con estudios de este tipo no sirvió de mucho al Caracol Rosado, que fue colocado en NOM 059 y que se decretó en una ANP (Banco Chinchorro). Se hizo lo que los investigadores, las ONG ambientalistas y el gobierno dijeron que se requería para preservar la especie; ¿el resultado? Los investigadores siguen investigando, las ONG ambientalistas siguen recibiendo dinero para hacer más reservas y sus propuestas restrictivas y excluyentes, el gobierno sigue recibiendo aplausos por las áreas protegidas y sus “esfuerzos” de conservación, pero los pobladores locales perdieron una fuente económica que los sostuvo por generaciones, perdieron una fuente de alimento para sus familias, que estaba en sus tradiciones, muchos perdieron su libertad por mandato de las direcciones de las reservas, y perdieron su patrimonio al tratar de recuperar su libertad, los pescadores ilegales alcanzaron mejor precio y más incentivo porque ahora tenían un producto “vedado” y ahora tienen reservas protegidas para obtenerlo. Parafraseando a Cristopher González Baca, director regional de la Conanp, en 2019 –“la pesca ilegal de este espécimen marino se realiza, principalmente, en las Áreas Naturales Protegidas del estado”. Y el caracol rosado, sigue reduciendo sus poblaciones. ¿Qué sucedió con esta propuesta de la chivita? Se brindaron los argumentos mencionados en esta sección, y la propuesta se quedó congelada, aunque no se ha abandonado del todo, porque al parecer se está utilizando para reforzar la propuesta de declaración de sitio Ramsar, en 2021. 163
EL PMOTEDU, COMO EL MONSTRUO DE FRANKESTEIN O como un POET o un POEL no es igual a un PMOTDU y un PMOTDU no es igual PMOTEDU, la trampa está en una letra. La población local y los usuarios históricos aprendimos a vivir con los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial - POET- (basados en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente). Estos instrumentos de regulación han estado operando algunos desde hace más de 20 años. Lo que las poblaciones y los grupos locales han estado pidiendo es la actualización de estos instrumentos. En el inter, hace unos años surgieron los Programas de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano (basados en la Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano) o PMOTDU. Como antecedente sucede que, desde la creación del municipio de Bacalar, en el año 2011, se había generado un vacío legal en materia de ordenamiento territorial, debido principalmente a que el instrumento que regulaba su territorio había sido el del municipio de Othón P. Banco, municipio del que se independizaron. Pero una vez que Bacalar logró su autonomía como entidad municipal, la porción que les incluía se dejó como ordenamiento que no incluía el municipio, sino una zona de influencia en torno a la laguna. La comunidad comenzó a insistir a las autoridades la urgencia de contar con un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial para todo el municipio, como el que ya contaban los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad, Tulum, Cozumel y Benito Juárez. En algún momento, alguien en el gobierno del Estado de Quintana Roo pensó que sería una fantástica idea agregarle un componente adicional a este instrumento: lo ecológico, y terminamos con un Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y de Desarrollo Urbano, lo que 164
no solo resultó confuso, pero además amenazó complicar aún más el marco regulatorio que ya estaba de por si traslapado y desarticulado. Si pudiera resumirlo sería: • POEL y POET son para ordenar todo el territorio fuera de Asentamientos Humanos (cuyas UGA se remiten al Programa de Desarrollo Urbano –PDU- correspondiente) • PMOTDU, creado a nivel federal por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ordena todos los instrumentos del Asentamiento Humano y sus zonas de crecimiento previstos: PDU y todos los instrumentos. • PMOTEDU, creado por el gobierno del estado de Quintana Roo, es una mezcla de POEL, POET, PDU y PMOTDU. Que no solo los traslapa, sino que los duplica y en algunos puntos los contrapone. El PMOTDU se pensó en su origen para ordenar los asentamientos humanos, es decir, para llenar ese vacío de planeación territorial que eran las localidades y sus reservas de crecimiento, donde los Programas de Desarrollo urbano eran el instrumento al que los Ordenamientos Ecológico Territoriales nos remitían cuando una o varias UGA caían en un asentamiento humano. En la ley federal están bien definidos, pero en el estado de Quintana Roo se quiso hacer algo innovador y se creó un monstruo tipo Frankenstein que reunía de manera tosca y desarticulada los instrumentos de planeación y desarrollo urbano y territorial de la ley de asentamientos humanos, y el ordenamiento ecológico de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y sus respectivas contrapartes estatales. Y no ha salido bien. ¿Que está mal con este instrumento? Tomando como ejemplo el instrumento que en 2020 se estaba elaborando para el municipio de Othón P. Blanco, éste utilizó la misma estrategia de diseño e implementación que con los instrumentos que ya hemos estado discutiendo (Ramsar, ANP y PROTUR) en los cuales se le asignó a un consultor y este lo estructuró mediante una revisión de literatura y de instrumentos preexistentes como diagnóstico, para la selección de los criterios y de la estructura, el enfoque, la estrategia, y luego se intentó validar con algunas consultas y talleres o reuniones con diferentes actores que básicamente pertenecían al gobierno y posteriormente trataron de convocar la solidaridad de la comunidad haciendo una serie de consultas al final. 165
Cómo era de esperarse los miembros de las comunidades que tuvieran la oportunidad de asistir a estas reuniones de presentación y supuesta pre validación del instrumento, se encontraron con un documento deficiente donde no se incluían ni proporcionaba el modelo completo para revisión previa, faltaban unidades de gestión dentro de la planeación, unidades que eran claves dentro del modelo que querían impulsar para en este caso Othón P. Blanco, sobre todo cercano a la laguna de Bacalar y no se proporcionaron planos ni archivos de base – el diagnóstico - que pudieran revisarse con antelación para poder evaluar la base de las propuestas y del alcance de la zonificación. Durante la presentación del modelo por parte de los consultores, hubo una serie de cuestionamientos y solicitudes de información canalizados a través de escritos por parte de grupos de actores locales y sus cuerpos técnicos, pero que no fueron respondidos por la autoridad correspondiente que era el municipio, quien era la entidad a cargo del instrumento. Algo similar sucedió en el proceso de elaboración del PMOTEDU Bacalar. Para este caso es necesario puntualizar que la exigencia de la comunidad por un POET actualizado, y se les mostro como diciendo, ahí está lo que pidieron…y les dieron el PMOTEDU, lo que obviamente causó enojo generalizado por lo que se les presentó. El 10 de agosto de 2020 el Congreso del Estado de Quintana Roo recibió un documento del secretario de medio ambiente Efraín Villanueva Arcos donde se comprometió a dejar de presionar institucionalmente para crear un Área Natural Protegida pero sí a impulsar la consolidación del ordenamiento. Lejos de actualizar el ordenamiento existente, que era la solicitud de las comunidades, el gobierno estatal les presentó un PMOTEDU (Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, ECOLOGICO y de Desarrollo Urbano), el Frankenstein quintanarroense que intentaron hacer pasar por el POET a la población que la comunidad estaba requiriendo, y como PMOTDU –sin la E-, De nuevo, las comunidades respondieron técnica y políticamente con una negativa generalizada. El nivel de desarticulación, cinismo y mezquindad de las instancias de gobierno por hacerse de mecanismos para tener sus tajadas de la ordenación y control de territorios queda ejemplificado en esta conversación que tuvimos con el director estatal de ordenamientos, 166
en octubre de 2020, con respecto al alcance del PMOTEDU Bacalar, que estaban proponiendo: ¿Este instrumento (el PMOTEDU Bacalar) integra a todos los instrumentos de planeación? Si ¿Entonces, los instrumentos integrados se van a derogar? No ¿Entonces solo se van a duplicar? Si ¿Por qué no solo se coordinan y articulan lo que ya existe? No es sencillo Entonces ¿es más fácil que cada quien haga su instrumento? Si Octubre de 2020. En reunión convocada por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo.
Existe una cerrazón, disfrazada de incapacidad total de las instancias de gobierno de generar realmente esfuerzos articuladores, porque realmente nadie quiere soltar sus instrumentos, que les dan ese control y poder, y obviamente acceso los financiamientos, e incluso a los beneficios de actos no legales. Nos vamos complicando con la sobrerregulación porque no hay la disposición, ni la sensibilidad para realmente ponerse de acuerdo y articular todos estos instrumentos. O hay toda la intención de, sobre cualquier sentido común, colocar otro ladrillo encima a la pared de controles y poder que los miembros de la tríada buscan realmente para traducirlo en beneficios, al empalmar otro instrumento, manejado por una instancia que antes no tenía tajada tan jugosa en el negocio ambientalista neoliberal, en este caso la SEDATU estatal y los municipios. Para que los ordenamientos funcionen requieren de otros instrumentos operativos, y en el caso de Bacalar los faltantes están bajo la responsabilidad del municipio: Programa de Desarrollo Urbano no solo de la población de Bacalar, pero de Buenavista y Pedro A. Santos, que se localizan a la orilla de la Laguna; tampoco han tenido prisa por crear los reglamentos municipales de construcción, fortalecer los de medio ambiente, regular los tiraderos de basura o hacer una gestión efectiva para resolver el problema de contaminación. Para regular las embarcaciones y todo lo referente a lo náutico en el cuerpo de agua se le concedió a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) en 2014 la concesión de la administración de la Laguna de Bacalar. 167
Ya para 2014, antes de tener el reglamento aprobado, se anunció públicamente: que Bacalar contaba ya con un instrumento que regulaba las operaciones de embarcaciones, infraestructura para esas actividades y recintos portuarios, garantizando la protección del cuerpo de agua. Cuando se validó ese mismo año las reglas y la zonificación incluyeron la designación de áreas para atracaderos, espacios para tránsito de embarcaciones pequeñas, motos acuáticas y se la delimitación de las zonas de amortiguamiento, donde no se permita la navegación a ningún tipo de embarcación. Municipio y APIQROO implementan desde 2014 el reglamento para verificar que las embarcaciones que brindan los servicios turísticos, cuenten con los permisos correspondientes. A pesar de que esta regulación está vigente desde 2015, cuando en 2017 se emitió la propuesta de Área Natural Protegida por parte de la CONANP, quedó en evidencia la falta de comunicación y de coordinación interinstitucional cuando la directora de APIQROO declaró que la institución federal (CONANP) no sabía que la Laguna estaba ya concesionada a APIQROO para su administración. Las reglas de operación de APIQROO están supervisadas y son actualizadas por un Comité de operación, regulan aspectos como las áreas e instalaciones del puerto, los horarios del puerto, la navegación interior del puerto, los servicios portuarios, las maniobras marítimas en la laguna, la disponibilidad de la información estadística, todo lo referente a seguridad e higiene en instalaciones portuarias, muelles, embarcaciones y en general en personas, el control ambiental y prevención de la contaminación y aspectos de vigilancia y protección, así como las sanciones a los que los usuarios y concesionarios se hacen acreedores por incumplimiento del instrumento y las regulaciones aplicables. En un intento de demostrar que no se trataba de una falta de regulación lo que padecía la Laguna de Bacalar realizamos una revisión extensiva de toda la normatividad de aplicación obligatoria en materia ambiental, encontramos 87 instrumentos de regulación o de planeación ambiental. Al realizar la evaluación de los instrumentos de regulación existentes encontramos que, para los temas de residuos, agua, flora, fauna, construcción, operación de proyectos o actividades, pesca, turismo y salud ambiental, al menos el 6 de cada 10 instrumentos regulan uno o más de estos temas. De igual modo revisamos toda la normatividad obligatoria en 168
materia de seguridad y salud aplicable a empresas, organizaciones y el desarrollo de cualquier actividad económica que se desarrolle, un total de 133 instrumentos aplicables que tocan aspectos de construcción, operación, si se refieren a personas, edificios, embarcaciones u otras instalaciones. Como ya tuvimos oportunidad de revisar cuando hablamos de Ramsar, a partir de 1999 los acuerdos, convenios o tratados internacionales que México ha firmado están solo por debajo de la Constitución y por encima de cualquier otro instrumento regulatorio. En este aspecto se cuenta con al menos 47 instrumentos de política que amparan temas de atmósfera, ozono, cambio climático, biodiversidad (flora y fauna), desarrollo urbano y vivienda, forestal, medio ambiente y desarrollo sostenible, patrimonio cultural y natural, pesca, población, salud, social, desertificación, agropecuario, sanidad vegetal, alimentación. No se trata de falta de regulación en el cuerpo de agua, se trata de la urgencia de la articulación de los instrumentos existentes y la creación de los instrumentos faltantes que ayuden a resolver la problemática de planeación urbana, en este caso el Programa de Desarrollo Urbano. El análisis realizado si aporta la necesidad de crear o actualizar varios instrumentos clave para ordenar el territorio y varias actividades que cuentan con vacíos legales. El poblado de Bacalar que colinda con la laguna, es una cabecera municipal y no cuenta con un instrumento que planifique y regule su crecimiento urbano, requiere un Programa de Desarrollo Urbano coherente, que considere los retos de desarrollo equilibrado y justo que se presentan en el marco actual de impulso regional, con una visión a largo plazo, con cuidado y previsión para los temas ambientales, pero sin dejar de lado lo social, para no volverse otro instrumento que privilegie el desarrollo sustentable desde la visión neoliberal, como suele suceder, y como ha venido sucediendo en los polos de desarrollo turístico en otras localidades del estado, donde se privilegió la calidad en el diseño urbano y servicios para los grandes capitales mientras se invisibilizaban las necesidades del resto de la población que terminó ubicada en las famosas regiones con enormes carencias o en cinturones de miseria, bajo condiciones de vida paupérrimas. Tomando en consideración que son dos municipios los que comparten la Laguna de Bacalar, es necesario realizar acciones coordinadas para establecer mecanismos e instrumentos coherentes, porque el cuerpo de 169
agua funciona como un sistema integral. Actualmente el 70% de la laguna, del lado de Othón P. Blanco, al este, posee una política de protección, mientras el 30 % del cuerpo de agua, al oeste, del lado de Bacalar cuenta con una política que permite su utilización. Ambos polígonos divididos por una línea imaginaria que parte prácticamente por el medio del cuerpo de agua. En la revisón de este documento, en diciembre de 2021, el cabildo de Othón P. Blanco aprobó un PDU simplificado para tres nuevos núcleos poblacionales en la Península de Xcalak (que también analizamos y cuestionamos fuertemente en otro momento por haberse agenciado una zona sumamente frágil de varios miles de hectáreas en una zona donde no hay agua potable para desarrollar poblaciones), y para hacerlo aprobaron a la par, al vapor y a la “mala”, el PMOTEDU del municipio, pasando por alto el compromiso que había hecho con la SEMARNAT y el gobierno federal para esperar, coordinarse y articular todos los instrumentos existentes. Otra vez pudieron más los intereses particulares de los grupos de poder y el gran capital, que el sentido común y la obligación de mantener la legalidad de las decisiones. Es urgente articular los instrumentos existentes, construir los instrumentos faltantes, actualizar los que lo requieran y establecer una estrategia coordinada de implementación, desde la participación real y no, como sigue sucediendo, desde la simulación de participación.
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CONSTRUCCIÓN DE MITOS ¿Qué es un mito? Es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor, o menos, del que tienen en realidad. Los miembros de la tríada requieren de la creación de mitos mediante manipulación mediática de la opinión pública para validar sus propuestas y hacerse de adeptos que los respalden. En un estudio de este tipo, donde se buscaba encontrar bases objetivas de un fenómeno socio-ambiental para proponer soluciones, había que investigar, aunque fuera de manera breve, el origen de estas verdades a medias o mentiras descaradas elevadas al nivel de mitos ¿Por qué era importante? Porque el mito moderno, más con la influencia de las redes sociales y la capacidad de dispersión / comunicación actual, es más que mero relato, para los grupos humanos se vuelve un hecho, y a partir de ahí el mito / hipótesis, construye realidades. Cada uno de los mitos creados, que comprobamos carecía de bases, fue y continúa siendo utilizado como herramienta para lograr adeptos, credibilidad, incrementar el sentido de urgencia, la necesidad de aceptar a como dé lugar las propuestas de la tríada, porque brindan a los grupos que las sostienen, su explicación del mundo y la vida, y a partir de ahí el mito construye identidades sociales y psicológicas, estrategias y acciones, movimientos, políticas, decisiones y crea una corriente de opinión pública que aunque desinformada, sin fundamentos y manipulada para señalar culpables, para beneficiar a unos cuantos, en nombre “del bien común”. y ejercer presión para beneficio de los objetivos de la tríada. Si se preguntan ¿por qué los promotores han creado estos mitos? La respuesta es sencilla: Con la creación de mitos crean su versión del mundo y se posicionan en él como los solucionadores, como héroes, para imponer sus instrumentos proteccionistas del territorio y perpetuar la visión colonialista, donde los grupos de poder se hacen del control de los sitios 171
o los beneficios de los objetos en que transformaron la naturaleza, a través del discurso ambientalista: La Conservación. Lejos de ser inamovibles, los mitos van cambiando con los discursos que cambian, ya que una vez que la tríada obtiene el control de estos lugares “en peligro”, de pronto se vuelve prioridad promover, irónicamente, una imagen contraria, prístina a los consumidores (normalmente no locales) en forma de negocios turísticos con acceso a espacios “silvestres” “conservados” de un “contacto más cercano e intimidad con la naturaleza”, con un beneficio económico, directo o indirecto, para el promotor y /o controlador del recurso o sitio “conservado”. O bien les sirve para hacerse de recursos para servirse con la cuchara grande para según ellos poder remediar, limpiar y eliminar el peligro denunciado, aunque se pasen décadas pidiendo más dinero para investigar, para educar a la población o para organizar capacitaciones o bien financiarse viajes, comodidades con el pretexto de tener que atender un interminable proceso de reuniones y espacios de intercambio de información, o para generar discursos, diseñar políticas e instrumentos, sin realmente llegar o tener siquiera la intención de la acción real. Dado que su objetivo no es la acción efectiva, es perpetuar el mito para continuar obteniendo control y beneficios. De este modo, los grupos de académicos, burócratas o tecnócratas involucrados invierten gran cantidad de recursos en publicitar su discurso, para generar posturas polarizadoras basados en la criminalización de un sector de la población Como ejemplo retomamos los mitos surgidos a partir del cambio de color de la Laguna de Bacalar, manejados a la opinión pública por miembros de la tríada y en especial por Luisa Falcón, ECOSUR, los miembros de ONGA como Agua Clara, y otros promotores y seguidores del grupo promotor, publicados en medios de comunicación y redes sociales.
El mito de la falta de regulación de la Laguna de Bacalar y su cuenca Los argumentos manejados para proponer la urgencia de crear un instrumento regulador como un área protegida en la Laguna de Bacalar incluyeron: La carencia supuesta de instrumentos de regulación para poder 172
frenar “el grave deterioro ambiental de la laguna” que los científicos del Instituto de Ecología de la UNAM y de ECOSUR (promotores de la propuesta fallida de Ramsar, del ANP e indirectamente del PROTUR) estaban denunciando y que las organizaciones no gubernamentales ambientalistas locales e institucionales repetían y dispersaban en medios de comunicación, creando todo un mito en torno a la fragilidad del ecosistema y el peligro inminente, y la actitud criminal de los pobladores locales y los prestadores de servicios cuyas actividades económicas estaban “matando la laguna a los estromatolitos y las chivitas”, por el crecimiento desmedido el turismo y la contaminación por agroquímicos así como por un sistema deficiente tratamiento de residuales para la población de Bacalar. Su solución era la creación de un Área Natural Protegida, urgente. Lo extraordinario de esta situación es que las problemáticas mostradas por todos estos actores promoventes del área protegida o de Ramsar o de los siguientes instrumentos que se propusieron en el transcurso de los años no se articulaban con sus “soluciones” para realmente combatir la fuente de las problemas que estaban siendo denunciados; es decir, el colocar una área natural protegida restringiendo los usos dentro de la laguna no contribuía realmente a solucionar el problema del sistema de tratamiento aguas residuales deficiente en las poblaciones colindantes, o el uso de agroquímicos, cuenca arriba. ¿Entonces para qué iba a servir un ANP? Crear un área protegida como ya vimos sólo les había servido a las instituciones gubernamentales, a las ONGA y a los científicos en el pasado para pedir más fondos y obtener posiciones, pero sobre todo para obtener el control absoluto sobre los territorios. La propuesta de ANP tenía el mismo corte que la mayor parte de las declaratorias, un sentido de urgencia de crearla, la criminalización de ciertos grupos, la actitud cuasi heroica de los promotores y una actitud condescendiente y colonialista de los actores gubernamentales. “Es urgente “– repetían los ambientalistas neoliberales defensores del sitio Ramsar, del ANP y del infame PROTUR para la Laguna de Bacalar – “que se cree un instrumento de regulación que garantice la belleza paisajística y la naturaleza de la Laguna de Bacalar, porque no existe regulación en la Laguna” (y ellos iban a salvar la Laguna de la depredación de los locales). Repitieron este discurso en cuanta oportunidad y medio de comunicación han tenido a mano, incluso en medios de comunicación reconocidos que se prestaron a su manipulación sin verificar fuentes, en busca de una noticia 173
lo suficientemente impactante como para vender, que publicaron y republicaron en complicidad intencional o no, con notas que eran verdades a medias para convencer a la opinión pública de un escenario fatídico en el que la Laguna de Bacalar pareciera ser un cuerpo de agua sin ley, y toda la cuenca una “Tierra de nadie”. Con una urgencia inaudita para controlar el cuerpo de agua inventando cifras de las que rara vez o nunca se citaron fuentes, usando una y otra vez argumentos de verdades a medias y mentiras descaradas. Es preocupante la falta de pensamiento crítico de los que publican y de los que siguen creyendo en los argumentos del ambientalismo neoliberal voraz que estos grupos representan, pero aún más preocupante el exceso de descaro con el que supuestos investigadores, ambientalistas neoliberales y autoridades están actuando en complicidad para imponer una sobrerregulación para Bacalar. Es muy cuestionable su aseveración y la manera en la que manipulan a la opinión pública, si hay algo en la Laguna de Bacalar es sobrerregulación. Había que cuestionar la declaración de sus “expertos (y habría que cuestionar qué tan expertos son, o en qué) pues dejaron de lado que hay al menos 4 instrumentos validados, decretados y operantes en el cuerpo de agua, sin contar toda la batería normativa que regula casi cada aspecto de la actividad humana, aspectos bióticos y abióticos que existen y pueden aplicarse para la laguna y la cuenca en general. Lo que hay falta de gobernanza y liderazgo, falta de voluntad política y combatir la cantidad gigantesca de corrupción que existe entre las autoridades (Ver Tomo III de esta colección).
