Propuesta ANP Bacalar Si bien, en 2014, se detuvo momentáneamente la propuesta de Ramsar para Bacalar, y la laguna ya contaba con una instancia administrativa (APIQROO), los actores de la tríada de la conservación neoliberal no quitaron el dedo del renglón y regresaron en 2017 con otra propuesta. De nuevo el Instituto de Ecología de la UNAM y ECOSUR, ahora con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la organización ambientalista Amigos de Sian Ka’an, AC, quienes se aliaron a su vez con legisladores federales del Partido Verde Ecologista de México y funcionarios de SEMARNAT y CONANP, de nuevo arremetieron tratando de justificar un decreto ahora de un Área Natural Protegida (ANP) competencia de la Federación, a la que denominaron Área de Protección de Flora y Fauna Bacalar (APFFB), la cual contaba con una extensión de 219 mil hectáreas (Ver Tabla 1). Si recordamos de la propuesta de sitio Ramsar de 2014, denominada Corredor Transversal Costero Bacalar Bahía de Chetumal, un polígono de 97,591 hectáreas, propuesto de manera unilateral por Luisa Falcón y ECOSUR, estaba constituido por tres polígonos: 1. Una zona de humedales, en el centro de la laguna, de 5499 ha 2. Una zona de 87,092 hectáreas que era el ANP estatal Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal y 3. Una zona de 5,000 hectáreas propuesta por la CONANP que se localizaba sobre el cuerpo de agua de la laguna de Bacalar
Imagen 22. Propuesta ANP Bacalar 2017. Fuente: http://laopinionqr.com/exigen-a-conanp-retirar-propuesta-de-anp-enbacalar/
En la propuesta de 2017 regresaron los mismos actores, algunos en diferentes instituciones (Tabla 15, Imagen 22), pero con una propuesta más extensa y agresiva. La propuesta de ANP de 2017, afectaba territorios de los ejidos de Bacalar, Aarón Merino Fernández, Laguna Guerrero, Calderitas, La Península, Úrsulo Galván, Santa Elena, Buenavista, Pedro A. Santos, quienes contaban con superficies de reservas forestales importantes que alcanzan las 11,800 hectáreas aproximadamente, la mayoría con registros ante SEMARNAT y SEMA, con un promedio de 13 Unidades de manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) para la reproducción y aprovechamiento de especies normadas de flora y fauna, ecoturismo, la mayoría de los ejidos contaban con un Ordenamiento Territorial Comunitario, programas de reforestación y sanidad forestal, servicios ambientales, brigadas comunitarias contra incendios forestales, protección y conservación del mangle, todos ellos apoyados con la asistencia de la CONAFOR, SEMARNAT, SAGARPA, INAES (Instituto Nacional de Empresas Sociales) y el Gobierno del Estado. De igual manera existían en ese entonces 27
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