EL OFRECIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL SALVADOREÑO
Este principio de la naturalidad o espontaneidad de la prueba incluye la prohibición y sanción de testimonios, dictámenes periciales, traducciones o copias, que hayan sido falsificados o alterados, sea en virtud de dinero o de beneficios de otro orden, o mediante amenazas al testigo o al perito, hechos que constituyen delitos. Igualmente implica este principio la prohibición de alterar materialmente las cosas u objetos que han de servir de prueba, como ciertas huellas, el documento original, el muro o la cera que sirven de linderos, etc., hechos que también constituyen delitos. En estos dos aspectos se identifica con el principio de la probidad y veracidad de la prueba, que ya estudiamos. En resumen, este principio se opone a todo procedimiento ilícito para la obtención de la prueba y lleva a la conclusión de que toda prueba que lo viole debe ser considerada ilícita y, por tanto, sin valor jurídico, como enseñan autorizados expositores. Por esta razón, entre las posibles clasificaciones de las pruebas se incluyen la de lícitas e ilícitas y es requisito para su validez. Este principio puede identificarse con lo que se ha hablado anteriormente del principio de probidad y que podría detectarse en el desarrollo de un proceso, y que se alegase a acreditar o desacreditar una prueba como una prueba ilícita como lo regula el art. 2 en relación al art. 316 inc. 3 CPCM, o en su caso al alegarse una nulidad de las que prescribe el art. 332 CPCM, por la vía recursiva en la casación art. 523 N 12° CPCM, que se refiere a la práctica de un medio de prueba ilícito pero si eso no hubiese sido posible que discutiera en un proceso, queda la instancia de la revisión de la sentencia firme en relación a los motivos por los que se puede alegar una revisión entre ellos el art. 541 CPCM. 20) Principio de Prueba.
de
la
Obtención
Coactiva
de
los
Medios Materiales
Debe tenerse cuidado de no confundir este principio con el anterior, para que no resulte una aparente contradicción entre ellos. En virtud de él, los documentos, las cosas y, en ocasiones la persona física, cuando el objeto de prueba (para exámenes médicos, por ejemplo), deben ponerse a disposición del juez, cuando se relacionan con los hechos del proceso. Es consecuencia de los principios ya vistos sobre la comunidad de la prueba, la lealtad y probidad de las partes y el interés público que en ella existe; permite al juez el allanamiento de inmuebles, el acceso a los archivos públicos y privados, e imponer ciertas coacciones a las partes y testigos 57