Cientos de instrumentos para regular y sobre regular casi todo en Bacalar Estos son los instrumentos que ya se encuentran regulando territorialmente el cuerpo de agua y donde la Laguna de Bacalar es una Unidad de Gestión Ambiental (UGA). 5 ordenamientos: 1. POET Bacalar, donde la Laguna es la UGA Ff20 2. POEL Othón P. Blanco, la otra parte de la Laguna es la UGA 31
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3.
4. 5.
POE Marino y Regional Golfo de México y el Caribe donde la Laguna de Bacalar y su área de influencia son la UGA 152 Y en 2020, Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano para el municipio de Bacalar (en proceso) Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano para el municipio de Othón P. Blanco (en proceso)
El ordenamiento ecológico jurídicamente en México se define como: Un instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias del deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos Estos instrumentos YA están construidos y vigentes y aplican no solo para el cuerpo de agua, sino para toda la cuenca. 1. POET Bacalar, decretado en 2005. 2. POEL Othón P. Blanco, decretado en 2015. 3. POE Marino y Regional Golfo de México y el Caribe donde la Laguna de Bacalar y su área de influencia decretado en 2012 4. Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano para el municipio de Bacalar (en proceso) 5. Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano para el municipio de Othón P. Blanco (en proceso) La justificación de crear el ANP o el PROTUR fue la carencia de “Instrumentos de política ambiental para regular el uso de suelo y las actividades productivas a fin de proteger el medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales…que es la base de creación de los Ordenamientos que ya están decretados y vigentes. La laguna, el cuerpo de agua está partido en dos por los Ordenamiento Ecológicos de cada municipio, vigentes, de este modo hay una regulación compleja, pero vigente sobre el mismo. Del lado de Othón P. Blanco, en la orilla oriente del sistema, tenemos una política de protección, en la orilla poniente de la laguna, el POET Bacalar tiene una política e Conservación. Esto implica que como actividades preponderantes pueden realizarse en la 175
orilla oriente actividades de manejo y conservación de flora y fauna y el que se remite a la competencia del mandato constitucional artículo 27 y la ley de aguas nacionales (en la parte de OPB), otras actividades establecidas y reguladas por los instrumentos incluyen corredor natural y turismo alternativo, caza y pesca, con un listado de usos incompatibles claramente especificados. A su vez, estos instrumentos incorporan criterios generales y específicos que involucran criterios para cenotes y dolinas, vegetación acuática nativa, residuos, aguas residuales, uso del acuífero y prevención de contaminación del acuífero, captación de agua de lluvia, caminos, bancos de material, especies en categoría especial, viveros, leña, centros urbanos, fertilizantes orgánicos, actividades recreativas, sitios arqueológicos, agroquímicos, humedales y cuerpos de agua, materiales de construcción, pesca, infraestructura, turismo alternativo, marinas, manglares, fauna, manejo residuos líquidos y flora. Por su parte el mismo cuerpo de agua está colocado como unidad de gestión ambiental 152 en el Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y el Caribe, que también les remite a criterios ecológicos generales y específicos, y un listado bien delineado de lineamientos asociados a estrategias ecológicas, acciones generales y específicas, con sus respectivas estrategias, que deben ser acatadas por cualquier proyecto en el cuerpo de agua y su zona de influencia. Este instrumento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de noviembre diciembre de 2012 buscaba ser una herramienta de planeación y política a escala regional para orientar coordinadamente el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de las actividades productivas bajo principios de sustentabilidad, que consideran la conservación de los bienes y servicios de los ecosistemas costeros y marinos pero también el desarrollo socioeconómico de la región del Golfo de México y el Caribe, incluyendo territorios de influencia costera y marina de 11 estados del país. Se diseñó para atender aspectos relacionados con el cambio climático, tecnologías limpias, especies invasoras, servicios básicos a las comunidades, planeación ambiental y territorial, actividades productivas (turísticas, urbanas, industriales, agropecuarias, pesqueras), manejo integral de residuos, manejo integral del agua, vulnerabilidad y riesgos tanto al ambiente como a la población e infraestructura, conservación de ecosistemas y otras.
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Desafortunadamente el gobierno de Quintana Roo, que participó en la planeación y puesta en marcha del instrumento y adquirió el compromiso de publicarlo en su diario oficial estatal, para tener reconocimiento en los instrumentos de planeación locales, nunca lo hizo. Aun así, para los procesos de evaluación de impacto ambiental federal y otros procedimientos que impliquen la evaluación de compatibilidad de los instrumentos de política ambiental a nivel federal, se requiere considerar su inclusión en los análisis, no así en los instrumentos estatales. Esto último es un magnífico ejemplo de la base de la problemática con la aplicación de los instrumentos de este tipo: la completa desarticulación entre las instancias de gobierno no solo entre los tres niveles (Federal, Estatal y Municipal) sino dentro de los mismos niveles (entre las instancias federales, entre las instancias estatales y entres las mismas instancias municipales) a quienes les parece más sencillo crearse nuevos instrumentos que articular los existentes.
El mito colonialista del habitante local mezquino o ignorante Debido a una cuidadosa manipulación mediática de la tríada, la opinión pública considera que los señalamientos de los pobladores y usuarios históricos, los ejidatarios que se oponen a las intentonas de imposición propuestas por la tríada, son motivadas por mezquindad o por ignorancia de los locales. Rafael Robles de Benito, miembro de la ONGA CEIBA, quien Víctor Toledo señaló de ser de las ONGA que “salieron del closet del ambientalismo neoliberal” y “estar dedicada a atacar al presente gobierno”, y quien ha sido un cercano colaborador de CONANP y del ex Director regional y ex Secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano (Guillermo & De Benito, 2008), en su defensa de las Áreas Naturales Protegidas, ejemplifica claramente la percepción de los funcionarios públicos, investigadores, académicos y organizaciones no gubernamentales que externan, sin ningún remilgo al público, su opinión de que los pobladores locales actúan por ignorancia, manipulados por intereses oscuros (de nuevo otro tipo de ignorancia) o por ansias desmedidas de lucro. 177
Cuando aseveramos esto, no lo hacemos porque tengamos un problema de paranoia, es que abiertamente estos actores de la tríada, promotores del ANP, Sitio Ramsar o algo similar, lo recalcaban en toda oportunidad que tuvieron: los pobladores locales y los que están en contra de nuestras propuestas, son ignorantes o mezquinos. El artículo publicado, titulado ¿Por qué la oposición a un ANP? del 15 de noviembre de 2017 en el portal de la organización CEIBA de autoría de Rafael Robles de Benito (RdB), quien un par de años más tarde se convertiría en el director del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas esencialmente para el Gobierno del Estado de Quintana Roo, designado, por Alfredo Arellano Guillermo, comenzaba de la siguiente manera: RdB: Hay una oposición expresa, articulada y sonora al establecimiento de un área natural protegida en Bacalar. No obstante, no parece haber argumentos robustos para soportar esa oposición. En realidad, lo que parece haber es una confusión preocupante y no porque genere preguntas profundas o cuestionamientos de fondo. Resulta digna de preocupación porque denota una de dos cosas: o no se entiende qué son, cómo funcionan y para qué sirven las áreas naturales protegidas o hay voces de mala fe, que pretenden defender intereses privados, de incremento de ingresos y de riqueza, que están muy por encima (en sus concepciones) del interés público y sustentable. Según Robles de Benito era ignorancia de los locales o era una visión paranoica de complot externo. De hecho, SI existe un complot externo, pero no proviene de las comunidades, sino de personajes con intereses ajenos, como él, que son parte de la tríada (Ver en este documento ¿Qué es la tríada?). Habría que retomar aquí su concepción de “interés público y sustentable”, muy convenientemente definido como justificable o no, dependiendo de qué lado esté el interés. Si los miembros de las comunidades, cámaras, colegios de profesionistas, académicos e individuos están a favor del ANP, están a favor del interés público y la sustentabilidad…pero si esos mismos grupos están en contra, entonces NO ¿El interés público de quién? Podría decirse que de niños, niñas, familias e individuos que tienen derechos constitucionales…como si precisamente los miembros de comunidades, de cámaras, de colegios de profesionistas, indígenas y otros individuos, e incluso los propietarios de 178
los territorios, NO tuvieran ese tipo de derechos…a menos que estén a favor de la iniciativa de la tríada. ¿Qué es el interés público, en medio ambiente? Pareciera increíble pero muy pocos se detienen a pensar qué significa ese argumento que ha servido para permitir tantas atrocidades en contra de comunidades locales e individuos en nombre del medio ambiente. También se le ha dado por llamarlo interés general o interés nacional, principalmente en la política y los discursos de ese tipo. Si además hablamos de la regulación en pro del “interés público” desde las ciencias económicas, el concepto se utiliza en dos vertientes: para explicar en términos generales que la regulación busca proteger y beneficiar al público en general y por el contrario siguiendo la Teoría de Chicago (también conocida como la Teoría Económica de la regulación), sugiere que la regulación no protege al público en general, sino solo a los grupos de interés. Stigler, en su documento, concluye que “…La revisión de la disciplina jurídica demuestra que la percepción del interés público tiene que ver el cumplimiento de valores políticos y morales. Considerando que el concepto de interés público proporciona al poder judicial una base desde la que decidir las controversias en el ámbito del interés de la comunidad…”. Traslapando las teorías económicas y políticas, se establece la base neoliberal del razonamiento para las áreas naturales protegidas, es decir, se sigue el razonamiento de que la asignación de recursos escasos, como el agua limpia, el aire puro, los servicios ambientales, los sumideros de carbono, la belleza del paisaje silvestre, no tocado, está regida principalmente por el mercado (la demanda creciente por éstos) por lo que hay que protegerlos para evitar que se acabe con ellos a fin de que todos podamos seguir disfrutando sus beneficios, al menos la parte de la sociedad que pueda seguir pagándolos. Estos conceptos pueden ser aplicables a múltiples ámbitos donde el gobierno intervenga para generar regulaciones, en favor “del interés público”, supuestamente dando a entender que se trata del beneficio de la mayor parte de una comunidad. Cuando se habla del “interés público” y “el bien común” utilizado como estandarte de la creación de instrumentos de política ambiental, no debe olvidarse que al final estos instrumentos fueron creados respondiendo a la visión y los intereses de grupos selectos de investigadores, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, agencias de gobierno del sector, o de 179
otros sectores o de parlamentarios que no necesariamente representaban a la sociedad como un ente integral, pero que la mayoría de las ocasiones abanderaron el interés del Estado o de grupo autonombrándose los emisarios del interés público. Paz Salinas, en su investigación discute y ejemplifica a la perfección el tema de la participación en materia de manejo y conservación de las áreas naturales protegidas (ANP) enfocándolo como un asunto conflictivo en el que convergen y divergen, de manera simultánea, el interés público, los intereses privados y los intereses colectivos (Paz-Salinas, 2008). RdB: “A primera vista, me parece que no hay voces relevantes que se opongan de veras a la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales de Bacalar. Los ejidatarios suelen decir que están de acuerdo con la conservación de la selva y con la detención de la deforestación. Algunos, como el comisario ejidal de Buenavista, dicen que “quisieran conservar el monte, pero nada más saben cultivar la piña” (aunque la piña tampoco es un cultivo tradicional y mucho menos maya). ¿Por qué, entonces, ha causado tanta animadversión la propuesta de establecer un área natural protegida que incluya el cuerpo lagunar y un área de tierra firme a su alrededor? Esta manera simplista de ver la problemática y los conflictos socioambientales trata de reducir los razonamientos de los locales de acuerdo a su “pequeño mundo de ciencia occidental”, basados en respuestas simplistas a preguntas obvias y hasta fastidiosas que un “fuereño” o “wech” como él realizan de manera condescendiente sin entender la profundidad de una respuesta como “es que no se hacer otra cosa”, y que entienden como si fuera por una carencia de visión, de capacidades, de razonamiento e incluso una carencia de interés por la conservación. Esta es una actitud muy común en investigadores y académicos, sobre todo de las ciencias naturales, carentes de experiencia o herramientas para dilucidar los discursos desde la riqueza intuitiva del conocimiento ecológico local de los pobladores históricos de las comunidades en torno a la Laguna de Bacalar. Esta respuesta simplificada para un fuereño que a todas luces pregunta lo obvio, requería de un análisis de discurso bien enmarcado en el contexto del ejido Buenavista de los últimos 30 años, y más los últimos 10. Si es que esa conversación realmente sucedió (porque no cita fuentes) tendría que 180
haber considerado lo siguiente: El ejido Buenavista debe verse desde ángulos diferentes: composición étnica de su población, su historia con el manejo de recursos naturales, los procesos migratorios hacia la comunidad en los últimos 10 años, los grupos de interés, la manipulación coercitiva de algunos grupos de recién llegados y la complejidad de las interacciones de sus actores actuales. Nadie se opone a la conservación de los ecosistemas, de hecho, hay muchas muestras de los esfuerzos que por décadas todas las comunidades alrededor de la Laguna han venido realizando en pro de la Conservación. El informante comunitario, en su respuesta afirma lo que sucede: puede interesarles la conservación y detener la deforestación, pero eso implica, como ya vimos, ceder su territorio, control y justificarle fondos a la tríada, y dado que los únicos apoyos que las comunidades reciben directamente provienen del sector agropecuario, pues “eso es lo único que saben hacer” …una respuesta sarcástica, que el Sr. Robles de Benito no supo leer. RdB: Si la intención de quienes dicen oponerse al proyecto es garantizar que se les consulte escrupulosamente a lo largo de todo el proceso que implica la creación de un área protegida (la formulación de un estudio técnico justificativo, el diseño del polígono del área, la emisión del decreto que la establece, la formulación del programa de manejo y la presentación del manifiesto de impacto regulatorio correspondiente), bueno y pase; aunque creo que demasiadas consultas pueden resultar excesivas y constituirse en un escollo innecesario para la realización de un proyecto que bien puede resultar del todo legítimo. ¿Demasiadas consultas? Aquí vendría muy bien entender el concepto de participación. Por lo general este concepto tiende a ser oscuro y difuso, dependiendo de quién lo esté manejando. Participación, dice Paz-Salinas en sus investigaciones, puede significar obediencia, o bien, subversión; acción dirigida o movimiento independiente. Puede entenderse como argumento crítico ante la ineficiencia gubernamental; o bien, por el contrario, como un proyecto del Estado neoliberal en su adelgazamiento y delegación de funciones a la ciudadanía. Los procesos de “construcción participativa” que solo incluyen a la base social en reuniones de consulta y no de real construcción participativa, esa construcción participativa que es incluyente, que concierta y permite los 181
acuerdos, considerando todos los ángulos posibles en un ámbito socioambiental, histórico, económico y biocultural; cuando estas consultas son escenarios simulados, que no llegan más que a meras presentaciones, donde se fuerza la visión del otro, donde se simula escuchar y no se escucha, ni considera la opinión de la base social, están condenados al fracaso (ver el caso PROTUR, en este documento). En este sentido, Agrawal & Gibson (1999), aportan a la discusión el argumento de asumir la comunidad como una entidad heterogénea influyente y capaz a la que no solo hay que reconocerlo, sino asumirlo. Las iniciativas fracasan no por el “número de consultas” que se realicen, sino porque los promotores terminan con una propuesta sin una base social, local, que la sustente, ya que es clave que el sector que va a recibir dicha iniciativa y va a ponerla en acción, recibiendo sus beneficios o impactos negativos la haga suya, se la apropie; y la apropiación solo puede generarse con una construcción real, justa y realmente consensuada entre los actores. Las simulaciones nunca funcionan así, necesita ser construida realmente entre los actores sociales, desde su conocimiento local, con respeto, que se vea reflejado para poder tener el empuje a participar, dar seguimiento, legitimidad real y eso no se logra con presentaciones y firmas de lista de asistencia. Invariablemente, cuando una propuesta es recibida de manera violenta y con resistencia por parte de la base social, como en el caso del ANP Bacalar, debe ponerse atención, observar de manera objetiva y entender que la carencia de legitimidad de un instrumento ante los ojos y la intuición comunitaria proviene de la incapacidad de los promotores de considerar a los actores sociales como entidades capaces de tomar decisiones a partir de sus conocimientos y experiencia y, por tanto de actuar en consecuencia. Los actores de la tríada se levantan como poseedores de la soluciones en pro del “bien común”, lo que les justifica crear instrumentos de “participación social” que deben inducir desde arriba (ya fuera por parte de los gobiernos locales, organizaciones ambientales, académicos o los organismos financiadores), porque la población, desde la visión gubernamental o paternalista, del desprecio de los científicos que los consideran “ignorantes” o de las ONGA que siempre están más interesadas por complacer a los financiadores y anotarse méritos, o en el golpeteo político, todo ellos que están interesados en “salvar a la naturaleza para negociar con ella”, mientras se posicionan ante la opinión 182
pública como los que tienen la obligación moral, casi espiritual de proteger a las comunidades de sí mismas, como si los locales fueran infantes inmaduros en ansia permanente de destrucción del entorno natural. RdB: Sin embargo, parece que la cosa va más allá de la necesidad de ser consultados: trece ejidos, convocados por sus comisariados, han generado actas de asamblea donde hacen constar su negativa a que se establezca un área protegida que interese a sus dotaciones de tierra. Aparte de que no es frecuente ver que tantos ejidos se unan alrededor de una sola causa (cosa que en principio resulta alentadora), el que lo hagan para oponerse a un proyecto que en nada les perjudica y que incluso debe contribuir a que puedan diversificar sus actividades productivas y mejorar sus ingresos, da mucho que pensar. De nuevo, RdB confunde el término participación. Las comunidades SI saben lo que es un proceso participativo de consulta, convocando a sus asambleas Ejidales, informando, discutiendo y tomando decisiones. Es él y gente como él los que no entienden que las comunidades tienen muy claro cómo funciona la participación real, porque deben practicarla constantemente en el seno de sus grupos de trabajo, asambleas generales y comités comunitarios. RdB: Muy probablemente, la raíz de la negativa de los ejidatarios (que por cierto han mostrado su anuencia a la promulgación de un programa de ordenamiento ecológico, que, dicho sea de paso, se encuentra alineado con el proyecto de conservación de la laguna de Bacalar) se encuentra en la ya generalizada desconfianza frente a cualquier acción emprendida por una agencia gubernamental. Él mismo ejemplifica el por qué falló la intentona de imponer un ANP a las comunidades desde afuera: porque su concepto de consulta no tuvo nada de participativa y fue una falta de respeto para los actores sociales que terminaron enterándose que la “presentación” de un proyecto a la que los invitaron, era realmente una consulta participativa, en la que no se les pidió o permitió opinión, y que la lista de asistencia que firmaron, resultó ser parte de un acta de acuerdos para imponerles un ANP. Desde ahí el proceso perdió toda legitimidad y en la medida que se continuó insistiendo 183
en imponerla bajo esos términos, continuó acrecentando la inconformidad de la base social. RdB: Pero la desconfianza, encerrado en el odioso neologismo de “sospechosísimo”, es un arma de múltiples filos: lo mismo desconfiamos de las acciones de gobierno, como de las acciones de grupos organizados que no parecen responder a motivos claros, y que se sustentan en informaciones imprecisas y sesgadas, que generan confusión. En el caso del área protegida propuesta para la laguna de Bacalar, solamente se ha formulado un estudio técnico justificativo, por parte de una organización no gubernamental (Amigos de Sian Ka’an, A. C.), a petición de la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas (CONANP). Lo odioso es que intente desacreditar la justa demanda de la base social, como si se tratara de un tipo de paranoia. Dado que, según él, “…solamente se ha formulado un estudio técnico justificativo, por parte de una organización no gubernamental (Amigos de Sian Ka’an, A. C.), a petición de la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas (CONANP)…” De nuevo, es casi odiosa la postura miope o tal vez cínica porque un par de años después terminó estando a cargo de la instancia que precisamente está dando seguimiento a este estudio. Argumentando que solo era paranoia comunitaria el que en 2017, por pura coincidencia, se haya creado un documento que propone crear un ANP en el sistema Bacalar, impulsado por dos instancias con un largo historial de crear e imponer instrumentos restrictivos a comunidades, en su propio beneficio, como si lo hubieran hecho porque no tenían algo mejor en que ocupar los $400,000.00 pesos que CONANP le dio a Amigos de Sian Ka’an, así que se les ocurrió hacer una propuesta para justificar y poner 219,000 ha bajo estatus de reserva federal. Nada más. Este señalamiento simplista resulta ofensivo, y de nuevo, deja muy clara la postura de estos promotores que piensan que los habitantes locales y comunidades son ignorantes y manipulables, al grado de que pueden mofarse con observaciones ridículas como esa, públicamente. ¿Insinuó que la gente debió mantenerse callada, hasta que ya tuvieran el decreto de ANP encima? Generalmente eso esperan, que las comunidades no se percaten hasta tener prácticamente el instrumento encima, y en ese momento, según su razonamiento, “ahora si valdría la pena todo el 184
escándalo que hagan” (aunque tal vez sea demasiado tarde). Habría que recordarle, que aun con el levantamiento comunitario en contra del estudio que solamente se había hecho porque sí, la instancia que él dirige ahora, en 2019 retomó el estudio para impulsar el ANP desde el gobierno estatal, a través del IBANQROO, y depende de la Secretaría de Medio Ambiente, cuyo Secretario era, antes de que lo cesaran por acusaciones de corrupción, Alfredo Arellano Guillermo, ex Director Regional de la CONANP, donde también tiene pendientes denuncias de corrupción y que ahora dirige Efraín Villanueva Arcos, socio fundador de Amigos de Sian Ka’an y reconocido como su brazo operativo en el sur del estado de Quintana Roo. RdB: A lo largo de la elaboración de ese estudio, los consultores sostuvieron múltiples entrevistas y talleres con representantes de los mismos ejidos que hoy se oponen al establecimiento del área. Quizá no haya sido una consulta suficiente para esta muy preliminar etapa del proyecto. Pero, y aquí asoman su fea cabeza la desconfianza y la sospecha, resulta extraño que de pronto esos mismos grupos ejidales se muestran tan reacios a la conservación, que en nada les perjudica, ni les despoja de sus tierras, ni impide que se apropien de los recursos naturales y servicios ambientales que se encuentran en ellas. No vamos a desgastarnos tratando de explicarle la diferencia entre planificación participativa y consulta simulada, ya explicada anteriormente. RdB: Quienes sí se pueden ver afectados son los propietarios y posesionarios de predios en los márgenes de la laguna, algunos de los cuales han apostado especulativamente por la detonación de un desarrollo turístico convencional, que les permita vender sus terrenos a precios jugosos, para el establecimiento de infraestructura para el turismo. Quizá perciban el establecimiento de un proyecto de conservación, como un elemento que reste plusvalía a sus bienes raíces. ¿Será entonces que hay por ahí “manos que mecen la cuna”, desde la oscuridad y el clandestinaje? No me sorprendería. Según RdB, son los particulares que quieren un Cancún en la Laguna y que manipulan a los otros actores sociales, por aquello de que como continúa insistiendo, los pobladores locales no les alcanza la inteligencia para estar inconformes, alguien tuvo que imponerles la idea. 185
En su artículo Robles de Benito hace una mofa disimulada del reclamo justo de las comunidades, como si dicho reclamo fuera por defecto de ignorancia o candidez; ejemplifica perfectamente el tipo de pensamiento colonialista, parte complejo de superioridad, parte condescendencia; que es precisamente parte de los esquemas del ambientalismo neoliberal impulsado por décadas por la tríada, que han manejado ante la opinión pública que los pobladores locales son como los “indios” de la época de la colonia, que necesitan ser educados, orientados, protegidos de ellos mismos, curados de su “ignorancia”, necesitados de ser salvados por ellos, los comenderos ambientales modernos, dueños únicos de la verdad absoluta. Según esta percepción, "el resto de la sociedad" (las comunidades, los no científicos occidentales) se les considera como un conjunto de actores influenciables, sin capacidad ni legitimidad para evaluar la naturaleza o la severidad de los problemas ambientales o para hacer algo al respecto, de manera efectiva y organizada; y mucho menos para resolverlos. Una postura que sirve de referencia para que las comunidades y actores locales puedan identificar a miembros de la tríada que se acercan con discursos de urgencia, especies amenazadas, señalando criminales y prometiendo la salvación con sus instrumentos.
