Capítulo IV El análisis de la muestra por género no presenta deferencias sustantivas entre mujeres y hombres, a diferencia de lo encontrado por autores como Avilés, Zonana y Anzaldo (2012) y Aristimuño y Noya (2015), entre otros, y en concordancia con Castillo y Pachecho (2008) y García y Ascensio (2015). El municipio donde se presentó mayor índice de violencia escolar y/o acoso fue Rosarito, seguido por Ensenada, luego Tijuana y después Mexicali, siendo el más bajo Tecate. En contraposición con lo encontrado por Fragoso (2015) en el año 2014, que exhibía a Mexicali como el municipio más violento del estado (e incluso del país) con relación a la violencia escolar, y colocaba a Tijuana en el cuarto lugar a nivel nacional. Rosarito destaca como el municipio donde existió una mayor toma de conciencia en el alumnado al finalizar el cuestionario, sobre todo en su condición de victimario. Esto es un suceso significativo, al considerar que este municipio también presentó el mayor tipo de violencia escolar e incluso de acoso escolar en el estado, sin afectarle la presencia del maestro. En sentido general, resulta preocupante constatar que uno de cada cinco estudiantes de las escuelas secundarias de Baja California resulta ser violentado por sus pares, sobre todo desde el punto de vista físico, aunque también psicológica y cibernéticamente. Esta situación continúa tan crítica como aparecía en un estudio similar realizado por Jesús Alfredo Pérez, fundador de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California (Garibay, 2019). Como ya es conocido, tanto la víctima (que sufre, además, de otras afecciones psíquicas y en el plano educativo) como, sobre todo, él (la, los) victimarios, son susceptibles de reproducir estos patrones violentos en etapas posteriores de su vida, contribuyendo al deterioro de sus situaciones personales, de sus familias y de su comunidad. El número de veces en que los maestros se encontraban presentes en estas situaciones es un factor para considerar en intervenciones futuras de tipo educativo y los talleres de concientización. Por lo que se pudo apreciar, no sólo más de un 10 por ciento de las veces los docentes fueron testigos de actos de violencia y acoso escolar, sino que, además, en Ensenada, Rosarito y Tijuana este porcentaje sobrepasó con creces el 20 por ciento en violencia escolar y en acoso psíquico. Por último, cabe destacar que este cuestionario no sólo permitió establecer el diagnóstico presentado, sino también sensibilizar a los estudiantes encuestados (aproximadamente un 20 por ciento) acerca de ser víctimas o victimarios de violencia escolar o de acoso; lo cual le otorga una función de tipo concientizadora/educativa sobre este proceso.
Discusión y recomendaciones Consideramos que una limitación de este estudio fue no ahondar en la existencia de posibles disimilitudes en lo que respecta a la ocurrencia del acoso y/o de la violencia escolar entre los turnos matutinos y vespertinos y en las escuelas rurales y urbanas, aspectos que en otras investigaciones han arrojado diferencias a favor y en contra (Castillo y Pacheco, 2008; Santoyo y Frías, 2004; Suárez, Álvarez y Rodríguez, 2015). Por otro lado, la encuesta se aplicó en los meses de septiembre y octubre, lo cual implica que, al estar recién iniciado el ciclo escolar, podían existir casos de poca interacción entre los estudiantes. Por último, consideramos que aplicar el cuestionario en presencia del maestro, aunque este solo se encontrara en un extremo del aula, pudiera haber influido en que los alumnos se coartaran en las respuestas correspondientes a su asistencia durante los abusos. Recomendamos para su futura aplicación que estos no se encuentren en el aula. Dicho esto, se espera que los datos extraídos permitan dar respuesta a las inquietudes expresadas por la CEDHBC y otros organismos relacionados con la educación en el ámbito de primaria y secundaria del estado, con vistas la reformulación de políticas públicas y, como expresaran Santoyo y Frías (2014), al desarrollo de “acciones al interior de las escuelas que busquen dar respuesta a estas manifestaciones” (p. 25), debido al problema socioeducativo de tanta magnitud que la presencia del acoso y la violencia escolar representan y “reconociendo que las instituciones educativas tienen un papel importante en el sostenimiento de las desigualdades sociales” (p. 25). Y con ello, dar cumplimiento al objetivo fundamental de esta investigación para, como dijeran Saucedo y Guzmán (2018), fundamentar de mejor manera las intervenciones para su prevención y erradicación. A pesar de que autores como Tresgallo (2011) y Castro-Morales (2011) encontraron en sendos estudios que la mayoría de los actos de acoso escolar se desarrollaban en los recesos y en los pasillos, o sea, probablemente lejos de la mirada y presencia del docente, también Castro-Morales (2011) “encontró que los maestros se abstuvieron de intervenir en el 34.2 por ciento de los actos violentos que presenciaban” (p.143), sumando a esto el hecho de que, las pocas veces que las víctimas se atrevieron a notificaron a sus progenitores lo que les ocurría, un 30 por ciento de ellos no lo consideraron de interés. Castillo y Pacheco (2008) también refieren que las autoridades educativas, cuando finalmente los estudiantes y los padres de familia se atrevieron a manifestar sus quejas por el abuso sufrido, solían negar el problema, llegando a extremos como el de proteger al agresor (cuando este era un maestro), exponer a las víctimas y hasta recomendarles que guardaran silencio. En este mismo sentido, Rodríguez y Cantú (2019) realizaron una investigación en escuelas de Tijuana, encontrando que 28.22 por ciento de los profesores de secundaria mencionaron que este tipo de violencia ocurría casi a diario, lo cual habla de la presencia de los docentes en medio de las agresiones, pero no expone cuál fue su comportamiento al respecto. No obstante, luego agregaron que la mayoría (un total de 64.30 por ciento) de los educadores de primaria y de secundaria no habían recibido preparación alguna sobre cómo conducirse ante los estudiantes que presentaran esta u otras conductas delictivas, ni conocían sobre las técnicas de resolución de conflictos. El no saber cómo intervenir deja mucho que desear con respecto a la respuesta esperada. 108
