«¡Usted fue aprista!»
jefes. El Ejército diezmó la organización del MIR en el sur con la muerte de Luis de la Puente Uceda en el proceso, a fines de octubre. Los grupos restantes —una banda guerrillera en el norte del Perú, unas milicias terroristas urbanas en Lima y un autoidentificado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Apurímac y el departamento de Ayacucho— habían mostrado poca capacidad para desarrollar una seria actividad insurgente. Tenían, además, informes de que los guerrilleros del MIR en el norte habían recibido órdenes de regresar a sus casas, y sus jefes, Elio Portocarrero y Gonzalo Fernández Gasco, podían haber huido a Ecuador o haber sido muertos. La prensa de Lima informaba que Héctor Béjar, el jefe del ELN, había sido detenido por la Policía. Había señales de que los guerrilleros del ELN estaban peleando entre sí y podían estarse separando. Había aún atentados menores. Cinco bombas caseras pequeñas fueron detonadas en Lima la noche del 18 de febrero causando un daño mínimo. Los volantes repartidos en los lugares de los atentados declaraban que las acciones eran una protesta contra el encarcelamiento de las viudas de los jefes guerrilleros del MIR, Guillermo Lobatón, Máximo Velando y Luis de la Puente Uceda. Ocho cartuchos de dinamita fueron descubiertos el 21 de febrero en el jardín de la residencia de la embajada colombiana. Aparentemente, esta acción podía estar vinculada con la muerte del cura guerrillero colombiano Camilo Torres. Con la insurrección bajo control, el gobierno podría concentrar su atención y sus recursos en las reformas socioeconómicas y el desarrollo. Pero se avizoraba una crisis de gabinete cuando el Congreso volviera a reunirse a mediados de marzo, pues los congresistas de la oposición amenazaban con censurar al ministro de Educación. Los ministros del gabinete habían advertido que si esto ocurría renunciarían en masa. El Apra utilizaba frecuentemente la censura a los ministros como un arma contra el gobierno y esta táctica había conseguido impedir una acción eficiente del gobierno «hasta el punto de que el frustrado presidente está considerando constituir un Gabinete militar». Esto debería conseguir el efecto deseado de intimidar a los obstruccionistas del Congreso (CIA 1966).
El legado de las guerrillas de 1965 Solo los sectores comprometidos con la dominación oligárquica o los más inconscientes podían permanecer indiferentes ante el alzamiento guerrillero. Edgardo Seoane, en su condición de vicepresidente de la República, envió una carta a Belaunde en la que le manifestaba su preocupación por la forma cómo se estaba encarando la emergencia: «Me ha preocupado mucho la decisión del Congreso de propiciar únicamente medidas de carácter punitivo. Quien va a la 359