El mito de la Capacidad de Carga para Turismo Capacidad de carga recreativa, capacidad de carga ecológica, capacidad de carga turística, o solo capacidad de carga. De acuerdo a Sayre (2008) en su Génesis, historia, y límites de la capacidad de carga, este concepto puede entenderse en cuatro definiciones distintas: 1) Como un atributo mecánico o de ingeniería de objetos o sistemas manufacturados, que data alrededor de 1840, en el contexto del transporte marítimo internacional que, hasta cierto punto, puede medirse en valores y números fijos de manera relativamente objetiva; es decir, ¿Cuánta carga soporta un barco? Por ejemplo.
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2) Como un atributo de los organismos vivos y los sistemas naturales, datando de la década de 1870 y más plenamente desarrollado en la gestión de ganado y la caza a principios del siglo XX, que dio o rigen al concepto utilizado para actividades recreativas en los parques nacionales de Estados Unidos y que permeó a otros países; como ejemplo ¿Cuántas vacas puede alimentar una hectárea de pastizal? 3) Como K, el límite natural del aumento de la población en los organismos, utilizado por los biólogos de poblaciones desde mediados del siglo XX, utilizado para ejemplificar un sistema donde el número de individuos es lo suficientemente grande para presionar los recursos naturales existentes y a medida que la población crece, en una relación lineal directa, estos recursos empiezan a agotarse, lo que desacelera la tasa de crecimiento. Como ejemplo ¿Cuánto va a crecer una población de bacterias hasta que se les acabe el espacio o el alimento y comience a ya no crecer o a “decrecer”? El límite máximo donde eso sucede se conoce como K. 4) Como el número de seres humanos que la tierra puede soportar, empleado por neo-Malthusianos, también desde mediados de siglo pasado. Una teoría que es más bien un mito donde se dice que el planeta solo tiene capacidad para sostener a un número límite de seres humanos. Para entender cómo el concepto de Capacidad de Carga (CC) terminó utilizándose para contar con un número prácticamente mágico de turistas que pueden visitar un parque nacional o área natural protegida o de embarcaciones en un cuerpo de agua, con objetivo de uso recreacional, hay que repasar un poco de historia. Dejando de lado el primer concepto, por razones obvias, se dio una mezcolanza oportunista para combinar las tres definiciones restantes para completar el discurso de la capacidad de carga que tan alegremente maneja la tríada. Además del concepto en ingeniería, que fue el más utilizado desde la antigüedad, el concepto de capacidad de carga poblacional o ambiental se desarrolló inicialmente por los manejadores de ganado y de fauna silvestre en los Estados Unidos alrededor de la década de 1880. Esta metodología fue creada para tratar de determinar los límites del ecosistema vegetal donde podía desarrollarse y sobrevivir una población animal de herbívoros, dadas las condiciones de rancheo. Esta modalidad de capacidad de carga proviene de la idea de que un organismo sólo puede existir dentro de un 187
rango limitado de condiciones físicas. En el caso de herbívoros, las plantas y los animales requieren una cantidad mínima de energía y nutrientes, y sólo podían soportar ciertas concentraciones de productos químicos. La disponibilidad de condiciones de vida adecuadas determinaba, según varios autores, el número de organismos que podían existir en un medio ambiente. Al principio de esta etapa de la evolución de la capacidad de carga para ganadería y rancheo silvestre, se pensó que era una cuestión sencilla de calcular, pero el modelo comenzó a complicarse a medida que se fue comprendiendo que existían muchos otros factores que intervenían en la capacidad de sostener una población de animales en un área determinada. Factores que estaban relacionados directamente con la especie o las especies manejadas, las condiciones biofísicas, los requerimientos nutricionales acorde a edad o género de los especímenes, tipo de cercado, disponibilidad de otros recursos como el agua, o nutrientes diferentes al pasto o las especies vegetales encontradas en el sitio, condiciones climáticas, competencia intra o interespecífica, entre otras. Llegando a un punto donde, como describieron, era prácticamente imposible determinar una sola capacidad de carga para un sitio (aun hablando de potreros y ganado), dado que el desarrollo de una población estaba sujeto a condiciones ambientales diversas, que podían ser causadas por los propios especímenes, por factores externos o por factores o fenómenos ambientales que no dependían directamente de la interacción recurso – población. Algunos investigadores concluyeron que la capacidad de carga solo podía calcularse para sistemas deterministas y ligeramente variables, y únicamente para los casos en que el comportamiento y las relaciones ecológicas de la especie cambiaran lentamente en la escala de tiempo humana, y no era para nada recomendable utilizarla para sistemas estocásticos, aquellos donde hay muchas variaciones del sistema ambiental (la mayoría de los sistemas ambientales son de este tipo), y debido a la naturaleza no lineal de muchas relaciones causa efecto y la falta de conocimiento (datos, información, entendimiento, experiencia), todo lo cual introducía una gran cantidad de incertidumbre en los cálculos. Esta severa limitante en el carácter predictivo le ha valido a la capacidad de carga críticas muy severas en las tres últimas décadas; Price (1999) expone no solo las fallas de tratar de llevar un modelo de crecimiento poblacional 188
de laboratorio al campo, y de la forma perniciosa en que los científicos han obviado o tomado por hecho suposiciones, forzando sus resultados para probar este modelo de manera tendenciosa, para llegar a exponer “…Llegamos a la conclusión de que el concepto de capacidad de carga es gravemente defectuoso. De hecho, puede que no sea más que una creencia autovalidante…”. Otros autores plantearon argumentos adicionales cuestionando la utilidad práctica de la capacidad de carga y sus fundamentos científicos, planteando interrogantes sobre la validez para gestionar no solo el manejo de herbívoros desde esta perspectiva, pero más allá, los usos que se le dio posteriormente para actividades económicas donde interactúan actividades y poblaciones humanas en sitios naturales. Como muchos conceptos y modelos de manejo y conservación que utilizamos hoy día, la capacidad de carga vino importada, en este caso de los parques nacionales de los Estados Unidos. El hecho de que el origen del uso del concepto de capacidad de carga para sostener poblaciones animales en áreas bien delimitadas se haya comenzado a utilizar en las áreas protegidas y parques en los Estados Unidos hace casi 100 años debería ser suficiente para darnos una idea de lo inaplicable del modelo, en nuestro contexto. Cuando se habla del establecimiento de la primera área natural protegida "moderna" estadounidense en 1872, el Parque Nacional Yellowstone, y en 1890 del Parque Nacional Yosemite, se tiende a obviar el dato de que el gobierno de los Estados Unidos expulsó violentamente a los nativos americanos que vivían y dependían de los recursos naturales en esas áreas (Burnham, 2000) Poirier & Ostrgren (2002), citan: “…Estas acciones fueron influenciadas tanto por las vistas de los parques como "áreas silvestres" prístinas, desprovistas de ocupación y uso humano. Y por los intereses de poderosos grupos de presión como la industria ferroviaria, que quería desarrollar parques para el turismo; los pueblos originarios eran vistos como incompatibles con ambos intereses…” El modelo estadounidense de parques se creó con la expropiación, rayando en despojo, de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales donde se reclamaron tierras, especialmente tierras comunes, para el Estado, sin siquiera considerar los derechos históricos, legales preexistentes de propiedad y uso bajo la tenencia histórica 189
tradicional, y con compra de propiedades privadas a través del Fondo de Conservación de Tierra y Agua (Land and Water Conservation Fund). A la fecha 84 millones de acres (aproximadamente 34 millones de hectáreas) son propiedad del Estado y solo un poco menos de dos millones de acres (809,371 hectáreas) continúan bajo propiedad privada (no comunal). Es decir, el sistema de áreas naturales protegidas de los Estados Unidos está integrada en un 97.6% de propiedades federales y 2.3% por propiedades privadas en forma de “inholdings” (propiedades privadas dentro de parques nacionales) que esperan ser adquiridas por el Land and Conservation Fund. No hay propiedades comunales. Es un sistema muy complejo que incluye: 63 Parques nacionales, 129 monumentos nacionales (administrados por el SPN y otras agencias), 19 Reservas nacionales (más parecidas a nuestras reservas), 61 parques nacionales históricos, 87 sitios históricos nacionales (76 manejados por el SPN y 11 son áreas afiliadas), 2 sitios históricos nacionales autorizados (aún pendientes de compra de la propiedad), 1 sitio histórico internacional, 4 parques nacionales de Campos de Batalla, 11 parques militares nacionales, 21 Campos de batalla nacionales, 34 memoriales nacionales, 25 áreas nacionales recreativas, 10 costas nacionales, 4 costas lacustres nacionales, 15 ríos nacionales y ríos silvestres y escénicos, 3 Reservas nacionales mixtas, 10 Caminos nacionales, 23 senderos nacionales, 15 cementerios nacionales, 55 Áreas patrimoniales nacionales y 16 unidades del Servicio de Parques Nacionales. El manejo se da bajo la supervisión del Servicio de Parques Nacionales, y otras instancias del gobierno, pero el manejo local de servicios de la mayoría se da en forma de concesiones. Actualmente hay más de 500 concesiones (tipo franquicia) para manejar los servicios a visitantes en los parques nacionales y cobrar cuotas de acceso, coordinado por la división de Servicios Comerciales de Cobro, del Servicio de Parques Nacionales. El ingreso bruto es de un billón de dólares. Los concesionarios emplean más de 25,000 empleados en temporadas altas. Aunque el registro es de más de 575 contratos, solo 60 contratos generan más del 85%de los ingresos (850 millones de dólares). La franquicia es del 5% de los contratos. El sistema recibe más de 292 millones de visitantes recreacionales que gastan 15.7 billones en las comunidades de entrada (Gateway communities) localizadas a un promedio de 60 millas (96.5 km) de los parques (Josephson,
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2021). No hay comunidades dentro de los parques o a menos de 96.5 kilómetros de distancia. El Acta orgánica que dio origen al Servicio de Parques Nacionales instaura el objetivo de su creación, que expresa: "el Servicio así establecido promoverá y regulará el uso de las áreas federales conocidas como parques nacionales, monumentos y reservas... por los medios y medidas que se ajusten a la finalidad fundamental de dichos parques, monumentos y reservas, cuya finalidad es conservar el paisaje y los objetos naturales e históricos y la vida silvestre en ellos y prever el disfrute de los mismos de tal manera y por los medios que los dejen intactos para el disfrute de las generaciones futuras."(NPS, 2018). Era lógico que buscaran un modelo para determinar el número máximo de personas haciendo uso de las áreas, si era uno de sus objetivos el servir como áreas “de disfrute”. En este sentido, entre 2008 y 2019 el sistema de parques de los Estados Unidos recibió 3,584.7 millones de visitantes, a un promedio de 298.725 millones de visitantes anuales (Statista, 2021). Otra estadística estima que desde 1904 y hasta 2020, el sistema de parques de los Estados Unidos ha recibido 14’891,410,480 de visitantes (casi quince mil millones de visitantes en 116 años) (NPS, 2021) la mayoría turismo local o doméstico. Para cuando el modelo estadounidense de parques permeó al resto del mundo, alrededor de la década de los 50s – con el boom de las visitas locales a parques dentro del mismo territorio norteamericano, la superposición de esos modelos de protección de sitios que tenían entre sus objetivos el uso recreacional, en territorios federales, entró en conflicto con la realidad de otros países, como por ejemplo los países tropicales en vías de desarrollo, cuyos bosques, selvas, humedales y otros ecosistemas eran parte de la propiedad comunal social y en ellos coexistían poblaciones indígenas y otros grupos tradicionales, que desarrollaron formas de apropiación comunal de los espacios y recursos naturales para su subsistencia. Estas comunidades indígenas y rurales tenían una relación cercana con las especies y los espacios, integrándolos como parte de su patrimonio cultural, su historia y el uso tradicional de los mismos, para los que también habían desarrollado modelos de protección y conservación e incluso mejora de la biodiversidad en sus territorios, por generaciones. Las cultural locales habían venido realizando un manejo respetuoso e integral que permitió la persistencia de espacios, ecosistemas y cuerpos de agua que, a los ojos de terceros que llegaban recién a los sitios, parecían 191
haber permanecido intocados o vírgenes desde siempre. Esta idea equivocada y simplista de que los territorios indígenas o rurales manejados por generaciones eran espacios “intocados”, motivó, sin conocimiento previo, a grupos promotores ajenos a las comunidades, principalmente académicos y ONGA, a proponer esquemas restrictivos para mantener estas “áreas silvestres” “prístinas” para volverlas áreas naturales protegidas como si fueran bienes públicos, con su visión parcial del neomito de la “naturaleza salvaje intocada” (Diegues, 2000) sin tomar en cuenta que estos espacios históricamente comunitarios habían permanecido así por su relación cercana y la identidad creada con las poblaciones locales. Es decir, porque los locales las habían conservado. Si ahora hacemos una comparación, una instancia equivalente al Servicio de Parques de los Estados Unidos en México sería una combinación de Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el Instituto de Antropología e Historia (INAH), la Secretaria de Turismo (SECTUR), la Secretaria de Comercio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN) con enfoque recreativo, de conservación y vigilancia, en áreas despobladas de propiedad federal y unas cuantas áreas privadas. En contraste a cómo ha funcionado el modelo adaptado de los Estados Unidos, en México, para 2013 el sistema de ANP contaba con 25,394,779 hectáreas (CONANP, 2014), y siguió acumulando hectáreas, pues en 7 años dio un enorme salto, y para 2021, contaba con 90,830,963 hectáreas reportadas por la CONANP bajo su administración (CONANP, 2021); menos de la quinta parte era propiedad de la Nación siendo el resto propiedad privada o comunal; de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en esa época había 176 Áreas Naturales Protegidas de competencia federal donde habitaban 1’713,628 personas (CONANP, 2014), la mayoría en poblaciones indígenas y rurales. La CONANP se ha encontrado prácticamente desde su decreto y a lo largo de su historia en deplorables condiciones financieras y operativas (Garcigalán, 2015), y los fondos generados por cobro de derechos para ingreso a las ANP, que recaudan en todo el país son inferiores a 70 millones de pesos anuales (3.5 millones de dólares aproximadamente) (Quadri, 2014). Nuestras ANP no tienen objetivos de parques recreativos y carecen de la estructura, infraestructura y recursos tipo franquicias o un sistema para realmente les permita funcionar como receptoras de turistas recreacionales. 192
Por contraste con el Servicio de Parques Nacionales, la CONANP tiene como objetivo “…mantener la representatividad de los ecosistemas de México y su biodiversidad, asegurando la provisión de sus servicios ambientales mediante su conservación y manejo sustentable, fomentando el desarrollo de actividades productivas, con criterios de inclusión y equidad, que contribuyan a la generación de empleo y a la reducción de la pobreza en las comunidades que viven dentro de las ANP y sus zonas de influencia. Este Objetivo se perseguirá a través de una serie de Objetivos Estratégicos relacionados con las siguientes áreas: Manejo integrado del paisaje, Conservación y manejo de la biodiversidad, Atención a los efectos del cambio climático y disminución de emisiones de GEI, Economía de la conservación, Fortalecimiento de la coordinación estratégica intrasectorial (Integralidad), Fortalecimiento de la coordinación intersectorial (Transversalidad), Marco legal para la conservación del patrimonio natural, Fortalecimiento institucional y Comunicación, educación, cultura y participación social para la conservación. (CONANP, 2021) …” Podría pensarse que la frase “fomentando el desarrollo de actividades productivas, con criterios de inclusión y equidad, que contribuyan a la generación de empleo y a la reducción de la pobreza en las comunidades que viven dentro de las ANP y sus zonas de influencia…”, que se menciona en el objetivo, podría representar la base para el fomento, administración y operación de turismo y recreación, como sucede en los Estados Unidos, pero debido a que la unidad administradora de las ANP pertenece al sector ambiental su alcance se limita a ese sector y la visión “productiva” es paternalista. Los fondos “productivos” están relacionados con actividades de conservación o pequeños subsidios para los grupos de comunidades. Debido a las propias características y naturaleza del sistema de ANP mencionado, tampoco puede promoverse el modelo tipo franquicias a terceros para manejo turístico integral como el modelo estadounidense, porque además, en México el territorio en parques y reservas, en su mayoría, es propiedad comunal o privada, o son sitios donde se llevan a cabo históricamente actividades económicas de importancia para las comunidades de la zona colindante o de influencia, no relacionadas con el turismo y que pueden competir por fondos, espacios y el reconocimiento. Así que la CONANP no especifica objetivos de desarrollo de actividades recreativas en las áreas, aunque intentan establecer estrategias de impulso 193
y control de actividades turísticas, entre las que se si promueve el cálculo de capacidad de carga turística. Regresando a cómo evolucionó el concepto de capacidad de carga para el turismo en los Estados Unidos, para la década de 1920 había comenzado a utilizarse el concepto para describir la relación entre el ganado y su medio ambiente, luego se aplicó a los herbívoros silvestres (Leopold 1933) Pero, no fue sino hasta la década de 1950 cuando comenzó a utilizarse para tratar de encontrar un número mágico de turistas que una reserva o parque nacional pudiera soportar antes de que los impactos negativos, sobre ecosistema y vida silvestre, fueran irreversibles. Para entender ¿cómo terminó el concepto de capacidad de carga ganadera per-meando como el número de individuos (turistas) que un área (área protegida o sitio silvestre protegida) pudiera soportar? habría que estar consciente del panorama en torno al momento en que comenzó a permear la capacidad de carga al turismo en los Estados Unidos (que luego se difundió a otros países, entre ellos México). Esto se debió a que muchos de los primeros gerentes de recreación en los Parques Nacionales de los Estados Unidos habían sido capacitados en las ciencias de la silvicultura, la vida silvestre y manejo de ganado, no en gestión de parques recreacionales o turísticos, las preocupaciones sobre las personas y sus impactos se describieron rápidamente como un problema de capacidad de carga (remitidos al uso de pastizales por el ganado o los venados), buscando soluciones urgentes cuando las instalaciones y los recursos simplemente no podían acomodar los crecientes aumentos en la demanda debido a las limitaciones de diseño y gestión. Esta década (1950) también destapó luchas fundacionales en el Servicio de Parques Nacionales. Mientras la administración luchaba por satisfacer la creciente demanda de turistas, tuvo que lidiar con una pregunta filosófica sobre la naturaleza misma de sus tierras. Esa pregunta sigue siendo relevante hoy en día: ¿existen los parques nacionales para preservar la naturaleza, o para hacer que esa naturaleza sea accesible para todos? Y si el servicio solo puede cumplir uno de estos dos objetivos, ¿cuál elige? Así que los investigadores y administradores de estas áreas, que provenían de décadas de manejo de vida silvestre y no directamente de recreación, asumieron implícitamente que los niveles de uso y los impactos estaban interrelacionados como sucedía con el ganado o la fauna silvestre en un
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pastizal, por consiguiente, presupusieron que el sitio poseía una capacidad de carga inherente o específica. En uso turístico esto sugeriría que a medida que los impactos aumentaran lentamente, debido al uso turístico – recreativo llegarían a un punto donde las condiciones del sitio se deteriorarían rápidamente. El punto justo antes de llegar al punto sin retorno, teorizaron, debía ser la capacidad de carga para turismo y la recreación. En la década de 1960 y principios de los 1970, fueron los científicos y sobre todo los manejadores de recursos naturales del Servicio Forestal de los Estados Unidos, algunos de los cuales se habían convertido en administradores de áreas recreacionales, los que promovieron la investigación para identificar las capacidades de carga para la recreación en los parques y sitios bajo su responsabilidad. En ese punto se reconocía que la mayor parte de los estándares para ocupación del espacio se habían desarrollado a partir de los juicios intuitivos y experiencias de pruebaerror, más que de evidencia cuantitativa de investigación controlada. Es decir, los estándares de capacidad de carga se construyeron sin pruebas científicas. Para poder entender el razonamiento de la Capacidad de Carga, McCool & Lime (2001) ejemplifican tres variantes de las relaciones potenciales entre el nivel de uso y la cantidad de impacto biofísico y social resultante. • La curva A representa una situación en la que los impactos aumentan rápidamente con pequeñas cantidades de uso, y luego a medida que aumenta el uso del sitio, disminuye o se estabiliza el nivel de impacto. • La curva B representa una situación en la que los impactos son una función lineal del nivel de uso. En esta situación, a medida que aumenta el uso del sitio, los impactos aumentan. Esta era la relación que los investigadores de la época suponían existía en los territorios de los parques que eran utilizados para actividades recreativas. • La Curva C representa una situación donde el nivel de impacto aumenta gradualmente, a medida que va aumentando el nivel de uso y luego, después de un punto determinado comienza a crecer aceleradamente. Esta curva ejemplificaba la capacidad de carga intrínseca del ecosistema. Lime y Stankey (1971) e incluso el propio Odum (padre del concepto del crecimiento poblacional logístico K – de donde surgió la tercera definición de capacidad de carga) dejaron claro que la capacidad de carga no era un 195
estándar de espacio para definir el número de unidades de uso (personas, vehículos) que podían utilizar el espacio recreativo en algún momento, para garantizar una experiencia "satisfactoria" por parte del visitante. La capacidad de carga que se evaluaba en los parques nacionales era el carácter o el tipo de uso que puede soportar a lo largo de un tiempo especificado un área desarrollada a cierto nivel sin causar un daño excesivo ni al ambiente físico o a la experiencia de visitante.
