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Subsidiar la educación primaria y secundaria. El dinero es uno de los mayores obstáculos para la educación de las familias pobres que tienen que sopesar los costos de oportunidad de enviar a sus hijos a la escuela frente a que trabajen. Los gobiernos deben implementar políticas y leyes que garanticen 12 años de educación primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, donde nueve años son obligatorios para todos los niños (Marco de Acción para la Educación 2030-FPA, 37). Centrarse en el aprendizaje profesional que sea relevante para el mercado laboral. Incrementar el acceso a educación técnica y vocacional de calidad relevante que conlleve rutas oportunas, validación, reconocimiento y acreditación. Por ejemplo, las habilidades de tecnología de la información y la comunicación deben enfatizarse e integrarse en el plan de estudios. Diseñar políticas y puntos de referencia claros que transfieran las habilidades educativas al mercado laboral y monitorear el desarrollo profesional continuo, las condiciones y el estatus. Asignar recursos de manera más equitativa entre áreas de escasos recursos. Asignar recursos de acuerdo con un enfoque basado en el lugar, prestando especial atención a las zonas más pobres y desfavorecidas, incluida una evaluación rigurosa de políticas y programas para mejorar la calidad.
2.3.3 Salud El ODS 3 tiene como objetivo reducir la mortalidad materna mundial; poner fin a la mortalidad prematura prevenible; poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis y malaria; y brindar acceso universal a la atención de la salud sexual y reproductiva. Si bien el ODS 3 tiene como objetivo la reducción de las condiciones de salud medibles, también reconoce la relación entre el medioambiente y la salud. La meta 3.9 de los ODS busca “reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo”. Las causas de muerte en una ciudad suelen estar influidas por las condiciones ambientales. A partir de los datos, aún sin procesar, enviados por las principales ciudades del mundo, la OMS estima que la principal causa de muerte en las ciudades son las enfermedades relacionadas
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con la circulación y las enfermedades respiratorias (OMS, 2015). Estos son factores de salud que pueden tenerse en cuenta en la planificación urbana. La pandemia de COVID-19 de 2020 es un ejemplo ilustrativo de cómo las ciudades y comunidades de todo el mundo se ven afectadas por una crisis de salud pública. Lo que es evidente es que la pandemia no solo puso en peligro la salud de los residentes urbanos, sino que también amenazó los medios de vida y el tejido social de las ciudades. Los más afectados son los asentamientos informales y los pobres de las zonas urbanas, que no pueden darse el lujo de distanciarse socialmente, se apiñan en casas pequeñas y utilizan las instalaciones comunales para servicios como agua y saneamiento. La COVID-19 probablemente causará el primer aumento de la pobreza mundial desde 1998, el año de la crisis financiera asiática (Castañeda Aguilar y otros, 2020). El Banco Mundial estima que la pandemia de COVID-19 empujará a más de 100 millones de personas a la pobreza (Castañeda Aguilar y otros, 2020). Las ciudades deben luchar contra COVID-19 en tres fases: La primera fase es la fase de emergencia, cuando las ciudades pueden concentrarse en prevenir la transmisión de enfermedades y cuidar a los afectados. La segunda fase es la de recuperación temprana, que requiere centrarse en mitigar el impacto en los grupos vulnerables, reactivar la economía local y planificar para la nueva normalidad en condiciones fiscalmente tensas. La última fase es la nueva normalidad, que aún conlleva muchas incertidumbres en torno al futuro del trabajo y la densidad, entre otros (ONU-Habitat, 2020). La Nueva Agenda Urbana se compromete a fomentar sociedades saludables, promoviendo el acceso a servicios públicos de calidad y un medioambiente limpio, teniendo en cuenta los lineamientos de calidad del aire. Exige el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para reducir la mortalidad materna y de recién nacidos. La Nueva Agenda Urbana también vincula la salud con la planificación, el uso del suelo y los espacios abiertos. Se compromete específicamente a “promover la creación y el mantenimiento de redes abiertas, polivalentes, bien conectadas y distribuidas en espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad”. Por último, reconoce vínculos importantes entre la resiliencia y la preparación para desastres, para la salud a largo plazo de las comunidades, y ante los
La pandemia de COVID-19 de 2020 no solo puso en peligro la salud de los residentes urbanos, sino que también amenazó los medios de vida y el tejido social de las ciudades.
