Tahira Vargas, Katia Núñez y Rosa Beltrán
El colectivo de mujeres trans es uno que presenta una elevada vulnerabilidad en cuanto a la explotación sexual y víctimas de trata por las prácticas más abusivas a las que son obligadas a someterse, consumo de drogas, más contagios por VIH, entre otras. Todo ello dificulta su recuperación y se requiera mucho más tiempo para recuperarse una vez han salido de las redes (institución no gubernamental, 8 Esp.).
2.3. Conclusiones sobre el contexto social e institucional de la trata en Costa Rica, Suiza y España Las restrictivas políticas migratorias en Costa Rica, Suiza y España históricamente han instaurado una normativa —en cuanto al delito de trata de personas— más dirigida al control migratorio que a la persecución del delito y la atención y asistencia a las víctimas. De este modo, tal y como señalan las mujeres entrevistadas, en las intervenciones policiales se les solicita su documentación para ver la situación migratoria en que se encuentran y, en caso de no tener sus papeles en reglas, proceder a su retención y expulsión. La legislación poco favorable para las víctimas de trata, las coacciones que estas sufren, junto con la falta de profundización en la preparación de los cuerpos de seguridad (que no llegan a indagar sobre la existencia o no del delito de explotación sexual), disminuyen las posibilidades de denuncia, por lo que el enjuiciamiento de tratantes se torna complicado y, en muchos casos, pueden continuar con su mercado humano con total impunidad. Las restricciones migratorias suelen ofrecer un espacio propicio tanto a la trata como al tráfico ilícito de migrantes, pues, antes las dificultades muchas veces invencibles que impiden lograr dejar el país de origen, las redes de trata (y también de tráfico) pueden adaptarse y ofrecer salidas a través de sus estructuras a lo largo de todo el recorrido migratorio a cambio de sustanciosas cantidades de dinero. Tanto Costa Rica como Suiza y España son países receptores y de tránsito de la trata en Latinoamérica y Europa. Estos tres países cuentan con una plataforma institucional para hacer frente a las situaciones de trata que se han presentado en los últimos años. En el caso de España, la Administración General del Estado, los Gobiernos autonómicos y algunas entidades locales, a través 136