Relaciones potenciales entre nivel de uso y cantidad de impacto biofísico y social resultante. Traducción de autora, Fuente: McCool, S. F. & David W. Lime (2001) Tourism Carrying Capacity: Tempting Fantasy or Useful Reality? Journal of Sustainable Tourism, 9:5, 372-388.
No era el concepto ecológico de capacidad de carga. Se trataba de un concepto multidimensional y dinámico, capaz de ser manipulado por parte de la administración del área natural protegida, de acuerdo con las restricciones administrativas presupuestarias y de recursos del organismo a cargo. La capacidad de carga definida en ese entonces por los administradores de los parques en los Estados Unidos tenía tres componentes que a la fecha son aplicables: 1) Los objetivos de manejo, 2) La actitud del visitante, y 3) El impacto recreacional sobre los recursos físicos. Estos no eran consideraciones independientes, por supuesto, pero estaban entretejidos y dependían de la organización, planeación y operación; es decir, la capacidad de carga no solo dependía del tipo de visitante y el ecosistema, sino también del objetivo de manejo del área, las limitaciones 196
administrativas, tareas y de recursos económicos disponibles. Ahora tratemos de ajustar esta visión al modelo mexicano. ¿Por qué es importante, antes que nada, contar con un objetivo de manejo para el área? Porque es necesario conocer la finalidad, fragilidad y complejidad del sistema para poder contar con una idea del alcance de las actividades que puedan o no desempeñarse. Para nada es lo mismo determinar la capacidad de carga para una laguna con un objetivo de pesca deportiva o recreativa, que para una laguna donde se desarrolla actividades náuticas de muchos otros tipos, e incluso natación u observación de biodiversidad. Determinar si el sitio va a ser de baja o alta densidad no solo depende de las “preferencias” del turista. “…Sin objetivos definidos establecer tratar de establecer un esquema de manejo basado en la capacidad de carga de un sitio es fútil…” (Lime y Stanky, 1971), y más importante aún, la capacidad de carga no es generalizable “…no se puede asignar una sola capacidad a un área entera…" Es tentador utilizar la capacidad de carga políticamente para generar la imagen pública de que se tienen las cosas bajo control, y obtener números mágicos como como se intentó hacer con Bacalar y todas las políticas de Áreas Naturales Protegidas, estrategias de turismo y permisos de lanchas. En México, las ANP no tienen objetivos definidos de turismo, y si al caso usa términos como aprovechamiento sustentable, que resultan demasiado generalistas para servir de base de planeación de alguna determinada actividad, porque deja abierto el abanico para todas las actividades de aprovechamiento sustentable. A medida que crecía la experiencia en campo, en los Estados Unidos, el término llegó a definirse como la cantidad de uso recreativo permitido por los objetivos de gestión de un área. Cuando se lee detenidamente esta definición se notan dos cosas: (1) NO se trata de una capacidad de carga intrínseca o innata, es decir: un ecosistema no trae una medida de carga máxima etiquetada, como si fuera una cubeta con una capacidad máxima para llenarse; y (2) Dado que se basa en el uso, un área puede tener múltiples capacidades, dependiendo de qué objetivo u objetivos se articulen en ella. Los objetivos de la capacidad de carga turística se basan en el uso del sitio, no en algún concepto ambiental, ni en los gustos o preferencias de los turistas. Es decir, un área protegida puede tener una capacidad de carga 197
recreativa o turística muy baja si su objetivo (recreativo o turístico) se enfoca en proporcionar oportunidades para la soledad, para el disfrute exclusivista, de muy baja densidad, en un entorno natural de belleza prístina; pero también puede tener una mayor capacidad de carga, si el objetivo son actividades recreacionales o turísticas que impliquen más personas, y donde haya menos limitaciones en los impactos causados por los visitantes. Para la misma zona pueden existir múltiples capacidades de carga. Pero este concepto no involucra lo ambiental a menos que afecte la calidad del paisaje, que es el producto que compra el turista. Y más aún, no debe perderse de vista que el desarrollo y la elección de objetivos de manejo en un área natural protegida es un proceso humano, social, no es físico, ni ecológico, ni biológico. Es decir, determinar cuánta carga va a soportar un sitio, o cuánto cambio es aceptable, si se le somete a una serie de actividades humanas determinadas (directas e indirectas), SIEMPRE es un juicio humano, social, informado o no, y basado supuestamente en la ciencia, pero es creado, determinado y sostenido en el entorno del discurso político y en muchos casos por los intereses particulares, institucionales o de grupo. Aunque haya científicos involucrados, que puedan darnos información para que localmente, en teoría, podamos evaluar ¿Cuánto es demasiado?, y los expertos locales puedan responder esa pregunta, al final la capacidad de carga siempre va a ser una decisión política. Varios autores insisten que la capacidad de carga turística debe verse como un proceso de planificación integral, como un instrumento de política estratégica para el desarrollo de modelos locales de turismo sostenible y no como una medida científica, un número único o un número mágico. O'Reilly (1986) establece que la capacidad de carga debe utilizarse como indicador, como línea de base para identificar umbrales críticos que requieren atención, no como un límite numérico fijo, sino como un indicador a la hora de tomar decisiones y aplicar controles o regulaciones, en el momento que se requiera. Para el caso de Bacalar, un aspecto central para una definición de la capacidad de carga recreativa dependería de las necesidades, valores y preocupaciones de los visitantes y los encargados de administrar la Laguna, conciliar la capacidad de carga que determine APIQROO, como concesionario de uso náutico, o la establecida por SEMAR como responsable del manejo integral del cuerpo de agua, de CONAGUA como 198
encargada de la sustentabilidad y calidad de agua de cuerpos de agua interiores, pero también del Servicio Geológico Mexicano, que sabe de los procesos geohidrológicos del sistema, de los usuarios y habitantes históricos de la laguna que saben muy bien qué imagen meta tienen del cuerpo de agua que generacionalmente ha sido parte de su vida, de los prestadores de servicios que saben cuántas lanchas pueden interactuar y por qué, y así cada uno estima una capacidad de carga de acuerdo a su enfoque y visión. De este modo, la capacidad de carga solo podría establecerse en términos de objetivos de gestión específicos, que varían ampliamente caso por caso. Tener en cuenta estas opciones cambia el enfoque de la capacidad de carga recreativa de preguntar cuántas embarcaciones son demasiadas a definir una visión conjunta, enriquecida con la visión de todos. Ahora bien, el otro asunto es implementar las políticas de capacidad de carga, lo que se dice de manera más sencilla de lo que es en la realidad. Implica que un administrador o responsable de un área debe tomar decisiones restrictivas cuando se está por rebasar la capacidad de carga y esto, como se ha visto para los casos de las ANP de Holbox y Tulum, no ha sucedido, con lo que las ANP rebasaron por mucho su capacidad de carga turística (el número de embarcaciones o prestadores de servicios turísticos autorizados). Dado que cuando es necesario restringir el uso o acceso, se van a crear problemas de equidad, porque implica que la administración o el responsable deben decidir quién puede hacer uso o ingresar al área. Esto ha derivado en exclusión de actores, trato preferencial y corrupción. Otro aspecto clave es que, dado que los criterios se basaban en las “preferencias” de los turistas, se aprendió con el tiempo, que los visitantes tienen múltiples expectativas para las experiencias turísticas, sólo algunas de las cuales están relacionadas con la densidad de uso. Porque las expectativas de un visitante son tan amplias como pueden ser las preferencias individuales de cada quien y sus motivaciones (pirámide de Maslow). Las emociones y la valoración de acuerdo a preferencias y afectos son parte inseparable de la toma de decisiones de los visitantes y eso varía de manera infinita. En base a esta visión, no existiría lo que se denominaría el visitante "promedio", por lo tanto, las condiciones de una experiencia estándar ideal, tampoco existen. Esto aplica no solo para los turistas, también aplica a los residentes de Bacalar. 199
La percepción de un residente sobre cuáles deben ser las condiciones óptimas del ecosistema varían dependiendo, por ejemplo, si sus actividades económicas están vinculadas al turismo o no. También puede variar de acuerdo a cuánto conozca el cuerpo de agua o no, que escala de valores tenga el cuerpo de agua en su vida (que tanto se siente afectado). Entonces ¿Cómo se elige cuales percepciones son válidas y cuáles no, a la hora de establecer límites? Si como ya vimos, el ecosistema no posee un límite turístico específico, por ejemplo. También habría que agregar que los impactos dependen de las políticas existentes de todo tipo, los instrumentos de ordenamiento y regulación existentes, el nivel de cumplimiento de las autoridades, lo que requiere de una articulación real y eficiente. En conclusión, diferentes autores concluyen que las capacidades numéricas de carga para sistemas estocásticos (variables con muchos elementos interactuantes) como la Laguna de Bacalar, no han permitido controlar, reducir o mitigar los impactos. De ahí la importancia y la insistencia de las propuestas de las comunidades locales en la visión de cuenca y de manejo integrado del territorio, y no de la visión de generar islas protegidas, como las Áreas Naturales Protegidas. McCool y Lime (2001) concluyen “…El concepto de capacidad de carga turística y recreativa mantiene una ilusión de control cuando se trata de una ficción seductora, una trampa social o un mito político. En cambio, deberíamos centrarnos en el despliegue de marcos y estrategias que determinen cuáles de los muchos futuros plausibles son deseables, qué condiciones sociales, económicas y ambientales están involucradas en el desarrollo del turismo, la aceptabilidad de las compensaciones que se producirían y cómo se puede dar voz a las personas afectadas para articular las preocupaciones y los valores involucrados. Si bien podríamos buscar un término para nombrar este proceso, lo importante es que entendamos cuáles son los objetivos del desarrollo turístico, qué dice la ciencia y cómo podemos hacer un mejor manejo, dadas esas consideraciones… Si bien la búsqueda de la capacidad de carga ha dado lugar a una gran cantidad de investigaciones que han sido útiles para la gestión, su uso continuado como método para resolver los problemas del desarrollo del turismo es inapropiado y reduccionista…”
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El Límite de Cambio aceptable El método de Límite de Cambio Aceptable (LCA), fue creado por científicos sociales y Forestales, que trabajaban en recreación para el Servicio Forestal y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. A diferencia del concepto de Capacidad de Carga, en lugar de centrarse directamente en buscar números mágicos, se centra en la determinación de cuanto cambio en las condiciones iniciales ideales en un sitio, se está dispuesto a aceptar. El LCA requiere la definición de condiciones sociales y ambientales, deseables y aceptables, en un área determinada, a la vez que se generan medidas e indicadores alineados que permitan monitorear, tomar decisiones, generar acciones y proteger estas condiciones. El objetivo del LCA es gestionar los impactos de los visitantes, en lugar del número de visitantes. Para poder determinar el LCA es necesario un proceso participativo, integral, colaborativo y comprometido, no simulado, para definir objetivos de gestión; Identificar qué se va a medir social y ambientalmente y establecer estándares medibles para mantener esas condiciones. Es decir, es necesario contar con un panorama muy completo y claro de todo el sistema y su funcionamiento, desde los aspectos sociales a los ambientales, para determinar las futuras condiciones sociales y ambientales que serán deseables. No como deseos subjetivos y buenas intenciones, sino como elementos documentados a profundidad y analizados desde la visión panorámica de territorio o paisaje, no desde la escala de especie o sitio específico. Hay que establecer los indicadores adecuados para poder evaluar las condiciones sociales y ambientales deseables, establecidas en el paso anterior. Para el diseño de indicadores es clave el poder seleccionar los orientadores adecuados que se ajusten a las condiciones particulares de un sitio, actividad o función, si quiere tenerse una herramienta de evaluación efectiva. No basta con establecer qué se va a medir, se requiere establecer los valores mínimos aceptables a fin de poder tomar decisiones de manejo a tiempo para reducir el potencial de cambio inaceptable. Estas medidas se utilizan para informar el establecimiento de programas de supervisión y actividades de gestión para garantizar el mantenimiento de las condiciones del sitio. El proceso obligadamente debe ser colaborativo 201
porque al final se deben lograr consensos y compromisos por parte de todos los actores. La clave es que los actores involucrados representen la mayoría de los grupos del sistema que hacen uso directo o indirecto de él, que van a beneficiarse de manera directa o indirecta, o que van a ser afectados por las decisiones tomadas. Al final debe existir un consenso sobre la cantidad de cambio que es aceptable para todas las partes y no solo un sector de la sociedad. Cuando se revisa la metodología de Límite de Cambio Aceptable, propuesta por Stankey, et al (1985) esta consta de 9 pasos con sus propósitos, procesos y productos. En conjunto son un proceso continuo de obtención de información para planificación, generación de indicadores y estrategias de seguimiento, monitoreo y retroalimentación permanente El diseño de indicadores del Límite de Cambio Aceptable requiere de un enfoque integrado de sistemas, sobre todo en sistemas complejos con elementos humanos y naturales interactuando y auto organizándose, como sería el caso de la Laguna de Bacalar, donde hay grupos de usuarios, tomadores de decisiones y de otros tipos persiguiendo sus propios "intereses" y contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo y funcionamiento del sistema, interactuando con una gran cantidad de factores ambientales dentro del sistema y en la zona de influencia. Los indicadores que nos permitan ver cómo va comportándose el sistema son una selección complicada, que requiere de un conocimiento profundo de todo. Saber en el sistema cuáles son los componentes esenciales, sus relaciones mutuas, relaciones de arriba hacia abajo y unas con respecto a otras; entender con qué contribuyen estos componentes esenciales al rendimiento de otros componentes y con qué contribuyen estos componentes esenciales al rendimiento del sistema total. Cuando se determinan los límites de cambio aceptable, hay que establecer qué tipo de compensaciones se está en disposición de aceptar. En este punto el asunto a valorar es totalmente una cuestión humana ¿qué tipo de compensaciones están dispuestos a aceptar los afectados? ¿Cómo la decisión de elementos que se vean afectados negativamente pueda ser compensada? Si utilizáramos el ejemplo de Bacalar, tomando en consideración los indicadores seleccionados. ¿Cómo el aumento de ingresos de los negocios locales va a compensar la contaminación que vaya a generarse en el cuerpo de agua? ¿Cómo prevenimos este impacto desde la fuente? Y esto debe fundamentarse sólidamente, no con el discurso 202
mercadológico de la tríada, aunque venga presentado con un título de doctorado. El LCA no proporciona respuestas simples a las preguntas complicadas, planteadas por el desarrollo de actividades turísticas o de cualquier tipo en un sistema y el impacto significativo que pueden ejercer, pero tampoco se logra buscando un número mágico de capacidad de carga. Requiere información, fortalecimiento de capacidades, liderazgos y gobernanza reales. Por ello, la forma tan enmarañada en la que se construyó el PROTUR, por ejemplo, argumentando que se buscó establecer el Límite de Cambio Aceptable con una planeación tan deficiente y desarticulada, resultó a todas luces solo un discurso mediático para presionar la imposición de un instrumento, sin bases reales y simulando la construcción participativa, que no existió.
El mito del turismo y el turismo en ANP, propobres En Quintana Roo, el pretexto de la imposición de todos los instrumentos ambientales regulatorios neoliberales ha sido UNA SOLA actividad económica: el turismo. La base para establecer Áreas Naturales Protegidas, Ordenamientos Territoriales y el mismo PROTUR, todos se basan en la hipótesis de que es necesario y justificable, incluso urgente, imponer ese o el otro tipo de instrumentos, por el bien del medio ambiente y las bellezas naturales del Estado, a favor de la industria turística que es la principal actividad económica de la entidad y que es clave para contribuir al bienestar de la población. Se presenta al turismo como la solución para reducir la pobreza, creadora de fuentes de empleo y detonadora de aquellas áreas provistas de recursos naturales e históricos, y presentando por otra parte como “pobres y poco desarrollados” a los ejidatarios, comunidades y otros actores locales que no han “sabido administrar adecuadamente sus territorios” por lo que hay que imponerles un instrumento adecuado; pero ¿El turismo realmente contribuye a reducir la pobreza? En su investigación, Calderón Maya (2014) delinea cómo el modelo urbano de Cancún, que surgió a partir del modelo de desarrollo turístico del 203
INFRATUR en 1973, se ha vuelto una muestra de cómo el desarrollo turístico, lejos de promover un crecimiento ordenado y beneficiosos para las poblaciones locales la ha vuelto una ciudad cada vez más polarizada socialmente en cuanto al acceso a la vivienda y los servicios, de la calidad de vida de sus habitantes. Establece que si bien, por un lado, están los grandes desarrollos hoteleros, inmobiliarios, comerciales y corporativos; por el otro, están las “Regiones” caracterizadas en su mayoría por zonas sin servicios básicos, de infraestructura, vivienda precaria y sin servicios de salud… Más de 60 mil personas habitan en más de 30 asentamientos irregulares en los que por su condición de áreas no regularizadas por los gobiernos federal, estatal y local, padecen la falta de calles, agua potable, electricidad, drenaje, servicios de salud y educativos entre otros…. Es una realidad que muchas de estas familias que en promedio tienen tres o cuatro hijos, padecen hambre, falta de empleo y carecen de acceso de servicios de salud y vivienda por la falta de oportunidades. Muchos investigadores coinciden con este “hallazgo”. En sus investigaciones Alam, & Paramati (2016) al realizar una evaluación del impacto del turismo en la desigualdad de ingresos en un panel de 49 economías en desarrollo de todo el mundo entre 1991 y 2012, encontraron una relación positiva entre la industria del turismo y la desigualdad de ingresos debido a la naturaleza oligopolística del mercado turístico. Algo muy al modelo Quintanarroense, donde la oferta de servicios turísticos como alojamiento, viajes y otros servicios son gestionados únicamente por unas pocas empresas multinacionales, dejando a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a nivel local, sin poder competir con estos grandes conglomerados, y sin poder pagar el precio ambiental impuesto por la tríada en el modelo de ambientalismo neoliberal, terminan cediendo a las presiones de pseudoambientalistas y de agencias guberna-mentales, sin poder fortalecer su capacidad de competir, terminando por abandonar sus negocios. Lo que eventualmente conduce una distribución desigual del ingreso; donde los beneficios del desarrollo del turismo sólo se limitan a una clase selecta de personas de la sociedad, como los propietarios de los grandes proveedores de servicios turísticos, los empresarios, los inversionistas y los administradores de empresas turísticas, el gran capital, al que sirve y del que se sirve la tríada. También se argumenta que el turismo es fuente generadora de empleos para la población, pero lo cierto es que como sucede en el modelo de 204
turismo en el Estado de Quintana Roo, las empresas relacionadas con el turismo crean puestos de trabajo de bajos salarios en las comunidades locales y explotan los servicios y recursos, lo que a la larga aumenta la desigualdad de ingresos en cualquier sociedad. A nivel internacional, algunos investigadores, al evaluar estudios de 13 economías de turismo intensivo entre 1995 y 2012, con diferentes metodologías, encontraron solo uno donde el turismo contribuía en algunos casos a disminuir desigualdades de ingresos y reducir la pobreza. La mayoría de los estudios examinados encontraron que el turismo “no es pro pobres” En algunos casos incluso aumentaba la desigualdad de ingresos a nivel local o regional de manera notable, rara vez se encontró que el turismo beneficiaba significativamente a los pobres. Pero el sector turismo insiste en que son la panacea para garantizar la calidad de vida de la población. En su publicación de 2018 denominada Nuestro Turismo, la Secretaria de Turismo Federal exponía una situación que generaba expectativas y un panorama ideal: “…En este periodo (2012 a 2018), el PIB turístico registró un mayor crecimiento con relación al PIB nacional, por lo que la participación de esta actividad pasó de 8.2% en 2012 a alrededor de 8.8% en 2017. Para poner en contexto la participación del turismo en el PIB, es importante mencionar que la industria de la construcción participa con 7.5% y la minería incluyendo al petróleo con 3.7%. De manera similar, el crecimiento del empleo que se registró en el sector turístico fue superior al del conjunto de la economía durante este periodo. De diciembre de 2012 a diciembre de 2017, el empleo turístico creció 3% en promedio cada año, más del doble del crecimiento del empleo en el resto de la economía. Actualmente, alrededor de 10 millones de trabajadores dependen de manera directa e indirecta del turismo de México. Asimismo, se registraron nuevos máximos históricos en llegada de visitantes internacionales y captación de divisas, lo que nos colocó como el sexto país más visitado del mundo en 2017 por primera vez en nuestra historia y el décimo quinto con mayor recepción de divisas…” La CONANP también asevera algo similar a turismo. En el documento denominado Marco Estratégico de Turismo Sustentable en Áreas Naturales Protegidas de México (CONANP, 2018) se afirma: 205
“…La llegada de visitantes, tanto nacionales e internacionales tiene efectos en los objetos de conservación y las comunidades que habitan las ANP. … brindan beneficios socioeconómicos, entre los que se incluyen: la derrama económica que favorece a los habitantes locales y comunidades, la generación de empleos, disminución de la migración local y la oportunidad de emprendimientos turísticos en las temporadas de alta visitación…” Y en este sentido, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) establecidas para garantizar la sustentabilidad del desarrollo turístico en el estado de Quintana Roo ¿estaban contribuyendo a reducir la pobreza en los municipios y comunidades donde se establecieron / impusieron? Porque como ya vimos anteriormente, no están contribuyendo a minimizar o evitar los impactos ambientales, ¿al menos están cumpliendo en materia de indicadores sociales y económicos? Para responder esta pregunta analizamos un poco los datos proporcionados por el Consejo de Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL) quien investiga y analiza lo referente a pobreza en México; este organismo establece que el índice de pobreza aumentó entre 2008 y 2018, alrededor del mismo período cuando CONANP y SECTUR afirmaban que el turismo y el turismo en ANP eran generadores de beneficios económicos y oportunidades para las comunidades locales. Cantidad y porcentaje de población en situación de pobreza en México. Población Porcentaje Población en pobreza Año (millones) población (millones) Porcentaje 2008
111.6
100
49.5504
44.4
2018
125.1
100
52.4169
41.9
2.8665 Construcción propia. Fuente de dato: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Informe de la pobreza multidimensional 2008-2018. Una década de medición multidimensional de la pobreza en México. Ciudad de México: CONEVAL, 2020.
A primera vista parecería que el porcentaje de pobres se redujo de 44.4 a 41.9%, pero si se toma en cuenta, como sugiere el propio CONEVAL, que la población creció en ese período, nos encontramos con 49.55 millones de pobres en 2008 y 52.41 millones de pobres de 2018. 2.9 millones más de pobres o medio pobres, adicionales. “Medio pobres”, porque CONEVAL aclara, en este período 3 millones de personas pasaron de ser extremadamente pobres a medianamente pobres. Si hacemos una referencia cruzada del discurso de CONANP y de SECTUR, sobre el 206
beneficio que el turismo y las ANP traen a las poblaciones locales nos topamos con el contraste del análisis de indicadores de pobreza del CONEVAL por municipio, en Quintana Roo. Es alarmante percatarnos que, específicamente para Quintana Roo, y hablando de turismo, entre 2008 y 2018, se tenía una pobreza alimentaria de entre el 55.0 al 65.8% de las poblaciones de los municipios de Felipe Carrillo Puerto (donde se ubica la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an), José María Morelos (donde se localiza en parte la Reserva de Yum Ka’ax) y el municipio de Lázaro Cárdenas (donde se ubica la Reserva de Yum Balam y Holbox – Tiburón Ballena). ¿Qué significa esto? La pobreza alimentaria es el indicador que establece la baja capacidad de acceder a una nutrición adecuada de la población. En resumen, qué tan seguido deja de comer una persona por falta de dinero, o qué calidad nutricional obtiene el individuo en lo que come (por falta de capacidad adquisitiva). De acuerdo a CONEVAL, más de la mitad de la población de los municipios donde las ANP son generadoras destacadas y publicitadas de turismo y riqueza, no les alcanza el ingreso para comer. CONEVAL también se muestra un índice de pobreza de capacidades de 61.0 a 72.3% en esos mismos municipios (Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas) y de hasta un 27.2 a un 38.5% en Solidaridad (donde se localiza Playa del Carmen) y Othón P. Blanco (en pleno proceso de dividirse con Bacalar). Es decir, en estos municipios dos terceras partes de la población están en situación de insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines, según lo expone CONEVAL en su estudio. Más alarmante es que hubo, en el período de reportes de éxito de Turismo y CONANP, un 74.2 a un 84.7% de pobreza de patrimonio en Felipe Carrillo Puerto, Morelos y Lázaro Cárdenas, de nuevo; y un 53.2 a un 63.7% para Othón P. Blanco (luego incluyó Bacalar) y Solidaridad (luego incluyó Tulum). ¿Qué significan estas cifras?). Quiere decir que prácticamente 8 de cada 10 habitantes de estos municipios sufrían de insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado
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exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios, expuso CONEVAL. ¿Dónde queda toda la riqueza que el turismo supuestamente está trayendo para las poblaciones locales que cedieron – o perdieron alevosamente- sus territorios a nombre de las Áreas Naturales Protegidas y que ahora son tesoros para el turismo? Cuando los indicadores de turismo, de capacidad de carga turística y de Limite de Cambio aceptable para ANP enfocadas a turismo giran en torno a la satisfacción del visitante, y las iniciativas de proyectos productivos a mano de las ONGA, financiadas por agencias internacionales, se limitan a formar guías, artesanos o a ser atracciones folclóricas de las poblaciones locales (para disfrute del turista), cuando se hace un show de la conservación ambiental y, ni se cumple con la protección ambiental, ni con los beneficios económicos y de justicia social que supuestamente motivan la imposición de una reserva en un área natural de potencial turístico, resulta que todo el discurso del turismo y del turismo en ANP impulsado por la tríada, es solo eso, un discurso. Explicado por Palafox-Muñoz & Vilchis-Onofre (2019) “…El papel del Estado es el de establecer las condiciones para la mercantilización de la naturaleza, para lo cual se basa en dos estrategias: turismo para la valoración económica del paisaje; y Áreas Naturales Protegidas para garantizar la propiedad del territorio; ambos elementos siempre bajo el discurso de la sustentabilidad…” Al final, el discurso de la sustentabilidad y las oportunidades para las poblaciones locales, propietarias de los territorios, que pierden su patrimonio biocultural ante la tríada, para beneficio de los grandes capitales, en este modelo de ambientalismo neoliberal, resulta ser solo una treta publicitaria, mercadológica, una promesa incumplida por un despojo simulado sin beneficios para las comunidades locales. Las ANP truncan el derecho al acceso a las áreas de mayor valor, las monetizan y se reservan resguardadas para los capitales, los cuales se encuentran la mayoría, en las playas.
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Desmitificando los Estromatolitos Los estromatolitos de la Laguna de Bacalar han sido, como la chivita, el turismo y la contaminación, otra bandera muy socorrida por la tríada para generarse espacios, credibilidad y adeptos entre la opinión pública para tratar de imponer sus instrumentos en el territorio de Bacalar. Lo que se dice de ellos por este grupo, resulta cuestionable, las medias mentiras nunca son verdades a medias, y eso precisamente sucede con los estromatolitos y con la Laguna de Bacalar. Esta estratagema y discurso se sigue difundiendo e incrementando con la poca capacidad de análisis de los receptores. Las estrategias mediáticas de guerra sucia para crear sus mitos requieren solo que un medio de comunicación reconocido publique para que otros le sigan y nadie cuestione. Hay una cosa que tenemos que entender: todo lo que dicen los “defensores ambientalistas de los estromatolitos” integrantes de la tríada, son verdades a medias, producto de lo que llamaría una visión romantizada de un proceso geológico bastante vulgar, entendido en su definición como algo que: es de lo que más abunda, que no tiene ningún rasgo o característica original o especial, abusando del discurso catastrofista con respecto a algo que no entienden, con una visión estrecha, tendenciosa, con la actitud y la postura de haber descubierto el hilo negro, que los geólogos y los habitantes locales conocen desde hace décadas y los habitantes históricos conocían desde hace generaciones. Pero también hay intereses menos inocentes detrás de la insistencia en casi santificar estas estructuras pétreas y su tapete microbialítico. Es una cuestión de especificación y de contextos, porque un hecho real, cuando es generalizado, se dice a medias y fuera de contexto, puede volverse un mito que bombardea información equivocada y manipulada a conveniencia para ocasionar pánico y urgencia para decretar un instrumento de control legal (llámese Área Natural Protegida, decreto de Hábitat crítico o PROTUR) a fin de “proteger” estas estructuras que, según el mito, son únicas en el mundo. A partir de las aseveraciones y declaraciones catastrofistas me hice muchas preguntas, investigamos en muy diversas fuentes dado que el mito tenía muchas aristas creadas por sus promotores, poco a poco fueron surgiendo las respuestas de la propia literatura científica y resultaron ser verdades a 209
medias (podríamos escribir un libro completo sobre como este grupo de organizaciones e investigadores faltos de ética manipulan la opinión pública). Así que iré punto por punto sobre los argumentos de los “defensores” de los estromatolitos: Fue obligatorio investigar el fundamento de todo lo que se decía por estos grupos, dado que algo que saltó inmediatamente de las interacciones con la tríada y sus seguidores, fue la actitud de cerrarse y de creer ciegamente lo que decían los promotores, basados en un título académico – muchos de ellos tienen doctorado – pero la sobreespecialización también es una desventaja (como quien solo puede mirar los estromatolitos desde las cianobacterias y no en todo el contexto regional de influencia). También porque estos promotores se han autonombrado “expertos” en todo lo referente a estromatolitos; sin un currículo que lo amparase – su currículo solo ampara una sobre especialización por ejemplo en genética de cianobacterias, o porque se había dedicado a escribir y publicar muchos artículos o libros, para argumentar que los microbialitos de Bacalar eran únicos, los más antiguos y los más grandes. Los seguidores de este mito les creen con la misma pasión ciega con la que se desacredita el conocimiento de los locales, ese conocimiento práctico, sentido común o sabiduría popular, que viene de la observación diaria, de la experimentación cotidiana, la intuición que se crea con la interacción con el recurso por décadas, y algunas veces del conocimiento por el conocimiento heredado a través de generaciones. Como para otras investigaciones realizadas desde el seno de la comunidad, nos interesó retomar todos los puntos manejados por los promotores de los Estromatolitos de Bacalar, que se volvieron casi mitos entre la población, y que los medios de comunicación contribuyeron a acrecentar, creando una bola de nieve de opiniones y facciones. En un documento de este tipo, donde se buscaba encontrar bases objetivas de un fenómeno socio-ambiental para proponer soluciones, había que investigar, aunque fuera de manera breve, el origen de estas hipótesis elevadas al nivel de mitos, que los distintos sectores de la sociedad se habían construido sobre los estromatolitos. Para empezar, es importante clarificar, las formaciones pétreas promovidas por acumulación de sedimento promovido de manera incidental por microrganismos se denominan Microbialitos. Significa: Piedras formadas por microorganismos. En Bacalar existen al menos dos tipos de 210
microbialitos: Estromatolitos, los de cabeza plana y los trombolitos (que parecen brócolis gigantes).
Mito 1: Son “piedras vivientes”, “bioconstrucciones”, “seres vivos” No están vivos, son piedras. La estructura completa no es un ser vivo, solo la “baba”, el “tapete” que está encima de la piedra. De acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, los verdaderos expertos en piedras, las microbialitas se consideran Rocas sedimentarias químicas. Quiere decir que se originan a partir acumulación de los materiales, en este caso sales de calcio, magnesio, azufre, disueltos en el agua que son depositados por medios químicos, donde los cristales son mantenidos juntos por uniones químicas, o entrelazados unos dentro de otros. Los materiales, ya disueltos, son transportados y concentrados formando minerales que se acumulan en agregados y posteriormente son litificados (petrificados), para formar una roca. Casi todas estas rocas se originan por precipitación química en extensiones de agua superficial, ya sea por procesos químicos inorgánicos o por la actividad química de los organismos. A las rocas formadas por la actividad de los organismos se les conoce como rocas sedimentarias bioquímicas. Pero los biólogos son más románticos y las definen como rocas bioconstruidas por la acción de microorganismos que parecería ser prácticamente lo mismo, pero no lo es. Pareciera que colocar la palabra bio- antes de algo le confiere la calidad de “vivo”, pero se utiliza en arquitectura como sinónimo de construcción respetuosa con el medio ambiente y la salud de los individuos, pero se define como una actividad antropogénica. De hecho, fueron los geólogos los que tuvieron la curiosidad para descubrir el “liquen estromatolítico” como mecanismo de formación de láminas de Carbonato de Calcio que luego ya fosilizado se denomina Calcreta laminar (otro nombre que reciben las piedras formadas y fosilizadas que los biólogos llaman estromatolitos); esto fue en la década de los 1970. “…La ocurrencia común de líquenes en superficies de expuestas de calcretas endurecidas…b) al principio, parecería ser incidental y de ninguna importancia para la formación de calcreta. Sin embargo, un 211
examen más detenido de la distribución de los líquenes y su efecto sobre el sustrato colonizado en términos de cambios texturales y de tejido ha revelado varias características que tienen relevancia para la formación y el reconocimiento de calcretas (Kapla, 1979). Es decir, el proceso de microorganismos generando el microbialito, como le llaman los biólogos, liquen como le llamarían los geólogos, produce un mucílago (una baba) que “atrapa” las partículas en el agua y el sedimento se acumula y queda duro (cementado); este sedimento está compuesto de Calcio, Magnesio y los compuestos que los microorganismos tengan a la mano porque flotan en el agua alrededor. Este es un proceso COMÚN en todo el mundo, sucede desde hace millones de años, desde el variando en la forma de las rocas, el tipo de organismos (pueden ser algas, cianobacterias, protozoarios, etc.), en la forma en que se deposita el sedimento y la composición de las sustancias que los microorganismos toman y pegan para hacer la piedra (acreción) y es la forma en la que se crea el 13% del suelo en el mundo, bueno no en Australia, ahí conforma el 21% de suelo en su territorio. Pero NO son piedras vivientes, ni seres vivos. Aclaremos bien, el microbialito (como le dicen los biólogos o microbialitas como le dicen los geólogos) ES UNA PIEDRA. El tapete microbialítico (tapete que forma la piedra) es lo único vivo y está en la parte superior –para el caso de los estromatolitos. Es riesgoso bautizarla como piedra viva porque da la impresión de que la estructura completa es un ser vivo, y no es así. Solo el finísimo tapete microbialítico está compuesto de microorganismos vivos, principalmente cianobacterias (Graham, L. et al (2014), y puede incluir algas (especialmente verdes y diatomeas), hongos, crustáceos, insectos, esporas, polen, rodofitas (algas rojas) y fragmentos y sedimentos de todo tipo, que se endurecen y forman la estructura, de hecho, se llama cementación. El discurso debe ser tan claro como lo dicen los geólogos, los ESTROMATOLITOS SON PIEDRAS SEDIMENTARIAS QUÍMICAS, no son procesadas por seres vivos, no son comida, no son excretas, ni son una creación única transformadas químicamente, son piedras formadas por partículas que quedan accidentalmente atrapadas en las babas de las bacterias y las estructuras de otros microorganismos, se endurecen, forman piedras y finalmente al paso del tiempo geológico, terminan en nuestras sascaberas, como sucede en la zonas donde existe abundancia de
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carbonato de calcio, y eso es en el 13% de toda la superficie emergida de la Tierra. Los microbialitos son piedras producidas por la cementación de partículas de calcio y otras sales que se quedaron pegadas en las babas de los organismos más abundantes que hay en la tierra y que cubren prácticamente todos los ecosistemas de todo tipo, en el mundo, que han resistido las extinciones masivas y el meteorito de Chicxulub. ¿Qué tan abundantes son estas piedras? Solo hay que buscar otro nombre de estas piedras sedimentarias químicas, formadas en láminas, y encontraremos el término calcretas, y en la Península de Yucatán, las encuentras como las piedras que están en cualquier sascabera. También se les llama tobas microbialíticas, una forma de toba calcárea, en España. Los hechos se deben contar en su debido contexto. Si no, son verdades a medias. Y las verdades a medias, son mentiras.
Mito 2: Los Estromatolitos de Bacalar tienen 3500 millones de años El discurso inicial, antes de que comenzáramos a protestar y explicar la falsedad de las aseveraciones de la tríada que decían, era que los estromatolitos de Bacalar eran las formas más antiguas del planeta, con 3500 millones de años de antigüedad tal y como lo muestra la nota de la página de SEMARNAT de julio de 2020: “…Debido a la importancia de estos fósiles, que datan de unos 3,500 millones de años, y a la preocupación de los Bacalarenses de conservar su hábitat, el Cabildo de Bacalar estableció el 15 de julio como Día de los Estromatolitos; ahora se busca que esta fecha sea reconocida a nivel nacional…” El que los estromatolitos de Bacalar tengan 3500 millones de años, era una verdad a medias, por las siguientes razones: lo que tiene 3500 millones de años probablemente, porque es complicado establecer dataciones, son las líneas genéticas evolutivas de las cianobacterias. Es la línea genética de las cianobacterias que apareció hace 3500 millones de años (algunos autores dicen que 2600 millones de años). Hay más de 6,000 especies de cianobacterias identificadas a nivel mundial, y distribuidas en todos los 213
ecosistemas del mundo. Existen algunas especies en Bacalar, pero la línea genética es cosmopolita, se distribuye en todo el mundo. ¿Cómo se trasgiversó intencionalmente esto por los académicos de la tríada? El discurso de urgencia y relevancia manipulado, cumpliendo su función de crear la alarma y la urgencia, para que el resto de la sociedad actuara o dejara actuar al resto de la tríada, las ONGA y el gobierno; pero si lo ejemplificamos en otro contexto, fue como decir que era necesario proteger a los seres humanos que viven en Bacalar porque tienen dos millones de años de edad, lo que es diferente a decir que la línea genética de los seres humanos que habitan la zona de Bacalar, y el resto del planeta, tiene dos millones de años de antigüedad. Igual las cianobacterias, la línea genética de las de Bacalar y de todo el mundo, tienen 3,500 millones de años. Otro factor para dejar en claro que los estromatolitos de Bacalar no tienen 3500 millones de años, es que la Laguna de Bacalar no tuvo las condiciones. Fue creada como una fisura por movimientos geológicos hace unos 60 millones de años – ni de chiste llega a los 3500 millones de años – y pasó bastante tiempo antes de que lo que vemos ahora se azolvara y tuviera zonas poco profundas. Hace menos de 100 mil años Bacalar era una fisura de unos 3 kilómetros de ancho, que ha ido azolvándose poco apoco. Pero sobre todo porque, al menos los estromatolitos de Bacalar, ya se fecharon con prueba de carbono 14. Lo cierto es que tienen mil años. Si, un uno, seguido de tres ceros (1000 años). El artículo donde se explica la datación de Carbono 14 dice, en algún punto, que los resultados indicaron una antigüedad de 6 a 8 mil años, PERO que esto se debía a un error de la técnica de datación, conocido como “error de agua dura” que sucede porque el agua de la Laguna es agua dura, con muchas partículas que vienen de otras partes y organismos. Corroborando que dichas estructuras, a lo mucho tenía mil años. Los mayas tenían muchos miles de años viviendo en la cuenca y no existían los estromatolitos en la Laguna. Luego, las zonas más bajas y angostas de la Laguna se fueron azolvando y teniendo menos profundidad, hasta que en algunas zonas se dieron las condiciones, por ahí del año 1020 de nuestra era, aproximadamente, para que se comenzaran a sedimentar y crearse los microbialitos y entre ellos los estromatolitos. La edad de oro de los mayas ya casi había terminado y aún no había los estromatolitos que actualmente vemos en la Laguna de Bacalar. 214
Desde la introducción del artículo de investigación de Gischler, el que ha sido multicitado por la tríada para respaldar los miles de años de antigüedad de los microbialitos de Bacalar, habría que aclarar que Geischler es precisamente quien dice que tienen un aproximado de 1000 años de antigüedad: Cito: “…La mayor parte de los microbialitos de Bacalar probablemente se formaron en el Holoceno tardío (ca 1 kyr BP hasta la actualidad). Según la datación 14C, los microbialitos se sedimentaron hace 9 a 8 cal kyr BP; sin embargo, estas edades pueden ser demasiado viejas como resultado del efecto de agua dura…” (Gischler, E., Gibson, Ma y Oschmann, W. 2008) Es más, los mapas del siglo XVIII muestran el cuerpo de agua y una cuenca de Bacalar distinta, no azolvada, por donde podía navegarse desde la entrada de la zona Lagunas de Raudales y Laguna Guerrero, entrando por el norte desde Pedro A. Santos bajando y pudiendo atravesar la laguna y salir desde laguna mariscal por estero de Chac hacia Río Hondo y de nuevo a la Bahía de Chetumal. Aún pueden verse las cicatrices de esos antiguos pasos de agua, en el tomo II explicamos cómo funciona el sistema de acumulación de sarro por microorganismos (estromatolitos) y el azolve, que está convirtiendo a Bacalar en pantanos. Las bacterias no viven mucho, pero se reproducen a mucha velocidad. Así que tenemos un nuevo tapete microbialítico, por decir, cada mes, dado que las algas, invertebrados y otros componentes del tapete se reproducen y mueren a distinta velocidad. Continúan haciendo lo mismo que hacían sus antecesores hace miles de millones de años: producir oxígeno mediante fotosíntesis, y las especies microbialíticas, producir mucílago (baba) para sedimentar pasivamente carbonato, formar indirectamente piedras y azolvar cuerpos de agua hasta secarlos. Pero además si consideramos otras investigaciones realizadas en esos tapetes, dónde se establece que solo el .3 al 7% de los componentes del mismo son cianobacterias fotosintéticas, el panorama cambia completamente. Así que los estromatolitos de Bacalar redujeron su edad de 3,500 millones de años a unos miles, así de un día para otro, la tríada descubrió que efectivamente no eran tan antiguos. Pero el mito ya se había creado y lejos de admitir el error y corregirlo, solo cambiaron el discurso, sin aclarar nada. A este respecto, la propia Luisa Falcón, que había iniciado el mito de los 3,500 millones de años, inició el mito de que los estromatolitos de Bacalar tenían 8 o 9 mil años de edad, otros que 6 o 7mil. 215
No solo los medios de comunicación locales mordieron el anzuelo, otros medios de comunicación, también lo hicieron, mezclando este encabezado con la estrategia de la tríada para imposición de sus instrumentos de control, en nombre del medio ambiente, como puede verse en los titulares ampliamente difundidos por el New York Times®, la BBC® y El País® que repiten todos los mitos expuestos en esta sección, incluyendo los estromatolitos “Bacalar: el fascinante lago mexicano que alberga la forma de vida "más antigua del planeta" BBC News “…Bacalar alberga el arrecife de microbialitas de agua dulce más grande del mundo: estructuras con forma de roca formadas por miles de microbios que filtran los minerales carbonatados. "Las microbialitas de Bacalar tienen un rango de edad que va desde algunas décadas a más de 9.000 años", dijo la experta (Luisa Falcón). Pero la contraparte fósil viviente de la microbialita, los estromatolitos -que se remontan a "aproximadamente 3.500 millones de años"- es lo que hace que la población de Bacalar sea la evidencia más antigua de vida en la Tierra…” La nota dice que los estromatolitos se asemejan a la coliflor: estructuras grandes y acolchadas de color beige que crecen hacia arriba desde el fondo de piedra caliza de la laguna. Parecen rocas, pero en realidad son seres vivos. De hecho, los estromatolitos se asemejan a sándwiches capa por capa, los que parecen coliflores se denominan Trombolitos. Hace mención al proceso de sedimentación y luego hace aseveraciones: “…Los estromatolitos en forma de coliflor (No son estromatolitos entonces, son trombolitos) solo existen en unos pocos lugares a nivel mundial, y la población de Bacalar revela una historia congelada en el tiempo, como la temperatura o la composición geoquímica del agua hace millones de años. Eso es porque en realidad conservan las condiciones fisicoquímicas del agua en su proceso de sedimentación increíblemente lento. Esto necesitaría demostrarlo porque no hay investigaciones que lo aseveren y su especialidad es genética de cianobacterias de estromatolitos; si existen los estromato cosa litos, infraestructura y artefactos humanos que se han ido sarritizando o petrificando por la acción de los mismos microorganismos en Bacalar, para demostrar 216
que no es un proceso “increíblemente lento” como la asevera la nota.
Fundamentalmente, los estromatolitos también ayudan a reciclar elementos. Son los tapetes microbialíticos, no el estromatolito. Es la capa de biofilm de un milímetro o menos de espesor sobre la piedra que funciona como capturador incidental de carbonato de calcio y otros sedimentos.
Los microbios que forman un estromatolito toman carbono del dióxido de carbono en el aire y lo colocan en el carbonato del fondo del lago para almacenarlo. Como los árboles, pero en el agua, los estromatolitos mejoran activamente nuestro medio ambiente. El problema que enfrentan los estromatolitos es doble, dice Falcón. El lago es alimentado por un río subterráneo de 450 km que forma parte del sistema de túneles y cuevas de agua más grande del mundo a lo largo de la península de Yucatán. De hecho, Bacalar es alimentado por un sistema de 4 acuíferos que vienen de diferentes partes de la Península de Yucatán, y no todos contienen carbonato de calcio y magnesio.
Esto es realmente bueno para los estromatolitos: se cree que la roca carbonatada de los túneles los hace crecer más de lo normal, formando una almohada en la superficie de la laguna. Realmente la doctora Falcón hace una mezcolanza de su discurso original y la descripción de cómo funciona realmente el proceso geohidrológico en Bacalar, sin realmente entenderlo.
Y hasta ahí nos detenemos, creemos que queda demostrado cómo es sencillo manipular la opinión pública, que un medio de comunicación reconocido se involucre en una nota no verificada, aunque lo diga la autoproclamada experta en estromatolitos –cuyo expertisse es realmente genética de cianobacterias en los estromatolitos – y que como se ha demostrado una y otra vez, es increíblemente hábiles para manipular las verdades a medias. Parece increíble que medios de comunicación tan prestigiados hayan caído en este tipo de tretas amarillistas y declaraciones sensacionalistas sin fundamento, pero es fácil caer cuando es un tema tan novedoso con un grupo de “expertos” a los que no se les investigan sus conflictos de intereses y que manipulan el discurso a conveniencia.
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Mito 3: Bacalar es un caso único. Es decir, son pocos los lugares del mundo con ese “privilegio”, por lo que es urgente decretar un hábitat crítico o un santuario. Para responde esta aseveración basta con tener muy claro lo que dicen algunos investigadores que han trabajado con estas formaciones en otras partes del mundo: Las microbialitas se encuentran en todo el mundo en una amplia variedad de hábitats acuáticos (por ejemplo, agua dulce, hipersalina, marina). Gischler, que investigó las microbialitas de Bacalar, dice que son muy similares a los de la Bahía de Chetumal, así es, también hay en Bahía de Chetumal. Es más, las estructuras de la Bahía de Chetumal son MAS ANTIGUAS; también dice el mismo autor. Los promotores de la tríada dicen que hay otros dos sitios similares a Bacalar: Cuatrociénegas y Shark Bay en Australia, pero los de Cuatrociénegas tienen microorganismos diferentes; y los de Shark Bay son de un tipo distinto (son marinos). No obstante, dice Gischler, los que sí se parecen mucho a los de Bacalar son los que hay en el Lago Clifton, en el ¡Oeste de Australia! O a las estructuras de la Bahía salobre de Chetumal situadas a unos 15 km al sureste, ya que las morfologías y tamaños son los mismos, aunque las texturas internas y los consorcios microbianos son diferentes. Y porque las estructuras de Bahía de Chetumal son probablemente más antiguas y se formaron cuando el creciente mar del Holoceno inundó el área alrededor de hace 2 o 3 mil años antes del presente. Así que nos preguntamos si había posibilidad de que existieran formaciones similares en otras Lagunas en Quintana Roo, y encontramos datos de Laguna Chunyaxché, Laguna Chichankanaab, Laguna Azul; y otras lagunas que los científicos están “descubriendo” (hasta quieren declarar a Quintana Roo Santuario de microbialitos). Incluso, José Zúñiga, director del ANP de Calakmul, en el vecino estado de Campeche, nos comentó que habían localizado estromatolitos en diversos cuerpos de agua en la reserva, ubicada a casi 200 kilómetros al poniente de Bacalar. En otros foros, las verdades a medias de los promotores del mito de Bacalar como sitio único de estromatolitos en el mundo (y otros dos lugares), han cambiado su discurso, donde saben que no podrán decir verdades a medias, como es el caso de sus declaraciones en las publicaciones de sus investigaciones. Y para acabar de complicar el asunto, 218
El Gran Acuífero Maya, una ONGA está retomando esta bandera y buscando decretar a Quintana Roo como “Reserva de Estromatolitos”. Antes de continuar es necesario tener muy claras las consecuencias de decretar, como es la intención de estos “científicos” de la tríada, a Quintana Roo como Santuario de Microbialitos. Cito de una nota del periódico la Jornada: “…Gran Acuífero Maya promovió una iniciativa para que se declare a Quintana Roo santuario mundial de los estromatolitos. Y resaltó que en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se está trabajando en los aspectos normativos “porque si no existe un marco jurídico y legal para conservar a estos microorganismos estamos desarmados”. El titular de la Semarnat, Víctor Toledo, señaló que la presencia de cianobacterias con una antigüedad de 3 mil 500 años, “es una joya que tenemos que cuidar, estudiar y proteger. Si pensamos que esto debe ser así, hay que buscar el mecanismo apropiado. Se habla que quizá tendríamos que decretar un hábitat crítico…”. La Jornada, 15 de julio 2020. ¿Realmente el caso de Quintana Roo es tan extraordinario? o la intención de estas declaratorias carece de fundamento, tal vez debido más a la miopía de especialista y un deseo de trascender tan desesperado que no importa si no verifican el fundamento de lo que tratan de justificar a costa de los locales, a costa de más regulaciones y acosta del sacrificio de la gente que habita en estos sitios y que va a ver limitadas sus acciones. Regresando al punto, ¿Solo en Quintana Roo hay estromatolitos – microbialitos-? Con lo que hasta el momento hemos explicado en otros puntos, la respuesta es definitivamente NO. Al final del libro dejamos un listado de artículos científicos donde se ha trabajado con estromatolitos modernos (con tapete activo) y estromatolitos fósiles (que ya no tienen tapete activo). También hay que considerar que cuando uno busca información sobre lugares con estromatolitos, existen otras denominaciones para buscarlos: microbialitas, calcretas laminares, tufas, tobas calcáreas estromatolíticas, travertinos y podemos darnos cuenta de que hay muchísima información, muchos más artículos científicos, muchos lugares donde encontrar 219
estromatolitos. Las microbialitas modernas y antiguas están en todas partes, desde hace miles de millones de años y continuarán aquí. Entonces la respuesta es: NO, Bacalar no es el único sitio en el mundo, las microbialitas se encuentran en todo el mundo, son almacenes de carbonato de calcio y otros compuestos, y las bacterias sobre ellas son de los organismos más abundantes que hay en el planeta, y existen desde Rusia hasta la Antártida.
Ubicación de microbialitas modernas y antiguas (fósiles) de acuerdo a revisión bibliográfica. Elaboración propia. 2020.
Mito 4: Las cianobacterias de los microbialitos de Bacalar son los principales productores de oxígeno que existen Respuesta: Si contribuyen a generar oxígeno, pero su relevancia no es determinante ni en volumen, superficie o producción de oxígeno. Los tapetes microbialíticos ayudan a generar oxígeno, el estromatolito es la piedra. El tapete microbialítico, como muchos ecosistemas de cianobacterias, diatomeas, que además son sitios para coexistir con algas rojas, protozoario, anélidos y ostrácodos, que de hecho existen en todo el mundo, contribuye a liberar oxígeno. Pero también lo hacen todas las plantas en el planeta. El asunto tiene que ver más con contexto y alcance. 220
¿Cuánta superficie del estromatolito ocupa el tapete? Un promedio del 30% al 90% de la parte expuesta al sol, por milímetros a 2 centímetros de grueso. ¿Cuánta superficie de estromatolitos y trombolitos hay en Bacalar? Unas 46 hectáreas (460,000 m2) de un ecosistema aproximado de 5,000 hectáreas (50,000,000 m2), es decir un .9% (punto nueve). ¿Hay otra cosa que fije CO2 y libere oxígeno en Bacalar? Si, los ecosistemas de humedales en las márgenes y los tapetes microbialíticos en las raíces de manglares. Aproximadamente 9,000 hectáreas (90,000,000 m2) con una ocupación de superficie aproximadamente del 30 al 40% (27 a 45,000,000 m2). ¿Cuánta superficie del tapete microbialítico en estromatolitos son organismos liberadores de oxígeno y capturadores de CO2? .3% (punto tres) al 7% ¿Va a haber problemas de oxigenación si desaparecen los estromatolitos de Bacalar? NO. Primero, porque ni el meteorito de Chicxulub las hizo desaparecer; como tampoco las mataron las semanas y meses que las microbialitas de Bacalar pasaban cubiertas de árboles cortados que tapiaban la laguna hace 50 a 80 años. Segundo. Las cianobacterias, que generan la baba donde se cementan las partículas de calcio, magnesio que hay en el agua que generan las piedras, son de los organismos más ampliamente distribuidos en el mundo. De hecho, ellas EXTINGUIERON a otros organismos, fueron la causa de la “Gran Oxidación” (GOE por sus siglas en inglés, también llamado Catástrofe de Oxígeno, Crisis de Oxígeno, Holocausto de Oxígeno o Revolución de Oxígeno), que fue un cambio medioambiental muy importante que ocurrió probablemente sobre el período Sidérico, que fue hace 2500 millones de años y duró unos 200 millones de años. La emisión de dioxígeno (O2) al medio ambiente por el crecimiento de las poblaciones de cianobacterias a nivel mundial provocaron una extinción masiva para la biodiversidad de la época, pues el oxígeno molecular (O 2) es tóxico para los microorganismos anaerobios que eran los que dominaban entonces. Hay alrededor de 5000 a 6280 especies de cianobacterias, en Bacalar se identificaron 2: Homeothrix y Leptolyngbya.
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Actualmente la producción de oxígeno dependiente de microorganismos, se estima que un 70% del oxígeno se produce por organismos marinos (fitoplancton, algas y plancton), y entre ellas dos especies de fitoplancton, Prochlorococcus y Synechococcus. El 25% de la fotosíntesis global puede ser contabilizada por estos dos géneros cianobacterianos marinos. Ninguno de los dos está relacionado con los estromatolitos de Bacalar. Esta declaración simplista ejemplifica esa manía de generalizar para inflar cifras y percepción, para manipular la opinión pública creando una relevancia exagerada de algo que no lo tiene. Es cierto que las cianobacterias contribuyen a la generación de oxígeno, pero se trata de más de 6 mil especies en todo el mundo. No de específicamente las que se encuentran en los tapetes microbialíticos de Bacalar. Y los dos géneros que si contribuyen al 25% del oxígeno atmosférico no se localizan en los tapetes microbialíticos, sino en aguas oceánicas, en todo el mundo. Además, las cianobacterias ocupan una amplia gama de hábitats terrestres, marinos y de agua dulce, incluyendo ambientes extremos como aguas termales, desiertos, rocas desnudas y zonas de permafrost, incluso algunas cianobacterias, en sus entornos naturales, a menudo están expuestas a las tasas más altas de irradiación UV conocidas en nuestro globo terráqueo.
Mito 5. Fijan Carbono Si, lo precipitan en forma de carbonato de Calcio, pero de nuevo el asunto es el contexto. En algún momento uno de los adeptos a los mitos de la tríada me cuestionó el que no apoyara la idea de fomentar un proceso acelerado d precipitación de carbonato de calcio para combatir el cambio climático, como acelerar la formación de formación de estromatolito en Bacalar. ¿Mi respuesta? Porque entonces terminaríamos con una pila gigantesca de sarro o carbonato de calcio, un banco de material, en lo que fue una Laguna. A menos que encontremos que hacer de manera sustentable y bien evaluada con la cantidad de carbonato de calcio que se generaría de una precipitación forzada, no la forcemos. Hay mucho que hacer para combatir el cambio climático, así que esta es una de los más recientes mitos que la tríada ha comenzado a distribuir, previo y posterior a la COP26.
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Mito 6. Los estromatolitos tardan miles de años en crecer unos centímetros Cualquiera que haya vivido suficiente tempo o pasado un par de meses en Bacalar lo sabe. El tapete microbialítico está por todas partes y crece continuamente. Es esa baba que petrifica cualquier cosa que está en el agua, en la Laguna. Postes, pilotes, embarcaciones, anclas, boyas, maderos, cualquier cosa que permanezca suficiente tiempo bajo el agua (sobre todo en la zona sur de la laguna, donde el agua contiene mayor proporción de carbonato de calcio, magnesio y otras sales) va a “petrificarse”. De ahí, y preguntando a los usuarios históricos de la laguna, algunos de los cuales tiene muelles o embarcaciones ¿Cuánto tarda en petrificarse algo que se queda en el agua? Te dirán que de un par de meses a un par de años. Algunos muelles que no se han limpiado en más de diez años les ha crecido hasta dos centímetros de cubierta pétrea (producto de la acreción del tapete microbialítico). Estos los hemos denominado estromato cosa litos (cosas petrificadas por capas de sedimento). Relacionado con la supuesta fragilidad del tapete microbialítico basta también hacer la observación de que los dueños de negocios y habitantes de la costa de la laguna, han peleado por años para retirar la baba resbalosa, a la que le llaman “verdín”, que petrifica de sus escalones y embarcaciones, usando lavado con cepillos metálicos para retíralo de escalones o muelles y evitar que haya accidentes con los visitantes o se dañen las embarcaciones…y el tapete microbialítico vuelve a crecer casi de inmediato. Los locales saben que no hay forma de evitar que se desarrolle encima de cualquier cosa que esté en el agua, así que ya lo toman como algo natural y ven como petrifica sus escalones o muelles. Así que también eso de que es frágil y se muere si lo pisas, es un mito.
Mito 7: Los Estromatolitos están en peligro por la actividad turística y la contaminación. Este es uno de los encabezados favoritos de los medios de comunicación que han caído en el juego de la tríada. Aquí solo hay que hacernos un par de preguntas.
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¿Qué tan resistentes son los tapetes microbialíticos? y ¿Qué tan rápido se adaptan a condiciones realmente adversas? La respuesta es simple: Son los organismos más resistentes que existen desde el inicio de la vida, pueden resistir cualquier condición adversa y siempre regresan. No estamos hablando de la contaminación de la laguna, de que las personas se paren o no sobre los tapetes microbialíticos, hablamos de las extinciones masivas de la vida en la Tierra, hablamos de que fue lo primero que resurgió casi de inmediato después del impacto del meteorito de Chicxulub, equivalente a hacer soportado una explosión nuclear de 50 mil megatones (Hiroshima tuvo 15 megatones). El meteorito que chocó y contribuyó, según algunas teorías, a extinguir a los dinosaurios y casi toda la vida en la Tierra. “…El cráter Chicxulub fue formado por un impacto de asteroide en aproximadamente 66 Ma. … En las horas inmediatas o días después del impacto, el resurgimiento oceánico (el mar de regreso) inundó el cráter y un posterior tsunami depositó escombros de la rampa de carbonato circundante. El material depositado, incluido el diagnóstico de biomarcadores para plantas terrestres, cianobacterias y bacterias fotosintéticas de azufre, … A medida que esa energía disminuyó, días o meses más tarde, las floraciones de cianobacterias unicelulares fueron alimentadas por nutrientes terrígenos…. Por si aún quedaran dudas del potencial de supervivencia a ambientes extremos que tienen las cianobacterias bastaría con darle una leída a la investigación de De la Torre, R (2016) denominado “Supervivencia de líquenes en Marte”, donde se lista una serie de experimentos de simulación atmosférica y de condiciones ambientales parecidas a las del planeta Marte, a especímenes de liquen, donde se incluían cianobacterias. Describen experimentos donde se dejaron muestras de estos líquenes 18 meses fuera de la estacón espacial internacional, expuesta a altísimas dosis de radiación ultravioleta, nada de oxígeno, nada de alimento (hablando de condiciones extremas) y experimentos de ese tipo, resultado: “Estos datos, junto con los resultados precedentes, que muestran unos niveles extraordinarios de resistencia a los parámetros ambientales de espacio y de ambientes planetarios (de la Torre et al., 2010; de Vera et al., 2010a, 2004a, 2003; de Vera and Ott, 2010; Onofri et al., 2012; Raggioet al., 2011; Sancho et al., 2009, 2007)…” Pero ¿y si los pisan y los matan? O ¿Si las actividades los cubren de sedimento? Bueno, hay varias investigaciones científicas sobre la 224
fotofisiología de los estromatolitos cianobacteriales en las Bahamas, los cuales están sujetos a ser enterrados bajo arena, por el oleaje y continúan funcionando. Los tapetes estromatolíticos poseen la capacidad de inactivar su transporte fotosintético de electrones, pero sólo cuando las concentraciones de oxígeno disminuyeron a niveles bajos. Después de ser desenterrados, la comunidad cianobacteriana estromatolítica reactivó su actividad fotosintética en 1 a 2 horas, dependiendo de la disponibilidad de luz. Estos estudios comprueban la capacidad de las cianobacterias para sobrevivir y recuperarse del entierro por sedimento, lo que les ha servido para sobrevivir incluso a la explosión del impacto del meteorito de Chicxulub. Conclusión, la Respuesta: No. No van a extinguirse por la actividad turística. Sin embargo, no hay que confundir el ciclo natural de los tapetes microbialíticos, a medida que crecen por encima del agua y van dando paso a zonas de vegetación pantanosa.
Mito 8: La propuesta de un instrumento de protección es de la comunidad Que era la comunidad, los pobladores locales los que estaban pidiendo proteger a los estromatolitos. Siguiendo la histeria colectiva que los miembros de la tríada con ayuda de muchos medios de comunicación construyeron en torno a los estromatolitos, el 15 de julio de 2020, mediante convocatoria vía correo electrónico, se invitó a los “aliados para la conservación de los estromatolitos de Bacalar y, ahora, de México”, organizada por Selva y Laguna de Bacalar, AC (SELBA, AC)" a un foro donde se reunían expertos en estromatolitos para resaltar su importancia. En esta invitación vía correo electrónico se le comunicaba a académicos, miembros de ONG, algunos propietarios particulares, muchos ambientalistas y agentes de gobierno federal que habrá un webinario de una hora y media con el objetivo de decretar el día de los Estromatolitos y de paso "…Establecer el acuerdo secretarial del “hábitat crítico para la conservación de los estromatolitos en el Sistema Lagunar Bacalar ”, mediante estrategias de manejo (incluyendo la capacidad de carga), que permitan lograr la sustentabilidad económica, social y ambiental del uso turístico recreativo del Sistema Lagunar Bacalar, conservando el hábitat crítico para los estromatolitos…” 225
SELBA, AC, promotora del evento, había obtenido un financiamiento del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD para realizar un estudio de base cuyo objetivo era declarar la Laguna de Bacalar “Hábitat crítico” y entre sus objetivos estaba el crear dicho acuerdo intersecretarial. Citando el documento de su propuesta financiada por el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, los resultados esperados incluían: “Estrategias de manejo seleccionadas y definición de la capacidad de carga, a partir de la visitación turística actual en las unidades de manejo de propiedad federal en el hábitat crítico para la conservación de estromatolitos del sistema Lagunar Bacalar” cuyo objetivo es: "Conservar a perpetuidad el “hábitat crítico de los estromatolitos”. Otra cosa que resalta en la invitación de SELBA es a quien va dirigida la invitación: Sociedad ORGANIZADA y NO ORGANIZADA de Bacalar ¿Por qué no solo hacer una invitación a la sociedad en general? El análisis del discurso de los miembros de la tríada y de su autoconcepción como miembros de la sociedad por encima del resto, se retoma de manera más amplia en el Tomo III de esta colección. De primer vistazo el foro incluyó solo participantes de alguno de los sectores de la tríada, aunque se intentó dar la imagen de apertura y participación comunitaria al incluir a dos expositores que no pertenecían a la tríada: Alfonso Ek Poot, presidente de Kabi Habim SPR de Bacalar. Alianza Apícola de Quintana Roo, y Javier Jiménez González, presidente de Apicultores del Cerrito, ambos de organizaciones apícolas comunitarias. Cuando escucha los vídeos de la exposición detenidamente: La apicultura, una actividad adecuada para la conservación de los estromatolitos y El turismo rural, una actividad adecuada para la conservación de los estromatolitos, queda claro que la porción del título de sus exposiciones que dicta “…__, una actividad adecuada para la conservación de los estromatolitos…” fue colocada por los organizadores como validación e inserción forzada de la exposición. Bien pudo ser la forestería comunitaria, la elaboración de artesanías, la milpa maya o el voleibol, una actividad adecuada para la conservación de los estromatolitos. Esta estrategia de generar foros para la opinión pública, dado que cuentan con el respaldo institucional, los fondos y los canales de comunicación se usa con frecuencia como preámbulo para validar la imposición de algún instrumento que se usa con frecuencia (Ver ¿Qué le pasó al valle de Cuatrociénegas, en los noventas?, más adelante). 226
Una muestra de la autoconcepción de los miembros de la tríada como un tipo de mesías o comenderos modernos; en este punto era SELBA, AC (Revisado en detalle en el Tomo III de esta colección), una organización ambientalista, creada por socios de la parte privilegiada de la sociedad, recién llegados a la zona de Bacalar, que sintieron que podían determinar el destino de toda una cuenca, de miles de personas con el apoyo de la parte gubernamental y académica.
Desmitificando ¿Qué es lo que sucede en Bacalar con los estromatolitos? Vamos a detallarlo de manera mucho más amplia y fundamentada en el Tomo II de esta colección, pero podríamos adelantar que hay que comprender que los estromatolitos son parte de un proceso geológico de formación de sustrato, suelo, y que son la base para la construcción de tierra. Así se formó la Península de Yucatán y el 13% del suelo en todo el planeta. Los tapetes microbialíticos al acumular carbonato de calcio y magnesio y construir estas piedras permiten que se establezca vegetación, cuando la vegetación se establece sobre las piedras, ya sea por la acumulación de tierra, por la actividad de otras bacterias y microorganismos, por la absorción de nutrientes de las plantas que van creciendo, y porque al cubrirse de sustrato se cubre el sol, entonces el tapete microbialítico deja de cumplir su función y da paso, en esta sucesión ecológica al establecimiento de humedales (como el manglar) que, con el paso del tiempo evolucionarán a formas más “secas” de ecosistemas. Porque a medida que los cuerpos de agua van llenándose de estromatolitos, trombolitos (los brócolis) y oncolitos (las pelotitas), va quedando menos espacio para que fluya el agua, y el territorio se vuelve tierra seca ¿Qué sucede con el agua que fluye? Cambia de curso e inunda otras zonas. Este es un proceso que ha venido sucediendo durante millones de años en Bacalar (y en otras partes del mundo), puede verse fácilmente en las zonas de suelos lacustres que existen. El destino de Bacalar, con el fenómeno de los microbialitos será secarse y volverse pantanos, y selvas…pero faltan algunos años para eso. Lo que puede verse fácilmente en Bacalar.
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Es cierto que los microbialitos de Bacalar, son formaciones geológicas extraordinarias y, en ese sentido, son únicas y un atractivo turístico digno de manejar adecuadamente, conservar y proteger para beneficio de todos, pero no a costa de crear un mito a su alrededor, no se justifica crear mitos para manipular la opinión pública, porque esto se hace para beneficio de unos cuantos grupos.
¿Cuánto valen las cianobacterias? Una reflexión. En el transcurso de esta investigación aprendimos a mantener la mente abierta, tratando de entender las motivaciones de algunos de los actores de la tríada. Aprendimos que la visión local o regional se queda corta si no se expande a lo que sucede a nivel global en sectores muy especializados. Donde la población vemos piedras y bacterias, algunos científicos, tomadores de decisiones y miembros de organizaciones ambientalistas ambiciosos ven muchísimo potencial de ganancias. Una fortuna. Hay que poner más atención, el material genético de las cianobacterias en ellos es oro molido para las empresas insaciables de biotecnología que buscan desarrollar patentes a partir del material genético, un negocio que llevó a muchas de estas empresas a aliarse con académicos y ONG ambientalistas y uno que otro gobierno, para crear áreas naturales protegidas para preservar el material de base. ¿Un ejemplo? El material genético de las cianobacterias para la producción de biofertilizantes, por ejemplo, es un negocio que puede valer dos mil millones de dólares. Así que hay que tener cuidado con la biopiratería disfrazada de interés altruista de protección de un recurso natural que es patrimonio de todos.
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¿QUÉ LE PASÓ AL VALLE DE CUATROCIÉNEGAS, EN LOS NOVENTAS? Lecciones para que no le suceda a Bacalar. El Instituto de Ecología de la UNAM, a través de la Dra. Luisa I. Falcón, como principal promovente de las iniciativas proteccionistas para Bacalar desde 2011, ya había estado involucrado anteriormente en este tipo de imposición de instrumentos excluyentes y criminalización de poblaciones locales, para que ellos y otros actores de la tríada se hicieran de territorios completos bajo su control y uso exclusivo, en su caso asegurándoles “laboratorios naturales” para sus investigaciones; en estos territorios, que habían pertenecido históricamente a comunidades indígenas o rurales, territorios que se colocaron como ANP, como sitio RMASAR, donde se impulsa turismo y se financian proyectos, a académicos, ONGA y gobierno, y donde los locales y otro usuarios históricos no solo fueron despojados, sino que ya no son bienvenidos. Como ya vimos en numerosos ejemplos anteriores, los integrantes de la tríada reservan estos territorios para su beneficio, con la justificación de que solo así, bajo su vigilancia y administración, pueden preservarse las características ideales de los sitios. Solo ellos pueden salvar a la naturaleza. La parte académica de la tríada se beneficia porque su único objetivo auto centrado es su visión de la ciencia a como dé lugar y últimamente, la ciencia como negociazo. Con estas acciones no solo se posiciona en el ojo público como redentor y poseedor de la única verdad, desde su ciencia, sino como un moderno comendador colonial, que obtiene zonas donde realizar de manera exclusiva sus investigaciones, de las que obtienen fondos, generan publicaciones, y cuyas “contribuciones a las ciencias” (como la astrobiología o la ecología evolutiva) les rinden múltiples beneficios individuales e institucionales. 229
Estas investigaciones con las que argumentan están ayudando al medio ambiente, a salvar al planeta, pero en realidad los posiciona académicamente, les da ventajas para escalar posiciones en sus instituciones, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, lo que se traduce en incentivos económicos mensuales de entre $16,346.70 y $38,142.3 adicional a su sueldo, lo cual a su vez puede significar, hipotéticamente, un beneficio mensual para los investigadores de entre $50,000.00 a $100,000.00 pesos, sin incluir los proyectos, reconocimientos, otros estímulos por proyectos, e incluso patentes de biotecnología, que puedan recibir. Revisando los antecedentes de la Institución del grupo promotor del ANP Bacalar desde de 2011, se encontró que el IEUNAM habían venido participando desde 1999 en iniciativas similares en el Valle de Cuatrociénegas, en el estado de Coahuila, en un sitio donde también hay estromatolitos, bajo el liderazgo de la Dra. Valeria Souza, mentora de Luisa Falcón. Aun cuando el Instituto de Ecología de la UNAM (IEU) no fue el promotor de la iniciativa original de ANP del Valle de Cuatrociénegas en Coahuila, si fue otro miembro académico de la tríada, y un miembro extranjero, quien promovió la creación de una reserva en tierras ejidales y privadas. Se trató del Consejo de Peces del desierto (una ONGA norteamericana de científicos que estudia los peces del desierto). El IEUNAM se involucró incidentalmente en la zona por la necesidad de los investigadores extranjeros de poder contar con los permisos mexicanos para colectar muestras en territorio nacional y cumplir con los requerimientos de sus financiadores. Dos miembros de la tríada respaldándose sin importar los aspectos bioculturales, de tenencia de la tierra y de respeto de la forma de vida de los locales, para hacer ciencia a como diera lugar, su ciencia. Wendell “Minck” Minckley promotor de la organización Desert Fishes Council (Consejo de Peces del desierto) “descubrió”” el Valle de Cuatrociénegas para el mundo científico a finales de la década de 1950. Desde su interés puramente académico, los investigadores permearon en la sociedad urbana, los gobiernos y los tomadores de decisiones la propuesta de un ANP. Para fortalecer su iniciativa, el Consejo de Peces del Desierto promovió dos Simposios, uno en 1983 (del 18 al 20 de noviembre de 1983 en la Universidad de Arizona) y otro en 1993 (realizado en noviembre de 1993, en la Universidad Autónoma de Nuevo León), para
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conseguir alianzas y posicionar los cuatro puntos de la estrategia mediática que siempre siguen los promotores de ANP: 1.
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Un recuento de recursos naturales o especies que es “urgente” salvar, con declaraciones muy generales sin justificar con datos dichos enunciados. Uno o varios grupos de actores que se criminalizan y señalan como causa. Un peligro inminente, y La mención de que el instrumento es LA MEJOR SOLUCIÓN.
Cuando se revisan los resúmenes o los contenidos de las ponencias en estos simposios, desde el punto de vista del análisis del discurso, surge la estrategia común de, entre los aparentes objetivos de resaltar la importancia de la flora y fauna del Valle, mostrar que se está haciendo algo, que se está investigando, para convencer a otros investigadores, tomadores de decisiones, funcionarios de gobierno de todos los niveles y a la opinión pública utilizando los tres puntos de la estrategia mediática, arriba mencionados. El Simposio de 1983 fue un recuento de estudios de elementos biológicos y ecológicos de Cuatrociénegas, con el que se establecía la peculiaridad del Valle y la urgencia de protegerlo. En 1983, Paul Marsh, editor de las Memorias del Simposio llevado a cabo por el Consejo de los peces del Desierto, establecía: “…El propósito del simposio fue reunir a científicos que han trabajado en Cuatro Ciénegas para discutir el carácter cambiante de esta área y el futuro de sus hábitats únicos y biota. Es una opinión de muchos biólogos tanto en México como en Estados Unidos que Cuatro Ciénegas es una de las áreas naturales más importantes de América del Norte, y que sus recursos se están perdiendo o podrían perderse pronto para el desarrollo. El contenido de estas actas resume y actualiza la investigación sobre plantas y animales de Cuatro Ciénegas para enfatizar las necesidades de preservar este destacado ecosistema…Es sólo a través del uso racional de conocimientos como este que las características únicas de los ecosistemas de Cuatro Ciénegas pueden ser entendidas y preservadas para las generaciones futuras (Marsh, 1983) …” Un artículo escrito por Minckley en 1992, con toda la articulación mediática y a través del uso de fotografías tomadas por él a lo largo de 30 231
años de “estudiar y visitar” el Valle de Cuatro Ciénegas, le pareció suficiente justificación para promover mediáticamente la creación del ANP. Se trata de un artículo donde coloca fotografías tomadas, supuestamente, 30 años antes y un comparativo del mismo sitio alrededor de la fecha del artículo. El escrito tiene un corte anecdótico que incluye sus opiniones y las citas de opiniones de otras personas, suponemos que habitantes locales, pero sin detallar ni justificar o intentar dilucidar con datos científicos o una evaluación metodológicamente aceptable, los procesos que dieron pie a los supuestos cambios generados. Se muestra más como una estrategia, tal y como declara en las conclusiones del artículo y en sus propias palabras, para “echar más leña al fuego”. Minckley usó la estrategia estadounidense de justificar la creación de reservas como lugares reservados para la gente cansada de la tecnología, donde encontrar refugio espiritual, esa política que llevó a la creación de su sistema de áreas naturales protegidas y el despojo a comunidades de pueblos originales, a finales del siglo XIX. La iniciativa de proteger el Valle mediante un ANP fue retomada a principios de la década de los 1990, por los académicos, Minckley y Contreras, en el seno del Desert Fishes Council (DFC), y por Gómez Pompa, de la Fundación México Norteamericana de Ciencias. Contabilizado como su primer resultado de esta etapa fue el simposio de 1993, cuyo objetivo pretendía “… reunir la información biológico- ecológico que permita definir las posibilidades de uso en distintas partes del valle, las áreas y niveles de protección, así como las deficiencias de conocimiento…” Así fue que en noviembre de 1993 se llevó a cabo el segundo Simposio sobre el Valle de Cuatrociénegas. En noviembre de ese año, el Consejo directivo del DFC sometió a votación la propuesta de Minckley para felicitar, exhortar y apoyar a las autoridades mexicanas para el establecimiento del ANP. Una ONGA / académica extranjera presionando a instituciones mexicanas para colocar un territorio nacional bajo protección. Resolución…1. Propuesto por W.L. Minckley: Relativo a la Conservación de Peces en la Cuenca del Cuatro Ciénegas. Movido por C.O. Minckley, secundado por Clark Hubbs. Aprobado sin voto disidente… RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE PECES DEL DESIERTO, 1993-1: Relativo a la conservación de peces en la cuenca Cuatro Ciénegas.
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CONSIDERANDO QUE la cuenca Cuatro Ciénegas y sus ambientes en Coahuila central, México, ha sido internacionalmente reconocida como una de las más únicas áreas biológicas en Norte América por muchos años; y CONSIDERANDO QUE el desarrollo extractivo en Cuatro Ciénegas y áreas adyacentes, y en la región, representa una amenaza a su integridad y existencia; y CONSIDERANDO QUE los esfuerzos de conservación en favor del área y la región y su biota están haciendo progresos y existe considerable evidencia que llegará a dar frutos; RESOLVIO que el Consejo de Peces del Desierto, una sociedad internacional dedicada a la protección de la biota acuática del desierto, encomienda y felicita a individuos y agencias privadas, municipales, estatales y federales en México por sus esfuerzos y progresos para conservar y perpetuar el área; también RESOLVIO que el Consejo de Peces del Desierto, como una unidad y acciones conjuntas de sus miembros, ofrece cualquier y toda la asistencia que pueda brindar para apoyar este esfuerzo y así asegurar el mantenimiento sostenible del (los) ecosistema(s) locales y regionales en el área de Cuatro Ciénegas; y también RESOLVIO que el Consejo de Peces del Desierto favorece y exhorta a individuos y agencias privadas, municipales, estatales y federales que se relacionan con la cuenca Cuatro Ciénegas a que redoblen sus esfuerzos para que esta muestra de biodiversidad para México, el Desierto Chihuahuaense, y para el Mundo no sea dañada o perdida, sino conservada para generaciones futuras…”
Como resultado, sin que la población pudiera intervenir, en 1994 se decretó el ANP: Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas, cuyo objetivo en el decreto fue: “…preservar los hábitat naturales de la región y los ecosistemas más frágiles; asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos evolutivos ecológicos; aprovechar racional y sostenidamente sus recursos naturales; salvaguardar la diversidad genética de las especies, particularmente de las endémicas, amenazadas y en peligro de extinción; y proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio del ecosistema y su equilibrio…” unilateralmente por academia, gobierno e investigadores, nacionales y extranjeros. , sin considerar a los productores locales y los habitantes históricos (aunque el decreto declara que la Secretaria de 233
Desarrollo social realizó consulta con los habitantes locales sin referir otra información). 27 años después se quiso utilizar la misma estrategia en Bacalar. En 2020, los grupos de la tríada que estaban viendo cercenadas sus iniciativas de imponer un ANP o instrumento similar sobre Bacalar, buscaron organizar cuatro eventos similares: •
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En Julio de 2020, se llevó a cabo un foro virtual, denominado El Día Nacional de los Estromatolitos (Ver sección Desmitificando los Estromatolitos y El Día de los Estromatolitos, en este documento) En noviembre de 2020, organizado por una ONGA local, Agua Clara, se convocó a El Foro 2020. Situación actual de la Laguna de Bacalar.
A finales de 2020, ante el fortalecimiento de la capacidad de análisis y argumentación del Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar, una organización de base integrada por habitantes locales y usuarios históricos de la cuenca, y viendo peligrar la credibilidad de la opinión pública, surgió el Concejo Ciudadano y Científico PRO restauración y preservación del acuífero y sistema lagunar de Bacalar, conformado por integrantes de la tríada, en un intento de posicionarse como “miembros de la comunidad, organizados y desinteresadamente preocupados”, pero promoviendo las mismas estrategias. •
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El Concejo Ciudadano y Científico PRO restauración y Preservación del acuífero y sistema lagunar de Bacalar llevó a cabo, el 1 de marzo de 2021, el Encuentro ciudadano y científico para la propuesta de cuidado de Laguna Bacalar El 12 de marzo, llevó a cabo un segundo encuentro, solo 11 días después.
A medida que los grupos comunitarios fueron fortaleciendo sus argumentos y discursos, el tono y discurso alarmista de la tríada fue adaptándose y haciendo suyas las declaraciones que años atrás las comunidades habían venido defendiendo, surgidas del conocimiento ecológico local y la intuición, queriendo hacer parecer que la tríada había descubierto el hilo negro con su método científico. En el Tomo III exponemos los argumentos de estos grupos, construidos con verdades a medias y con información manipulada, mediante la sectarización de jóvenes y la complicidad de Organizaciones de la Sociedad 234
Civil ambientalistas de Bacalar, integrados principalmente por individuos extranjeros y nacionales recién llegados a la localidad o ajenos a las comunidades, organizando eventos “académicos” donde se realzaba la importancia de las investigaciones desarticuladas y básicas, forzando una idea fantasiosa de investigación científica coordinada, que no era más que una presentación individual de investigaciones aisladas, algunas de las cuales solo eran repasos metodológicos y no investigaciones concretas, para construir la fantasía de estar trabajando sobre la situación de manera grupal, como modo de forjarse una credibilidad forzada para sus aseveraciones y señalamientos, a la par que incluía la urgencia de crear una ANP en su mensaje y la imagen de que cualquiera que estuvieran contra lo hacía por razones criminales, egoístas y alejadas del bien común ambiental. La misma estrategia que se utilizó en el Valle de Cuatrociénegas años antes. En Cuatrociénegas, con la reserva establecida en 1994 Wendell “Minck” Minckley continuó haciendo sus investigaciones, pero no le pareció que su laboratorio natural de peces tuviera suficiente protección, dado que los productores de Cuatrociénegas continuaban haciendo uso del acuífero y construyendo canales para actividades agropecuarias (desde generaciones atrás) por lo que temiendo que se acabaran “su” área de investigación se unió a James Elser, especialista en química del agua también de la ASU (Universidad del Sur de Arizona) para que lo apoyara para involucrar a la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio), que podría tener suficiente peso para evitar que los productores continuaran con sus actividades. De este modo ambos sometieron un proyecto a dicha institución que acababa de fundar su Instituto de Astrobiología, en 1998. ¿Qué tenía que ver la NASA y su instituto de Astrobiología? De los seminarios de 1983 y 1993, y en sus expediciones a las pozas de Cuatrociénegas, Minckley se percató de las esteras microbianas sobre los estromatolitos que crecían ahí, en las pozas que siempre estaban atiborradas de locales bañándose. Dado que no alcanzaba a hacer entender a los pobladores y turistas sobre la importancia de no usar las pozas para conservar sus peces, decidió promover un proyecto de investigación de las esteras de microorganismos, que ya eran investigadas en otras partes del mundo por las cianobacterias con líneas genéticas del inicio de la vida, y pensó que serían de interés de la NASA, que contaba además con recursos y “peso mediático” con su recién creado Instituto de Astrobiología, para aprender cómo podría lucir 235
la vida o cómo crear vida para los humanos, en otros planetas cuando llegáramos ahí. Pero ellos eran ictiólogos y químicos, la NASA les exigió que para apoyar su proyecto debían incluir expertos en microbiología y evolución, y que debieran ser mexicanos, como estrategia para asegurar obtener los permisos de colecta. Dado que no había muchos candidatos mexicanos en ese entonces, acudieron al Instituto de Ecología de la UNAM donde involucraron a la Dra. Valeria Souza y a su esposo el Dr. Luis Eguiarte Fruns. Ya existía el ANP, pero no era suficiente. Con los años, las motivaciones que llevaron a estos y otros investigadores y ONG ambientalistas, y en el caso del IEUNAM a la Dra. Souza a señalar y criminalizar a los productores del Valle de Cuatrociénegas, similares a los que motivaron a Minckley y Elser, podrían considerarse Conflicto de intereses si contabilizamos los beneficios económicos y académicos que han obtenido a lo largo de los años, la posición académica y ventajas que eso le ha traído. Valeria Souza se involucró así, de manera incidental. Pero en la década de los noventas se volvió la promotora acérrima del control del Valle para la tríada sin importar qué estrategias de guerra sucia tuviera que utilizar. Ella y su equipo estuvieron involucrados en una controversia por señalar que los agricultores estaban sobreexplotando el acuífero, parte de la justificación de sus propuestas de investigación, fondos e iniciativas proteccionistas, y por presionar a empresas compradoras de los productos que la región producía (como LALA) para ya no adquirirlos. Esto dejó sin empleo a cientos de familias en el Valle. La historia de cómo el propietario de LALA cedió al chantaje, presión mediática y al acoso que sufrió su hija, como resultado de la “campaña” de la doctora Souza, ha sido narrada de viva voz de la propia doctora Souza, incluso en el evento del miércoles 15 de julio de 2020, durante una ponencia convocada por los grupos que estaban promoviendo la iniciativa de Bacalar, y aparece una y otra vez en cuanto foro o entrevista tiene oportunidad de contarla. La Dra. Souza ha relatado en múltiples ocasiones, de manera pública, cómo el acoso mediático encabezado por ella dirigido a empresarios, productores y aquellos que no apoyaban sus ideas, permeó lo suficiente hasta lograr sus objetivos. En caso concreto no tiene remilgos en relatar cómo logró que el dueño de LALA cancelara la compra de alfalfa del Valle a los productores. Según sus propias palabras, el triunfo de que LALA 236
abandonara a los productores del valle se debió a una niña: la hija del dueño de la compañía. El bombardeo mediático resultó en un feroz acoso a la menor por parte de compañeros y amigos, porque la compañía de su padre “estaba destruyendo el valle”- mensaje difundido por Valeria Souza y su equipo. La niña a su vez recriminó al padre y éste no tuvo otro remedio que dejar a 300 familias en la indefensión para que su hija dejara de ser acosada. Lo presenta siempre de manera triunfal como un logro, sin darse cuenta de lo criminal que resulta pensar en ese tipo de tácticas de guerra sucia contra productores, contra una menor de edad solo porque se ampara en ser colaboradora de la NASA y autoproclamarse “un mito” en Cuatrociénegas sin temor a burlarse de los locales diciendo no saber si para ellos, ella es un dragón o unicornio, refiriéndose a sí misma como un tipo de ser omnipresente y poderoso, que infunde temor, con esta autopercepción de tener el poder sobre el destino de las personas, una especie de complejo de Dios o de Mesías. La controversia real fue el hecho de que otros equipos científicos especializados en geohidrología comprobaron que el acuífero que estaba en reducción provenía de otras áreas y que las causas de su reducción no eran del todo claras. No obstante, la presión mediática de este grupo de esta bacterióloga y su gente tuvo más peso para las empresas y autoridades, que no querían seguir siendo señalados, y los agricultores (que ya no querían seguir siendo criminalizados) no tuvieron otro remedio que dejar sus actividades productivas y ver cómo sobrevivir. Esto es aún más alarmante si se considera lo que en su tesis, Bernal (2007), relata sobre el papel de la Dra. Souza y su equipo, en las controversias surgidas en torno al agua, en el Valle de Cuatrociénegas, a continuación “…Esta situación (referida a la desecación de pozos en el valle) está causando un fuerte debate cuyos actores principales son diversas instancias de gobierno como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la SEMARNAT, grupos de empresarios particulares, y varios grupos de científicos naturales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Uno de estos grupos es liderado por la doctora Valeria Souza quien asegura que la explotación de agua en el valle del Hundido es la principal causa de que el nivel del agua en el área natural protegida de Cuatrociénegas haya descendido notablemente en los últimos años provocando el secamiento de humedales y canales además de agrietamientos en el suelo (LJ, 12 de agosto de 2006). 237
La doctora Valeria Souza es especialista en Ecología Evolutiva en bacterias y quién coordina desde el 2002 el proyecto de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA por sus siglas en inglés) en el valle de Cuatrociénegas llamado Evolución en ecosistemas de naturaleza viva (LJ, 21 de enero del 2004). Souza y su equipo de trabajo, a través de esta investigación, aseguran haber demostrado que los valles del Hundido, Calaveras y Cuatrociénegas son parte del mismo mar debido a que existe una gran diversidad en las localidades estudiadas y similitud en las comunidades bacterianas de los mencionados valles y afirman que si el grupo de agricultores lecheros de la laguna contaminan o acaban con el agua, Cuatrociénegas muere (LJ, 21 de enero del 2004). Sin embargo, otro grupo de científicos hidrogeólogos de la UNAM dirigidos por el doctor Oscar Escolero tienen una visión distinta…El resultado del estudio hidrogeológico que consistió en mapear, medir y analizar el sistema hidrológico del Hundido y de Cuatrociénegas fue que no existe interconexión entre estos valles (AC, Dr. Oscar Escolero, 13 de julio del 2005) … No solo la investigación del Dr. Escoledo demostró que la aseveración de la Dra. Souza y su equipo no tenían ningún sustento. En 2005, el Instituto de Tecnología del Agua (IMTA), la SEMARNAT, el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional del Agua publicaron con la colaboración de 13 especialistas (Modelación matemática, hidrología superficial, hidrogeología, geología, geofísica, hidrología isotópica, hidrogeoquímica, hidráulica subterránea. Climatología, meteorología y tectónica y geología estructural, con asesoramiento de especialistas en isotopía ambiental e hidrogeoquímica de Alemania) concluyeron, entre otras cosas que:”…los niveles piezométricos medidos en la red de observación muestran que es imposible que haya flujo subterráneo de Cuatrociénegas a El Hundido…la salinidad del agua subterránea en ambos valles se debe a la disolución de rocas de origen marino y no a la aportación de componentes de agua marina provenientes de un mar fósil. La composición isotópica de las aguas de ambos valles confirma lo anterior…El contenido de sales disueltas en El Hundido es significativamente mayor que en Cuatrociénegas. Por lo tanto, las aguas de Cuatrociénegas no pueden ser recargadas por El Hundido…la geoquímica y la isotopía permitieron concluir que el agua de ambos valles es de origen pluvial…aun multiplicando la extracción en El Hundido por diez, no habría efecto significativo sobre Cuatrociénegas por 500 años. Por supuesto los efectos sobre el Hundido serían tanto significativos como inmediatos…” Imta, C. N. A., & SEMARNAT, I. (2004). Estudio hidrogeológico de los acuíferos El Hundido y Cuatro Ciénegas. Coahuila. Ed. CONAGUA. 238
El debate sobre los cada vez más bajos niveles del agua en Cuatrociénegas está todavía muy encendido debido a que la doctora Souza no deja de hablar a los medios de comunicación tratando, como ella misma lo dijo en una entrevista que le realizó Elena Poniatowska, de “armar un gran escándalo […] para que se detenga la sobreexplotación del agua en los valles vecinos a Cuatrociénegas” (LJ, 21 de enero del 2004). Por su parte los agricultores del Hundido, aunque con más dificultad debido a que el gobierno federal ha extendido la veda para explotar agua en el valle, continúan con sus cultivos de alfalfa (LJ, 25 de abril del 2007). Mientras tanto la politización de esta situación ha desviado el objetivo central del área natural protegida que es proteger los ecosistemas cieneguenses y buscar posibles soluciones al problema del agua. En su lugar lo que se busca es a quién responsabilizar y crear alborotos entre la sociedad…” A pesar de que no tener las calificaciones ni la especialidad para dictamen sobre geohidrología (su especialidad es genética evolutiva de microorganismos) y que los especialistas de la misma institución del Instituto de Geología de la UNAM, especialistas en aguas subterráneas, demostraron lo contrario a sus acusaciones, “el escándalo” de la Dra. Souza y el interés de la NASA por establecer en el valle un “laboratorio para entender el origen de la vida” para su Instituto de Astrobiología, pesó más para la criminalización de los productores del valle de Cuatrociénegas y la obtención del favor de la opinión pública. Pero el ANP y el acoso mediático y criminalización no parecieron suficientemente efectivos para preservar sus laboratorios naturales contra los pobladores y en 2002, Susana Moncada (presidenta municipal de Cuatrociénegas por el PRI cuando el ANP fue decretada en 1994, y directora del ANP de 1996 a 2010, presidenta de Desuvalle, AC), Cristino Villarreal (Personal de CONANP en Cuatrociénegas) y Arturo Contreras (Investigador UANL que diez años después haría una denuncia contra el equipo de IEUNAM) propusieron el ANP como sitio Ramsar. Mientras que el control del Valle y sus sitios patrimoniales quedó a manos de la Dirección de la Reserva, administrada por personal “proveniente de familias influyentes de Cuatrociénegas” contratadas por la CONANP y algunos de los sitio de atractivo turístico bajo control de organizaciones ambientalistas locales, como Desuvalle, AC, que tiene conflictos de intereses por estar relacionado familiarmente con la dirección de la Reserva, o por organizaciones ambientales regionales como PRONATURA Noreste donde la Dra. Valeria Souza es parte del Consejo Directivo. 239
Sus acciones incorrectas, guardadas celosamente entre ellos mientras todos están del mismo lado, quedan fácilmente al descubierto cuando tienen desavenencias cuando incluso entre ellos ven afectados sus intereses-. Como ejemplo, revisando las publicaciones dimos con una publicación realizada en redes sociales hace casi una década, donde Arturo Contreras Arquieta, un investigador radicado en Cuatrociénegas que promovió el ANP, a cargo del acuario y herpetario W.L. Minckley, publica en la red social de Cuatro Ciénegas el siguiente post, donde cuestiona las opiniones infundadas y alarmistas entre otros de la Dra. Falcón, ahora principal promotora de la iniciativa de ANP Bacalar, en este escrito aclara las aseveraciones que ella y el Dr. Eguiarte hicieron para desacreditar a la región y a sus actores locales, estrategia que vemos es muy su usanza, y les responde: 10 de enero de 2012 Hace poco, Luis Eguiarte (esposo de Valeria Souza) y Luisa Falcón difundieron un escrito intitulado LOS 7 PECADOS AMBIENTALES DE CUATROCIÉNEGAS y hoy quiero comentar al respecto repitiendo entre comillas su escrito y posteriormente mi comentario empezando con letras del alfabeto en mayúscula. Quienes gusten pueden buscar la versión completa en Internet. “(pecado 1) …La baja en el nivel del manto freático y de todos los cuerpos de agua en Cuatrociénegas es claramente un problema multifactorial, pero las causas directas más probables son el incremento en el número de pozos y en la tasa de extracción del agua en el Valle de Cuatrociénegas y sus dos valles contiguos, Ocampo-Calaveras y El Hundido, todo para la producción de alfalfa asociada a la producción de leche de los grupos relacionadas a la región de la Laguna (i.e., Lala). En particular en El Hundido, a pesar de nuestras protestas y preocupaciones, se han abierto recientemente gran cantidad de pozos y se acaba de aprobar la apertura de un número impresionante de estos (unos 250, ya que CONAGUA estimó que es un acuífero ilimitado). La irresponsabilidad ecológica de destinar nuestra agua fósil y destruir Cuatrociénegas para producir leche (misma que casi ningún mexicano adulto puede realmente digerir) es algo que no podemos permitir.” A.- Técnicamente la mayor parte del agua se va hasta Sacramento, Nadadores y Frontera, Coahuila, donde no importa tanto el agua que sale, sino la que se desperdicia. Los estudios de Profauna revelaron que el Canal de Saca Salada que 240
llega hasta Frontera saca de 1100 a a1500 litros por segundo, equivalentes a 34.65-47.25 millones de mts cúbicos por año (=mmca). Pero a las parcelas les llegan máximo 250 (7.87 mmca). O sea que se pierden hasta 39.38 mmca. La solución es entubarlo, pero la inversión requeriría casi $100;000,000 equivalentes al presupuesto fiscal de 125 años de la Dirección del ANP. Por otro lado, el principal productor de alfalfa en el Valle del Hundido es Beta Santa Mónica, en su momento Competencia de Lala. Y el agua que se utiliza 100% en esas parcelas es sólo un poco superior a la cantidad que se desperdicia en la Saca Salada. Es cierto que se abrieron demasiados pozos, pero la minoría de ellos fueron productivos. Muchos no daban agua suficiente o eran muy salados. Lo del uso del agua estoy de acuerdo. Pecado 2 “…la inminente reapertura de la planta de producción de yeso a la entrada del Valle de Cuatrociénegas. Uno de los principales logros iniciales de cuando se decretó el Área Protegida fue que se frenó la extracción de las dunas de yeso. No logramos entender cómo se aprobó la reapertura de esta fábrica en el área protegida, pero sus efectos ambientales en toda la región van a ser funestos y espectaculares, por lo que es indispensable que no se permita por ningún motivo el cambio de uso de suelo.” B.- Yeso del Bajío no extrae yeso de las dunas (al SW del pueblo) sino de los yesos localizados al E del pueblo, la parte más baja del valle y no había dejado de trabajar hasta que cayó en la trampa de las autoridades de CONANP y CONAFOR de que debía contar con resolución de impacto ambiental y de Cambio de utilización de terrenos forestales. Dicho aprovechamiento de yeso cuenta con concesión minera, la cual está por encima de la ley forestal. El suelo ya había sido autorizado como uso minero y fue bloqueado por las autoridades federales corruptas. Pecado 3 “…Desde hace mucho tiempo se construyeron canales para tomar el agua de los manantiales de Cuatrociénegas y enviar el agua a otras partes, dentro del mismo valle o a otros valles, hasta ca. 80 km, como al poblado de San Buenaventura. La canalización de esta agua ha implicado la pérdida de humedales y la gradual desecación de todo el piso del Valle de Cuatrociénegas. Consideramos que se debería de revisar el funcionamiento de estos canales, para evitar la evaporación, al igual que los acuerdos de uso de agua que han permitido su remoción irresponsable en la región. Estas acciones son esenciales para que se permita la regeneración, cuando menos parcial, de los humedales ancestrales del valle y para que se pueda recargar nuevamente el acuífero.”
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C.- Va de la mano con lo comentado en el primero. Pero en materia de revisión de las concesiones la ley no es retroactiva. Al declararse el ANP deben respetarse los derechos previamente establecidos e incentivarlos a ahorrar agua. Una veda no permitirá nuevos aprovechamientos, y si queremos que los agricultores usen menos agua, para que el excedente se quede en las pozas, pues de debe apoyarlos para que mejoren su infraestructura de riego o reconversión productiva. Pero no van a cambia a otros productos si no se les garantiza el mercado e iguales o mejores ingresos. “El cuarto pecado ambiental es el turismo incontrolado y ecológicamente irresponsable. La cantidad de visitantes se ha incrementado de manera increíble, principalmente en vacaciones como Semana Santa, y con ellos la basura que dejan, la destrucción o alteraciones ambientales con obras para captar este turismo (por ejemplo los baños y otras obras realizadas recientemente en la poza de Churince), la cantidad de botellas de cerveza y basura que se encuentran en todo el valle, los vehículos “todo terreno” que corren a toda velocidad destruyendo la vegetación y la fina capa de cianobacterias que da estructura al suelo, con aparente beneplácito de las autoridades. Indudablemente el ecoturismo es una fuente muy importante de ingresos, pero este se debe de hacer de forma respetuosa y controlada, como lo ha desarrollado el gobierno del Ecuador en las Galápagos.” D.- Ya lo expuse antes. El turismo se puede manejar para hacerlo más responsable y el turismo no es responsable más que de cambios mínimos en los ecosistemas. Las especies acuáticas están desapareciendo por el problema del uso del agua y quitar a los turistas de las 4 áreas turísticas tradicionales es como dar una aspirina para curar el cáncer. “Un quinto problema ambiental importante es la reciente invasión de organismos, en particular de Arundo donnax, el carrizo gigante, que incrementa la pérdida del agua, modifica el hábitat y aumenta la probabilidad de extinción de los peces y la propuesta de utilizar un potente herbicida para su control (glifosato, con sulfato de amonio como surfactante), del cual hay reportes de sus efectos tóxicos en el ecosistema, al matar a todas las plantas que estén en contacto con al igual que bacterias fotosintéticas y sus posibles efectos tóxicos y tal vez cancerígenos en animales y en humanos. También se encuentran otros organismos invasores, como el pez joya que representan un estrés adicional para las poblaciones de peces endémicos.” E.- En mi opinión es más peligroso el Pez joya que el carrizo, ya que está más distribuido y sus efectos directos sobre los peces nativos y sobre los invertebrados 242
que le sirven de alimento se verán a corto plazo. El esfuerzo que se está realizando para controlarlo es insuficiente. “El sexto pecado ambiental ha sido la falta de transparencia y la actitud de ciertas autoridades, que no han permitido que se implementen acciones de conservación del agua ni que se implementen medidas efectivas y ecológicas en una serie de problemas ambientales y de conservación, actitud que ha sido muy desgastante para los investigadores y ONG independientes interesadas en el área. Podríamos estar equivocados, pero el Área Protegida parece servir fundamentalmente para pedir permisos de trabajo o colecta y para cobrar la entrada a los visitantes a las regiones restringidas del valle (por ejemplo, la Poza Azul y las dunas de yeso).” F.- La actitud de la Dirección del ANP de trabajar sólo con las AC´s Profauna y Pronatura Noreste (nota la Dra. Valeria Souza es miembro del Consejo directivo de esta organización) hace que acaparen todos los presupuestos que se pueden asignar a diversos proyectos y que las organizaciones locales no puedan trabajar. Ejemplo: Utilizaron el nombre de mi empresa y mis voluntarios como colaboradores para solicitar permiso de captura de pez joya ante SAGARPA y siempre que pedí las trampas para ir por mi cuenta nunca me las facilitaron. Estando mi nombre en el permiso. Por otro lado, La Poza Azul y las dunas son propiedad de Desuvalle AC y no tiene nada que ver con el gobierno federal. Ni siquiera puede obtener los beneficios del cobro de derechos. “El séptimo pecado ambiental es la tenencia de la tierra y el estatus del área Protegida, que no han ayudado a su conservación al ser un mosaico complejo de tenencia de la tierra, con varios supuestos dueños, linderos no delimitados claramente y complejos derechos del agua, por lo que las responsabilidades se diluyen y no se pueden unificar programas activos de manejo y conservación. Urge que se haga un esfuerzo por definir los límites de las propiedades, que más áreas realmente estén totalmente protegidas (como es el caso del Rancho de Pozas Azules, administrado por Pronatura) y reestructurar el estatus del área protegida. G.- En realidad la tenencia está mayormente bien definida, pocos terrenos no tienen escrituras por morir los dueños intestados, pero hay herederos o ventas irregulares. La mayor parte de la superficie tiene dueños bien definidos, ya sean personas físicas, empresas, asociaciones civiles o ejidos. El problema real es que los ejidatarios y otros propietarios están vendiendo porque les han dicho que hasta para construir una casa en dichos terrenos requiere de estudios de impacto ambiental y eso es totalmente falso. Como sienten que no pueden hacer nada 243
en sus terrenos pues los venden a precios ridículos. Otros los compran y los revenden más caros. Pero sólo los que simpatizan con las autoridades reciben apoyos para los proyectos y acciones que las autoridades de CONANP quieren. Si un proyecto no les parece no lo apoyan por benéfico para la economía y para el ambiente que sea. Ejemplo: El ejido 6 de enero quedó cerca del 96% dentro del ANP y la mayor parte del Ejido fue comprada por la Fundación Carlos Slim. Anteriormente Desuvalle había comprado las dunas de yeso (800 Has) En 1999 se decretó el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas ¿quiénes eran los actores? Julia Carabias Lillo, secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Enrique Provencio, presidente del Instituto Nacional de Ecología; Javier de la Maza Elvira, jefe de la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas y Susana Moncada, director del Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas. El objetivo del Programa de manejo es: “…Preservar los hábitats naturales de la región y los ecosistemas más frágiles; asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos evolutivos ecológicos, aprovechar racional y sostenidamente sus recursos naturales; salvaguardar la diversidad genética de las especies, particularmente de las endémicas, amenazadas y en peligro de extinción; y proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio del ecosistema y su equilibrio…” ¿Quién administra Cuatrociénegas? La CONANP El aprovechamiento racional se refiere al agua, el yeso y los paisajes. PRONATURA recibe mucho dinero al año por presionar a las autoridades a limitar el uso del agua a los productores y “garantizar” el agua para las pozas, pero a la fecha no hay una estrategia para lograr esto, excepto proyectos para “restaurar” humedales y publicita en su página: “…Durante este periodo, Pronatura Noreste y sus socios de conservación logramos restaurar 51.6 hectáreas de humedal realizando obras de instalación de gaviones, limpieza y desazolve, modernización de obras de toma y cierre de canales en desuso; además de proveer el caudal ecológico en los humedales a través de la concesión para uso ambiental. Tan sólo en 2020 se restauraron 3.5 hectáreas (has) de humedales en Poza Escobedo y 2.6 has en Tío Julio, lo que retuvo un caudal de 3.1 millones de metros cúbicos de agua para conservación…Además se logró la restauración de 12 244
hectáreas de humedales del río Mezquites convirtiéndose en un hito trascendental; con esta acción se aumentó el espejo de agua del río en 120 centímetros y se conservó un volumen de 7.8 millones de metros cúbicos al año. Pronatura Noreste ha conseguido recuperar un volumen total de 29.78 millones de metros cúbicos anuales de agua (equivalente a 4,613 albercas olímpicas).” Lejos de que estas organizaciones y las autoridades se hayan organizado para facilitarle a la población local las alternativas de desarrollo sustentable, como lo prometieron, esto no ha sido posible dado que hay conflictos de intereses entre ellos, porque se “pelean” la clientela de integrantes de la comunidad que les justifique sus gestiones de fondos para sus cursos de capacitación, sus proyectos de desarrollo sustentable (artesanías) o de restauración de humedales, sus tours, sus cursos a las escuelas locales, mientras los investigadores continúan vociferando que la cuenca se sigue secando. A la fecha ni el ANP, ni la declaración de Ramsar, ni las vedas o las regulaciones y el acoso de los investigadores a los productores ha logrado frenar la “desecación” del valle, ni la contaminación en el agua o entorno a las pozas, y el supuesto beneficio derivado del turismo que se suponía iba a salvar al Valle tras la declaratoria de Cuatrociénegas como Pueblo mágico en 2013, es muy cuestionado por investigadores de diversas especialidades (obviamente no por los microbiólogos que siguen jactándose y generando proyectos de “su” laboratorio natural astrobiológico”). Irónicamente, aún con las vedas y la deserción de actividades agrícolas, el valle de Cuatrociénegas continúa “inexplicablemente” secándose, lo cual sin pizca de remilgo los mismos promotores que hace 20 años aseguraron que salvarían al Valle de Cuatrociénegas con el establecimiento del ANP, continúan realizando más pedidos por fondos para salvarlo. En otro tomo veremos cómo esas mismas estrategias de escándalo mediático y manipulación de información están siendo retomadas por los proponentes del Área Natural Protegida en Bacalar, liderados en algunos puntos por la Dra. Luisa Falcón, pupila de la Dra. Souza, para señalar responsables y crear presión política, sin fundamentos científicos más que su propia visión limitada de la forma en que funciona el mundo, a costa de lo que sea, con tal de mantener el estatus quo de su forma de vida, los beneficios de reconocimiento.
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Souza reconoció en una entrevista para la Revista Milenio que: “…el caso de Cuatrociénegas me ha generado premios, porque soy una fiera que defiende el ecosistema…” Estos reconocimientos, habría que precisar se traducen en financiamientos, con su visión parcial y sobre especializada del mundo, manipulando la información, criminalizando a los habitantes, productores y empresarios y manipulando verdades a medias, modificando su discurso dependiendo a quien vaya dirigido, para ganarse adeptos entre los jóvenes y la opinión pública. Lo que su pupila ha venido tratando de repetir en Bacalar.
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UNAS PALABRAS FINALES Al final lo que aprendimos de esta investigación fue que la manera en la que fue construido el ambientalismo neoliberal y su supuesta lucha ambientalista se basaba en el beneficio de quiénes le dieron origen. Lejos de ser un tema humanitario los intereses monetarios y de poder por el control que han ido desarrollándose a medida que se ha ido fortaleciendo los grupos y los posicionamientos ambientalistas neoliberales han creado redes cada vez más complicadas y posicionadas de actores que en contubernio directo o indirecto saben que van a obtener un beneficio al despojar a los locales del control de sus áreas a favor de los grandes capitales. Ya sea para obtener áreas para hacer investigación, beneficios de proyectos, financiamiento, reconocimientos, premios y levantarse como salvadores del planeta o bien para simular que se está cumpliendo con los compromisos internacionales para proteger el medio ambiente, con discursos intenciones e imágenes que se bombardean hacia la opinión pública, no son otra cosa que una mascarada para actuar de manera perniciosa hacia poblaciones locales, comunidades de pueblos originarios, usuarios históricos de los recursos naturales y despojarlos al mismo tiempo que se les criminaliza. Esperamos sea mucho más fácil para la población local el identificar de manera temprana los intentos de dominio y despojo de los diferentes actores de la tríada. Porque el conocimiento es poder, y ese poder debe quedarse en los pueblos originarios, los habitantes locales y los usuarios históricos para tomar la batuta en medio ambiente y hacer lo que hemos hecho durante generaciones: cuidar de nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio biocultural y conservar el medio ambiente desde el conocimiento local, con total gobernanza y empoderamiento.
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Mientras los fuereños creen que las lagunas y las selvas se han conservado así por arte de magia, las poblaciones locales y los que convivimos día a día con nuestro entorno natural estamos conscientes de que ha sido el resultado de una labor y un compromiso generacional de familias, habitantes y grupos de producción que adquirieron una responsabilidad moral histórica, no como un negocio que es el caso de la tríada, sino como un compromiso moral por amor. Cómo fue entonces, en la actualidad el conocimiento, la identidad y la información y un enorme sentimiento de pertenencia, dignidad y de Justicia mueve a la población de la Cuenca de Bacalar a salir en su defensa.
Dedicado a todos los actores locales, usuarios históricos y pueblos originarios que siguen luchando por recuperar el control de sus territorios arrebatados por el ambientalismo neoliberal.
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